Venley

Sentencia N.º 347

Sentencia
N.º 347
Fecha
01/03/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-1120
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo
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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 19 de mayo de 2006, la ciudadana JACKELINE CRISTINA LUGO SALAZAR, titular de la cédula de identidad n° 11.390.140, en su nombre y en representación de sus tres hijos menores de edad, cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, mediante la representación del abogado Melquíades Peley, con inscripción en el Inpreabogado bajo el no 37.885, intentó, ante la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, amparo constitucional contra la decisión que dictó el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial el 9 de marzo de 2006, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso y a la propiedad que acogieron los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                        El 21 de junio de 2006, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia juzgó sobre la pretensión y declaró no ha lugar a la demanda de amparo.

                        El 27 de junio de 2006, el abogado Jairo Campos Álvarez, en representación del ciudadano Hilario Ramón Almarza Nava, parte demandada en el juicio originario, apeló contra dicha decisión para ante la Sala Constitucional.

                        Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 26 de julio de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

                        El 17 de enero de 2007, el apelante pidió la decisión de la causa.

 

I

DE LA CAUSA

                        El 19 de mayo de 2006, la ciudadana Jackeline Cristina Lugo Salazar, en su nombre y en representación de sus tres hijos menores de edad, cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, propuso, ante la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, pretensión de tutela constitucional contra el acto jurisdiccional que pronunció el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial el 9 de marzo de 2006.

                        El 23 de mayo de 2006, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia admitió dicha demanda y ordenó la práctica de las notificaciones correspondientes.

                        El 24 de mayo de 2006, la Corte Superior expidió medida cautelar mediante la cual ordenó “paralizar la ejecución de la sentencia recurrida, dictada en fecha 09 de marzo de 2006, hasta tanto se decida la acción de amparo constitucional…” y mantener a los quejosos en posesión del inmueble que allí se identificó.  

El 13 de junio el abogado Jairo Campos, en representación del ciudadano Hilario Almarza, tercero coadyuvante, presentó escrito en relación con el caso y consignó anexos al expediente.

                        El 16 de junio de 2006, la Corte Superior celebró la audiencia pública con la comparecencia de las partes supuestamente agraviada y agraviante, la representación del Ministerio Público y el tercero coadyuvante. En esa misma oportunidad, el Juez que fue señalado como agraviante consignó escrito de informe.

                        El 21 de junio de 2006, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia emitió veredicto definitivo en el cual declaró que: i) no ha lugar a la demanda de amparo constitucional que incoó, la parte actora; ii) el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia es incompetente por la materia para el conocimiento de la querella interdictal que incoaron los quejosos contra el ciudadano Hilario Almarza; iii) el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la misma Circunscripción Judicial es el que tiene competencia para el conocimiento de la querella interdictal; iv) la nulidad de todas las actuaciones que se materializaron por ante el Tribunal incompetente; v) el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente declinarÁ la competencia en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y vi) mantuvo provisionalmente la medida cautelar que acordó el 24 de mayo de 2006, hasta tanto el Juez al que le corresponda el conocimiento de la querella interdictal asuma el mismo y se pronuncie sobre la medida en cuestión.

                        El 27 de junio de 2006, el abogado Jairo Campos, en representación del ciudadano Hilario Ramón Almarza Nava, presentó escrito de apelación y consignó anexos.

                        El 11 de julio de 2006, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional.

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

                        1.         Alegó el apoderado de la quejosa:

1.1              Que su representada intentó una querella interdictal restitutoria contra el ciudadano Hilario Almarza sobre un inmueble que está ubicado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, ante el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial Estado Zulia.

1.2              Que, luego de la admisión de la demanda, el Juez acordó medida cautelar de secuestro sobre el inmueble y autorizó a su mandante, conjuntamente con sus hijos, a que “habiten de manera provisional el inmueble”.  

1.3              Que “(c)onsta en diligencia de fecha 06 de Febrero de 2.004, donde se evidencia que esta representación judicial desistió del procedimiento interdictal, aduciendo que las perturbaciones que se hacen mención en el libelo de la demanda han cesado, y los niños y/o adolescentes se encuentran efectivamente en posesión del inmueble del cual son únicos y legítimos propietarios, y les solicité al Tribunal la homologación del desistimiento, y es así que mediante sentencia de fecha 16 de Febrero de 2.004, el Dr. Héctor Peñaranda Quintero, quien funge como Juez titular de la Sala No. 1 de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, aprobó y homologó el referido desistimiento del procedimiento, el cual lo pasó en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, y ordenando consecuencialmente el archivo del expediente…”.

1.4              Que, “(e)n fecha 19 de Octubre de 2.004, el ciudadano HILARIO ALMARZA acudió a dicho Tribunal, y confirió Poder Apud Acta  a los Abogados JAIRO CAMPOS y MARCOS CHANDLERT después que la causa quedó absolutamente terminada, debido al fallo dictado por el Dr. Héctor Peñaranda…”.

1.5              Que resulta “extraño e ilógico que luego de sentenciada la causa por el desistimiento de la representación judicial de la parte actora, es que comparece el ciudadano HILARIO ALMARZA a darse por citado, a los catorce (14) meses de ejecutada la medida de secuestro”.

1.6              Que, posteriormente, el apoderado judicial del querellado consignó escrito en el que requirió al Tribunal “la suspensión de la medida de secuestro; dicho escrito fue presentado el día 19 de Octubre de 2.004, y es así como el Tribunal de la causa continúa violentando en forma flagrante y grotesca el debido proceso, y el día 28 de Octubre de 2.004, dicta nueva sentencia después que carecía de competencia por no existir instancia, producto del fallo que el mismo Juez Unipersonal No. 1 de la Sala de Juicio No. 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, dictó en fecha 16 de Febrero de 2.004, en la cual suspende la medida de secuestro sobre el inmueble identificado supra, y como se puede ver en dicho fallo, nada estableció el Dr. Héctor Peñaranda sobre a quién se le dejaba la posesión del inmueble objeto del presente Amparo Constitucional, en fecha 23 de Enero de 2.006, a las once de la mañana (11:00 a.m.) fui notificado del fallo dictado por el Tribunal el día 28 de Octubre de 2.004, o sea, que fui notificado a los dieciocho (18) meses de publicado el segundo fallo”. 

1.7              Que “(e)n fecha 25 de Enero de 2.005 el Dr. Héctor Peñaranda continúa violando el debido proceso, vulnerando la llamada cosa juzgada que existía en la causa signada con el N° 3821, y dicta nueva sentencia en la cual confirma el auto de fecha 03 de Noviembre de 2.004 y procede a revocar el auto de fecha 01 de Diciembre de 2.004, sin tomar en cuenta que el expediente 3821 se encontraba sentenciado en fecha 16 de Febrero de 2.004 y archivado”.

1.8              Que “la sentencia dictada en fecha 09 de Marzo de 2.006 por el Dr. Héctor Peñaranda lesiona gravemente derechos constitucionales, como lo son el debido proceso y el derecho legítimo de propiedad, porque en esa nueva decisión sí establece el desalojo de (su) mandante y sus tres (3) hijos, quienes son los legítimos propietarios del bien inmueble identificado, y le otorga la posesión del mismo al ciudadano HILARIO ALMARZA, sin tener título alguno que lo sustente…”.

 

2.         Denunció:

                        2.1       La violación a sus derechos al debido proceso y a la propiedad que establecen los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, luego de que homologó el desistimiento de la causa y ordenó el archivo del expediente, pese a que “no existía instancia ni competencia”, expidió varias decisiones en violación a sus derechos constitucionales.    

 

3.                   Pidió: 

“Anul(e) la sentencia recurrida a través del presente amparo dictado por el Juez Unipersonal Profesional de la Sala N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, de fecha 09 de Marzo de 2.006, contenida en el expediente No. 3821 de la nomenclatura llevada por dicho Juzgado, así como la nulidad absoluta de todas las actuaciones siguientes a la sentencia de fecha 16 de Febrero de 2.004, ya que con la misma el Tribunal agraviante dio por terminada la causa y ordenó el archivo del expediente, advirtiéndole al ciudadano HILARIO ALMARZA que si se considera agraviado puede ocurrir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer cualquier derecho pretendido, pero nunca hacerlo valer en esta causa que se encuentra concluida desde el día 16 de Febrero de 2.004”.

 

 

4.         Como medida cautelar solicitó que: i) “Oficie al Juzgado agraviante denunciado y ordene la paralización de la ejecución de la sentencia recurrida en amparo hasta que se decida en al (sic) definitiva del mismo”. y ii) “Que mantenga en la posesión del inmueble objeto de la presente querella a (su) mandante y a sus tres (3) hijos, ya que ellos son los legítimos propietarios del aludido inmueble, por la herencia dejada por su causante…”.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se declaró competente para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República,salvo los casos de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el asunto de autos, la apelación fue ejercida contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, esta Sala declara su competencia para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

                        La Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia falló sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“El Código de Procedimiento Civil en el artículo 697 dispone: ‘El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuestos en leyes especiales.’ y el artículo 698 establece: ‘Es Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos; respecto de la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la sucesión’

Aplicando las citadas disposiciones procesales al caso de autos, es evidente que la QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA intentada por JACKELINE CRISTINA LUGO SALAZAR, en representación de tres hijos menores de edad y otro adolescente, contra HILARIO ALMARZA, mayor de edad, sobre el inmueble ubicado en el municipio San Francisco del estado Zulia, debe conocer la jurisdicción civil ordinaria, por cuanto la Ley Especial, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, no atrae su conocimiento en causas interdictales en las cuales los niños y adolescentes sean parte actora. 

Dentro de la jurisdicción civil ordinaria, debe conocer el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que tiene atribuida la competencia territorial en el municipio San Francisco del Estado Zulia, lugar de ubicación del inmueble cuya restitución se pretende, declaratoria que hace de conformidad en (sic) lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de incompetencia por la materia que puede declararse en cualquier estado e instancia del proceso. Así se decide.

IV

En virtud de los anteriores razonamientos, es evidente que el Juez Unipersonal No. 01 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, doctor Héctor Peñaranda Quintero, no era competente para conocer de la QUERELLA INTERDICTAL incoada por JACKELINE CRISTINA LUGO SALAZAR en representación de los niños y adolescentes antes indicados, y en consecuencia, no es el Juez Natural de aquella causa, en los términos establecidos en el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que esta Corte Superior declara nulas todas las actuaciones cumplidas por ante la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Juez Unipersonal No. 01, en la referida QUERELLA INTERDICTAL, declaratoria de nulidad que se formula, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la competencia es materia de orden público absoluto, que no puede convalidarse por las partes, y en el dispositivo de esta sentencia ordenará al Juez declinar la competencia en la causa y enviar el expediente a la Oficina de Distribución de Causas, a los efectos de distribución entre los Juzgados competentes, o sea los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo. Así se decide.

V

En virtud de la condición de niños y adolescentes de la parte actora en la QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA incoada en su representación por JACKELINE CRISTINA LUGO SALAZAR y en ejercicio del deber jurídico que tiene esta Corte Superior, de preservar a los niños y adolescentes un nivel de vida adecuado, dentro del cual se encuentra el disfrute de vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales, como dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se acuerda mantener provisionalmente en vigencia la medida decretada por esta Corte Superior en fecha 24 de mayo de 2006, relativa al mantenimiento de los adolescentes y niños de autos en posesión del inmueble ubicado en el sector Sierra Maestra, avenida 13 No. 14-38, jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, medida que se mantendrá hasta tanto el Juez a quien corresponda el conocimiento de la QUERELLA INTERDICTAL intentada, asuma el conocimiento de la causa y resuelva lo que considere conveniente sobre la misma, siempre y tomando en consideración la condición de niños y adolescentes de los querellantes, como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se decide”.

 

Con motivo de la apelación, el abogado Jairo Campos Álvarez en representación del ciudadano Hilario Ramón Almarza Nava, tercero coadyuvante, alegó:

1.                   Que la “CORTE SUPERIOR, SALA DE APELACIONES ANULÓ UNA DECISION QUE ESTABA FUERA DE SU ALCANCE, EXTRALIMITACIÓN ÉSTA QUE SUPERÓ LOS LIMITES DEL RECURSO DE AMPARO SOBRE EL CUAL CONOCÍA”.

2.                   Que “LA REFERIDA CORTE SUPERIOR, SALA DE APELACIONES LLEGÓ AL EXTREMO DE ANULAR TODAS LAS ACTUACIONES Y DECRETÓ EN RELACIÓN CON ESE PROCESO UNA MEDIDA CAUTELAR, EN UN JUICIO QUE ELLA MISMA ANULÓ SIN COMPETENCIA PARA HACERLO”.

3.                   Que la Corte Superior “procede a declarar sin lugar el presente recurso de amparo; sin embargo, de oficio y sin tomar en cuenta que la causa del Juzgado de Juicio ya estaba concluida por cuanto estaba en la etapa de ejecución de sentencia y donde el Tribunal competente para Ejecutar una sentencia es el mismo que la dicta, declara al Juez Incompetente en esta Fase de Ejecución de sentencia, y procede a anular todas las actuaciones e incluso el desistimiento del procedimiento y el convenimiento hecho por la parte, sin tomar en cuenta el principio de voluntad de las partes y repone la causa al estado de que un Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil admita nuevamente la querella interdictal, es decir, que se empiece nuevamente el proceso, sin tomar en cuenta que la causa se encontraba concluida o terminada…”. 

4.                   Que el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente “pero en primer grado, es decir, en la primera fase o fase cognoscitiva, pero jamás y nunca en la segunda fase de ejecución de sentencia”.

5.                   Que se vulneró el principio de autonomía de las partes, por cuanto “en fecha 25 de mayo del año 2006, sin ningún tipo de coerción, la ciudadana Jackeline Cristina Lugo Salazar solicita al Juzgado Ejecutor en el acto de suspensión de la medida provisional de secuestro, la cual había quedado sin ningún efecto jurídico luego del desistimiento del procedimiento por parte de ella misma, solicitó se le concediera un lapso de 30 días continuos a partir de esa fecha, para entregar el inmueble objeto del litigio, y así se convino”.

6.                   Que se interrumpió la ejecución de la sentencia, pese a lo que dispone el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil.

7.                   Que se le vulneró el derecho a la igualdad de las partes en el proceso, porque se anuló “tanto el desistimiento, como el convencimiento y la sentencia de ejecución y reponer la causa al estado de volver admitir la demanda interdictal, es darle nuevamente oportunidad a la actora querellante, ya cuando estaba amarrada y obligada tanto por el desistimiento del procedimiento como el convenimiento a entregar el inmueble..”..

8.                   Que la Corte Superior “infringió en contra de (su) representado el ciudadano HILARIO RAMÓN ALMARZA NAVA, el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa el Principio de Igualdad de las Partes, el Principio de Autonomía de la Voluntad de las Partes, desaplicó el Principio de Continuidad de la Fase de Ejecución, todo ello en infracción del Debido Proceso”. 

Pidió:

“PRIMERO: Declare con lugar en todos y cada uno de sus términos, la presente apelación, contra la sentencia de amparo dictada por la Corte Superior Sala de Apelaciones del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 21 de junio de 2006.

SEGUNDO: Anule y deje sin efecto la referida sentencia de fecha 21 de junio de 2006, dictada por la Corte Superior, Sala de Apelaciones del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

TERCERO: Ratifique la sentencia de la Sala de Juicio No. 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

CUARTO: Sea declarado válido tanto el desistimiento del procedimiento como el convenimiento por la parte actora querellante”.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

De autos se desprende que la ciudadana Jackeline Cristina Lugo Salazar, en su nombre y en representación de sus tres hijos menores de edad, incoó demanda de amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 9 de marzo de 2006, el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por cuanto estimó que la misma violaba los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la propiedad, toda vez que dicho Juez juzgó, aunque “no existía instancia ni competencia”, como consecuencia de la homologación del desistimiento que pronunció el 6 de febrero de 2004.

                        La Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que conoció en primera instancia constitucional, dictó sentencia definitiva en la que declaró que: i) no ha lugar a la demanda de amparo constitucional que intentó la parte actora; ii) el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia es incompetente por la materia para el conocimiento de la querella interdictal que incoaron los quejosos contra el ciudadano Hilario Almarza; iii) el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la misma Circunscripción Judicial es el que tiene competencia para el conocimiento de la querella interdictal; iv) la nulidad de todas las actuaciones que se materializaron por ante el Tribunal incompetente; v) el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente declinara la competencia a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y vi) mantuvo provisionalmente la medida cautelar que acordó el 24 de mayo de 2006, hasta tanto el Juez al que le corresponda el conocimiento de la querella interdictal asuma el mismo y se pronuncie sobre la medida en cuestión.

                        Ahora bien, la competencia de los tribunales de la jurisdicción especial se determina ratione materiae, criterio que es de orden público y  comprende el derecho al juzgamiento por jueces naturales y competentes y, consecuencialmente, la garantía al debido proceso.

Además, el carácter de orden público de la competencia por la materia la hace inderogable, indelegable y es un presupuesto de mérito para la sentencia; es decir, que la competencia material, en el ordenamiento procesal vigente, es un requisito sine qua non para la eficacia del pronunciamiento de una decisión válida; por ello, el acto decisorio que dicte un juez incompetente resulta nulo.

                        Así, la competencia se determina con atención a la naturaleza de la relación jurídica objeto del litigio, que es la esencia propia de la controversia, y a las normas legales-procedimentales que califiquen a quién le corresponde la competencia.

                        El artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en sus cinco parágrafos, dispone las competencias que se le atribuyen a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, en relación con asuntos de familia, asuntos patrimoniales y del trabajo, asuntos provenientes de los Consejos de Protección o de los Consejos de Derechos, la acción de protección y otros asuntos, tales como tutela, autorizaciones, inserción y rectificación de partidas, régimen de visitas, etc. Dicha norma, en el parágrafo segundo, establece lo siguiente: 

“Artículo 177. Competencia de la Sala de Juicio. El juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:

(...)

Parágrafo Segundo: Asuntos patrimoniales y del trabajo:

a) administración de los bienes y representación de los hijos;

b) conflictos laborales;

c) demandas contra niños y adolescentes;

d) cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente”. (Subrayado añadido)

 

Esta norma ya fue objeto de interpretación por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno en varias oportunidades y en sentencia n° 4 del 14 de febrero de 2002, señaló lo siguiente:          

“Recalca la Sala que el literal c) de la norma citada atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial el conocimiento y decisión de las demandas incoadas contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la competencia de estos órganos para conocer de los juicios en los cuales los niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la relación procesal. Nada dispone de manera expresa la norma citada sobre los juicios en los que, como en el caso de autos, los menores o adolescentes aparezcan como demandantes. Observa, asimismo, la Sala que el literal d) de la misma norma, (artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) atribuye a los mencionados órganos jurisdiccionales competencia sobre cualquier otro asunto ‘afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente’, es decir, que también será de la competencia de la referida jurisdicción especial toda controversia judicial afín a la materia patrimonial o del trabajo, en los cuales estén involucrados derechos o intereses de los niños o adolescentes, siempre que dichos derechos e intereses merezcan de la especial protección que les brinda la legislación especial en la materia y el fuero correspondiente de la jurisdicción creada y organizada por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Por lo tanto, se impone ahora la necesidad de precisar si los juicios en los cuales los menores y adolescentes aparezcan como demandantes pueden ser considerados como materias afines a la naturaleza de las demás materias mencionadas en el Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

A la luz de los principios hermenéuticos contenidos en el artículo 4° del Código Civil -que como tales principios son aplicables a la interpretación que debe realizarse en este caso- observa la Sala, en primer lugar, que la literal interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente, evidencia que no se ha previsto de manera expresa que los órganos de la jurisdicción que conozcan en materia de niños y adolescentes sean competentes para conocer de los juicios de contenido patrimonial en los cuales aparezcan como demandantes niños o adolescentes, lo cual contraviene con la expresa atribución al conocimiento y decisión de estos Tribunales de las demandas incoadas contra estos sujetos.

Esta norma (inclusión expresa de las demandas contra niños o adolescentes y silencio sobre las demandas incoadas por ellos), es además, a juicio de la Sala, revelador de la intención del Legislador (segunda de las técnicas interpretativas antes apuntadas), pues en efecto, no puede el intérprete obviar el hecho evidente que al señalar expresamente el Legislador, tan sólo, que es competencia de las Salas de Juicio las demandas contra niños o adolescentes, está manifestando, al mismo tiempo, la negativa a incluir de manera expresa a las demandas incoadas por niños o adolescentes; negativa que tiene también un claro valor en la interpretación de la norma, especialmente cuando se piensa que le habría bastado al Legislador con establecer que es materia de la competencia de las Salas de Juicio toda demanda en la que sean parte (demandante o demandada) niños o adolescentes, para dejar claramente expresada así su voluntad de someter a la mencionada jurisdicción especial todos los juicios de contenido patrimonial o del trabajo en que los niños o adolescentes aparezcan como demandantes o demandados, lo cual, sin embargo, no se hizo, y a esta omisión -expresa y evidente- debe atribuírsele un peso sustancial en la interpretación de la norma.

Entiende la Sala que el legislador ha rechazado expresamente hacer esta clara e inequívoca mención a todos los juicios patrimoniales o del trabajo en que sean parte niños o adolescentes, limitándose, a mencionar únicamente las demandas interpuestas contra estos sujetos”.

 

Es evidente para esta Sala que, en la hipótesis de autos, la querella interdictal restitutoria es de carácter patrimonial-civil y está dirigida contra una persona mayor de edad, por lo cual no se subsume en el supuesto que acoge la norma para la determinación de la competencia especializada de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente. 

No obstante lo anterior, esta Sala observa que el 15 de noviembre de 2006, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia pronunció sentencia en la que abandonó el criterio arriba transcrito, y decidió lo siguiente:

“Siendo estos los antecedentes hermenéuticos relacionados con el presente caso, esta Sala estima necesario profundizar aun más en el análisis de la disposición contenida en el literal c del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, considerando en su conjunto todas las disposiciones de la Ley, en razón de que el objeto de la misma es garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción, sin distingo de su posición subjetiva dentro del proceso.

Derechos y garantías cuyo ejercicio y disfrute pleno y efectivo necesitan de la protección estatal no sólo en aquellos casos en que los niños, niñas y adolescentes figuren como demandados, sino también, en aquellos casos en que figuren como demandantes, pues el patrimonio de éstos puede verse afectado en ambos casos. Cabe preguntarse, y sólo a título de ejemplo, qué pasaría si en un juicio cualquiera el demandado propone reconvención contra los niños, niñas y adolescentes que figuren como demandantes. O en aquellos casos donde el único patrimonio del niño, niña y adolescente es el objeto de la pretensión de que se trate. No necesitaría el niño, niña y adolescente también en estos casos una protección especial, integral y cabal de sus derechos e intereses. Claro que sí.

Por eso la intención del Legislador no pudo ser la de excluir del ámbito de competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente aquellos asuntos de carácter patrimonial en que los niños, niñas y adolescentes figurasen como demandantes. Por el contrario, es necesario advertir que la Exposición de Motivos de la referida ley, punto de referencia para indagar sobre la verdadera intención del Legislador, señala:

 

‘(…) Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes, en materia de familia, patrimoniales y laborales (…) Esto evidencia la magnitud de la importancia del Tribunal, diseñado para una especial, integral y cabal protección (…)’. (Destacado de la Sala)

Véase que no hay distinción entre niños, niñas y adolescente que figuren como demandados, o niños, niñas y adolescentes que figuren demandantes. De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del Legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que  estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional.

El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de sus actuaciones; y muy conectado a aquél se encuentra el principio de prioridad absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes.

Es así como el Legislador busca que los niños, los adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley de fácil lectura, sin remisiones a otras leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender, y de muy sencilla interpretación y aplicación por los órganos jurisdiccionales que integran el sistema de protección integral.

Cabe destacar, que entre los derechos que protege dicho sistema, se encuentra el de petición de justicia, según el cual todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales; y lógicamente es de suponer que entre los órganos judiciales a través de los cuales opera el sistema de protección integral de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, están los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.

Es por ello que esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que estos actúen, y así se decide”.

 

                        Así, la Sala Plena, en nueva interpretación de las normas que contiene el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cambió el criterio que hasta ahora había sido mantenido por dicha Sala; sin embargo, es evidente para esta Sala que la aplicación de ese nuevo criterio debe hacerse a la luz de lo que dispone el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, es decir bajo la óptica del principio de perpetuatio fori.

                        Así, dispone el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

            “Artículo 3. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

 

Dicho artículo contiene el principio del Derecho Procesal Civil de perpetuatio fori que precisa el momento determinante de la competencia. Esto significa que la competencia del órgano jurisdiccional para el juzgamiento se determina por la situación fáctica que existía para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse dicha competencia, en razón de cambios que se generen en el curso del proceso. La perpetuación del fuero competencial se fundamenta en los principios de economía procesal y seguridad jurídica, con lo cual se busca evitarle un perjuicio a las partes, que menoscabe sus derechos y garantías constitucionales y procesales.

Así, lo ha afirmado la doctrina más calificada en la materia. El Profesor Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, señala que: “... está vigente en el derecho venezolano el famoso principio de la perpetuatio jurisdictionis, tan elaborado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio)”.

En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil, determinó el alcance del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia del 31 de mayo de 2002, (caso: Consuelo Villarreal y otros), en los siguientes términos: “...la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica..”.

En consecuencia, resulta evidente la aplicación al asunto sub iudice el principio perpetuatio fori que recoge el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y según el cual la competencia del juez queda inmutable pese a cualquier cambio posterior en las circunstancias que la hubieren determinado.

                        De todo lo anterior se colige que, en el caso concreto, el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia no tenía competencia para el conocimiento de la querella interdictal restitutoria que intentaron los quejosos (un adulto y tres menores de edad) contra el ciudadano Hilario Ramón Almarza Nava. Ello así, le corresponde a un tribunal de primera instancia con competencia en lo Civil el conocimiento de la demanda en cuestión, ya que, para el momento en que se planteó la querella interdictal (17.06.03), la competencia para su juzgamiento correspondía a un Tribunal de Primera Instancia Civil ordinario, tal como se señaló ut supra.

                        En virtud de las razones que se expusieron, esta Sala Constitucional revoca el fallo que fue objeto de apelación que pronunció la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 21 de junio de 2006, y declara parcialmente con lugar la demanda de amparo que se incoó contra el veredicto que emitió el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial el 9 de marzo de 2006. Se declara incompetente al Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente para el conocimiento de la querella interdictal que propuso la ciudadana Jackeline Cristina Lugo Salazar, en su nombre y en representación de su tres hijos menores de edad, contra el ciudadanao Hilario Ramón Almarza Nava. En consecuencia, se anula la sentencia definitiva de la demanda que se refirió en este veredicto y las actuaciones posteriores, que cursó ante el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y se repone la causa al estado de que el Tribunal Civil competente se pronuncie sobre dicha querella interdictal. En consecuencia, se ordena al Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia envíe inmediatamente el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la misma Circunscripción Judicial. Se declara sin lugar la apelación que se interpuso. Así se decide.

                        Finalmente, esta Sala Constitucional, en protección al interés superior de los niños que pudiera verse afectado en el caso de autos, mantiene excepcionalmente la medida cautelar que expidió la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, hasta cuando el Tribunal Civil competente se pronuncie sobre la admisibilidad de la querella interdictal restitutoria y sobre el mantenimiento o no de la medida cautelar en cuestión. Así igualmente se decide.

 

VI

DECISIÓN

                        Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley:

                        1.         Declara SIN LUGAR la apelación que incoó el ciudadano Hilario Ramón Almarza Nava.        

                        2.         REVOCA la sentencia que fue objeto de apelación que dictó la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 21 de junio de 2006.

                        3.         Se ANULA la sentencia definitiva que se dictó en el marco de la querella interdictal restitutoria que se refirió en este veredicto y sus actuaciones posteriores, y se REPONE la causa al estado de que el tribunal civil competente se pronuncie sobre la demanda y sobre el mantenimiento de la medida cautelar.

                        4.         Declara que PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de amparo que intentó la ciudadana JACKELINE CRISTINA LUGO SALAZAR, en nombre propio y en representación de sus tres hijos menores de edad, cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente contra la decisión que emitió el Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia  el 9 de marzo de 2006.

                        5.         Se MANTIENE excepcionalmente la medida cautelar que decretó la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

                        6.         Se ORDENA al Juez Unipersonal n° 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remita inmediatamente los autos al Tribunal Civil del Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial con funciones de distribución de expediente.  

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los 01 días del mes de       marzo de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente           

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

…/

 

…

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 06-1120

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