Venley

Sentencia N.º 355

Sentencia
N.º 355
Fecha
07/03/2008
Sala
Constitucional
Expediente
07-0745
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Caracas, 07 de marzo  de 2008

197° y 149°

 

Consta en autos que, el 24 de mayo de 2007, ASESORES DE SEGUROS ASEGURE S.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 2 de julio de 1974, bajo el n.° 3, Tomo 122-A, mediante la representación de los abogados José Araujo Parra y Margarita R. Mata Freites, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los n.os 7.802 y 16.912, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia n.° 88 del 14 de febrero de 2006, que declaró inadmisible el recurso de casación y confirmó el fallo dictado el 7 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como tribunal de reenvío, de 7 de octubre de 2004, que declaró sin lugar la falta de cualidad que había sido opuesta y con lugar la demanda que intentó Mantenimiento de Edificios Mantedif C.A. en su contra; para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al principio de la confianza legítima y al derecho a la igualdad que reconocen los artículos 49, 26 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 24 de mayo de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.

En la solicitud de revisión la representación judicial de los accionantes pidió, como tutela cautelar, la suspensión de la ejecución de la decisión objeto de revisión y “se ordene a cualquier Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente, en la actualidad, específicamente a la JUEZ QUINTA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que se abstenga de aplicar el criterio establecido en la Sentencia, cuya revisión se solicita, en el juicio contra la empresa ASESORES DE SEGUROS ASEGURE S.A. y en consecuencia se ordene la suspensión de los efectos de la sentencia dictada por la Sala Civil (sic) del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que esta Sala Constitucional emita el respectivo fallo en el presente Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional”.

Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en casos de urgencia, cuando sea necesario evitar daños irreparables, siempre que haya presunción de buen derecho. En efecto, ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez, para que los acuerde, que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino también de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, que son conocidas por la doctrina como medidas innominadas y pueden acordarse cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.

Ahora bien, la Sala, luego del estudio del expediente, observa que quien planteó la solicitud de revisión, mediante la petición de medida cautelar innominada, pretende la suspensión de la ejecución del acto de juzgamiento que expidió el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 7 de octubre de 2004, en el juicio que, por cumplimiento de contrato, instauró Mantenimientos de Edificio Mantedif C.A. contra Asesores de Seguro ASEGURE S.A.; acto jurisdiccional este que, en su criterio, causó violación a sus derechos a la defensa al debido proceso, a la tutela judicial eficaz, al principio de la confianza legítima y al derecho a la igualdad que reconocen los artículos 49, 26 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a la presunción de buen derecho, observa la Sala que esta surge del análisis de las copias certificadas del fallo objeto de revisión (ff. 319 al 372 del Anexo 1) y otras actuaciones procesales que dan fe de los términos en los cuales la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad y sin lugar el de casación que interpuso la representación judicial de Asesores de Seguros ASEGURE S.A. Ese veredicto dejó firme la decisión del Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aún cuando contenía, en su dispositivo, la orden de la indexación judicial de cantidades que ya habían sido corregidas de acuerdo con el índice inflacionario de precios para insumos de la construcción. Al respecto, la Sala de Casación Civil consideró que no se había incurrido en el vicio de ultrapetita porque la corrección había sido solicitada de esa manera en el petitorio, y que si existía desacuerdo con los términos en que fue acordada la indexación ha debido fundamentarse en error de juzgamiento. Por otra parte, se alegó, en esta instancia, entre otras cosas, omisión por parte de la Sala de Casación Civil en el análisis de las denuncias que hizo el formalizante. 

En lo que respecta a la prueba del periculum in mora, y toda vez que la revisión se solicitó después del trascurso de más de un año de la publicación de la sentencia que es objeto de la misma; que la solicitante se ha limitado a la interposición del escrito que encabeza estas actuaciones -hace casi un año- y, por cuanto no existe en los autos constancia del estado en el cual se encuentra la causa en la cual ésta se pronunció, considera la Sala que no quedó demostrado dicho requisito, por lo que no se acuerda la medida que fue solicitada. Así se decide.

Por otra parte, considera la Sala que, para la cabal resolución de la petición de autos, debe escuchar a la peticionaria de la presente revisión, a la parte demandante en el juicio en el cual se emitió la sentencia cuya revisión se requirió y al Ministerio Público; en consecuencia, se ORDENA la celebración de una audiencia pública para tales fines, así como la práctica de las notificaciones correspondientes, audiencia que se celebrará ante esta Sala el día y a la hora que fije la Secretaría de la misma, una vez que conste en el expediente la realización de la última de las notificaciones cuya práctica se ordenó.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Superior Séptimo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice-presidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 07-0745

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