Venley

Sentencia N.º 3397

Sentencia N.º 3397

Sentencia
N.º 3397
Fecha
07/11/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2926
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Revisión
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SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 29 de octubre de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior Primero para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el oficio signado bajo el alfanumérico TS-2004-010 del 18 de octubre de 2004, por el cual se remitió el expediente distinguido bajo el alfanumérico TS 03621 (nomenclatura de dicho Tribunal), con ocasión de la solicitud de revisión interpuesta por el abogado Numa José Miranda Hidalgo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 35.748, con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCOS NAPOLEÓN BARRAZA, titular de la cédula de identidad N° 13.901.499, contra la decisión dictada el 28 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido y, en consecuencia, confirmó la decisión dictada el 10 de agosto de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo dictado el 7 de julio de 2004, por el Juzgado Segundo del Municipio Miranda de la misma Circunscripción Judicial, que declaró extinguido el procedimiento en el juicio que por diferencias de prestaciones sociales incoara el accionante contra Construcciones El Isiro, C.A. e Hidrofalcón, C.A.

Tal remisión obedece a la diligencia presentada ante el Juzgado Segundo del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, por el apoderado judicial del accionante el 29 de septiembre de 2004, mediante la cual solicitó la revisión de la decisión dictada el 28 de septiembre de 2004, por el referido Juzgado Superior, de conformidad con el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García.

Vista la jubilación acordada por la Sala Plena el 18 de mayo de 2005 al Magistrado Antonio J. García García, se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

Posteriormente, el 13 de octubre de 2005, se reconstituye la Sala Constitucional por el nombramiento como primer suplente de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

ÚNICO

El apoderado judicial del accionante ejerció ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 7 de julio de 2004, por el Juzgado Segundo del Municipio Miranda de la misma Circunscripción Judicial, que declaró extinguido el procedimiento en el juicio que por diferencia de prestaciones sociales incoara el accionante contra las compañías antes mencionadas.

Mediante decisión del 10 de agosto de 2004 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, declaró inadmisible la acción de amparo, decisión que, fue objeto de apelación por parte del accionante, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y de Adolescente de la misma Circunscripción, el cual, mediante decisión del 28 de septiembre de 2004, fue declarada sin lugar y, en consecuencia, confirmada el fallo apelado.

Vista la anterior decisión, que agotó la doble instancia, el apoderado judicial de la parte accionante solicitó en “...uso de la facultad que me otorga el artículo 336 ordinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, interpongo contra la decisión Definitiva de fecha 28 de septiembre de 2004, dictada por este Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, (…) RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL AMPARO, interpuesto contra el JUZGADO II DE MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, (…), que fuera declaro (sic) INADMISIBLE por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón (…) y SIN LUGAR , el recurso de Apelación interpuesta (sic) contra esa Decisión por este Tribunal Superior. En lo que respecta a la admisibilidad de la solicitud de revisión extraordinaria y a los fines de que haga uso de su potestad discrecional de admitir o no admitir el presente recurso sí lo considera, pido le sea remitido el presente expediente a la SALA CONSTITUCIONAL DEL Tribunal Supremo de Justicia”.

Al respecto la Sala estima oportuno precisar que la misma, al momento de ejecutar la potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de las solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial. Ello, por cuanto, en el derecho venezolano, la inviolabilidad de la cosa juzgada es, en principio, inquebrantable, y es extrema su protección tal como lo expresa nuestra Constitución en su artículo 49, numeral 7. Por tanto, sólo excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución, o debido a la existencia de un fraude procesal, como los que a título enunciativo trató esta Sala en fallo del 4 de agosto de 2000 (caso Intana C.A.), es posible revisar sentencias que hayan adquirido carácter de cosa juzgada.

Ahora bien, en todo caso, la potestad revisora de sentencias de amparo definitivamente firmes por parte de esta Sala, así como del control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República es competencia única y exclusiva de la Sala Constitucional, conforme a lo previsto en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la solicitud de revisión por parte del interesado tiene que ser presentada y fundamentada directamente ante esta Sala Constitucional, pues sólo se admite la posibilidad de que el juzgado de que se trate remita directamente la sentencia, objeto de revisión, cuando se refiera al ejercicio de control difuso de la constitucionalidad de leyes.

En tal sentido, esta Sala mediante decisión N° 2793/04, al ratificar lo sostenido en sentencia 1998/03, estableció que:

“…No estimó la misma circunstancia la Sala, en relación con la posibilidad de revisar la decisiones definitivamente firmes de control de la constitucionalidad remitidas por los Juzgados Superiores, pues en sentencia N° 1998 del 22 de julio de 2003 (caso: Bernabé García), sostuvo:

‘En lo que respecta a las decisiones definitivamente firmes de control de constitucionalidad se revisa una decisión que declara la inconstitucionalidad de una norma –con efectos sólo en el caso concreto-, cuya aplicación o desaplicación puede vulnerar el orden público constitucional, y cuya inconstitucionalidad, con efectos vinculantes para las demás Salas y todos tribunales de la República, sólo puede ser pronunciada por esta Sala, la única con atribución constitucional para tal pronunciamiento.

 Esta Sala, en anterior decisión con respecto a la remisión por los jueces, de oficio, de la decisión definitivamente firme en la cual desaplicaron una norma jurídica en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, estableció:

‘En atención a la incidencia en el ordenamiento jurídico de tal cuestión, el Tribunal o Sala desaplicante deberán remitir a esta Sala Constitucional copia de la decisión, a la cual anexarán copia de los autos, con el fin de someterlo a la revisión correspondiente, todo en obsequio de la seguridad jurídica y de la coherencia que debe caracterizar al ordenamiento jurídico en su conjunto...’ (s S.C. n° 1225, del 19-10-00. Subrayado añadido).

         Por todo ello, y para la mayor eficacia de la conexión entre el control concentrado, que corresponde a esta Sala, y el control difuso, que corresponde a todos los jueces de la República, debe darse, como se dio en la sentencia que antes se citó, un trato diferente a la remisión ex oficio que, para su revisión, haya hecho el juez que la dictó; se obtendrá así una mayor protección del texto constitucional y se evitará la aplicación general de normas inconstitucionales o la desaplicación de normas ajustadas a la Constitución en claro perjuicio para la seguridad jurídica y el orden público constitucional. Por las razones que preceden se reitera que, no sólo el juez puede remitir las sentencias definitivamente firmes en las cuales, en resguardo de la constitucionalidad, desaplique una norma, sino que está obligado a ello.

Si, por el contrario, no se aceptara la remisión hecha de oficio antes aludida, el control difuso no tendría más efecto práctico que el que deviniese de su aplicación al caso concreto, en perjuicio del orden público constitucional, pues, su canal de conexión con el control concentrado -que tiene efectos erga omnes- estaría condicionado a la eventual solicitud de revisión de la persona legitimada para ello, con la consiguiente disminución del alcance potencial de los instrumentos con que el nuevo texto constitucional ha provisto a esta Sala (carácter vinculante de sus decisiones y facultad de revisión), con la finalidad de hacer más eficaz el resguardo de la incolumidad constitucional. Es por ello, que esta Sala acepta la remisión de las presentes actuaciones, y  así se decide”.

 Partiendo de la consideración de que la potestad revisora de sentencias de amparo definitivamente firmes, así como del control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República y demás Salas de este Supremo Tribunal, es competencia única y exclusiva de la Sala Constitucional, conforme con lo preceptuado en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los numerales 4 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala estima necesario, una vez entrada en vigencia la referida ley, precisar la posibilidad de remitir para su revisión las sentencias definitivamente firmes en materia de amparo y las dictadas en materia de control difuso de la constitucionalidad, pues como se dijo anteriormente, en materia de amparo la Sala ha sostenido de manera reiterada que la solicitud de revisión tiene que ser presentada y fundamentada directamente ante esta Sala Constitucional, no siendo posible remitir a esta Sala dicha solicitud, como si se tratara de un recurso de casación o una tercera instancia, criterio que en esta oportunidad se reitera, sin excepción alguna, respecto de las sentencias de amparo constitucional.

Ahora bien, con respecto a las sentencias dictadas en materia de control difuso de la constitucionalidad, se debe puntualizar que el cuarto aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece lo siguiente:

‘De conformidad con el numeral 22 de este artículo, cuando cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia haga uso del control difuso de la constitucionalidad, únicamente para un caso concreto, deberá informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcances de la desaplicación adoptada para que ésta proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión, absteniéndose de revisar el mérito y alcance de la sentencia dictada por la otra Sala, la cual seguirá conservando fuerza de cosa juzgada. En caso que el examen abstracto de la norma comporte la declaratoria total o parcial de su nulidad por inconstitucional, la sentencia de la Sala Constitucional deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio, de ser el caso’.

 Conforme al texto transcrito, existe la obligación de información, cuando se trata de sentencias de control difuso de la constitucionalidad de las leyes, por parte de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que esta Sala ejerza el examen general y abstracto de la constitucionalidad de la norma de que se trate en cada fallo. Nada dice la ley respecto a las sentencias que en esa materia dicten los demás tribunales de la República, pero ello no obsta para que la obligación de remisión de las sentencias definitivamente firmes se siga exigiendo igualmente para dichos juzgados, al objeto de su revisión, en atención a la finalidad que debe cumplir la misma, razón por la cual, en esta oportunidad igualmente se ratifica el criterio sostenido en el fallo N° 1998/2003. Así se declara.

 

Siendo ello así, esta Sala observa que, lo ocurrido en el caso de autos es inaceptable, toda vez que el demandante, en el juicio de amparo de autos, no podía solicitar se remitiera el expediente a esta Sala Constitucional para que la sentencia, pasada con autoridad de cosa juzgada, fuera objeto de revisión, como si se tratara de una tercera instancia.

En efecto, el mencionado Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente, remitió el expediente a un Tribunal Superior Laboral competente, de conformidad con el artículo 8 de la Resolución N° 2004 del 27 de septiembre de 2004, dictada por este órgano jurisdiccional, y se constata el error del Juzgado Superior Primero para el Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, cuando remitió a esta Sala el expediente, como si se tratara del anuncio de un recurso extraordinario como el de casación, en lugar de haber declarado su incompetencia para pronunciarse respecto a la solicitud, dado que, agotadas las dos instancias judiciales y al no versar la solicitud sobre una petición de aclaratoria, prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, al Tribunal sólo le faltaba remitir el expediente al tribunal de la causa (Vid.Sents. 1914/01, 1450/02 y 1223/03).

Con base en las anteriores razones, esta Sala no acepta la remisión del expediente que le fuera hecha para la revisión de la sentencia emanada del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se ordena la remisión de copia certificada de esta decisión al referido Juzgado Superior remitente y, asimismo, se ordena el envío del presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Así se decide.

Por último, resulta oportuno para esta Sala, llamarle la atención al referido Juzgado Superior, en el sentido de que en futuras situaciones que presente este tipo de actuación, se abstenga de remitir las actuaciones cursantes en autos a este órgano jurisdiccional, pues en virtud del carácter extraordinario y autónomo de la potestad revisora que tiene la Sala, obliga a que el interesado lo efectúe ante la misma, según lo anteriormente explicado, por tanto, ante el error inexcusable en la que incurrió el a-quo, al inobservar el criterio reiterado que ha sostenido esta Sala respecto al caso de autos, estima necesario remitir las actas que conforman el presente expediente a la Inspectoría General de Tribunales para que determine las responsabilidades del caso.  

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la remisión del expediente que le fuera hecha para la revisión de la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. En consecuencia, SE ORDENA:

PRIMERO: Remitir copia certificada de esta decisión al Juzgado Superior Primero para el Nuevo Régimen y el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

SEGUNDO: Remitir el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

  TERCERO: Remitir copia certificada del expediente a la Inspectoría de Tribunales para que determine las responsabilidades administrativas que puedan existir en el presente caso.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los          07  días del mes de noviembre   de dos mil cinco (2005).  Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Luis V. Velásquez Alvaray

 

 

Francisco A. Carrasquero LópEZ

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

          Ponente

El Secretario (E),

 

 

TITO DE LA HOZ

Exp.- 04-2926

CZdM/cml

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