Venley

Sentencia N.º 3592

Sentencia
N.º 3592
Fecha
06/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2584
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

Magistrado Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Mediante oficio Nro. 04/0521, del 13 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por la abogado ZOLANGE GONZÁLEZ COLÓN, inscrita  en el Inpreabogado bajo el N° 28.564, actuando en representación de los ciudadanos Carlos Eduardo Troconis Angulo, Olga Beatriz Troconis de Moreno, Hernan Troconis Angulo y Yolanda Troconis de Pacheco, contra la decisión dictada el 24 de mayo de 2004, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró, sin lugar la demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento interpuesta por sus representados contra la ciudadana Angela Romelia Semidey.

Tal remisión obedeció al recurso de apelación que interpuso el 9 de diciembre de 2004, la abogado Zolange González Colon, contra la decisión dictada el 7 de septiembre 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente, la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 17 de septiembre de 2004, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García  y el 10 de diciembre de  2004, se reasignó la ponencia en la persona del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio del caso se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 22 de marzo de 2004, el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento intentaron Carlos Eduardo Troconis Angulo, Olga Beatriz Troconis de Moreno, Hernan Troconis Angulo y la Empresa Troanca C.A. contra la ciudadana Angela Romelia Semidey, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, previas las siguientes consideraciones:

Admitida la demanda, y verificada la citación de la parte demandada, llegada la oportunidad para la contestación, ésta no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial, pero en el lapso probatorio consignó en original los recibos de las consignaciones realizadas. Dichas pruebas fueron desechadas por el Tribunal de la causa, por considerar que la prueba permitida al presunto confeso (por no haber dado contestación a la demanda)  “...no es sobre hechos que debieron ser alegados en la contestación sino sobre la presunción que pesa en su contra respecto a su rebeldía...”. De seguidas en lo que respecta al análisis del tercer requisito para la procedencia de la confesión ficta, conforme el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal observó:

“...En tercer lugar respecto si es o no contraria a derecho la presente acción. Considera este juzgador que la presente acción en principio, no es contraria a derecho; más por el contrario, tiene su fundamento legal en el artículo 1.167 del Código Civil. Sin embargo; queda pendiente el asunto relativo a la legitimación ad causan (sic) y observamos:

En efecto sostiene el ilustre procesalista Eduardo Couture en su Obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil (...)

(omissis...)

Por lo que la legitimación ad causan (sic) (ó legitimidad), se encuentra establecida en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la Seguridad Jurídica que debe existir en cuanto a la tutela efectiva del derecho, y debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que exista un interés jurídico susceptible de tutela judicial y como quiera que el Juez al momento de decidir la controversia debe atenerse sólo a lo alegado y probado en autos sin suplir las faltas de las partes y en virtud que lo demandantes no demostraron durante la secuela del proceso la cualidad e interés que dicen tener como únicos y universales herederos de la arrendadora se hace forzoso para este Juzgado concluir que CARLOS EDUARDO TROCONIS ANGULO, OLGA TROCONIS DE MORENO y HERMAN TROCONIS ANGULO, y la Empresa TROANCA C.A. no demostraron tener la cualidad de herederos que se irrogan para demandar la Resolución del Contrato a que se refiere este juicio.

Por lo que finalmente se concluye que no solo es atinente a la parte demandada oponer la excepción de la no existencia de los elementos constitutivos de la pretensión, sino que la misma debe ser observada por el Juzgador; siendo presupuesto de la sentencia favorable la prueba de la existencia de la pretensión como contenido esencial de la acción; pues sin acción no existe jurisdicción.    Por lo que se concluye que la falta de legitimación activa en el proceso impide que se cumple el tercer requisito para que pueda prosperar la confesión ficta, produciéndose así el efecto de desechar la demanda. (...)

Con motivo de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte actora, le correspondió el conocimiento al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual en decisión dictada el 24 de mayo de 2004, declaró sin lugar la apelación interpuesta,  bajo  los siguientes argumentos:

“...En cuanto al primer requisito de ley, esto es que la petición del demandante no sea contraria a derecho, observa esta alzada que en el caso de marras la pretensión de la parte actora es contraria a derecho toda vez que en ningún momento demostró su interés para accionar, es decir tal como lo señaló el a quo no produjo en su oportunidad la prueba de su derecho, señalan los demandantes ser únicos y universales herederos de CIRA ANGULO DE TROCONIS, empero, en la oportunidad procesalmente valida para ello no demostraron tal interés y ser titulares del derecho que reclaman los cuales debieron consignar en autos conjuntamente con la demanda todos los documentos que acrediten tal titularidad e interés, es decir, como documentos fundamentales de la acción que invocan, tal y como lo establece el artículo 340 0rdinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte no puede la parte actora pretender traer a los autos en segunda instancia documentos que solo debió insertar al proceso en el Tribunal de la causa como lo son aquellos documentos a través de los cuales se demuestra la titularidad del derecho que reclaman con el solo propósito de lograr una revocatoria del fallo recurrido, no son estos documentos por demás los señalados en el Código de los que pueden admitirse en segunda instancia. En consecuencia la pretensión de la parte actora es contraria a derecho y así se decide. Si bien en el presente caso la parte demandada no dio contestación a la demanda, pareciera que en principio pudiéramos estar en presencia de una confesión ficta, para cuyo caso se requiere tal y como lo señalábamos anteriormente, que el demandado no pruebe nada que le favorezca y que la pretensión no sea contraria a derecho. Y en el presente caso  demostrado  como quedó que efectivamente la pretensión del actor es contraria a derecho, ya que no demostraron ser los titulares del derecho que reclaman, y en consecuencia no tener interés actual para sostener el presente juicio, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar sin lugar la demanda  y así se decide..”

 

 

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

Contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de  Caracas, la abogado Zolange González Colon, actuando en nombre y representación de sus apoderados judiciales interpuso acción de amparo constitucional, con fundamento en la violación del derecho a la defensa de sus representados, toda vez que el rechazo de los documentos públicos por la segunda instancia, idóneos para la prueba de la condición de herederos, constituyó un acto jurisdiccional que vulneró no sólo el ordenamiento jurídico adjetivo o procesal sino la conciencia jurídica, al infringir en forma flagrante los derechos individuales, los  derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en violación directa de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tal motivo, solicitó se restableciera la situación jurídica lesionada mediante la declaratoria de nulidad del acto jurisdiccional lesivo y su consecuente perdida de efectos procesales, o en su defecto se ordenara la reposición de la causa al estado en que se emita un nuevo pronunciamiento, que acoja los medios de defensa idóneos y pertinentes producidos por sus representados. 

III

DEL FALLO APELADO

El 7 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisión de la referida acción de amparo, la declaró improcedente, por considerar que las violaciones alegadas, no eran de carácter constitucional, ya que si el Juez presuntamente agraviante consideró que las pruebas presentadas por la parte, no lo fueron en su debida oportunidad, dicha decisión no era revisable por la vía del amparo, pues ello significaría una revisión en tercera instancia.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, al respecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra (b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores (salvo que se trate de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo) el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme a la jurisprudencia vinculante emitida en fallo del 1° febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

En el presente caso se trata de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en tal sentido, coherente con lo expresado anteriormente, esta Sala se declara competente para conocer de la apelación interpuesta. Así se decide.

De seguidas, pasa a pronunciarse sobre los fundamentos de la acción de amparo y en tal sentido  observa:

En el caso de autos tenemos que la parte accionante, considera se le violó el derecho a la defensa y el debido proceso de sus representados, al haber el Juez presuntamente agraviante, rechazado los documentos públicos promovidos en segunda instancia para demostrar la condición de herederos de sus representados. Tal circunstancia per se, no es suficiente para que prospere una acción de amparo constitucional, ya que conforme a la doctrina pacifica y reiterada de esta Sala Constitucional, no puede ser motivo de un amparo, el juzgamiento de un Juez que considera que unas pruebas fueron extemporáneamente promovidas, pues tal apreciación, aún cuando pueda constituir un error, no entra dentro de lo que pudiera considerarse una violación de una garantía de rango constitucional; a menos que el juzgamiento comporte una usurpación o extralimitación del juez, caso en el cual conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo resultaría procedente. Por ello, estima necesario la Sala, hacer las siguientes consideraciones:

De la lectura efectuada a la sentencia dictada por el Juez presuntamente agraviante se observa, que aun cuando reconoce que la parte demandada en el Juicio de resolución de contrato de arrendamiento, no dio contestación a la demanda, ni probó nada que la favorezca; la pretensión de la parte actora resultaba contraria a derecho, al no haber demostrado su interés para accionar, ya que no consignó los documentos fundamentales de la demanda (demostrativos de su condición de herederos),  faltando así, el tercer requisito para que operara la confesión ficta, conforme el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, declaró sin lugar la demanda.

Ahora bien, los conceptos de cualidad e interés, están íntimamente ligados, pues tal y como lo afirmó el insigne Maestro Luis Loreto, en materia de cualidad, la regla es que “...allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio...” (Loreto, Luis. Contribución al estudio de la excepción de la inadmisibilidad por falta de cualidad. Ensayos Jurídicos, Editorial Jurídica Venezolana. pg. 189).

Si prospera la falta de cualidad o interés de alguna de las partes, no le es dable al juzgador entrar a conocer el mérito de la causa, sino desechar la demanda, ya que la persona que se afirma titular de un derecho, no es la persona a quien la ley le otorga la facultad para hacerlo exigible.

Para esta Sala, tal como lo ha señalado en fallo del 18-5-01, (Caso: Montserrat Prato), la falta de cualidad e interés afecta a la acción, y si ella no existe, o se hace inadmisible, el juez puede constatar de oficio tal situación, ya que el aparato jurisdiccional se mueve en base al derecho de acción. En tal sentido, la inercia de las partes, mal puede obligar al juez a realizar actos jurisdiccionales, si la acción no existe o se hizo inadmisible, incluso sobrevenidamente.

En el caso de autos se observa, que aun cuando la falta de interés, no fue alegada por la parte demandada, en la oportunidad de ley, tanto el juzgado de municipio como el de primera instancia a quien le correspondió conocer en virtud de la apelación propuesta, declararon sin lugar la demanda, por considerar que los demandantes, carecían del interés necesario para sostener el juicio, y aunque señalaron que eso hacía la pretensión contraria a derecho, en realidad lo que verificaron fue la inadmisibilidad de la acción. 

Si bien nuestro sistema dispositivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones  o argumentos de hecho no alegados ni probados; la falta de interés, aún cuando no haya sido alegada, comporta una inadmisibilidad de la acción, que hace posible y necesario de parte del juzgador, se declare como punto previo, antes de entrar a conocer de la pretensión demandada.

Así pues, si los accionantes, en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento, afirmaron que actuaban como únicos y universales herederos de la ciudadana Cira Angulo de Troconis, y los documentos que demostraran tal condición, eran fundamentales, y por ende, a tenor de lo dispuesto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, el Juez estaba impedido de admitirlos en una oportunidad distinta a la admisión de la demanda.

El artículo en comento dispone lo siguiente:

Artículo 434. “Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirá después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos...”.

Conforme a lo anterior, el Tribunal que dictó el fallo recurrido en amparo, actuó dentro de los limites de su competencia, cuando declaró que “la pretensión del actor es contraria a derecho, ya que no demostraron ser los titulares del derecho que reclaman”. Con base a lo anterior, considera esta Sala Constitucional, que la declaratoria de improcedencia in limine litis efectuada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 7 de septiembre de 2004, estuvo ajustada a derecho y así se decide.

Por último, observa esta Sala Constitucional, que no obstante el tribunal de la causa y el superior que conoció de la apelación ejercida, consideraron que la parte actora no tenía interés para incoar el juicio, procedieron a declarar sin lugar la demanda ejercida, como si hubiesen entrado a pronunciarse sobre el mérito de la pretensión. Sin embargo, es preciso aclarar que los términos en que fue resuelta la controversia, no impiden que la parte actora, vuelva a interponer la demanda previo el cumplimiento de los extremos de ley, si es que adquiere la cualidad o el interés, pues la cosa juzgada del fallo emitido, fue formal y no material. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la ley, decide lo siguiente:

1)      Declara Sin Lugar la apelación interpuesta por la abogado ZOLANGE GONZÁLEZ COLÓN, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 7 de septiembre de 2004.

2)      En consecuencia, se declara improcedente in limine litis  el amparo interpuesto, por la abogado ZOLANGE GONZALEZ COLON, actuando en representación de los ciudadanos  Carlos Eduardo Troconis Angulo, Olga Beatriz Troconis de Moreno, Hernan Troconis Angulo y Yolanda Troconis de Pacheco.

Publíquese, regístrese, y remítase copia del presente fallo al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente         Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 04-2584

JECR/

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