Venley

Sentencia N.º 333

Sentencia
N.º 333
Fecha
22/05/2015
Sala
Casación Penal
Expediente
C15-149
Ponente
Francia Coello González
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

Magistrada Ponente: Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

El 16-04-15, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, oficio n.° 350-15, de fecha 16 de abril de 2015, emitido por la SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, mediante el cual remitió expediente que contiene el RECURSO DE CASACIÓN ejercido por el abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de Defensor Privado del ciudadano OSVALDO AMÍLCAR PARRA GONZÁLEZ, contra la decisión dictada, el 10 de diciembre de 2014, por la referida Sala Primera de la Corte de Apelaciones mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación ejercido por la defensa, contra la decisión dictada, el 11 de agosto de 2014, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que CONDENÓ al acusado a cumplir la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRESIDIO, por los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 490,  de fecha 12 de abril de 2011; y USO INDEBIDO DE ARMA DE REGLAMENTO, previsto y sancionado en el artículo 277, en concordancia con el artículo 281 del Código Penal, cometido en perjuicio de ALEXANDER ENRIQUE PIRELA.

 

El 16 de abril de 2015, la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ asumió la ponencia de esta causa y, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso, esta Sala de Casación Penal pasa a decidir en los siguientes términos:

 

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

Previamente, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente Recurso de Casación, y, al efecto, observa lo siguiente:

 

En relación al conocimiento del referido medio recursivo, el artículo 266, numeral 8, de la Constitución y el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia disponen:

 

“Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

8. Conocer del recurso de casación”.

 

“Competencias de la Sala Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal”.

 

Del contenido de los dispositivos transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación.

 

Dado que el medio de impugnación incoado en esta oportunidad es al que se refieren las normas contenidas en dichos preceptos, esta Sala de Casación Penal se declara competente para conocer del recurso formulado. Así se establece.

 

II

DE LOS HECHOS

 

Los hechos quedaron acreditados por el juzgado de juicio en los términos siguientes:

 

Que “… [e]l día 10 de febrero 2012, siendo aproximadamente entre las 07:00 u 08:00 de la noche, el ciudadano Teniente CARLOS ALFREDO LEON (sic), se encontraba circulando en su vehículo rustico (sic), marca toyota, modelo Merú, Color vinotinto, por el barrio libertad, calle 101, avenida 48, detrás del albergue de varones, sector Sabaneta, diagonal a la plaza Manuel Dagnino, Parroquia Manuel Dagnino, municipio Maracaibo, cuando dicho bien automotor se le accidento (sic), razón por la cual, compareció ante dicho lugar, el acusado OSVALDO AMILCAR PARRA GONZÁLEZ conjuntamente con el custodio de la Cárcel Nacional ciudadano JOSE (sic) GREGORIO VILORIA ANGEL (sic), conduciendo este un vehículo FORD-350, para auxiliar al referido teniente…”.

 

Que “… [p]osteriormente, al teniente CARLOS ALFREDO, se le cierra la camioneta meru (sic), con las llaves adentro; por lo que le pide la colaboración al acusado OSVALDO PARRA, para que busque un gancho de ropa por (sic) algún vecino del sector…”.  

 

Que “… [a] pocos minutos de alejarse el acusado OSVALDO AMILCAR PARRA GONZÁLEZ, aproximadamente entre las 09:00 y 10:00 de la noche, la víctima quien en vida respondiera al nombre de ALEXANDER PIRELA, pasa en su vehículo marca: FORD, modelo. ZEPHYR, color: BLANCO, tipo: SEDAN, clase: AUTOMÓVIL, placas N° VBB-787, y golpea al acusado; y este efectúa cuatro (04) detonaciones con su arma de reglamento tipo pistola marca Pietro beretta, de las cuales (tres) las realizare (sic) en contra del mencionado vehículo, y una de ellas ingresa por el parachoques, para luego penetrar a la humanidad de la víctima, cuyo orificio de entrada fue al nivel del tercio medio de la región dorsal derecha; razón por la cual, el acusado OSVALDO PARRA, el custodio JOSE VILORIA y el sobrino de la víctima GUSTAVO COVA, lo trasladan en el camión del Ministerio del Interior y Justicia hasta el Hospital General del Sur, donde es ingresado e intervenido quirúrgicamente, presentando complicación quirúrgica que conllevo a realizarle dos (02) intervenciones más, falleciendo en fecha 22/02/12, como consecuencia de una sepsis como punto de partida intestinal debido a trauma penetrante de abdomen con lesión visceral; producido con heridas por arma de fuego. Post- operatorio complicado…”.

 

III

ANTECEDENTES DEL CASO

 

El 18 septiembre de 2009, se realizó la audiencia de presentación del acusado Osvaldo Amílcar Parra González, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado Con Alevosía, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, y Uso Indebido de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277, en concordancia con el artículo 281 del Código Penal.

 

El 28 de marzo de 2012, el abogado Alexis Germán Perozo, en su carácter de Fiscal Cuadragésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentó ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, formal acusación contra el ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González.

 

El 30 de mayo de 2012, se realizó la Audiencia Preliminar en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el cual admitió totalmente la acusación fiscal, así como las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público como por la defensa y ordenó el auto de apertura a juicio oral y público.

 

El 11 de agosto de 2014, el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia con sede en Maracaibo, condenó, al acusado Osvaldo Amílcar Parra González a cumplir la pena de dieciséis (16) años, nueve (9) meses y diez (10) días de presidio por los delitos de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal en concordancia con la sentencia n.° 490 de la Sala Constitucional del 12 de abril 2011; y Uso Indebido de Arma de Reglamento, previsto y sancionado en el artículo 277, en concordancia con el artículo 281, ambos del Código Penal.

 

El 25 de agosto de 2014, la defensa del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada en fecha 11 de agosto de 2014, por el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia con sede en Maracaibo.

 

El 29 de agosto de 2014, el abogado Alexis Germán Perozo, en su condición Fiscal Cuadragésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contesto el recurso de apelación incoado solicitando que  “… sea declarado SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la defensa privada (…) SOLICITO se CONFIRME la sentencia condenatoria…”.

 

El 10 de diciembre de 2014, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia con sede en Maracaibo, del 11 de agosto de 2014.

 

Contra ese fallo, el 12 de marzo de 2015, el abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González, interpuso Recurso de Casación.

 

El 6 de abril de 2015, vencido el lapso para dar contestación al recurso interpuesto sin que se realizara tal acto, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia remitió las actuaciones correspondientes a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

IV

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurso de casación planteado por la defensa del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González se ejerció contra la decisión, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia el 10 de diciembre de 2014, con fundamento en una única denuncia, planteada en los siguientes términos:

 

            Que existe “… VIOLACIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN 49.1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LOS ARTÍCULOS 181 Y 183  DEL CÓDIGO (sic), ORGÁNICO PROCESAL PENAL…”.

 

            Que “… fue dictada por parte del Tribunal de Juicio, una sentencia condenatoria basada en pruebas ilícitas, convalidando esa Alzada con dicho fallo, tales violaciones…”.

 

Que “… la sentencia condenatoria dictada en contra de mi representado, tuvo basamento en una prueba ilícita, no obstante, a juicio de esa Alzada, la referida violación al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en detrimento del mismo, no devenía en la nulidad del fallo, por cuanto, de  acuerdo al criterio de esa Sala, existían otras pruebas que fueron analizadas y valoradas por el juzgado de juicio las cuales permitieron concluir en el fallo condenatorio, obviando ese digno Tribunal Colegiado, que las pruebas ilícitas fueron concatenadas y adminiculadas por el director del debate oral y público, con el resto del acervo probatorio…”.

 

Que “… esta defensa, continuando con el análisis del fallo impugnado mediante el presente escrito de casación, logra evidenciar que la Sala de Alzada, convalida igualmente, la ilicitud de las pruebas incorporadas al debate, en relación al incumplimiento de la cadena de custodia, mediante la cual fueron colectadas y resguardadas, por cuanto dicho Tribunal Colegiado, consideró que en el caso de autos, no fue violentada la cadena de custodia, al indicar que en atención a las testimoniales rendidas durante el debate oral y público, pudo establecerse el origen de las pruebas, sin tomar en consideración que no son los testigos ni las partes intervinientes en el proceso, las llamadas a establecer el origen, traslado y conservación de las pruebas dentro del proceso…”.

 

            Que “… a juicio del Tribunal Colegiado, la obtención de las pruebas se realizó bajo la coordinación y supervisión del Ministerio Público, sin embargo, esa digna Sala no establece de qué forma los elementos de prueba fueron controlados y conservados por los órganos de investigación… ”.

 

V

DE LA ADMISIBILIDAD

 

Revisado como ha sido el recurso de casación consignado por la Defensa del acusado, la Sala de Casación Penal procede a examinarlo con base en las consideraciones siguientes:   

 

Las disposiciones legales que rigen en nuestro proceso penal lo concerniente a los recursos se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

 

De manera particular, el recurso de casación está regulado en los artículos 451 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el referido Código dispone lo siguiente:

“Decisiones Recurribles

Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

 

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

 

Interposición

Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”.

 

En cuanto a la representación y a la legitimación para interponer los recursos de que trata el Código, tenemos las siguientes disposiciones:

 

“Legitimación

Artículo 424. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho.

 

Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa.

 

Interposición

Artículo 426. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”.

 

Agravio

Artículo 427. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.

El imputado o imputada podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso”.

 

 

De las prescripciones legales citadas, se observa, de manera general, que la admisión del recurso de casación requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tales como: a) que quien lo ejerza haya sido afectado por la decisión recurrida; y que el profesional del Derecho que lo represente ostente el nombramiento correspondiente o hubiese obtenido el mandato necesario para ejercer tal función (artículos 424 y 427 del Código Orgánico Procesal Penal); b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello (artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal); y c) que la decisión que se recurre sea impugnable o recurrible en casación (artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal).

 

a) En cuanto al presupuesto de admisibilidad referido a representación, el recurso de casación fue interpuesto por el abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González, debidamente legitimado para actuar, según consta en el Acta de Juramentación inserta al folio ciento cincuenta y seis (156) de la pieza uno (1) del expediente, en la que consta la juramentación y aceptación del cargo por parte de los abogados Jesús Vergara Peña y Andrés Monnot Isamberth.

 

La legitimación del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González deriva de su condición de acusado en el proceso que dio lugar a la sentencia impugnada, asi como también del hecho de la sentencia impugnada lo condenó a cumplir una pena privativa de libertad, lo cual, claramente, desfavorece su estado de libertad.

 

b) En cuanto al lapso procesal para la interposición del recurso de casación, del acta de cómputo de los días de despacho para interponerlo realizado por el Secretario de la referida Corte de Apelaciones, abogado Javier Alemán Méndez, se evidencia al folio 196, pieza 5, que el lapso para interponer el recurso de casación comenzó a transcurrir el jueves 19 de febrero de 2015, fecha en que se notificó del fallo al acusado y a su defensor, y que culminó el lunes 6 de abril de 2015; también se observa que el escrito contentivo de dicho recurso fue consignado ante la Unidad de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia el jueves 12 de marzo de 2015, es decir, dentro del lapso establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como consta de la certificación del cómputo realizado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia el 6 de abril de 2015, en la cual se estableció lo siguiente:

 

FECHA

LABORADO SIN DESPACHO

LABORADO CON DESPACHO

NO LABORABLE

Jueves 19/02/2015

 

X

Se da por notificado de la Sentencia el ciudadano  OSVALDO AMILCAR PARRA GONZÁLEZ, conjuntamente con su defensa, abogado en ejercicio JESÚS VERGARA PEÑA

Viernes 20/02/2015

 

X

 

Sábado 21/02/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 22/02/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 23/02/2015

X

 

 

Martes 24/02/2015

X

 

 

Miércoles 25/02/2015

X

 

 

Jueves 26/02/2015

X

 

 

Viernes 27/02/2015

X

 

 

Sábado 28/02/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 01/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 02/03/2015

 

X

 

Martes 03/03/2015

X

 

 

Miércoles 04/03/2015

X

 

 

Jueves 05/03/2015

X

 

 

Viernes 06/03/2015

X

 

 

Sábado 07/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 08/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 09/03/2015

X

 

 

Martes 10/03/2015

X

 

 

Miércoles 11/03/2015

X

 

 

Jueves 12/03/2015

X

 

Se consigna ante el Departamento de Alguacilazgo Recurso de Casación, presentado por el profesional del derecho, JESÚS VERGARA PEÑA

Viernes 13/03/2015

X

 

Se recibe en esta Sala, el Recurso de Casación

Sábado 14/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 15/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 16/03/2015

 

X

 

Martes 17/03/2015

X

 

 

Miércoles 18/03/2015

X

 

 

Jueves 19/03/2015

X

 

 

Viernes 20/03/2015

X

 

 

Sábado 21/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 22/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 23/03/2015

 

X

 

Martes 24/03/2015

 

X

 

Miércoles 25/03/2015

X

 

 

Jueves 26/03/2015

X

 

 

Viernes 27/03/2015

X

 

 

Sábado 28/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 29/03/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 30/03/2015

X

 

 

Martes 31/03/2015

X

 

 

Miércoles 01/04/2015

 

X

 

Jueves 02/04/2015

 

X

 

Viernes 03/04/2015

 

X

 

Sábado0 4/04/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Domingo 05/04/2015

 

 

FIN DE SEMANA

Lunes 06/04/2015

X

 

Se realiza cómputo de audiencias y se acuerda la remisión a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

 

c) En lo que respecta a la recurribilidad de la sentencia, observa la Sala de Casación Penal que en el presente caso el recurso de casación se ejerce contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia el 10 de diciembre de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano Osvaldo Amilcar Parra González y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia con sede en Maracaibo del 11 de agosto de 2014, que condenó al acusado a cumplir la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRESIDIO, por los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL, previsto en el artículo 405 del Código Penal en concordancia con la sentencia de la Sala Constitucional, n.° 490, y de fecha 12 de abril de 2011 y USO INDEBIDO DE ARMA DE REGLAMENTO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el artículo 281, ambos del Código Penal.

 

Visto que la decisión impugnada la dictó una Corte de Apelaciones en lo Penal que resolvió un recurso de apelación; que dicho fallo no ordenó la realización de un nuevo juicio oral; que la pena impuesta fue de prisión, es decir, que la misma implica privación de libertad del acusado; y en virtud de que la privación fue acordada por más de cuatro (4) años, se concluye que están satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

VI

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

 

Ahora bien, en cuanto a la fundamentación del recurso de casación, la Sala de Casación Penal pasa de seguida a examinar el contenido del escrito interpuesto por el abogado Jesús Vergara Peña, en su condición de Defensor del acusado Osvaldo Amílcar Parra González, a fin de determinar si cumple con las exigencias requeridas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. 

 

En lo que respecta a la única denuncia propuesta en el recurso de casación, precisa la Sala de Casación Penal que se esgrime la violación por falta de aplicación de los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 181 y 183  del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El recurso incoado se fundamentó en el contenido del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que dicho medio de impugnación “…podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación”.

 

En cuanto a los dispositivos que no habrían sido aplicados, tenemos que el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:

 

“Licitud de la Prueba

Artículo 181. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código.

No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”.

 

Por otra parte, el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal es del siguiente tenor:

 

Presupuesto de la Apreciación

Artículo 183. Para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este Código.

 

 

El defensor, al transcribir en la denuncia los pasajes del fallo del juzgado de primera instancia, señala que para comprobar la responsabilidad de su defendido éste  valoró un elemento probatorio ilícito y de esa lectura se desprende que dicho elemento es la experticia de Reconocimiento Legal y Vaciado de Contenido identificado con el alfanumérico 242-DEZ-Dc-0513, del 28 de febrero de 2012, realizada por la experta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Yasnely Butera, y la Experticia de Transcripción Fonemática y de vaciado de contenido n.° 488, del 24 de febrero de 2012, realizada por la experta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas María Elena Mundo Azuaje y que las referidas experticias fueron ofrecidas por el Ministerio Público y valoradas por el tribunal de instancia y que no consta la forma cómo el Ministerio Público realizó la colección y resguardo de dicha grabación.

 

Al respecto es oportuno señalar según refiere el autor Bello Tavares, que los requisitos intrínsecos de la prueba judicial son: “la conducencia o idoneidad del medio probatorio; la pertinencia del medio probatorio; y la relevancia o utilidad del medio probatorio; mientras que los extrínsecos son: la temporaneidad, tempestividad u oportunidad procesal de presentación del medio probatorio; la licitud de la prueba; la legalidad de la prueba, las formalidades procesales que deben cumplirse en cada medio probatorio (Requisitos de promoción de la prueba judicial); la legitimación y postulación para quien promueve o solicita la prueba y para quien la ordena oficiosamente; y la competencia del juez”. (Vid. Bello Tavares, Humberto Enrique, Tratado de Derecho Probatorio, Ediciones Paredes, 1ra. Edición, Caracas, 2009, pág. 184).

 

Ahora bien, al revisar la Sala de Casación Penal los fundamentos de esta denuncia observa que el recurrente señaló que la Corte de Apelaciones incurrió en violación por falta de aplicación de los artículos 181 y 183 del Código Orgánico Procesal Penal, relativos a la licitud y apreciación de los elementos probatorios, pero con estos argumentos lo que pretende es atacar la sentencia del Tribunal Séptimo en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, alegando que el supuesto vicio fue cometido por la Corte de Apelaciones, los cuales no pueden ser infringidos por esta, ya que, como se reseñó, fue evacuado el contenido y vaciado de un teléfono móvil durante el curso del juicio.

 

De igual modo,  observa la Sala de Casación Penal que el Tribunal de Juicio evacuó durante el curso del debate los referidos elementos de prueba, los cuales fueron debidamente ofrecidos por el Ministerio Público en su escrito acusatorio y admitidos por el Juzgado de Control en la Audiencia Preliminar; es decir, incorporados debidamente al proceso en las etapas pertinentes para ello.

 

Como se aprecia, este elemento fue adminiculado con otros elementos controvertidos durante el debate oral y se observa que la defensa pudo controvertirlo durante  la evacuación, en donde ambos defensores interrogaron a las expertas; por consiguiente, no se observa violación alguna del  artículo 49, numeral ,1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   

 

En cuanto a este tipo de desaciertos, la Sala de Casación Penal, en su sentencia núm. 425, del 13 de noviembre de 2012, explicó lo siguiente:

 

  “… el recurso de casación es para revisar la sentencia de la última instancia, y a tales efectos para verificar la existencia de errores de derecho cometidos por la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, el impugnante recurre a esta vía extraordinaria, no puede pretender utilizar este medio extraordinario como una tercera instancia para expresar su descontento con el fallo que le adversa sin exponer razones de derecho distintas a las del recursos de apelación, debiendo versar únicamente sobre vicios propios de la alzada, que en definitiva es el fallo que corresponde revisar en esta etapa del proceso…”.

 

 

En torno a esta misma cuestión, Monsalve Casado advierte, con fundamento en una norma parecida a nuestro artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

 

“Tampoco cabe denunciar infracciones cometidas por el Sentenciador de Primera Instancia o por el Juez de Instrucción. El recurso de casación se ejerce sólo contra los fallos de los Tribunales Superiores, conforme lo expresó el artículo 333 cuando de manera enfática precisa en cinco ordinales las sentencias o autos  contra los cuales únicamente se admitirá el recurso de casación. Sin embargo existen algunas situaciones que ocurren en la sustanciación del proceso y la denuncia de infracción se apoya, por tanto,  en un vicio cometido con anterioridad a la sentencia recurrida. Tal es, por ejemplo la situación en los casos de forma, cuya procedencia tiene por efecto la reposición de la causa. Pero aún en estos casos el recurso de casación debe ser formalizado contra la sentencia dictada por el Juez Superior y la demanda de infracción circunscribirse a las disposiciones legales que hayan sido violadas por éste.

Por esto, cuando se denuncie la infracción de los artículos 330 ó 331 o disposiciones violadas por el Juez de Instrucción o de Primera Instancia el formalizante incurrirá en motivo de perecimiento”.  (Lecciones de Casación Penal, Editorial Panapo, Pág. 202).

 

 

Como se aprecia, la argumentación planteada por el recurrente, además de no cumplir con una correcta técnica recursiva, no expone cómo la Alzada violó las referidas normas relativas a la evacuación y valoración de un medio probatorio.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal considera imperioso, de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, desestimar, por manifiestamente infundada, la denuncia del recurso de casación propuesta por el abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Osvaldo Amílcar Parra González, contra la decisión dictada, el 10 de diciembre de 2014, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia.  Así  se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  DESESTIMA, POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación propuesto por el abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de Defensor Privado del ciudadano OSVALDO AMILCAR PARRA GONZÁLEZ, contra la decisión dictada, el 10 de diciembre de 2014, por la referida Sala Primera de la Corte de Apelaciones mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación, ejercido por la defensa contra la decisión dictada, el 11 de agosto de 2014, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que condenó al acusado a cumplir la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRESIDIO, por los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL, previsto en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 490, de fecha 12 de abril de 2011, y USO INDEBIDO DE ARMA DE REGLAMENTO, previsto en el artículo 277, en concordancia con el artículo 281, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de ALEXANDER ENRIQUE PIRELA.

 

Publíquese, regístrese, remítase el expediente y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTIDOS (22) días del mes de MAYO de dos mil quince. Años 205° de la Independencia y 156º de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                 Ponente 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

La Secretaria (E),

 

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

Exp. Núm. 15-149

FCG

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