Venley

Sentencia N.º 36

Sentencia
N.º 36
Fecha
19/01/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-0832
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Interpretación

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

El 1 de junio de 2006, el abogado Francisco Encinas Verde, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 15.496, en representación de la Mancomunidad para la Prestación del Servicio y Venta de Electricidad y Gas en los Municipios del Estado Nueva Esparta (Megane); inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta, el 15 de agosto de 1997, bajo el nº 239, folios 144 al 152, Protocolo Primero, Tomo Sexto; interpuso ante esta Sala Constitucional acción de interpretación del artículo 170 de la Constitución, «en lo referente a la Naturaleza y Régimen Jurídico de las Mancomunidades».

El 2 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el análisis correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

De la pretensión de Interpretación constitucional

El apoderado de la accionante fundamentó su pretensión de interpretación constitucional en los siguientes argumentos:

Que, la Mancomunidad para la Prestación del Servicio y Venta de Electricidad y Gas en los Municipios del Estado Nueva Esparta (MEGANE), conforme lo prevén sus estatutos, es un ente con personalidad jurídica propia y goza de autonomía funcional, orgánica y presupuestaria; cuyo objeto es la distribución y venta de Electricidad y Gas en los Municipios de dicho Estado «y que éstos delegan todas las competencias, facultades, derechos, acciones e intereses relativos, conexos e inherentes a la prestación del servicio a la MEGANE».

Que, el 12 de febrero de 1998, MEGANE y el entonces Ministerio de Energía y Minas, «celebraron un convenio para la atención conjunta del servicio de distribución y venta de electricidad en el Estado Nueva Esparta, según documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Estado Nueva Esparta quedando anotado bajo el Nº 35, Tomo 16 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría».

Que, a través de tal convenio, las partes acordaron -entre otras cosas- «que para garantizar el servicio eléctrico en el Estado Nueva Esparta se otorgue una concesión para su explotación, lo cual se hará de conformidad con las normas previstas en el Decreto Ley sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales».

Que, el 17 de julio de 1998, «se suscribió el Contrato de Concesión del Servicio de la Electricidad del Estado Nueva Esparta, entre la República de Venezuela representada por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Servicio Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENECA) y sus Anexos: 1) Normas de Calidad del Servicio de Electricidad y Sanciones; 2) Reglamento de Servicio de SENECA; 3) Régimen Tarifario y 4) Plan de Inversión Nueva Esparta».

Que, «el interés jurídico actual de [su] representada MEGANE en la interpretación de la norma requerida, deviene en conocer con exactitud cuál es la naturaleza y el Régimen Jurídico al cual se encuentran sometidas la Mancomunidades, a fin de evitar incurrir en actuaciones apartadas del sistema jurídico aplicable, lo cual afectaría el normal funcionamiento y el desarrollo de sus actividades».

Que, la interpretación solicitada «constituye una novedad pues no existen precedentes jurisprudenciales vinculantes dictados por esta respetable Sala Constitucional».

Que «[…MEGANE persigue con este recurso de interpretación conocer con exactitud cuál es la naturaleza y el Régimen Jurídico aplicable a las Mancomunidades en vista de tener una duda razonable […] según las regulaciones constitucionales y legales que la desarrollan».

Que, «desde la promulgación de la Constitución de 1961, se había previsto la posibilidad de que los Municipios pudieran constituir mancomunidades para la realización en común de ciertos cometidos o servicios. Sin embargo, la ausencia de una regulación legal no había permitido crear auténticas entidades territoriales, resultantes de convenios o acuerdos entre Municipios, aún cuando se habían realizado importantes experiencias asociativas, como la denominada Mancomunidad Urbanística de Caracas en 1972».

Que, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 170 recoge también la figura de las Mancomunidades, como figura asociativa intergubernamental de los Municipios entre sí o con otros entes político–territoriales para «fines de interés práctico relativos a las materias de su competencia».

Que, «al igual que la Ley Orgánica de Régimen Municipal en esta Ley también el Legislador las diferenció claramente de las otras formas de organización u otros entes morales de derecho privado (civiles y mercantiles) o de derecho público (institutos autónomos) […] manteniendo a las Mancomunidades como una categoría autónoma de entes morales en nuestro ordenamiento jurídico que tiene sus formas de creación y régimen propio».

Que, en atención a sus particulares caracteres, según la lectura que da la accionante, las Mancomunidades pueden ser calificadas como entes de Derecho Público.

Con base en tales planteamientos, solicitó a esta Sala:

«1.- La interpretación del artículo 170 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de conocer con exactitud el contenido y alcance de dicha norma en lo referente a la Naturaleza Jurídica y el Régimen General al cual están sometidas las Mancomunidades.

2.-        Si las mancomunidades son personas de Derecho Público o de Derecho Privado? [sic]

3.-        Si las Mancomunidades se encuentran sometidas a un Régimen de Derecho Público o de Derecho Privado? [sic]

4.-        Si los Funcionarios que prestan servicio en las Mancomunidades tiene la condición de Funcionarios Públicos? [sic]»

Motivaciones para decidir

De forma preliminar, debe la Sala determinar su competencia para conocer la acción interpuesta y, con este objeto, conviene recordar que su propia jurisprudencia ha reconocido la existencia de la acción de interpretación constitucional (stc. n° 1077/2000), como un mecanismo procesal destinado a la comprensión del texto constitucional, en supuestos determinados que pudieren generar dudas en cuanto al alcance de sus normas, y cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a esta Sala, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional; distinguiéndola de la acción de interpretación (de ley) a que se refieren los artículos 266.6 constitucional y 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya competencia se encuentra distribuida entre las distintas Salas que conforman este Máximo Tribunal, en atención a la materia sobre la cual verse el texto legal a ser interpretado.

Como quiera que, en el presente caso, ha sido instada esta jurisdicción, con el objeto de precisar el alcance de la denunciada oscuridad del artículo 170 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final del texto orgánico que rige las funciones de este Máximo Juzgado, en concordancia con el precedente jurisprudencial arriba citado, esta Sala es competente para resolver el caso de autos. Así se declara.

Dilucidada su competencia, y a los fines de determinar la admisibilidad de la pretensión de autos, la Sala estima conveniente reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se haya sujeta la pretensión de interpretación constitucional (véanse, entre otras, sentencias 1077/2000, 1347/2000 y 2704/2001).

En este sentido, tal elaboración doctrinal ha instaurado las siguientes causales de inadmisibilidad de la acción de interpretación constitucional:

1.-       La falta de legitimación del accionante, entendiendo que tal cualidad viene dada por la vinculación directa de éste con un caso concreto, con miras a brindar una utilidad práctica a esta especial acción que impida se convierta en un simple ejercicio académico.

2.-       Cuando no exista una duda razonable en cuanto al contenido, alcance y aplicabilidad de las normas constitucionales, respecto del supuesto fáctico en que se encuentra el accionante.

3.-       Cuando la Sala haya resuelto la duda alegada en torno al mismo caso o uno similar, persistiendo en ella ánimo de mantenerlo.

4.-       Cuando se utilice esta vía como mecanismo para adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o para sustituir algún medio ordinario a través del cual, el juez competente para conocerlo, pueda aclarar la duda planteada. Esto es, cuando mediante su ejercicio, se pretenda desbordar su finalidad aclarativa.

5.-       Cuando se acumule a la pretensión interpretativa otra de naturaleza diferente o sometida a procedimientos que se excluyan mutuamente.

6.-       Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la solicitud es admisible.

7.-       Cuando el escrito sea ininteligible o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

En el caso de autos, el ente accionante solicitó la interpretación del artículo 170 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 170. Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos metropolitanos».

Al respecto, debe observarse que la Mancomunidad actora no articuló en modo alguno un supuesto de hecho concreto en relación con la norma constitucional aludida, sino que se limitó a referir genéricamente el régimen estatutario y legal que rige a la misma, con el fin de que esta Sala determine «su naturaleza jurídica y régimen jurídico»; lo que escapa totalmente de la finalidad aclarativa de esta especialísima acción, en la medida que pretende de esta Sala obtener un veredicto o dictamen que defina con exhaustividad la institución de las Mancomunidades Municipales.

Adicionalmente, advierte la Sala que tampoco explicó suficientemente la duda razonable que engendraría el contenido de la disposición constitucional aludida, sino acaso las que derivarían de la falta de regulación tópica en el ordenamiento legal que la desarrolla.

Por tales razones, en atención a la doctrina expuesta ut supra, esta Sala declara inadmisible la interpretación constitucional solicitada. Así se decide.

Decisión

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible la acción de interpretación constitucional interpuesta por la representación de la Mancomunidad para la Prestación del Servicio y Venta de Electricidad y Gas en los Municipios del Estado Nueva Esparta (Megane); en relación con el artículo 170 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de enero de dos mil siete (2007). Años: 196 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

N°: 06-0832

JECR/

 

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