Sentencia N.º 340
- Sentencia
- N.º 340
- Fecha
- 05/05/2016
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 16-0066
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 27 de enero de 2016, el abogado Oscar Elio Enrique Castrillo Carrillo, con inscripcin en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el N¡ 49.195, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del otrora Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda, el 19 de agosto de 1992, bajo el N¡ 11, Tomo N¡ 83-A-Pro, cuya ltima modificacin estatutaria se asent en el Registro Mercantil Cuarto de sta misma Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 16 de marzo del 2006, bajo el N¡ 28 del Tomo N¡ 22-A-Cto., solicit ante esta Sala Constitucional, la revisin de la sentencia N¡ 000633 dictada, el 29 de octubre de 2015, por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declar: (i) con lugar el recurso de casacin interpuesto por la hoy solicitante de la revisin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, el 6 de marzo de 2015. En consecuencia cas sin reenvo el fallo recurrido y declar parcialmente con lugar el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado Gerald Buenavida, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014, por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y, parcialmente con lugar la demanda intentada. En consecuencia, modific el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido, por lo que la decisin recurrida qued casada y sin reenvo y no hubo condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en los artculos 274 y 281 del Cdigo de Procedimiento Civil.
El 25 de enero de 2016, se design ponente a la Magistrada Gladys Mara Gutirrez Alvarado, quien con tal carcter suscribe la presente decisin.
El 14 de marzo de 2016, diligenci el abogado Elio Castrillo, apoderado judicial de la empresa Supercable Alk Internacional, C.A., solicitando pronunciamiento en el presente asunto.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa la Sala a dictar sentencia, previas las consideraciones siguientes:
I
De la solicitud de revisin constitucional
La representacin judicial de la parte solicitante aleg:
Que Ò[t]uvo inicio ste asunto judicial, mediante libelo interpuesto en fecha cinco (5) de marzo del ao dos mil diez (2010) por la empresa ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIE INC (AMT) en contra de [m]i mandante SUPERCABLE y donde se le exigi como causa petendi el Cumplimiento de un inexistente Contrato Mercantil y el Cobro de BolvaresÓ.
Que la demanda admitida Òen fecha dieciocho (18) de marzo del referido ao dos mil diez (2010), segn se evidencia del folio 99 del cuaderno principal del expediente y agotados los trmites citatorios ex lege, se trab la litis a travs de contestacin sobre el mrito, que efectuase mi representada, explicitndose como defensas perentorias la inadmisibilidad de la accin propuesta, su prescripcin y la impugnacin de las instrumentales privadas que en fotostatos simples se incorporaron errticamente a los autosÓ.
Que la sentencia de fondo en primera instancia fue dictada por Òel Tribunal Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de sta Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, en fecha diecisiete (17) de julio del ao dos mil catorce (2014), cursante de los folios 62 al 157 del legajo certificado adjuntado, en los siguientes trminos, que [c]ito del dispositivo:
ÔÉPRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda de COBRO DE BOLêVARES, incoada por la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (ATM), debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio No.65-079244 del Estado de Delaware de los Estados Unidos de Norte Amrica; contra la Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL SA, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 19 de agosto de 1992, bajo el N¡ 11, Tomo 83-A-Pro, cuya ltima modificacin de su documento constitutivo estatutario fue inscrito (Sic) por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 16 de marzo de 2006, bajo el N¡ 28, Tomo 22- A-Cto.
SEGUNDO: En virtud del anterior pronunciamiento se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL SA, al pago del saldo adeudado de las Facturas N¡ 861067, N¡ 861446 y N¡ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SIS (sic) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (US $ 116.988,16), que calculados a la tasa vigente de seis bolvares con treinta cntimos (Bs.6,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica, equivalen a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO BOLêVARES CON CUARENTA Y UN CNTIMOS (Bs. 737.025,41).
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS CUS $104.493,31), que calculados a la tasa vigente de seis bolvares con treinta cntimos (Bs.6,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica, equivalen a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE BOLêVARES CON OCHENTA Y CINCO CNTIMOS (Bs. 658.307,85); por concepto de intereses moratorios vencidos, sobre el monto total del capital adeudado a la rata del uno por ciento (l%) mensual, o sea, el doce por ciento (12%) anual, desde la fecha de pago de cada una de las facturas.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 03 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (ATM), plenamente identificada en el presente fallo.
SEXTO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso.
Notifquese a las partes del presente fallo en virtud de haberse dictado fuera de su oportunidad legal correspondiente...Õ.
Que Òen fecha dieciocho (18) de julio del precitado ao dos mil catorce (2014), segn consta de los folios 158 y 159, el apoderado judicial de la demandante se dio por notificado y ejerci medio de gravamen o apelacin en forma genrica, sin la delimitacin de ningn punto especfico que objetase impugnase de la decisin emitida en la proposicin del recursoÓ.
Que la parte demandante en el juicio principal al momento de presentar informes de alzada manifest slo su disconformidad con respecto a la tasa de cambio vigente, para la conversin de la deuda y a la improcedencia de la indexacin correccin monetaria solicitada.
Que Ò[s]in que SUPERCABLE desplegase actividad de observacin a los informes de su contraria por ante el Segundo Grado de Jurisdiccin, fue dictada sentencia de fondo por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de sta Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas en fecha seis (6) de marzo del sealado ao dos mil quince (2015), como se evidencia de los folios 167 al 204 del legajo certificado acompaado y relacionado con actas pertenecientes a la Segunda Pieza del proceso, que [t]ranscribo parcialmente de seguidas:
Ô...PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das dieciocho (18) de julio y doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIE (AMT), contra la sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentan la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIE (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¡ 861067, N¡ 861466 y N¡ 861429; que asciende a la suma de CIENTO DIEZ Y SIS (Sic) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (US $116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAI) 11)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiados nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVETA Y TRES DîLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $. 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiados nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 03 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitad de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIE (AMT), plenamente identificada en el presente fallo.
SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento CivilÉÕ
Que ÒÉen fecha diecisiete (17) de marzo del indicado ao dos mil quince (2015), la parte actora a travs de su apoderada, como se puede constatar de los folios 205 y 206 de la Segunda Pieza del mencionado asunto, contenidos en el legajo instrumental certificado, que se [c]onsigna; solicit tardamente y en forma no diligente se aclarase el fallo de conformidad con lo establecido en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, en lo atinente a que; la conversin que deba agotarse _por va de la experticia complementaria del fallo ordenada, deba efectuarse de acuerdo a lo preceptuado en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), previsto en el Convenio Cambiario N¡.33, publicado en la Gaceta Oficial nmero: 6171 de fecha diez (10) de febrero del ao dos mil quince (2015) vigente para dicha oportunidadÓ.
Que Òel Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de sta Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, en fecha veintitrs (23) de marzo de dos mil quince (2015), como se constata de los folios 207 al 215 del legajo certificado incorporado, conforme a los autos de la Segunda Pieza del expediente, dispuso:
Ô...En ste caso concreto, se observa que, revisado el fallo dictado por ste Juzgado Superior, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), se aprecia que, este Tribunal utiliz para efectuar los clculos de las cantidades a pagar en moneda extranjera, el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), ya que, era el que le permita a las personas jurdicas de carcter privado realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera.
Ahora bien, efectivamente como lo seala el demandante, el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), apareci publicado en Gaceta Oficial el Convenio Cambiario N¡ 33, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II.
De modo pues que el error cometido por este Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la Tutela Judicial Efectiva del justiciable, previsto en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, ya que los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en ste proceso, toda vez que, la tasa de cambio que aplic el Tribunal, fue derogada, tal como ya se dijo.
En vista de lo anterior, de oficio, en atencin al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y, en aras de garantizarle una Tutela Jurdica Efectiva a la parte demandante, este Juzgado Superior, considera procedente en este caso, revocar parcialmente la sentencia dictada por este Tribunal, nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, era el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiado Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiados nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014.
En ese sentido, se determina que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares Estadounidenses, ser aquella establecida en el instrumento financiero nacional que sustituy al SICAD II, actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera.
En consecuencia, el dispositivo de la decisin dictada en este proceso, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), quedar redactado as:
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das dieciocho (18) de julio y doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentan la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALE INTERNATIONAL S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¡ 861067, N¡ 861466 y N¡ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento financiero nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¡ 33, publicado en la Gaceta Oficial NÕ 6171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento financiero nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¡ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 03 de Febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (I2%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente fallo. SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento CivilÕÉÓ.
Que el anterior pronunciamiento fue emitido, Òen una errnea interpretacin del fallo N¡.2231/2003 de fecha dieciocho (18) de agosto. emitido en el asunto N¡02-1702 de ÒSaid Jos Mijova SurezÓ de sta Sala Constitucional, violentndose los postulados que tratan de la cosa juzgada ex artculo 272 del Cdigo de Procedimiento Civil, bajo una interpretacin acomodaticia de esa decisin, asimilando la posibilidad de modificar autos de mero trmite, que se encuentra prevista en el artculo 310 eiusdem con la prohibicin de variar desidertum judicial sobre el mrito, que es una situacin anmala de mayor gravedad por medio de la aplicacin en dicho sentido del artculo 252 ibdem falsamente a un supuesto fctico extrao a esa ltima norma adjetiva puesto que, no se materializ en la modificacin de errores materiales de clculo sino que vari y modific la decidido, permitindose la coexistencia de dos dispositivos absolutamente dismiles sobre un mismo pleito y resolviendo con manifiesta ilogicidad dicha causaÓ.
Que Òcontra la referida sentencia de fondo que dictase el Juzgado ad quem, esto es, el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de sta Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas y su ilegal e inconstitucional aclaratoria sta representacin formaliz Recurso Extraordinario de Casacin, y que cursa inserto a los folios 216 al 240 de la pieza 2 del legajo de copias certificadas que se acompaa, sustancindose el mismo ntegramente en relacin a todo su iter procesal, con las Fases de impugnacin, rplica y contrarrplica, pronuncindose la Sala de Casacin Civil, tal como lo he sealado, mediante su sentencia N¡.RC000633 de fecha veintinueve (29) de octubre del ao dos mil quince (2015) prximo pasado, dictada en el expediente N¡.AA2O-C-2015-000278, que se objeta mediante sta Revisin Constitucional, bajo la ponencia de la Magistrado actualmente jubilada, doctora ISBELIA JOSEFINA PREZ VELASQUEZ y que contiene el certero y fundamentado voto salvadoÉÓ.
Que la Sala de Casacin Civil estableci ÒÉlo que [t]ranscribo en el punto in especifico al utilizar su facultad legal de casar sin reenvo la decisin del Juzgador ad quem, ex artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil, al momento de declarar procedente la denuncia de infraccin del artculo 252 eiusdem y considerar que hubo la falsa aplicacin de los Convenios Cambiarios nmeros: 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, conforme al sealamiento parcial, que efecto:
Ô...Como se evidencia de la anterior transcripcin, el Juzgado de alzada, al momento de decidir la aclaratoria, revoc de oficio la tasa de cambio aplicable al caso de autos, y en este sentido, dej asentado que el tipo de cambio promedio ponderado aplicable al caso es el Convenio Cambiario N¡ 33, vigente a partir del 10 de febrero de 2015, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II. De modo pues, consider que el error cometido por el Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la tutela jurdica efectiva del justiciable, previsto en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, porque los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en este proceso, revoc parcialmente la sentencia dictada nicamente en lo que se refiere a la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, y conden a la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago de la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) y de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn Convenio Cambiario N¡ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, ordenando realizar la experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil con la tasa indicada.
Es evidente que con dicha decisin el juez superior reform y modific su propia sentencia, lo cual a la luz del contenido del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, no le est permitido hacer, y ms an cuando de las actas procesales y del pronunciamiento del propio juez la solicitud de aclaratoria fue realizada en forma extempornea.
Asimismo, la Sala observa que la facultad de solicitar aclaratorias del fallo de conformidad con el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, est circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, algn concepto ambiguo u oscuro de la sentencia o cuando no est claro el alcance del f1lo en determinado punto o se haya dejado de resolver algn pedimento, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que despus de dictada una sentencia, no podr revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya dictado. (Subrayado de la Sala)...Õ
Con base en los motivos expresados, la Sala declara procedente la infraccin, por errnea interpretacin, del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, con soporte en que desde el punto de vista formal el juez no puede volver a decidir sobre lo ya decidido ni modificar su propio fallo, por consiguiente, lo realizado por el juzgador de alzada al revocar y modificar el dispositivo del fallo en el presente caso, est fuera de los lmites permitidos por el legislador y la doctrina de este Alto Tribunal, en consecuencia, es nulo y queda sin efecto jurdico alguno. As se establece. (Resaltado de la Sala de Casacin Civil)Õ.
Que en el referido fallo Òen lo concerniente a la delacin en casacin de falsa aplicacin de los Convenios Cambiarios nmeros: 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387 de fechas 10 marzo y 4 de abril de 2014, dispuso:
Ô...En este sentido, advierte la Sala que el juez superior aplic falsamente el contenido de los Convenios Cambiarnos nmeros 27 y 28, pues conden a la parte perdidosa al pago de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) y de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 (sic) de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, sin advertir que conforme con el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, en caso de obligaciones pecuniarias estipuladas en moneda extranjera, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo corriente en el lugar de la fecha de pago. (Negrillas y subrayado de la Sala). En el presente caso, la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, esto implica que las partes la emplean como una frmula de reajuste o estabilizacin de la obligacin pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor de la moneda de curso legal, que en nuestro caso es el Bolvar, por esta razn, conforme a lo establecido en el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela deba establecerse que el pago estipulado o convenido en moneda extranjera en el caso de autos deba ser cancelado con la entrega de lo equivalente en bolvares, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago, lo cual no fue previsto en la sentencia recurrida.
Lo anterior pone de manifiesto, que el juez superior aun cuando condena al pago a la demandada por las cantidades en dlares americanos, antes sealadas, aplica la tasa de cambio vigente para el momento que se dicta la sentencia, y no la tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago, tal como 1 dispone el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Asimismo, observa la Sala que al ser las normas atinentes al rgimen cambiario, normas dinmicas de carcter administrativo, que pueden ser modificadas o sustituidas de acuerdo con las polticas econmicas del pas, resultaba de imposible indicacin sealar cul era la aplicable para el momento del pago, con lo cual tambin el juez superior err al sealar los Convenios Cambiarios que deban ser aplicados al caso concreto.
En virtud de todo lo anterior, la Sala declara procedente la denuncia de infraccin de los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014 y por falta de aplicacin del artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela. As se establece. (Resaltado de la Sala Civil)Õ.
Que tal decisin fue dictada por la Sala de Casacin Civil Òen tajante e inconsecuente violacin a interpretaciones vinculantes de sta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impidi se casase el fallo, bajo los parmetros del reenvo, calificado doctrinalmente como impropio, toda vez, que es el inserido atinente a las infracciones procesales, como el correspondiente a la delacin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, que trata de la aclaratoria de las sentencias sobre el mrito, que no permiten la modificacin del dispositivo y que fuera denunciado en la segunda denuncia, que por defecto de actividad se plante e hizo valer y, en lo relacionado, con lo que se entiende en casacin civil, como citra petita. incongruencia negativa y en propiedad conceptual, al agredirse y desconocerse el Debido Proceso, el Derecho de Acceso a la Justicia y la Tutela Judicial Efectiva Garanta Jurisdiccional de rango constitucional, segn la doctrina y los precedentes de sta Sala Constitucional bajo la denominacin de incongruencia omisiva que por cierto, igualmente fuera delatado en la formalizacin en la sptima denuncia de formaÉÓ
Que en ÒÉlo referido a la segunda delacin del escrito de la formalizacin del Recurso de Casacin, atinente a la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, que trata de las aclaratorias y ampliaciones que se pueden realizar sobre el fallo de mrito, la propia Sala de Casacin Civil en la decisin N¡. RC000633 de fecha veintinueve (29) de octubre del ao dos mil quince (2015) prximo pasado, dictada en el expediente N¡.AA2O-C-2015-000278 objeto de Revisin Constitucional, lejos de sentenciar declarando con lugar dicha denuncia de defecto de actividad, ms que notoria y patente de las actuaciones, lo que hizo fue preterir su deber ex lege en ese sentido, conforme al artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil en su primer aparte prrafo con el que se prioriza o da prevalencia a la consideracin de anular o casar las decisiones en vista a denuncias por errores de procedimiento dada la posibilidad cierta, de que el Juzgado ad quem se pronuncie con relacin a la doctrina de reenvo previamente asentada dispuesta por la Sala de CasacinÓ.
Que ÒÉes tan grosera, directa y flagrante la violacin de los derechos y garantas de mi representada de Acceso a la Justicia, al Debido Proceso y de la Tutela Judicial Efectiva preestablecidos en los artculos 26 y 49 constitucionales, que dicha Sala Civil, a pesar de reconocer que el Juez de la Segunda Instancia modific su dispositiva estndole proscrita esa posibilidad legal, en atencin a la mentada aclaratoria o solicitud de ampliacin presentada tardamente, cuando conoci de la segunda denuncia de la formalizacin, en dicho tpico; slo la desestim, con el argumento superficial de que dicha impetracin fue desechada por el Jurisdicente de la sentencia impugnada y, que deba interponerse una delacin por infraccin de Ley con sujecin al artculo 313 numeral 2¡ eiusdem, al haberse hecho aseveraciones constitucionales inseridas en la proteccin de la Tutela Judicial Efectiva por la Alzada en razn de la errnea interpretacin del fallo N¡.2231/2003 de fecha dieciocho (18) de agosto, emitido en el asunto N¡024702 de ÒSaid Jos Mifova SurezÓ dictado por sta Sala ConstitucionalÓ.
Que en dicho pronunciamiento la Sala de Casacin Civil expres lo siguiente:
Ô...Como se evidencia el juez, superior con base en la sentencia de la Sala Constitucional antes referida y del principio constitucional de la tutela judicial efectiva modific su propio fallo nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo el tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela segn los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fichas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. En ese sentido, determine que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares americanos, es la establecida en el SICAD II actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo. (Cursivas y subrayado mo).La infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, ha debido ser delatada al amparo del ordinal 2¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil por infraccin de ley, con el cumplimiento de la tcnica necesaria para su conocimiento por parte de esta Sala y no como un problema procesal, por cuanto en principio el juez superior declar improcedente la aclaratoria, sin embargo luego modific el fallo con base en la tutela judicial efectiva, y ello slo puede ser analizado y decidido conforme a la interpretacin que le fue dada a la norma, pero como la denuncia fue realizada en el nico captulo por infraccin de ley, la Sala la atender y resolver en la oportunidad debida...Õ
Que lo anterior ÒÉcercen los derechos constitucionales de SUPERCABLE, por ser ms que diuturna y pacfica la doctrina de sta Sala, en el sentido de que ningn Juzgador puede cambiar, modificar variar lo que ha sido objeto de pronunciamiento en su dispositiva, utilizndose para ello el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, y as pido lo aprecie esta Honorable SalaÓ.
Que Ò[c]omo apoyo de lo hasta ahora argido, [i]nvoco sentencia de sta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N¡.695/2013 de fecha 12 de junio, dictada en el expediente N¡.12- 1305 proferida en el caso de ÒVctor Jos Colina AriasÓ, en la que se ratificaron fallos precedentes, que tienen que ver con la aclaratoria y la ampliacin de decisiones, que no permiten variar los trminos del dispositivo del fallo por esa va adjetiva, [c]ito:
ÔÉLa figura procesal de la aclaratoria o ampliacin de sentencia, resulta aplicable al caso de autos, por remisin expresa del artculo 19, segundo prrafo, de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo previsto en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, que establece:
ÔDespus de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelacin, no podr revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podr, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de clculos numricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres das, despus de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el da de la publicacin o en el siguienteÕ.
Sobre el alcance de la disposicin normativa citada, esta Sala seal, en la sentencia dictada, el 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociacin Cooperativa Mixta La Salvacin, S.R.L.), Ô...que el transcrito artculo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de stas, no slo la aclaratoria de puntos dudosos, sino tambin las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de clculos numricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, as como dictar las ampliaciones a que haya lugar...Õ.
En adicin a lo anterior, esta Sala en sentencia N¡ 324, de fecha 09 de marzo de 2001, (caso: Luis Mora/ss Bance), expresamente seal en lo que respecta a la norma en comento lo siguiente:
Ô...De la transcrita norma procesal se extrae, en primer lugar, la imposibilidad del tribunal de revocar o reformar su propia decisin -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelacin-, lo cual responde a los principios de seguridad jurdica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones.
Sin embargo, valor el legislador que ciertas correcciones en relacin con el fallo dictado s le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una efectiva ejecucin de lo decidido. Estas correcciones al fallo, conforme al nico apaste del citado artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; i salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de clculos numricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones.
Adems, la posibilidad de salvar omisiones, rectificar errores manifiestos o dictar ampliaciones, no corresponde de oficio al tribunal que dict el fallo sino que debe operar a solicitud de parte, en el breve lapso previsto en el transcrito artculo 252: el da en que se publica el fallo o al da siguiente.
De lo anterior se colige que la solicitud de rectificacin del fallo, en los trminos previstos en el nico aparte del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, es un medio otorgado por dicha ley procesal a las partes en juicio cuyo fin no es otro que lograr que el tribunal aclare los puntos dudosos, salve las omisiones y rectifique los errores manifiestos de copia, de referencia o de clculo numrico o dicte ampliaciones...
Por lo que respecta al caso concreto de la solicitud de ampliacin de sentencia, se puede sealar que la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relacin con algn pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificacin del fallo, por diferir del criterio all expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibicin contenida en el encabezamiento del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o modificar la sentencia pronunciada...Ó. (Resaltado de la Sala Constitucional)Õ.Ó
Que tal vicio de indefensin no fue corregido por la Sala de Casacin Civil, Òpor cuanto inconstitucionalmente, no declar la procedencia de la segunda denuncia por defecto de actividad argida en ese sentido, DçNDOSELE CABIDA A UNA CONTRADICCION IN TERMINIS MEDIANTE LA COEXISTENCIA DE DOS RESOLUTIVAS DISTINTAS, LA DE LA SENTENCIA DE FONDO Y LA DE LA IMPROCEDENTE ACLARATORIA rompiendo as, con el equilibrio procesal que tena el deber ex lege de restablecer por va del Recurso de Casacin y el desidertum con respecto a la delacin de forma o adjetiva denunciadaÓ.
Que se suscribe del voto salvado contenido en la decisin objeto de revisin.
Que en ÒÉla sptima denuncia por defecto de actividad del Recurso Extraordinario de Casacin formalizado, se asever, que dicho sentenciador incurri en el vicio de incongruencia negativa, considerada por sta Sala Constitucional como incongruencia omisiva puesto que no efectu pronunciamiento alguno en lo atinente, a la defensas de mrito, que adujera [m]i mandante, relacionados con la inadmisibilidad de la accin propuesta, su prescripcin y el desconocimiento de las sedicentes facturas, que se pretenden cobrar por la actora, y que por lo dems, son de trascendencia innegable para las resultas de la decisin sobre el mrito, aducindose entre otras cosas, que el ejercicio del medio de gravamen se agot genricamente sin explicitarse ningn aspecto especfico a conocerse por la Alzada y dicho sea de paso, mal pudo el Tribunal de la recurrida como lo apreci, limitar el conocimiento de la apelacin a la indexacin no acordada y al tipo de cambio que deba utilizarse con respecto a la conversin de los dlares de los Estados Unidos de Amrica como moneda de cambio y el bolvar con el que se erogara la pretendida deuda, slo considerndose los informes incorporados y hechos valer por la parte actora en la Segunda InstanciaÓ.
Que en la sentencia objeto de revisin fue Ògrosera y flagrante la violacin de los derechos y garantas de [m]i representada de SUPERCABLE de Acceso a la Justicia, al Debido Proceso y de la Tutela Judicial Efectiva preestablecidos en los artculos 26 y 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, POR CUANTO LA SALA DE CASACIîN CIVIL NADA ACLARî EN LO RELACIONADO, A QUE LO òNICO QUE DELIMITA LA APELACIîN Al MENOS EN EL AROUETIPO DEL PROCESO CIVIL ACTUAL ES LA DILIGENCIA î ESCRITO DEL MEDIO DE GRAVAMEN Y NO LOS INFORMES VERTIDOS A POSTERIORI EN LA SUSTANCIACIîN DEL MISMO, TAMPOCO EXPRESî ESA MçXIMA JURISDICENTE CIVIL. QUE EL HECHO DE NO INFORMARSE SOBRE EL PLEITO EN LA ALZADA NO PROVOCABA LA DESESTIMACIîN DE LA DELACIîN DE FORMA EJERCIDA POR CUANTO ES DE ORDEN PòBLICO PROCESAL Y CONSTITUCIONAL CONLLEVANDO TAL DESIDERçTUM LA CREACIîN DE UNA CARGA ADICIONAL EN CABEZA DE [M]I MANDANTE NO DISPUESTA EX LEGEÓ.
Asimismo, solicit medida cautelar innominada consistente en la suspensin de efectos de la decisin objeto de revisin, por cuanto adujo que en el tribunal de la causa ya se ha iniciado el trmite de ejecucin de la decisin cuya revisin se peticiona.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 335 y 336 numeral 10¡ de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en los artculos 5 numeral 4¡ y 25 en sus numerales 10¡ y 11¡ de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia solicit se declarara procedente la presente revisin a los fines de contribuir y sostener la uniformidad de la aplicacin de las los principios y valores constitucionales, conforme a fallos de esta misma Sala, y que han sido relacionados tanto al vicio de incongruencia omisiva en cuanto a la certera interpretacin en lo concerniente al mbito y alcance del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, lo que, seala contribuir indudablemente a la uniformidad de los valores y principios constitucionales aqu delatados con todos los dems pronunciamientos que aprecie esta Sala.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIîN
El 29 de octubre de 2015, la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, dict sentencia nmero RC.000633, bajo los siguientes trminos:
ÒRECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin de los artculos 12, 15 y 206 del mismo Cdigo, Ôpor incurrir en el vicio de indefensin, en razn de que, el juzgador a quem (sic) delimit y circunscribi el objeto del medio de gravamen ejercido por la actora slo, a la no conformidad de sta, descrita y planteada en sus informes, presentados en dicha instancia, referente a la tasa de cambio, que respecto del dlar americano haba establecido el Tribunal a quo; y en lo atinente a la declaratoria de improcedencia de la indexacin peticionada, muy a pesar de que estableci y reconoci, que la demandante, al ejercer dicho recurso, lo hizo en forma genrica; por lo que dicho Jurisdicente, tena absoluta y plena jurisdiccin para resolver el pleito (todo lo debatido) sometido a su conocimiento, en todos y cada uno de sus aspectos, por efecto de la apelacin, pues, no fue ejercida la apelacin parcialmente, referida a considerandos o dictmenes especficos del fallo del Tribunal a quo, y as poder excluir la revisin de la totalidad del tema decidendumÕ.
Asimismo, seala la formalizante que:
Ô...no se encontraba sujeto dicho Juzgador, ni a la prohibicin de reforma en perjuicio, que sabemos, resguarda al apelante nico, ni exista la posibilidad de que ste con su proceder, al conocer de todo el proceso, transgrediese el principio de personalidad de dicho medio recursivo.
Subversin procesal sta, que impidi someter al examen de la apelacin, todo el asunto contencioso en forma integral, como tena el deber ex-lege de hacerlo, y que no hizo, sin motivo legal ni jurdico que lo permitiese, cuando cometi el despropsito de considerar ejecutoriados alegatos, que tenan y presentan marcada incidencia sobre el mrito del asunto, los cuales fueron explanados por mi poderdante en el curso del proceso; referidos entre otros, a la inadmisibilidad de la pretensin deducida, a la prescripcin de sta y al desconocimiento de las sedicentes copias de facturas incorporadas a la causa, como pretendidos o aspirados instrumentos fundamentales de la pretensin libelar, causndole as, una evidente situacin de indefensin, por no ser conocidos ni decididos en su oportunidad por la recurrida, omitindose la declaratoria judicial en ese segundo grado, respecto de su procedencia o no; y desconocindose por va de consecuencia, la justicia material, que debi imperar en el caso in comentoÉÓ.
Alega la formalizante que el juez superior incurri en el vicio de indefensin, pues el juzgador de alzada delimit y circunscribi el objeto del medio de gravamen ejercido por la actora slo, a la no conformidad de sta referente a la tasa de cambio que haba establecido el Tribunal a quo y en lo atinente a la declaratoria de improcedencia de la indexacin peticionada, muy a pesar de que estableci y reconoci, que la demandante, al ejercer dicho recurso, lo hizo en forma genrica. Acusa que dicho juzgado tena absoluta y plena jurisdiccin para resolver el pleito sometido a su conocimiento, en todos y cada uno de sus aspectos, por efecto de la apelacin, pues, no fue ejercida la apelacin parcialmente, referida a considerandos o dictmenes especficos del fallo del Tribunal a quo, creando as la indefensin delatada.
La Sala, para decidir observa:
Es criterio pacfico y reiterado de esta Sala que la indefensin ocurre cuando el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos en el juicio. De esta forma, para que se configure el vicio de indefensin es necesario que la parte no haya podido ejercer el medio o recurso en defensa de sus derechos, como resultado de una conducta del juez que lo neg o limit indebidamente o que se haya producido desigualdad. (Sentencia del 30 de octubre de 2012, caso: Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. contra Servicios y Suministros Integrales Martnez M., C.A.).
Ahora bien, para plantear este tipo de denuncia, es decir, aquella que va dirigida a cuestionar la labor del juzgador respecto de la actividad procesal de la parte adversaria como es la apelacin que la accionante ejerci contra la sentencia de primera instancia, respecto del tipo de cambio equivalente de dlares a bolvares aplicado para el pago de la condena declarada, la Sala observa que ste debe tener inters procesal para realizar la misma.
Al respecto, la Sala en diversas oportunidades ha sealado que slo la parte a quien la actividad procesal le causa perjuicio, puede hacer la pertinente denuncia de violacin del trmite del juicio; de all que, el formalizante que no cumpla con este presupuesto no tiene legitimidad para plantear la denuncia de omisin de pronunciamiento de los alegatos de su contraparte, pues es slo dicha parte quien tiene la legitimidad para hacerlo. (Vase entre otras, sentencia N¼ 466, de fecha 29 de octubre de 2010, caso: Hctor Gustavo Manrique Muoz contra Alfredo Manrique Muoz, y otros).
En el caso concreto, se observa que luego de dictado el fallo en primera instancia el da 17 de julio de 2014 y de notificadas las partes de la decisin dictada, el nico que ejerci el recurso de apelacin fue la parte accionante, quien el 12 de agosto de 2014 introdujo diligencia recurriendo de la decisin dictada; asimismo, se evidencia que en el escrito de informes consignado en el Juzgado Superior sta circunscribi la impugnacin a que fuera revisada la tasa de cambio aplicada por el juzgado de la causa para el pago de la condena y en la indexacin negada por el a quo, razn por la cual era la demandante la nica legitimada para acusar la indefensin alegada respecto del objeto de la apelacin, y no la parte demandada que se conform con lo decidido en esa oportunidad.
La Sala as lo ha establecido en anteriores fallos (Ver, entre otros, expediente N¡ 2008-000380, caso: Csar Palenzona Boccardo contra Mara Alejandra Palenzona Olavarra, del 16-01-09), que todo formalizante debe tener legitimidad para hacer las respectivas denuncias en casacin, esto es, debe ser titular del inters jurdico que quiere hacer valer en el recurso, lo cual se traduce en que la decisin impugnada le haya sido adversa, desfavorable, le haya causado un gravamen o simplemente no haya recurrido en su contra, lo cual no ocurre en el presente caso debido a que la empresa demandada se conform con lo decidido por el juez de primera instancia.
Por las razones expresadas, la Sala desestima la presente denuncia. As se establece.
II
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin de los artculos 12, 15, 206 y 252 del mismo Cdigo, Ôpor estar inficionada del vicio de indefensin, en razn, que el Tribunal a Ðquem (sic) al pronunciarse sobre una solicitud tarda de aclaratoria peticionada por la actora que fuera desechada, dada su inadmisibilidad; en forma incomprensible, entr a conocer de la misma, para ilegalmente modificar el dispositivo de la sentencia que se impugna, creando una contradiccin in terminis con la coexistencia de dos resolutivas distintas, la de la sentencia de fondo y la de la improcedente aclaratoria; rompiendo as, con el equilibrio procesal que debe prevalecer en todo proceso y aplicando dicho correctivo ilegalmente a una sentencia sobre el mrito de lo controvertido, que se encuentra sujeta al ejercicio del recurso extraordinario de casacin, y no a ninguna aclaratoria, salvatura o ampliacin para variar en perjuicio del no apelante lo dictaminado en el fallo, como ocurri en este asuntoÕ.
Asimismo, seala la formalizante que:
ÔLo descrito, dio cabida a la situacin de indefensin que aqu acuso, al subvertir el procedimiento, ya que insisto, se modific lo decidido en la sentencia recurrida, en lo concerniente, a que la deuda en dlares americanos condenada, deba cancelarse del tipo de cambio promedio ponderado previsto en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiar los nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril del ao 2014, a otra tasa de cambio, por va de la ilegal aclaratoria, contenida en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiarlo nmero: 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, coexistiendo de esa manera un dispositivo, con dos rdenes o condenas diferentes entre s, cuando ambas persiguen lo mismo, que es el pago de unas sumas en moneda extranjera. Transgredindose as, el principio lgico de no contradiccin, por cuanto dos proposiciones diferentes y contradictorias entre s, no pueden ser vlidas a la misma vezÉÕ.
La formalizante acusa que el juez incurri en el vicio de indefensin al modificar lo decidido en la sentencia recurrida, en lo concerniente, a que la deuda en dlares americanos condenada, deba cancelarse al tipo de cambio promedio ponderado previsto en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, a otra tasa de cambio, por va de la ilegal aclaratoria, contenida en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiarlo nmero 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, coexistiendo de esa manera un dispositivo, con dos rdenes o condenas diferentes entre s.
La Sala, para decidir observa:
Se reitera lo establecido en el captulo anterior respecto del vicio de indefensin, en cuanto a que la indefensin ocurre cuando el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos en el juicio.
En este sentido, este alto Tribunal observa que en el caso que nos ocupa, en fecha 6 de marzo de 2015, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, dict sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda y condenando a la accionada a pagar la cantidad de US $ 104.493,31 o su equivalente en moneda nacional conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley de Banco Central de Venezuela, el cual deba ser calculado al tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), sin embargo en fecha 17 de marzo de 2015, la parte accionante solicit la aclaratoria de la sentencia, y en este sentido, el juzgado superior decidi:
ÔEn este caso concreto, se observa que la sentencia recada en este proceso, y respecto de la cual se pide aclaratoria fue dictada el seis (06) de marzo de dos mil quince (2015); y la aclaratoria fue pedida el diecisiete (17) de marzo del mismo ao; por lo que, conforme al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, antes transcrito; y, como quiera que, la sentencia fue dictada dentro del lapso legal, la misma ha sido realizada de manera extempornea, lo que la hace inadmisible, toda vez que, no fue realizada ni el mismo da, ni al da siguiente de la publicacin de la sentencia. As se estableceÕ.
De la transcripcin parcial de la decisin se evidencia que el juzgado superior neg por extempornea, la solicitud de aclaratoria, con lo cual la presente denuncia no puede prosperar en derecho.
Sin embargo, consta de la propia aclaratoria del fallo, que en esa misma oportunidad el juez superior con sustento en la potestad atribuida por la sentencia N¡ 2231 de la Sala Constitucional de fecha 18 de agosto de 2003, caso: Said Jos Mijova Jurez, que establece que Òel Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesin de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un dao y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicacin inmediata y directa de la Constitucin de asegurar la integridad de dicho textoÉÓ, estableci:
ÔÉel diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), apareci publicado en Gaceta Oficial el Convenio Cambiario N¼ 33, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II.
De modo pues que, el error cometido por este Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la Tutela Jurdica Efectiva del justiciable, prevista en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, ya que, los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en este proceso, toda vez que, la tasa de cambio que aplic el Tribunal, fue derogada, tal como ya se dijo.
En vista de lo anterior, de oficio, en atencin al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y, en aras de garantizarle una Tutela Jurdica Efectiva a la parte demandante, este Juzgado Superior, considera procedente en este caso, revocar parcialmente la sentencia dictada por este Tribunal, nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, era el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014.
En ese sentido, se determina que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares estadounidenses, ser aquella establecida en el instrumento Financiero Nacional que sustituy al SICAD II, actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjeraÕ.
Como se evidencia el juez superior con base en la sentencia de la Sala Constitucional antes referida y del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, modific su propio fallo, nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, el tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, segn los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. En ese sentido, determin que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares americanos, es la establecida en el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo.
La infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, ha debido ser delatada al amparo del ordinal 2¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil por infraccin de ley, con el cumplimiento de la tcnica necesaria para su conocimiento por parte de esta Sala y no como un problema procesal, por cuanto en principio el juez superior declar improcedente la aclaratoria, sin embargo luego modific el fallo con base en la tutela judicial efectiva, y ello slo puede ser analizado y decidido conforme a la interpretacin que le fue dada a la norma, pero como la denuncia fue realizada en el nico captulo por infraccin de ley, la Sala la atender y resolver en la oportunidad debida.
Con base en lo expresado con antelacin, esta Sala desestima la presente denuncia. As se establece.
III
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin de los artculos 12, 15, 206 y 208 del mismo Cdigo, Òpor indefensin y estar [la sentencia recurrida] inficionada del vicio de reposicin preterida, cuando no cumpli con su deber de garantizar la estabilidad del procedimiento, al presentarse situaciones de crisis procesal, deviniente de preterir o desconocer el derecho a la prueba, como expresin directa de la tutela judicial efectiva y del debido proceso legal, que debe prevalecer en la administracin de justicia en el acto dirimente de la causaÉ.Ó.
Asimismo, seala la formalizante que:
Ôprecisando especficas actuaciones procedimentales que acaecieron con respecto al medio de prueba de informes, que deba instruirse en el extranjero, especficamente en los Estados Unidos de Norteamrica, que fuera promovida por la parte actora, y que luego de su admisin intraproceso, conforme al principio de comunidad de pruebas o de adquisicin, puede hacerse valer por cualquiera de las partes en conflicto, siempre claro est, que afinque y demuestra cualquiera de sus alegaciones. Lo que ocurre con mi poderdante, en el sentido, de que son demostrativas de la inexistencia de la acreencia pretendida en esta causa, donde lo adujo en variadas oportunidades, durante ambas instancias.
ÉOmissisÉ
En este sentido, debo reiterar, que conforme a lo que consta de las actuaciones de la primera instancia, se puede constatar, que el medio de prueba de informes que ofreciera, la parte actora, para que la sociedad mercantil identificada ut supra y domiciliada en el extranjero, corroborase hechos pertinentes al mrito de la causa; y que beneficiaban a mi poderdante, conforme al principio de adquisicin procesal o de comunidad de pruebas, fue admitido en fecha diecisiete de octubre del ao dos mil doce (17/10/2012), como consta de los folios 277 y 278 de la pieza N¡ 1 del expediente y a pesar de los diligenciamientos de la promovente, para su debida evacuacin; y arguyndose adems, que de sus resultas se acreditaba por la demandada, mi poderdante, la inexistencia de deuda o acreencia que la vinculase o inmiscuyese con la pretensin deducida, siendo en ese aspecto de indiscutible importancia para dirimir el pleito, tal como se le hizo valer en los informes de ese Juzgado de la causa, esta probanza no se materializ, diligenci o evacu, produciendo la situacin de indefensin denunciada. Y as lo alego con toda deferenciaÉÕ.
Alega la formalizante que el juez superior incurri en indefensin con respecto al medio de prueba de informes, pues la prueba deba instruirse en el extranjero, especficamente en los Estados Unidos de Norteamrica, poda hacerse valer por cualquiera de las partes en conflicto. En este sentido, alega que la prueba era demostrativa de la inexistencia de la acreencia pretendida en esta causa, y a pesar de ello, la misma no logr ser evacuada.
La Sala, para decidir observa:
Como fue establecido en el primer captulo del presente fallo la indefensin ocurre cuando el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos en el juicio.
En el presente caso, la recurrente acusa el vicio de indefensin y en su sustento alega que la prueba de informes que deba evacuarse en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos de Norteamrica no se evacu, perjudicndola pues con ella se demostrara la inexistencia de la acreencia pretendida en esta causa.
Sin embargo, la Sala observa que el examen de la pretendida denuncia no puede ser realizado por cuanto de las actas procesales se evidencia que la accionada no apel contra la decisin de primera instancia que declar parcialmente con lugar la demanda y la conden al pago de los montos establecidos en los contratos suscritos con ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC., conformndose con lo decidido, razn por la cual, no es posible que la parte recurrente pretenda ahora alegar que la prueba demostrara la inexistencia de la acreencia en vez de recurrir contra ese fallo, es decir, se conform con la decisin judicial dictada. De haber tenido una objecin contra de la decisin dictada o respecto de la prueba y su evacuacin, debi haber impugnado el fallo de primera instancia, lo cual no hizo.
Por consiguiente, esta Sala desestima esta denuncia. As se establece.
IV
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 y 244 del mismo Cdigo, por Ôestar inficionada del vicio de inmotivacin por peticin de principio, toda vez, que el a-quem (sic), al decidir sin razonamiento alguno, por qu deba aplicarse el tipo de cambio ponderado contenido en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), slo mencion, que a su decir, no constaba de autos, que mi poderdante y demandada, tuviese acceso a la tasa preferencial de seis bolvares con treinta cntimos (6,30) por dlar americano, que haba condenado el Tribunal de la causa...Õ.
Acerca de la afirmacin de que deba aplicarse el tipo de cambio ponderado contenido en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), alega la formalizante que dicha precisin:
ÔÉmal pudo constatarse del expediente, por cuanto, no era un tema controvertido entre las partes contendientes, la existencia o no, de un rgimen de control de cambios, con respecto a las divisas en la Repblica de Venezuela, en tanto, que para el momento de la proposicin de la demanda, exista una sola tasa de cambio con respecto a la moneda norteamericana y en el momento de la condenatoria de la primera instancia, solo estaba vigente, la tasa preferencial del cambio de seis bolvares con treinta cntimos (6,30) por dlar americano. Y siendo as, las cosas, el Juzgador a-quem (sic), dio por acreditado un hecho sin que se haya desplegado actividad probatoria de ninguna especie en el Tribunal de la causa en dicho sentido, y por va de consecuencia, dada su tajante inmotivacin, aplic su conocimiento privado en una materia proscrita, en ese aspecto, como lo es, la referente a la prueba o establecimiento de los hechos pertinentes de la controversia.
ÉOmissisÉ
Citado esto del fallo, insisto, no hay razonamiento alguno, que legalmente, permita la variacin del clculo para la tasa de cambio del dlar americano, encuadrndoselo en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), como lo efecto la recurrida, sin probanza, que acreditase dicha variacin y causndole de esa forma un agravio adicional a mi mandante, obligndola a que nominalmente, tenga que eventualmente erogar una mayor cantidad de bolvares por la inexistente deuda, que se conden a pagar injustamenteÉÕ.
Alega la formalizante que la recurrida incurri en el vicio de peticin de principio, con base en que no hay razonamiento alguno, que legalmente, permita la variacin del clculo para la tasa de cambio del dlar americano, encuadrado en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), como lo efecto la recurrida.
La Sala, para decidir observa:
La peticin de principio consiste en dar como cierto el hecho que pretende ser probado. (Ver, sentencia del 20 de diciembre de 2002, Caso: Inversiones La Cima C.A., contra Constructora Santo Domingo C.A.).
Alega la formalizante que el juez incurre en el mencionado vicio, al no especificar por qu haca la modificacin del tipo de cambio y qu prueba le sirvi de soporte para ello.
En este sentido, el juez superior estableci en el fallo recurrido lo que a continuacin se transcribe:
ÔÉel Juez de la recurrida cuando conden a pagar las cantidades indicadas en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, referidos a dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, orden a la demandada a pagar a la parte actora, las cantidades de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US$ 116.988,16), y CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$ 104.493,31); y estableci como tasa vigente para hacer el clculo a SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), para ambas cantidades.
Ahora bien, de acuerdo con los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas diez (10) de marzo y cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), respectivamente, y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece que deber calcularse con base en el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, (SICAD II), es la que permite que las personas jurdicas de carcter privado, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales.
As lo ha establecido la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014), en la cual dispuso lo siguiente: ÔÉ.2) La cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dlares americanos con setenta cntimos (US $ 160.638,70) por concepto de gastos generados con ocasin a la hospitalizacin del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, en ÒThe Cleveland Clinic FundationÕ, o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, respectivamente, convenios stos que autorizan que personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales; 3) Los intereses moratorios que se generen tomando como base la suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 24.904,30), calculados a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, -doce por ciento (12%) anual- segn lo dispuesto en el artculo 108 del Cdigo de Comercio, y sobre la base de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dlares americanos con setenta cntimos (US $ 160.638,70), en su equivalente en moneda nacional de conformidad con lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, intereses stos que debern calcularse mediante experticia complementaria realizada por expertos sealados o designados por el tribunal a quo, conforme a lo previsto en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil, quienes efectuarn dicho clculo tomando como base el referido ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, en el perodo comprendido desde el 2 de octubre de 2001, inclusive, hasta el da 26 de junio de 2002, fecha en la que se interpuso la demanda; 4) Se acuerda la indexacin de la cantidad de veinticuatro mil novecientos cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 24.904,30), de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil, contados a partir de la fecha 10 de julio de 2001 en la que se admiti la demanda, hasta la fecha en que el fallo quede definitivamente firmeÉÕ.
A ello, debe aadrsele que no consta en autos, que la demandada, tenga acceso a la tasa preferencial de SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), por dlar.
De modo pues, que a criterio de quien aqu decide, y atencin a la doctrina de nuestro Mximo Tribunal, antes transcrita, los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo de la recurrida, deben hacerse al tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se estableceÉÕ. (Negrillas de la Sala).
Como se observa de la transcripcin precedente del fallo, no se evidencia en el sub iudice la peticin de principio endilgada a la sentencia recurrida, pues con base en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28 publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, de fecha 10 de marzo y 4 de abril de 2014, vigentes para el momento que fue dictada la sentencia y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el juez superior estableci que los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, deban hacerse al tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, razn por lo cual el juez en la aplicacin del derecho al caso de autos decidi la tasa de cambio aplicable para la conversin de la cantidad de dinero que fue pactada en el contrato en dlares americanos y su equivalente en bolvares para la ejecucin del fallo.
A tal efecto, el artculo 12 del Cdigo de Procedimiento Civil dispone que Ôlos jueces tendrn por norte de sus actos la verdad, que procurarn conocer en los lmites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidadÕ. (Negrillas de la Sala).
La referida norma recoge el principio de legalidad conforme al cual el juez debe atenerse a las normas de derecho existentes y aplicables al caso concreto. En este sentido, los argumentos de derecho (quaestio iuris) conciernen al texto de la ley y engloba al principio iura novit curia, que no es ms que Ôel tribunal conoce el derechoÕ, esto quiere decir que el juez no slo puede sino que est obligado a aplicar una norma o texto jurdico aun cuando no haya sido invocado por los litigantes y, en este orden, indicar en la sentencia la ley aplicable al caso de autos. (CSJ, Sentencia 20 de abril de 1971, GF 68 2E, p. 232).
En sentencias de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de octubre de 1968, GF 62, p. 185 y otras, estableci, lo cual se reitera en esta oportunidad, que Ôlos jueces no traen a los autos un hecho nuevo cuando extraen determinadas conclusiones de los hechos alegados y de su conocimiento del derecho pues para ello estn facultados, a la vez que obligados, por el dispositivo legal que les impone motivar sus fallosÕ.
En razn de lo establecido precedentemente, esta Sala considera que el juez en modo alguno incurri en el vicio de peticin de principio alegado, pues con base en la aplicacin de las normas vigentes, es decir, de los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, de fecha 10 de marzo y 4 de abril de 2014, vigentes para el momento que fue dictada la sentencia y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el juez superior orden que los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, deben hacerse al tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, debiendo esta Sala en virtud del principio iura novit curia, desestimar la presente denuncia. As se establece.
V
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin del ordinal 3¡ del artculo 243 del mismo Cdigo, por haber cometido Ôel vicio de indeterminacin de la controversia, por cuanto, dicho Juzgador, no expres los trminos a los que se encontraba circunscrito o delimitado el pleito, excluyendo de ese modo, la realizacin de labor intelectiva alguna, que delimitase el tema controvertido a dirimirse en esa segunda instancia, con respecto al medio de gravamen ejercido, demostrando as una manifiesta incomprensin de los trminos de la litis, puesto que no efectu una sntesis clara, precisa y lacnica de sta, al hacer exclusivamente argumentaciones sobre las consecuencias jurdico procesales de la prohibicin de reformatio in peius, que abriga y protege al recurrente nico, as como en lo concerniente a los lmites de dicho recurso, en atencin al principio de personalidad de la apelacin...Õ.
En este sentido, alega la formalizante que:
ÔÉsostengo, que la decisin impugnada, estableci en su parte narrativa, nada ms la transcripcin, en parte parcial y en parte extensa de lo que fuera afirmado en el libelo de demanda, en el escrito de contestacin y en los informes presentados por las partes ante el a-quem (sic), y ms an, casi en una copia fiel y exacta de lo expresado por el Juzgado a-quo.
Se observa, que el Juzgador, nada ms se dedic a transcribir actos del proceso, para el caso del libelo de la demanda, la contestacin, y los informes, citando textual y parcialmente lo expresado por el Tribunal a-quo es decir, el fallo se estructur con una frmula redaccional hilada o narrada en tercera persona, cuando indic o mencion lo que estaba contenido en la pretensin, de la cita de sta y respecto de lo que determin la primera instancia con sujecin a la contestacin o las diligencias de la demandante en ejercicio del medio de gravamen, que igualmente transcribi, pero reitero e insisto, sin exposicin intelectiva propia de su parte, que delimitase los trminos del thema decidendumÉÕ.
Alega la formalizante que el vicio de indeterminacin de la controversia, con soporte en que el juzgador no expres los trminos a los que se encontraba delimitado el pleito, excluyendo la labor intelectiva que delimitase el tema controvertido a dirimirse en esa segunda instancia, demostrando una manifiesta incomprensin de los trminos de la litis, puesto que no efectu una sntesis clara, precisa y lacnica de sta.
La Sala para decidir observa:
Ha establecido la Sala en innumerables fallos que el juez debe realizar una sntesis de la pretensin demandada y lo expuesto por el accionado en la oportunidad de integrarse al proceso.
Este requisito se encuentra enunciado en el ordinal 3¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil, y sobre el particular, la Sala ha expresado que la verdadera finalidad del requisito de determinacin de la controversia, debe estar dirigido fundamentalmente a privilegiar y fortalecer el desarrollo de la motivacin del fallo, todo lo cual demuestra que en la prctica forense se ha desvirtuado la intencin del legislador, al pretender exigir la nulidad de las sentencias por la omisin o deficiencia en el cumplimiento de este requisito, cuando en realidad, la narrativa del fallo representa un apoyo a las argumentaciones realizadas por el sentenciador al momento de tomar su decisin. (Vid. Sentencia 207 del 13 de abril de 2012, caso: Domingo Alberto Marcano Rojas contra Nicola Caruso Lionetti).
En ese sentido, si el juez en apoyo a los argumentos esgrimidos por las partes en el libelo y la contestacin, dicta sentencia motivada en sintona con los alegatos que sustentan la controversia, aun cuando no haya realizado una mencin especial sobre stos en la sentencia, debe tenerse por cumplido el requisito de dictar una sentencia basada en los hechos controvertidos por las partes.
En el caso concreto, el juzgador superior luego de hacer un recuento de los actos ms importantes ocurridos en el juicio, expres lo siguiente:
ÔÉLa parte actora en su libelo, demand por cumplimiento de contrato mercantil y cobro de bolvares, a la firma SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., para que cumpliera con su obligacin de pago para con su representada, en las condiciones pactadas, o en su defecto, fuera condenada por el Tribunal, a pagar las siguientes cantidades:
ÔÉPRIMERO: La cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US$ 116.988,16), que a los efectos de dar cumplimiento a la Ley del Banco Central y llevado este monto a bolvares a un cambio oficial de 4,30 por cada dlar estadounidense, equivale a la suma de QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y NUEVE BOLêVARES FUERTES CON OCHO CENTIMOS (Bs. F. 503.049,08).
SEGUNDO: Los intereses moratorios vencidos, calculados sobre el monto total de capital adeudado a la rata del UNO POR CIENTO (1%) MENSUAL, o sea EL DOCE POR CIENTO (12%) ANUAL, desde las fechas de pago de cada una de las facturas de acuerdo a su condicin de pago, hasta el da 2 de febrero del 2.010, que alcanza a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$ 104.493,31), que a los efectos de dar cumplimiento a la Ley del Banco Central y llevado este monto a bolvares a un cambio oficial de 4,30 por cada dlar estadounidense, equivale a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN BOLêVARES FUERTES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs.F. 449.321,23).
TERCERO: Los intereses moratorios que se sigan generando desde el da 03 de febrero de 2010, hasta la definitiva cancelacin total de la deuda, que debern ser calculadas en su respectiva oportunidad a la tasa del DOCE POR CIENTO (12%) ANUAL.
CUARTO: Las costas y costos del presente juicio.
QUINTO: El monto que por concepto de Indexacin, en razn de inflacin monetaria al momento de la cancelacin total de la deuda y sus intereses, se establezca por este Tribunal, mediante experticia complementaria del fallo definitivo, en caso de una condenatoria de la parte demandada.
En la contestacin de la demanda, la parte demandada, como defensas previas, opuso la inadmisibilidad y la prescripcin de la accin propuesta, desconoci e impugn los documentos sealados en el captulo III, de su escrito de contestacin; y, contest al fondo de la demanda.
El Juez de la recurrida, en los captulos VII y VIII, declar improcedentes las defensas previas de la inadmisibilidad de la demanda; y, de la prescripcin de la accin con fundamento en lo siguiente:
ÔÉVII
PUNTO PREVIO:
INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Siendo el 17 de noviembre de 2010, el Abogado Jaime Sabal, actuando en su carcter de apoderado judicial de la parte demandada, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., como punto previ a la contestacin de la demanda fundamentado en el hecho de que la actora no acompaa y por tanto no cursa a los autos ningn contrato celebrado entre SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A. y ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), aduce que mal puede procurar a travs de la demanda el cumplimiento de un supuesto contrato de compra venta, el cual no fue acompaado al libelo de la demanda, a pesar de ser el documento fundamental, y que tal circunstancia constituye una violacin a lo dispuesto en el ordinal 6¡ del artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Que conforme al escrito presentado en fecha 14 de octubre de 2010, la accionante reconoce que no existe contrato, al sealar: Òsealo al Tribunal que el libelo de la demanda es claro cuando habla de cumplimiento de contrato mercantil y todas las documentales consignadas son prueba de la existencia de la relacin mercantil existente entre las partes. De igual forma sabido es que los contratos pueden ser verbales o escritosÉÕ (Negrillas y subrayados del escrito de contestacin). En tal sentido, seala que en virtud de lo anterior la actora alega que el supuesto contrato que demandan es verbal y no escrito lo cual contradice lo que expresamente sealan en el libelo al indicar (folio 1) que en fecha Ô19 de junio de 2002 se suscribi contrato mercantil de compra venta de partes e insumos entre nuestra representada actuando como vendedora, y la empresa ÔSUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A.Õ (sic).
Que tal y como fue alegado en este juicio los contratos escritos son los nicos que pueden ser suscritos, y que mal puede pretender alegar la actora con la accin propuesta el cumplimiento de un contrato verbal.
Que resulta contrario a derecho que la actora haya alegado la existencia de un contrato mercantil, supuestamente suscrito entre las partes, el cual no fue acompaado y que una vez trabada la litis pretenda aducir que el contrato no existe y que en su lugar prevalece un contrato verbal.
Que el permitir la procedencia de los alegatos de la actora implicara dejar en indefensin a su representada a quien se le demanda en virtud de unos supuestos hechos y documentos, para luego cambiar de modo imprevisto tal circunstancia y alegar una totalmente nueva.
En consecuencia, en base a lo anterior solicit dicha representacin judicial que de conformidad con el ordinal 6¡ del artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil, se declare inadmisible la demanda.
Ahora bien este Juzgador, para decidir observa:
Establece el artculo 341 del Cdigo de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artculo 341: Presentada la demanda, el Tribunal la admitir si no es contraria al orden pblico, a las buenas costumbres o a alguna disposicin expresa de la Ley. En caso contrario, negar su admisin expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisin de la demanda, se oir apelacin inmediatamente, en ambos efectos.
Por lo que en base a la norma precedentemente citada, toda aquella demanda a los efectos de ser admitida por el Juez no debe ser contraria al orden pblico, a las buenas costumbres o a alguna disposicin expresa de la Ley, constituyndose en esta disposicin legal los supuestos de inadmisibilidad de la demanda.
As las cosas, a la luz de la norma antes citada la presente demanda es plenamente admisible puesto que la misma versa sobre una accin de Cumplimiento de Contrato y Cobro de Bolvares iniciada por la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), en virtud de que la Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., segn aduce la representacin judicial de la parte actora, no cumpli con la obligacin de pago de las facturas comerciales generadas por la compra venta de mercanca pactada a travs de contrato celebrado entre las partes, por lo que no resulta dicha pretensin contraria al orden pblico, a las buenas costumbres o a alguna disposicin expresa de la Ley.
No obstante, observa este Juzgador que la parte invoca la inadmisibilidad de la demanda por no haberse cubierto la previsin contenida en el ordinal 6¡ del artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil; en razn, de que la actora no consign junto con el libelo de demanda el Contrato Mercantil que dice haber suscrito con su representada; por lo que resulta oportuno sealar que por tratarse la demanda del cumplimiento de una obligacin mercantil, conforme establece el Cdigo de Comercio en su artculo 124, la misma es susceptible de ser probada bien a travs de documentos pblicos o privados, con los libros de los corredores, segn lo establecido en el artculo 72 ejusdem; con facturas aceptadas; con los libros mercantiles de las partes contratantes, segn lo establecido en el artculo 38 ejusdem; con telegramas, de conformidad con lo preceptuado en el artculo 1375 del Cdigo Civil, con declaraciones de testigos; o bien, con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil. De tal forma, siendo que si bien es cierto en el caso de marras nicamente fueron consignadas con el libelo las facturas cuyo cobro se pretende, no es menos cierto que corresponder al Juez en base a los documentos consignados junto con el libelo de la demanda y los medios probatorios promovidos por las partes determinar si existe o no la obligacin cuyo cumplimiento se pretende, razn por la cual este Juzgador considera que la defensa opuesta por la representacin judicial de la parte demandada respecto a la inadmisibilidad de la demanda resulta IMPROCEDENTE. ASê SE DECIDEÉÕ.
Como se observa de la transcripcin parcial de la recurrida, el juez estableci adecuadamente los trminos en que qued planteada la controversia, sobre todo porque esta Sala constata que hubo una mezcla entre los hechos alegados y la motivacin de la sentencia, lo que representa que los hechos, que entendi a cabalidad, fueron un apoyo a las argumentaciones y la motivacin realizada al momento de tomar su decisin, por tanto, a juicio de esta Sala, ello evidencia el cumplimiento de la finalidad de la norma denunciada y, por va de consecuencia, resulta improcedente la denuncia de infraccin del ordinal 3¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil alegada por la formalizante. As se establece.
VI
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 del mismo Cdigo, por Ôestar inficionada la sentencia impugnada de inmotivacin bajo la modalidad del vicio de motivacin acogida, toda vez, que dicho jurisdicente, trat de sustentar o fundamentar su decisin, en la que declar parcialmente con lugar la demanda, mediante el uso del mismo anlisis que vertiera en su momento el Tribunal a-quo, reproduciendo y citando idnticamente la redaccin de ste, sin realizar su propia labor interpretativa e intelectiva, faltando de esa manera a su deber legal de expresar en su fallo, todas y cada una de las razones fcticas y jurdicas, que lo condujeron a emitir su dispositivo...Õ.
En este sentido, alega la formalizante que la sentencia recurrida est:
ÔÉinficionada del vicio de motivacin acogida, lo que acarrea indefectiblemente su manifiesta inmotivacin; toda vez, que el sentenciador de la recurrida, no agot tarea que propendiere a denotar y expresar sus motivaciones propias, respecto del acto decisorio que produjo, si no que, por el contrario, slo acogi la misma argumentacin hecha por el juzgado a-quo, en lo concerniente a la pretensin incoada y los alegatos con los que se trab el contradictorio, vinculados con la inadmisibilidad de sta, su prescripcin y el desconocimiento, que en la materia atinente a la acreditacin y pruebas de las apcrifas facturas, hiciera mi poderdante.
Denotndose de la mencionada sentencia, el notorio incumplimiento de un requisito intrnseco y fundamental para la legalidad y validez de sta, que tiene que ver, con la necesaria expresin de los motivos de hecho y de derecho, en los que apoy el dispositivo resolutorio de la litis; sin dar cumplimiento a esta obligacin indispensable, como lo hizo, mediante la ilegal y exclusiva transcripcin de las razones vertidas por la primera instancia, como ocurri en este caso. Debido, a que es, precisamente ese tribunal de la recurrida, el nico llamado por ley y a travs del conocimiento de apelacin, el que tena el deber de expresar su motivacin original y propia de lo debatido, con el anlisis del derecho deducido, de la contestacin sobre el mrito y de los hechos establecidos, junto con la resolucin expresa, positiva y precisa que en justicia, dirima la contencin, determinando a quien de los contendientes le asiste la razn y declarando como consecuencia de ello, la voluntad concreta ex lege en el pleito sometido a su consideracinÉÕ.
Arguye la formalizante que el juez superior incurri en el vicio de inmotivacin del fallo, al tratar de fundamentar su decisin, en la que declar parcialmente con lugar la demanda, mediante el uso del mismo anlisis que vertiera en su momento el tribunal a quo, citando la redaccin de ste, sin realizar su propia labor interpretativa e intelectiva, faltando de esa manera a su deber legal de expresar en su fallo, todas y cada una de las razones fcticas y jurdicas, que lo condujeron a emitir su dispositivo.
La Sala, para decidir observa:
Este Alto Tribunal ha expresado que Ô...el vicio de inmotivacin en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exigos con lo cual no debe confundirse. Tambin ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningn razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relacin alguna con la accin o la excepcin y deben tenerse por inexistentes jurdicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...Õ. (Vid. Sentencias del 12 de abril de 2004, Caso: Elsy Raquel Monasterio Rivas contra Edgar Rafael Castillo çlvarez, 2 de mayo de 2005, Caso: Eulalio Narvez Cassis contra Mapfre La Seguridad C.A. de Seguros y del 30 de enero de 2008, Caso: Antonio Jess Landaeta Hernndez contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.).
Consta que la alegada inmotivacin segn el formalizante, no est dirigida sobre un hecho concreto, sino al uso, por parte de la recurrida, Ôdel mismo anlisis que vertiera en su momento el tribunal a-quo, citando la redaccin de ste, sin realizar su propia labor interpretativa e intelectiva, faltando de esa manera a su deber legal de expresar en su fallo, todas y cada una de las razones fcticas y jurdicas, que lo condujeron a emitir su dispositivoÉÕ.
Sobre el delatado vicio, en el caso concreto, el juzgador superior expres, en la sentencia recurrida, lo que a continuacin se transcribe:
ÔÉnicamente apel, como fue apuntado, la parte actora; y a pesar de que en las diligencias de apelacin, sta fue formulada de forma genrica, se observa que, en los informes presentados ante esta Alzada, la recurrente circunscribi su apelacin a su disconformidad con dos aspectos concretos de la recurrida, a saber: a) A la tasa de cambio aplicada por el Juzgado de la causa; y b) A la declaratoria de parcialmente con lugar la demanda, como consecuencia de la improcedencia de la indexacin pedida; y la no condenatoria en costas por tal motivo.
A tales efectos, textualmente, indic lo siguiente:
ÔÉEn tiempo oportuno ejercimos recurso de apelacin contra la sentencia, bsicamente por disentir del argumento utilizado en la sentencia de ordenar el pago de la deuda contrada en moneda extranjera, especficamente dlar norteamericano, a un cambio en bolvares a la tasa oficial Cadivi de 6,30 Bs., siendo que en criterio de quien aqu acude, y que ms adelante se desarrollar este punto, la demandada no tiene acceso a CADIVI, y dicha tasa qued establecida para una serie de rubros dentro de de (sic) los cuales no se encuentra la deuda que tiene el demandado, por lo cual al no calificar para ser beneficiaria de ese dlar preferencial de Bs. 6,30, mal puede ser condenada a que el pago se haga con una conversin a dicha tasa oficial; y luego por el hecho de no haber condenado en costas a la parte demandada, al haber declarado que la indexacin no era procedente, toda vez, que tal como lo expondremos ms adelante, dicho ajuste en la prdida del valor de la moneda no forma parte de la pretensin, sino es materia netamente civil-mercantil que lo que busca es evitar que el acreedor resulte esquilmado luego de esperar el largo trayecto que duran los juicios para ser sentenciados y resueltos definitivamente, y que para el caso que proceda su pretensin, como efectivamente procedi en el presente caso, el dinero a cobrar se convierta en nada por el ndice inflacionario y la prdida del valor econmico de la monedaÉÕ
Como fue indicado, conoce este Tribunal de este asunto en segunda instancia, en virtud de la apelacin interpuesta, por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la decisin definitiva dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, el da diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), que declar PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que da inicio a estas actuaciones; y, conden a la demandada a pagar las cantidades ya referidas.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha trece (13) de marzo de dos mil tres (2003), con ponencia del Magistrado ANTONIO GARCêA GARCêA, en lo que se refiere al doble grado de jurisdiccin, estableci lo siguiente:
ÔÉla prohibicin de reforma en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurdica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelacin, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometera en la alzada, sera que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningn perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia. El demandante ganancioso o apelado, ve garantizada la igualdad procesal gracias al instituto de la adhesin a la apelacinÉ.sin embargo, acota el autor (Luis Loreto), que cuando se trata de normas de orden pblico, la conducta de los litigantes no vincula al juez, en consecuencia, el principio no ser de aplicacin absolutaÉÕ.
Igualmente la Sala de Casacin Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 143 del quince (15) de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1.989), con ponencia del Magistrado Dr. Anbal Rueda; estableci lo siguiente:
ÔÉLa doctrina y jurisprudencia nos ensean que, el sistema del doble grado de jurisdiccin est regido por el principio dispositivo que domina en nuestro proceso civil y por el principio de la personalidad del recurso de apelacin, segn los cuales el Juez Superior slo puede conocer de las cuestiones sometidas por las partes mediante apelacin (Nemo iudex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (tantum devollutum, quantum apellatum). De suerte que, los efectos de la apelacin interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasado en autoridad de cosa juzgadaÉÕ (Resaltados de esta alzada).
El anterior criterio, fue ratificado, en sentencia de la misma Sala, del diecisis (16) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla (Exp. 92-0799), en la cual se dispuso:
ÔÉEn sentencia del 18/12-1986, esta Sala al pronunciarse sobre el lmite de la apelacin, sent la siguiente doctrina que una vez ms se reitera:
Ôla apelacin no tiene otro objeto que reformar o revocar por el superior de las decisiones que el apelante juzgue perjudiciales a sus intereses o aspiraciones que hayan sostenido en el juicio y cuyo reconocimiento solicit al Tribunal. La parte apelada del fallo ser la nica que pase a conocimiento del Tribunal ad-quem, y el resultado de esa apelacin no afectar naturalmente sino a los litigantes que hayan intervenido en el punto o proceso accionado, pues los aspectos o negocios no apelados habrn causado ejecutoria y el superior no tendr sobre ellos jurisdiccin alguna: son cosa juzgada. Consecuencia de estos principios generales en que el Juez Superior le est prohibido emitir una decisin ms favorable al apelado y ms desfavorable al apelante, es decir, le est prohibido la ÔReformatio in PeiusÕÉÕ
En ese mismo sentido, en sentencia del diecisiete (17) de febrero de dos mil seis (2006), con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMêREZ JIMENEZ, criterio reiterado por la misma Sala, en decisiones de fechas diez (10) de agosto de dos mil siete (2007) y veintitrs (23) de enero de dos mil nueve (2009), respectivamente, se dispuso lo siguiente:
ÔÉcabe sealar que la denuncia en casacin del vicio de reformatio in peius, ha sido considerado como una infraccin de forma, por incongruencia positiva, por no atenerse el sentenciador a la peticin de reexamen de la decisin de primera instancia, en todo aquello que le resulta desfavorable a la parte que la impugna, que en modo alguno lo faculta para conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, y que por tanto, no le permite perjudicar a los recurrentes sin haber mediado excitacin (principio de rogacin) de la contraria. Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelacin no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sera incongruente, por no ajustarse a la pretensin de la parte, agravando la posicin del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los lmites de lo sometido a su consideracin a travs del recurso ordinario de apelacinÉ.Õ.
De las sentencias antes transcritas, se desprende que el Juez de alzada, tendr nicamente el conocimiento de los puntos de la sentencia dictada por el a-quo, en lo que le es desfavorable al apelante. En otras palabras, si nicamente apela una de las partes, y la decisin resolvi distintos aspectos, no puede el Juzgado de segundo grado de conocimiento, conocer los extremos del pleito consentidos por la parte que no impugn el fallo.
En virtud del principio procesal de la Reforma en Perjuicio, de acuerdo con el criterio de nuestro Mximo Tribunal, lo peor que podra pasarle al apelante es que la sentencia recurrida, le fuere confirmada en todas sus partes y se le condene por las costas del recurso, si no media apelacin o adhesin a la apelacin de parte de los otros sujetos intervinientes en el proceso.
De modo pues, que esta alzada, nicamente puede entrar a conocer los aspectos de la recurrida que desfavorecen al apelante, ya que, como se dijo, el demandado no apel de la sentencia de primera instancia y tampoco se adhiri a la apelacin de su contra parte.
En ese sentido, revisada la decisin recurrida, se observa que los aspectos sometidos al conocimiento de este Tribunal, se circunscriben a el reexamen de la no condenatoria en costas, como consecuencia de la declaratoria PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLES ALK INTERNATIONAL S.A, en virtud de no haber acordado la indexacin solicitada por la parte demandada; y, a la tasa de cambio oficial aplicada por el a-quo, para el pago de la obligacin en moneda extranjera, que son los puntos adversos a la parte impugnante en apelacin; y contra los cuales ha recurrido.
Es por ello que, no puede este sentenciador pronunciarse sobre la improcedencia de la inadmisiblidad de la demanda, de la prescripcin de la accin; y, del desconocimiento de los documentos, alegados por el demandado en la contestacin de la demanda, ni sobre las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Amrica condenadas a pagar en los particulares segundo, tercero y cuarto del dispositivo del fallo recurrido; ya que, como ha quedado establecido, la parte demandada se conform con lo resuelto por el Juzgado de primera instancia en ese sentido, ya que, no ejerci la correspondiente apelacin, ni se adhiri a la de su contrincante. As se establece.
Determinado lo anterior, pasa entonces este Juzgado Superior, a pronunciarse sobre los puntos, sometidos a su conocimiento; y, a tal efecto observa:
DE LA CONDENA AL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN DîLARES Y DE LA TASA APLICABLE
En los informes presentados ante esta Alzada, en lo que se refiere a la tasa de cambio aplicada por el Tribunal de primer grado de conocimiento, la parte actora, fundament su apelacin en lo siguiente:
Que de las rdenes de compra y de las facturas emitidas, se poda observar que la deuda existente era en dlares norteamericanos, razn por la cual, el pago condenado a la parte demandada deba ser cancelado en moneda local, pero haciendo la conversin al cambio oficial; que de ah, fue donde haba surgido el error del Tribunal en la interpretacin de la normativa cambiaria, al establecer que la tasa de cambio oficial a tomar en cuenta, sera la de CADIVI; y no la del SICAD II, que en su criterio, debi ser la tasa aplicable.
Que en la Gaceta N¼ 6.122 extraordinaria de fecha veintitrs (23) de enero de dos mil catorce (2014), el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, instruy a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), para reformar las Providencias Administrativas, y a tal efecto, la providencia No. 01-2014, estableci el tipo de cambio SICAD: a) Para efectivo con ocasin de viajes al exterior; b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero; c) Pago de operaciones propias de la Aeronutica Civil Nacional; d) Contratos de arrendamiento y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias; e) Servicio pblico de transporte areo internacional de pasajeros, carga y correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional; f) Inversiones Internacionales y los pagos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como de contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica; y, g) Operaciones propias de la actividad aseguradora.
Que si se trataba de encuadrar alguna de estas autorizaciones a la deuda sujeta a juicio, se encontraban con que SUPERCABLE, no era beneficiaria de ninguna de esas opciones, adicional al hecho que en el juicio no se demostr ser beneficiaria de alguna divisa preferencial o que hubiere registrado la deuda con su representada en CADIVI, y hubiese estado optando a una tasa preferencial de divisas.
Que al no estar la demandada dentro de las personas jurdicas que pueden acceder al tipo de cambio Cadivi o Sicad I, mal poda entonces condenrseles a que el pago de la deuda contrada en dlares debera efectuarse a dicha tasa oficial de Bs. 6,30, por cada dlar norteamericano.
Que al no gozar de ninguna preferencia, la nica que exista, no slo para la empresa demandada, sino para su representada AMT, era acudir a las subastas a travs de SICAD II, que fue el cambio que debi establecer la sentencia, a los fines de hacer ms justo el pago de la deuda que en dlares haba contrado el demandado a favor de su representado.
Que su mandante, tena una prdida producto de la venta en efectivo en dlares norteamericanos y que el comprador demandado se haba obligado a cancelar en esa moneda; ya que, al existir un control de cambio en el pas, el acceso a los dlares era restringido; y, si lo condenaban a pagar una deuda en moneda extranjera con una conversin al dlar CADIVI que era de Bs. 6,30 por cada bolvar, an mas perjuicio sufrira su representado.
Que al no tener acceso a dicho cambio preferencial, la sentencia recurrida lo obligaba a recibir el pago de la deuda a ese dlar preferencial, al cual nunca tendra acceso; que simplemente en lo que acudiera al mercado oficial de subasta a travs del SICAD II, el dinero adeudado se habra convertido en prdida por la errada interpretacin de las providencias; y al desconocer exactamente a cul de las bandas deba efectuarse el cambio con la tasa oficial para el caso de autos, que en su criterio, deba ser a la tasa del SICAD II.
Que de acuerdo al criterio establecido en sentencia de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014), dictada por la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y al ser la deuda contrada por la demandada, una deuda mercantil, y no ser la empresa ADVANCE MEDIA TECHNOLOGIES INC, beneficiaria de la tasa CADIVI ni SICAD I, debi el Juez de la causa, ordenar el pago de la deuda contrada en dlares norteamericanos a la tasa oficial establecida en el SICAD II, a travs del cual poda acceder a la compra de los dlares; y, de esa manera no perjudicarse ms an de lo que lo haba perjudicado el tiempo, la falta de pago oportuno; y el hecho de existir un control de cambio en el pas.
El Juzgado de la primera instancia en la recurrida, en lo que se refiere a este aspecto, decidi lo siguiente:
ÉOmissisÉ
Para decidir sobre este punto, el Tribunal observa:
Como ya se dijo, el Juez de la recurrida cuando conden a pagar las cantidades indicadas en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, referidos a dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, orden a la demandada a pagar a la parte actora, las cantidades de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US$ 116.988,16), y CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$ 104.493,31); y estableci como tasa vigente para hacer el clculo a SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), para ambas cantidades.
Ahora bien, de acuerdo con los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas diez (10) de marzo y cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), respectivamente, y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece que deber calcularse con base en el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, (SICAD II), es la que permite que las personas jurdicas de carcter privado, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales.
As lo ha establecido la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014), en la cual dispuso lo siguiente:
ÔÉ.2) La cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dlares americanos con setenta cntimos (US $ 160.638,70) por concepto de gastos generados con ocasin a la hospitalizacin del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, en ÒThe Cleveland Clinic FundationÕ, o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, respectivamente, convenios stos que autorizan que personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales; 3) Los intereses moratorios que se generen tomando como base la suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 24.904,30), calculados a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, -doce por ciento (12%) anual- segn lo dispuesto en el artculo 108 del Cdigo de Comercio, y sobre la base de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dlares americanos con setenta cntimos (US $ 160.638,70), en su equivalente en moneda nacional de conformidad con lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, intereses stos que debern calcularse mediante experticia complementaria realizada por expertos sealados o designados por el tribunal a quo, conforme a lo previsto en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil, quienes efectuarn dicho clculo tomando como base el referido ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, en el perodo comprendido desde el 2 de octubre de 2001, inclusive, hasta el da 26 de junio de 2002, fecha en la que se interpuso la demanda; 4) Se acuerda la indexacin de la cantidad de veinticuatro mil novecientos cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 24.904,30), de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil, contados a partir de la fecha 10 de julio de 2001 en la que se admiti la demanda, hasta la fecha en que el fallo quede definitivamente firmeÉÕ
A ello, debe aadrsele que no consta en autos, que la demandada, tenga acceso a la tasa preferencial de SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), por dlar.
De modo pues, que a criterio de quien aqu decide, y atencin a la doctrina de nuestro Mximo Tribunal, antes transcrita, los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo de la recurrida, deben hacerse al tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se establece.-
En vista de lo anterior, tal aspecto de la decisin de primera instancia debe modificarse. As se decide.-
DE LA INDEXACIîN
En lo que respecta a la declaratoria de parcialmente con lugar la demanda por la improcedencia de la indexacin; y a la consecuencial determinacin de que no haba lugar a las costas, por cuanto no hubo vencimiento total por el Tribunal de la causa, el recurrente, en los informes trados a este Juzgado Superior, seal lo siguiente:
Que al momento de demandar por cumplimiento de contrato y cobro de bolvares a la empresa SUPERCABLE, solicitaron se aplicara a dicha deuda la correccin monetaria por la prdida del valor de la moneda, pedimento este que fue rechazado por el Tribunal de la primera instancia, al considerar que no podan solicitarse dos tipos de resarcimiento sobre una misma deuda, como lo era el pago de los intereses y a su vez la indexacin.
Que a su entender, haca que la demanda fuera declarada parcialmente con lugar, a pesar de haber en su dispositivo condenado al pago total de la deuda contrada en virtud del cumplimiento al contrato mercantil suscrito entre las partes, ms los intereses de mora, y como consecuencia de ello, no hubo la condenatoria en costas.
Que si se analizaba la naturaleza de la indexacin judicial, esta no poda ser considerada como una verdadera pretensin de la demanda, ya que no era susceptible de ser demandada en forma autnoma, ni formaba parte de las obligaciones asumidas por el deudor, razn por la cual su procedencia slo era posible en el evento de una condena sobre intereses privados y disponibles.
Que en el caso de autos, no exista indexacin como pretensin autnoma o principal, dado que su naturaleza era siempre de carcter subsidiario, dependiente de la declaratoria o procedencia del cumplimiento de una obligacin dineraria que se reclamare, razn por la cual era imposible su pretensin en juicio autnomo, tal y como haba quedado establecido en sentencia N¼ RC.000415, de fecha 10 de agosto de 2010, de la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Que en cuanto a la finalidad de la indexacin judicial, era la de corregir monetariamente los efectos de la indemnizacin de los daos causados, resarciendo as de esa forma, la prdida del poder adquisitivo de la moneda por su envilecimiento como efecto de los fenmenos inflacionarios.
Que establecida as la naturaleza y finalidad de la indexacin, y al encontrar el Juez de la primera instancia que no era procedente un doble ajuste de la deuda, al haberse solicitado en el libelo de demanda el pago de los intereses de mora, tampoco era causal para declarar parcialmente la demanda, ya que la pretensin de cumplimiento del contrato y cobro de bolvares de lo adeudado por la parte demandada, haba sido concedida en su totalidad, tal y como haba sido demandado.
Que haban solicitado al Tribunal de la causa, que al no ser la solicitud de indexacin judicial una pretensin autnoma susceptible de ser demandada en forma principal, tampoco poda ser justificacin para declarar parcialmente con lugar la demanda, cuando la pretensin principal de cobro de la obligacin, ms los intereses moratorios haba sido concedida en su totalidad por el Tribunal, por lo que no debi determinar la declaratoria parcial y exonerar de esa forma al demandado condenado, al pago de las costas en el juicio.
Pidieron a este Juzgado Superior, rectificare el error de interpretacin en que haba incurrido el a-quo; y producto de la procedencia en su totalidad del petitorio de la demanda, que se tradujo en la condena al demandado obligndolo a cumplir con sus obligaciones asumidas y proceder al pago de lo adeudado conforme a lo demandado, deba condenrsele en costas.
Que en vista a esos dos argumentos expuestos, solicitaron a este Tribunal, declarara con lugar la apelacin interpuesta; y, en primer lugar se condenara al demandado al pago de lo adeudado en dlares norteamericanos, a la tasa de cambio oficial establecida para el SICAD II.
Que respecto a la improcedencia de la indexacin judicial, por haber sido condenado al pago de los intereses de mora, se estableciera que al no ser parte de la pretensin principal y gozar de autonoma, su no procedencia no impidi que la demanda fuera declarada con lugar, condenando al demandado al pago de la obligacin principal con sus intereses, razn por la cual debi ser condenado tambin en costas, ya que la pretensin principal fue concedida por el Juez, y as solicit fuera declarado.
Pidieron que el dispositivo de la sentencia fuera revocado parcialmente; y fuera establecida especficamente la tasa de cambio para la conversin de la moneda a la tasa oficial SICAD II, se declarara con lugar la demanda, y se condenara al pago de la obligacin principal con sus intereses, y se condenara en costas a la parte demandada.
En relacin a este punto, el Tribunal de la causa, decidi, lo siguiente
ÔÉDE LA INDEXACIîN
Solicit la representacin judicial de la parte actora en su libelo de demanda, el monto por concepto de indexacin, en razn de la inflacin monetaria al momento de la cancelacin total de la deuda y sus intereses, que establezca este Tribunal mediante experticia complementaria del fallo definitivos, por lo nuevamente conviene traer a colacin lo establecido en la Sentencia emanada de la Sala de Casacin Civil, con ponencia de la Magistrada Doctora Isbelia Prez Velsquez, de fecha 6 de agosto de 2012, en la cual se estableci lo siguiente:
ÉOmissisÉ
A este respecto, se observa:
De acuerdo con el Cdigo de Procedimiento Civil vigente, el sistema de condenatoria en costas es objetivo, lo que significa que, se imponen las costas del proceso a la parte totalmente vencida en ste.
En ese mismo orden de ideas, resulta totalmente vencido el actor cuya demanda es declarada sin lugar en todas sus partes, en tanto que el vencimiento total en el demandado, se presenta cuando la demanda es declarada con lugar en todos sus pedimentos.
En este caso concreto se observa, que en el petitorio de la demanda, en el particular quinto, la demandante, pretendi el pago de la indexacin, en razn de la inflacin monetaria al momento de la cancelacin total de la deuda y sus intereses. Asimismo se observa, como se ha dicho que en el particular quinto del dispositivo de la sentencia, se declar improcedente la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora.
De modo pues que, no se le concedi al demandante todo lo que pidi, en razn de lo cual, el demandado no result totalmente vencido. El slo hecho, de que la indexacin no pueda demandarse en forma autnoma, no significa que no se trate de una pretensin. En otras palabras, tan es una pretensin, que salvo las excepciones que ha establecido nuestro Mximo Tribunal, en casos de inters social, si la indexacin no se pide en el libelo de la demanda, no puede ser acordada.
En razn de lo anterior, a criterio de este Sentenciador, el Juez de la causa actu ajustado a derecho, al declarar parcialmente con lugar la demanda por la improcedencia de la indexacin, tambin declarada por l, en el particular quinto del dispositivo de la sentencia; y, por ende al no establecer condenatoria en costas.
Como consecuencia de lo aqu resuelto, tal aspecto de la recurrida, debe ser confirmado; y la apelacin interpuesta por la parte demandante, debe ser declarada parcialmente con lugar. As se declaraÉÕ.
Como se observa de la transcripcin de la recurrida, el juez motiv adecuadamente la decisin y dio sus razones acerca de los hechos sometidos a su consideracin; en efecto, la Sala ha constatado que los hechos y las pruebas fueron un apoyo a las argumentaciones en la motivacin realizada al dictar su decisin, por tanto, a juicio de esta Sala, ello evidencia el cumplimiento del requisito de la motivacin que debe cumplir todo fallo y, por va de consecuencia, hace improcedente la denuncia de infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil alegada por la formalizante. As se establece.
VII
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin del ordinal 5¡ de los artculos 243, 244 y 12 del mismo Cdigo, con base en que Òdicho sentenciador incurri en el vicio de incongruencia negativa, puesto que, no efectu pronunciamiento alguno en lo atinente, a la defensas de mrito, que adujera mi mandante en los informes, relacionados con la inadmisibilidad de la accin propuesta, su prescripcin y el desconocimiento de las sedicentes facturas, que se pretenden cobrar por la actora, y que por lo dems, son de trascendencia innegable para las resultas de la decisin sobre el mrito...Õ.
En este sentido, alega la formalizante adems que:
ÔÉel delatado vicio, sin lugar a equvocos y de forma indiscutible, ya que insisto, se abstuvo y no analiz, ni la procedencia de los argumentos en los informes, sobre inadmisibilidad de la accin se plantearon, como tampoco, sobre la prescripcin de sta, que se hizo valer, ni menos an, respecto del desconocimiento tempestivo, que de las sedicentes facturas, present mi mandante en ejercicio de su derecho a controlar los medios de instruccin o prueba intra procesoÉÕ.
Segn la formalizante, el juez superior incurri en incongruencia del fallo al dejar de analizar la procedencia de los argumentos en los informes que sobre la inadmisibilidad de la accin se plantearon, como tampoco, sobre la prescripcin de sta, que se hizo valer, ni menos an, respecto del desconocimiento tempestivo, de las sedicentes facturas.
La Sala, para decidir observa:
La Sala ha establecido en innumerables fallos que el artculo 243 ordinal 5¼ del Cdigo de Procedimiento Civil, est referido al requisito de congruencia que impone al juez el deber de dictar decisin expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensin deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
Efectivamente, la disposicin antes citada, sujeta el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, en principio, en el libelo y en la contestacin, y posteriormente, extendi este criterio a los argumentos expuestos en el escrito de informes, siempre que hubiesen sido de imposible presentacin en el libelo y contestacin, y resulten determinantes en la suerte de la controversia. (Vid. sentencia N¼ 409, de fecha 8 de junio de 2012, caso: Luis Bracho Valbuena contra Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela) S.A. y N¡ 483 de fecha 2 de julio de 2007, caso: Homero Edmundo Andrade Briceo contra Pablo Antonio Carrillo Caldern).
La formalizante alega en esta oportunidad que el juez superior incurri en incongruencia del fallo al no pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en los informes sobre la inadmisibilidad de la accin, la prescripcin de sta y sobre el desconocimiento que realizaron de las facturas.
Observa la Sala que la formalizante no consign escrito de informes en la alzada sino que nicamente lo hizo en primera instancia, y que luego de realizar una Òrelacin de los hechosÓ desde el libelo hasta la contestacin, mencion que de conformidad con el artculo 444 del Cdigo de Procedimiento Civil, haba procedido a desconocer en su contenido y firma los instrumentos consignados junto con el libelo, refirindose a ello, e indicando finalmente que Òtodas estas pruebas lo que demuestran es que mi representada no adeudaba las sumas demandadas y que la actora se aventur a demandarÉÓ. De manera que al haber verificado la Sala que la formalizante no realiz alegato alguno relativo a la inadmisibilidad, prescripcin de la accin y desconocimiento de facturas, en el escrito de informes, tal cual lo indic, la denuncia en este sentido no puede prosperar.
Por consiguiente, esta Sala desestima la presente denuncia. As se establece.
VIII
De conformidad con el ordinal 1¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infraccin del ordinal 5¡ de los artculos 243, 244 y 12 del mismo Cdigo, con base en que Òla ilegal aclaratoria, que se dict de la sentencia impugnada, sin razn ni motivo suficiente para ello, desbord la naturaleza de dicho medio correctivo de errores materiales, cuando vari; y expresamente modific lo decidido, respecto de la tasa aplicable en la Repblica Bolivariana de Venezuela, al pretender convertir a bolvares, la suma o cantidad en dlares americanos, que fue objeto de condena a travs de la injusta decisin impugnada, dado que, por va de consecuencia y ante la crtica situacin de indefensin, ya denunciada con anterioridad, se confeccion un fallo de mrito, con la coexistencia de dispositivos sentenciales (sic) diferentes y contradictorios entre s...Õ.
Asimismo, alega la formalizante que la recurrida:
ÔÉpor efecto de la aclaratoria, ...modific lo decidido sin base legal que lo permitiese, en lo concerniente, a que la deuda en dlares americanos condenada, deba cancelarse al tipo de cambio promedio ponderado previsto en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros: 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril del ao 2014, cambindose a otra tasa de cambio, segn el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiario nmero: 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero: 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, coexistiendo de esa manera un dispositivo contradictorio, en dicho puntoÉÕ.
Alega la formalizante que el juez superior con su aclaratoria modific lo decidido, sin base legal que lo permitiese, en cuanto a que la deuda en dlares americanos condenada deba ser cancelada al tipo de cambio promedio ponderado previsto en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II).
La Sala, para decidir observa:
Se reitera lo establecido en el captulo anterior en el que se estableci que el artculo 243 ordinal 5¼ del Cdigo de Procedimiento Civil, est referido al requisito de congruencia que impone al juez el deber de dictar decisin expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensin deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
Como se evidencia la denuncia est dirigida a cuestionar la ÔaclaratoriaÕ de la sentencia que realiz el juez superior el da 23 de marzo de 2015 de la sentencia definitiva dictada el 6 de marzo del mismo ao, por ende, al no ser de los hechos alegados en el libelo ni en la contestacin, la Sala debe desestimar la denuncia, por cuanto en todo caso lo denunciado guarda relacin con la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, la cual constata la Sala fue realizada por la formalizante en el captulo atinente a las denuncias por infraccin de ley, denuncia sta que se examinar seguidamente.
Por esta razn, la Sala con base en lo expresado, desestima la presente denuncia. As se establece.
RECURSO POR INFRACCIîN DE LEY
ò N I C A
De conformidad con el ordinal 2¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, la recurrente delata la infraccin de Ôlos Convenios Cambiarios vigentes en nuestra Repblica Bolivariana de Venezuela, atinentes al Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril del ao 2014 y al Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiario nmero 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, ambos por falsa aplicacinÕ.
En este sentido, seala la formalizante que:
Ô...en la inmotivada sentencia recurrida y en su ilegal e intempestiva aclaratoria, sin razonamiento de ninguna entidad, aplic al caso de autos, dichas tasas de cambio en forma notoriamente contradictoria, segn lo delat ex ante (sic) y por va de peticin de principio, como consta en las delaciones, que por defecto de actividad previas, se hicieran valer, sin estar sentado o establecido hecho alguno, respecto de la necesidad de su aplicacin al caso in comento. Imponindose dicho rgimen de control cambiario sin asidero alguno, insisto, puesto que debi mantenerse la tasa preferencial, a que se refera la ilegal condena emitida por la primera instancia de seis punto treinta (6,30) bolvares por dlar americano, dado, que no se present contienda de ninguna especie a dichos propsitos, mantenindose inclume dicha forma de conversin.
Ése evidencia que la recurrida, aplic falsa y contradictoriamente, dos tipos de Sistemas Cambiarios, uno, el alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril del ao 2014; y otro, el Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiario nmero 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, a unos mismos hechos, aparte en franco desconocimiento de la situacin de hecho existente para el momento de la presentacin de la demanda, al aplicar normas de derecho sustantivo novedosas, no procedimentales, en evidente perjuicio del no apelante, mi representadaÕ.
Como se evidencia, la formalizante acusa, por un lado, la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, al indicar que el juez realiz una aclaratoria ilegal e intempestiva, y por el otro, aplic falsa y contradictoriamente, dos tipos de Sistemas Cambiarios, uno, el Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28 publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014; y otro, el Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiario nmero 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, a unos mismos hechos, en perjuicio del no impugnante.
La Sala, para decidir observa:
En reiteradas decisiones, la Sala ha dejado sentado que el vicio de falsa aplicacin consiste en el error que comete el sentenciador cuando establece una falsa relacin de los hechos, en principio correctamente establecidos por el Juzgador, y el supuesto de hecho de la norma, tambin correctamente aplicada, que conduce a que se utilice una norma jurdica no destinada a regir el hecho concreto. (Ver, entre otras, sentencia del 30 de noviembre de 2007, Caso: Central Azucarero del Tchira (CAZTA) C.A. contra Corporacin Afianzadora de Venezuela C.A.).
De las actas del expediente se evidencia que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, en fecha 6 de marzo de 2015, dict sentencia definitiva declarando parcialmente con lugar la apelacin interpuesta por la actora y parcialmente con lugar la demanda, y su parte dispositiva fue redactada en los siguientes trminos:
ÔÉDISPOSITIVO
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das dieciocho (18) de julio y doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 3 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente fallo.
SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Djese copia certificada de la presente decisin, en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Remtase el presente expediente en su oportunidad legal, al Tribunal de origen.
PUBLêQUESE Y REGêSTRESEÉÕ. (Negrillas de la Sala).
Como se evidencia del anlisis de la recurrida, el juzgador declar parcialmente con lugar el recurso de apelacin interpuesto por la demandante, y en consecuencia, conden a la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429, que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. Asimismo, a pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. (Negrillas de la Sala).
Seguidamente, el 17 de marzo de 2015, ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), consign diligencia solicitando la aclaratoria de la sentencia en los siguientes trminos:
ÔEl dispositivo de la sentencia orden efectuar el clculo para el pago de la deuda asumida por el demandado en dlares estadounidense, a la tasa de cambio establecida para SICAD II, instrumento este vigente para el momento de efectuada la apelacin de la sentencia; ahora bien, como es sabido la reforma que hubo en materia econmica en el mes de febrero de 2015 donde se establecieron tres (3) tipos de cambio o escalas, una (1) a 6,30 para las necesidades inmediatas, medicamentos, alimentos fundamentales, la segunda (2) para las mercancas que importan, bajo la denominacin SICAD, y la tercera (3) para las personas jurdicas o particulares que quieran adquirir divisas, no comprendidas dentro de 3 rubros anteriores, quedando eliminado el SICAD II, pasando a regir en su efecto el tercer mercado de operaciones de bolsas, denominado SIMADI y a tal efecto se public el Convenio Cambiario No. 33 publicado en la Gaceta extraordinaria 6.171 del 10-2-15 que Dicta las Normas que regirn las operaciones en divisas en el sistema financiero nacional, en cuyo artculo 35 se derogan los artculos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 del Convenio Cambiario No. 28 del 3-4-14 publicado en la Gaceta No. 40.387 del 4-4-14; el encabezamiento del artculo 1 y artculo 3 y 4 del Convenio Cambiario No. 23 del 24-10-13 publicado en la Gaceta o. 40.283 del 30-10-13. Estas derogatorias entre otras, menciona, valga la redundancia, la derogatoria del instrumento SICAD II, razn por la cual no puede fijarse a la interpretacin del experto quien deber a travs de experticia complementaria aplicar la tasa de cambio vigente y convertir el monto adeudado y condenado en bolvares, ya que su funcin en acatamiento al fallo es aplicar la norma legal que exista, y en el presente caso, se estableci en la sentencia, de acuerdo a decisin dictada por la Sala de casacin Civil, que este tipo de deudas se convertira a bolvares de acuerdo a la tasa SICAD II, que hoy est derogada, razn por la cual solicito que se aclare en el dispositivo de la sentencia, que la tasa aplicable a los fines de hacer la conversin de SICAD II debe ser de acuerdo al instrumento financiero nacional que lo sustituya y est vigente, para el momento de efectuar el clculo en cuestinÉÕ.
El juez superior en su decisin de fecha 23 de marzo de 2015 neg la aclaratoria solicitada tomando en consideracin que la misma no haba sido solicitada dentro del trmino establecido en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, sin embargo, en esa misma actuacin dicho juzgado de alzada, consider que Òno obstante lo anterior, es de destacar que, le est permitido al juez revocar su propia sentencia, si se percata de un error que pueda lesionar algn derecho constitucional de alguno de los justiciablesÓ, y en este sentido, de oficio, modific y revoc el fallo en los siguientes trminos:
ÔÉEn este caso concreto, se observa que, revisado el fallo dictado por este Juzgado Superior, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), se aprecia que, este Tribunal utiliz para efectuar los clculos de las cantidades a pagar en moneda extranjera, el tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), ya que, era el que le permita a las personas jurdicas de carcter privado realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera.
Ahora bien, efectivamente, como lo seala la demandante, el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), apareci publicado en Gaceta Oficial el Convenio Cambiario N¼ 33, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II.
De modo pues que, el error cometido por este Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la Tutela Jurdica Efectiva del justiciable, prevista en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, ya que, los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en este proceso, toda vez que, la tasa de cambio que aplic el Tribunal, fue derogada, tal como ya se dijo.
En vista de lo anterior, de oficio, en atencin al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y, en aras de garantizarle una Tutela Jurdica Efectiva a la parte demandante, este Juzgado Superior, considera procedente en este caso, revocar parcialmente la sentencia dictada por este Tribunal, nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, era el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014.
En ese sentido, se determina que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares estadounidenses, ser aquella establecida en el instrumento Financiero Nacional que sustituy al SICAD II, actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera.
En consecuencia, el dispositivo de la decisin dictada en este proceso, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), quedar redactado as:
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara:
ÉOmissisÉ
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¼ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¼ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¼ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¼ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
ÉOmissisÉ
Djese copia certificada de la presente decisin, en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Remtase el presente expediente en su oportunidad legal, al Tribunal de origen.
La presente decisin, forma parte integrante de dicho fallo. As se decideÉÕ.
Como se evidencia de la anterior transcripcin, el Juzgado de alzada, al momento de decidir la aclaratoria, revoc de oficio la tasa de cambio aplicable al caso de autos, y en este sentido, dej asentado que el tipo de cambio promedio ponderado aplicable al caso es el Convenio Cambiario N¼ 33, vigente a partir del 10 de febrero de 2015, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II. De modo pues, consider que el error cometido por el Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la tutela jurdica efectiva del justiciable, previsto en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, porque los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en este proceso, revoc parcialmente la sentencia dictada nicamente en lo que se refiere a la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, y conden a la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago de la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) y de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn Convenio Cambiario N¼ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¼ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, ordenando realizar la experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil con la tasa indicada.
Es evidente que con dicha decisin el juez superior reform y modific su propia sentencia, lo cual a la luz del contenido del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, no le est permitido hacer, y ms an cuando de las actas procesales y del pronunciamiento del propio juez la solicitud de aclaratoria fue realizada en forma extempornea.
Asimismo, la Sala observa que la facultad de solicitar aclaratorias del fallo de conformidad con el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, est circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, algn concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, o cuando no est claro el alcance del fallo en determinado punto, o se haya dejado de resolver algn pedimento, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que despus de dictada una sentencia, no podr revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya dictado. (Subrayado de la Sala).
Sobre el particular, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N¡ 4.608 del 13 de diciembre de 2005, caso Maritza Beatriz Escalona Prez, dej asentado:
ÔÉla Sala estima oportuno atender a lo establecido en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, el cual seala lo siguiente:
ÉOmissisÉ
De la norma procesal antes transcrita se extrae, la imposibilidad de que un tribunal revoque o reforme su propia decisin, sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelacin, lo cual responde a los principios de seguridad jurdica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. (Vid. Sentencia 2035/2001 caso: Henders Socorro).
Sin embargo, valor el Legislador que ciertas correcciones, en relacin con el fallo que haya sido dictado, s le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una eficaz ejecucin de lo que decidi. Estas correcciones al fallo, conforme al nico aparte del citado artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de clculos numricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones, lo cual debe hacerse dentro del plazo legal y a solicitud de parte. (Vid. Sentencia 2114/2003 caso: Germn Castillo Sauce y Marisela Daz de Castillo)ÉÓ. (Negrillas de la Sala).
Asimismo, la Sala Constitucional, en sentencia N¡ 49 del 19 de enero de 2007 caso: Pedro Samuel Glucksmann, ha indicado que Òla figura de la aclaratoria se encuentra dirigida, a precisar algn aspecto del fallo que hubiere quedado ambiguo u oscuro, o simplemente que no haya quedado claro su alcance en el texto de la sentencia; asimismo, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia, siendo imposible su revocatoria o reformaÉÓ. (Subrayado de la Sala).
Por su parte, esta Sala de Casacin Civil en sentencia N¡ 375, de fecha 18 de noviembre de 2009, caso: Omar Jos Gavides Torres y Otra contra Banco del Orinoco N.V., seal sobre la aclaratoria de las sentencias, lo siguiente: ÒLa figura jurdica legal de la aclaratoria, prevista en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, es un mecanismo procesal a travs del cual, el jurisdicente, por impulso de las partes, podr aclarar, salvar, rectificar o ampliar su propia decisin. Tal actuacin persigue que en definitiva queden determinados los puntos del dispositivo, como esencia del efecto inmediato.Ó. (Negrillas de la Sala).
Conforme a las doctrinas de este Supremo Tribunal, transcritas precedentemente, la potestad otorgada a los sentenciadores para aclarar o ampliar un fallo debe circunscribirse nicamente a que se determine con claridad los puntos dudosos, se rectifiquen errores de copia, de referencias o de clculos numricos o se salven omisiones; lo que es lo mismo, a precisar algn aspecto del fallo que hubiere quedado ambiguo u oscuro, o simplemente que no haya quedado claro su alcance en el texto de la sentencia.
En tal sentido, observa la Sala, que en la aclaratoria, la parte solicit al juzgador de alzada que modificara Òen el dispositivo de la sentencia, que la tasa aplicable a los fines de hacer la conversin de SICAD II debe ser de acuerdo al instrumento financiero nacional que lo sustituya y est vigente, para el momento de efectuar el clculo en cuestinÓ, lo cual no era posible hacer mediante el mecanismo de aclaratoria solicitada, por cuanto la norma procesal antes transcrita impide que un tribunal revoque o reforme su propia decisin, lo cual responde a los principios de seguridad jurdica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. Al hacerlo, el juzgador err en la interpretacin de la mencionada norma.
Con base en los motivos expresados, la Sala declara procedente la infraccin, por errnea interpretacin, del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, con soporte en que desde el punto de vista formal el juez no puede volver a decidir sobre lo ya decidido ni modificar su propio fallo, por consiguiente, lo realizado por el juzgador de alzada al revocar y modificar el dispositivo del fallo en el presente caso, est fuera de los lmites permitidos por el legislador y la doctrina de este Alto Tribunal, en consecuencia, es nulo y queda sin efecto jurdico alguno. As se establece.
Ahora bien, la formalizante paralelo a esto denunci la falsa aplicacin de los Convenios Cambiarios vigentes en nuestra Repblica Bolivariana de Venezuela, atinentes al Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014 y al Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiario nmero 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, ambos por falsa aplicacin, con soporte en el Òdesconocimiento de la situacin de hecho existente para el momento de la presentacin de la demanda, al aplicar normas de derecho sustantivo novedosas, no procedimentales, en evidente perjuicio del no apelanteÓ.
Al respecto de los Convenios Cambiarios denunciados y, tomando en cuenta que la formalizante alega que la tasa aplicable era la vigente para el momento de presentacin de la demanda, se estima importante traer a colacin sentencia reciente de esta misma Sala N¡ 547 de fecha 6 de agosto de 2012, caso: Smith Internacional de Venezuela C.A. contra Empresa Pesca Barinas C.A., en la cual se analiz y resolvi lo relativo a las reglas particulares dispuestas para las obligaciones denominadas o pactadas en moneda extranjera. La misma es del siguiente tenor:
ÔÉen esta oportunidad, resulta fundamental referirse a las reglas particulares dispuestas para las obligaciones denominadas o pactadas en moneda extranjera, tratadas en la Ley del Banco Central de Venezuela. As, en el captulo III titulado ÔDe las obligaciones, cuentas y documentos en moneda extranjeraÕ, en su artculo 128 establece lo siguiente:
ÔArtculo 128. Los pagos estipulados en moneda extranjera, se cancelan salvo convencin especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pagoÕ.
De la norma supra transcrita, se evidencia que en caso de obligaciones pecuniarias estipuladas en moneda extranjera, en forma simple, es decir sin ninguna previsin especial que obligue a utilizar tal moneda como nico medio de pago, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo corriente en el lugar de la fecha de pago.
En cuanto a la moneda de curso legal, cabe aclarar que sta se refiere a aquella que en un determinado pas, al ser emitida por el rgano oficial, tiene en principio poder liberatorio de obligaciones vlidamente contradas, es decir, esa moneda dispuesta como de Ôcurso legalÕ tendra que ser aceptada por el acreedor de toda obligacin pecuniaria, pues precisamente una de sus funciones es poder liberar al deudor de sus obligaciones.
En este sentido, cabe destacar que el artculo 318 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela dispone que la unidad monetaria de la Repblica Bolivariana de Venezuela es el bolvar.
En este sentido, es preciso examinar los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones cifradas en moneda extranjera.
En efecto, debe distinguirse cuando la obligacin en divisa est expresada en moneda de cuenta (moneda alternativa) o como moneda de pago strictu sensu. En el primer caso, la moneda extranjera funciona como una moneda de cuenta, es decir, de modo referencial del valor de las obligaciones asumidas en un momento determinado, en el segundo caso, la moneda extranjera se fija como moneda efectiva y exclusiva de pago.
En este sentido, cuando la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, implica que las partes la emplean como una frmula de reajuste o estabilizacin de la obligacin pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor interno de la moneda decurso legal, que en nuestro caso es el bolvar. As, el deudor de una obligacin estipulada en moneda extranjera, en principio, se liberar entregando su equivalente en bolvares a la tasa corriente a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda de curso legal estn in obligationem, pero una sola de ellas est in solutionem, en consecuencia salvo que exista pacto especial o clusula de pago efectivo en moneda extranjera, conforme lo dispone el supra artculo 128 de la mencionada Ley del Banco Central, el deudor se liberar de la obligacin nominada en moneda extranjera mediante la entrega de su equivalente en bolvares a la tasa corriente en el lugar de la fecha de pago.
En todo caso, cabe agregar que en nuestro derecho interno existen algunas restricciones expresas de utilizar la moneda extranjera como moneda exclusiva de pago, como sucede con la Ley de Proteccin al Deudor Hipotecario, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, entre otras.
Ahora bien, es preciso sealar que en la actualidad se encuentra vigente en la Repblica un rgimen control de divisas, desde el 5 de febrero de 2003, mediante el cual el Banco Central de Venezuela centraliza la compra y venta de divisas, imponindose lmites a la libre convertibilidad de la moneda nacional y la moneda extranjera. En este sentido, el Ejecutivo Nacional, a travs del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas conjuntamente con las autoridades del Banco Central de Venezuela, mediante los Convenios Cambiarios particulares fijan las tasas de cambio oficial, aplicable para las operaciones de compra y venta de divisas, destinadas al pago de las deudas pblica y privada externa.
As, cabe mencionar que, mediante el convenio cambiario Nro. 14 del 30 de diciembre de 2010, se fij un tipo de cambio de cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs.4,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica, para el pago de la deuda pblica y privada externa (artculos 2¡ y 3¡eiusdem).
Por otra parte, cabe aadir que en fecha 14 de octubre de 2005, fue publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela Nro. 38.272, la Ley Contra Ilctos Cambiarios, en la cual se tipific como ilcito, entre otras conductas, la transferencia, enajenacin, oferta y recibo de monedas extranjeras por un monto superior a los diez mil dlares ($10.000), casos en los cuales podrn imponerse multas hasta por el doble de la operacin, y en los casos que se superen los veinte mil dlares ($20.000) la pena oscila entre dos y seis aos de prisin (artculo 14).
A propsito de la anterior normativa, cabe aclarar, que no deviene en ilegal un pacto estipulado en moneda extranjera, y menos cuando dicha moneda se ha estipulado como moneda de cuenta, lo importante es que tal convenio de las partes se adapte al vigente marco cambiario. Al respecto, cabe citar la sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A., en cuya oportunidad se dej asentado lo siguiente: ÔÉDe la redaccin del artculo 14 de la Ley contra Ilcitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N¡ 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibicin general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean contrarias a derecho, especficamente a los convenios suscritos por la Repblica, la normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que s viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberacin debe hacerse en Bolvares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebracin del contrato; puesto que toda divisa que ingrese fsicamente al territorio nacional deber ser vendida al Banco Central de VenezuelaÕ.
ÉOmissisÉ
Cabe aclarar que el reajuste del valor de la moneda al valor del dlar o la indexacin, segn corresponda son mecanismos de ajuste del valor de la obligacin para la oportunidad de pago, a diferencia de los intereses legales cuya naturaleza es resarcitoria, por lo que aqullos al tener la misma causa y fin, esto es: el ajuste de las cantidades reclamadas para el momento en que se dicta la sentencia y se condena al pago, uno por la variacin del dlar y el otro por el retardo procesal, la aplicacin de uno excluye al otro. Por tanto, si se ajusta la cantidad al nuevo valor del dlar para el momento de la condena de pago, se restablece el equilibrio econmico para esa oportunidad y, por ende, no podra proceder la indexacin.
En este sentido, advierte la Sala que el juez superior err al interpretar que la deuda de Ò(US$ 67.050,37)Ó se trataba de un cobro de bolvares ordinario y no una obligacin pecuniaria convenida en moneda extranjera. Efectivamente, como se expres inicialmente las facturas aceptadas no slo sirven para acreditar la existencia de un contrato u obligacin, sino tambin para evidenciar las condiciones, trminos y modalidades previstas para su cumplimiento, inclusive las clausulas de pago.
Efectivamente, la Sala pudo constar que el juez superior en su decisin relaciona las facturas aceptadas y consignadas por la actora como soporte de la pretensin de cobro de la ÔÉla cantidad de sesenta y siete mil cincuenta dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, con treinta y siete centavos de dlar (US$ 67.050,37)É. Cantidad esta que solicita sea pagada en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica o en Bolvares a la tasa de cambio para el momento de su pagoÉÕ, no obstante, en cuanto a la solicitud del ÒÉpago de las cantidades adeudadas a la tasa de cambio que se encuentre vigente para el momento de su pago, este Tribunal niega lo solicitado, en virtud de que a las cantidades adeudas se les aplic la tasa de cambio vigente a la fecha de la interposicin de la demanda ($ 1.275,75) (sic), haciendo en ese momento la conversin de dlares a bolvares que es la moneda de curso legal en este pasÉÕ.
Lo anterior pone de manifiesto, que el juez superior aun cuando se refiere a las facturas aceptadas y nominadas en dlares por la contraprestacin del servicio ÔÉde alquiler de herramientas y equipos diversos destinados a la actividad petroleraÉÕ, que constituye soporte esencial de la pretensin del demandante aplica a las cantidades demandadas en dlares, la tasa de cambio vigente para el momento de la interposicin de la demanda, y no la tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago, tal como lo dispone el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela; que en nuestro caso es de cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 4,30) tal como lo estipul el mencionado Convenio Cambiario Nro. 14.
Sobre el particular, cabe reiterar que en nuestro sistema las obligaciones expresadas en moneda extranjera y pagadera en el territorio de la Repblica, se presumen salvo convencin especial que acrediten vlidamente las partes, como obligaciones que utilizan la divisa como moneda de cuenta, es decir de referencia del valor sobre bienes y servicios en un momento determinado. As, siempre el deudor de obligaciones estipuladas en moneda extranjera se liberar entregando a su acreedor el equivalente en bolvares de la moneda extranjera aplicando la tasa del lugar a la fecha de pago.
Adems, cabe agregar que por aplicacin del principio contenido en el artculo 1.264 del Cdigo Civil segn el cual las obligaciones deben cumplirse tal como fueron contradas, y de entregar la cosa a la cual se ha obligado el deudor Ðartculo 1.265 eiusdem-, el acreedor tiene derecho a recibir el pago segn la modalidad aceptada por las partes, lo cual se traduce en este caso en el derecho que tiene el demandante a recibir el pago por la prestacin del servicio de alquiler de herramientas demandado, a la tasa de cambio de cambio oficial y vigente en el Convenio Cambiario Nro. 14.
En cuanto a la aplicacin del principio nominalista en el caso de obligaciones cifrada en moneda extranjera, cabe aclarar que el mismo debe ser descartado en este caso, toda vez ste supone que el deudor pague a su acreedor el quantun o la cantidad nominal literalmente expresada al momento de nacimiento de la obligacin, y como quiera que en nuestra sistema existen restricciones derivadas del control de cambio, as como las contenidas en Ley de Ilcitos Cambiarios, y como quiera que la monedea extranjera es ofrecida como una moneda de cuenta de carcter alternativo, el deudor podr liberarse pagando su equivalente en bolvares a la tasa de cambio vigente en lugar de pagoÕ.
La Sala reitera el criterio jurisprudencial anterior y deja asentado que las reglas particulares dispuestas para las obligaciones denominadas o pactadas en moneda extranjera, son las tratadas en la Ley del Banco Central de Venezuela. As, en el Captulo III titulado ÔDe las obligaciones, cuentas y documentos en moneda extranjeraÕ, en su artculo 128 que establece ÔLos pagos estipulados en moneda extranjera, se cancelan, salvo convencin especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pagoÕ.
De la norma supra transcrita, la Sala estableci que en caso de obligaciones pecuniarias pactadas en moneda extranjera, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago.
En cuanto a la moneda de curso legal, se estima oportuno reiterar lo establecido en el fallo antes sealado, que sta se refiere a aquella que en un determinado pas, al ser emitida por el rgano oficial, tiene en principio poder liberatorio de obligaciones vlidamente contradas, es decir, esa moneda dispuesta como de Ôcurso legalÕ tendra que ser aceptada por el acreedor de toda obligacin pecuniaria, pues precisamente una de sus funciones es poder liberar al deudor de sus obligaciones, y en este sentido, el artculo 318 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela dispone que la unidad monetaria de la Repblica Bolivariana de Venezuela es el Bolvar.
En cuanto a las obligaciones, la Sala ha establecido que debe distinguirse cuando la obligacin en divisas est expresada en moneda de cuenta (moneda alternativa) o como moneda de pago stricto sensu. En el primer caso, la Sala ha establecido que la moneda extranjera funciona como una moneda de cuenta, es decir, de modo referencial del valor de las obligaciones asumidas en un momento determinado, en el segundo caso, la moneda extranjera se fija como moneda efectiva y exclusiva de pago.
En este sentido, cuando la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, implica que las partes la emplean como una frmula de reajuste o estabilizacin de la obligacin pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor interno de la moneda de curso legal, que en nuestro caso es el Bolvar. As, el deudor de una obligacin estipulada en moneda extranjera, en principio, se liberar entregando su equivalente en bolvares a la tasa corriente a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda de curso legal estn in obligationem, pero una sola de ellas est in solutionem, en consecuencia salvo que exista pacto especial o clusula de pago efectivo en moneda extranjera, conforme lo dispone el supra artculo 128 de la mencionada Ley del Banco Central, el deudor se liberar de la obligacin nominada en moneda extranjera mediante la entrega de su equivalente en bolvares a la tasa de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago.
Sin embargo, en nuestro derecho interno existen algunas restricciones expresas de utilizar la moneda extranjera como moneda exclusiva de pago, como sucede con la Ley de Proteccin al Deudor Hipotecario, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, entre otras. Aunado a esto, en la actualidad se encuentra vigente en la Repblica un rgimen control de divisas, desde el 5 de febrero de 2003, mediante el cual el Banco Central de Venezuela centraliza la compra y venta de divisas, imponiendo lmites a la libre convertibilidad de la moneda nacional y la moneda extranjera.
En este sentido, el Ejecutivo Nacional, a travs del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas conjuntamente con las autoridades del Banco Central de Venezuela, mediante los Convenios Cambiarios particulares fijan las tasas de cambio oficial, aplicable para las operaciones de compra y venta de divisas, destinadas al pago de las deudas pblica y privada externa.
As, cabe reiterar que, mediante el Convenio Cambiario N¡ 14 del 30 de diciembre de 2010, se fij un tipo de cambio de cuatro bolvares con treinta cntimos (Bs. 4,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica, para el pago de la deuda pblica y privada externa (artculos 2¡ y 3¡ eiusdem).
Por otra parte, en fecha 14 de octubre de 2005, fue publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela Nro. 38.272, la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, en la cual se tipific como ilcito, entre otras conductas, la transferencia, enajenacin, oferta y recibo de monedas extranjeras por un monto superior a los diez mil dlares ($ 10.000), casos en los cuales podrn imponerse multas hasta por el doble de la operacin, y en los casos que se superen los veinte mil dlares ($ 20.000) la pena oscila entre dos y seis aos de prisin (artculo 14).
La Sala reitera, a propsito de la anterior normativa, que no deviene en ilegal un pacto estipulado en moneda extranjera, y menos cuando dicha moneda se ha estipulado como moneda de cuenta, lo importante es que tal convenio de las partes se adapte al vigente marco cambiario.
Sobre el particular, la Sala Constitucional de fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A., dej asentado lo siguiente:
ÔÉDe la redaccin del artculo 14 de la Ley contra Ilcitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N¡ 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibicin general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean contrarias a derecho, especficamente a los convenios suscritos por la Repblica, la normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que s viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberacin debe hacerse en Bolvares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebracin del contrato; puesto que toda divisa que ingrese fsicamente al territorio nacional deber ser vendida al Banco Central de VenezuelaÕ.
Precisado lo anterior, la Sala pasa a transcribir lo establecido en la sentencia recurrida a los fines de constatar si ha incurrido en el error de derecho por falsa aplicacin de los Convenio Cambiarios delatados:
ÔÉel juez de la recurrida cuando conden a pagar las cantidades indicadas en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, referidos a dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, orden a la demandada a pagar a la parte actora, las cantidades de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ CENTAVOS (US$ 116.988,16), y CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$ 104.493,31); y estableci como tasa vigente para hacer el clculo a SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), para ambas cantidades.
Ahora bien, de acuerdo con los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas diez (10) de marzo y cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), respectivamente, y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece que deber calcularse con base en el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, (SICAD II), es la que permite que las personas jurdicas de carcter privado, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales.
As lo ha establecido la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014), en la cual dispuso lo siguiente:
ÉOmissisÉ
A ello, debe aadrsele que no consta en autos, que la demandada, tenga acceso a la tasa preferencial de SEIS BOLêVARES CON TREINTA CNTIMOS (Bs. 6,30), por dlar.
De modo pues, que a criterio de quien aqu decide, y atencin a la doctrina de nuestro Mximo Tribunal, antes transcrita, los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo de la recurrida, deben hacerse al tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se establece.
En vista de lo anterior, tal aspecto de la decisin de primera instancia debe modificarse. As se decideÉÕ.
De la sentencia recurrida parcialmente transcrita, se evidencia que el juez superior en sus consideraciones para decidir estim que de acuerdo con los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, respectivamente, y el artculo 117 (sic) de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual establece que la tasa deber calcularse con base en el tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), pues es la que permite que las personas jurdicas de carcter privado realicen operaciones de compra y venta en moneda nacional.
Seala el ad quem adems que no consta en autos, que la demandada, tenga acceso a la tasa preferencial de seis bolvares con treinta cntimos (Bs. 6,30), por dlar. De modo pues, que consider que los clculos de las cantidades en dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, condenadas a pagar en los particulares segundo y tercero del dispositivo del fallo, deban convertirse al tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 (sic) de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual seal deba calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, antes descritos.
Asimismo, observa la Sala que el juez de la recurrida conden al pago de los intereses moratorios, y en este sentido, estableci en la dispositiva del fallo, lo siguiente:
ÔQUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 03 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento CivilÕ.
En este sentido, la Sala reitera lo establecido en la sentencia antes mencionada (N¡ 547 de fecha 6 de agosto de 2012, caso: Smith Internacional de Venezuela C.A. contra Empresa Pesca Barinas C.A.) respecto a los intereses moratorios, y deja asentado Ôel reajuste del valor de la moneda al valor del dlar debe considerarse para la oportunidad de pago, a diferencia de los intereses legales (sic) [indexacin] cuya naturaleza es resarcitoria, por lo que aqullos al tener la misma causa y fin, esto es, el ajuste de las cantidades reclamadas para el momento en que se dicta la sentencia y se condena al pago, uno por la variacin del dlar y el otro por el retardo procesal, la aplicacin de uno excluye al otro. Por tanto, si se ajusta la cantidad al nuevo valor del dlar para el momento de la condena de pago, se restablece el equilibrio econmico para esa oportunidad y, por ende, no podra proceder la indexacinÕ, como en efecto lo declar el juez superior que neg la indexacin solicitada, al declarar ÔIMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente falloÕ.
Sin embargo, en la dispositiva del fallo se evidencia que el juez estableci:
ÔÉSEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento CivilÕ. (Negrillas y subrayado de la Sala).
En este sentido, advierte la Sala que el juez superior aplic falsamente el contenido de los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, pues conden a la parte perdidosa al pago de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) y de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 (sic) de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÔTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Õ, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, sin advertir que conforme con el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, en caso de obligaciones pecuniarias estipuladas en moneda extranjera, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo corriente en el lugar de la fecha de pago. (Negrillas y subrayado de la Sala).
En el presente caso, la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, esto implica que las partes la emplean como una frmula de reajuste o estabilizacin de la obligacin pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor de la moneda de curso legal, que en nuestro caso es el Bolvar, por esta razn, conforme a lo establecido en el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela deba establecerse que el pago estipulado o convenido en moneda extranjera en el caso de autos deba ser cancelado con la entrega de lo equivalente en bolvares, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago, lo cual no fue previsto en la sentencia recurrida.
Lo anterior pone de manifiesto, que el juez superior aun cuando condena al pago a la demandada por las cantidades en dlares americanos, antes sealadas, aplica la tasa de cambio vigente para el momento que se dicta la sentencia, y no la tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago, tal como lo dispone el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Asimismo, observa la Sala que al ser las normas atinentes al rgimen cambiario, normas dinmicas de carcter administrativo, que pueden ser modificadas o sustituidas de acuerdo con las polticas econmicas del pas, resultaba de imposible indicacin sealar cul era la aplicable para el momento del pago, con lo cual tambin el juez superior err al sealar los Convenios Cambiarios que deban ser aplicados al caso concreto.
En virtud de todo lo anterior, la Sala declara procedente la denuncia de infraccin de los Convenios Cambiarlos nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014 y por falta de aplicacin del artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela. As se establece.
CASACIîN SIN REENVêO
De conformidad con lo previsto en el segundo prrafo del artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil, la Sala puede casar sin reenvo el fallo recurrido cuando su decisin sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al tribunal al cual corresponda la ejecucin.
En el caso concreto, la Sala declar procedente la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, al resolver la nica denuncia por infraccin de ley, y estimar improcedente la revocatoria y modificacin del fallo de oficio despus de dictado, al superar los lmites establecidos por la doctrina de este Alto Tribunal que ha sealado que la figura de la aclaratoria se encuentra dirigida, a precisar algn aspecto del fallo que hubiere quedado ambiguo u oscuro, o simplemente que no haya quedado claro su alcance en el texto de la sentencia, y no para corregir errores que modifican el fallo e influyen en su ejecucin,tomando en cuenta que adems, en el caso concreto, la solicitud de aclaratoria fue interpuesta extemporneamente. Asimismo, declar la infraccin de los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, y el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, con base en que el juez superior aun cuando condena al pago a la demandada por las cantidades en dlares americanos, antes sealadas, aplica la tasa de cambio vigente para el momento que se dicta la sentencia, y no la tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago.
No obstante dichos errores, la Sala evidencia que para la ejecucin del fallo se hace necesario observar lo siguiente:
En fecha 10 de febrero de 2015, entr en vigencia la Gaceta Oficial N¡ 6.171 contentiva del Convenio Cambiario N¡ 33, mediante el cual el Banco Central de Venezuela, dict las normas que regirn las Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional.
Entre dichas normas, estableci en el artculo 32 que Ôel Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional, por rgano del Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, podrn, de manera conjunta, desplegar todas las acciones que estimen pertinentes en los mercados de divisas, en aras de procurar el debido equilibrio del sistema cambiario que redunde en la estabilidad de los mercados cambiarios existentes, y generar las condiciones propicias para que el funcionamiento de los mismos responda a sanas prcticas favorables a la atencin ordenada de la demanda de moneda extranjera por todos los sectores, brindando transparencia en el proceso de formacin de precios y tipos de cambioÕ.
Asimismo, el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, establece lo siguiente:
ÔLos pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convencin especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pagoÕ.
Conforme a la norma transcrita, los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convencin especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago.
Ahora bien, en relacin con la interpretacin del artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N¡ 1.641, de fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.) estableci que:
ÔÉDe acuerdo con el artculo 116 de la Ley del BCV, la regla general es que en toda obligacin estipulada en moneda extranjera, sta ltima se ha de considerar como moneda de cuenta o de clculo, con lo que el deudor no queda atado a pagar nicamente con la moneda extranjera, sino que tiene tambin la posibilidad de hacerlo con el equivalente en bolvares (moneda de curso) del monto indicado en moneda extranjera, calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para el momento del pagoÉÕ.
Conforme al criterio de la Sala Constitucional, la regla general es que en toda obligacin estipulada en moneda extranjera ha de considerarse como moneda de cuenta o de clculo, por tanto, el deudor no est sujeto a pagar con la moneda extranjera, porque puede pagar con el equivalente en bolvares (moneda de curso legal) del monto indicado en dicha moneda, calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para el momento del pago.
Esta Sala de Casacin Civil en sentencia N¡ 106 del 10 de marzo de 2015, caso: Hospital Clnico de Mrida, S.R.L. contra Industrias Venezolanas Philips, S.A., estableci que Òla referida norma prev que la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal del monto indicado en moneda extranjera, debe ser al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago, es decir, que el clculo de dicho equivalente se debe hacer a la tasa de cambio existente para el momento del pago, pues, es factible que entre la fecha de publicacin del fallo y la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufra una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiario, por lo tanto, esa sera la tasa de cambio aplicable para efectuar el clculo de lo equivalente en moneda de curso legal del monto indicado en moneda extranjera y no el convenio cambiario que estaba vigente para el momento de la publicacin del fallo, pues la fecha del pago no coincide necesariamente con la fecha de publicacin de la sentencia, ya que se trata de dos momentos distintosÉÕ.
En el caso de autos, el ad quem declar en el dispositivo del fallo:
ÔÉSEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las Facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento CivilÕ. (Negrillas y subrayado de la Sala).
Al haber establecido el ad quem el equivalente en bolvares (de los US $ 116.988,16 y US $ 104.493,31 condenados a pagar), le dio cumplimiento a lo establecido en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, sin embargo, err al establecer que deba calcularse con base en el Òtipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, pues lo conducente era haber establecido que el clculo del equivalente se deba hacer a la tasa de cambio existente para el momento del pago, pues, como lo establece la sentencia de esta Sala invocada, era factible que entre la fecha de publicacin del fallo y la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufriera una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiario.
Por esta razn, la Sala en atencin a los criterios jurisprudenciales que en esta oportunidad se reiteran y la norma transcrita de la Ley del Banco Central de Venezuela, ordena la aplicacin al caso concreto del tipo de cambio corriente y vigente para el momento que los expertos tengan que realizar la experticia complementaria del fallo para la ejecucin del pago equivalente en moneda de curso legal de la obligacin contrada en dlares americanos, que para la presente fecha es el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aqul que est vigente para el momento del pago.
As, la Sala en decisin N¡ 358 del 9 de junio de 2014, caso: Saverio Leggio Cassara contra Giovina Di Matteo, estableci que conforme con el artculo 243 ordinal 6¡ del Cdigo de Procedimiento Civil Ô...resulta indispensable y necesario para que el fallo constituya un ttulo autnomo y suficiente, el cual lleve en s mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecucin sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognicinÉÕ.
Conforme a la doctrina precedente, la sentencia debe bastarse a s misma y ello significa que no es necesario escudriar en otras actas del expediente para conocer los elementos objetivos que delimitan cada situacin concreta y las consecuencias de la cosa juzgada, sino que basta que en alguna de sus partes la sentencia contenga con toda precisin y exactitud la cosa sobre la cual versa lo ordenado por el tribunal.
En el caso concreto, la Sala considera que aun cuando no pueda establecerse con rigurosidad cul tasa de cambio deber aplicarse al momento del pago, porque la ejecucin an no ha ocurrido y es un hecho futuro, el presente fallo constituye un ttulo autnomo y suficiente, el cual lleva en s mismo la prueba de su legalidad y su ejecucin puede ser realizada sin acudir a otros recaudos ni actas del expediente, slo tomando en cuenta las normas vigentes en el Sistema Cambiario Nacional para el momento del pago.
En consecuencia, la Sala en apoyo a lo previsto en el artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil y tomando en cuenta su propia doctrina (Vid. sentencia N¡ 478 del 3 de julio de 2012, caso: Humberto Arenas Fuenmayor contra Elas Amrico Kugler Schapira, que establece que Ôde conformidad con lo previsto en el segundo prrafo del artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil, esta Sala de Casacin Civil (Accidental), puede casar sin reenvo el fallo recurrido cuando su decisin sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al tribunal al cual corresponda la ejecucinÕ, casa sin reenvo el fallo recurrido, porque es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto y la modificacin atae nica y exclusivamente al dispositivo del fallo, en lo relativo a la tasa de cambio aplicable para el momento del pago, pues como ya se estableci, es factible que entre la fecha de publicacin del fallo y la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufra una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiario, declara parcialmente procedente la demanda.
En consecuencia, el dispositivo de la decisin del Juzgado Superior queda as:
ÔPRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL. S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas Nros. 861067, 861466 y 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 3 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente fallo.
SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil...Õ.
D E C I S I î N
En mrito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casacin Civil, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casacin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, de fecha 6 de marzo de 2015. En consecuencia, se CASA SIN REENVêO el fallo recurrido, y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y, PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada. En consecuencia, queda MODIFICADO el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido. Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVIO la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en los artculos 274 y 281 del Cdigo de Procedimiento CivilÕ.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El artculo 336.10 de la Constitucin le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de Òrevisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurdicas dictadas por los Tribunales de la Repblica, en los trminos establecidos por la Ley Orgnica respectivaÓ.
Tal potestad de revisin de sentencias definitivamente firmes est contenida en los numerales 10 y 11 del artculo 25 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes trminos:
ÒArtculo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la Repblica, cuando hayan desconocido algn precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicacin de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretacin; o por falta de aplicacin de algn principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que seala el numeral anterior, as como la violacin de principios jurdicos fundamentales que estn contenidos en la Constitucin de la Repblica, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionalesÓ.
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicit la revisin de la sentencia dictada por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 29 de octubre de 2015, esta Sala Constitucional resulta competente para conocerla, y as se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida como ha sido la competencia para conocer de la presente revisin, esta Sala pasa a emitir su pronunciamiento en los siguientes trminos:
De manera previa, es menester aclarar que esta Sala, al momento de la ejecucin de su potestad de revisin de sentencias definitivamente firmes, est obligada, de acuerdo con una interpretacin uniforme de la Constitucin y en consideracin a la garanta de la cosa juzgada, a guardar la mxima prudencia en cuanto a la admisin y procedencia de solicitudes que pretendan la revisin de sentencias que han adquirido el carcter de cosa juzgada judicial; de all que posee la facultad de desestimacin de cualquier solicitud de revisin, sin ningn tipo de motivacin, cuando, en su criterio, compruebe que la revisin que se solicita, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretacin de normas y principios constitucionales, en virtud del carcter excepcional y limitado que posee la revisin.
Asimismo, la Sala precisa necesario reiterar el criterio establecido en su sentencia n¡ 44 del 2 de marzo de 2000 (caso: ÒFrancia Josefina Rondn AstorÓ), ratificado en el fallo n¡. 714 del 13 de julio de 2000 (caso: ÒAsociacin de Propietarios y Residentes de la Urbanizacin MirandaÓ), entre otras decisiones, conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisin constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, dicha solicitud se admitir slo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretacin de normas y principios constitucionales, o cuando exista una deliberada violacin de preceptos fundamentales, lo cual ser analizado por esta Sala, sindole siempre facultativo la procedencia de este mecanismo extraordinario.
Igualmente, ha sostenido esta Sala de manera pacfica que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisin de sentencias no se concreta de ningn modo de forma similar a la establecida para los recursos ordinarios de impugnacin, destinados a cuestionar la sentencia definitiva.
En el caso de autos, la Sala de Casacin Civil mediante decisin RC.000633 del 29 de octubre de 2015, declar (i) con lugar el recurso de casacin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, el 6 de marzo de 2015. En consecuencia, cas sin reenvo el fallo recurrido, y declar parcialmente con lugar el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado Gerald Buenavida, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014, por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y parcialmente con lugar la demanda intentada. En consecuencia, modific el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido, por lo que la decisin recurrida qued casada y sin reenvo y no hubo condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en los artculos 274 y 281 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Por su parte, la representacin judicial de la peticionante de la revisin circunscribi sus denuncias a los siguientes aspectos: (i) que la decisin cuestionada va revisin actu en violacin de sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, toda vez que slo tom en cuenta los informes de alzada de su contraparte con los cuales se delimit en forma ilegal, a su entender, el recurso de apelacin ejercido por la parte demandante en el juicio primigenio; que se dej de decidir sobre cuestiones perentorias esgrimidas en primera instancia atinentes a la inadmisibilidad de la accin, la prescripcin y el desconocimiento tempestivo de las facturas cuyo pago se demand, convalidando el vicio en que haba incurrido el ad quem al no pronunciarse sobre tales aspectos, an cuando el recurso de apelacin fue interpuesto en forma genrica, lo que a su entender implicaba que se conociera de todo el juicio y no slo sobre aspectos delimitados de manera ilegal en los informes de alzada por la parte demandante en el juicio primigenio; por lo que considera que en la sentencia objeto de revisin nada se aclar en lo relacionado a que lo nico que delimita la apelacin, al menos en el arquetipo del proceso civil actual, es la diligencia escrito del medio de gravamen y no los informes vertidos a posteriori en la sustanciacin del mismo, ms an cuando tales defensas perentorias y de fondo no constituan simples alegaciones, sino que tenan incidencia en la suerte de la litis; que lo anterior fue denunciado en sede casacional y desechado en la sentencia objeto de revisin con el simple argumento de que la demandada no haba apelado de la decisin de primera instancia y no haba consignado informes ante la alzada, con lo cual adujo que tampoco se tom en cuenta el hecho de que la parte demandada no hubiera consignado informes de alzada, no provocaba la desestimacin de la denuncia per se, pues sta resulta una delacin atinente al orden pblico procesal y constitucional; (ii) que igualmente en sede casacional se denunci que el ad quem en la decisin recurrida haba incurrido en infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, pues mediante una aclaratoria ilegal e intempestiva modific el dispositivo del fallo y aplic falsa y contradictoriamente dos tipos de sistemas cambiarios, esto es, SICAD II y SIMADI; que la Sala de Casacin Civil declar procedentes stas ltimas dos denuncias, anul el fallo recurrido en casacin y pas a decidir sin reenvo determinando que el convenio cambiario aplicable era el contenido en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aqul que est vigente para el momento del pago, dejando vigente el dispositivo que haba sido modificado ilegalmente por el ad quem en la sentencia cuestionada en sede casacional.
Por ello, la representacin judicial de la solicitante pidi a esta Sala que, conforme a lo dispuesto en los artculos 335 y 336 numeral 10¡ de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artculos 5 numeral 4¡ y 25 en sus numerales 10¡ y 11¡ de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, declare procedente la revisin constitucional presentada, a los fines de contribuir y sostener la uniformidad de la aplicacin de las normas, principios y valores constitucionales, conforme a fallos de esta misma Sala, y que han sido delatados, relacionados tanto al vicio de incongruencia omisiva, como a la certera interpretacin reiterada sobre el contenido y alcance del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Asimismo, de la lectura de la decisin objeto de revisin puede constatarse que en sede casacional la parte demandada en el juicio principal Ðhoy solicitante de la revisinÐ realiz nueve denuncias fundamentales, de las cuales 8 lo fueron por defecto de actividad y 1 por infraccin de ley, a saber:
Por defecto de actividad:
(i) Infraccin de los artculos 12, 15 y 206 del Cdigo de Procedimiento Civil, pues esgrimi que el ad quem en la decisin recurrida en casacin incurri en el vicio de indefensin al delimitar el recurso de apelacin a lo sealado en los informes de alzada.
Denuncia sta que fue desestimada en la sentencia objeto de revisin por cuanto se estableci que la parte demandada no apel del fallo de primera instancia y, por tanto, no tena inters procesal para realizar dicha denuncia.
(ii) Denunci el vicio de indefensin en razn de que el ad quem al pronunciarse sobre una solicitud de aclaratoria solicitada en forma extempornea por tarda, de forma incomprensible Ða pesar de reconocer la mencionada extemporaneidad- pas a resolver de oficio dicha solicitud de aclaratoria y luego procedi a modificar ilegalmente el dispositivo de su sentencia, en lo concerniente, a que la deuda en dlares americanos condenada, debi haberse acordado de conformidad con lo dispuesto en el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), segn Convenio Cambiarlo nmero: 33, publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 y no como se haba declarado en la sentencia cuya aclaratoria fue solicitada de conformidad con el tipo de cambio promedio ponderado previsto en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, conforme a lo reglado en los Convenios Cambiar los nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nmeros 40.386 y 40.387 de fechas 10 de marzo y 4 de abril del ao 2014, coexistiendo de esa manera un dispositivo, con dos rdenes o condenas diferentes entre s, a pesar de que ambas perseguan lo mismo -el pago de unas sumas en moneda extranjera-. Transgredindose as el principio lgico de no contradiccin, por cuanto dos proposiciones diferentes y contradictorias entre s no pueden ser vlidas a la misma vez.
La anterior denuncia fue desechada en la sentencia hoy objeto de revisin por los mismos motivos que la anterior, esto es, por cuanto la parte demandada recurrente en casacin no apel del fallo de primera instancia, argumentndose adems que dicha denuncia debi ser delatada al amparo del ordinal 2¡ del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil por infraccin de ley.
(iii) Denunci infraccin de los artculos 12, 15, 206 y 208 del Cdigo de Procedimiento Civil por indefensin, al encontrarse la sentencia recurrida inficcionada del vicio de reposicin preterida, cuando no cumpli con su deber de garantizar la estabilidad del procedimiento, al presentarse situaciones de crisis procesal, deviniente de preterir o desconocer el derecho a la prueba, como expresin directa de la tutela judicial efectiva y del debido proceso legal, que debe prevalecer en la administracin de justicia en el acto dirimente de la causa, respecto de la prueba de informes promovida en primera instancia a una entidad financiera ubicada en los Estados Unidos de Norteamrica destinada a demostrar la inexistencia de la deuda demandada, prueba sta que no se materializ diligenci o evacu.
Esta denuncia fue desechada en sede casacional bajo el argumento de que la parte demandada no haba apelado de la decisin de primera instancia.
(iv) Denunci infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 y 244 del Cdigo de Procedimiento Civil, por estar inficionada del vicio de inmotivacin por peticin de principio, toda vez, que el ad quem , al decidir sin razonamiento alguno, porqu deba aplicarse el tipo de cambio ponderado contenido en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), slo mencion, que a su decir, no constaba de autos, que la parte demandada, tuviese acceso a la tasa preferencial de seis bolvares con treinta cntimos (6,30) por dlar americano, que haba condenado el Tribunal de la causa, y no tom en consideracin que para el momento de proposicin de la demanda exista un solo tipo de cambio de seis bolvares con treinta cntimos (6,30) por dlar americano.
La decisin sujeta a revisin desech la anterior denuncia argumentando que no se evidenciaba en la sentencia recurrida la peticin de principio denunciada pues la misma se bas en los Convenios Cambiarios 27 y 28 publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, de fecha 10 de marzo y 4 de abril de 2014, vigentes para el momento que fue dictada la sentencia y el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
(v) Denunci infraccin del ordinal 3¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil que la recurrida incurri en el vicio de indeterminacin de la controversia pues sostuvo que el ad quem no expres los trminos a los que se encontraba circunscrito el pleito.
La anterior denuncia fue declarada improcedente pues la decisin objeto de revisin consider debidamente delimitada la litis por la alzada.
(vi) Denunci motivacin acogida por infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil.
La Sala de Casacin Civil declar improcedente tal denuncia, pues una vez que analiz la motivacin del ad quem determin que no se produjo la motivacin acogida que se denunci.
(vii) Denunci infraccin del ordinal 5¡ del artculo 243 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto adujo que la recurrida no efectu pronunciamiento de mrito respecto a denuncias relacionadas con la inadmisibilidad de la accin propuesta, de prescripcin y desconocimiento de las facturas cuyo pago se demand.
Tal denuncia fue desestimada en la decisin objeto de revisin por cuanto el demandado no present informes en alzada.
(viii) Denunci infraccin del ordinal 5¡ del artculo 243, 244 y 12 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto adujo que con la aclaratoria se desbord la naturaleza del medio correctivo, pues a pesar de que la misma fue interpuesta en forma extempornea por tarda, modific el dispositivo del fallo lo cual no le era dable de conformidad con lo dispuesto en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil.
La anterior denuncia fue desechada en sede casacional por cuanto la misma debi plantearse como infraccin de ley.
Por infraccin de ley:
La parte demandada en el juicio principal hoy solicitante de la revisin mediante una denuncia nica de infraccin de ley denunci en sede casacional infraccin de los convenios cambiarios aplicables en el asunto principal, as como la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, al haberse efectuado en la alzada una aclaratoria ilegal e intempestiva; as mismo denunci aplicacin falsa y contradictoria de dos tipos de sistemas cambiarios esto es, SICAD II y SIMADI.
En la sentencia objeto de revisin se declar procedente la denuncia de errnea interpretacin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, bajo el argumento de que el tribunal de alzada no poda volver a decidir sobre lo ya decidido ni modificar su propio fallo, en razn de lo cual declar nula la aclaratoria del fallo definitivo de segunda instancia.
Asimismo, declar procedente la denuncia de infraccin de los convenios cambiarios que deban regir para el caso concreto y cas sin reenvo la decisin de alzada, al considerar que se haca innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que procedi a modificar el dispositivo del fallo slo en lo relativo a la tasa de cambio aplicable para el momento del pago, quedando redactada la parte dispositiva de la siguiente forma: (i) parcialmente con lugar el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado Gerald Buenavida, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014, por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, qued modificado el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido; (ii) parcialmente con lugar la demanda que por cobro de bolvares, intentara la sociedad mercantil Advenced Media Technologies Inc. (AMT), contra la sociedad mercantil Supercable Al International S.A.; (iii) se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil Supercable Alk Internacional S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas n.ros 861067, 861466 y 861429; que asciende a la cantidad de Ciento Diez y Ses Mil Novecientos Ochenta y Ocho Dlares Estadounidenses con Diecisis Centavos (US $ 116.98,16) en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (iv) se conden a la parte perdidosa, sociedad mercantil Supercable Alk International S.A., en pagar la cantidad de Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Dlares Estadounidenses con Treinta y Un Centavos (US $ 104.493,31), en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (v) se conden a la parte perdidosa, sociedad mercantil Supercable Alk International S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el 3 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se orden practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (vi) improcedente la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, sociedad mercantil Advanced Media Technologies Inc. (AMT); (vii) no se conden en costas por no haber vencimiento total en el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Ahora bien, con miras a la justa resolucin de las denuncias planteadas en revisin aprecia esta Sala lo siguiente:
En relacin a la primera denuncia de la parte solicitante, observa esta Sala que dicha parte sostiene que la sentencia objeto de impugnacin deba tomar en consideracin que la apelacin de la sentencia definitiva de primera instancia haba sido interpuesta en forma genrica y que, en virtud de ello, el ad quem debi haber adquirido pleno conocimiento de todo el asunto y revisar todos las pretensiones, defensas y medios probatorios que haban sido presentados en la causa primigenia, lo cual, segn sus dichos, no ocurri, pues con los informes presentados por su contraria ante el tribunal de alzada se delimit el asunto a (i) la tasa de cambio aplicada por el juzgado de la causa; (ii) la declaratoria parcialmente con lugar de la demanda como consecuencia de la indexacin solicitada y la condenatoria en costas por tal motivo.
Asimismo, de la revisin de las copias certificadas que acompaan la presente solicitud de revisin, pudo constatar esta Sala que efectivamente luego de dictada la sentencia definitiva de primera instancia en el presente asunto, slo apel la parte demandante en el juicio primigenio ÐAdvanced Media Technologies INC (AMT)-.
Siendo ello as, se tiene que en relacin a la apelacin de la sentencia definitiva de primera instancia disponen los artculos 288, 290, 292 y 187 del Cdigo de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artculo 288: De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelacin, salvo disposicin especial en contrario.
Artculo 290: La apelacin de la sentencia definitiva se oir en ambos efectos, salvo disposicin especial en contrario.
Artculo 292: La apelacin se interpondr ante el Tribunal que pronunci la sentencia, en la forma prevista en el artculo 187 de este Cdigo.
Artculo 187: Las partes harn sus solicitudes mediante diligencia escrita que extendern en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la tablilla o Cartel a que se refiere el artculo 192, y firmarn ante el Secretario; o bien por escrito que presentarn en las mismas horas al Secretario, firmado por la parte o sus apoderados.
As, el recurso de apelacin es concebido como el mecanismo idneo para provocar el pronunciamiento de un tribunal de alzada (juez ad-quem), para que, de ser el caso, revoque, modifique o anule una determinada resolucin judicial.
La regla general de las normas procesales ha sido que la apelacin no debe fundamentarse de manera que la expresin de los agravios y la sustentacin del recurso se puede realizar por separado ante la instancia superior que conocer del mismo.
Sin embargo, varias las leyes procesales de la Repblica, como la Ley Orgnica de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa, el Cdigo Orgnico Procesal Penal y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para el contencioso administrativo, han establecido la obligatoriedad de la fundamentacin de la apelacin de sentencias, pretendiendo del apelante, que ste delimite los motivos de impugnacin que desea formular contra el fallo recurrido, lo cual delimitar la controversia en la segunda instancia, a los fines de que el juez ad-quem, en caso de resultar procedente, corrija o enmiende los vicios o irregularidades que se imputan a la decisin.
En el caso concreto, la norma adjetiva civil no exige fundamentacin del recurso de apelacin al momento de su interposicin. Sin embargo, en materia civil, la parte apelante tiene la oportunidad de presentar informes en alzada -ex artculo 517 del Cdigo de Procedimiento Civil- con el objeto de indicar cules son los puntos o elementos contenidos en la sentencia apelada que le han ocasionado el agravio e invocar los alegatos sobre el mrito y el fundamento de su recurso de apelacin.
Asimismo, es preciso indicar que el trmino de presentacin de informes de alzada se abre para todas las partes en el proceso e incluso se cuenta con un lapso para que dichas partes puedan formular observaciones a los informes de su contraria Ðartculo 519 del Cdigo de Procedimiento Civil-.
Luego, es necesario sealar que nuestro sistema del doble grado de jurisdiccin se encuentra regido por el principio dispositivo que domina el proceso civil y por el principio de la personalidad del recurso de apelacin, en base a los cuales el Juez Superior slo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante el recurso de apelacin (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio ocasionado en la sentencia de primer grado (Tantum Devolutum quantum apellatum), en consecuencia, los efectos de la apelacin interpuesta por una de las partes no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados.
Ahora bien, en el caso de autos aprecia esta Sala que la parte demandada en el juicio primigenio hoy solicitante de la revisin no apel de la sentencia definitiva dictada en primera instancia y tampoco formul informes ni observaciones ante el tribunal superior, por lo que no se evidencia que la decisin sometida a revisin hubiera conculcado ningn derecho constitucional al desechar sus denuncias atinentes al fondo de lo debatido por la circunstancia de no haber apelado del fallo definitivo de primera instancia y no haber presentado informes en alzada, pues esas eran las oportunidades en que dicha parte poda haber sometido al conocimiento del ad quem sus perspectivas sobre el asunto sometido a consideracin. Y as se decide.
Establecido lo anterior, considera necesario esta Sala pasar al anlisis de la segunda denuncia en revisin constitucional atinente a que en sede casacional se seal que el ad quem en la decisin recurrida haba incurrido en infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, pues mediante una aclaratoria ilegal e intempestiva modific el dispositivo del fallo y aplic falsa y contradictoriamente dos tipos de sistemas cambiarios, esto es, SICAD II y SIMADI, y que la Sala de Casacin Civil declar procedentes stas ltimas dos denuncias, anul la aclaratoria de la sentencia de segundo grado y pas a decidir sin reenvo determinando que el convenio cambiario aplicable era el contenido en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aqul que estuviera vigente para el momento del pago, dejando vigente el dispositivo que haba sido modificado ilegalmente por el ad quem en la sentencia cuestionada en sede casacional.
Asimismo, observa esta Sala que la anterior denuncia guarda estrecha relacin con la infraccin del ordinal 4¡ del artculo 243 y 244 del Cdigo de Procedimiento Civil, invocada en sede casacional por la hoy solicitante de la revisin, cuando esgrimi que el ad quem decidi sin razonamiento alguno, porqu deba aplicarse el tipo de cambio ponderado contenido en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y no la tasa de 6,30 por dlar americano, que haba condenado el a quo; y que tampoco se haba tomado en consideracin que al momento de la interposicin de la demanda exista un solo tipo de cambio de seis bolvares con treinta cntimos (6,30) por dlar americano.
En este orden de ideas, aprecia esta Sala que de una revisin de las copias certificadas que acompaan la presente solicitud, se pudo constatar que la sentencia definitiva de alzada, dictada el 6 de marzo de 2015 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas declar: (i) parcialmente con lugar el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado Gerald Buenavida, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014 por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; en consecuencia, qued modificado el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido; (ii) parcialmente con lugar la demanda que por cobro de bolvares, intentara la sociedad mercantil Advanced Media Technologies INC (AMT), contra la sociedad mercantil Supercable Alk International S.A.; (iii) se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil Supercable Alk Internatonal S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas N¡ 861067, N¡ 861466 y N¡ 861429, que asciende a la cantidad de Ciento Diecisis Mil Novecientos Ochenta y Ocho Dlares Estadounidenses con Diez Centavos (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se orden realizar experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (iv) se conden a la parte perdidosa, sociedad mercantil Supercable Alk International S.A., en pagar la cantidad de Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Dlares Estadounidenses con Treinta y Un Centavos (IS $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse con base en el ÒTipo de Cambio Promedio Ponderado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014. A los efectos del referido clculo, se orden realizar experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (v) se conden a la parte perdidosa, Supercable Alk International S.A. en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el 3 de febrero de 2010 hasta la fecha en que la decisin quedara definitivamente firme, a la tasa del 12% anual, para cuyo clculo se orden practicar experticia complementaria del fallo conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil; (vi) Improcedente la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte demandante; (vii) no se conden en costas de por no haber vencimiento total de conformidad con lo dispuesto en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Luego, el 17 de marzo de 2015, la parte demandante consign diligencia solicitando aclaratoria del fallo en los siguientes trminos:
ÒEl dispositivo de la sentencia orden efectuar el clculo para el pago de la deuda asumida por el demandado en dlares estadounidenses, a la tasa de cambio establecida para SICAD II, instrumento este vigente para el momento de efectuada la apelacin de la sentencia; ahora bien, como es sabido la reforma que hubo en materia econmica en el mes de febrero de 2015 donde se establecieron tres (3) tipos de cambio o escales, un (1) a 6,30 para las necesidades inmediatas, medicamentos, alimentos fundamentales, la segunda (2) para las mercancas que importan, bajo la denominacin SICAD, y la tercera (3) para las personas jurdicas o particulares que quieran adquirir divisas, no comprendidas dentro de los 3 rubros anteriores, quedando eliminado el SICAD II, pasando a regir en su efecto el tercer mercando de operaciones de bolsas, denominado SIMADI y a tal efecto se public el convenio cambiario N¡ 33 publicado en la Gaceta Extraordinaria 6.171 del 10-2-15 que dicta las normas que regirn las operaciones en divisas en el sistema financiero nacional, en cuyo artculo 35 se derogan los artculos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 del Convenio Cambiario N¡ 40.387 del 4-4-14; el encabezamiento del artculo 1 y artculo 3 y 4 del Convenio Cambiario No. 23 del 24-10-13 publicado en la Gaceta Oficial 40.283 del 30-10-13. Estas derogatorias entre otras, menciona, valga la redundancia, la derogatoria del instrumento SICAD II, razn por la cual no puede fijarse a la interpretacin del experto quien deber a travs de experticia complementaria aplicar la tasa de cambio vigente y convertir el monto adeudado y condenado en bolvares, ya que su funcin en acatamiento al fallo es aplicar la norma legal que exista, y en el presente caso, se estableci en la sentencia , de acuerdo a la decisin dictada por la Sala de Casacin Civil, que este tipo de deudas se convertira a bolvares de acuerdo a la tasa SICAD II, que hoy est derogada, razn por la cual solicito se aclare en el dispositivo de la sentencia, que la tasa aplicable a los fines de hacer la conversin de SICAD II debe ser de acuerdo al instrumento financiero nacional que lo sustituya y est vigente para el momento de efectuar el clculo en cuestinÉÓ
Por su parte el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, mediante pronunciamiento dictado el 23 de marzo de 2015, neg la aclaratoria solicitada tomando en consideracin que la misma no haba sido requerida dentro del lapso establecido en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, sin embargo, en ese mismo pronunciamiento dicho juzgado de alzada consider que Òno obstante lo anterior, es de destacar que, le est permitido al juez revocar su propia sentencia, si se percata de un error que pueda lesionar algn derecho constitucional de alguno de los justiciablesÓ, y, en este sentido, de oficio, modific y revoc el fallo en los siguientes trminos:
ÒÉ En este caso concreto, se observa que, revisado el fallo dictado por este Juzgado Superior, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), se aprecia que, este Tribunal utiliz para efectuar los clculos de las cantidades a pagar en moneda extranjera, el tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), ya que, era el que le permita a las personas jurdicas de carcter privado realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores en moneda extranjera.
Ahora bien, efectivamente, como lo seala la demandante, el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), apareci publicado en Gaceta Oficial el Convenio Cambiario N¡ 33, mediante el cual se dictan las normas que regirn las operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derog expresamente el instrumento SICAD II.
De modo pues que, el error cometido por este Tribunal, sin duda alguna afectara el derecho a la Tutela Jurdica Efectiva del justiciable, prevista en el artculo 26 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, ya que, los expertos a quienes se les encomendar la tarea de efectuar los clculos, no podran realizarlo, lo que hara inejecutable la sentencia dictada en este proceso, toda vez que, la tasa de cambio que aplic el Tribunal, fue derogada, tal como ya se dijo.
En vista de lo anterior, de oficio, en atencin al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y, en aras de garantizarle una Tutela Jurdica Efectiva a la parte demandante, este Juzgado Superior, considera procedente en este caso, revocar parcialmente la sentencia dictada por este Tribunal, nicamente en lo que se refiere a que la tasa de cambio aplicable a las cantidades condenadas en el dispositivo del fallo, en los particulares tercero y cuarto, era el Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N¼ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014.
En ese sentido, se determina que la tasa de cambio aplicable para establecer la equivalencia en bolvares de las cantidades condenadas a pagar en dlares estadounidenses, ser aquella establecida en el instrumento Financiero Nacional que sustituy al SICAD II, actualmente denominado SIMADI, o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera.
En consecuencia, el dispositivo de la decisin dictada en este proceso, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), quedar redactado as:
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara:
ÉOmissisÉ
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas N¼ 861067, N¼ 861466 y N¼ 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¼ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¼ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme al instrumento Financiero Nacional que sustituy el SICAD II, actualmente denominado SIMADI, segn convenio cambiario N¼ 33, publicado en la Gaceta Oficial N¼ 6.171, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015); o aqul que est vigente para el momento de realizarse la experticia complementaria del fallo; y que le permita a las personas jurdicas de carcter privado, similares a la condenada a pagar, que puedan realizar las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera. A los efectos del referido clculo, se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
ÉOmissisÉ
Djese copia certificada de la presente decisin, en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Remtase el presente expediente en su oportunidad legal, al Tribunal de origenÓ.
Siendo esto as, es claro para esta Sala que en el caso sub examine se evidenci una violacin de orden pblico por parte del juez de alzada, quien subvirti el proceso y caus indefensin a la parte demandada, hoy solicitante de la revisin, toda vez que pese a la declaratoria de extemporaneidad de la aclaratoria solicitada, modific el dispositivo de su fallo, lo cual resulta claramente contradictorio, pues una solicitud de aclaratoria realizada en forma extempornea por tarda no poda surtir efecto alguno en el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, pero lo ms grave es que no obstante haberse desestimado la aclaratoria el juez procedi a modificar el dispositivo de su fallo actuando de oficio y en clara contravencin de lo dispuesto en el referido artculo que prohbe la revocatoria o reforma de la decisin definitiva por el tribunal que la dict.
Ahora bien, estas denuncias de subversin del proceso e indefensin fueron efectuadas en sede casacional por la hoy solicitante de la revisin, no obstante la Sala de Casacin Civil, en la decisin objeto de la presente solicitud de revisin, procedi a declarar la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, aduciendo que desde el punto de vista formal el juez no puede volver a decidir sobre lo ya decidido ni modificar su propio fallo, por lo que consider que lo realizado por el juez de alzada mediante aclaratoria se encontraba fuera de los lmites permitidos por el legislador y la doctrina de este Alto Tribunal; por lo que, en consecuencia declar que la referida aclaratoria era nula y quedaba sin efecto jurdico alguno.
No obstante, la sentencia objeto de revisin cas sin reenvo el fallo del ad quem y procedi a modificar dicha sentencia slo en lo que respecta al dispositivo del fallo de la siguiente manera:
ÒPRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLêVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL. S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas Nros. 861067, 861466 y 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 3 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente fallo.
SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil...Ó.
D E C I S I î N
En mrito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casacin Civil, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casacin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, de fecha 6 de marzo de 2015. En consecuencia, se CASA SIN REENVêO el fallo recurrido, y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y, PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada. En consecuencia, queda MODIFICADO el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido. Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVIO la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en los artculos 274 y 281 del Cdigo de Procedimiento Civil.
Ahora bien, de lo anterior resulta claro que para que la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, casara sin reenvo el fallo impugnado en sede casacional, como efectivamente ocurri en el caso concreto, deban darse los supuestos establecidos en el ltimo aparte del artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil, esto es, que se emitiese una decisin sobre el recurso que hiciera innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo que los hechos que hubieran sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo, le permitieran a la Sala de Casacin Civil aplicar la apropiada regla de derecho.
Siendo ello as, considera esta Sala que en la sentencia objeto de revisin no era posible la casacin sin reenvo, pues no se llenaban los extremos establecidos en el artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil por las siguientes razones: (i) en primer lugar porque para modificar el dispositivo, tal como se hizo, el mismo deba estar soportado por un razonamiento en la motiva que implicara un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido que abarcara la naturaleza de la obligacin que vincul a las partes, la tasa referencial que haba que aplicar para la conversin de la deuda de dlares a bolvares y especificar cul era la fecha efectiva en que se poda aplicar esa conversin, esto es, fecha de pago Ðcomo lo adujo la parte demandante-; fecha de interposicin de la demanda Ðcomo lo adujo la parte demandada-; fecha de la sentencia de primera instancia como lo seal el tribunal de la causa; fecha de la sentencia dictada por el tribunal superior -como se estableci en la decisin de alzada- fecha de pago como se seal en el nuevo dispositivo modificado en Sala de Casacin Civil, toda vez que en la sentencia de primera instancia se estableci que la tasa de cambio referencial era 6,30 bolvares por dlar; mientras que en la de segunda instancia se dijo que la tasa de cambio aplicable era la que estaba vigente para la fecha de la sentencia dictada en alzada y en la sentencia de casacin se seal para la conversin un convenio cambiario distinto al que se haba establecido en la alzada, basado en el ÒConvenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015Ó o aqul que estuviera vigente para el momento de realizarse el pago, el cual deba determinarse mediante experticia complementaria del fallo.
Luego, en criterio de esta Sala, en la sentencia objeto de revisin se dejaron de resolver puntos esenciales de la controversia que tenan influencia determinante en el fondo de lo debatido y adems se incurri en indeterminacin objetiva en contravencin a la propia jurisprudencia de la Sala que dict la sentencia que hoy se revisa (Vide. s. Sala de Casacin Civil n.¡ RC 000017, dictada el 11 de febrero de 2010, Caso: DISTRIBUIDORA KTDC, C.A.), pues no se dejaron claramente expresados los parmetros que han de utilizar los expertos para el clculo de lo condenado, ni los razonamientos para aplicar una u otra tasa de cambio; adems, no se analiz la naturaleza de la obligacin que vincul a las partes y se dej en manos de los expertos Ðsegn una variacin futura e incierta- la aplicacin del convenio cambiario que deba regir el caso concreto; todo ello en evidente quebrantamiento de los derechos de la parte demandante al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurdica, as como tambin a los principios fundamentales de confianza legtima, expectativa plausible y tutela judicial efectiva.
En consonancia con lo anterior, esta Sala Constitucional ha sealado que la motivacin de las sentencias es una constante universal de las leyes procesales, toda vez que en ella se expresan los motivos que llevaron a la conviccin del juzgador para declarar procedente o no una determinada pretensin y con ello se garantiza el control de las partes sobre el fallo judicial, expresin cardinal de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. (Vase s. S.C. n¡ 1705 del 05.12.2014).
Al respecto, resulta pertinente citar el criterio de esta Sala asentado en sentencia N¡ 757 del 5 de abril de 2006, en la que seal lo siguiente:
ÒAntes de valorar tal actuacin judicial, es oportuno citar algunas posiciones doctrinales y jurisprudenciales en torno al contenido de los prenombrados derechos constitucionales.
As pues, sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, Gonzlez Prez seala lo siguiente:
ÔEl derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la Justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solucin en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdiccin, proceso debido y eficacia de la sentenciaÕ (Gonzlez Prez, Jess. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid, Civitas, 1999, pp. 43-44) ÐResaltado del presente fallo-
En un sentido similar, esta Sala ha sealado que:
Ô...todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condicin de partes, gozan del derecho y garanta constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdiccin para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientosÕ (Sentencia N¡ 72/2001, del 26 de enero) ÐResaltado del presente fallo-.
Asimismo, ha afirmado que:
ÔEl derecho a la tutela judicial efectiva, de amplsimo contenido, comprende el derecho a ser odo por los rganos de administracin de justicia establecidos por el Estado, es decir, no slo el derecho de acceso sino tambin el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los rganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisin dictada en derecho, determinen el contenido y la extensin del derecho deducido, de all que la vigente Constitucin seale que no se sacrificar la justicia por la omisin de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realizacin de la justicia (artculo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artculo 2 de la vigente Constitucin), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones intiles (artculo 26 eiusdem), la interpretacin de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garanta para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantas que el artculo 26 constitucional instauraÕ (Sentencia 708/2001, de 10 de mayo) ÐResaltado del presente fallo-.
Junto a lo anterior, puede decirse que la institucin de la tutela judicial o jurisdiccional efectiva constituye un derecho-garanta (entindase, un derecho junto a su correlativa garanta) base, de suma importancia, que ha de surtir sus efectos antes, durante y despus de culminado el proceso, y que est constituido a su vez por otros derechos-garantas, algunos de los cuales tambin se disgregan en otros tantos.
Indudablemente, la lista de tales derechos es tan extensa que cualquier enunciacin podra correr el indeseado riesgo de dejar alguno por fuera, lo cual nos limita en este caso a mencionar slo algunos, especficamente los que ms interesan a los efectos del presente asunto, a saber, el derecho al debido proceso, a la defensa y a ser juzgado con las garantas establecidas en esta Constitucin y en la Ley (artculo 49 numerales 1 y 4 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela), los cuales, como se sabe, se encuentran en estrecha relacin, incluso de gnero-especie, y que comprenden a su vez otros tantos derechos-garantas, entre los que se encuentra el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los rganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares...Ó.
En este orden de ideas, esta Sala ha sealado que: Ò(É) la procedencia de la incongruencia omisiva deriva en la ausencia del anlisis de un argumento que haya sido alegado y controvertido dentro del proceso, el cual pudiera ser determinante para la resolucin de la causa, que conlleva afirmar la existencia de un grave error de juzgamiento y que comporta violacin al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artculo 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de VenezuelaÓ. (s. S.C. n¼ 16 del 13.02.2015).
As, en la antes citada decisin la Sala reafirm que el vicio de incongruencia omisiva se encuentra aparejado con el deber del juez de decidir conforme a lo alegado por las partes, lo cual comporta consecuentemente otro deber, el cual consiste en que el mismo debe resolver todos y cada uno de los alegatos expuestos, en aras de no vulnerar los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, como un mecanismo garantista para los ciudadanos que acudan ante los rganos de justicia. Al efecto, tales consideraciones se fundamentan en los artculos 15, 243 ordinal 5¼ y 244 del Cdigo de Procedimiento Civil, que rezan textualmente:
ÒArtculo 15. Los Jueces garantizarn el derecho de defensa, y mantendrn a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrn respectivamente, segn lo acuerde la ley a la diversa condicin que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningn gnero.
Artculo 243. Toda sentencia debe contener:
(É)
5¡ Decisin expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensin deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningn caso pueda absolverse de la instancia.
Artculo 244. Ser nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artculo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qu sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetitaÓ. (Subrayado del presente fallo).
Sobre el vicio de incongruencia omisiva, como manifestacin de la lesin a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, esta Sala seal en sentencia n¼ 1.340 del 25 de junio de 2002, lo siguiente:
Ò... el agravio o lesin al derecho a la defensa y a la garanta del debido proceso lo causa la evasin en cuanto al pronunciamiento correcto u omisin de pronunciamiento o ausencia de decisin conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre Ðlo peticionado- la actuacin requerida del rgano jurisdiccional y la producida por ste, que origin una conducta lesiva en el sentenciador, (É)Ó.
Por tanto, la funcin jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parmetros normativos e interpretativos establecidos previamente, donde la aplicacin indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurdicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho. De all que esta actividad reglada previene frmulas de actuacin para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de valor que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. Es por ello que el ordenamiento jurdico introduce disposiciones normativas Ðcomo las transcritas antes- dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento. (Vase en este sentido s. S.C. n¼ 2.036 del 19.08. 2002).
La tutela judicial efectiva comprende el derecho a la obtencin de una sentencia motivada, razonable y congruente, tal como se deriva de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela que prev un conjunto de garantas procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantas procesales se encuentra la consagrada en el artculo 26 de la Constitucin, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. (Vanse en este sentido s. S.C. n¼ 1963 del 16.10.2001, reiterada en s. S.C. n¼ 1.893 del 12.08.2002).
En atencin a los referidos criterios jurisprudenciales, se reitera que todo juez al momento de decidir la pretensin interpuesta debe pronunciarse respecto a todos los alegatos formulados por las partes, as como los elementos probatorios que se encuentren en el expediente, atendiendo a la globalidad de los mismos y no a la determinacin especfica de una individualidad, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes. As, esta Sala en sentencia n¼ 3.711 del 6 de diciembre de 2005, expres lo siguiente:
ÒÉ El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que stos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolucin sobre el fondo de la pretensin formulada, aun cuando la resolucin no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolucin razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandadosÉÓ.
Por tanto, esta Sala Constitucional, en uso de su potestad exclusiva de revisin, a la luz de lo previsto en los artculos 26 y 257 de la Constitucin en concordancia con el artculo 35 de la Ley Orgnica de este Tribunal Supremo de Justicia, y atendiendo a que la interpretacin de las normas adjetivas debe hacerse bajo la premisa que el proceso es instrumental para la realizacin de la justicia y un medio para garantizar la efectiva tutela de los derechos constitucionales, declara parcialmente ha lugar la presente solicitud de revisin y, en consecuencia, anula el fallo RC.000633 del 29 de octubre de 2015, dictado por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y las sentencias dictadas el 6 y 23 de marzo de 2015, respectivamente, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; en consecuencia, se repone la causa al estado en que un juez superior distinto que resulte competente previa distribucin de ley, decida nuevamente sobre el recurso de apelacin interpuesto los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014 por el abogado Gerald Buenavida, en su condicin de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014 por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, sin incurrir en las delaciones constitucionales aqu evidenciadas. As se decide.
Asimismo, se ordena la remisin de copia certificada del presente fallo a la Inspectora General de Tribunales, para que, si a bien lo tiene, inicie las investigaciones correspondientes, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar con respecto a la actividad del Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas.
V
DECISIîN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:
1.- Que tiene COMPETENCIA para conocer de la solicitud de revisin interpuesta por el abogado Oscar Elio Enrique Castrillo Carrillo, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL, S.A. contra de la sentencia N¡ 000633 dictada, el 29 de octubre de 2015, por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declar: (i) con lugar el recurso de casacin interpuesto por la hoy solicitante de la revisin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, el 6 de marzo de 2015. En consecuencia cas sin reenvo el fallo recurrido, y declar parcialmente con lugar el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado Gerald Buenavida, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014, por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y, parcialmente con lugar la demanda intentada. En consecuencia modific el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido, por lo que la decisin recurrida qued casada y sin reenvo y no hubo condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en los artculos 274 y 281 del Cdigo de Procedimiento Civil.
2.- PARCIALMENTE HA LUGAR la solicitud de revisin interpuesta.
3.- ANULA el fallo RC.000633 del 29 de octubre de 2015, dictado por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y las sentencias dictadas el 6 y 23 de marzo de 2015, respectivamente, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; en consecuencia, SE REPONE la causa al estado en que un juez superior distinto que resulte competente previa distribucin de ley, decida nuevamente sobre el recurso de apelacin interpuesto los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014 por el abogado Gerald Buenavida, en su condicin de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014 por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, sin incurrir en las delaciones constitucionales aqu evidenciadas.
Asimismo, se ordena la remisin de copia certificada del presente fallo a la Inspectora General de Tribunales, para que, si a bien lo tiene, inicie las investigaciones correspondientes, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar con respecto a la actividad del Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas.
Publquese, regstrese y remtase copia certificada de la presente decisin a la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en el Saln de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 das del mes de mayo de dos mil diecisis (2016). Aos: 205¡ de la Independencia y 157¡ de la Federacin.
La Presidenta,
GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Ponente
El VicepresiÉ/
Édente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHçN
JUAN JOS MENDOZA JOVER
É/
É/
Calixto ortega ros
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES SUçREZ ANDERSON
É/
El Secretario,
JOS LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.
Expediente n.¡ 16-0066.
Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchn, en virtud de la potestad que le confiere el artculo 104 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia y el artculo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, salva su voto, respetuosamente, por las razones que se explanan a continuacin:
La mayora sentenciadora declar HA LUGAR la solicitud de revisin constitucional interpuesta por la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNACIONAL, S.A., respecto de la sentencia N¡ 633 dictada el 29 de octubre de 2015 por la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declar:
ÒCON LUGAR el recurso de casacin contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, de fecha 6 de marzo de 2015. En consecuencia, se CASA SIN REENVêO el fallo recurrido, y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Trnsito de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; y, PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada. En consecuencia, queda MODIFICADO el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido. Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVIO la sentencia impugnadaÓ.
Las razones en las que se sustent la decisin de la mayora sentenciadora para revisar el fallo de la Sala de Casacin Civil fueron las siguientes:
1.- Que ÒÉen la sentencia objeto de revisin no era posible la casacin sin reenvo, pues no se llenaban los extremos establecidos en el artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil por las siguientes razones: (i) en primer lugar porque para modificar el dispositivo, tal como se hizo, el mismo deba estar soportado por un razonamiento en la motiva que implicara un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido que abarcara la naturaleza de la obligacin que vincul a las partes, la tasa referencial que haba que aplicar para la conversin de la deuda de dlares a bolvares y especificar cul era la fecha efectiva en que se poda aplicar la conversin, esto es, fecha de pago Ðcomo lo adujo la parte demandante-; fecha de interposicin de la demanda Ðcomo lo adujo la parte demandada-; fecha de la sentencia de primera instancia como lo seal el tribunal de la causa; fecha de la sentencia dictada por el tribunal superior Ðcomo se estableci en la decisin de alzada- o fecha de pago, como se seal en el nuevo dispositivo modificado en Sala de Casacin Civil, toda vez que en la sentencia de primera instancia se estableci que la tasa de cambio referencial era 6,30 bolvares por dlar; mientras que en la segunda instancia se dijo que la tasa de cambio aplicable era la que estaba vigente para la fecha de la sentencia dictada en alzada y en la sentencia de casacin se seal para la conversin un convenio cambiario distinto al que se haba establecido en la alzada, basado en el ÒConvenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015Ó o aqul que estuviera vigente para el momento de realizarse el pago, el cual deba determinarse mediante experticia complementaria del falloÓ.
2.- Que ÒÉen la sentencia objeto de revisin se dejaron de resolver puntos esenciales de la controversia que tenan influencia determinante en el fondo de lo debatido y adems se incurri en indeterminacin objetiva en contravencin a la propia jurisprudencia de la Sala que dict la sentencia que hoy se revisa (Vide. Jurisprudencia de la Sala de Casacin Civil n¡. RC 000017, dictada el 11 de febrero de 2010, Caso: DISTRIBUIDORA KTDC, C.A.), pues no se dejaron claramente expresados los parmetros que han de utilizar los expertos para el clculo de lo condenado, ni los razonamientos para aplicar una u otra tasa de cambio; adems, no se analiz la naturaleza de la obligacin que vincul a las partes y se dej en manos de los expertos Ðsegn una variacin futura e incierta- la aplicacin del convenio cambiario que deba regir el caso concreto; todo ello en evidente quebrantamiento de los derecho de la parte demandante al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurdica, as como tambin a los principios fundamentales de confianza legtima, expectativa plausible y tutela judicial efectivaÓ.
Adicionalmente, la mayora sentenciadora fundament su decisin en la cita de varias decisiones de esta Sala Constitucional con relacin a la motivacin de las sentencias y la incongruencia omisiva, sin establecer la correspondiente conexin existente entre lo all sostenido y lo ocurrido en el caso en concreto.
Con base en tales razones se anul no slo el fallo cuya revisin se solicit, sino tambin Òlas sentencias dictadas el 6 y 23 de marzo de 2015, respectivamente, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de CaracasÓ; en consecuencia, se repuso la causa Òal estado en que un juez superior distinto que resulte competente previa distribucin de ley, decida nuevamente sobre el recurso de apelacin interpuesto los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014 por el abogado Gerald Buenavida, en su condicin de apoderado judicial de la sociedad mercantil Advanced Media Technologies (AMT), contra la sentencia dictada el 17 de julio de 2014 por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, sin incurrir en las delaciones constitucionales aqu evidenciadas. As se decideÓ.
Ahora bien, quien aqu disiente, no comparte la decisin que antecede, por cuanto, la sentencia de la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia objeto de revisin est debidamente motivada, es congruente y en modo alguno incurre en el vicio de indeterminacin objetiva que se le endilg. En efecto, dicha decisin resolvi con argumentos jurdicos slidos y convincentes todas y cada una de las denuncias formuladas por la recurrente, hoy solicitante de revisin, determinando con la debida claridad y precisin la orden que imparti.
Ello as, de la lectura de la sentencia objeto de revisin se comprueba que la misma declar procedente la infraccin del artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil, al resolver la nica denuncia por infraccin de ley formulada por la hoy solicitante de revisin, luego de considerar que era improcedente la revocatoria y modificacin del fallo de oficio despus de dictado, al superar los lmites establecidos por la doctrina de este Alto Tribunal que ha sealado que la figura de la aclaratoria se encuentra dirigida, a precisar algn aspecto del fallo que hubiere quedado ambiguo u oscuro, o simplemente que no haya quedado claro su alcance en el texto de la sentencia, y no para corregir errores que modifican el fallo e influyen en su ejecucin, tomando en cuenta que adems, en el caso concreto, la solicitud de aclaratoria fue interpuesta extemporneamente.
En adicin a lo anterior, la Sala de Casacin Civil declar la infraccin de los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, y el artculo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, con base en que el juez superior aun cuando haba condenado al pago a la demandada por las cantidades en dlares americanos, haba aplicado la tasa de cambio vigente para el momento que se dict la sentencia, y no la tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago, tal como lo sostuvo esta Sala Constitucional en sentencia N¡ 1.641, de fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.
En aplicacin del criterio de esta Sala Constitucional transcrito, la sentencia de la Sala de Casacin Civil consider que Òal haber establecido el ad quem el equivalente en bolvares (de los US $ 116.988,16 y US $ 104.493,31 condenados a pagar), le di cumplimiento a lo establecido en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, sin embargo, err al establecer que deba calcularse con base en el Òtipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)Ó, emanado del Banco Central de Venezuela, segn lo reglado en los Convenios Cambiarios nmeros 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, pues lo conducente era haber establecido que el clculo del equivalente se deba hacer a la tasa de cambio existente para el momento del pago, pues, como lo establece la sentencia de esta Sala invocada, era factible que entre la fecha de publicacin del fallo y la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufriera una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiarioÓ.
De igual manera, la sentencia objeto de revisin cit el criterio que haba sostenido en sentencia N¡ 106 del 10 de marzo de 2015, caso: Hospital Clnico de Mrida, S.R.L. contra Industrias Venezolanas Philips, S.A., segn el cual Òla referida norma prev que la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal del monto indicado en moneda extranjera, debe ser al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago, es decir, que el clculo de dicho equivalente se debe hacer a la tasa de cambio existente para el momento del pago, pues, es factible que entre la fecha de publicacin del fallo y la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufra una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiario, por lo tanto, esa sera la tasa de cambio aplicable para efectuar el clculo de lo equivalente en moneda de curso legal del monto indicado en moneda extranjera y no el convenio cambiario que estaba vigente para el momento de la publicacin del fallo, pues la fecha del pago no coincide necesariamente con la fecha de publicacin de la sentencia, ya que se trata de dos momentos distintosÉÓ.
Por tales razones, la sentencia de la Sala de Casacin Civil, orden la aplicacin al caso concreto del tipo de cambio corriente y vigente para el momento que los expertos tengan que realizar la experticia complementaria del fallo para la ejecucin del pago equivalente en moneda de curso legal de la obligacin contrada en dlares americanos, estableciendo que para la fecha de dictar dicha decisin es el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aqul que est vigente para el momento del pago.
En consecuencia, el dispositivo de la decisin del Juzgado Superior qued sustituido por el redactado por la Sala de Casacin Civil, en los siguientes trminos:
ÒPRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelacin ejercido los das 18 de julio y 12 de agosto de 2014, por el abogado GERALD BUENAVIDA, en su carcter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES (AMT), contra la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Undcimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trnsito y Bancario de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda MODIFICADO, el fallo recurrido slo en cuanto a la tasa de cambio oficial aplicable para el clculo de la equivalencia en bolvares de los dlares de los Estados Unidos de Amrica, condenados a pagar en el dispositivo del fallo recurrido.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES, intentara la Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), contra la sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL. S.A.
TERCERO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., al pago del saldo adeudado de las facturas Nros. 861067, 861466 y 861429; que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DîLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISEIS CENTAVOS (US $ 116.988,16) en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena a la parte perdidosa, sociedad mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DîLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US $ 104.493,31), en su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deber calcularse conforme a las normas que rigen las operaciones de divisas en el sistema en el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial N¡ 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 o aqul que est vigente para el momento de realizarse el pago, a cuyo efecto se ordena realizar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se condena a la parte perdidosa, Sociedad Mercantil SUPERCABLE ALK INTERNATIONAL S.A., en pagar los intereses moratorios que se continuasen produciendo desde el da 3 de febrero de 2010, hasta la fecha en que la presente decisin quede definitivamente firme, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, para cuyo clculo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.
SEXTO: IMPROCEDENTE la solicitud de indexacin efectuada por la representacin judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), plenamente identificada en el presente fallo.
SPTIMO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artculo 274 del Cdigo de Procedimiento Civil...Ó.
Como puede observarse, la decisin de la Sala de Casacin Civil de este Tribunal Supremo de Justicia cas sin reenvo el fallo recurrido, porque estim que era innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y lo nico que hizo fue modificar el dispositivo del mismo, en lo relativo a la tasa de cambio aplicable para el momento del pago porque como a bien tuvo a advertir, entre la fecha de publicacin del fallo recurrido en casacin y la fecha en la cual se efecte en definitiva el pago, el tipo de cambio poda sufrir una variacin como consecuencia de un nuevo convenio cambiario., lo cual es conforme al criterio sostenido por esta Sala Constitucional en sentencia N¡ 1.641, de fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.
Lo anterior, no constituye extralimitacin alguna por parte de la Sala de Casacin Civil, la cual hizo uso correcto de su facultad de casar sin reenvo el fallo recurrido luego de que corrobor que en las instancia qued establecido que el caso versaba sobre el cobro de unas Òfacturas comerciales generadas por la compra venta de mercanca pactada a travs de contrato celebrado entre las partesÓ, y que, se estaba en presencia de obligaciones pecuniarias pactadas o convenidas en moneda extranjera, por lo que si se consider la naturaleza de tales obligaciones.
Dicho juzgamiento permiti a la Sala de Casacin Civil aplicar la apropiada regla de derecho, es decir, la que indica que, en estos casos, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo corriente en el lugar de la fecha de pago, quedando claro en el dispositivo de la sentencia que dict, la aplicacin al caso concreto del tipo de cambio corriente y vigente para el momento que los expertos tengan que realizar la experticia complementaria del fallo para la ejecucin del pago equivalente en moneda de curso legal de la obligacin contrada en dlares americanos, que para la fecha en que la misma se expidi, es el Convenio N¡ 33 publicado en la Gaceta Oficial nmero 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aqul que est vigente para el momento del pago, siendo claros y suficientes tales parmetros para que los expertos realicen su labor y para que el fallo pueda ser ejecutado.
En tal sentido, la sentencia dictada por la Sala de Casacin Civil, objeto de revisin, hizo nfasis en que en el caso en concreto resulta imposible establecer de antemano cul tasa de cambio deber aplicarse al momento del pago, porque la ejecucin an no ha ocurrido y es un hecho futuro, de all que en el dispositivo se haga alusin a las normas vigentes en el Sistema Cambiario Nacional para el momento del pago.
En conclusin, la casacin sin reenvo contenida en la sentencia objeto de revisin estuvo ajustada a derecho, porque la decisin sobre el recurso de casacin ciertamente haca innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, en tanto que los hechos haban sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de instancia, lo que le permiti aplicar la apropiada regla de derecho (Artculo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela), lo cual, se insiste, est dentro del mbito de sus competencias (Segundo prrafo del artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil), por lo que no se comparte la declaratoria ha lugar de la solicitud de revisin.
Queda en estos trminos expuesto el criterio de la Magistrada disidente, fecha ut supra.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIRREZ ALVARADO
Ponente
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESòS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHçN
Disidente
JUAN JOS MENDOZA JOVER
CALIXTO ORTEGA RêOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUçREZ ANDERSON
El Secretario,
Jos Leonardo Requena Cabello
V.S. Exp.- 16-0066
CZdM/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias