Venley

Sentencia N.º 334

Sentencia
N.º 334
Fecha
22/05/2015
Sala
Casación Penal
Expediente
R15-154
Ponente
Francia Coello González
Procedimiento
Radicación

 

 

 

Magistrada Ponente: Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

El 17 de abril de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la SOLICITUD DE RADICACIÓN interpuesta por el abogado David Alberto Pérez Esqueda, en su carácter de Defensor Privado, de la causa signada con el alfanumérico JP11-P-2014-004396, seguida en contra del ciudadano ANDRÉS SALVADOR FLORES FIGUEROA, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, tipificado en el artículo 406; AGAVILLAMIENTO, tipificado en el artículo 83 y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, tipificado en el artículo 239, todos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana GABRIELA ALEJANDRA VITALI ZECCHINI (occisa), en cuyo proceso se encuentra pendiente la celebración de la audiencia preliminar ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo.

 

El 20 de abril de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal dio entrada a la Solicitud de Radicación.

 

El 21 de abril de 2015, se dio cuenta a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala y, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al asunto…”, se asignó la ponencia, correspondiéndole el conocimiento de la misma a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

El 11 de febrero de 2015, en Reunión Ordinaria de la Sala Plena, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y las de las restantes Salas de este Máximo Tribunal. En dicha sesión fue elegido como Presidente de la Sala de Casación Penal el Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez y como Vicepresidenta la Magistrada Doctora Francia Coello González. En consecuencia, en la misma fecha se procedió a la instalación y constitución de dicha Sala, quedando conformada de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente; Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta; y la Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, el Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores y la Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. Asimismo, se designó como Secretaria (E) a la Doctora Ana Yakeline Concepción de García y, como Alguacil, al ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

 

Revisado como ha sido el presente recurso, pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

Preliminarmente, la Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer de la presente Solicitud de Radicación, y, al efecto, observa:

 

Respecto del conocimiento de dicha petición, el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 64, último párrafo, del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

 

“Competencias de la Sala Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.

 

“Radicación

Artículo 64. Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos:

 

1. Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la Fiscal.

El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”

.

Del contenido de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de la solicitud de radicación; y visto que la solicitud interpuesta plantea que debe sustraerse una causa seguida ante el Circuito Judicial Penal del Estado Guárico para que sea conocida por un tribunal con competencia en materia penal de un Circuito Judicial Penal distinto, es por lo cual la Sala se declara competente para conocer del presente asunto en aplicación de los artículos 29, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece.

 

II

DE LOS HECHOS

 

En el escrito de solicitud de radicación interpuesto por el abogado David Alberto Pérez Esqueda, no constan los hechos.

 

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, el solicitante, abogado David Alberto Esqueda, en su carácter de Defensor Privado, pretende la radicación de la causa identificada con el alfanumérico JP11-P-2014-004396, seguida en contra del ciudadano Andrés Salvador Flores Figueroa, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado, tipificado en el artículo 406; Agavillamiento, tipificado en el artículo 83, y Simulación de Hecho Punible, tipificado en el artículo 239, todos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana Gabriela Alejandra Vitali Zecchini (occisa), en cuyo proceso se encuentra pendiente la celebración de la audiencia preliminar ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo, estructurado en cuatro capítulos, en los cuales se indicó lo siguiente:

 

En el Capítulo I identificado como “Punto Previo”, señaló:

 

            Que “… en fecha 14 de Abril de 2015, fue recibida en esta Sala de Casación Penal solicitud de radicación formulada por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena del juicio seguido al imputado JOSÉ GREGORIO MANRIQUE PRADO y otros, en la cual figura como víctima mi defendido ANDRÉS FLORES, ya identificado, se hace menester en aras de dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva, acordar la radicación de ambas causas en un mismo Circuito Judicial Penal, razón por la cual solicito la acumulación de ambas solicitudes de radicación, en atención a la celeridad procesal con la que deben cabalgar ambas causas penales, es decir, tanto de la ya peticionada por la representación fiscal EXP: (2015-122), como de la que se solícita en este acto”.

 

            Luego el solicitante indica como “FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN”, lo siguiente:

 

            Que “…En el presente caso procede la radicación por cuanto están dadas las exigencias de los supuestos contemplados en el artículo 64 del Código Adjetivo Penal, por las siguientes consideraciones:

(...) se presentó acusación penal en contra de los ciudadanos SIERRALTA NAVARRO CRISTIAN CARLOS y FLORES FIGUEROA ANDRÉS SALVADOR por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, AGAVILLAMIENTO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, perpetrados en perjuicio de la ciudadana: GABRIELA ALEJANDRA VITALI ZECCHINI, según investigación llevada por ante el C.I.C.P.C № kl3006900668, nomenclatura del C.IC.P.C Sub-Delegación Calabozo, Estado Guárico, y № 477642-2013, nomenclatura del Despacho de la Fiscalía 5o del M.P. del Estado Guárico, cuyos hechos, ostentan el carácter de grave, en virtud de su entidad y concomitantemente, causaron alarma y escándalo público, toda vez que de las investigaciones que fueron adelantadas por parte del Ministerio Público se desprende que los hechos fueron perpetrados sobre la persona de la ciudadana: GABRIELA ALEJANDRA VITALI ZECCHINI, quien era concubina del ciudadano imputado CHRISTIAN CARLOS SIERRALTA NAVARRO, vale advertir donde se perpetraron delitos de violencia de género; hecho éste que ha causado conmoción en la población, por tan escandalosa situación (...). En el presente caso, se verifica la exigencia de que los delitos causen alarma, sensación o escándalo público, por cuanto la víctima en el caso de marras se trata de una mujer, quien reitero era concubina del co-imputado de autos CHRISTIAN SIERRALTA, identificado en autos, es decir, con quien el co-imputado antes identificado cohabitaba y tenían hijos en común menores de edad, aunado a ello, este caso ha sido notoriamente reseñado con gran difusión e intensidad por los medios de comunicación social, lo cual puede perturbar la adecuada administración de justicia penal, según se evidencia de notas de prensa que se anexan”.

            Que “[a]simismo, se observa de la revisión del expediente que han ocurrido múltiples recusaciones por parte de la representación judicial de la víctima, y por parte de la defensa e igualmente existen del decurso procesal inhibiciones de jueces, que han impedido la oportuna celebración de la audiencia preliminar”.

            Que “… [e]l Abg. SEBASTIAN (sic) NAVARRO, interpuso formal recusación contra la Juez Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Extensión Calabozo, Abg. Raquel Villarroel Hernández, a los fines de peticionar que se apartara del conocimiento de la causa distinguida con la nomenclatura JP1 l-P-2014-004396, en virtud de estar incursa en la causal de recusación prevista en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya recusación fue declarada Inadmisible por la CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUÁRICO en fecha 11 de septiembre del 2014, en el asunto principal: JP11-X-2014-004396 ASUNTO JP01-P-2014-000035”.

            Que “… [e]n fecha 25 de noviembre de 2014 fue declarada sin lugar la INHIBICIÓN planteada por la Juez Raquel Villarroel, a cargo del Tribunal Cuarto de Control del circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo e inadmisible la incidencia de recusación de la Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo, Abog, Shirley González, según asunto JP01-P-2014-000051”.

            Que “… [e]n fecha 01 de Enero de 2015 se interpuso formal recusación, nunca tramitada, en contra de la ciudadana Juez Daysy Caro de González, a cargo del Tribunal Segundo de Control del circuito Judicial penal del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, Estado Guárico, en la causa signada JP01-P-2014-007775”.

            Que “… [e]n el mes de Enero de 2015, fue recusada la ciudadana Juez: Milagros Ladera, a cargo del Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros”’.

            Que “… [e]n fecha 16 de Enero de 2015, se decidió formal recusación en contra del Juez Primera (sic) de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Abg. Shirley Carolina González, en virtud de estar presuntamente incursa en la causal establecida en el artículo 89 ordinales 7° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal. (ASUNTO PRINCIPAL: JP01-X-2014-000061/ ASUNTO: JP01-X-2014-000061)”.

            Que “[l]os anteriores hechos, denotan claramente, cómo tales incidencias han retrasado el decurso procesal en detrimento de los postulados de justicia célera (sic), sin dilaciones indebidas, con objetividad e imparcialidad: situaciones estas que se suman al planteamiento de radicación el cual se acredita y solicita en este caso”.

            Que “[s]obre el tema de la paralización indeterminada de la causa, producto de las inhibiciones o recusaciones en un proceso penal, la Sala de Casación Penal de este máximo Tribunal, ha sostenido de manera reiterada y pacífica, que tales retardos atentan contra el Estado Social, Democrático de Derecho y de Justicia”.

            Que “[a]sí las cosas, resulta claro el criterio sostenido por esa Alta Instancia Jurisdiccional, respecto de la procedencia de la institución procesal de la Radicación, al encontrarse presentes situaciones que retardan el normal desenvolvimiento del proceso, y en consecuencia, requieren de la pronta, oportuna y positiva intervención del Máximo Representante del Poder Judicial, en materia penal, para corregir tales dilaciones que son producto de la excepción del forum comissi delicti, en el sentido de que conozca del caso otro Circuito Judicial Penal, distinto a la entidad federal en la que ocurren los hechos que hoy nos concitan; ello en amparo del artículo 63 de la norma adjetiva penal”.

            Que “En el caso de marras, resulta evidente que los hechos que generaron la apertura de la investigación, datan del día 25 de octubre del 2013, siendo que hasta la fecha no ha sido posible adelantar el presente caso con la debida celeridad que impone el Estado Social de Derecho y de Justicia, consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, habida cuenta que ni siquiera se ha llevado a cabo audiencia preliminar en esta causa, cercenándose la celebración de la misma en los lapsos legalmente establecidos, operando en consecuencia una tardía administración de justicia en favor de las partes del presente proceso, habida cuenta [de] la insuficiencia de garantías procesales en cuanto a la transparencia de la administración de justicia respecto a los co-imputados de autos; resultando tales retardos atribuibles a las características propias de la causa, que han generado se hayan formulado por parte de los distintos actores de proceso las diversas recusaciones e inhibiciones antes delatadas, lo cual impone el deber a esta representación de la defensa del ciudadano: ANDRÉS SALVADOR FLORES FIGUEROA, de impetrar la radicación de este caso con el único ánimo de alcanzar la justicia, como valor fundamental de nuestra nación, con tutela judicial efectiva a los derechos de mi patrocinado y en suma de las partes en el presente proceso penal”.

            Luego de transcribir la solicitud realizada por el Ministerio Público, el solicitante indicó:

   Que, “[a]simismo vale destacar que conforme a la sentencia № 266 del 20-04-2001, dictada por esta Sala de Casación Penal cito sic: ‘...Además aquella alarma debe abarcar también la que pueda oprimir y angustiar a los imputados, si es que se dan en realidad las condiciones en las cuales vea peligrar sin duda la recta apreciación de los hechos y la justicia del consiguiente fallo…’; y es el caso que respecto a mi defendido se ve peligrar la recta apreciación de los hechos y la justicia del fallo que ha de dictarse, habida cuenta que no se ha considerado en el devenir de su proceso que el mismo posee la figura procesal de delator o informante, habida cuenta que el mismo es a su vez víctima en causa penal que actualmente se lleva por ante el mismo Circuito Judicial penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo, en contra del ciudadano JOSÉ GREGORIO MANRIQUE PRADO y otros co-imputados, por la presunta comisión de los delitos de Corrupción propia agravada y legitimación de capitales, en perjuicio del estado venezolano y de mi defendido, en cuya causa penal aparece requerido mediante orden de aprehensión el ex fiscal del Ministerio Público Rafael Barrera, quien para agravio de mi patrocinado, dirigió todos los actos de investigación por los cuales fue acusado mi defendido ANDRÉS FLORES, ya identificado, en la causa penal cuya radicación se solicita”

            Que, “[a]l respecto, vale advertir que la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público con competencia plena solicitó la radicación de dicha causa signada bajo la nomenclatura JP11-P-2014-004396 llevada por el tribunal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo, en la cual mi patrocinado figura como víctima, según consta en cuenta llevada por esta sala de fecha 14 de abril de 2015, donde se desprende cito sic: ‘Se recibe el oficio № 00-DCC-F50-0508-2015, de la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, relacionado con la solicitud de radicación del juicio seguido al ciudadano JOSÉ GREGORIO MANRIQUE PRADO y otros. Exp. N° 2015-122’”.

            Como capítulo II, el solicitante identificó los medios de prueba que consignó en el expediente como soportes que evidencien de alguna manera su pretensión, detallándolos de la manera siguiente:

“DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS

1.                        Acta de Juramentación, mediante la cual se acredita la legitimación activa para interponer la presente solicitud de radicación de causa penal, anexo ‘A’.

2.                        Publicaciones de prensa digital, marcadas con las letras ‘B’, ‘C’ y ‘D’, respectivamente, correspondiente a Noticias 24 Contigo.com, El nacional y diario versión Final.

3.                        Boletas de notificación que se anexa marcada ‘E’, a fin de demostrar la recusación e inhibición expuesta en la narrativa de este escrito, que ha impedido el normal desenvolvimiento del proceso al amparo del artículo 26 constitucional, es decir, sin dilaciones indebidas ni retardos procesales.

4.                        Acuse de recibo del 01/01/2015, marcada ‘F’.

5.                        Decisión de recusación del 11/09/2014, marcada ‘G’.

6.                        Decisión de recusación marcada ‘H’, de fecha 16/01/2015.

7.                        Acuse de recibo de la Dirección de defensa de la Mujer del Ministerio Público de fecha 09-12-2014.

8.                        Respuesta al escrito interpuesto en fecha 09/12/2014, emanado de la Dirección de defensa de la Mujer signada: DPDM-III-00496-0094-2015.

9.                        Acta levantada por la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, con sede en San Juan de los Morros, Estado Guárico, de fecha 12/01/2015, mediante la cual se deja constancia que los tribunales del estado Guárico, nunca participaron de la medida de protección acordada a mi defendido: ANDRÉS FLORES, ya identificado, en su condición de víctima que se detalla en la solicitud de radicación planteada por el Ministerio Público en este expediente”.

            Como Capítulo III, el solicitante indicó como domicilio procesal “… la siguiente dirección: Conjunto Residencial Villas La Fuente, primera transversal cruce con avenida cazaca, número 139, Quinta Josita, Turmero, jurisdicción del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Teléfono: 0414-4911213”.

            Finalmente el solicitante en el Capítulo IV, solicitó a la Sala de Casación Penal que “… la presente solicitud de Radicación de la causa que se le sigue a mi defendido por ante el Tribunal tercero (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, bajo la nomenclatura №: JP11-P-2014-004396, sea admitida, sustanciada conforme a Derecho y declarada con lugar en la definitiva, con todos los pronunciamientos de ley ordenándose los actos procesales subsiguientes en la jurisdicción de otro Circuito Judicial Penal distintos (sic) a los (sic) del Estado Guárico, donde se le pueda proveer a mi defendido la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, tutelados en los artículos 26 y 49 constitucionales. Juro la urgencia en que sea proveída esta solicitud de radicación y pido en consecuencia se habilite el tiempo necesario para proveer, en aras de salvaguardar los enunciados derechos constitucionales, habida cuenta la solicitud de radicación formulada por la vindicta pública ante esta Sala en fecha 14/04/2015, bajo el expediente №: 2015-122”.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Como principio general del proceso penal, la competencia territorial para el conocimiento de un hecho punible está determinada por el lugar donde se haya consumado el delito, según lo establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual:

 

“Competencia Territorial

Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.

En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.
En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.

En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado”.

 

La radicación constituye una excepción al principio de competencia territorial, pues excluye del conocimiento de una causa a un tribunal que, en principio, tendría la facultad jurisdiccional para tramitarla, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía en un Circuito Judicial Penal distinto, dada la necesidad de salvaguardar la correcta administración de justicia, apartando al proceso de perturbaciones e influencias ajenas a la verdad procesal que incidan en el ánimo de los jueces y juezas a quienes le corresponde el juzgamiento del caso.

 

Al respecto, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal determina los supuestos para la procedencia de la radicación, siendo éstos los siguientes: cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

 

De ahí que tal instrumento tenga como objetivo fundamental, y con el fin de superar las circunstancias a las que se refieren los supuestos contenidos en el artículo mencionado, garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia del órgano que juzga, los cuales se verían comprometidos si dichas situaciones no recibiesen la respuesta adecuada.

 

            Por ello, la radicación posee un carácter restrictivo, y que se justifica en virtud de circunstancias objetivas que supongan un peligro real e inminente para el desenvolvimiento del proceso, pues, si tales circunstancias no estuviesen presentes, la radicación del juicio implicaría una subversión procesal que vulneraría los principios del juez natural, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Por tal motivo se requiere que la solicitud de radicación contenga una clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, así como el señalamiento particular de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, la identificación de la instancia y el estado actual del proceso, acompañadas de las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia de un obstáculo ostensible para el perfeccionamiento del juicio en el Circuito Judicial Penal donde se desarrolla.

 

Ahora bien, la Sala de Casación Penal observa de la presente solicitud de Radicación, que el peticionario señala como punto previo, que el 14 de abril de 2014 se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal una solicitud de radicación tramitada por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público con Competencia Plena, identificada con el alfanumérico AA30-P-2015-000122, en razón del proceso penal que se le sigue a los ciudadanos Rafael Eduardo Barrera Aponte, Emilio José Ponce Hidalgo, José Gregorio Manrique Prado, Ylmar Alexandra Costa Cedeño y Germán Nicolás Esparragoza Salazar por la presunta comisión del delito de Corrupción Propia, tipificado en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, en la que su defendido, el ciudadano Andrés Salvador Flores Figueroa, tiene la cualidad de víctima, y de la cual solicita el abogado defensor su acumulación al presente expediente.

 

En este sentido, la Sala de Casación Penal advierte que el artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

 

“Unidad del Proceso

Artículo 76. Por un solo delito o falta no se seguirán diferentes procesos, aunque los imputados o imputadas sean diversos, ni tampoco se seguirán al mismo tiempo, contra un imputado o imputada, diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos o faltas, salvo los casos de excepción que establece este Código.

Si se imputan varios delitos, será competente el tribunal con competencia para juzgar el delito más grave.

 

De lo anterior, se observa que mediante la norma antes transcrita, el legislador trata de mantener la unidad del proceso con base en tres criterios: 1) cuando se esté frente a un solo delito o falta y varios sujetos involucrados; 2) cuando los hechos se encuentren íntimamente relacionados entre sí; y 3) cuando a un imputado se le haya atribuido la comisión de varios delitos (se tomara en cuenta el más grave); todo esto con la finalidad de evitar sentencias contradictorias o incompatibles, en razón de garantizar el debido proceso y cumpliendo con los principios de celeridad y economía procesal.

 

Así las cosas, la Sala de Casación Penal observa que en la presente causa el ciudadano Andrés Salvador Flores Figueroa fue imputado por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado, tipificado en el artículo 406, Agavillamiento, tipificado en el artículo 83 y Simulación de Hecho Punible, tipificado en el artículo 239, todos del Código Penal, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo; observándose que el proceso penal que se le sigue es diferente al proceso respecto al cual planteó una solicitud similar el Ministerio Público, en la causa identificada con el alfanumérico AA30-P-2015-000122, en la que el ciudadano en cuestión funge como víctima, y la cual sostiene en hechos y circunstancias diferentes a las planteadas en el caso de autos, evidenciándose que no están dadas las condiciones establecidas en el artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal para la acumulación de la causa solicitada por el abogado defensor David Alberto Pérez Esqueda, por lo que la petición se declara no ha lugar.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de radicación, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente:

“Radicación

Artículo 64. Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos:

1.- Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”.

 

Del artículo anterior se desprende que la radicación de un juicio consiste en sustraer el conocimiento del mismo al tribunal que le correspondería de acuerdo con el principio del “forum delicti comisi”, estipulado en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, y atribuírselo a otro de igual categoría pero de un Circuito Judicial Penal distinto.

 

De igual manera, establece que la radicación procede específicamente en dos casos, el primero cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, y el segundo cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Fiscal del Ministerio Público.

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto así como los hechos narrados en la solicitud y las notas de prensa, la Sala de Casación Penal considera que en el caso bajo análisis, se configura el primero de los supuestos indicados anteriormente, pues efectivamente, el Ministerio Público presentó acusación penal en contra de los ciudadanos Cristian Carlos Sierralta Navarro y Andrés Salvador Flores Figueroa, por la presunta comisión de un delito que dada las circunstancias, debe calificarse grave como lo es el de Homicidio Calificado, aunado al hecho de que fue cometido en perjuicio de la ciudadana Gabriela Alejandra Vitali Zecchini (occisa), quien era la concubina del imputado Cristian Carlos Sierralta Navarro, causando este hecho conmoción en la población del Estado Guárico por la forma en que se habría perpetrado el crimen, sumado a la gran difusión que a través de los medios de comunicación se reseño el suceso.

 

En relación con tales casos, esta Sala de Casación Penal ha manifestado que: “… la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) ‘teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad’…”. (Sentencia núm. 582, del 20 de diciembre de 2006).

 

Posteriormente, el solicitante alega en su escrito de radicación las dilaciones presentadas en el desarrollo del proceso penal seguido en contra de su defendido, esgrimiendo que “… la paralización indeterminada de la causa, producto de las inhibiciones o recusaciones…”, y que desde “... la apertura de la investigación, datan del día 25 de octubre de 2013, siendo que hasta la fecha no ha sido posible adelantar el presente caso con la debida celeridad que impone el Estado Social de Derecho y de Justicia, consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, habida cuenta que ni siquiera se ha llevado a cabo [la] audiencia preliminar en esta causa…”

 

Resulta evidente que esta situación ha ocasionado una violación del debido proceso (al haber transcurrido más de un año y medio sin que se haya podido celebrar la audiencia preliminar) lo que indubitablemente, es lesivo al derecho e interés legítimo de las partes en obtener oportuna respuesta de los órganos jurisdiccionales, vulnerando de esta manera las garantías constitucionales del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determinándose que se cumple con el segundo supuesto establecido en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En conclusión, considera la Sala de Casación Penal que en el presente caso se evidencia que los delitos objeto de la presente solicitud son graves y han causado alarma, sensación y escándalo público en el Estado Guárico, aunado a que también se observa que desde que ocurrieron los hechos no se ha celebrado la audiencia preliminar por parte de los operadores de justicia.

 

Por otra parte, la Sala de Casación Penal observó en la presente solicitud, particularmente en el capítulo referido a los “FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN”, las denuncias realizadas por el defensor privado en razón de las inhibiciones y recusaciones que se han suscitado durante el proceso penal incoado en contra de su defendido, de las cuales destacó las siguientes:

 

 “… [e]l Abg. SEBASTIAN (sic) NAVARRO, interpuso formal recusación contra la Juez Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Extensión Calabozo, Abg. Raquel Villarroel Hernández (…) en fecha 11 de septiembre del 2014, en el asunto principal: JP11-X-2014-004396 ASUNTO JP01-P-2014-000035” (…)

[e]n fecha 25 de noviembre de 2014 fue declarada sin lugar la INHIBICIÓN planteada por la Juez Raquel Villarroel, a cargo del Tribunal Cuarto de Control del circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo e inadmisible la incidencia de recusación de la Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en Calabozo, Abog, Shirley González, según asunto JP01-P-2014-000051.

[e]n fecha 01 de Enero de 2015 se interpuso formal recusación, nunca tramitada, en contra de la ciudadana Juez Daysy Caro de González, a cargo del Tribunal Segundo de Control del circuito Judicial penal del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, Estado Guárico, en la causa signada JP01-P-2014-007775.

[e]n el mes de Enero de 2015, fue recusada la ciudadana Juez: Milagros Ladera, a cargo del Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros.

[e]n fecha 16 de Enero de 2015, se decidió formal recusación en contra del Juez Primera (sic) de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Abg. Shirley Carolina González, en virtud de estar presuntamente incursa en la causal establecida en el artículo 89 ordinales 7° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal. (ASUNTO PRINCIPAL: JP01-X-2014-000061/ ASUNTO: JP01-X-2014-000061)”.

 

En virtud de lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de sustraer la presente causa con el propósito de resguardar la paz y seguridad de todas las partes involucradas, asegurando así la finalidad del proceso penal, garantizando de esta forma el acceso a los órganos jurisdiccionales de manera expedita, equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal; así las cosas, la Sala de Casación Penal considera procedente declarar HA LUGAR la petición de Radicación de la causa propuesta por la defensa del ciudadano Andrés Salvador Flores Figueroa, por encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

 

PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el abogado David Alberto Pérez Esqueda, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano Andrés Salvador Flores Figueroa.

 

SEGUNDO: Se ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

 

TERCERO: Se ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, la remisión inmediata del expediente original a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a fin que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará conociendo del presente caso.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los VEINTIDOS (22)  días del mes de MAYO de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                 Ponente 

 

 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

 

La Secretaria (E),

 

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

Exp. Núm.15-154

FCG.

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