Venley

Sentencia N.º 345

Sentencia
N.º 345
Fecha
31/03/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2252
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 13 de agosto de 2004, los abogados LUCÍA GÓMEZ DE DELGADO y  MIGUEL CALVO, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 11.914 y 1.481, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de FUNERARIA MEMORIAL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, bajo el No. 27, Tomo 55-A Sgdo, de conformidad con lo establecido en artículo 336.10 de la Constitución y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, interpusieron solicitud de revisión de la decisión de la Sala de Casación Penal No. 224 del 23 de junio de 2004.

 

En la oportunidad de su presentación, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

ANTECEDENTES DEL CASO

 

            Refieren los apoderados actores, como antecedentes del caso, los hechos siguientes:

 

            Que Funeraria Memorial, C. A.,  por más de  dieciséis años, fue arrendataria de un inmueble ubicado en la Urbanización Bello Campo, siendo desalojada de la posesión del mismo, en virtud de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio que, por cumplimiento de contrato de comodato, entabló Inversiones 11365,  C. A., -cuyos accionistas son los ciudadanos LUIS ENRIQUE PÉREZ BENEDETTI  y  LUISA LUZARDO DE PÉREZ,  contra Maquinarias Asterix,  C.A., siendo esta última la arrendadora  de  Funeraria Memorial, C. A.

 

Que dada la comisión del “fraude procesal” con el cual se desalojó a su representada -la ejecución de otra figura contractual (falso comodato)- para privarle de su derecho a prórroga que conforme a la ley inmobiliaria le amparaba, aunado al hecho que jamás tuvo conocimiento de la existencia del citado juicio de ejecución de comodato, los apoderados judiciales de Funeraria Memorial C. A. interpusieron ante el Ministerio Público denuncia contra los ciudadanos Loreto Melquíades Chirinos, Ramona Arévalo de Chirinos, Luis Enrique Pérez Benedetti, Luisa Margarita Luzardo de Pérez, Patricia Antón Moreno, Rosa Panchita Díaz, Alicia Voz de Torres, Julia Blanco y Victoria Voz de Martín, por la comisión de los delitos de usura, estafa continuada -mediante fraude procesal- y agavillamiento, dada la suscripción de sucesivos contratos de arrendamiento y subarrendamiento del inmueble ubicado en la Urbanización Bello Campo, desde el año 1986, entre la FUNERARIA MEMORIAL C. A. y las distintas empresas constituidas por los denunciados a tal fin.

 

            Que la investigación penal se inició el 29 de mayo de 2002, correspondiéndole la misma a la Fiscalía Quincuagésima Segunda del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, representación fiscal que, sin que hubiese completado la investigación penal correspondiente, el 26 de febrero de 2003,  solicitó ante el Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 318.2 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Que, visto el sobreseimiento presentado por el Ministerio Público, la representación judicial –para ese momento- de Funeraria Memorial C.A, solicitó la fijación de la audiencia de que trata el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de debatir los fundamentos de la petición del Ministerio Público, solicitud que fue obviada por el Juzgador, acordando el sobreseimiento, el 16 de junio de 2003.

 

Que, contra la decisión en comento, se ejerció recurso de apelación, el cual fue declarado con lugar por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por estimar que el Juez de Control al no observar las normas que garantizan los derechos de la víctima del delito, había vulnerado derechos de rango constitucional de la Funeraria Memorial C.A., en su carácter de víctima, razón por la cual decretó la nulidad de la decisión impugnada y ordenó la celebración de la audiencia prevista en el señalado artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, previa al pronunciamiento sobre el sobreseimiento.

 

Que, distribuidas las actuaciones, le correspondió conocer al Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ante el cual se celebró la audiencia ordenada por la Corte de Apelaciones en el referido fallo y, el 5 de diciembre de 2003, el referido Juzgado de Control decretó el sobreseimiento de la Causa, por estimar que los hechos denunciados no revestían carácter penal.

 

Que, nuevamente, los representantes judiciales de Funeraria Memorial, C.A. ejercieron el recurso de apelación, siendo el mismo declarado sin lugar el 30 de enero 2004 por la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

Que, por ello y, en ejercicio de los derechos que como víctima le reconocen los artículos 120.7 y  325 del Código Orgánico Procesal Penal, los apoderados judiciales interpusieron recurso de casación contra la referida decisión de la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones, el cual fue declarado inadmisible por la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal, el 23 de junio de 2004.

 

DE LA REVISIÓN SOLICITADA

 

Alegaron los apoderados actores, para fundamentar su solicitud de revisión, lo siguiente:

 

Que el fallo objeto de revisión, vulneró a su representada el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 26 de la Constitución, y del cual forma parte el derecho al recurso cuando la ley así lo prevé. 

 

A su criterio, la declaratoria de inadmisibilidad del fallo infringió la señalada garantía constitucional,  ya que la víctima tiene derecho a impugnar la decisión de sobreseimiento conforme lo establecido en los artículos 120.8  y 325 del Código Orgánico Procesal Penal, amén de que el artículo 459 eiusdem, al indicar de manera taxativa cuáles son las decisiones recurribles en casación, señala como impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación.

           

Estimaron igualmente, que la Sala de Casación Penal incurrió en el “error inexcusable” de declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la víctima, al quebrantar el derecho a la tutela judicial efectiva de su representada, por dos razones:

 

1.- “(...) olvidarse que cuando la Ley establece un recurso, el acceso al mismo se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que supone, entre otras cosas, que las normas reguladoras del acceso a la doble instancia habrá de aplicarse, como en todos los casos, esto es, de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable al derecho fundamental. Ello implica la existencia de un principio ‘pro recurso’, como manifestación específica del principio penal ‘pro actione’, que significa que el Tribunal debe adoptar una posición favorable no a la estimación del recurso, pero si a su admisión a trámite, y tiene dos consecuencias fundamentales: 1. Los formalismos inútiles que impiden la admisión a trámite de un recurso, son inconstitucionales; y 2. Los requisitos formales y materiales dotados de significación jurídica, deben necesariamente ser interpretados en el sentido que más favorezca la admisión a trámite del recurso”.

           

                        En su caso, la Sala de Casación Penal dejó sin explicación alguna, el por qué consideró la inaplicabilidad del contenido del artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando la decisión recurrida era un sobreseimiento, siendo que el señalado artículo 325 no hace diferenciación alguna entre el sobreseimiento presentado como acto conclusivo de la investigación y el sobreseimiento dictado en fase intermedia producto de la inadmisión de la acusación, ya que “ambos sobreseimientos” ponen fin al proceso e impiden su continuación, más aún “cuando pudiese ser que el decretado en fase intermedia no tuviese esas consecuencias, toda vez que el Juez puede decretarlo por defectos en la promoción de la acusación, lo que no impediría al Ministerio Público formularla nuevamente, lo cual no es factible en el caso del sobreseimiento planteado como acto conclusivo de la investigación, ya que al ser acogido por el Juzgador, indefectiblemente, tiene la particularidad de ponerle fin al juicio o impedir su continuación”.

 

Igualmente, señalaron que “tampoco explica la Sala de Casación Penal, en el fallo cuya revisión se solicita, de qué manera -a criterio de la Sala- la aplicación del citado artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, contraría preceptos de jerarquía constitucional, puesto que ni siquiera hace una exigua mención de la norma constitucional que lo contiene, para poder analizar si efectivamente, la aplicación del  referido dispositivo procesal colide en su aplicación con alguna norma supralegal cuya vulneración implique el menoscabo de derechos o garantías de alguna de las partes en el proceso. Ante la omisión anotada, es pertinente resaltar que efectivamente ha habido en el presente caso un grosero irrespeto al derecho a la Tutela Judicial efectiva de nuestra representada”.

 

2.- “(...) la negación por parte del fallo recurrido del derecho a obtener -mediante la  emisión de un pronunciamiento- la respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en derecho y no manifiestamente arbitraria e irrazonable, o sea, que las incongruencias presentes en la sentencia cuya revisión se impetra, anulan esta posibilidad”.

Al respecto, apreciaron que “constituye una incongruencia inaceptable en derecho,  sostener, como se desprende de la motivación del fallo antes transcrita, que con la  sola admisión del Recurso de Casación,  ‘ipso facto’, se compele al Ministerio Público a ejercer la acción penal, cuando aun en el supuesto de que ese Recurso sea admitido y declarado con lugar, la consecuencia inmediata de dicha decisión, no podrá ser la orden al Ministerio Público de ejercer la acción, sino que ante el definitivo rechazo judicial de la solicitud de sobreseimiento  presentada por el Fiscal del Ministerio Público, lo procedente es que las actuaciones sean remitidas al Fiscal Superior a los fines de que ratifique o rectifique la solicitud fiscal mediante pronunciamiento motivado conforme al primer aparte del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal”.

 

            Por ello, a criterio de la parte actora “es evidente entonces, que la interpretación que de las normas constitucionales y legales se ha hecho en la sentencia  cuya revisión  se impetra, no sólo constituye una deliberada violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República, al atentar contra el derecho al acceso a la actividad jurisdiccional recursiva y a obtener una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo del asunto, estableciendo obstáculos caprichosos y arbitrarios  que obstaculizan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, sino que, además, la apartan de la interpretación de normas constitucionales contenidas en sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al pronunciamiento recurrido,  ya que desconoce de manera flagrante el derecho de rango constitucional que prevé el artículo 30 de nuestra Carta Magna a favor de la víctima de delitos comunes”.

 

Invocaron como fundamento de los alegatos precedentemente señalados, el criterio sustentado por la Sala en sentencia del 20 de noviembre de 2003 (Caso: Viproca), conforme al cual “los derechos de la víctima al ser de rango constitucional, deben ser garantizados en su plenitud por el órgano jurisdiccional”.

 

En razón de lo cual “la decisión de declarar la inadmisibilidad del Recurso de Casación interpuesto por la representación judicial de la víctima  en el caso que nos ocupa, FUNERARIA LA MEMORIAL C. A., basado en el argumento de que no se puede compeler al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal,  constituye, evidentemente, un error inexcusable que hace que el fallo sometido al Recurso Extraordinario de Revisión, irrumpa contra la interpretación constitucional sostenida de manera pacífica y reiterada por esta Sala”.

 

DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

 

La Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal, en sentencia del 23 de junio de 2004, desestimó -por inadmisible- el recurso de casación propuesto por el abogado Gastón Miguel Saldivia, apoderado judicial de la Funeraria Memorial, C.A.

 

Fundamentó la Sala de Casación Penal el referido fallo, en lo siguiente:

 

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala, dentro de la oportunidad legal para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso, observa:

El ciudadano Fiscal Quincuagésimo Segundo del Área Metropolitana de Caracas, abogado Oswaldo Borrero, solicitó el sobreseimiento de la investigación abierta contra los ciudadanos Loreto Melquíades Chirinos, Luis Enrique Pérez Benedetti, Luisa Margarita Luzardo de Pérez, Patricia Antón Moreno, Ramona Arévalos de Chirinos, Rosa Panchita Díaz, Alicia Voz de Torres, Julia Blanco y Victoria Voz de Martín, de conformidad con el artículo 318, ordinal 2°, del Código Orgánico Procesal Penal, o sea, por  cuanto los hechos denunciados no configuraban ninguna figura delictiva.  Dicho sobreseimiento fue decretado por el Tribunal N° 9 de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

 Establece el artículo 325 ejusdem, la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que, en la etapa de investigación del proceso, decreten el sobreseimiento. En concepto de esta Sala, la  referida norma no es aplicable en el caso planteado en cuanto al recurso de casación se refiere. En efecto, nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4 (sic), de la Constitución, 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público).

 Por consiguiente, la norma invocada (artículo 325), referente a la procedencia del recurso de casación respecto al sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso, no es aplicable, en cuanto al recurso de casación se refiere, por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. En efecto, el artículo 19 de la Constitución reconoce el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. Estos deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitución y, la norma referente al recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento, como acto conclusivo de la investigación, no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal, por cuanto el ejercicio de esta acción es un deber de la exclusiva competencia de esta institución (artículo 285, numeral 4 (sic) de la Constitución).

Cabe señalar, a mayor abundamiento, que los principios de la tutela judicial efectiva, son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). En consecuencia, el acceso al procedimiento, no puede hacerse a ultranza y, en nuestra legislación, corresponde al Ministerio Público, como se dejo dicho, ejercer o no la acción penal, a excepción de los casos señalados.  No puede, en consecuencia, ser compelido a ello, como ocurría en la  legislación inquisitiva derogada. El recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se trataría, en consecuencia, de casaciones inútiles que, no sería, por lo demás, deseable propiciar

En consecuencia, esta Sala, encuentra procedente desestimar, por inadmisible, el recurso de casación propuesto, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide”.

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la revisión solicitada y, a tal fin, se observa que el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la Constitución de 1999 en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.

 

Asimismo, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.942 del 20 de mayo de 2004, establece:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(omissis)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”. (resaltado de este fallo).

 

Visto que, en el caso de autos, se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal, actuando como alzada de una Sala integrante de una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala Constitucional se considera competente para conocerla, y así se declara.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Fijada como ha sido la competencia de la Sala para conocer de la presente solicitud de revisión, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal fin, observa:

 

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal establece como supuestos de procedencia de la revisión que se denuncie fundadamente lo siguiente: la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o  que la sentencia haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.

 

En el presente caso, el fundamento de la solicitud radica en que – a juicio de los apoderados actores-, la Sala de Casación Penal en el fallo cuya revisión se solicitó, incurrió en un error inexcusable al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por su representada, en su carácter de víctima, lo cual infringió su derecho a la tutela judicial efectiva.

 

            La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se ajusta a dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes.

 

Todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos.

 

El señalado artículo 26 Constitucional que consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva -conocido también como la garantía jurisdiccional-, encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los  mínimos imperativos de la justicia sean  garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

 

            En sintonía con el contenido de la garantía a la tutela judicial efectiva, la Sala en innumerables sentencias ha reconocido los derechos que, dentro del proceso penal, le asisten a las víctimas de delitos.

           

            Al respecto, en sentencia número 3267 del 20 de noviembre de 2003, la Sala estableció:

 

“De lo señalado se evidencia que, en el proceso penal que dio origen a la presente acción de amparo, la accionante y sus representados, son víctimas del delito objeto de dicho proceso y, por ende conforme lo establecido en el artículo120 del Código Orgánico Procesal Penal, pueden ejercer varios derechos. En efecto, de acuerdo a la citada disposición, la víctima tiene, entre otros, derecho a querellarse, ser informada de los resultados del proceso, adherirse a la acusación fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte, ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos -reiterado en el artículo 315 eiusdem-, ser oído por el tribunal antes de la decisión de sobreseimiento o de otra que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente. Estos derechos consagrados a la víctima nacen del mandato contenido en el artículo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, desarrollado como garantía procesal en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé: ‘Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal...’. Y, como objetivo del proceso penal en la norma contenida en el artículo 118 eiusdem, que establece: ‘La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas sus fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir’. Es por ello que, la víctima puede intervenir en el proceso penal sin necesidad de querellarse. Ahora bien, en el nuevo proceso penal venezolano, la víctima del delito tiene extremo interés en las resultas del proceso debido a la lesión que recibe; en todo caso, debe dársele un trato igual que al imputado, sobre todo cuando la ley no lo prohíbe, sino que por el contrario lo establece como principio del proceso en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del derecho a la igualdad procesal de las partes como expresión del derecho a la defensa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 21 y 49, los cuales se corresponden con los artículos 61, 68 y 69 de la derogada Constitución de la República, consagran el principio de igualdad de las partes ante la ley así como el derecho al debido proceso y a la defensa. El principio de igualdad entre las partes aparece también consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica -aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional, por así disponerlo el artículo 23 del texto fundamental- establece en su artículo 8 lo siguiente: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. En correspondencia con el derecho a la igualdad como expresión del derecho a la defensa y el debido proceso coexiste el derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala, en la sentencia del 10 de mayo de 2001 (Caso: Juan Adolfo Guevara y otros), asentó: ‘El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles’. De allí que, a juicio de la Sala, en el ámbito del derecho procesal penal, los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de los derechos de la víctima, dentro de los cuales se encuentran, tanto los derechos y garantías establecidos en el texto constitucional para todos los ciudadanos, como los derechos específicos que consagra a su favor la ley adjetiva penal, en varias de sus disposiciones normativas, las cuales, en todo caso, deben ser interpretadas de manera amplia y concordada a fin de que se logre la finalidad del proceso y, en definitiva, se garanticen los referidos derechos y garantías constitucionales”

 

En este orden de ideas, a juicio de la Sala, en el caso de autos, la decisión de la Sala de Casación Penal mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales de Funeraria Memorial, C.A., contra el fallo dictado por la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que decidió sin lugar la apelación que los referidos apoderados ejercieran contra la declaratoria de sobreseimiento proferida por el Juzgado Noveno de Control del señalado Circuito Judicial Penal, se basó en un criterio erróneo del juzgador, lo cual comportó, una infracción en la situación jurídica de quien interpuso el recurso –la víctima del delito-, del derecho a la tutela judicial efectiva.

 

En efecto, el artículo 120.8  del Código Orgánico Procesal Penal consagra a la víctima el derecho de impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

 

Acorde con la norma señalada, el artículo 325 eiusdem confiere igualmente a la víctima de delito –querellada o no- la potestad de interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento. Dicho auto es el que dicta el Juez de Control cuando acepta la  solicitud de sobreseimiento que formula el Ministerio Público, terminado el procedimiento preparatorio, esto es, como acto conclusivo de la investigación.

 

De allí, que este derecho –el derecho al recurso- comporte para la víctima, la primera manifestación del derecho reconocido en el artículo 26 Constitucional, es decir, el acceso a la jurisdicción que se concreta en el derecho a ser parte o intervenir en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.

 

En tal sentido, a juicio de la Sala, el acceso a la justicia es el momento en que la protección del derecho a la tutela judicial efectiva tiene que ser más fuerte. Protección que se traduce en la imposición a los jueces de “la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales”.

Por consiguiente, “el rechazo de la acción basado en una interpretación restrictiva de las condiciones establecidas para su ejercicio comporta la vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 CE” (Sentencia del Tribunal Constitucional Español No. 34/1994).

 

Por ello, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a utilizar los recursos que la ley prevea, cualquiera que éstos sean.

 

Indiscutiblemente, que al ser el derecho al recurso un derecho de configuración legal, la interpretación de las reglas que regulan el acceso a los recursos es una cuestión de legalidad ordinaria.

 

A juicio de esta Sala, la Sala de Casación Penal, al sostener que aun cuando el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal establece la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que, en la etapa de investigación del proceso, decreten el sobreseimiento, “la  referida norma no es aplicable en el caso planteado en cuanto al recurso de casación se refiere”, ya que “nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4 (sic), de la Constitución, 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). Por consiguiente, la norma invocada (artículo 325), referente a la procedencia del recurso de casación respecto al sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso, no es aplicable, en cuanto al recurso de casación se refiere, por contrariar preceptos de jerarquía constitucional”, infringió principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; no obstante, estimar que “el artículo 19 de la Constitución reconoce el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. Estos deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitución y, la norma referente al recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento, como acto conclusivo de la investigación, no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal, por cuanto el ejercicio de esta acción es un deber de la exclusiva competencia de esta institución (...) los principios de la tutela judicial efectiva, son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). En consecuencia, el acceso al procedimiento, no puede hacerse a ultranza y, en nuestra legislación, corresponde al Ministerio Público, como se dejo dicho, ejercer o no la acción penal, a excepción de los casos señalados.  No puede, en consecuencia, ser compelido a ello, como ocurría en la  legislación inquisitiva derogada. El recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se trataría, en consecuencia, de casaciones inútiles que, no sería, por lo demás, deseable propiciar”.

 

Por otra parte, los solicitantes denunciaron que la Sala de Casación Penal, con posterioridad al fallo cuya revisión se solicitó, cambió de criterio con relación al punto objeto del caso de autos y admitió un recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la víctima contra una decisión dictada por una Corte de Apelaciones que confirmó el sobreseimiento. (vid. Sentencia No. A-28 del 11 de agosto de 2004).

            En torno al asunto, apunta la Sala, que la referida denuncia se encuentra estrechamente vinculada con el principio de seguridad jurídica, respecto del cual la Sala en sentencia No. 3180 del 15 de diciembre de 2004 (Caso: Rafael Ángel Terán Barroeta y otros), dejó establecido, lo siguiente:

 

“El principio de seguridad jurídica como tal no se encuentra establecido en la vigente constitución.

Pero a pesar que el Texto Fundamental expresamente no lo define, el artículo 299 Constitucional, en lo relativo al sistema económico, señala: ‘(...) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, ...’.

La seguridad jurídica aparece ligada al fortalecimiento de la economía del país, pero considera la Sala, que ella obedece a un criterio más amplio, que se derivaría del propio Texto Constitucional y que se convierte en un principio constitucional.

Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.

Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.

 Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad.

Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la mayor responsabilidad en la interpretación normativa, ya que es la estabilización de la interpretación lo que genera en la población y en los litigantes, la confianza sobre cual sería el sentido que tiene la norma ante un determinado supuesto de hecho (a lo que se refiere la uniformidad de la jurisprudencia).

Tan ello es así, que las interpretaciones de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante, en materia constitucional (artículo 335 constitucional); las de la Sala de Casación Civil, si bien es cierto que no son vinculantes, sin embargo los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de dicha Sala, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, tal como lo exige el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; y durante la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, un efecto análogo al de la Casación Civil, producía la sentencia de la Sala de Casación Penal cuando casaba en interés de la ley, ya que advertía a los jueces de instancia (sentenciadores) la infracción o infracciones cometidas, para que no vuelvan a incurrir en ellas (artículo 347), a lo que se aunaba la publicación del fallo (artículo 354 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal).

La uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, como lo son los usos procesales o judiciales que practican los Tribunales y que crean expectativas entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mismas, sin que caprichosamente se estén modificando, sorprendiéndose así la buena fe de los usuarios del sistema”. 

 

Es por ello que, a criterio de la Sala, la sentencia No. 224  dictada el 23 de junio de 2004 por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, infringió garantías fundamentales consagradas en la Constitución, motivo por el cual, la Sala declara que ha lugar la solicitud de revisión formulada. En consecuencia, anula la referida sentencia y ordena se dicte nueva decisión sobre la admisibilidad del recurso interpuesto con estricta sujeción a la doctrina establecida en el presente fallo, y así se declara.

 

Decisión

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR a la solicitud de revisión interpuesta por los abogados LUCÍA GÓMEZ DE DELGADO y MIGUEL CALVO, en su carácter de apoderados judiciales de FUNERARIA MEMORIAL, C.A., de la decisión de la Sala de Casación Penal No. 224 del 23 de junio de 2004, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la prenombrada sociedad mercantil. En consecuencia, ANULA la referida sentencia No. 224 del 23 de junio de 2004 y ordena se dicte nueva decisión sobre la admisibilidad del recurso interpuesto con estricta sujeción a la doctrina establecida en el presente fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 31  días del mes de marzo de 2005. Años 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp: 04-2252

JECR/

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