Sentencia N.º 345
- Sentencia
- N.º 345
- Fecha
- 31/03/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2252
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 13 de agosto de 2004, los abogados LUCÍA GÓMEZ DE DELGADO y MIGUEL CALVO, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 11.914 y 1.481, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de FUNERARIA MEMORIAL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de
En la oportunidad de su presentación, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES DEL CASO
Refieren los apoderados actores, como antecedentes del caso, los hechos siguientes:
Que Funeraria Memorial, C. A., por más de dieciséis años, fue arrendataria de un inmueble ubicado en
Que dada la comisión del fraude procesal con el cual se desalojó a su representada -la ejecución de otra figura contractual (falso comodato)- para privarle de su derecho a prórroga que conforme a la ley inmobiliaria le amparaba, aunado al hecho que jamás tuvo conocimiento de la existencia del citado juicio de ejecución de comodato, los apoderados judiciales de Funeraria Memorial C. A. interpusieron ante el Ministerio Público denuncia contra los ciudadanos Loreto Melquíades Chirinos, Ramona Arévalo de Chirinos, Luis Enrique Pérez Benedetti, Luisa Margarita Luzardo de Pérez, Patricia Antón Moreno, Rosa Panchita Díaz, Alicia Voz de Torres, Julia Blanco y Victoria Voz de Martín, por la comisión de los delitos de usura, estafa continuada -mediante fraude procesal- y agavillamiento, dada la suscripción de sucesivos contratos de arrendamiento y subarrendamiento del inmueble ubicado en
Que la investigación penal se inició el 29 de mayo de 2002, correspondiéndole la misma a
Que, visto el sobreseimiento presentado por el Ministerio Público, la representación judicial para ese momento- de Funeraria Memorial C.A, solicitó la fijación de la audiencia de que trata el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de debatir los fundamentos de la petición del Ministerio Público, solicitud que fue obviada por el Juzgador, acordando el sobreseimiento, el 16 de junio de 2003.
Que, contra la decisión en comento, se ejerció recurso de apelación, el cual fue declarado con lugar por
Que, distribuidas las actuaciones, le correspondió conocer al Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ante el cual se celebró la audiencia ordenada por
Que, nuevamente, los representantes judiciales de Funeraria Memorial, C.A. ejercieron el recurso de apelación, siendo el mismo declarado sin lugar el 30 de enero 2004 por
Que, por ello y, en ejercicio de los derechos que como víctima le reconocen los artículos 120.7 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal, los apoderados judiciales interpusieron recurso de casación contra la referida decisión de
DE LA REVISIÓN SOLICITADA
Alegaron los apoderados actores, para fundamentar su solicitud de revisión, lo siguiente:
Que el fallo objeto de revisión, vulneró a su representada el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 26 de
A su criterio, la declaratoria de inadmisibilidad del fallo infringió la señalada garantía constitucional, ya que la víctima tiene derecho a impugnar la decisión de sobreseimiento conforme lo establecido en los artículos 120.8 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal, amén de que el artículo 459 eiusdem, al indicar de manera taxativa cuáles son las decisiones recurribles en casación, señala como impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación.
Estimaron igualmente, que
1.- (...) olvidarse que cuando
En su caso,
Igualmente, señalaron que tampoco explica
2.- (...) la negación por parte del fallo recurrido del derecho a obtener -mediante la emisión de un pronunciamiento- la respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en derecho y no manifiestamente arbitraria e irrazonable, o sea, que las incongruencias presentes en la sentencia cuya revisión se impetra, anulan esta posibilidad.
Al respecto, apreciaron que constituye una incongruencia inaceptable en derecho, sostener, como se desprende de la motivación del fallo antes transcrita, que con la sola admisión del Recurso de Casación, ipso facto, se compele al Ministerio Público a ejercer la acción penal, cuando aun en el supuesto de que ese Recurso sea admitido y declarado con lugar, la consecuencia inmediata de dicha decisión, no podrá ser la orden al Ministerio Público de ejercer la acción, sino que ante el definitivo rechazo judicial de la solicitud de sobreseimiento presentada por el Fiscal del Ministerio Público, lo procedente es que las actuaciones sean remitidas al Fiscal Superior a los fines de que ratifique o rectifique la solicitud fiscal mediante pronunciamiento motivado conforme al primer aparte del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por ello, a criterio de la parte actora es evidente entonces, que la interpretación que de las normas constitucionales y legales se ha hecho en la sentencia cuya revisión se impetra, no sólo constituye una deliberada violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
Invocaron como fundamento de los alegatos precedentemente señalados, el criterio sustentado por
En razón de lo cual la decisión de declarar la inadmisibilidad del Recurso de Casación interpuesto por la representación judicial de la víctima en el caso que nos ocupa, FUNERARIA
DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
Fundamentó
Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso y encontrándose
El ciudadano Fiscal Quincuagésimo Segundo del Área Metropolitana de Caracas, abogado Oswaldo Borrero, solicitó el sobreseimiento de la investigación abierta contra los ciudadanos Loreto Melquíades Chirinos, Luis Enrique Pérez Benedetti, Luisa Margarita Luzardo de Pérez, Patricia Antón Moreno, Ramona Arévalos de Chirinos, Rosa Panchita Díaz, Alicia Voz de Torres, Julia Blanco y Victoria Voz de Martín, de conformidad con el artículo 318, ordinal 2°, del Código Orgánico Procesal Penal, o sea, por cuanto los hechos denunciados no configuraban ninguna figura delictiva. Dicho sobreseimiento fue decretado por el Tribunal N° 9 de Control del mismo Circuito Judicial Penal.
Establece el artículo 325 ejusdem, la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que, en la etapa de investigación del proceso, decreten el sobreseimiento. En concepto de esta Sala, la referida norma no es aplicable en el caso planteado en cuanto al recurso de casación se refiere. En efecto, nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4 (sic), de
Por consiguiente, la norma invocada (artículo 325), referente a la procedencia del recurso de casación respecto al sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso, no es aplicable, en cuanto al recurso de casación se refiere, por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. En efecto, el artículo 19 de
Cabe señalar, a mayor abundamiento, que los principios de la tutela judicial efectiva, son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). En consecuencia, el acceso al procedimiento, no puede hacerse a ultranza y, en nuestra legislación, corresponde al Ministerio Público, como se dejo dicho, ejercer o no la acción penal, a excepción de los casos señalados. No puede, en consecuencia, ser compelido a ello, como ocurría en la legislación inquisitiva derogada. El recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se trataría, en consecuencia, de casaciones inútiles que, no sería, por lo demás, deseable propiciar
En consecuencia, esta Sala, encuentra procedente desestimar, por inadmisible, el recurso de casación propuesto, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
COMPETENCIA DE LA SALA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la revisión solicitada y, a tal fin, se observa que el artículo 336.10 de
Son atribuciones de
Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de
En efecto, dentro de las potestades atribuidas en
Asimismo, el artículo 5.4 de
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de
(omissis)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
Visto que, en el caso de autos, se solicitó la revisión de una sentencia dictada por
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Fijada como ha sido la competencia de
El numeral 4 del artículo 5 de
En el presente caso, el fundamento de la solicitud radica en que a juicio de los apoderados actores-,
Todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos.
El señalado artículo 26 Constitucional que consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva -conocido también como la garantía jurisdiccional-, encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con
En sintonía con el contenido de la garantía a la tutela judicial efectiva,
Al respecto, en sentencia número 3267 del 20 de noviembre de 2003,
De lo señalado se evidencia que, en el proceso penal que dio origen a la presente acción de amparo, la accionante y sus representados, son víctimas del delito objeto de dicho proceso y, por ende conforme lo establecido en el artículo120 del Código Orgánico Procesal Penal, pueden ejercer varios derechos. En efecto, de acuerdo a la citada disposición, la víctima tiene, entre otros, derecho a querellarse, ser informada de los resultados del proceso, adherirse a la acusación fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte, ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos -reiterado en el artículo 315 eiusdem-, ser oído por el tribunal antes de la decisión de sobreseimiento o de otra que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente. Estos derechos consagrados a la víctima nacen del mandato contenido en el artículo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, desarrollado como garantía procesal en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé: Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.... Y, como objetivo del proceso penal en la norma contenida en el artículo 118 eiusdem, que establece: La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas sus fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir. Es por ello que, la víctima puede intervenir en el proceso penal sin necesidad de querellarse. Ahora bien, en el nuevo proceso penal venezolano, la víctima del delito tiene extremo interés en las resultas del proceso debido a la lesión que recibe; en todo caso, debe dársele un trato igual que al imputado, sobre todo cuando la ley no lo prohíbe, sino que por el contrario lo establece como principio del proceso en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del derecho a la igualdad procesal de las partes como expresión del derecho a la defensa.
En este orden de ideas, a juicio de
En efecto, el artículo 120.8 del Código Orgánico Procesal Penal consagra a la víctima el derecho de impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.
Acorde con la norma señalada, el artículo 325 eiusdem confiere igualmente a la víctima de delito querellada o no- la potestad de interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento. Dicho auto es el que dicta el Juez de Control cuando acepta la solicitud de sobreseimiento que formula el Ministerio Público, terminado el procedimiento preparatorio, esto es, como acto conclusivo de la investigación.
De allí, que este derecho el derecho al recurso- comporte para la víctima, la primera manifestación del derecho reconocido en el artículo 26 Constitucional, es decir, el acceso a la jurisdicción que se concreta en el derecho a ser parte o intervenir en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.
En tal sentido, a juicio de
Por consiguiente, el rechazo de la acción basado en una interpretación restrictiva de las condiciones establecidas para su ejercicio comporta la vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 CE (Sentencia del Tribunal Constitucional Español No. 34/1994).
Por ello, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a utilizar los recursos que la ley prevea, cualquiera que éstos sean.
Indiscutiblemente, que al ser el derecho al recurso un derecho de configuración legal, la interpretación de las reglas que regulan el acceso a los recursos es una cuestión de legalidad ordinaria.
A juicio de esta Sala,
Por otra parte, los solicitantes denunciaron que
En torno al asunto, apunta
El principio de seguridad jurídica como tal no se encuentra establecido en la vigente constitución.
Pero a pesar que el Texto Fundamental expresamente no lo define, el artículo 299 Constitucional, en lo relativo al sistema económico, señala: (...) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, ....
La seguridad jurídica aparece ligada al fortalecimiento de la economía del país, pero considera
Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.
Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.
Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad.
Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la mayor responsabilidad en la interpretación normativa, ya que es la estabilización de la interpretación lo que genera en la población y en los litigantes, la confianza sobre cual sería el sentido que tiene la norma ante un determinado supuesto de hecho (a lo que se refiere la uniformidad de la jurisprudencia).
Tan ello es así, que las interpretaciones de
La uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, como lo son los usos procesales o judiciales que practican los Tribunales y que crean expectativas entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mismas, sin que caprichosamente se estén modificando, sorprendiéndose así la buena fe de los usuarios del sistema.
Es por ello que, a criterio de
Decisión
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp: 04-2252
JECR/
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