Sentencia N.º 3526
- Sentencia
- N.º 3526
- Fecha
- 14/11/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-0350
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
El 13 de febrero de 2004, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recibió del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.
El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó la ponencia al Magistrado Marco Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el análisis de los recaudos consignados en el presente expediente, pasa esta Sala a decidir, en los términos siguientes:
I
ANTECEDENTES
El 11 de diciembre de 2003, MEIN, C.A., interpuso acción de amparo constitucional contra Petróleos de Venezuela, S.A., ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de
El 19 de diciembre de 2003, el Juzgado Quinto Superior de lo Contencioso Tributario de
El 16 de enero de 2004, el apoderado judicial de Petróleos de Venezuela, S.A., solicitó la regulación de competencia ante el mencionado juzgado.
El 4 de febrero de 2004, el Juzgado Quinto Superior de lo Contencioso Tributario de
A tal efecto, el 12 de febrero de 2004, ordenó la remisión de copia certificada del expediente signado con el Nº 2269 (nomenclatura de dicho juzgado) a esta Sala Constitucional.
II
DE
En el escrito de la acción de amparo los apoderados de MEIN C.A., (MEINCA), señalaron lo siguiente:
Que su representada es contribuyente del impuesto al valor agregado y presta sus servicios de suministro de personal y equipos lacustre, para el mantenimiento de los pozos y demás infraestructura petrolera ubicadas en el centro del Lago de Maracaibo, desde el 15 de enero de 2003.
Que, no existe un contrato formal escrito entre dicha empresa y su representada, pero si facturas presentadas y pagadas, que demuestran la relación comercial.
Que, desde la primera facturación, Petróleos de Venezuela S.A, (PDVSA), ha aplicado a su representada la providencia administrativa Nº SNAT/2002/1419, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el 15 de noviembre de 2002, publicada en
Que la aplicación de la mencionada providencia administrativa afecta el patrimonio de su representada ...por el adelanto en el pago del 75 % sobre el impuesto, lo cual puede afectar el flujo de caja, más aun, cuando dicho impuesto al realizarse la determinación de la obligación tributaria conforme a
Que, igualmente, la providencia administrativa en cuestión violó el derecho constitucional a la libertad económica de su representada, al imponerle la carga de adelantar el pago de un impuesto que todavía no se ha causado y no poder disponer de un activo importante para la inversión y puesta en funcionamiento de su aparato productivo.
Que
Que la sentencia de
Finalmente, alegaron que en virtud de que era un hecho público y notorio que
III
ANÁLISIS DE
Revisado como ha sido el presente caso, esta Sala observa que de las actas procesales se desprende que lo pretendido a través de la remisión de este expediente es que esta Sala resuelva una solicitud de regulación de competencia planteada por la parte accionada en amparo, al estar en desacuerdo con la declinatoria realizada por el Juzgado remitente.
A tal efecto se advierte que, en reiteradas oportunidades,
Sin embargo, es preciso destacar que no obstante la anotada competencia de
En efecto, el artículo 12 de
Desde luego que si un juez se declara incompetente y declina en otro el conocimiento de la causa, porque considera que es aquel quien posee competencia, si éste a su vez se declarase incompetente no está obligado a conocer, así como no puede hacerlo el que inicialmente se declaró incompetente. Para ello el legislador previó la resolución del conflicto por un tribunal superior común a ambos, pero se trata de un trámite que se impone por las declaratorias mismas pronunciadas por ambos jueces, lo que impide que bajo ningún caso ese juez declarado incompetente emita opinión sobre el asunto, pues requiere que un órgano de mayor jerarquía dilucide inmediatamente el conflicto suscitado entre ambos jueces que, incluso, podría terminar con la decisión de que ninguno de los dos era competente sino otro tribunal.
No obstante, la posibilidad de que las partes planteen una solicitud de regulación de competencia, discutiendo la decisión del juez de manera incidental no está permitida, pues ello iría en contra de la expresada naturaleza de los procesos de amparo, de allí que no le quede a la parte más que esperar la decisión del tribunal declinado, aceptando la declinatoria, en cuyo caso su inconformidad deberá esperar a que la alzada, cuando revise la sentencia definitiva de mérito, se pronuncie al respecto. O, si no la aceptare, esperar que planteado el conflicto por ese último Juzgado sea resuelto por el órgano superior común a ambos.
Cabe destacar al respecto que esta Sala ha tenido oportunidad de referirse a la inviabilidad de este recurso ante este tipo de acciones y, en este sentido, estableció en un caso análogo al presente, el criterio que a continuación se cita:
Visto que los autos fueron remitidos en virtud de la interposición de un recurso de regulación de competencia, estima esta Sala necesario determinar la procedencia del referido recurso en materia de amparo, y al respecto aprecia lo siguiente:
Tal criterio fue ratificado en sentencias Nos. 1.497/2001; 2.607/2002; 2.769/2003 y 407/2004.
Por tanto,
Ahora bien, esta Sala actuando acorde con el criterio anteriormente expuesto, considerando que ya ha recibido el expediente para una supuesta regulación de competencia, y no habiéndose planteado conflicto alguno, en aras de salvaguardar el orden público constitucional, en virtud de que no se ha determinado cual es el juez competente para conocer el caso de autos, y el derecho de acceso a la justicia sin dilaciones indebidas atendiendo a la brevedad y sumariedad que debe imprimírsele a los amparos constitucionales, actuando como máxima autoridad en la materia, pasa a determinar su competencia para conocer sobre el asunto y, al respecto, observa:
El artículo 266.7 de la vigente Constitución, establece como atribución del Tribunal Supremo de Justicia decidir los conflictos de esta índole generados entre tribunales, ya sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal común a ellos en el orden jerárquico.
Asimismo, conviene recordar que mediante sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), al determinar la competencia para conocer de la acción de amparo a la luz de los principios contenidos en
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 12 de
Ahora bien, esta Sala, a los efectos de determinar cual tribunal es competente en razón de la materia para conocer del presente amparo, observa:
El artículo 7 de
Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.
La norma transcrita consagra las reglas para determinar la competencia ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía principal, siendo necesario analizar la naturaleza del derecho o la garantía constitucional presuntamente violada o amenazada de violación, como también es menester observar la relación existente entre la infracción denunciada y la situación jurídica que involucra a las partes, la cual, debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de competencia.
Así las cosas, esta Sala estima menester, a fin de determinar la competencia para conocer de la tutela constitucional solicitada, analizar la naturaleza de las actuaciones a las cuales se le imputan infracción constitucional y, en tal sentido, observa:
La acción incoada se fundamenta en presuntas infracciones constitucionales producidas como consecuencia de la aplicación de una providencia administrativa emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por parte de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) por lo que la lesión denunciada tuvo lugar en una relación de naturaleza jurídico tributaria, existente entre la accionante y la aludida empresa; en consecuencia, su ámbito material corresponde a lo tributario.
Ahora bien, determinado en el caso sub exámine que la afinidad de la materia es la contencioso-tributaria, resulta pertinente señalar que, con respecto a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer las acciones de amparo constitucional incoadas contra actos, omisiones o actuaciones materiales de los órganos de
...las acciones de amparo interpuestas en contra de los entes de
A la luz de los razonamientos que inspiran el fallo parcialmente transcrito, considerando como expresara más adelante el mismo que «el acceso a la justicia a que tiene derecho toda persona (artículo 26 de
1. Si la lesión se genera en el Distrito Capital o en el Área Metropolitana de Caracas, la acción de amparo deberá ser interpuesta siguiendo las prescripciones normales de
2. Si por el contrario, la lesión se produjese fuera del Distrito Capital o del Área Metropolitana de Caracas, el agraviado podrá optar entre trasladarse a la capital de
3. Si en la localidad en que ocurrieran las transgresiones constitucionales, tampoco existe Juez de Primera Instancia en lo Civil, conocerá de manera excepcional de la acción de amparo, el juez de la localidad (esto es, cualquiera que resulte de menor jerarquía de aquél), y éste, de conformidad con el artículo 9 antes citado, lo enviará igualmente en consulta obligatoria al Juez Superior en lo Contencioso Tributario, para que se configure la primera instancia.
4. En cualquiera de los supuestos antes previstos, corresponderá el conocimiento de las decisiones definitivas de primera instancia, a esta Sala Constitucional, en los términos prevenidos en el artículo 35 de
Al respecto, es importante destacar que
Es de advertir que, aún cuando, en el presente caso no, se trata de un órgano de
Por tanto, visto la presunta lesión se produjo por la aplicación por parte de Petróleos de Venezuela, S.A., de la providencia administrativa emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), antes identificada, y visto que sus efectos se materializaron en relación con la empresa accionante en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia,
Finalmente, se le hace un llamado de atención al Juzgado Quinto Superior de lo Contencioso Tributario de
DECISIÓN
Por las razones que precedentemente se expusieron, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
1.- IMPROPONIBLE, en derecho, la solicitud de regulación de competencia planteada por el apoderado judicial de la parte accionada en amparo.
2.- COMPETENTE para conocer de la acción de amparo incoada por MEIN C.A., (MEINCA), contra PDVSA S.A., al Tribunal Superior de lo Contencioso-Tributario de
Regístrese, publíquese y notifíquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia a los Juzgados Superiores Quinto de lo Contencioso Tributario de
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
Magistrado
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Magistrado
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario (E),
TITO DE LA HOZ
Exp. 04-0350
MTDP.
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