Venley

Sentencia N.º 3350

Sentencia
N.º 3350
Fecha
03/12/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-3006
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

            Mediante oficio No 2002-351 del 29 de noviembre de 2002, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala para su conocimiento, expediente concerniente a la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano VÍCTOR RAFAEL REYES CORREDOR, asistido por la abogada Minnori Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.770, en contra de la decisión del 27 de mayo de 1998, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión de una demanda de indemnización de daños materiales, causados en accidente de tránsito, que instauró el ahora accionante en amparo contra el ciudadano Javier Eduardo Lucena Contreras y Seguros La Seguridad C.A.

 

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el abogado JESÚS ENRIQUE PEREIRA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.370, en su carácter de apoderado judicial de tercero interviniente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de noviembre de 2002, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.

           

El 2 de noviembre de 2002 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

ANTECEDENTES

 

            El 28 de noviembre de 1994, el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda que por daños materiales seguía el ciudadano Víctor Rafael Reyes Corredor en contra del ciudadano Javier Eduardo Lucena Contreras y Seguros La Seguridad C.A. y ordenó a los demandados, entre otras cosas, pagar al accionante, la cantidad de ochenta y siete mil novecientos bolívares (Bs. 87.900,00) como reparación de los daños ocasionados al vehículo y, por concepto de lucro cesante (hasta el 20 de septiembre de 1991), la cantidad de ochenta y cuatro mil bolívares (Bs. 84.000,00) y las que se siguieran causando hasta el pago definitivo.

 

            El 18 de enero de 1996, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoció en apelación, confirmó el fallo del 28 de noviembre de 1994 dictado por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            Mediante auto del 20 de enero de 1996, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito aclaró el fallo del 18 de enero de 1996 y ordenó la estimación del lucro cesante, mediante experticia complementaria del fallo.

 

            El 12 de marzo de 1996 la abogada Minnori Martínez, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Víctor Rafael Reyes Corredor, solicitó la ejecución de la sentencia condenatoria.

 

            Mediante auto del 15 de abril de 1996, el Juzgado Quinto de Municipio fijó la oportunidad para el nombramiento de los expertos para la estimación del lucro cesante.

 

            El 17 de abril de 1996, el abogado Jesús E. Perera C., introdujo recurso de apelación en contra del mencionado auto del 15 de abril de 1996.

 

            El 27 de mayo de 1998, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el recurso de apelación y en consecuencia anulo el auto apelado, por indeterminación parcial del auto dictado por el Juzgado Quinto de Municipio, “...por no haber establecido en ningún momento la forma de calcular el lucro cesante que se siga causando hasta su definitiva cancelación ni fijó tampoco los parámetros para calcular el lucro cesante” .

 

            El 8 de agosto de 2000, la abogada Minnori Martínez, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Víctor Rafael Reyes Corredor, introdujo acción de amparo constitucional contra la sentencia del 27 de mayo de 1998, emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, por considerar lesionados los derechos constitucionales de su representado relativos al debido proceso y a la defensa, ya que tal decisión, en su criterio, generó un vacío jurídico, por cuanto se limitó a declarar la nulidad del auto apelado, “...sin determinar en su sentencia la consecuencia de su decisión”; inobservando las normas que regulan las nulidades, consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

 

            El 23 de agosto de 2000 dicha acción fue declarada inadmisible, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El fallo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Minnori Martínez, fundamentándose en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza:

 

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.”.

 

En este sentido, sostuvo el órgano jurisdiccional que para la fecha cuando fue interpuesta la acción de amparo ya habían transcurrido más de los seis (6) meses previstos en el referido dispositivo para declarar la caducidad de la acción y que aun cuando todos los derechos y garantías son materia de orden público, los mismos no pueden mantenerse incólumes por el transcurso del tiempo.

 

            El 30 de agosto de 2000, la abogada Minnori Martínez apeló del fallo del 23 de agosto de 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.

 

            El 31 de agosto de 2000 dicha apelación fue negada por extemporánea y se remitió el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para la consulta de ley.

 

Mediante fallo del 29 de agosto de 2001 esta Sala Constitucional revocó la sentencia consultada dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 23 de agosto de 2000 y, en consecuencia, ordenó reponer la causa seguida por ese Tribunal al momento de pronunciarse acerca de la admisión de la acción de amparo, salvo en lo que se refiere a la caducidad de la acción por haber sido resuelta por este máximo Tribunal, ya que, si bien es cierto que transcurrieron los seis (6) meses establecidos para la caducidad de la acción de amparo constitucional, se trataba de una decisión favorable al accionante, confirmada por la alzada, que resultaba inejecutable por la decisiones incompletas de los jueces que habían conocido de la causa, violándose el principio de la tutela judicial efectiva y produciéndose una grave indefensión al accionante la cual infringió el orden público, y por lo tanto, no podía operar el transcurso del tiempo como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional.

 

El Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana en sentencia del 18 de noviembre de 2002 declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión del 27 de mayo de 1998 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y declaró nula dicha decisión.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, al respecto observa:

 

Que en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Gustavo Ramírez Monja) este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, en relación a las apelaciones y a las consultas de ley que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señaló que corresponde a esta Sala conocer de aquellas que recaigan sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores (con excepción de los que tienen competencia contencioso administrativa); de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.

 

Observa esta Sala que, en el presente caso, la sentencia apelada ha sido dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de primera instancia competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para conocer de una acción de amparo ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

Siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito- resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana en sentencia del 18 de noviembre de 2002 declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión del 27 de mayo de 1998, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y declara nula dicha decisión, pues al limitarse pura y simplemente la misma a anular el auto del 15 de abril de 1996 dictado por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que fijó la oportunidad para el nombramiento de expertos a los efectos de liquidar el lucro cesante a partir de septiembre de 1996, sin resolver nada sobre la opción a la cual recurrir a objeto de no hacer nugatorio el dispositivo del fallo condenatorio, violó el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, por lo que se dispuso que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dicte un pronunciamiento complementario a su decisión del 18 de enero de 1996, estableciendo de modo preciso los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, tal y como está previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

 

De tal decisión apeló el abogado Jesús Enrique Pereira, en su carácter de apoderado judicial del tercero interviniente Seguros La Seguridad C.A., y en escrito recibido por esta Sala el 4 de febrero de 2003 argumentó que el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana incurrió en un error de falso supuesto pues el Tribunal Segundo de Primera Instancia estaba actuando en alzada en una incidencia de ejecución de una sentencia firme que, por producir cosa juzgada, no se podía modificar, quedando sólo declarar si era ejecutable o no, por lo que el Juez Superior Décimo, al declarar con lugar el amparo constitucional e instruir al Juez Quinto de Primera Instancia para que se agreguen los parámetros que sirvan de base a los expertos para el cálculo del lucro cesante, violó el principio de autosuficiencia del fallo y el de la inmutabilidad de la cosa juzgada. Debe agregarse que al no solicitar la parte actora la aclaratoria de la sentencia en los términos del Código de Procedimiento Civil se debe presumir que aceptó que la decisión fuera parcialmente inejecutable, por lo que la falta de liquidez de la condena se torna un mal irremediable que impide que el fallo pueda ejecutarse.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

            Una vez analizadas las actas que componen el presente expediente esta Sala para decidir observa:

 

El recurrente argumenta que han sido violados los principios de inmutabilidad de la cosa juzgada y de la autosuficiencia del fallo por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al ordenar al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que se agreguen a una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada y en etapa de ejecución los parámetros que sirvan de base a los expertos para el cálculo del lucro cesante, añadiendo que la inejecutabilidad del fallo se produce por la falta de diligencia del favorecido por la decisión al no solicitar oportunamente la aclaratoria de la decisión, lo cual la hace inejecutable.

 

Como lo ha establecido esta Sala en su fallo N° 2958 del 29 de noviembre del 2002, caso: Alfombras Imperial, las razones dadas por el Juez en la sentencia de mérito, conforme al principio de autosuficiencia de la decisión, deben ser capaces no sólo de lograr el convencimiento de las partes y de la opinión pública, sino también debe permitir conocer el por qué concreto de lo acordado y constatar la vinculación en tal decisión a la ley y a la Constitución. En el caso sub iúdice no se constata precisamente la relación entre lo exigido por el Código de Procedimiento Civil y la decisión judicial pues como expresa su artículo 249 “En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos (...)”, lo cual es consecuencia de que la experticia complementaria del fallo es imperativa, pues no es un poder o facultad de las partes solicitarla, sino un deber del juez acordarla, cuando no puede hacer la estimación según las pruebas de autos, ya que los expertos sí pueden obtener esos otros elementos para hacer la fijación que el juez estaba incapacitado para hacerla por sí mismo (Arístides Rengel-Romberg. Tratado de derecho procesal civil venezolano. Caracas. Ed. Arte. 1995. Tomo II. p. 327).

 

Desde otro ángulo, el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, si bien establece el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, también contempla las siguientes excepciones: que haya recurso contra decisión que decidió la controversia o cuando la ley expresamente lo permita. Conforme a la sentencia de la Sala Constitucional N° 2326 del 2 de octubre de 2002, (caso: Distribuidora Médica Paris, S.A.):

 

“(...) esta Sala advierte que el concepto moderno de cosa juzgada está dotado de un evidente contenido axiológico que procura la realización de la justicia a través de la tutela judicial efectiva de los derechos de los justiciables. En tal sentido, la cosa juzgada se erige como una consecuencia de la sentencia a partir de la cual la decisión contenida en ella, se hace irremovible, inmodificable e inquebrantable. Dicho efecto alcanza una dimensión constitucional que se proyecta sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso, ya que resulta contrario al primero la no ejecución de la sentencia en sus propios términos; e infringe el segundo, el revisar, fuera de los casos previstos en la ley, el juicio definitivo efectuado en un caso concreto. En tal sentido, la cosa juzgada despliega un efecto positivo, en virtud del cual lo declarado por sentencia firme constituye verdad jurídica; y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema.

De acuerdo a lo anterior, la inmodificabilidad de las sentencias definitivamente firmes es un instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial, ya que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiera la ejecución de los fallos judiciales en términos diferentes a aquellos en que fueron proferidos. Por ello, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia obliga a los órganos jurisdiccionales a acatar sus propias decisiones, debido a que éstos quedan vinculados por sus propias declaraciones.

Así pues, el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la efectividad del fallo, ya que éste no agota su contenido en el acceso a los órganos jurisdiccionales, ni a la obtención de una decisión fundada en derecho sobre el fondo el asunto controvertido. Exige también que el fallo judicial se cumpla, así lo ha establecido esta Sala en sentencia nº 2212/2001 del 9 de noviembre, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, señaló que:

‘Advierte la Sala que una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 26 de la Constitución, consiste en el derecho de que las decisiones judiciales alcancen la eficacia otorgada por el ordenamiento jurídico, lo que significa que las decisiones se ejecuten en sus propios términos, el respecto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas. Si se permite que el fallo se incumpla se convertiría a las decisiones judiciales y al reconocimiento de derechos que ellas comportan en meras declaraciones de intenciones’.

Ahora bien, el derecho a la ejecución de las sentencias definitivamente firmes en sus propios términos como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, implica la identidad entre lo que se ejecuta y lo estatuido en el fallo, lo cual, es un efecto consustancial de la inmutabilidad de la cosa juzgada que impone la vinculatoriedad e inalterabilidad de la resoluciones judiciales firmes, debido a que la ejecución judicial no puede extenderse a asuntos que no hayan sido debatidos y decididos en el proceso, pues con ello se lesionarían los derechos de la parte al prescindirse del debate y contradicción inherentes al litigio.

En virtud de lo anterior, cuando un juez se aparta de lo previsto en el fallo que debe ejecutarse, infringe el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce en su artículo 26, por lo que, las decisiones firmes deben ser cumplidas y han de hacerse ejecutar por los jueces, en los mismos términos en que fueron proferidas, de manera que la ejecución de la sentencia debe ajustarse estrictamente a los dispuesto en el fallo”.

 

            Ahora bien, si es cierto que el principio de inmutabilidad de la sentencia integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y que no es un fin de sí mismo sino un instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial en los términos en que fue proferida la sentencia, pues impide que las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza sean alteradas o modificadas al margen de los cauces legales; pese a la imposibilidad de modificar los términos de lo fallado en ejecución, durante este trámite pueden plantearse y resolverse problemas relativos a una ejecución fraudulenta o simulada del fallo judicial, o a la denegación de la ejecución de manera arbitraria o irrazonable por omisión de deberes y cargas procesales ex lege en cabeza del órgano jurisdiccional, en la medida en que tales problemas impliquen un incumplimiento efectivo de lo sentenciado o devengan en la inejecutabilidad del fallo, pues al derecho a la ejecución de las sentencias le es de aplicación el principio pro actione, en tanto tal derecho subjetivo debe ser interpretado en el sentido más favorable a la ejecución y no con base a una interpretación restrictiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al cual viene integrado el derecho a la ejecución de las sentencias firmes.

 

La aplicación del principio pro actione en materia de tutela judicial efectiva tiene su antecedente en la sentencia de esta Sala Constitucional N° 708 del 10 de mayo de 2001, conforme a la cual:

 

"El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura." (resaltado de este fallo).

 

Asimismo, la Sala Constitucional en la sentencia N° 72 del 26 de enero de 2001 estableció:

 

"Al respecto, reitera esta Sala que, ciertamente todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos" (Resaltado de este fallo).

 

Aunado a lo anterior el encabezamiento del artículo 527 del Código de Procedimiento Civil establece que “Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el Juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando líquida la deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249 (...)” (resaltado de este fallo).

 

En orden a los razonamientos anteriores, entiende esta Sala que, incluso en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído cosa juzgada, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos como el presente, ya que no se trata de la simple omisión de solicitud oportuna de una aclaratoria a la sentencia por alguna de las partes, sino que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida ya al favorecido por el pronunciamiento judicial, como lo es la impretermitible determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, deber previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 527 del mismo cuerpo legal, y cuyo cumplimiento resulta exigible dentro de un proceso de ejecución de sentencia, siempre y cuando no implique para el órgano jurisdiccional correspondiente el apartarse de los términos en que ha sido proferido el fallo. Así se decide.

 

Igualmente el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, permite que en la fase de ejecución, se estime el valor de la cosa mueble ordenada por la sentencia, si ésta no pudo ser habida. Este artículo del Código procesal adjetivo civil, conjuntamente con los artículos 529 y 530 del mismo instrumento legal, permiten que el dispositivo del fallo pueda ser reformado parcialmente con miras a la ejecución, lo que en la actualidad es congruente con la garantía de la justicia efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

 

Resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar que declaren con lugar la demanda, cuando lo establecido en el dispositivo sufre transformaciones o se hace inaprensible. Ante tal iniquidad, a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla en la fase de ejecución de la sentencia, los artículos citados que permiten la sustitución del objeto del dispositivo del fallo.

 

Dentro de ese orden de ideas, declarada con lugar una pretensión de condena, donde no se pudo determinar en el texto del fallo la cantidad correspondiente a frutos, intereses o daños, y en consecuencia el sentenciador ordena una experticia complementaria del fallo conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a tales efectos se haría inejecutable la sentencia, si en el texto del fallo -e incumpliendo la letra del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil- no se precisa cuáles son los perjuicios probados a estimarse y los puntos que deben servir de base a los expertos para su cálculo.

 

El artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, como formalidad que debe contener la sentencia que ordene la experticia complementaria, exige que el fallo indique: 1) señalamiento preciso de los perjuicios probados que deben estimarse; 2) puntos que deben servir de base a los expertos.

 

Es necesario para la Sala analizar si tales exigencias son o no requisitos esenciales del fallo; pero si se considera que los dispositivos de las sentencias firmes de condena pueden ser variados mediante experticia complementaria, en los casos de los artículos 527, 528, 529 530 del Código de Procedimiento Civil, casos en que los parámetros de las experticias no consten en la sentencia firme, sino en autos posteriores a ella, se debe concluir que siempre que el dispositivo de un fallo sea una condena, si la liquidación de la misma se ejecutare mediante una experticia complementaria, las exigencias del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil podrán cumplirse posteriormente si es que no constan en el fallo, y siempre que con ellas no se desmejore - debido al transcurso del tiempo- la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión.

 

Ello es posible con la vigente Constitución, con fundamento en el artículo 257 que señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, por lo que la Sala estima que los requisitos a que hace mención el artículo 249 citado, deben ser interpretados con laxitud, en atención del derecho a la tutela judicial efectiva, para no perjudicar a quien haya obtenido una sentencia favorable, y éste es el caso de autos, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JESÚS ENRIQUE PEREIRA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de noviembre de 2002; y Confirma, en los términos expuestos, dicha sentencia.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a        los 03 días del mes de diciembre dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                       EL Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

                                             JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

                                              ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp.N°: 02-3006

JECR/

 

... gistrado que suscribe discrepa de la mayoría, respecto de la decisión que antecede por las siguientes razones:

Llegó la mayoría a la conclusión de que “... incluso en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído cosa juzgada, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos como el presente (...) que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia inejecutabilidad de su sentencia (...) como es la impretermitible determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, deber previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 527 del mismo cuerpo legal, ...”.

Es criterio de quien disiente que, por el contrario, los lineamientos o puntos sobre la base de los cuales se elaborará la experticia, deben provenir de la sentencia, la cual debe bastarse así misma. Esto quiere decir que, para comprender su dispositivo y, en consecuencia, darle cumplimiento, debe resultar autosuficiente, sin que necesite el auxilio de ningún otro documento, auto o acta del expediente; es preciso que sus términos estén expresados en forma clara y completa para que cumpla su fin último, cual es plasmar, en forma indubitable, la soberana decisión a que ha arribado el sentenciador, luego de su estudio analítico del caso.

Respecto del requisito de determinación del objeto sobre el que recae la decisión, a que se contrae el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es criterio general que dicha determinación debe aparecer directamente del fallo, y no por referencia a otro documento, auto o recaudo fuera del fallo, porque la sentencia debe ser autosuficiente y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea preciso acudir a otros elementos extraños para complementarla o hacerla inteligible.

Sobre este particular, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la sentencia no llena esta exigencia de la ley cuando condena al pago de intereses sin la determinación del quantum de la condenatoria, ni ordena su determinación por una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo que dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (s.S.C.C. de 23.02.01, caso: “Comunidad de Propietarios del Edificio Torre Castel Grande contra Constructora Rusmel C.A.”).

En el caso que se examina en la sentencia, el juez cometió el vicio de indeterminación objetiva cuando infringió el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la nulidad de la sentencia recurrida, por disposición del artículo 244 eiusdem.

Por otra parte, como los requisitos formales de la sentencia son de orden público, la Sala ha debido anular el fallo, en lugar de la formulación de las consideraciones que se hacen para la conclusión de que “...las exigencias del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil podrán cumplirse posteriormente si es que no constan en el fallo, y siempre que con ellas no se desmejore- debido al transcurso del tiempo- la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión”, en atención a que las exigencias del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil no son formalidades no esenciales, por el contrario, son tan esenciales que su omisión acarrea la nulidad del fallo de que se trate.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado                 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado Disidente

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.fs.

Exp. 02-3006

 

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