Sentencia N.º 3514
- Sentencia
- N.º 3514
- Fecha
- 11/11/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0535
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-0535
El 14 de marzo de 2005, el abogado Jesús Anselmo Ramírez Mejías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 111, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil UNITEG, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 14 de julio de 1992, bajo el N° 83, Tomo I, Libro VI, modificados sus estatutos sociales mediante instrumento inscrito en el referido Registro Mercantil el 27 de agosto de 1997, anotado bajo el N° 75, Tomo A-11, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 24 de agosto de 2004, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, mediante la cual se declaró sin lugar la apelación y se confirmó el fallo que declaró con lugar la demanda por cobro de bolívares intentada por el ciudadano César Luis García Sánchez, titular de la cédula de identidad N° 2.082.368, contra la referida sociedad mercantil.
En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán.
El 15 de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Mediante diligencia del 26 de julio de 2005, el abogado Jesús Anselmo Ramírez Mejías, actuando en su condición de autos, solicitó pronunciamiento en el presente caso.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que el ciudadano César Luis García Sánchez interpuso demanda, por cobro de bolívares contra la sociedad mercantil UNITEG, C.A., ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre.
Que la sociedad mercantil UNITEG, C.A., en la oportunidad correspondiente, rechazó y contradijo los hechos alegados en la demanda, por cuanto el dinero solicitado no había sido otorgado en calidad de préstamo, sino como parte de una cantidad mayor de una obligación suscrita entre el ciudadano César Luis García Sánchez y el ciudadano Gianni Braghin.
Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, mediante sentencia del 13 de mayo de 2002, declaró con lugar la demanda por cobro de bolívares interpuesta, ante lo cual, la representación judicial de la sociedad mercantil accionante interpuso recurso de apelación.
Que el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre dictó sentencia el 24 de agosto de 2004, la cual le fuera notificada el 17 de septiembre de 2004, que declaró sin lugar la apelación ejercida y, en consecuencia, confirmó el fallo apelado.
Que la sentencia impugnada se encuentra viciada de inmotivación, por cuanto “(…) se limitó a afirmar en forma general que los hechos aludidos anteriormente estaban probados, sin señalar ningún concepto elemento probatorio (sic) y, además, omitió consignar en el fallo la labor que éste habría realizado para subsumir los hechos que ‘tuvo por probados’ en las normas jurídicas que los prevén, a través del enlace lógico de cada situación particular, específica y concreta, con la prevención abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley”.
Que la ausencia de motivación de la sentencia impugnada vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto imposibilita al afectado contra quien recae la sentencia las razones para contradecir e impugnarla, en virtud que se desconocen cuáles fueron los razonamientos efectuados por el Juzgador para declarar la procedencia.
Que al efecto denuncian que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de silencio de pruebas, ya que no apreció todas y cada una de las pruebas interpuestas, conforme a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ya que “(…) no es de ninguna manera cierto que se haya celebrado entre CÉSAR LUIS GARCÍA SÁNCHEZ y UNITEG, C.A., ningún contrato de préstamo; y que, por el contrario, la cantidad de dinero ingresada a la contabilidad de UNITEG, C.A., era consecuencia del contrato de venta de acciones celebrado entre GIANNI BRAGHIN y el actor (…), para sanearla de todo pasivo, todo conforme a las convenciones indicadas tanto en el ‘contrato preliminar’ como en el contrato de venta definitivo (…)”.
Finalmente, solicitan que sea admitida y declarada con lugar la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, sea declarada la nulidad de la decisión impugnada.
II
DEL FALLO IMPUGNADO
El 24 de agosto de 2004, el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre declaró con lugar la demanda, por cobro de bolívares, intentada por el ciudadano César Luis García Sánchez, contra la referida sociedad mercantil UNITEG, S.A., previo a la cual efectuó las siguientes consideraciones:
“La demanda que dio lugar a que sea aperturado (sic) este procedimiento persigue lograr que este Tribunal imponga a la demandada el cumplimiento de la obligación de dar a la cual se comprometió mediante la cancelación de las cantidades que constan en los recibos identificados con la letra ‘B’ y los cuales fueron producidos por el actor conjuntamente con el libelo de demanda como documento fundamental de ésta, de los cuales se puede inferir que las sumas señaladas en estos fueron recibidas a favor de la sociedad mercantil ‘UNITEG, S.A.’ tal como se desprende de la nota estampada al pie de los aludidos recibos donde se lee ‘Por UNITEG recibió conforme…’ y la firma estampada en los mismos tantos por el ciudadano GIANNI BRAGHIN, como por el ciudadano MIGUEL ZAJÍAS Director Gerente’, evidenciando esta sentenciadora que quien recibe el dinero que se reclama es la persona jurídica UNITEG, S.A., pues es a favor de ésta que se recibe dicha cantidad por lo que siendo así debe considerarse entonces, que es a esta empresa, a quien corresponde enfrentar la presente acción, por no haber quedado demostrado en autos que la misma recayera en otra persona distinta por lo que en consecuencia, considera quien suscribe que la empresa UNITEG, S.A., suficientemente indicada en autos es la legitimada y por ende está facultada para responder de la presente pretensión, por lo que con fundamento supra este Tribunal declara improcedente la falta de cualidad e interés alegada por los apoderados de la demandada y así se declara.
…omissis…
Analizados, debidamente los informes presentados por las partes, resulta necesario precisar los siguientes puntos:
La accionada en su escrito de informes para sustentar la apelación de la recurrida, reproducidos ampliamente y minuciosamente analizados en este fallo.
En su capítulo segundo, denuncian el quebrantamiento del ordinal 5° del artículo 243, por haber la recurrida incurrido en ‘citra petita’, señalando que el Juzgador no se atuvo a lo alegado y probado en autos, y denuncian violación al debido proceso, conforme al artículo 49 de la Carta Magna. Pero no explican ni demuestran a juicio de esta Superioridad, en que consisten dichos vicios o violaciones, por cuanto el Sentenciador de Instancia, analizó y valoró en el Texto del Fallo, los medios probatorios, aportados por las partes. Razón por la cual se desestiman estas denuncias, ya que por el contrario, al analizarse la Recurrida, este Juzgador observa el apego a las normas procesales del sentenciador a quo. Y así se decide.
Continua la accionada, señalando que el fallo del a-quo, inobservó el principio de la congruencia, porque no resolvió todo lo alegado y probado, pero no sustenta la demandada, cuales son los puntos o planteamientos no resueltos por el Sentenciador a-quo. En consecuencia desestima este Juzgador el alegato de la incongruencia negativa, pues no precisa la accionada, cuales son los puntos, que no resolvió el a-quo. Y así se decide.
En el capítulo Tercero de los informes de la demandada, se alega la ‘violación al silencio de pruebas’, lo cual tampoco comparte este sentenciador, pues los alegatos y excepciones opuestas por la demandada, fueron analizados y resueltos por el a-quo, quien categóricamente al folio 433 del expediente desestimó la prueba de posiciones juradas, promovida por la demandada, al no haberla evacuado en su oportunidad legal, y en cuanto a que no apreció los instrumentos producidos con el escrito del 27 de marzo de 2000, es obvio que el a-quo, se pronunció con respecto a ellos, al considerar que los mismos no desvirtúan, los instrumentos documentales promovidos por la actora, de donde se evidencia (f.563), que el a-quo, señala ‘De los medios de prueba promovidos por la parte actora (documentales), se evidencia que ciertamente la empresa UNITEG, S.A., recibió las cantidades de dinero expresadas en los mismos y las cuales ascienden a la cantidad total de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 35.000.000,00) (sic), sin que de autos conste que esa cantidad haya sido recibida con la condición de imputarse al pago de obligación distinta a la reclamada y por cuanto estos no fueron rechazados ni impugnados en la oportunidad legal por parte de la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 430 del C.P.C., este Tribunal los aprecia en su justo valor probatorio, y reconoce la indicada cantidad como la adeudada por la demandada S.A. UNITEG al ciudadano César García Sánchez’ (…). De tal suerte que este Tribunal arriba a la conclusión de que no existe quebrantamiento alguno al principio del silencio de prueba. Y así se decide.
Del mismo modo en los informes de la Accionada, en forma respectiva y extensa señalan (f.591) ‘Nuestra representada planteó como defensa la inexistencia de los hechos constitutivos de la pretensión, esto es, la falsedad de las afirmaciones del actor en cuanto al supuesto negocio jurídico de préstamo’. Y concluyen que el Juez A-quo no analizó dichos planteamientos, lo cual a la luz de este Juzgador, es una aseveración falsa y desestimable, por cuanto del párrafo del Sentenciador a-quo, arriba citado, con el subrayado de este Tribunal Superior, es concluyente, analítico y valorativo de esa argumentación, al desecharla y sentenciar ‘sine Dubito’, que la pretensión del Actor, está totalmente probada en autos. Y así se decide.
Continúan los informantes demandados, en el capítulo cuarto de dicho escrito de informes, en forma repetitiva y extensa, sobre estos temas, ya analizados, sobre la valoración de las pruebas, cuyos argumentos de la accionada, se desestiman totalmente, por no aportar nada a la sustentación de la apelación contra la Recurrida.
Finalmente en sus largos informes, la demandada en el capítulo quinto de los mismos, denuncia la infracción del artículo 1745, por falsa aplicación considera la demandada, que el a-quo: ‘Erró en la premisa mayor del silogismo, al escoger una norma jurídica cuyo supuesto de hecho no se aplica al caso concreto. A pesar de la insistencia del a-quo de diferenciar expresamente el mutuo del préstamo a interés, lo cual carece de sentido por cuanto este último, es una modalidad del primero; en todo caso, los hechos demuestran que UNITEG, S.A., nunca se obligó frente al actor a restituir ninguna cantidad de dinero como consecuencia de la celebración de algún contrato de préstamo a interés, ya sea de naturaleza civil o mercantil’.
De este párrafo transcrito nuevamente de los informes de la accionada, se observa la inconsistencia y contrariedad y evidente incongruencia en sus argumentaciones, al sostener en dichos informes las presuntas infracciones del sentenciador a-quo, por falta de valoración de las probanzas, pero al mismo tiempo admite que dicho sentenciador fue insistente y preciso al concluir que la pretensión del accionante, al demandar, la devolución de un préstamo a interés, está totalmente probada en autos. Criterio este último que comparte plenamente esta superioridad; y así se decide.
Esta superioridad en cuanto al escrito de informes de la actora, recogidos completamente, en el cuerpo de este fallo, comparte plenamente sus conclusiones y pedimentos, en el sentido, de que ha sido probado en el juicio, que la empresa UNITEG, S.A., debe a su representado, el ciudadano César García Sánchez, la cantidad de Bs. 35.900.000, más los intereses legales, y que en consecuencia la demandada debe sufrir un fallo adverso, confirmatorio y ratificatorio de la sentencia dictada por el Tribunal a-quo. Lo cual comparte este Tribunal Superior. Y así se decide”.
III
DE LA COMPETENCIA
Visto que, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia dictada el 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la Sala es competente para conocer de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra las decisiones dictadas en última instancia por los Tribunales Superiores con competencia distinta a la Contencioso Administrativa, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, así como las Cortes de Apelaciones en lo Penal, y dado que en el caso de autos, la solicitud de amparo fue ejercida contra la sentencia dictada el 24 de agosto de 2004, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre; esta Sala, congruente con su propia doctrina se declara competente para conocer de la acción propuesta en única instancia (Vid. Sentencia N° 1.159/2001 del 29 de junio de 2001, caso: “Tropicana, C.A.”). Así se decide.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, la Sala observa que el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Una vez determinado lo anterior, se evidencia de los alegatos expuestos por la parte accionante que, dado que no existe ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 eiusdem, ello hace que resulte admisible la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.
No obstante, se observa que la parte accionante interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 24 de agosto de 2004, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, alegando la violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, por cuanto la referida sentencia incurrió en los vicios de inmotivación y silencio de pruebas.
De manera que, debe esta Sala determinar lo que debe entenderse por el vicio de inmotivación y las diferentes modalidades en la cual puede ser concebido este vicio, al respecto, se estima oportuno reiterar el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 136 del 12 de junio de 2001, caso “Hugo Díaz y otros”, al disponer:
“(...) el vicio de inmotivación del fallo se produce, entre otros, cuando la sentencia carece en absoluto de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación o la motivación errada con la falta de motivos.
Así el vicio de inmotivación puede adoptar varias modalidades, a saber:1.- La sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, 2.- Las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, 3.- Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos, y 4.- Los motivos son tan generales, vagos e inocuos que impiden a la alzada o a casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión”.
En atención a ello, es que esta Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil han mantenido en reiteradas decisiones que la exigencia de la motivación responde a una preservación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, ya que es mediante el conocimiento de las argumentaciones realizadas por el juzgador en su decisión que pueden los particulares ejercer los correspondientes medios recursivos o cualquier otro control incidental.
Así pues, se observa que los requisitos de toda decisión judicial establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales se haya la motivación, son de orden público (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.222 del 6 de julio de 2001, caso: “Distribuciones Importaciones Cosbell, C.A.”; 324 del 9 de marzo de 2004, caso: “Inversiones La Suprema, C.A.”; 891 del 13 de mayo de 2004, caso: “Inmobiliaria Diamante, S.A.”, y 2.629 del 18 de noviembre de 2004, caso: “Luis Enrique Herrera Gamboa”), razón por la cual el Juez se encuentra constreñido a su cumplimiento, en virtud que la inobservancia flagrante de la motivación imposibilita el control de las decisiones judiciales por las vías idóneas, vulnerando así el derecho a la defensa de la parte contra quien obra la sentencia de que se trate, así como de cualquier tercero que pudiera verse afectado por la misma.
En tal sentido, resulta relevante citar sentencia 1295/2002, caso: “Bertha Judith Heredia y otros”, en la cual se ratificó que la exigencia de la motivación tiene un perfil constitucional, y en caso de carecer de este requisito cualquier sentencia, se incurriría en un vicio de orden público, al efecto, se sostuvo lo siguiente:
“(...) Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución (...) es de la esencia de dicha norma que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos de la absolución o la condena, del porqué se declara con lugar una demanda. Sólo así puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así puede tener lugar el acto de juzgamiento el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo; y es más todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema e (sic) responsabilidad civil de los jueces no podrá aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo y principio rectores como el de congruencia y el de defensa de minimizarían, por lo cual surgiría un caos social. Fallos judiciales sin juzgamiento (motivación) atentan contra el orden público (...)”.
Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala estima, que del texto del fallo accionado no se desprende infracción constitucional alguna respecto a la denuncia de inmotivación señalada por la quejosa, sino más bien se aprecia su disconformidad con la decisión por ser -al igual que la de primera instancia- adversa a su pretensión.
En este orden, señaló el apoderado judicial de la accionante que dicho Juzgado vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada, toda vez que no analizó ninguna de las pruebas aportadas a las actas procesales incurriendo en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.
En atención a ello, aprecia esta Sala que a diferencia de lo expuesto por la parte actora, la sentencia objeto de amparo sí realizó un análisis probatorio, no obstante lo anterior, ciertamente aprecia esta la Sala que no puede inmiscuirse en la valoración que efectuó pues ello forma parte de la autonomía de los jueces y en ese análisis no se aprecia error en la valoración que haga nugatorios los derechos constitucionales de la parte actora.
Al respecto, esta Sala debe reiterar una vez más lo sostenido -entre otras- en su sentencia N° 501/2002, recaída en el caso “Salvador Rodríguez Fernández”, referido a que:
“(...) la valoración de las pruebas forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, dentro del marco de la Constitución y de las leyes, al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole flagrantemente derechos o principios constitucionales”.
Ello así, considera la Sala que el análisis efectuado por el a quo, respecto a la manera como el juez que emitió la sentencia accionada se pronunció sobre las pruebas, forma parte de esa autonomía e independencia que los jueces tienen al decidir los conflictos, por lo cual esta Sala estima que, a través de una acción de amparo constitucional, no puede revisarse la procedencia o no de la valoración que efectuó el Juez al resolver el asunto sometido a su conocimiento.
Así pues,la Sala observa que con dicho alegato, conjuntamente con los otros esgrimidos a lo largo de su escrito, la solicitante sólo ha pretendido impugnar el fondo del fallo del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre que le fue adverso, para lograr la revisión del criterio de interpretación del Juzgador en su decisión, atacando así la valoración del juez de alzada.
En tal sentido, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales, supuesto que, en el presente caso, no se verificó.
Al respecto, estima la Sala preciso reiterar la doctrina establecida en decisión N° 828/2000 (caso: “Segucorp”), donde se asentó:
“(...) hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él.
(...)
Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la Constitución, quede desconocido”.
Ello así, considera esta Sala oportuno señalar lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
“(…) Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (…)” (Negrillas de la Sala).
Así las cosas, esta Sala Constitucional ha señalado que la anterior disposición normativa debe interpretarse en el sentido de considerar la procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, cuando: i) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que la ley no le confiere; y ii) cuando su actuación signifique la violación directa de derechos o garantías constitucionales.
Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que “obrar fuera de su competencia” como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas.
En este sentido, la Sala estableció en su decisión del 6 de febrero de 2001, caso: “Licorería El Buchón, C.A.”, que la procedencia de la acción de amparo contra sentencia de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales “(…) es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias (…)”.
En aplicación de dicho criterio, se ha declarado improcedente in limine litis las acciones de amparo constitucional en los casos en que la parte accionante denuncia supuestos errores de juzgamiento, que por considerarse contrarios a los intereses del quejoso en amparo, no constituyen por sí mismos infracciones susceptibles de tutela constitucional (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.846 del 9 de diciembre de 2004, caso: “Bárbara Milagros Quintero Tovar”).
En atención a ello, estima la Sala que el contenido de la sentencia impugnada, en modo alguno presupone la existencia de violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que el juez actuó dentro del ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En consecuencia, esta Sala considera que la presente acción carece de los presupuestos de procedencia de la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, razón por la cual, resulta forzoso para esta Sala declarar improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta, en aras de salvaguardar los principios de economía y celeridad procesal. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer el amparo interpuesto y declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Jesús Anselmo Ramírez Mejías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 111, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil UNITEG, S.A., anteriormente identificada, contra la sentencia dictada el 24 de agosto de 2004, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, mediante la cual se declaró sin lugar la apelación y se confirmó el fallo que declaró con lugar la demanda por cobro de bolívares intentada por el ciudadano César Luis García Sánchez, titular de la cédula de identidad N° 2.082.368, contra la referida sociedad mercantil.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de noviembre de dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario Encargado,
TITO DE LA HOZ
Exp. Nº 05-0535
LEML/d
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