Venley

Sentencia N.º 347

Sentencia
N.º 347
Fecha
02/11/2001
Sala
Casación Civil
Expediente
00-801
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación


 

 


SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el procedimiento de nulidad de venta seguido por la ciudadana MIRYAM ALBORNOZ DE GALAVIS, representada judicialmente por los abogados Adriana Díaz Martín, María de los Angeles García y Jorge Tahán Bittar, contra los ciudadanos DANIEL GALAVIS, VLADIMIR GALAVIS y ELIZABETH FUSTER, representados por el abogado Darío Salazar García; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 1999, declarando con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la co-demandada Elizabeth Fuster; revocada la decisión dictada en fecha 23 de marzo de 1999, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sin lugar la demanda de nulidad interpuesta, respecto al traspaso de 140 acciones tipo “A” de la Sociedad Mercantil Grupo Médico Vargas C. A., realizado por el ciudadano Daniel Galavis a favor de su hijo, ciudadano Vladimir Galavis.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial de la parte actora, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo previa las siguientes consideraciones:

 

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

                                                           - I -

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.141 ordinal 1°, y 1.351 del Código Civil.

 

Al respecto, alega el formalizante:

 

“…El consentimiento implica un concurso de voluntades que se integran, que convergen en un mismo punto, y es necesario que las propuestas se conozcan y se elabore un resultado final derivado del conocimiento de los distintos elementos que conforman el contrato. En otras palabras, las partes contratantes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato, sobre la base del conocimiento de su objeto, y demás características; en el caso particular de la venta que nos ocupa, la manifestación de voluntad presupone el conocimiento y acuerdo mutuo sobre el precio de venta de las acciones, quién es el cesionario de las acciones y éste último también debe asentir o manifestar su voluntad frente al cedente o los cedentes.

 

En otras palabras, para que en el caso bajo estudio pueda considerarse existente el consentimiento que involucre a la ciudadana Miryam Albornoz para la venta de las acciones en litigio, debe verificarse que hubo una manifestación de voluntad por parte de mi representada, que coincidió con la manifestación de voluntad de las otras partes contratantes, y que esta convergencia o coincidencia de voluntades, presuponía o daba por entendido los elementos característicos de la venta, como el precio de las acciones y el cesionario adquirente de las mismas.

 

Nada de lo anterior se produjo ni aparece del texto de la copia certificada del libelo de demanda traído al proceso por la parte actora, antes transcrito, pues simplemente hay una declaración extrajudicial (ajena a este proceso) de un  apoderado de la ciudadana Miryam Albornoz, que señala que los cónyuges ‘acordaron poner’ o era costumbre de ellos colocar a nombre de sus cuatro hijos los bines producto de su trabajo. En esa declaración del libelo, no hay manifestación de voluntad alguna de la ciudadana Miryam Albornoz aceptando las condiciones de una específica operación de compra-venta por parte de Vladimir Galavis. Tampoco existe manifestación de voluntad alguna del cesionario de las acciones, Vladimir Galavis ni del co-contratante Daniel Galavis, que pueda conjugarse de forma alguna con la supuesta voluntad de la ciudadana Miryam Albornoz, para que en forma convergente pueda configurar consentimiento de la venta. No puede haber tal coincidencia de voluntades, pues la venta se produjo 28 de julio de 1993 (sic), y el libelo de la demanda traído al proceso es de fecha 18 de enero de 1999.

 

Tampoco existe declaración alguna en cuanto al objeto de la venta, esto es, 140 acciones tipo A de la sociedad mercantil Grupo Médico Vargas, Clínica Santa Sofía, ni hay mención del precio de venta. Ni siquiera se identifica a cuál de los cuatro hijos le correspondería comprar las acciones.

 

Igual argumento puede hacerse contra la presunta confesión derivada de la pregunta formulada por la representación judicial de la parte actora contra la demandada Elizabeth Fuster en las posiciones juradas, referida a que era costumbre de los cónyuges poner sus bienes en manos de los cuatro hijos. En esa declaración del abogado que interroga, no puede derivarse, jamás, un acto jurídico tan complejo como es el consentimiento de venta, compuesto por un concurso de voluntades que coinciden y presuponen el conocimiento sobre los elementos que conforman la operación, tales como el precio, la identificación del objeto y las partes contratantes, en especial el cesionario de las acciones.

 

Cuando la recurrida estableció que del extracto del libelo de demanda traído en informes de Segunda Instancia, y la pregunta del apoderado actor en la prueba de posiciones juradas, se deriva ‘la confesión del consentimiento’, quebrantó por falta de aplicación el ordinal 1° del artículo 1.141 del Código Civil, que le da el rango al consentimiento de las partes, de un elemento de existencia del contrato. Un elemento esencial no puede faltar en ningún contrato y su ausencia genera la nulidad absoluta del mismo”.

 

 

Por otra parte, indica el formalizante, lo siguiente:

 

 

El artículo 170 del Código Civil, señala que los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no convalidados por éste, son anulables. Está más que probado, que durante la venta la ciudadana Miryam Albornoz ni firmó el libro de accionistas, ni apareció en la Asamblea de accionistas autorizando el traspaso de las acciones. Solo quedaría la posibilidad, a la demandada de demostrar que hubo convalidación de esos actos. Pues bien, el artículo 1.351 del Código Civil, establece claramente que la ‘confirmación o ratificación no es válida si no contiene la sustancia de la misma obligación, el motivo que la hace viciosa y la declaración de que se trata de rectificar el vicio sobre el cual se (sic) está fundada aquella acción’.

 

La recurrida, dedujo que del libelo de demanda traído en segunda Instancia, y de la pregunta formulada en la prueba de posiciones juradas, se deduciría una confesión que implicaría consentimiento de venta, sobre la base ‘de la costumbre de los cónyuges de colocar en manos de sus cuatro hijos sus bienes’, sin tomar en cuenta el artículo 1.351 del Código Civil, que establece claramente que el acto confirmatorio que solventa la nulidad, debe ser preciso, claro, identificando la obligación que trata de convalidarse, el vicio que presentaba y no una mera expresión genérica que en nada se vincula con el acto cuya nulidad se demanda en el presente proceso.

 

 

Finaliza el recurrente la presente denuncia, señalando:

 

 

La falta de aplicación de los artículos 1.141 ordinal 1° y 1.351 del Código Civil, fue decisiva para la suerte de la controversia, pues la sentencia impugnada no tomó en cuenta que el consentimiento es un elemento esencial a la existencia del contrato, y además es concepto complejo, que engloba al menos la concurrencia de dos manifestaciones de voluntad que convergen en un mismo interés de efectuar un negocio jurídico. De haber aplicado y entendido el concepto de consentimiento, la recurrida jamás hubiese llegado a la conclusión de que este elemento aparecía de unas presuntas confesiones en la situación antes narrada. De igual forma, el artículo 1.351 del Código Civil (sic) le señalaba al Juez que la ratificación de una acto anulable conlleva una manifestación asertiva de voluntad, que indique la sustancia de la obligación, el motivo que la hace viciosa y la declaración de que se trata de rectificar el vicio existente. Las presuntas confesiones, de ninguna manera pueden asimilarse a un acto ratificatorio, y por ello, no aparejaban consentimiento ni convalidación alguna…”.

 

 

La Sala para decidir, observa:

 

 

Respecto a los particulares denunciados, la parte pertinente de la recurrida, señala:

 

“...Que la demandada no compareció a absolver las posiciones juradas que se le estamparán en esta Alzada el 12 de julio de 1999 (folio 133) solo da lugar a una presunción legal juris tantum (sic) que no puede prevalecer frente a una confesión judicial expresa y voluntaria de la demandante como la que resulta de la referida compulsa y de la primera posición que formuló (sic) a la codemandada en primera instancia el 15 de octubre de 1998 (folio 81)…

 

Los codemandados Daniel y Vladimir Galavis no comparecieron, por sí ni por medio de apoderado, a contestar la demanda, no promovieron ni hicieron evacuar pruebas, es decir, nada probaron, que les favoreciera, pero tal circunstancia no puede perjudicar a la codemandada Elizabeth Fuster que si compareció y rechazó la demanda, porque no es lógico extender los efectos de la confesión ficta‘ hasta la parte que compareció y negó los hechos que sirvieron de fundamento a la demanda’…, ni lógicamente la demanda podría ser declarada con lugar respecto a aquellos y sin lugar respecto a la parte compareciente.

 

También se dijo antes y se reafirma ahora, que la controversia (sic) falta de medios de los cónyuges codemandados para adquirir las acciones objeto del presente juicio y la también controvertida falta de pago del precio de las referidas acciones, que pudieran ser pertinentes en una pretensión de simulación, resultan irrelevantes en este juicio donde se trata de una acción de nulidad donde aquellas circunstancias (faltas de medios y de pago) no son presupuestos de procedencia de la acción de nulidad.

 

En efecto, según el artículo 170 del Código Civil los presupuestos de la nulidad que deben concurrir simultáneamente, son: 1.- Que la enajenación haya tenido por objeto bienes gananciales; 2.- que el acto de enajenación haya sido ejecutado por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro; 3.- que este  no lo haya convalidado; 4.- que quien haya participado en el acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados por dicho acto pertenecían a la comunidad conyugal.

 

En el caso de autos ha quedado demostrado con la confesión de la demandante que ella y su cónyuge habían convenido en poner todos sus bienes a nombre de sus cuatro hijos, lo que significa que ambos habían consentido en que se efectuaran tales actos de disposición sobre sus bienes, dentro de los cuales quedaban comprendidas las acciones objeto del presente juicio, por lo que faltando uno de los requisitos de anulabilidad la demanda intentada no puede prosperar en derecho y así se declara. La falta de firma de la demandante en el libro de traspaso de las acciones sólo puede demostrar que no firmó el traspaso, pero no que no había dado su consentimiento para el mismo.

 

Para concluir, este Tribunal observa que mientras en el libelo dice que la demandante se enteró del traspaso de las acciones en febrero de 1998 (ver vuelto del folio 1), en las posiciones juradas estampadas a la codemandada en esta Alzada dice que se enteró en Enero (sic) de 1998 (ver segunda posición, folio 133), es decir, casi cinco años después de haberse efectuado, lo cual resulta increíble, pues no es verosímil que el referido traspaso de padre a hijo pudiera mantenerse oculto dentro del círculo familiar ni dentro del ámbito profesional (la Clínica Santa Sofía) donde padre e hijo se desempeñaban como profesional de la medicina. El tiempo transcurrido bajo tales circunstancias hacen presumir mas bien que la demandante había estado de acuerdo con el traspaso de las referidas acciones...”

 

De todo lo antes expuesto, se evidencia que el sentenciador de alzada declaró sin lugar la presente demanda, fundamentado en una supuesta confesión espontánea de la actora, donde aseveró que ella y su cónyuge habían convenido en poner todos sus bienes a nombre de sus cuatro hijos, lo cual evidenciaba de manera inequívoca el consentimiento de ambos para tales actos de disposición sobre sus bienes, dentro de los cuales quedaron comprendidas las acciones objeto del presente juicio.

 

Sin embargo, los artículos 1.141 y 1.351 del Código Civil, denunciados por el formalizante por falta de aplicación, claramente establecen:

 

“Artículo 1.141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1.- Consentimiento de las partes; 2.- Objeto que pueda ser materia de contrato; y 3.- Causa lícita”.

 

“Artículo 1.351. El acto de confirmación o ratificación, contra la cual admite la Ley acción de nulidad, no es válido sino contiene la sustancia de la misma obligación, el motivo que la hace viciosa, y la declaración de que se trata de rectificar el vicio sobre el cual está fundada aquella acción”.

 

En el caso bajo análisis, el sentenciador de alzada dedujo la supuesta confesión espontánea de la parte actora de una declaración realizada por uno de sus representantes judiciales, donde señaló que era costumbre de los esposos Galavis poner a nombre de sus hijos todos los bienes que adquirían con el fruto de su trabajo, declaración ésta, contenida en copia certificada de un libelo de demanda por simulación, interpuesta en fecha 18 de enero de 1999, ante otro tribunal, por la ciudadana Miryam Albornoz de Galavis contra los ciudadanos Vladimir Galavis y Elizabeth Fuster, traída a este proceso por esta última; así como de la primera posición jurada absuelta por la prenombrada co-demandada, ciudadana Elizabeth Fuster, afirmando que era costumbre de los cónyuges Galavis poner sus bienes a nombre de sus hijos.

 

Sin embargo, a tenor de lo dispuesto por el legislador en el artículo 1.141 del Código Civil, anteriormente transcrito, el consentimiento de las partes constituye uno de los elementos esenciales para la validez de todo contrato, elemento que a criterio de esta Sala supone la presencia de distintas declaraciones de voluntad emanadas de centros opuestos de interés, que deben comunicarse recíprocamente para permitir que los involucrados tomen conocimiento de las mismas, y puedan integrarse entre sí. Por lo tanto, esta Sala comparte el criterio sentado por el recurrente en su escrito de formalización, en el sentido de no considerar como tales, las supuestas confesiones espontáneas referidas por la recurrida, mucho menos considerar que de los elementos señalados anteriormente, pueda deducirse, bien sea en forma expresa o tácita, el consentimiento o manifestación de voluntad de la ciudadana Miryam Albornoz, aceptando las condiciones de la venta de acciones efectuada por el ciudadano Vladimir Galavis, así como tampoco de los demás elementos que necesariamente involucra una operación de este tipo.

 

Por otra parte, considera la Sala que casos como el presente,  ameritan del juez que conozca del asunto, una labor de análisis, minucioso y exhaustivo, respecto de todos los elementos cursantes al expediente, pues solo de esa forma es posible determinar con precisión, la existencia o no de algún acto confirmatorio posterior que ratifique la obligación, acto que, en todo caso a tenor de lo establecido en el artículo 1.351 del Código Civil, también denunciado por el formalizante, debe contener la sustancia de la misma obligación, el motivo que la hizo viciosa y la declaración expresa de que se trata de rectificar, labor ésta que en todo caso no fue adelantada por el sentenciador de alzada de una manera diáfana, objetiva y precisa, en atención a los parámetros sentados por la norma anteriormente referida.

 

En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia de infracción por falta de aplicación de los artículos 1.141 y 1.351 del Código Civil, y así se declara.

 

- II -

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 168, 1.405 y 1.161 del Código Civil.

 

Al respecto, alega el recurrente lo siguiente:

 

“…Para que un cónyuge pueda disponer por sí solo de los bienes de la comunidad conyugal, se requiere autorización judicial. Solo un Juez de Primera Instancia den lo Civil, del domicilio conyugal, puede autorizar a uno de los cónyuges a vender activos de la comunidad, siempre escuchando al otro y tomando en cuenta el destino de los bienes. Si no media tal autorización judicial, no puede efectuarse la venta con el consentimiento de uno sólo…

 

La recurrida, le atribuyó a la declaración de un libelo de demanda traído luego de los informes de segunda instancia y a la pregunta de posiciones juradas, el valor de una confesión judicial que ‘hace plena prueba’, por cuanto ‘era costumbre de los cónyuges poner los bienes a nombre de sus cuatro hijos’. De esa declaración, la sentencia impugnada concluyó que tenía en sus manos el consentimiento, elemento indispensable para sostener la validez del negocio jurídico.

 

Pues bien, nadie puede confesar algo para lo cual no se tiene capacidad de obligar en el asunto objeto de la declaración. Así lo establece el artículo 1.405 del Código Civil…

 

La falta de aplicación de los artículos 168, 1.405 y 1.161 del Código Civil, fue decisiva para la suerte de la controversia, por cuanto la sentencia impugnada, estableció presuntas confesiones quebrantando expresas disposiciones de orden público, pues un mandatario no puede confesar algo que excede los límites de su poder de decisión, y menos cuando existe una norma, como el artículo 168 eiusdem, que establece que sólo a través de una debida autorización del Juez de Primera Instancia, el cónyuge puede vender sin el consentimiento del otro, pero siempre escuchando a ambas partes. En otras palabras, jamás podía desprenderse consentimiento alguno del libelo de la demanda y la pregunta de posiciones juradas, como erróneamente estableció la recurrida…

 

La recurrida ha debido aplicar los artículos 168, 1.405 y 1.161 del Código Civil, para así establecer que en virtud de la ausencia del consentimiento contractual, el negocio jurídico era nulo, y nunca determinar como lo hizo, que hubo consentimiento a raíz de presuntas confesiones del mandatario que no lo son, pues nadie puede confesar por encima de sus propias capacidades y poder de disposición…”

 

 

La Sala para decidir, observa:

 

Los artículos 1.161 y 168 del Código Civil venezolano, textualmente disponen lo siguiente:

 

“Artículo 1.161. En los contratos que tienen  por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se transmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado”.

 

Artículo 168. Cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la comunidad que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo; la legitimación en juicio, para los actos relativos a la misma, corresponderá al que los haya realizado. Se requerirá del consentimiento de ambos para enajenar a título gratuito u oneroso o para gravar los bienes gananciales, cuando se trata de inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos al régimen de publicidad, acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a sociedades. En estos casos la legitimación en juicio para las respectivas acciones corresponderá a los dos en forma conjunta.

 

El juez podrá autorizar a uno de los cónyuges para que realice por sí solo, sobre bienes de la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el consentimiento del otro, cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad y los intereses del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente el juez podrá acordar que el acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa del otro fuere injustificada y los mismos intereses matrimoniales y familiares así lo exijan. En estos casos el Juez decidirá con conocimiento de causa y previa audiencia del otro cónyuge, si éste no estuviere imposibilitado, tomando en consideración la inversión que haya de darse a los fondos provenientes de dichos actos”.

 

En este mismo sentido, considera la Sala importante señalar que toda manifestación tácita de voluntad, sólo podrá interpretarse como tal, cuando el comportamiento de una persona que no persigue manifestar su voluntad, permita inferir de forma inequívoca su voluntad, sin confundir el simple silencio con una manifestación tácita de voluntad, pues sólo las circunstancias positivas que acompañan al silencio pueden hacer que éste se pueda interpretar en tal sentido, siendo tales hechos los que servirían para inferir la verdadera voluntad.

 

Por lo tanto, en el presente caso, como bien fue señalado en la oportunidad de analizar la anterior denuncia, resultan insuficientes los elementos tomados en consideración por la recurrida para declarar sin lugar la demanda, pues sustentó únicamente tal declaratoria, en la existencia de un supuesto consentimiento de la actora para la realización de la transacción cuya nulidad posteriormente solicitó, ello a pesar del tiempo transcurrido desde la oportunidad en que se efectuó la transacción en cuestión y la fecha para la cual alega haberse enterado de dicha operación, pues en todo caso este último constituye un elemento que debió ser analizado con detenimiento a la luz de las características del caso concreto, adminiculándose a los demás elementos cursantes en autos, mas aún en el presente caso, que versa sobre la transmisión de un derecho de propiedad, que amerita para su validez del consentimiento legítimamente manifestado por ambos cónyuges, requisito que sólo podría ser suplido con la autorización de un juez que autorizara a uno de ellos a realizar solo la transacción.

 

En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia, en lo relativo a la infracción por falta de aplicación de los artículos 168 y 1.161 del Código Civil, no así respecto a la violación del artículo 1.405 del mismo Código, que reza: “Para que la confesión produzca efecto debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae”, pues el formalizante invoca la infracción de dicha norma para cuestionar la validez de la supuesta confesión de la parte actora, contenida en copia certificada de libelo de demanda aportado por la parte demandada, sin embargo, tal cuestionamiento resulta de imposible resolución para esta Sala, así como también debió haber serlo para el tribunal de alzada, pues invariablemente implica el análisis del documento poder con el cual actuó la representación judicial de la parte actora en dicha causa, en especial de las facultades conferidas, instrumento que en todo caso no fue aportado al proceso por ninguna de las partes.

 

Por lo tanto, esta Sala considera procedente la presente denuncia de infracción por falta de aplicación de los artículos 168 y 1.141 del Código Civil, y así se declara.

 

-III-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 1.401 del Código Civil, así como la falsa suposición en que incurrió la recurrida, por atribuir a actas del expediente menciones que no contiene.

 

 

Al respecto, alega el formalizante lo siguiente:

 

“...La recurrida, declaró la existencia del consentimiento en el contrato de venta de acciones, por medio de dos presuntas confesiones existentes en el libelo de demanda traído por la parte demandada en la etapa de informes en Segunda Instancia y en la formulación de una pregunta con motivo de la prueba de posiciones juradas que absolvió la parte demandada. Como ya se señaló en la anterior denuncia, dichas confesiones demostrarían el consentimiento necesario a los efectos de la venta de 140 acciones tipo A del Grupo Médico Vargas, Clínica Santa Sofía, pues en el libelo y en la pregunta, los apoderados de la parte actora habrían señalado que era costumbre de los ciudadanos Miryam Albornoz y su cónyuge Daniel Galavis, poner sus bienes a nombre de sus cuatro hijos. Sobre la base de esta expresión genérica, la recurrida determinó que se trataba de una confesión que hacía plena prueba sobre el consentimiento.

La recurrida, al establecer la existencia del elemento consentimiento de las dos declaraciones antes mencionadas, implícitamente estableció la existencia de dos hechos falsos, positivos y concretos…Tales hechos (jurídicos) falsos son los siguientes:

 

a.- Una manifestación de voluntad de parte de la ciudadana Miryam Albornoz de Galavis, aceptando la venta que su esposo, el ciudadano Daniel Galavis hizo a Vladimir Galavis, de 140 acciones de la sociedad mercantil Grupo Médico Vargas, Clínica Santa Sofía, por un precio determinado.

 

b.- Una manifestación de voluntad de parte del ciudadano Daniel Galavis, aceptando la supuesta venta que sus padres, los ciudadanos Miryam Albornoz y Daniel Galavis le hicieron de 140 acciones de la mencionada Clínica por un precio determinado.

 

Estos dos hechos, falsos, positivos y concretos, los establece la recurrida del libelo mencionado y de la prueba de posiciones juradas…

 

La recurrida no podía establecer el elemento consentimiento, parte esencial del contrato, a través de la declaración de un solo abogado que representa a una de las partes, por cuanto el consentimiento implica una coincidencia de voluntades, de todas las partes contratantes. Un abogado no puede confesar en nombre de personas que no le han dado mandato alguno. La supuesta manifestación de voluntad por parte de la ciudadana Miryam Albornoz, que según la recurrida aparecería en el libelo y en la pregunta de las posiciones juradas, no se desprende de ninguna de esas actas, y en el caso hipotético de que así fuese, si no está unida a la aceptación y coincidencia del otro contratante, Vladimir Galavis, no es consentimiento.

 

Sin embargo, la recurrida permitió el traslado de un elemento complejo, como es el consentimiento, por vía de la supuesta prueba de confesión espontánea ofrecida por el abogado, atribuyéndole a las actas hechos jurídicos que no contienen y a la vez, olvidando que el apoderado de la actora no podía conducir, en ese momento, la mitad de la estructura misma del consentimiento, esto es, la manifestación de voluntad coincidente del comprador de las acciones…

 

La infracción del artículo 1.401 del Código Civil (sic) por falta de aplicación, fue decisiva en la suerte del fallo, pues ningún mandatario puede confesar algo que excede los límites de su mandato, y el consentimiento es un concepto jurídico que implica al menos, dos manifestaciones de voluntad recíprocas, y ni la ciudadana Miryam Albornoz ha dado poder a las referidas apoderadas para que expresen consentimiento alguno de venta, en este ni en ningún otro juicio, ni tampoco podrían las mencionadas apoderadas, manifestar voluntad recíproca de parte del comprador Vladimir Galavis. No tenía otra opción la recurrida, que declarar la nulidad del contrato de venta de acciones por falta del consentimiento de la actora…

 

Por lo anterior, se infringió el artículo 1.401 del Código Civil, por falta de aplicación, el cual limita la confesión a las facultades del mandatario…”

 

La Sala para decidir, observa:

 

Conforme a reiterada jurisprudencia, la suposición falsa puede entenderse como la afirmación de un hecho falso, sin base en prueba que lo sustente; o como la afirmación en la sentencia de un hecho concreto sin base en prueba que lo sustente; o finalmente, como la afirmación en la sentencia de un hecho concreto, falso o inexistente; siendo la nota común entre todas, la afirmación o establecimiento de un hecho falso, que en todo caso deberá ser positivo y concreto, establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones, como sucede en el presente caso, por no existir las menciones que equivocadamente atribuyó el juez a un acta del expediente.

 

Ahora bien, el punto fundamental de la presente denuncia estriba en la supuesta confesión espontánea deducida, tanto de una afirmación realizada por el apoderado de la parte actora en un libelo de demanda por simulación, traído al expediente en copia certificada por la representación de la parte demandada, así como de la primera posición jurada absuelta por una de las co-demandadas.

 

Respecto a la figura de la confesión como tal, el autor Ramón F. Feo, en su obra Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil venezolano, Tomo II, pág. 84, la define como: “la declaración o reconocimiento que una parte hace en el juicio de los hechos litigiosos alegados por la contraria”. Según el Dr. Armínio Borjas, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo II, pág. 224, “la confesión es la declaración por la cual una persona reconoce positivamente que un hecho debe tenerse como comprobado respecto de ella”.

 

En este sentido, la confesión puede ser judicial o extrajudicial, según se haga en juicio y a favor de la parte contraria o fuera del juicio. También la confesión puede dividirse en espontánea o voluntaria y provocada. La primera se hace por iniciativa del confesante, y la segunda a exigencia de la contraparte, en respuesta obligada a los interrogatorios que se le formulan. También puede clasificarse como expresa y tácita, esta última llamada confesión ficta; siendo la primera una declaración categórica por la cual se reconoce un hecho controvertido.

 

No obstante lo anteriormente expuesto, la doctrina ha sido cónsona al sostener que aunque la confesión se refiera a un hecho, no toda declaración de una parte debe juzgarse como una confesión, si en ella no se revela el propósito de reconocer la verdad de las afirmaciones hechas por la contraria, en consecuencia, la confesión debe existir por si misma, y no será lícito inferirla de los argumentos, alegatos y defensas de los litigantes.

 

En este sentido, afirma el citado autor, Armínio Borjas, que “...puede ocurrir, sin embargo, que no esté viciado el consentimiento, pero sí que no haya intervenido conscientemente en el acto, como sucede de frases inadvertidamente escapadas del confesante, o de reticencias o contradicciones suyas. En tales casos le falta el elemento convencional necesario para que produzca plena prueba, y las deducciones o presuntas afirmaciones así obtenidas, pueden ser y son de hecho, indicios, esto es, argumentos indirectos de verdad, mas o menos atendibles según las especiales circunstancias; pero no tienen por sí mismas el valor de prueba completa y legal, que es propio exclusivamente de la confesión voluntaria’ (Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Tomo III, pág. 229).

 

Sobre estos particulares la Sala estima, que no toda declaración implica una confesión, pues para que ella exista se requiere que la misma verse sobre un hecho capaz de tener la suficiente juricidad como para determinar el reconocimiento de un derecho a favor de quien se hace la confesión y la existencia de una obligación en quien confiesa. En consecuencia, para que exista prueba de confesión de una parte en determinado juicio, es absolutamente indispensable que la manifestación de la parte esté acompañada del ánimo correspondiente, es decir, del propósito de confesar algún hecho o circunstancia en beneficio de la otra parte.

 

La aplicación de todo lo anteriormente expuesto al caso de autos, permite a esta Sala concluir respecto a la procedencia de la denuncia por suposición falsa bajo análisis, toda vez que el sentenciador de Alzada atribuyó a diversas actas del expediente menciones que no contienen, y que en todo caso sólo tendrían el valor de indicios, adminiculadas al resto de los elementos cursantes en autos. Sin embargo, no puede la Sala extenderse y profundizar respecto a la denuncia por supuesta falta de aplicación del artículo 1.401 del Código Civil, que dispone: “La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez aunque este sea incompetente, hacer contra ella plena prueba”, pues escapa de sus manos la posibilidad de determinar el tipo y la amplitud del mandato con el cual actuó la representación judicial de la parte actora en el procedimiento por simulación, y de los elementos cursantes al expediente no es posible deducir que el instrumento poder que se consignó en este juicio fue el mismo que se utilizó en aquél. 

 

En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia, y así se declara.

 

-IV-

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 412 del mismo Código, 1.401 del Código Civil y 296 del Código de Comercio.

 

Al respecto, señala el recurrente:

 

“...La parte demandada, no compareció al acto de posiciones juradas, ante el Tribunal Superior, y la representación judicial de la actora le estampó dicha prueba, quedando la demandada confesa respecto a todas las preguntas formuladas. Sin embargo, la recurrida en vez de aplicar la norma contenida en el artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente le indica que deberá valorar la situación de no comparecencia como una confesión de los hechos interrogados, simplemente le dio el valor de presunción juris tantum, destruida, según la sentencia impugnada, por la que sí consideró una confesión judicial, es decir, las declaraciones del libelo de demanda traído en segunda instancia y la pregunta de la prueba de posiciones juradas…

 

La confesión judicial, obtenida en contra de la demandada a quien le fueron estampadas las posiciones juradas sin haber comparecido a contestarlas, no es una mera presunción legal, como señala la recurrida, sino plena prueba, como establece la norma jurídica expresa para la valoración de la prueba de posiciones juradas establecida en el artículo 1.401 del Código Civil, infringido por falta de aplicación…

 

Como puede observarse, la prueba de posiciones juradas es contundente y por efecto de la inasistencia de la absolvente, adquirió el carácter de confesión judicial, es decir, plena prueba, como indican los artículos 412 del Código de Procedimiento Civil y 1.401 del Código Civil, ambos quebrantados por falta de aplicación.

 

La excusa de la recurrida, para no darle el carácter de plena prueba, fue el de atribuirle el valor de ‘presunción juris tantum’, y destruyó tal presunción con las dos señaladas ‘confesiones’ del libelo de demanda acompañado en Segunda Instancia y la pregunta formulada por la representación de la parte actora en la prueba de posiciones juradas evacuada en primera instancia…

 

La situación de la plena prueba, devenida de las posiciones juradas a la parte contraria, se incrementa por el valor probatorio del libro de accionistas de la sociedad mercantil Grupo Médico Vargas, en el cual consta, y así lo reconoce la recurrida, que la ciudadana Miryam Albornoz no firmó el traspaso de las 140 acciones, a pesar de que en otras oportunidades y en otras ventas, como también reconoce la sentencia impugnada, sí había comparecido a firmar el libro de accionistas. En otras palabras, la recurrida estableció claramente que la parte actora no firmó el libro de accionistas, y sin embargo, ello no le sugirió nada, a pesar de que el artículo 296 del Código de Comercio, infringido por falta de aplicación, señala claramente que la cesión de las acciones nominativas se hace por declaración en el libro de accionistas, firmada por el cedente y por el cesionario…

 

Entonces, tendríamos unas posiciones juradas demoledoras, estampadas a la parte demandada, y una declaración de la propia recurrida, señalando que la actora no firmó el libro de accionistas en el traspaso de las acciones…

 

La falta de aplicación de los artículos 412 del Código de Procedimiento Civil, 1.401 del Código Civil y 296 del Código de Comercio, fue decisiva para la suerte de la controversia, pues la sentencia impugnada evitó darle el valor de plena prueba a la confesión judicial de la parte demandada, quien no asistió al acto de posiciones juradas y le fueron estampadas, con los efectos confesorios en cada una de sus preguntas. Al darle el simple valor de presunción juris tantum, a una acto de confesión de la demandada que significa plena prueba, la recurrida evitó aplicar la fuerza probatoria de dicho acto de posiciones juradas que favorecía abiertamente a la actora, y en cambio, se dedicó a inventar supuestas confesiones espontáneas en contra de la accionante, claro está, siempre disminuyendo el valor probatorio de las posiciones juradas estampadas a la demandada.

 

Asimismo, la prueba por excelencia de la manifestación del consentimiento en la cesión o traspaso de acciones en las sociedades mercantiles, es el libro de accionistas, como indica el artículo 296 del Código de Comercio. La recurrida reconoce abiertamente y sin disimulo, que la ciudadana Miryam Albornoz no firmó el libro de accionistas para el traspaso de las 140 acciones, a pesar de que en otras oportunidades y en otras ventas, como también reconoce la sentencia impugnada, si había comparecido a firmar el libro de accionistas. Tan solo firmó su cónyuge. De haber aplicación el artículo 296 del Código de Comercio, y los principios doctrinarios en cuanto al consentimiento, la recurrida hubiese declarado con lugar la demanda por nulidad de venta...”

 

La Sala para decidir, observa:

 

Sobre los particulares denunciados, la recurrida textualmente estableció:

 

“... Al estampársele posiciones ante esta Alzada la codemandada Elizabeth Fuster, habría quedado confesa en cuanto a que las acciones objeto de este juicio las adquirió su cónyuge sin el consentimiento de la demandante; que ésta se enteró de la enajenación en enero de 1998, que ni la absolvente ni su marido han efectuado pagos por dichas acciones; que ella sabe que el demandante es cónyuge del enajenante Daniel Galavis y que la demandante nunca ha convalidado la venta de tales acciones. Sin embargo, la confesión ficta no puede operar en este caso por las razones que se exponen más adelante…

Que la demandada no compareció a absolver las posiciones juradas que se le estamparan ante esta Alzada el 12 de julio de 1999 (folio 133) solo da lugar a una presunción legal juris tantum que no puede prevalecer frente a una confesión judicial, expresa y voluntaria de la demandante como la que resulta de la referida compulsa y de la primera posición que formuló a la codemandada en primera instancia el 15 de octubre de 1998 (folio 81), porque como han dicho la doctrina y la jurisprudencia, ‘el calor de la ficción no debe ser mayor que el de la realidad’…”

 

 

Ahora bien, los artículos 412 del Código de Procedimiento Civil y 1.401 del Código Civil, que el formalizante denuncia por inaplicación, textualmente disponen lo siguiente:

 

“Artículo 412. Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el Tribunal en la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al acto, se dejarán transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia, ya se refiera ésta al primer acto de posiciones o a la continuación del mismo después de alguna suspensión de aquél o de haberse acordado proseguirlo ante un Juez comisionado al efecto. Pasado este tiempo sin que hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las posiciones que le estampe la contraparte, sin excederse de las veinte indicadas en el artículo 411”.

 

“Artículo 1.401. La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba”.

 

 

De conformidad con lo dispuesto en las normas precedentemente transcritas, esta Sala considera que el juez de la recurrida, efectivamente, como bien alega el formalizante, erró en la valoración otorgada a la prueba de posiciones juradas estampadas a la codemandada, ciudadana Elizabeth Fuster, ante el Juzgado de Alzada; prueba que en todo caso ha debido ser apreciada de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con el resto de los elementos probatorios cursantes en autos, entre otros, la inspección judicial donde consta que la demandante no firmó en el libro de accionistas de la sociedad mercantil Grupo Médico Vargas, el traspaso de las 140 acciones aludidas en el presente proceso, hecho éste que además es reseñado expresamente por la recurrida al folio 175 del expediente, donde indica: “... El 8 de octubre de 1998 a instancias de la demandante, fue evacuada inspección judicial sobre los libros de accionistas del Grupo Médico Vargas, de la cual resulta demostrado que mientras que en las enajenaciones que Daniel Galavis hizo de acciones Tipo B, su cónyuge firmó los traspasos; la firma de ésta no aparece en la enajenación de las 140 acciones tipo A que aquél hizo a su hijo Vladimir Galavis”, prueba que debió ser valorada, a tenor de lo dispuesto por la legislación vigente y pertinente al caso, entre otros, el artículo 296 del Código de Comercio, que dispone: “La propiedad de las acciones nominativas se prueba con su inscripción en los libros de la compañía, y la cesión de ellas se hace por declaración en los mismo libros, firmada por el cedente y por el cesionario o por sus apoderados…”

 

Finalmente, en cuanto a la supuesta inaplicación del artículo 1.401 del Código Civil, anteriormente transcrito, esta Sala da por reproducido lo señalado al respecto, en las denuncias precedentemente analizadas, en el sentido de considerar que para la valoración de la supuesta confesión contenida en el libelo por simulación aportado en copia certificada por la parte demandada al presente proceso, ha debido tomarse en consideración la naturaleza y alcance del mandato conferido por la parte actora a sus representación judicial en aquella oportunidad, mandato que en todo caso no fue aportado al proceso, por ende, no pudo ni puede ser apreciado, mucho menos analizado.

 

Por todo lo expuesto, esta Sala considera procedente la presente denuncia, y así se declara.

 

 

-V-

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 434 y 520 del mencionado Código, así como del artículo 1.357 del Código Civil; y la falsa aplicación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

 

Al respecto, alega el formalizante:

 

“... La sentencia impugnada, le dio valor probatorio a una copia certificada de un libelo de demanda, producido por la parte demandada en la oportunidad de los informes ante el Tribunal de Alzada, considerando la recurrida que la compulsa o copia certificada del libelo de demanda es un documento público y admisible en segunda instancia…

 

La Sala de Casación Civil, ha señalado en pacífica y reiterada doctrina, que el libelo de demanda no es un documento público, sino privado de fecha cierta, independientemente de que haya sido acompañado en copia certificada por un tribunal…

 

La recurrida infringió por falta de aplicación la norma jurídica expresa para el establecimiento de las pruebas en segunda instancia contenida en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil…

 

La recurrida le dio valor y apreció una copia certificada de un libelo de demanda, no promovido en primera instancia y promovido por primera vez en la oportunidad de informes ante el Juez Superior, como si fuese un documento público, cuando en realidad es un instrumento privado de fecha cierta. Al hacerlo, la sentencia impugnada infringió por falta de aplicación la norma jurídica expresa para el establecimiento de este tipo de pruebas en segunda instancia, contenida en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil…

 

La sentencia impugnada, al admitir, valorar y apreciar la copia certificada del libelo de demanda traída al proceso en los informes de Segunda Instancia, infringió por falta de aplicación, la norma jurídica expresa para el establecimiento de los documentos privados, contenida en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, pues la copia certificada de un libelo de demanda no es un documento público, sino privado de fecha cierta…

 

La sentencia impugnada, consideró que una compulsa o copia certificada de un libelo de demanda podía producirse en juicio por primera vez en segunda instancia, en la etapa de informes, considerando erróneamente que dicho libelo, es un documento público, infringiendo por falta de aplicación el citado artículo 1.357 del Código Civil. De haber aplicado el concepto que esa norma desarrolla, jamás hubiese llegado a tales conclusiones erróneas…

 

Está clara la falsa aplicación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil (sic) que comete la recurrida, al sostener que dicha norma era aplicable al libelo de demanda acompañado en copia certificada por ser ‘un documento público’. Ni es documento público un libelo de demanda, aunque se haya acompañado en copia certificada, ni puede producirse en informes de segunda instancia. Simplemente la recurrida aplicó el artículo 435 eiusdem, a un supuesto de hecho falso, no contemplado en la norma, que está destinado a regir la producción de documentos públicos y la sentencia impugnada lo utilizó para permitir la presentación de un  documento privado de fecha cierta. No encaja la aplicación del artículo 435 ibídem (sic) en la situación de hecho real planteada en autos...”

 

La Sala para decidir, observa:

 

El artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, textualmente establece:

 

“En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio.

 

Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal.

 

Podrá el Tribunal dictar un auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados en el artículo 514”.

 

 

Ahora bien, en reiteradas decisiones, esta Sala ha sostenido que el libelo de demanda debe considerarse como un documento privado, carácter que mantiene, no obstante, su presentación ante el tribunal, lo cual, eso sí, le otorga fecha cierta (artículo 1.369 del Código Civil), al tomar razón de él un funcionario en actuación de gestiones específicas.

Ha sostenido igualmente, que la copia certificada del libelo autorizada por el Juez, y posteriormente registrada, tampoco lo convierte en documento público, porque solamente tiene tal carácter, los que nacen o se forjan desde su origen con esa naturaleza (artículo 1.357 del Código Civil).

 

 

Lo anteriormente expuesto concatenado con el contenido del artículo 520, precedentemente transcrito, permite concluir respecto a la improcedencia de la valoración otorgada por el tribunal de la recurrida a la copia certificada que de un libelo de demanda por simulación, consignó la parte demandada ante el Tribunal de Alzada, proceder con el cual infringió por falta de aplicación, el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, contentivo de una norma jurídica expresa para el establecimiento de los medios de pruebas en segunda instancia; mas aún cuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 434 eiusdem, el demandado sólo puede consignar este tipo de instrumentos, es decir, de naturaleza privada, dentro de los 15 días del lapso de promoción de pruebas, a menos que anuncie en dicha oportunidad el lugar donde deben compulsarse, pues de lo contrario no se le admitirían posteriormente.

 

Por último, respecto a la denuncia del formalizante sobre la supuesta falsa aplicación por la recurrida del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, vicio este que en todo caso tiene lugar cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no está contemplada en ella, es decir, que el error que puede provenir de la comprobación de los hechos, la Sala considera que, efectivamente, como bien señala el formalizante, la recurrida realizó una falsa aplicación del artículo 435 del Código de procedimiento Civil, el cual permite la sola consignación de los instrumentos públicos que no son de obligatoria presentación con el libelo de demanda, hasta los últimos informes; ello, en virtud del error en la calificación que como instrumento público realizó de la copia certificada del libelo de demanda por simulación, consignada por la parte demandada, que como bien se indicó anteriormente, constituye en todo caso, un instrumento privado de fecha cierta.

 

Por todo lo expuesto, esta Sala considera procedente la presente denuncia por falta de aplicación de los artículos 434 y 520 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 1.357 del Código Civil; y por falsa aplicación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la ciudadana MIRYAM ALBORNOZ DE GALAVIS, contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 1999, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena la Alzada dicte nueva sentencia, atendiendo a la doctrina señalada en este fallo.

 

 Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

  Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los   dos  ( 02 )  días del mes de   noviembre  del dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

______________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

                                                                         

                         

 

El Vicepresidente,

 

 

________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                                       

 

                                                    Magistrado Ponente,

                                                                                                                                                                                              

                                            _________________________

                                            ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                            

                                           

La Secretaria,

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONSO

 

RC Nº 00-801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

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