Venley

Sentencia N.º 365

Sentencia
N.º 365
Fecha
10/05/2010
Sala
Constitucional
Expediente
09-0458
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Solicitud de Revisión

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 21 de abril de 2009, la abogada Beatriz Di Totto Blanco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 13.869, con el carácter de apoderada judicial del ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Núm. 108.888, solicitó, ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia N° 721, dictada el 18 diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual declaró sin lugar el avocamiento solicitado por la defensa privada del mencionado ciudadano, del proceso penal seguido en su contra ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión del delito de distracción de dinero concedido por organismo público en forma continuada, previsto en el cardinal 2 del artículo 71 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.

El 28 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

El 4 de mayo de 2009, la abogada Beatriz Di Totto Blanco consignó copia certificada de la sentencia cuya revisión solicitó.

 El 21 de octubre de 2009, se reasignó la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y con tal carácter la suscribe.

Efectuada la lectura individual del escrito y sus anexos, la Sala procede a decidir según las consideraciones que a continuación se expresan:

 

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La abogada Beatriz Di Totto Blanco, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Fernando Pérez Amado solicitó la revisión de la sentencia N° 721 dictada el 18 diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de las consideraciones siguientes:

Que el fundamento de la presente solicitud “[…] radica en la notoria violación, en la que incurre esta sentencia, de uno de los preceptos constitucionales más caros (sic) y significativos dentro de un sistema procesal penal, como es la norma que consagra el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, prevista en el artículo 26 constitucional, cuya aplicación resultó absolutamente soslayada en el presente caso, al punto de colocar a mi defendido en una situación procesal incierta, confusa, ilógica e inicua, a pesar de que el caso ya cuenta con un pronunciamiento específico de esta misma Sala Constitucional en relación con la aplicabilidad del efecto extensivo de la SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor de todos los encausados. Hay que destacar que esta última decisión fue dictada en el juicio sobre una base que hace incontrovertibles los términos de nuestra pretensión: dicho fundamento es, nada más y nada menos que, la ATIPICIDAD DE LOS HECHOS OBJETO DE JUICIO, lo cual impone que dicho efecto deba recaer necesariamente sobre los acusados”.

            Luego de efectuar consideraciones generales atinentes a la potestad revisora de esta Sala Constitucional, concluyó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de revisión constitucional “[…] no plantea las infracciones en términos taxativos (numerus clausus) sino, más bien, bajo una interpretación prudente pero abierta, que consagra la institución de la revisión como un mecanismo destinado a identificar y corregir cualquier violación cuya magnitud sea tal, que contravenga el ordenamiento constitucional o su correcta interpretación –en casos preestablecidos por la propia Sala Constitucional- o que trastoque los fines esenciales del proceso penal”.

            Que “[P]recisamente, la revisión que solicito se atiene a estos principios puesto que las infracciones presentes en el fallo que impugno encuadran en todas y cada una de las circunstancias antes referidas y han sido valoradas anteriormente por la propia Sala Constitucional como motivo válido para que proceda la revisión de sentencias firmes […]”.

            Como antecedentes refirió que “[e]l 15 de mayo de 2006 solicité(ó) por ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (en adelante, Juzgado Octavo de Juicio) la aplicación, a favor de mi(su) defendido FERNANDO PÉREZ AMADO, del efecto extensivo de las sentencias absolutorias que declararon que ‘no existía delito alguno en relación con el presente juicio’ y las cuales fueron dictadas, en fecha 28 de diciembre de 2001 en favor de JORGE BAÍZ BERMÚDEZ, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio y, en fecha 20 de julio de 2004, a favor del procesado en ausencia CARLOS JOSÉ OMAÑA, por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial penal. Este último fallo se dictó en acatamiento a la sentencia n° 861 de la Sala Constitucional dictada en fecha 12 de mayo de 2004 mediante la cual se ordenó la aplicación del efecto extensivo de la primera sentencia absolutoria ‘al resto de las personas …que están siendo juzgadas en litis consocio pasivo por la supuesta comisión de dichos hechos’”.

            Que “[L]a Sala Constitucional había emitido este pronunciamiento con ocasión de conocer del amparo intentado por la representación del procesado en ausencia CARLOS JOSÉ OMAÑA contra el fallo de la Sala 8 (sic) de la Corte de Apelaciones que le negó la posibilidad de beneficiarse del efecto extensivo de la sentencia absolutoria, al declarar improcedente la apelación que interpuso contra el fallo del Juzgado Octavo de Juicio que consideró que ‘por una parte, dicho beneficio se refería exclusivamente a decisiones en materia de recursos y, por la otra, [que] no se encontraba a derecho’”.

            Que “[L]a revocatoria de la sentencia de la Sala 8 por parte de la Sala Constitucional –con el consiguiente reconocimiento del efecto extensivo del fallo absolutorio a favor del procesado en ausencia- declaró expresamente que no debía condicionarse el pronunciamiento de este beneficio en su favor al requerimiento previo de ejecución del auto de detención, puesto que ‘con base al derecho fundamental al juicio en libertad (que establecen los artículos 44.1 de la Constitución Nacional y 9 y 252 (hoy 243) del Código Orgánico Procesal Penal) … existe una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de identidades que señala el referido artículo 430 (hoy 438) del Código Orgánico Procesal Penal, deben ser extendidos al hoy demandante los efectos de las sentencias absolutorias que fueron dictadas a favor de sus precitados co-procesados”.

                        Que “[…] fue sobre la base del pronunciamiento emitido por la Sala Constitucional en su sentencia n° 861 de fecha 12 de mayo de 2004, referida a este mismo caso, que solicité igualmente ante el Juzgado Octavo de Juicio la aplicación del efecto extensivo de las dos sentencias absolutorias dictadas en el expediente, la segunda de ellas pronunciada a favor de un procesado en ausencia”.

            Que “[E]l Juzgado Octavo de Juicio negó mi(su) solicitud en fecha 20 de junio de 2006 ratificando las razones del fallo que el mismo tribunal había dictado anteriormente en perjuicio de CARLOS JOSÉ OMAÑA, a pesar de que, para el momento de mi solicitud, tales argumentos ya debían ser desestimados en virtud de la interpretación vinculante de la Sala constitucional pronunciada en la sentencia n° 861 del 12 de mayo de 2004 que concedió el amparo a este procesado y ordenó a la Corte de Apelaciones que se le extendieran los efectos del fallo absolutorio dictado inicialmente”.

            Que “[C]ontra la decisión del Juzgado Octavo de Juicio ejercí apelación oportunamente, incidencia para la cual el juez a quo requirió la opinión del Ministerio Público; esta institución se pronunció a favor de mi(su) solicitud en dictamen de fecha 12 de julio de 2006, en acatamiento –y dada la contundencia- de la sentencia vinculante emitida por la Sala Constitucional en este mismo caso”.

            Que “[E]l recurso que intenté fue decidido por la Sala 4 Accidental de la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial penal en los términos siguientes: 1) declaró sin lugar dicha apelación en clara discrepancia con la Sala Constitucional en torno a la declaratoria de concurrencia de identidades que daba sustento a la procedencia del efecto extensivo del fallo absolutorio y 2) anuló parcialmente un ‘componente’ (sic) de la motivación de la recurrida y ordenó la remisión de la totalidad de la causa a un juzgado de juicio distinto ‘a los fines de que continúe el conocimiento del asunto’ (que ya había sido decidido), a pesar de haberse agotado el objeto del recurso, precisamente, gracias al pronunciamiento que negó su procedencia”.

            Que “[e]l dispositivo 2 de la decisión de la Sala 4 Accidental de la Corte de Apelaciones incurrió en una deplorable argucia que consistió en crear, artificiosamente, un objeto procesal que sirviese para sustentar una reposición albergada en razones, no sólo inexistentes sino que, de haber existido, habrían devenido totalmente irrelevantes, justamente, por haber sido declarado sin lugar el recurso interpuesto. A través de tal ‘iniciativa’, la sentencia pretendió, ex nihilo, hacer renacer una jurisdicción que había quedado totalmente agotada, precisamente, en virtud del tenor del mismo fallo dictado, que no es otro que haber declarado improcedente la apelación interpuesta”.

            Que “[e]sta grave y escandalosa violación del ordenamiento jurídico puesta de manifiesto, no sólo con la caprichosa negativa de aplicar extensivamente los efectos de la sentencia absolutoria, sino a través del subterfugio de mantener ‘pendiente de resolución’ un ‘componente’ (sic) de la motivación del fallo recurrido –con el solo propósito de frustrar el ejercicio formal de cualquier recurso contra la decisión de la Sala Accidental-, representó la negación más absoluta de la garantía a la Tutela Judicial Efectiva que consagra el derecho de todo justiciable a ‘obtener con prontitud la decisión correspondiente’ (artículo 26 constitucional) y se tradujo en una grotesca subversión del debido proceso al privar a mi(su) defendido del derecho a ejercer cualquier recurso contra la negativa de su solicitud, colocándolo, además, en una situación de indefensión totalmente insuperable (artículo 49, numeral 1, constitucional)”.

            Que “[p]or tal motivo, ante los devastadores efectos del ‘limbo’ procesal creado por la absurda decisión de la Sala 4 Accidental, acudí a la Sala Penal (sic) de este Supremo Tribunal con el objeto de solicitar  el avocamiento como único medio para sortear el inexplicable obstáculo procesal ‘construido’ por el dispositivo 2 del fallo del tribunal de Alzada”.

            Que “[l]a Sala Penal (sic), en decisión mayoritaria aunque no unánime, negó la solicitud de avocamiento a través de un razonamiento sorprendente que desconoce la existencia de tres actos procesales fundamentales, como son: la sentencia definitiva ya dictada en el caso, el pronunciamiento de la Sala Constitucional (Sentencia n° 861 del 12-5-04) en relación con una situación procesal idéntica a la de mi(su) defendido (procesado en ausencia) y el dictamen del Ministerio Público que considera procedente la aplicación del efecto extensivo de la sentencia absolutoria a FERNANDO PÉREZ AMADO”.

            Que “[e]n lugar de abordar el ineludible examen de factores tan relevantes como los mencionados para estimar la procedencia o no de lo solicitado, éstos fueron olímpicamente ignorados (como si no estuviesen incorporados al expediente) y, en su lugar, la motivación expuesta por la Sala Penal (sic) se detuvo en consideraciones acerca de situaciones ya superadas o resueltas expresamente –y de manera contraria- en la citada sentencia n° 861 de la Sala Constitucional, como son: la existencia de un auto de detención no ejecutado, la improcedencia del juicio en ausencia y la supuesta interrupción de la prescripción, en franco desprecio del pronunciamiento ya realizado por la Sala Constitucional que valoró en grado de relevancia de estos hechos y le otorgó preeminencia a las razones de fondo para decidir conforme a Derecho, tal como efectivamente lo hizo”.

            Al referirse a los derechos constitucionales infringidos, alegó que “[…] la sentencia cuya revisión y nulidad solicito, además de infringir el derecho particular de mi(su) defendido a la Tutela Judicial Efectiva dio lugar a una retorcida cuyos efectos generales no son otros que: la contravención de una interpretación que la Sala Constitucional había adoptado ya en este mismo caso; la interpretación falsa y errónea de preceptos constitucionales al pretender aplicarlos, precisamente, de manera totalmente contraria al mandato de la Carta Magna y; la introducción de nuevas y graves inconsistencias de orden jurídico en el juicio, a pesar de provenir el fallo de una de las Salas del Máximo Tribunal de la República, cuyo conocimiento había sido requerido –a través del avocamiento solicitado- precisamente para corregir las inconsistencias ya existentes y no para profundizarlas o para generar otras aún peores”.

            Que “[J]ustamente, con fundamento en la existencia de esa sentencia absolutoria que declaró la atipicidad de los hechos investigados, es que solicité la aplicación del efecto extensivo que dicho fallo irradia, a la situación procesal de mi defendido FERNANDO PÉREZ AMADO, habida cuenta, además, de que su condición de ‘juzgado en ausencia’ ya había sido examinada y expresamente excluida como obstáculo para aspirar a dicha absolución, gracias al mandato de la propia Sala Constitucional contenido en la sentencia n° 861 del 12 de mayo de 2004, que así lo había declarado al pronunciarse sobre la situación procesal del ciudadano CARLOS JOSÉ OMAÑA –cuya condición era absolutamente idéntica a la que hoy sufre mi defendido- “.

            Que “[…] la solicitud de absolución formulada en nombre de mi(su) defendido se sustentó en elementos palmarios de carácter sustantivo que fueron desconocidos, inadvertidos o despreciados por los juzgadores de la primera instancias y de la Alzada, con el agravante de que los jueces de esta última dictaron un acto procesal cuyo único efecto fue prolongar artificialmente la existencia de una jurisdicción ya agotada, con el solo propósito de escamotearle a mi(su) defendido el derecho de ejercer algún recurso contra la negativa de su solicitud […]”.

            Que no obstante la irregularidad advertida “[…] la decisión de la Sala Penal (sic), llamada a corregir –en razón de la solicitud de avocamiento- esta escandalosa violación del orden jurídico […] paradójicamente se tradujo en la expresión contraria a lo que esta disposición ordena”.

            Que “[l]a decisión que niega el avocamiento desconoce el deber ineludible que tenía la Sala Penal (sic) de examinar la suficiencia de elementos de carácter sustantivo y de pronunciarse en forma ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ acerca del fondo de un asunto que ya había sido totalmente dilucidado varios años antes por la propia Sala Constitucional”.

            Que “[L]os efectos de la sentencia cuya revisión y nulidad solicito se traducen en una contravención a la interpretación que la Sala Constitucional había adoptado ya en este mismo caso”.

            Que “[L]a existencia de la sentencia n° 861 del 12 de mayo de 2004 dictada por la Sala Constitucional es inocultable, así como inequívocos resultan sus términos en relación con la procedencia de la aplicación del efecto extensivo de una sentencia absolutoria a un procesado en ausencia; de hecho, en los capítulos precedentes de este escrito ha citado sus párrafos más significativos, cuya claridad y contundencia podrían tocar los linderos de la estridencia si confrontamos su significado con el silencio absoluto al que lo someten los magistrados firmantes de la sentencia recurrida, quienes bordean y despachan tan espinoso asunto dándolo por inexistente o, simplemente, ‘tratándolo con indiferencia’, como si un fallo de la jerarquía, contenido e implicaciones del comentado pudiese ser tomado en cuenta de manera potestativa o versara apenas sobre una incidencia menor del juicio”.

            Que “[A]ún si no contásemos con la interpretación que formulara la Sala Constitucional en este mismo caso, a través de la cual dispuso, desde el 12 de mayo de 2004, en forma inequívoca, cuál es el camino jurídico que debe transitarse para la resolución de este juicio en relación con todos los procesados, tampoco cabría una interpretación distinta a la adoptada y vertida por ésta en la Sentencia n° 861”.

            Que “[l]a sentencia cuya revisión y nulidad solicito introdujo nuevas y graves inconsistencias de orden jurídico en el juicio, a pesar de provenir el fallo de una de las salas del máximo tribunal de la República, cuyo conocimiento había sido requerido –a través del avocamiento solicitado- precisamente para corregir las inconsistencias ya existentes y no para profundizarlas o para generar otras aún peores”.

            Que “[…] el motivo que fundamentó mi(su) solicitud de avocamiento no fue una violación menor; pero además, siendo muy grave, tampoco eran subsanables sus efectos a través de algún recurso ordinario o extraordinario previsto en el ordenamiento jurídico. La ‘creativa’ decisión de la Sala 4 Accidental (sic) que prolongó ‘de hecho’ el ejercicio de una jurisdicción ya agotada, con el objeto de burlar toda expectativa futura de mi(su) defendido de aspirar a un pronunciamiento que concluyera en la procedencia o improcedencia de lo solicitado constituyó una grotesca y escandalosa violación del ordenamiento jurídico destinada a generar un nuevo obstáculo procesal, cuyo único efecto fue impedirle a FERNANDO PÉREZ AMADO el acceso a la justicia”.

            Que “[…] la sentencia de la Sala Penal (sic) que negó el avocamiento solicitado no sólo convalidó las inconsistencias procesales que violan el derecho a la Tutela Judicial Efectiva de mi(su) defendido, sino que las profundizó ostensiblemente al colocar a FERNANDO PÉREZ AMADO en situación procesal incierta, confusa e ilógica, puesto que los efectos de la sentencia de la Sala 4 (validados por la Sala Penal [sic]) resultan totalmente impredecibles y sólo conducen al enmarañamiento del expediente, ya que no están enmarcados en etapa o acto algunos de los previstos dentro del ordenamiento jurídico venezolano; más bien, por el contrario, se oponen claramente a los fines del proceso, cuyo objeto no es otro que la búsqueda de la verdad y la declaratoria de ésta a través de una sentencia”.

            Que “[l]a razón de ser de la figura del avocamiento es, precisamente, la de la corrección e, inclusive, hasta la prevención de las desviaciones del proceso que conduzcan o pueden conducir a la desnaturalización de sus fines, como justamente acontece en el presente caso”.

            Que “[…] la negativa de la Sala Penal (sic) de avocarse al conocimiento de la causa para ponerle coto a las extravagancias declaradas por la Alzada, mantiene a mi(sic) defendido en una situación procesal inicua al supeditar su legítima pretensión de absolución a una espera indefinida y escabrosa, a pesar de que la Sala Penal (sic) cuenta con atribuciones para revertir las ostensibles irregularidades denunciadas y con elementos sustantivos palpables para emitir un pronunciamiento absolutorio proferido ya a favor de dos de las personas juzgadas ‘en litis consorcio pasivo por la supuesta comisión de los mismos hechos’, quienes fueron relevadas de responsabilidad penal en razón de la atipicidad de éstos, con prescindencia, por cierto, de su condición de procesados presentes o en ausencia”.

            Por último, solicitó que la presente revisión sea declarada con lugar, y en consecuencia se anule la sentencia N° 721 del 18 de diciembre de 2007, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia; asimismo que se declare procedente la aplicación a favor de su defendido Fernando Pérez Amado del efecto extensivo de la sentencia absolutoria en mención, y en consecuencia, se le absuelva de los cargos que le fueron formulados por  la comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, previsto en el numeral 1 del artículo 71 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

            Como medida cautelar, solicitó que se “[…] ORDENE LA SUSPENSIÓN DE TODO CONOCIMIENTO JUDICIAL O DE LOS EFECTOS DE CUALQUIER DECISIÓN QUE PRETENDA DICTARSE EN EL PRESENTE JUICIO hasta tanto esa Sala Constitucional se pronuncie en forma definitiva sobre el presente recurso de revisión y nulidad interpuesto”.

                       

 

 

 

 

II

DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

 

 

            El fallo objeto de revisión lo constituye la sentencia N° 721 dictada el 18 de diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia; cuyo contenido es del tenor siguiente:

“[…]

 

-I-

El 2 de febrero de 2007, la ciudadana abogada Beatriz Di Totto Blanco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 13.869, defensora del ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 108.888, presentó ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de AVOCAMIENTO de la causa seguida a su defendido, por el delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO EN FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para el momento de los hechos, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, en perjuicio del Estado venezolano. Dicha causa es seguida ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, bajo la nomenclatura Nº 25J-425-07.

 

El 2 de febrero de 2007, se dio cuenta en Sala del recibo de la solicitud y se designó ponente a la Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN.  

 

El 27 de febrero de 2007, mediante decisión Nº 55, la Sala de Casación Penal, admitió el avocamiento y acordó: ‘…requerir el expediente Nº 425-07 que cursa ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Juicio de la referida Circunscripción Judicial, de conformidad con lo previsto en la parte in fine del décimo aparte del artículo 18 ibidem…’,  siendo recibido el 20 de marzo de 2007.

 

El 23 de mayo de 2007, fue reasignada la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

- II -

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es potestad del Tribunal Supremo de Justicia solicitar algún expediente y avocarse a su conocimiento. Efectivamente, dicha disposición legal, establece: ‘Es de la competencia del tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: … 48.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente…’. Y agrega el primer aparte de la referida norma, que: ‘…En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida’.

 

De igual forma, la regulación legal de la referida figura jurídica, se encuentra establecida en el artículo 18, apartes décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone lo siguiente:

 

 ‘... Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.

 

Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.

 

La Sala requerida examinará las condiciones concurrentes de procedencia del avocamiento, en cuanto que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independiente de su jerarquía y de especialidad, que la materia vinculada sea de la competencia de la Sala, sin importar la etapa o fase procesal en que éste se encuentre, así como las irregularidades que se alegan hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los recursos ordinarios. Al admitir la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requiriendo el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacuerdo por el mandamiento de prohibición.

La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tiene pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente por la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para restablecer el orden jurídico infringido...’.

 

En el presente caso, se solicita a la Sala de Casación Penal, que se avoque al conocimiento de una causa de naturaleza exclusivamente penal, en consecuencia, la Sala es competente para conocer de la solicitud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo supra transcrito. Así se decide.

 

- III -

LOS HECHOS

 

Los hechos imputados por las representantes del Ministerio Público en su escrito de formulación de cargos, contra los ciudadanos FERNANDO PÉREZ AMADO, JORGE BAIZ BERMÚDEZ, CARLOS JOSÉ OMAÑA GONZÁLEZ y JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA, son los siguientes: ‘…Con los elementos probatorios precedentemente analizados, se demuestra plenamente la perpetración del delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con el artículo 99 del Código Penal; por cuanto durante el lapso comprendido entre el 25-01-94 y el 15-04-94, se dispuso indebidamente de recursos del patrimonio público, que por la suma de Ciento tres mil setecientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 103.705.000.000,oo), fueron entregados al Banco Maracaibo S.A.C.A., a través del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, con fundamento en el sistema de auxilio financiero, contemplado en el artículo 314 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, al cual estuvo sujeto hasta el 14-06-94; fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.482, la resolución Nº 065-94 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que acuerda su intervención. El ilícito señalado, se materializó mediante la desviación de los fondos que debían ser destinados a cubrir requerimientos de caja y liquidez inmediata, hacia operaciones fraudulentas que no podían ejecutarse con el dinero del Estado Venezolano, según las limitaciones claramente establecidas en los contratos de auxilio financiero; pues estos recursos habían sido confiados a dicha Institución, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad del sistema bancario; sorprendiéndose así la buena de de los Organismos que intervinieron en la aprobación de la decisión de ayudar al banco Maracaibo, a superar la crisis en que se encontraba…’.     

 

- IV -

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

La peticionaria del avocamiento comienza por hacer una narración de los hechos en los que basa su solicitud, de la siguiente forma: “…En fecha 15 de mayo de 2006 solicité por ante el Juzgado Octavo de primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la aplicación, a favor de mi defendido, del EFECTO EXTENSIVO DE LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS dictadas en el caso, tanto el 28 de diciembre de 2001 por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio como el 20 de julio de 2004 por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de este mismo circuito judicial penal, decisiones éstas que favorecieron a los ciudadanos JORGE BAÍZ BERMÚDEZ y CARLOS JOSÉ OMAÑA, respectivamente y, mediante las cuales se DECLARÓ QUE NO EXISTÍA DELITO ALGUNO EN RELACIÓN CON EL PRESENTE JUICIO.

 

Fundamenté esta solicitud en el mandato de carácter vinculante contenido en la sentencia Nº 861 de la Sala Constitucional de fecha 12 de mayo de 2004 (Expediente Nº 2907) dictada, precisamente, en la misma causa por la cual se juzga a mi defendido y, según la cual, el efecto de la sentencia absolutoria en fecha 28 de diciembre ‘debe ser extendido al resto de las personas…que están siendo juzgadas en litis consorcio pasivo por la supuesta comisión de dichos hechos’. Adicionalmente, la Sala Constitucional ratificó la doctrina que había establecido en sus sentencias Nros. 384 del 27 de marzo de 2001 y 1262 del 11 de junio de 2002 en las que ‘se concluye que no debe condicionarse el pronunciamiento que deba emitir el juez de instancia, en relación con la pretensión del quejoso de (la) aplicación del efecto extensivo del artículo 430 (hoy 438) del Código Orgánico Procesal Penal, al requerimiento previo de ejecución del auto de detención, ello con base en el derecho fundamental del juicio en libertad (que establecen los artículos 44.1 de la Constitución Nacional y 9 y 252 (hoy 243) del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que, en el presente asunto, existe una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de las identidades que señala el referido artículo 430 (hoy 438) del Código Orgánico Procesal Penal, deben ser extendidos al hoy demandante los efectos de las sentencias absolutorias que fueron dictadas a favor de sus precitados co-procesados’.

 

El Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio desoyó el mandato vinculante de la Sala Constitucional y, en fecha 20 de junio de 2006, declaró SIN LUGAR mi solicitud de aplicación del efecto extensivo de las absolutorias dictadas, por considerar, en primer lugar, que la aplicabilidad del efecto extensivo no es procedente en caso de una decisión sino sólo en el caso de un recurso puesto que, en su criterio, ‘difieren mucho los términos de sentencia y recurso’ y, en segundo lugar, que ‘es necesario ejecutar el auto de detención’ para ‘poder emitirse un pronunciamiento de fondo que ponga fin al proceso’.

 

Es oportuno recordar que los únicos dos aspectos invocados por el tribunal de juicio para fundamentar la supuesta improcedencia del efecto extensivo que solicité ya habían sido analizados por la Sala Constitucional en el fallo comentado, en el cual expresó justamente una opinión contraria a la del tribunal de instancia, de modo que la Sala estimó procedente la aplicación del efecto extensivo, no del recurso sino de la sentencia, por una parte, y declaró, por la otra, el derecho de todos acusados a obtener una sentencia, a estas alturas del juicio, sin condicionamientos derivados de la ejecución del auto del auto de detención dictado.

 

En fecha 29 de junio de 2006, interpuse recurso de apelación contra la decisión del tribunal de instancia, el cual notificó de dicha incidencia al Ministerio Público, institución que en fecha 12 de julio de 2006 emitió opinión a través de los fiscales MARÍA ALEJANDRA BARRERA ÁLVAREZ (12ª a nivel Nacional) y ALEJANDRO CASTILLO SOTO (50º a nivel Nacional), donde se considera, ‘en acatamiento a lo previamente decidido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, actuando en sede Constitucional…que la razón asiste al peticionante, toda vez que en virtud de lo allí ordenado, al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO debe (n) aplicársele las consecuencias jurídicas de los fallos dictados en fechas 28 de diciembre de 2001 y 20 de julio de 2004, emitidos por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Penal Transitorio…y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, ello conforme lo dispuesto en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal’ (énfasis agregado).

El conocimiento del recurso de apelación interpuesto recayó en la Sala 4 de la Corte de Apelaciones de este mismo circuito judicial penal y, en fecha 19 de julio de 2006, la jueza que había sido designada ponente se inhibió del conocimiento de la causa. Tal inhibición fue declarada con lugar por la jueza presidenta de la Sala; en consecuencia, se constituyó una Sala Accidental que resultó conformada por los jueces ELSA GÓMEZ MORENO, ÁNGEL ZERPA APONTE y LILIANA VAUDO GODINA, quien actuó como ponente.

 

La Sala Accidental 4 de la Corte de Apelaciones de este mismo circuito judicial penal se pronunció acerca de la apelación interpuesta en los términos siguientes:

 

1. Declaró sin lugar dicha apelación por discrepar de la Sala Constitucional en torno a la declaratoria de concurrencia de identidades.   

2. Anuló parcialmente un ‘componente’ de la motivación de la recurrida y ordenó la remisión de la totalidad de la causa a un juzgado de juicio distinto ‘a los fines de que continúe el conocimiento del asunto’…’.

 

Luego de ello, señala los fundamentos jurídicos de su pretensión, indicando que en el proceso fueron cometidas varias violaciones de orden legal y constitucional, en los siguientes términos: “…el daño causado a mi defendido no se circunscribe a una mera dilación procesal. La prolongación artificial de una jurisdicción ya agotada que, de llegar a activarse, carecería de objeto y no haría más que profundizar los obstáculos para que mi defendido aspire a acceder a una justicia directa, oportuna y expedita, coloca su situación procesal en un limbo inaceptable que vulnera en forma grave y escandalosa el ordenamiento jurídico, en particular, las disposiciones que consagran sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, tal como lo invoco a continuación.

 

El primer derecho cuya posibilidad de ejercicio resulta pulverizada por el dispositivo 2 de la decisión de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, es el de la tutela judicial efectiva, consagrado constitucionalmente en el artículo 26 (…).

 

Por imperio del citado dispositivo 2 del fallo de la Corte de Apelaciones, el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO ha quedado sometido de hecho y sin sustento jurídico alguno, a una suerte de reposición inútil e inoficiosa fundada exclusivamente en la creación artificial de un objeto inexistente.

 

El efecto fundamental de este mandato no es sólo la generación de oscuridad y confusión procesal con la consabida promoción de dilaciones indebidas, sino, lo más grotesco, la indefensión acerca de la situación procesal de mi defendido al imposibilitarlo para ejercer recurso alguno contra el dispositivo 1, relativo a la declaratoria sin lugar del recurso de apelación. Este acto procesal, generador del renacimiento artificial y artificioso de una jurisdicción totalmente agotada -la del tribunal a quo- no hace más que negarle a mi defendido la posibilidad de acceso a la justicia puesto que el motivo de reposición ‘creado’ por la Corte de Apelaciones carece de justificación lógica. Y esto es así, en primer lugar, porque no es consecuencia de una declaratoria de nulidad -ya que, por el contrario, se mantuvo la vigencia de la decisión del tribunal a quo- y, en segundo lugar, porque tampoco subsana la violación de derecho constitucional alguno; antes bien, todo indica que el único propósito visible de semejante incidencia procedimental es el obstaculizarle a mi defendido su derecho a impugnar, en forma inmediata y directa, el dispositivo 1 de la sentencia que declaró sin lugar la apelación intentada.

 

El segundo derecho violentado por el dispositivo 2 del fallo de la Sala 4 Accidental de la Corte de Apelaciones es el del debido proceso en uno de sus atributos fundamentales como lo es el del derecho a la defensa, cuyo alcance es definido por el artículo 49 de la Constitución (…)

 

La creatividad puesta de manifiesto por el dispositivo 2 del fallo de la Sala 4 Accidental coloca al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO en una situación de indefensión totalmente insuperable por las vías contempladas dentro del debido proceso, ya que el mandato de esta sentencia se traduce, precisamente, en la subversión de esta figura en razón de la imposibilidad en la que coloca a mi defendido de acceder en forma directa e inmediata a un medio eficaz -como lo sería el ejercicio del recurso de amparo o de nulidad, por ejemplo- para proteger sus derechos y obtener justicia.

 

Ahora bien, es tal la magnitud del atropello a su derecho a la defensa y, por ende, a su derecho al debido proceso que, a pesar de existir ya en el expediente del caso dos sentencias absolutorias cuyos efectos resultan aplicables a su situación procesal en virtud de lo siguiente:

 

a) Se trata de sentencias emitidas en relación con el objeto del juicio,  

b) su fundamento no es otro que la atipicidad de todos los hechos investigados, circunstancia esta que hace aplicables sus efectos a todos los acusados y

c) tal aplicabilidad a la situación procesal de todos los acusados ya fue expresamente declarada como procedente por mandato de la sentencia 861 de fecha 12 de mayo de 2004 de la Sala Constitucional dictada en este mismo caso, según expediente 2907 de la nomenclatura de dicha sala, aún así mi defendido se ve privado de todo camino que posibilite el examen de su pretensión dentro del marco del debido proceso, con lo que se le frustra la obtención oportuna de justicia, en razón del inexplicable obstáculo procesal creado por el dispositivo 2 de la sentencia de la Sala 4 Accidental que le impide el ejercicio de recursos contra el fallo que declaró improcedente la apelación intentada.

La situación descrita constituye un caso grave, de escandalosa violación del ordenamiento jurídico y donde el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO ha sido sometido a una situación de manifiesta injusticia ante la cual resultan ineficaces los recursos -por haberse generado deliberadamente condiciones que impiden su ejercicio- o soluciones para hacer justicia, proteger el orden jurídico y los derechos de mi defendido, todo lo cual justifica la procedencia del avocamiento de este Supremo Tribunal al conocimiento de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia…’.

 

 

- V -

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR LA SOLICITUD

DE AVOCAMIENTO

 

 

El avocamiento es una figura establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le confiere a cada una de las Salas de dicho organismo jurisdiccional, en las materias de su respectiva competencia, la facultad para conocer cualquier causa en el estado y grado en que se encuentre en los tribunales de instancia. La figura analizada está regulada en el artículo 18, apartes décimo, undécimo, decimosegundo y decimotercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

La Sala de Casación Penal, respecto a la referida disposición legal, ha establecido: ‘Del artículo recién copiado se observa que la figura del avocamiento es absolutamente excepcional, pues la intervención de la máxima instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el proceso penal seguido ante los tribunales de instancia. Por tanto, la Sala Penal advierte que es imposible sustituir los recursos ordinarios y extraordinarios por el avocamiento. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ratifica -en el aparte  undécimo del artículo 18- ese carácter excepcional del avocamiento, porque lo manda aplicar con suma prudencia y sólo en casos graves o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y (conjunción copulativa) se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido: está claro, entonces, que esta última circunstancia, es decir, la atinente a los mencionados recursos, debe estar acumulada a las anteriores para que el avocamiento sea procedente’ (Sentencia Nº 075, del 5 de abril de 2005, Expediente Nº 04-0584).

 

De lo expuesto se evidencia que la figura del avocamiento tiene carácter excepcional, debido a que la intervención de la máxima instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el proceso penal seguido ante los tribunales de instancia. De allí que, resulte imposible sustituir los recursos ordinarios y extraordinarios por el avocamiento.

 

En el presente caso, la peticionaria, defensora del ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, señaló diversas infracciones de índole constitucional y legal, ocurridas en la causa seguida en contra de su representado, las cuales fueron narradas en el capítulo IV del presente fallo, siendo el alegato principal de su pretensión, la aplicación, a favor de su defendido, del efecto extensivo de la sentencia absolutoria dictada el 27 de diciembre de 2001, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al ciudadano JORGE BAIZ BERMÚDEZ.

 

Resulta oportuno reiterar que, el derecho a la defensa es un principio fundamental de todo proceso penal y el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho de todo ciudadano a ser escuchado ante los órganos jurisdiccionales, más aún cuando se le ha imputado la comisión de un hecho punible.

 

En el caso que nos ocupa, al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, el 9 de agosto de 1994, el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le decretó orden de detención judicial por el delito de APROVECHAMIENTO O DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMOS PÚBLICOS EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; medida que fue confirmada el 21 de julio 1995, por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

 

Hasta la fecha no se ha ejecutado la referida orden de aprehensión, pues ni ha sido aprehendido por las autoridades competentes, ni se ha presentado ante el juzgado correspondiente. De hecho, el referido ciudadano fue enjuiciado en ausencia, bajo las disposiciones constitucionales anteriores que permitían ese tipo de enjuiciamiento en los casos de delitos contra el patrimonio público (artículo 60 ordinal 5º de la Constitución de 1961). El 26 de abril de 1999, se celebró la Audiencia Pública del Reo y el 2 de junio de 1999, se admitieron las pruebas ofrecidas y se declaró abierto el lapso para su evacuación. Encontrándose la causa en la etapa de evacuación de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para ese momento), y a solicitud de las representantes del Ministerio Público, el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 11 de julio de 2000, acordó la suspensión del proceso (en esa etapa procesal) respecto al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, quien estaba siendo enjuiciado en ausencia, hasta que se presentaran en el Tribunal, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, que no contempla el juicio en ausencia.  

 

La Sala de Casación Penal, ha establecido de manera reiterada que el proceso penal comprende una serie de actos que requieren de la presencia del inculpado y esta presencia no puede ser delegada en representantes o mandatarios, en virtud del derecho a ser oído y a la defensa, garantizados por la Constitución y las leyes, y como se expresó precedentemente, el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, hasta la presente fecha no ha sido conducido ni ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal que lo requiere, circunstancia esta que no es imputable al órgano jurisdiccional.

 

Dicho criterio está en consonancia con lo expresado por la Sala Constitucional en su decisión Nº 938 del 28 de abril de 2003, en la cual se decidió: ‘…Otra circunstancia que evidencia esta Sala es que en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa…’.

 

Por todo lo expuesto, la Sala de Casación Penal, concluye que en la presente causa no se dan los supuestos de procedencia del avocamiento y por tal motivo se declara SIN LUGAR. Así se decide.

 

- VI -

OTRAS SOLICITUDES

 

En la tramitación del proceso de solicitud de avocamiento interpuesto por la defensora del ciudadano acusado FERNANDO PÉREZ AMADO, ante la Sala de Casación Penal, se observa que el ciudadano abogado Tenynnson Villegas Ferrada, apoderado judicial del ciudadano NATALIO FRANCISCO AZARES TOLEDO, así como, el ciudadano acusado JORGE BAIZ BERMÚDEZ, asistido de su defensor abogado Fernando Quintero, presentaron escritos mediante los cuales solicitan que la Sala de Casación Penal ejecute el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en la causa, respecto a ellos.

 

Al respecto, la Sala observa, que la ejecución de las decisiones dictadas en un proceso corresponde al Tribunal que esté conociendo de la causa, ello en virtud de que la ejecución de un fallo no sólo comporta la acción de dictar las órdenes de ejecución, sino que, además, implica la obligación de hacer el seguimiento y vigilancia para verificar el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas, materia esta que escapa del ámbito de competencia de la Sala de Casación Penal y corresponde, como se expresó supra, al Juzgado de la causa. Así se decide.

 

Particularmente, respecto al ciudadano JORGE BAIZ BERMÚDEZ, se observa que fue ABSUELTO de todos los cargos fiscales, por el delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO EN FORMA CONTINUADA, mediante sentencia dictada el 27 de diciembre de 2001, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (pieza Nº 79, folios  169 al 178). En virtud de haber quedado definitivamente firme dicha sentencia, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana Caracas (a quien fue pasado el expediente por haber sido suprimido el Juzgado de Transición), mediante decisión del 17 de mayo de 2002, decretó la ejecución de dicho fallo absolutorio y en consecuencia ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares (tanto personales, como sobre sus bienes) dictadas en su contra durante el desarrollo del proceso (pieza Nº 79, folios 197 al 200). A tal fin, el 5 de junio de 2002, el referido Juzgado de la causa, libró los respectivos oficios, dirigidos a las autoridades correspondientes, ordenándoles ejecutar el levantamiento de todas las medidas cautelares (pieza Nº 79, folios 207 al 212).

 

El 6 de diciembre de 2007, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 690 decidió lo siguiente: ‘…DECLARA ajustado a Derecho el planteamiento hecho por el ciudadano JORGE BAÍZ BERMÚDEZ. En consecuencia, ORDENA oficiar a la Dirección General Sectorial de Registros y Notarías del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, sobre el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre los bienes del mencionado ciudadano…’.

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: Se AVOCA al conocimiento de la presente causa.

 

SEGUNDO: Declara SIN LUGAR la solicitud de avocamiento interpuesta por la defensora del ciudadano acusado FERNANDO PÉREZ AMADO.

 

TERCERO: ORDENA la remisión de las actuaciones a fin de que continúe el proceso.

 

[Omissis]

VOTO SALVADO

 

La mayoría de la Sala DECLARÓ SIN LUGAR la solicitud de avocamiento planteada por la defensa del ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, por considerar que “el proceso penal comprende una serie de actos que requieren la presencia del inculpado y esta presencia no puede ser delegada en representantes o mandatarios, en virtud de (sic) del derecho a ser oído y a la defensa, garantizados por la Constitución y las leyes, y como se expresó precedentemente, el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, hasta la presente fecha no ha sido conducido ni ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal que lo requiere, circunstancia ésta que no es imputable al órgano jurisdiccional” (páginas 15 y 16 de la decisión).

 

Al respecto considero, que la Sala debió tomar en cuenta, principalmente, que en la presente causa son aplicables la Constitución de la República de Venezuela del año 1961 y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por cuanto los hechos investigados fueron presuntamente cometidos bajo su vigencia y estos prevén normas procesales más favorables a los procesados.

 

La presente causa se sigue a diversas personas por los delitos de APROVECHAMIENTO O DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMOS PÚBLICOS en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 71, ordinal 2° de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, y SUSCRIPCIÓN DE BALANCES INEXACTOS, previsto en el artículo 293 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hechos éstos relacionados con los auxilios financieros otorgados por Fogade al Banco de Maracaibo, causa que lleva en proceso más de 12 años.

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente  para el momento en que fueron cometidos los delitos investigados en la presente causa, el artículo 102 de las Disposiciones Finales de la referida ley, establecía:

 

‘Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente ley, prescribirán por 5 años, los cuales se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación del cargo o función, y si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que ésta hubiere cesado o haya sido allanada’. (resaltados del Voto Salvado).

 

La fecha de comisión del delito de APROVECHAMIENTO O DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMOS PÚBLICOS en grado de continuidad, previsto y sancionado en los artículos 71 ordinal 2° y 99 del Código Penal, se estimó el día 15 de abril de 1994 (último acto) de acuerdo al escrito de formulación de cargos presentado por los Fiscales 29° y 12° del Ministerio Público (Folios 83 y siguientes pieza 71).

 

Dicho delito dio lugar en su oportunidad a que fueran dictados autos de detención en contra de los ciudadanos FERNANDO PÉREZ AMADO, JORGE BAIZ BERMÚDEZ, CARLOS OMAÑA y JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA, a este último también por el delito de Suscripción de Balances Inexactos.

 

Observo, que respecto de la comisión de los delitos de DISTRACCIÓN O APROVECHAMIENTO DE FONDOS PÚBLICOS y SUSCRIPCIÓN DE BALANCES INEXACTOS, se evidencia de las sucesivas actuaciones procesales que comportan actos de interrupción, que la causa no ha prescrito de forma ordinaria, ni tampoco es aplicable la prescripción judicial o especial, por cuanto el procesado no se ha puesto a derecho.

 

En fecha 24 de enero de 2000, el Juzgado Segundo de Transición de Caracas dictó auto en el cual declaró que la causa se encontraba en el lapso de evacuación de pruebas, conforme a lo previsto en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para ese momento, (hoy artículo 523) (folios 93 y 94 pieza 75).

 

El estado en que se encontraba la causa para ese momento evidenciaba la realización de la audiencia pública del reo, que dio lugar a la apertura del plenario y posteriormente fueron presentadas las pruebas, y una vez admitidas se declaró abierto el lapso de evacuación de pruebas.

 

No obstante, por petición del Ministerio Público se ordenó la suspensión de la causa, por cuanto la nueva Constitución de la República no contempla el juicio en ausencia que sí contemplaba la derogada Constitución de 1961 en el artículo 60 ordinal 5°, único aparte, que establecía:

 

‘Artículo 60: (…) 5° Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la ley.

Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia, con las garantías y en la forma que determine la ley.’ (Resaltados del  Voto Salvado).

 

Al respecto de la suspensión solicitada, considero que en efecto debió ser acordada, debido a la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal penal, pero no por ello debió retrotraerse el proceso a la etapa de ejecución del auto de detención, por cuanto a la fecha en que fue declarada la suspensión ya había sido realizada la denominada AUDIENCIA PÚBLICA DEL REO y se declaró ABIERTO EL LAPSO DE EVACUACIÓN DE PRUEBAS, todo lo cual comportó la imposición de los cargos en la causa sobre delitos contra  el patrimonio público, de acuerdo a la legislación vigente, en virtud de que los procesados ‘ausentes’ siempre gozaron de la garantía de la defensa y fueron cumplidas las formas de ley, de acuerdo a lo previsto especialmente en la Constitución vigente, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 508 (hoy 523) del Código Orgánico Procesal Penal en relación al Régimen Procesal Transitorio.

 

Por ello, no puede invocarse una supuesta infracción a la garantía de la defensa y al derecho a ser oído, como argumentó la decisión de la Sala 4 de la Corte de Apelaciones, para perjudicar a los procesados, a quienes, de acuerdo a la ley vigente para el momento en que fueron realizados los actos referidos sobre la conclusión del sumario, la celebración de la audiencia pública del reo y el posterior lapso sobre promoción y evacuación de pruebas, a las etapas iniciales del proceso, con grave perjuicio para los procesados, pues ello violenta lo dispuesto en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece sobre los efectos de las nulidades, que ‘no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en violación de una garantía establecida en su favor’.

 

Así mismo considero, que en efecto debió declararse la suspensión solicitada por el Ministerio Público en su oportunidad, por cuanto las etapas posteriores del proceso debían seguirse de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo a la nueva Constitución que no prevé el juicio en ausencia, por lo cual, la suspensión sólo debió paralizar la causa en la etapa en la cual se encontraba (evacuación de pruebas), y ésta continuaría cuando el procesado se pusiera a derecho, para luego realizar los actos correspondientes a la etapa de juzgamiento que sería realizada conforme a las reglas establecidas en la nueva legislación penal.

 

Reitero, que la presente causa se inició dentro del sistema penal inquisitivo, vigente para el momento de los hechos, por lo cual no hubo violación a las garantías establecidas en el proceso a favor de los procesados, por cuanto, lo previsto en dicha legislación, hoy derogada, comportaba la forma en la cual se garantizaba la defensa y el debido proceso, y dichas formas fueron cumplidas en el presente proceso, por lo cual, la suspensión solicitada y acordada, si bien tuvo su fundamento en la nueva legislación, no por ello debe retroceder el proceso, que fue cumplido de acuerdo a la ley que lo rigió en su oportunidad, ocasionando así una paralización y un retardo en la causa con grave perjuicio a los procesados.

 

Por ello, la suspensión de la causa a los procesados que se encontraron ausentes, (sic) debió realizarse y continuar la causa en la etapa de juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

 

No obstante, considero que ello resultaría inoficioso en la presente causa, dadas las decisiones dictadas por el Juzgado Segundo de Transición que declararon la inexistencia de los delitos investigados, lo cual no fue observado por dicho juzgado, ni por las Salas de las Cortes de Apelaciones que conocieron de la presente causa sobre la aplicación del efecto extensivo de aquellas, sino hasta que fueron interpuestos recursos de amparo y la Sala Constitucional los DECLARÓ CON LUGAR, ordenando a la Corte de Apelaciones la aplicación de dicho efecto, lo cual a su vez no fue cumplido por la Sala 4 de la Corte de Apelaciones, quien inobservó lo ordenado por la Sala Constitucional, que claramente estableció en ambas decisiones lo siguiente:

 

‘Respecto de la mencionada pretensión de tutela, observa la Sala que, de lo que aparece expuesto, surge para ella la convicción de que dichas decisiones favorables deben ser extendidas al resto de las personas –incluso el quejoso- que estén siendo procesadas, en litis consorcio pasivo, por la supuesta comisión de los mismos hechos, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, en relación con aquellas que fueron favorecidas por las referidas absolutorias- En el caso de autos, las predichas sentencias favorecieron a quienes, con el actual accionante, conformaron un litis consorcio pasivo. El substratum de la comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión que se dicte con ocasión de una apelación, es el mismo de los efectos de la sentencia absolutoria firme, esto es, evitar que se produzcan fallos contradictorios; ello, según la garantía de la tutela judicial efectiva y la igualdad de todas las personas ante la Ley que establecen los artículos 26 y 21, respectivamente, de la Constitución;…’.

 

En mi opinión, la Sala 4 de la Corte de Apelaciones no comprendió que el contenido de ambas decisiones dictadas por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, relacionadas directamente  con la presente causa, establecieron que debía ser aplicado el efecto extensivo de las decisiones absolutorias dictadas, por cuanto ‘dichas decisiones favorables deben ser extendidas al resto de las personas –incluso el quejoso- que estén siendo procesadas, en litis consorcio pasivo, por la supuesta comisión de los mismos hechos’, negando la Sala 4 dicha orden bajo el argumento de que el procesado Fernando Pérez Amado, no se encontraba en la misma situación y no le eran aplicables idénticos motivos por ‘no haberse ejecutado el auto de detención’, situación que considero debió ser negada por esta Sala, por cuanto la causa ya se encontraba en etapa de evacuación de pruebas.

 

Al respecto la propia Sala Constitucional, en las decisiones referidas estableció claramente que:

 

‘El substratum de la comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión que se dicte con ocasión de una apelación, es el mismo de los efectos de la sentencia absolutoria firme, esto es, evitar que se produzcan fallos contradictorios; ello, según la garantía de la tutela judicial efectiva y la igualdad de todas las personas ante la Ley que establecen los artículos 26 y 21, respectivamente, de la Constitución;…’.

 

Y respecto a la no ejecución del auto de detención, la Sala Constitucional determinó que no era obstáculo para realizar un pronunciamiento relativo a los efectos extensivos de las decisiones, en los siguientes términos:

 

‘…esta Sala ratifica la doctrina que estableció en sus sentencias número 384 de 27 de marzo de 2001 (caso: Antonio José Yibirín) y número 1262 de 11 de junio de 2002 (caso: Oscar A. Echevarría), en el sentido de que la prohibición del juicio en ausencia, que contiene el Código Orgánico Procesal Penal, configura una garantía al debido proceso y a la defensa y que no puede constituirse en un mecanismo que vaya en detrimento del imputado o limite su derecho a ser juzgado en libertad, razón por la cual se concluye que no debe condicionarse el pronunciamiento que deba emitir el juez de instancia, en relación con la pretensión del quejoso de aplicación del efecto extensivo del artículo 430 (hoy 438) del Código Orgánico Procesal Penal, al requerimiento previo de ejecución del auto de detención, ello con base en el derecho fundamental del juicio en libertad que establecen los artículos 44.1 de la Constitución Nacional y 9 y 252 (hoy 243) del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que en el presente asunto, existe una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de las identidades que señala el referido artículo 430 (hoy 438) del Código Orgánico Procesal Penal, deban ser extendidos al hoy demandante los efectos de las sentencias absolutorias que fueron dictadas a favor de sus precitados co-procesados. Así se declara’.

 

En tal virtud, considero que la Sala 4 de la Corte de Apelaciones inobservó lo ordenado por la Sala Constitucional, puesto que el hecho de no haberse ejecutado el auto de detención, que no es el caso presente, por cuanto, como ya expliqué, el proceso se siguió conforme a la ley vigente en su momento, amén de encontrarse la causa en estado de evacuación de pruebas, ese supuesto negado no era impedimento alguno para hacer el pronunciamiento relacionado con el contenido de la sentencia absolutoria aplicable de pleno derecho, por referirse a la inexistencia de los delitos, y por las más simples razones de lógica jurídica, dado que a FERNANDO PÉREZ AMADO se le imputaron o formularon cargos por el mismo delito que a los procesados JORGE BAIZ BERMÚDEZ, CARLOS OMAÑA y JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA, por el delito de distracción de fondos públicos, delito que no fue probado, por lo cual, mantener esta situación de suspensión produce la subsistencia de una causa, por más de 12 años, generando costos innecesarios al Estado y mantiene en expectativa y atención innecesaria al procesado y a la Jurisdicción Penal. 

 

Se evidencia del expediente que el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO se encuentra en la misma situación de los ciudadanos CARLOS OMAÑA, JORGE BAIZ y JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA, por cuanto el Ministerio Público les formuló cargos por el delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO EN FORMA CONTINUADA, estableciéndose en dicho escrito de cargos los mismos elementos de comisión de ese delito para los mencionados procesados.

 

En el caso de JORGE BAIZ BERMÚDEZ, éste se presentó ante la sede del Juzgado Segundo de Transición y luego fue dictada una sentencia absolutoria en fecha 27 de diciembre de 2001, que lo ABSOLVIÓ de la comisión del delito de DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMO PÚBLICO EN FORMA CONTINUADA.

 

En el caso del ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO GARCÍA, la Sala Accidental Octava de la Corte de Apelaciones de Caracas aplicó en su favor las decisiones dictadas por el referido Juzgado Segundo de Transición de Caracas de fechas 8-12-2000 y 27-12-2001, que fueron dictadas a favor de los co-imputados ADOLFO SUÁREZ VILLALOBOS, LUIS EMIRO AÑEZ HERNÁNDEZ y PEDRO JOSÉ BARAZARTE ALARCÓN, absueltos del delito de ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS INEXACTOS y que ABSOLVIÓ a JORGE BAIZ BERMÚDEZ de la comisión del delito de DISTRACCIÓN DE DINERO OTORGADO POR ORGANISMO PÚBLICO EN GRADO DE CONTINUIDAD.

 

Estas decisiones dictadas por el Juzgado Segundo de Transición del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de las cuales se pide el efecto extensivo por parte de la defensa del ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, y que la Sala Constitucional en las referidas decisiones 861 del 12 de mayo de 2004 y 1311 del 12 de Julio de 2004 ordenó a la Corte de Apelaciones fueran aplicadas, son del tenor siguiente:

 

 

Decisión de fecha 8 de diciembre de 2000:

‘De esta manera queda desvirtuado el informe que fue tomado como prueba en la comprobación del delito de SUSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DOLOSA DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS INEXACTOS, tipificado en el artículo 293 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, para la formulación de cargos. En este sentido, considerando esta instancia que no hay delito que calificar, dado que no quedó objetiva y claramente acreditado en qué consistió la falsedad o inexactitud del balance Cuestionado…’ (folio 143 pieza 78) (Resaltados del presente Voto Salvado).

 

Decisión de fecha 27 de diciembre de 2001:

‘…no existe delito alguno como lesión al patrimonio público. Queda de esta manera evidente que no está demostrada fehacientemente la desviación por parte del ciudadano Jorge Baiz, quien fungió como presidente de la Junta Administradora del Banco de Maracaibo, dándole esta instancia validez a la conclusión de su Informe, en el sentido que si hubiere durante el período de los auxilios financieros del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria los Veedores hubieran observado algunas operaciones irregulares o improcedentes a la luz de lo estipulado en el Contrato, las hubieran obligatoriamente que vetar y solicitar al Fondo la aplicación de la suspensión del Contrato debido al incumplimiento que hubiera hecho el banco de haber actuado fuera de las normas. Además, de la cita a dos de los más prominentes participantes en el proceso, Esperanza Martinó al referirse a si se había logrado el fin perseguido con el auxilio financiero, a lo cual expresó ‘sí se logró’, Más (sic) adelante señaló sobre el mismo contexto: ‘conscientemente y con toda responsabilidad como cristiana y funcionaria que de volver a ejecutar este plan, lo haría otra vez sin que me temblara el pulso, con toda la tranquilidad de mi conciencia. Y Emilio Negrón quien recientemente como testigo dijo: ‘…La Superintendencia nunca encontró elementos para considerar que podría haber desvíos, ya que el punto era legal’. (…) Por todo lo expuesto el fallo a dictar será ABSOLUTORIO, apartándose de los cargos fiscales y se acoge a los informes presentados por la Defensa. Queda de esta manera sin efecto la Demanda Civil. ASI SE DECLARA’ (folios 176 y 177 pieza 79) (Resaltados del presente Voto Salvado).

 

Y tal como lo estableció la Sala Constitucional en las decisiones 861 del 12 de mayo de 2004 y 1311 del 12 de julio de 2004, la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Transición, que declaró la Absolución del ciudadano JORGE BAIZ BERMÚDEZ, considero que debió ser aplicada a FERNANDO PÉREZ AMADO,  puesto que la no ejecución del auto de detención no es óbice para realizar un pronunciamiento sobre el efecto extensivo de una decisión, más aun cuando la causa se encontraba en etapa avanzada del plenario, (lapso de evacuación de pruebas).

 

Por otra parte considero, que el fundamento de la decisión de la Sala 4 de la Corte de Apelaciones, que hace referencia a decisiones de la Sala Constitucional, relativas a causas en las que no fue declarada la prescripción de la acción penal, por falta de ejecución del auto de detención, no es óbice para un pronunciamiento respecto a los efectos extensivos de una decisión, por cuanto decidir si es aplicable o no el efecto extensivo de una sentencia que favorece a otros procesados, supone un contenido distinto a la subsistencia o no de la acción penal, es decir, se trata de dos instituciones bien diferenciadas:  la prescripción de la acción y el efecto extensivo.

 

En el mismo sentido, tal como lo refiere la decisión de la Sala 4 de la Corte de Apelaciones, el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé el efecto extensivo de un recurso, no puede estar sujeto a una interpretación literal que lo haga aplicable sólo en casos de impugnación, pues la extensión de una decisión surge implícita para quienes se encuentren en la misma situación de hecho, por lo que encontrarse en una etapa distinta en el proceso no puede tampoco ser obstáculo para un pronunciamiento relativo al substrato o contenido material de una decisión, (los hechos).

 

Reitero, que mantener esta situación de suspensión produce la subsistencia de una causa, por más de 12 años, generando costos innecesarios al Estado y mantiene en expectativa y atención innecesaria al procesado y a la Jurisdicción Penal, en una causa donde de acuerdo a la legislación vigente para la fecha, se cumplieron las formas procesales existentes, amén de la inexistencia del delito investigado, ya declarado así por los tribunales que conocieron en la presente causa. 

 

Por ello considero que la Sala debió declarar CON LUGAR la solicitud de avocamiento interpuesta por la representación de la defensa del  ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, toda vez que dichas decisiones declararon la inexistencia de los delitos investigados, y a su vez debió declarar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los artículos 318 numeral 1 y 319 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo la Sala debió dejar sin efecto el auto de detención, la medida de prohibición de salida del país y las medidas cautelares sobre bienes dictadas en la presente causa, en relación al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO,  de conformidad con lo previsto en el artículo 319 eiusdem”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por  la Ley Orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como los que pronuncien los demás Tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

Sobre la competencia para conocer de las solicitudes de revisión de sentencias definitivamente firmes, esta Sala, en decisión N° 93 del 6 de febrero de 2001, recaída en el caso: Corpoturismo, estableció que, de conformidad con el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son susceptibles de revisión:

 

“[…] 1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.

 

2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgados del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional […]”.

 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 5, cardinal 4, atribuye a esta Sala la competencia para “ […] Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación […]”.

Ahora bien, por cuanto fue solicitada la revisión de la sentencia N° 721 dictada el 18 de diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia; esta Sala, con fundamento en las anteriores consideraciones, se declara competente para conocer y decidir la presente solicitud de revisión. Así se declara.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse acerca de la presente solicitud de revisión de sentencia, para lo cual estima pertinente hacer las siguientes consideraciones previas:

En materia de revisión constitucional esta Sala ha reiterado, en ausencia de ley especial que defina los supuestos conforme a los cuales procedería el ejercicio de tal atribución, el criterio establecido en la sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, (caso: Corpoturismo), referido a que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, la Sala ejercerá la potestad de revisar  aquellos fallos que corresponden a los siguientes supuestos: “1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país. 2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. 3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente interpretaciones sobre la Constitución, contenida en sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando así un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional. 4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

Asimismo, la Sala ha establecido en la citada sentencia que: “[…] puede en cualquier caso desestimar la revisión […] motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales […]”.

De esta manera, la revisión constitucional ha sido prevista en el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como una de las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el numeral 10; ello, con el fin de resguardar el orden público constitucional, y garantizar la debida aplicación y correcta interpretación de los valores constitucionales; de allí que la potestad de revisión atribuida a la Sala Constitucional constituye un mecanismo orientado a la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, que a su vez garantiza la observancia de las interpretaciones vinculantes efectuadas por esta Sala Constitucional en tanto Máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La potestad de revisión se asemeja al “right of certiorari” propio del sistema anglosajón en cuanto le interesa el conocimiento de aquellos casos de relevancia constitucional, por lo que en procura del fin antes advertido, la cosa juzgada de aquellos fallos sometidos a revisión puede verse afectada con el propósito final de reafirmar los valores supremos del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que proclama el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lograr la justicia positiva en el caso concreto.

Así entonces, la revisión constitucional no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario concebido como medio de defensa ante las violaciones o injusticias sufridas por  a raíz de determinados fallos, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad es mantener la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma otro valor como lo es la seguridad jurídica. (Sentencia N° 1725/2003 del 23 de junio, recaída en el caso: Carmen Bartola Guerra); por lo tanto, no hay ninguna duda sobre el carácter eminentemente discrecional de la revisión y con componentes de prudencia jurídica, estando por tanto destinada a valorar y razonar normas sobre hechos concretos a fin de crear una situación jurídica única e irrepetible.

De allí que pueda afirmarse que la revisión constitucional tiene como finalidad hacer valer los principios constitucionales que sustentan el carácter normativo de la Constitución y la uniformidad en la interpretación de las normas constitucionales y legales, es decir, tiene una función nomofiláctica, de defensa de la Constitución y leyes que conforman el ordenamiento jurídico; y su consecuencia jurídico procesal: declarar la inexistencia o nulidad de la sentencia definitivamente firme sometida a revisión, e incluso de todo el proceso que la precede. Así, si ha habido infracción a principios fundamentales o a interpretaciones vinculantes de esta Sala Constitucional, la revisión posibilita corregir errores, que por estar cubiertos por la cosa juzgada no deben permanecer inmutables, constituyendo un daño social mayor que el principio de inviolabilidad de lo juzgado; pudiendo generar una verdadera injusticia, que no es posible sostener.

Por lo tanto, la Sala Constitucional puede rechazar in limine la solicitud de revisión constitucional, tal como ha sido expuesto como doctrina en la Sentencia Nº 93 de fecha 6 de febrero de 2002, caso: Corpoturismo al señalar que: “[Omissis]…esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión,…sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales…”; lo cual obedece –como se señaló- a su carácter eminentemente discrecional.

Precisamente, por ser la revisión constitucional una potestad discrecional, la Sala no está atada a un precedente de la misma para el caso concreto, pues pudiera reexaminarse un criterio anterior de la Sala ante nuevas solicitudes de revisión que conlleven nuevos o distintos alegatos aun cuando exista cosa juzgada al respecto, pudiendo estimarlas o rechazarlas; pues el precedente invocado por las partes no puede funcionar stricto sensu con la eficacia persuasiva del precedente judicial, toda vez que cada caso será decidido en atención al análisis de los valores jurídicos que rodean una situación concreta; aceptar lo contrario conllevaría una suerte de petrificación de la potestad que le ha sido otorgada a la Sala Constitucional mediante la revisión.

Ciertamente, la doctrina del precedente supone la vinculación a la ratio decidendi; pero tratándose de la Sala Constitucional cuya potestad revisora se asemeja al right of certiorari, es concluyente afirmar que se admite la desvinculación al precedente que se le invoca, pues como se ha señalado, la Sala Constitucional en tanto intérprete supremo de la Constitución no tiene por qué estar obligada por la fuerza persuasiva de un criterio adoptado anteriormente en revisión respecto a un caso que aun cuando se alega es idéntico a otro previamente decidido, efectivamente no lo es; pues las situaciones jurídicas que se consideraron para resolver un caso concreto sometido primeramente a la consideración de la Sala, pudieron haber variado o presentar una diferencia o impacto social relevante con el caso cuya solución ha sido invocada.

Desde esta perspectiva, la eficacia persuasiva de las decisiones dictadas en materia de revisión constitucional no vincula a la propia Sala Constitucional para resolver un caso similar a otro previamente sometido a su consideración en revisión, pues la función del juez constitucional en este supuesto está sometida al imperio de la Constitución y no al precedente judicial invocado, más aún cuando este precedente invocado no responde de manera exacta al caso concreto ni su impacto social es similar; lo contrario implicaría ante la invocación de situaciones jurídicas aparentemente similares, una suerte de anclaje de la potestad revisora de la Sala; cuando por su propia naturaleza el ejercicio de una potestad es impredecible. Así se declara.

Por ello, la revisión constitucional atribuida a esta Sala no puede ni debe entenderse como una tercera instancia ni como parte de los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al amparo consagrados en la Constitución y en las leyes, sino como un mecanismo extraordinario cuya finalidad consiste en mantener la uniformidad a la interpretación de la norma y principios constitucionales; debiendo entenderse como expresión jerárquica y procesal de salvaguarda de la Constitución; por lo tanto, si bien las decisiones dictadas en ejercicio de dicha potestad constituyen, en caso de que así se disponga, precedentes vinculantes para los demás tribunales de la República e incluso para las demás Salas que integran este Alto Tribunal; no pueden las partes solicitantes en revisión invocarlos para vincular a la Sala Constitucional, ya que en su condición de Máximo y último intérprete de la Carta Magna, puede estimarlo inaplicable al caso concreto o puede incluso modificar o reexaminar sus criterios, ante nuevos y distintos alegatos que no habían sido expuestos a su conocimiento con anterioridad, y que la lleven a considerar nuevas violaciones a principios y derechos constitucionales, para lo cual la Sala deberá motivar sus decisiones para justificar la razonabilidad del fallo contentivo del nuevo criterio.

Desde esta perspectiva, tiene firme asidero la posibilidad de que esta Sala Constitucional revise, incluso de oficio, decisiones, autos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios haya fijado la Sala; a fin de garantizar –se insiste- la supremacía constitucional conforme al estado de derecho y justicia proclamado por la Constitución.

Así entonces, la revisión prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no permite a las partes una nueva posibilidad de atacar las determinaciones judiciales de primero y segundo grado. Su sentido y razón consisten en asegurar que, por parte del tribunal que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Magna, se unifiquen los criterios con base en los cuales ella se interpreta y aplica en materia de derechos, se elabore la doctrina constitucional y se tracen las pautas de la jurisprudencia, a propósito de casos paradigmáticos, sobre el alcance de los principios, postulados, preceptos y reglas de la Constitución, corrigiendo, si hay lugar a ello, las desviaciones y errores de equivocadas interpretaciones y decisiones judiciales.

De esta manera, el ejercicio de la mencionada potestad discrecional le permite a la Sala Constitucional reservarse las razones por las cuales decide revisar o no un caso en particular; siendo plausible si así lo estima pertinente explicar, como se señaló, el por qué de tal decisión.

 Corolario de lo anterior, y sin que ello implique una violación del principio stare decisis, la Sala Constitucional decidirá cada caso sometido a su consideración mediante la revisión considerando una situación jurídica concreta y sin que esté necesariamente vinculada a la alegada aplicación de criterios sentados en casos de revisión previos; pues se insiste que las situaciones jurídicas en que se encuentran los justiciables son susceptibles de sufrir variaciones de un caso respecto a otro, por tanto las distintas posturas adoptadas por esta Sala en ejercicio de su potestad revisora no tienen el mismo valor si las distintas situaciones alegadas por los particulares han variado; aceptar lo contrario supondría una especie de petrificación de su potestad revisora en detrimento de su función de guardián y último intérprete supremo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Precisado el punto anterior, esta Sala Constitucional observa que la sentencia cuya revisión se solicita fue dictada por la Sala de Casación Penal  de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual declaró sin lugar el avocamiento peticionado por el ciudadano Fernando Pérez Amado, solicitante en revisión, quien estuvo siendo juzgado en ausencia tal como lo permitía la Constitución de 1961 y pretendía mediante el avocamiento que se le aplicaran los efectos extensivos de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial  Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 28 de diciembre de 2001, que absolvió al ciudadano Jorge Baíz, y de la decisión proferida el 20 de julio de 2004, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, que absolvió al ciudadano Carlos José Omaña; todo ello a propósito del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con el artículo 99 del Código Penal.

Para arribar a tal determinación, la Sala de Casación Penal consideró que no se encontraban cumplidos los requisitos de procedencia del avocamiento, a cuyo efecto argumentó fundamentalmente lo que a continuación se transcribe:

“[…] En el caso que nos ocupa, al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, el 9 de agosto de 1994, el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le decretó orden de detención judicial por el delito de APROVECHAMIENTO O DISTRACCIÓN DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMOS PÚBLICOS EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; medida que fue confirmada el 21 de julio 1995, por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

 

Hasta la fecha no se ha ejecutado la referida orden de aprehensión, pues ni ha sido aprehendido por las autoridades competentes, ni se ha presentado ante el juzgado correspondiente. De hecho, el referido ciudadano fue enjuiciado en ausencia, bajo las disposiciones constitucionales anteriores que permitían ese tipo de enjuiciamiento en los casos de delitos contra el patrimonio público (artículo 60 ordinal 5º de la Constitución de 1961). El 26 de abril de 1999, se celebró la Audiencia Pública del Reo y el 2 de junio de 1999, se admitieron las pruebas ofrecidas y se declaró abierto el lapso para su evacuación. Encontrándose la causa en la etapa de evacuación de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para ese momento), y a solicitud de las representantes del Ministerio Público, el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 11 de julio de 2000, acordó la suspensión del proceso (en esa etapa procesal) respecto al ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, quien estaba siendo enjuiciado en ausencia, hasta que se presentaran en el Tribunal, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, que no contempla el juicio en ausencia.  

 

La Sala de Casación Penal, ha establecido de manera reiterada que el proceso penal comprende una serie de actos que requieren de la presencia del inculpado y esta presencia no puede ser delegada en representantes o mandatarios, en virtud de del derecho a ser oído y a la defensa, garantizados por la Constitución y las leyes, y como se expresó precedentemente, el ciudadano FERNANDO PÉREZ AMADO, hasta la presente fecha no ha sido conducido ni ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal que lo requiere, circunstancia esta que no es imputable al órgano jurisdiccional.

 

Dicho criterio está en consonancia con lo expresado por la Sala Constitucional en su decisión Nº 938 del 28 de abril de 2003, en la cual se decidió: ‘…Otra circunstancia que evidencia esta Sala es que en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa…’.

 

Por todo lo expuesto, la Sala de Casación Penal, concluye que en la presente causa no se dan los supuestos de procedencia del avocamiento y por tal motivo se declara SIN LUGAR. Así se decide”.

 

Como puede observarse la sentencia cuya revisión se solicita fue dictada en ejercicio de una potestad discrecional como es el avocamiento, potestad esta que tienen atribuidas todas las Salas de este Alto Tribunal, según lo dispone el cardinal 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Así, la Sala de Casación Penal consideró con base en su potestad de juzgamiento y como cúspide de la jurisdicción penal que no existían razones suficientes para la procedencia del avocamiento solicitado, pues dicha instancia penal tiene establecido de manera reiterada que el proceso penal está estructurado de manera tal que los actos comprendidos en él requieren de la presencia del inculpado y esta obligación (presencia) no puede ser delegada en representantes o mandatarios, en virtud de los derechos a ser oído y a la defensa.

Asimismo, la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal consideró que el ciudadano Fernando Pérez Amado, quien estaba siendo enjuiciado en ausencia, y cuyo proceso penal fue suspendido en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta la fecha de la sentencia cuestionada en revisión no había comparecido voluntariamente ante el Tribunal que lo requiere, considerando que este hecho no era imputable al órgano jurisdiccional que lleva la causa penal; en razón de lo cual esta Sala concluye que las razones emitidas por la Sala de Casación Penal de esta Alto Tribunal para declarar sin lugar la procedencia del avocamiento fueron producto de su apreciación soberana, una vez que analizó las actas del expediente a la luz del ordenamiento jurídico vigente.

En esta línea de razonamiento se ha pronunciado la Sala Constitucional mediante jurisprudencia pacífica y reiterada, dejando establecido que en principio las sentencias de las demás Salas que integran esta Alto Tribunal, dictadas en ejercicio de la potestad discrecional de avocamiento no son susceptibles de revisión constitucional (Vid. Sentencias Números 952/2006, caso: Jesús Miguel Idrogo Barberii y otros; 743/2007, caso: Jesús Salvador Rendón; 691/2008, caso: Osmil Manuel Sequera Weffer y otro; 1907/2008, caso: Frank Eduardo Alvarado Barrios y otros; 1344/2008, caso: Despacho de Abogado Miembros de Macleod Dixon S.C. y 748/2009, caso: Gregorio Carrasquero).

Cabe destacar además que en el proceso penal contemplado en la legislación penal vigente el ejercicio de los derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela operan para el imputado una vez que éste ha cumplido con el deber de comparecer a juicio y, por ende, ponerse a derecho, en aras de permitir el ejercicio de la acción penal mediante el debido proceso. Así se declara.

Así entonces, la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal declaró sin lugar el avocamiento solicitado por la defensa privada del imputado Fernando Pérez Amado considerando que al señalado imputado (solicitante de la revisión), le fue decretada orden de detención judicial el 9 de agosto de 1994, por el extinto Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, tipificado en el artículo 71 cardinal 2 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; orden de detención que fue confirmada el 21 de julio de 1995, por el extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y que una vez que entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la causa penal fue suspendida a solicitud del Ministerio Público para garantizar el debido proceso, ante la imposibilidad de continuar el proceso en ausencia del imputado.

Debe enfatizarse además, que los hechos imputados por el Ministerio Público en su escrito de formulación de cargos y que motivaron la orden de detención judicial –vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal- contra el procesado Fernando Pérez Amado fueron debidamente establecidos por el Juzgador de Instancia Penal y reproducidos por la Sala de Casación Penal en la sentencia sometida a revisión, de la manera siguiente: “[…] por cuanto durante el lapso comprendido entre el 25-01-94 y el 15-04-94, se dispuso indebidamente de recursos del patrimonio público, que por la suma de Ciento Tres Mil Setecientos Cincuenta millones de bolívares (Bs. 103.705.000.000,oo) –según la denominación anterior-, fueron entregados al Banco Maracaibo S.A.C.A., a través del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria, con fundamento en el sistema de auxilio financiero, contemplado en el artículo 314 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras –aplicable hilo tempore­­-, al cual estuvo sujeto hasta el 14-06-94; fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 35.482, la Resolución N° 065-94 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que acuerda su intervención. El ilícito señalado, se materializó mediante la desviación de los fondos que debían ser destinados a cubrir requerimientos de caja y liquidez inmediata, hacia operaciones fraudulentas que no podían ejecutarse con el dinero del Estado Venezolano, según las limitaciones claramente establecidas en los contratos de auxilio financiero; pues estos recursos habían sido confiados a dicha Institución, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad del sistema bancario; sorprendiéndose así la buena fe de los Organismos que intervinieron en la aprobación de la decisión de ayudar al Banco Maracaibo, a superar la crisis en la que se encontraba […]”; hechos estos que, como puede observarse, acaecieron en el marco del notorio derrumbe financiero que azotó a Venezuela en 1994; y que trajo como consecuencia que miles de personas que confiaron su dinero -fruto de su esfuerzo y trabajo- a la banca privada lo perdieran.

En otro orden de ideas y según se desprende de la decisión de la Sala de Casación Penal –sometida a revisión-, el procesado Fernando Pérez Amado estaba siendo enjuiciado en ausencia desde 1994 conforme al régimen procesal del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal por haberle sido imputado un delito contra el patrimonio público; y no fue sino hasta el 11 de julio de 2000 –según lo constató la Sala de Casación Penal en la sentencia recurrida, que el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, suspendió respecto a dicho procesado el proceso penal hasta que se presentara en el señalado Tribunal, suspensión motivada a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual no prevé la posibilidad del juicio en ausencia, como sí lo permitía expresamente la extinta Constitución de 1961.

Llegado a este punto, la Sala considera precisar que en el proceso penal actual, de corte acusatorio, regido por los principios de publicidad, inmediación y concentración –inherente este último al derecho a la defensa- la presencia del procesado requerido judicialmente es esencial, pues con ella se consolida la aplicación del principio de oportunidad, por lo que la no comparecencia a juicio por parte del imputado constituye una suerte de desobediencia específica al mandato judicial, quien enterado de su obligación de comparecer al juicio incumple con una obligación derivada del mandato constitucional; siendo considerado ante esta conducta como procesado contumaz.

Así entonces, en el caso sub examine, la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal consideró demostrado que el ciudadano Fernando Pérez Amado se encuentra evadido y ha rehusado someterse al ordenamiento jurídico penal vigente por cuanto no se ha puesto voluntariamente a derecho, contraviniendo -por imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal- el ordenamiento jurídico penal vigente; y fue precisamente por esa razón que consideró sin lugar el avocamiento solicitado respecto a la denuncia de falta de aplicación del efecto extensivo previsto en el artículo 438 del Código de Enjuiciamiento Criminal (antes 430) sin que dicho ciudadano comparezca a juicio; siendo enfática la Sala de Casación Penal en su decisión al señalar expresamente que el proceso penal que comenzó bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal fue formalmente suspendido al entrar en vigencia el régimen constitucional actual que no prevé –como se dijo- el juicio en ausencia del procesado por delitos de salvaguarda contra el patrimonio público ni por ningún otro delito de los previstos en el ordenamiento jurídico vigente..

Aunado a ello, es preciso destacar que en el proceso penal actual es imprescindible la estadía a derecho del procesado para dirimir en audiencia pública y en presencia de todas las partes cualquier solicitud que efectúe el procesado y respecto de la cual pretenda favorecerse invocando sus derechos; aceptar lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Penal, convalidando así, en este caso, la conducta evasiva y contumaz del procesado Fernando Pérez Amado (solicitante de la revisión) quien ha rehusado someterse a la justicia venezolana, y no obstante, pretende entonces invocar derechos y garantías a su favor, los cuales derivarían –según afirma- de sentencias absolutorias.

Por otro lado, la parte actora señaló como fundamento para su revisión que “los efectos de la sentencia cuya revisión y nulidad solicito se traducen en una contravención a la interpretación que la Sala Constitucional había adoptado ya en este mismo caso”; siendo además que “la existencia de la sentencia n° 861 del 12 de mayo de 2004 dictada por la Sala Constitucional es inocultable, así como inequívocos resultan sus términos en relación con la procedencia de la aplicación del efecto extensivo de una sentencia absolutoria a un procesado en ausencia […]”.

 Al respecto, si bien en la decisión N° 861 del 12 de mayo de 2004, recaída en el caso: Carlos José Omaña, dictada por esta Sala -invocada como infringida por la parte actora, por cuanto a su decir contiene una interpretación vinculante- se consideró que para la aplicación de los efectos extensivos de una sentencia absolutoria no se requería la presencia del imputado solicitante de dicho efecto, dicho precedente judicial en modo alguno era de aplicación obligatoria para la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, toda vez que esta Sala en esa oportunidad circunscribió dicho pronunciamiento de amparo al caso concreto, sin otorgarle a ese fallo carácter vinculante alguno; debiendo señalarse además que la sentencia N° 721 del 18 de diciembre de 2007, impugnada en revisión, fue dictada por la Sala de Casación Penal de esta Alto Tribunal en ejercicio de la potestad de avocamiento.

Respecto al avocamiento como potestad, debe señalarse que el undécimo aparte del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone: “Esta atribución (la del avocamiento) deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido”.

Efectivamente, la figura del avocamiento reviste un carácter extraordinario por cuanto afecta las garantías del juez natural y del doble grado de jurisdicción y de allí deriva que las Salas de este Máximo Tribunal, cuando ejerzan la misma, deberán ceñirse estrictamente al contenido de la precitada norma, que regula las condiciones de procedencia de las solicitudes al respecto.

            Ahora bien, ponderadas las circunstancias que motivaron la revisión en el caso sub lite, esta Sala Constitucional considera que los razonamientos expresados por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal en la sentencia impugnada, son producto de la apreciación soberana del juez de casación sobre el avocamiento que fue sometido a su conocimiento una vez que revisó el total de las actas procesales, razonamientos estos que fueron efectuados conforme al ordenamiento jurídico vigente y con apoyo además en su propia doctrina en casos análogos; por lo tanto se consideran conforme a derecho.

En consecuencia, esta Sala Constitucional declara no ha lugar la revisión solicitada por la apoderada judicial del ciudadano Fernando Pérez Amado, puesto que la sentencia N° 721 dictada el 18 de diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, guarda uniformidad con los principios constitucionales y con la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional. En razón de la declaratoria anterior, la Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada, dado su carácter accesorio e instrumental respecto a la solicitud principal. Así se declara. 

  

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la revisión solicitada por la abogada Beatriz Di Totto Blanco, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Fernando Pérez Amado, respecto de la sentencia N° 721 dictada el 18 de diciembre de 2007, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el avocamiento solicitado por el mencionado ciudadano, del proceso penal seguido en su contra ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión del delito de distracción de dinero concedido por organismo público en forma continuada, previsto en el cardinal 2 del artículo 71 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de mayo de dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,       

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                           Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 Exp.- 09-0458

CZdeM/1

 

Quien suscribe, Magistrado Arcadio Delgado Rosales, disiente de la mayoría sentenciadora por las razones que a continuación se exponen:

 

El fallo del cual se discrepa declaró que no ha lugar la revisión de la sentencia Nº 721 dictada el 18 de septiembre de 2007 por la Sala de Casación Penal de este máximo Tribunal, que declaró sin lugar el avocamiento peticionado por la defensa privada del ciudadano Fernando Pérez Amado –hoy solicitante-, en el proceso penal que se instauró en su contra por la comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público –aplicable para aquél entonces-, quien fue juzgado en ausencia –tal como lo preveía la Constitución de la República de Venezuela (1961)-, con el fin de que se le aplicaran los efectos extensivos de las decisiones emitidas el 28 de diciembre de 2001 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que absolvió al ciudadano Jorge Baíz, y el 20 de julio de 2004, por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal.

 

La mayoría sentenciadora centró la motivación de la decisión en los siguientes aspectos:

1.       Conforme a la jurisprudencia de esta Sala “en principio las sentencias de las demás Salas que integran este Alto Tribunal, dictadas en ejercicio de la potestad discrecional de avocamiento no son susceptibles de revisión constitucional (...)”, ya que son producto de su apreciación soberana y de la ponderación de las circunstancias planteadas.

2.       La obligación de comparecer a juicio del imputado, y por ende, ponerse a derecho en el proceso penal, pues admitir lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Penal. De manera que no debe convalidarse la conducta desplegada por el hoy solicitante, “(...) quien ha rehusado someterse a la justicia venezolana, y no obstante, pretende entonces invocar derechos y garantías a su favor (...)”.

 

Al respecto, quien suscribe el presente voto salvado advierte que el criterio pacífico y reiterado de esta Sala, tal como lo señaló el hoy peticionante, ha establecido que la prohibición de lo que se conoce como juicio en ausencia es una garantía al debido proceso y a la defensa, que obra a favor del imputado, por lo que tal prohibición no puede configurarse como un mecanismo que vaya en detrimento del imputado o limite su derecho a ser juzgado en libertad, tal como lo prevé el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de oponer todos los medios de defensa que le concede la ley, bien sea directamente o a través de sus defensores (al respecto vid. SSC No. 384 del 27 de marzo de 2001, caso: Antonio José Yibirin; SSC Nº 1262 de 11 de junio de 2002, caso: Oscar A. Echevarría SSC Nº 861 del 12 de mayo de 2004, caso: Carlos José Omaña, SSC Nº 1311 del 11 de julio de 2004).

 

Ahora bien, el hoy solicitante fue objeto del mismo proceso penal que el ciudadano Jorge Baíz Bermúdez, quien mediante sentencia dictada el 28 de diciembre de 2001 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio Penal del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue absuelto por cuanto “no existía delito alguno en relación con el presente juicio”; decisión que fue extendida al ciudadano Carlos José Omaña por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, en acatamiento a la decisión Nº 861 expedida por esta Sala Constitucional, el 12 de mayo de 2004, la cual ordenó aplicar el efecto extensivo de la decisión absolutoria “al resto de las personas ... que están siendo juzgadas en litis consorcio pasivo (...)”.

 

En efecto, el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal (ex artículo 430), prevé que “[c]uando en un proceso haya varios imputados o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso les perjudique”.

 

Así las cosas, en el presente caso, el solicitante tiene una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de las identidades que señala el referido artículo 438 (ex artículo 430) del Código Orgánico Procesal Penal, deben extenderse los efectos de las sentencias absolutorias a su favor; aunado a que la sentencia de esta Sala Nº 861/2004 señaló que la decisión absolutoria debía ser extendida al resto de las personas que estaban siendo procesadas, la cual comprendía incluso al hoy peticionante,  por ser parte del litis consorcio pasivo en el proceso que se instauró por la supuesta comisión del delito de distracción de dinero concedido por organismo público en forma continuada.

 

Considera quien disiente que la mayoría sentenciadora erró al señalar que la sentencia Nº 861/2004 no tiene carácter vinculante, pues aún cuando sea cierto, se obvió que el peticionante formaba parte del litis consorcio pasivo, tal como se indicó supra, dictando un fallo contradictorio, en distorsión del artículo 438 (ex artículo 430) del Código Orgánico Procesal Penal, y en detrimento del principio de la confianza legítima y la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del derecho a la igualdad que prevé el artículo 21 eiusdem.

 

Queda así expuesto el criterio del Magistrado disidente.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Carrasquero López

 

Jesús Eduardo Cabrera

          Magistrado

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

           Magistrado                                                                                 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

        Magistrado         

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                           Magistrada

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

  Magistrado Disidente

 

El Secretario,

 

 

 

 

 José Leonardo Requena Cabello

 

V.S.Exp. 09-0458

ADR/

 

Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:

1.           La mayoría sentenciadora impartió conformidad jurídica a la negación del avocamiento que solicitó el quejoso de autos, con fundamento en las siguientes valoraciones:

Precisado el punto anterior, esta Sala Constitucional observa que la sentencia cuya revisión se solicita fue dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual declaró sin lugar el avocamiento solicitado por el ciudadano Fernando Pérez Amado, solicitante en revisión, quien estuvo siendo juzgado en ausencia tal como lo permitía la Constitución de 1961 y pretendía mediante el avocamiento que se la aplicaran los efectos extensivos de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Área Metropolitana de Caracas, el 28 de diciembre de 2001, que absolvió al ciudadano Jorge Baíz, y de la decisión proferida el 20 de julio de 2004,por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, que absolvió al ciudadano Carlos José Omaña; todo ello a propósito del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 71, numeral 2 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con el artículo 99 del Código Penal.

Para arribar a tal determinación, la Sala de Casación Penal consideró que no se encontraban cumplidos los requisitos de procedencia del avocamiento, a cuyo efecto argumentó fundamentalmente lo que a continuación se transcribe:

(…)

Como puede observarse la sentencia cuya revisión se solicita fue dictada en ejercicio de una potestad discrecional como es el avocamiento, potestad esta que tienen atribuidas todas las Salas de este Alto Tribunal, según lo dispone el cardinal 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Así, la Sala de Casación Penal consideró con base en su potestad de juzgamiento y como cúspide de la jurisdicción penal que no existían razones suficientes para la procedencia del avocamiento solicitado, pues dicha instancia penal tiene establecido de manera reiterada que el proceso penal ésta estructurado de manera tal que  los actos comprendidos en él requieren de la presencia del inculpado y esta obligación (presencia) no puede ser delegada en representantes o mandatarios, en virtud de los derechos ser oído y a la defensa…

 

1.1.      En relación con el pronunciamiento que acaba de ser reproducido, quien suscribe no encuentra objeción alguna que oponer a dichos términos, en la medida en la cual los mismos derivaron del respeto a cuyo sostenimiento esta Sala está obligada, como, en efecto, lo ha, hecho en oportunidades precedentes.

2.           Ahora bien, lo que sí estima este Magistrado disidente debe ser rechazado categóricamente es la serie de apreciaciones y valoraciones que la Sala extendió a continuación, atinentes al fondo de la causa penal, porque las mismas son contrarias a la doctrina que esta misma Sala ha invocado en ocasiones anteriores, sobre la base de que tales consideraciones convertirían a este órgano jurisdiccional en una ilegal tercera instancia del proceso penal.

3.           En todo caso, si la mayoría sentenciadora estimó que, contrariamente, a su criterio doctrinal preexistente, debía decidir sobre particulares que, según aquélla, concernían al fondo del proceso penal, tales como la legalidad y constitucionalidad del enjuiciamiento del actual solicitante, debió hacerlo sobre la base de la pertinencia de dicha modalidad procesal, bajo el imperio de la Constitución vigente, cuando se trate de hechos punibles que se habrían producido bajo la vigencia de la Constitución de 1961 y el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal.

3.1.      En efecto, tal ha sido la doctrina que esta Sala ha sostenido y que no aparece expresamente abandonada a través de la sentencia de la cual ahora se discrepa.

3.2.      Así, por ejemplo, 1262, de 11 de junio de 2002, la Sala se pronunció en los siguientes términos:

Con base en las actas del expediente, así como de las exposiciones del demandante y del Ministerio Público, la Sala observa que:

La decisión del presunto agraviante que ha sido impugnada en el presente proceso declaró sin lugar el recurso de apelación que ejerció la parte actora de la presente causa y, en consecuencia, confirmó el auto dictado, el 02 de agosto de 2000, por el Juez Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de 19 de junio de 2000, mediante el cual negó la solicitud que hizo el demandante de autos, de que fueran extendidos, en su favor y conforme a lo establecido en el antiguo artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, los efectos de la antes referida decisión del extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, decisión fundada en las disposiciones contenidas en los artículos 49, cardinales 1 y 2, de la Constitución de la República, y 122.12, 382 y 430 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal. En su impugnada decisión, el Juez señalado como agraviante en el presente proceso, estimó que el quejoso de autos no se había presentado ante el Tribunal penal competente, luego de que fuera decretado el auto de detención en su contra, razón por la cual una decisión de la Corte de Apelaciones, dentro del proceso penal que se le sigue al quejoso, constituiría una infracción al artículo 507.2 (ahora, 522.2) del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el juez penal de primera instancia debía practicar todas las diligencias conducentes a la ejecución del referido auto de detención, lo cual no había sido posible, por causas imputables al accionante de autos; asimismo, estimó el presunto agraviante que no siendo un delito contra la cosa pública el que se le imputó al hoy accionante, no podía ser juzgado mediante el procedimiento del juicio en ausencia que desarrollaba el Código Orgánico Procesal Penal, a través de sus derogados artículos 382, 383 y 384; de suerte que “...pronunciamientos judiciales en estas circunstancias violarían el derecho al debido proceso, consagrados en los ordinales 1º y 3º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el ordinal 12º del artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Para decidir, la Sala observa:

1.  Que, en esencia, la presente causa tuvo como origen la desestimación, por parte de la Sala Octava de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de la solicitud que presentó el actual demandante, de que fueran declarados extensivos hasta él, conforme al artículo 430 (ahora, 438) del Código Orgánico Procesal Penal, los efectos favorables del fallo firme que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido contra el auto detención que fue dictado, entre otros, contra el accionante de autos y el cual, en consecuencia, quedó revocado respecto de los recurrentes; declaratoria esta que pronunció el extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, porque estimó que no estaban satisfechos los requisitos concurrentes señalados del artículo 182 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, respecto del recurso de apelación ejercido; desestimación que fue fundada –según lo que pudo deducir la Sala, de la defectuosa redacción del fallo impugnado- en la circunstancia de que el quejoso aún no se había puesto a derecho, en el referido juicio penal al cual, como integrante de un consorcio pasivo, se encontraba sometido y, por tanto, la referida defensa por él alegada, a través de apoderados, era contraria a lo dispuesto en el artículo 49, cardinales 1 y 3, de la Constitución;

Que ya esta Sala, con anterioridad, ha establecido que la prohibición de lo que se conoce como juicio en ausencia se entiende como una garantía que fue establecida, en favor del acusado o imputado, de su derecho al debido proceso, in genere, y de la manifestación específica de éste: el derecho a la defensa, por lo que dicha prohibición no puede configurarse como un mecanismo que vaya en detrimento del imputado o limite su derecho a ser juzgado en libertad y de  oponer todos los medios de defensa que, directamente o mediante representantes, le reconoce la ley. En efecto, en fallo de 27 de marzo de 2001 (caso Antonio José Yibirín P.); esta Sala estableció lo siguiente:

“La prohibición prevista en el Código Orgánico Procesal Penal relativa al juicio en ausencia configura una garantía del derecho al debido proceso y a la defensa de manera tal de evitar que se juzgue a un ciudadano a sus espaldas, esto es, sin haberle imputado los delitos y sin darle oportunidad de contestar y probar lo conducente para su defensa.

Sin embargo, la prohibición del denominado juicio en ausencia debe ser entendida como un mecanismo para garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa del imputado en causa penal, no pudiendo configurarse como un mecanismo que vaya en detrimento de éste o limite su derecho a ser juzgado en libertad”;

 2.  Que, adicionalmente a lo expresado en el anterior aparte, el artículo 25 de la Constitución establece la garantía de un proceso sin formalidades inútiles; que, en el caso bajo análisis, nada obsta, por tanto, a que, aun en ausencia del procesado, el Tribunal aplique, hasta de oficio, el efecto extensivo que, de lo decidido en alzada, se encuentra establecido, con carácter imperativo, en el artículo 430 (hoy, 438) del Código Orgánico Procesal Penal, en favor de quienes, no habiendo ejercido dicho recurso, se encontraren, sin embargo, en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables idénticos motivos;

3.  Que resulta inicuo y contrario a la tutela constitucional que debe ejercer el juez, que el legitimado pasivo exigiera que fuera ejecutada la referida medida cautelar privativa de libertad del encausado, como requisito previo para pronunciarse sobre la aplicabilidad, en favor de éste, de lo que dispone el artículo 430 (ahora, 438) del Código Orgánico Procesal Penal; sobre todo, habida cuenta de la vigencia del principio del juicio en libertad que caracteriza a nuestro proceso penal, según los artículos 44.1, de la Constitución, y 9 y 252 (hoy, sin modificación sustancial, 243) del Código Orgánico Procesal Penal, y de que, en el caso presente, existe una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de las identidades previstas en el señalado artículo 430  del antiguo Código Orgánico Procesal Penal, deban ser extendidos al demandante los efectos de la apelación decidida a favor de sus precitados co-procesados;

4.  Con base en las antecedentes consideraciones, se concluye que es procedente la acción de amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, como particular manifestación de aquél, y a la libertad personal, reconocidos en los términos de los artículos constitucionales 26, 49 y 257, el primero, 49.1, el segundo, y 44, el tercero, de los cuales efectivamente, resultaron, efectivamente, vulnerados los dos primeros y amenazado de lesión inminente el tercero, como consecuencia de lo que se dispuso en la sentencia que ha sido impugnada en el presente proceso; se concluye, asimismo, que, por consiguiente, debe ser revocada la impugnada decisión del legitimado pasivo, de desestimar la solicitud, presentada por el demandante de autos, de que fuera aplicada, en su favor, el efecto extensivo dispuesto en el artículo 430 (ahora, 438) del Código Orgánico Procesal Penal y de que, en definitiva, se ordene a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que, en Sala distinta, se pronuncie, sin más dilación y con observancia de lo establecido en el presente fallo, sobre la referida solicitud presentada por el demandante de autos, en relación con la aplicabilidad del efecto extensivo establecido en el artículo 430 (actual 438) del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

3.3.      Por otra parte, en su acto decisorio n.° 1311, de 12 de julio de 2004, esta Sala hizo la siguiente afirmación, contra la cual no extendió objeción alguna en la sentencia que se examina:

Con atención a las actas del expediente, la exposición de la parte actora y del Ministerio Público, así como de las conclusiones que, por escrito, presentaron las partes, en la ocasión de la antes referida audiencia pública, la Sala pasa a decidir, con base en la siguiente fundamentación:

1.  En la presente causa, el objeto de impugnación es el auto por el cual la supuesta agraviante de autos declaró sin lugar el recurso de apelación que ejerció el actual demandante, contra el auto que, el 20 de marzo de 2003, dictó el Juez Octavo del Tribunal de Juicio del mismo Circuito, mediante el cual NEGÓ la solicitud que presentó el acusado, hoy demandante en amparo, conforme al artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, de extensión de los efectos favorables de las sentencias absolutorias que fueron dictadas en favor de otras personas que, con el accionante de autos, constituyeron o conformaron litis consorcio pasivo, en el proceso penal que se les sigue o siguió, por la comisión de los delitos  que han sido referidos en el expediente; desestimación que fue fundada en las circunstancias que se encuentran referidas en las presentes actuaciones.

2.  Respecto de la mencionada pretensión de tutela, observa la Sala que, de lo que aparece expuesto, surge para ella la convicción de que dichas decisiones favorables deben ser extendidas al resto de las personas –incluso el quejoso- que estén siendo procesadas, en litis consorcio pasivo, por la supuesta comisión de los mismos hechos, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, en relación con aquéllas que fueron favorecidas por las referidas absolutorias- En el caso de autos, las predichas sentencias favorecieron a quienes, con el actual accionante, conformaron un litis consorcio pasivo. El substratum de la comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión que se dicte con ocasión de una apelación, es el mismo de los efectos de la sentencia absolutoria firme, esto es, evitar que se produzcan fallos contradictorios; ello, según la garantía de la tutela judicial efectiva y la igualdad de todas las personas ante la Ley que establecen los artículos 26 y 21, respectivamente, de la Constitución;

3.  Ya, antes, esta Sala estableció ( vide sentencia n.° 384, de 27 de marzo de 2001, caso Antonio José Yibirín), y ratifica en esta oportunidad, que la prohibición del juicio en ausencia era una garantía que se estableció en favor del acusado o imputado, de su derecho al debido proceso, in genere, y de la manifestación específica de éste: el derecho a la defensa, de manera tal de evitar que se juzgara a un ciudadano a espaldas del mismo, por lo que dicha prohibición no podía entenderse como un mecanismo que limitara el derecho del imputado al juicio en libertad y a la oposición de todos los medios de defensa, por sí o mediante representación, que le reconoce la Ley;

4.  Adicionalmente, el artículo 25 de la Constitución establece la garantía de un proceso sin formalidades inútiles o innecesarias; que, en el presente caso, nada obsta, por tanto, para que, aun en ausencia del procesado, el Tribunal aplique, hasta de oficio, el efecto extensivo del artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que se evidencien las correspondientes identidades de situación y de los motivos aplicables;

5.  Resulta inicuo y contrario a la tutela constitucional que debe ejercer el Juez, el criterio que confirmó la legitimada pasiva de que se debía ejecutar el referido decreto de privación de libertad del encausado, antes de la decisión sobre la aplicabilidad, en favor de éste, del artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal; ello, por razón de la vigencia de la garantía del juicio en libertad, propia de nuestro proceso penal, según los artículos 44.1 de la Constitución, y 9 y 243 del referido código adjetivo, y de que,  en el caso presente, en el cual existe una seria y fundada expectativa de que, por razón de la concurrencia de las identidades que exigía el antiguo artículo 430 (hoy, 438) del Código Orgánico Procesal Penal, deban ser extendidos, al demandante en esta causa, los efectos de la apelación que fue decidida en favor de sus precitados co-procesados.

6.  Por otra parte, observa la Sala que el auto de detención que supuestamente estaría pendiente de ejecución, contra el actual demandante, fue dictado por la imputación del delito de estafa que tipifica el artículo 464 del Código Penal, esto es, un delito ajeno a los hechos típicamente antijurídicos a los que se refirieron las sentencias absolutorias cuyos efectos pretende el actual accionante le sean aplicados, por extensión, de acuerdo con el actual artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal; ajeno, igualmente, a la excepción de la garantía de la prohibición del juicio en ausencia que establecía el artículo 60.5 de la Constitución de 1961. Independientemente del destino que, de acuerdo con la alegación del actual demandante, pueda tener o haber tenido la acusación que, por la supuesta comisión de dicho delito, fue presentada contra el demandante de autos, la Sala estima que se trata de un hecho ajeno, por completo, al fondo de la presente controversia, que no es otra que la pretensión de que, en beneficio del actual quejoso, sean extendidos los efectos de las sentencias absolutorias que fueron expedidas en favor de quienes, junto con el hoy legitimado activo, habían sido imputados de la comisión de los mismos hechos delictivos. Por ser un hecho extraño al fondo de la presente controversia, estima la Sala que la situación procesal que deriva de la acusación por el delito de estafa no debe ser objeto de valoración alguna, como motivo de la decisión que se asuma en la presente causa. Así se declara.

7.  Con base en las antecedentes consideraciones, se concluye: que es procedente la acción de amparo constitucional de la cual conoce esta Sala en la presente causa; que, en consecuencia, debe ser revocada la decisión de la legitimada pasiva que confirmó la declaración sin lugar, por parte de la primera instancia penal, de la solicitud que presentó el demandante de autos, para que fuera aplicado, en su favor, el efecto extensivo que dispone el actual artículo del Código Orgánico Procesal Penal y que, en definitiva, se ordene a la Corte de Apelaciones  del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que, en Sala distinta, se pronuncie, sin más dilación y con observancia de lo que establece el presente fallo, sobre la solicitud que presentó el demandante de autos, en relación con la aplicabilidad del efecto extensivo que preceptúa el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

8.  Por último, debe la Sala expedir decisión sobre un punto de impugnación que, en la audiencia pública, añadió la parte accionante a la pretensión de amparo que interpuso inicialmente, en el sentido de que esta sentenciadora se pronuncie en relación con la solicitud de extensión, en favor del actual quejoso, de los efectos del fallo n.° 3242 que esta Sala expidió, el 12 de diciembre de 2002, por el cual declaró

“Con lugar la solicitud de revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Penal del mismo Máximo Tribunal, el 10 de enero de 2002, dentro del proceso penal que, por la comisión de los delitos aprovechamiento fraudulento o distracción de fondos públicos, actos violatorios de las obligaciones del fiduciario, elaboración, suscripción, autorización, certificación, presentación o publicación de balances y estados financieros falsos, agavillamiento, estafa en grado de continuidad, aprovechamiento de cosas provenientes de delito y porte ilícito de arma de fuego, se sigue, entre otros, contra el preidentificado ciudadano Gustavo Adolfo Gómez, en el proceso penal que se ha mencionado anteriormente. En consecuencia, declara la nulidad de dicho fallo. Por tanto, declara firme y con autoridad de cosa juzgada la referida sentencia absolutoria que pronunció, el 11 de julio de 2001, la Sala Accidental Primera de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

8.1.  En relación con la solicitud que se registró en el precedente aparte, la Sala, para la decisión, observa previamente:

8.1.1.  El 12 de febrero de 2003, los abogados Augusto Matheus Pinto y José Patiño, identificados en autos, presentaron, ante el Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en representación del imputado José Luis Romero García, actual quejoso, solicitud de decreto judicial de extensión, a la causa penal que se le sigue a este último, de los efectos del referido fallo que dictó esta Sala Constitucional y que se mencionó en el aparte 8 del presente capítulo.

8.1.2.  Del contenido de las actas procesales se infiere que, respecto de la predicha solicitud de aplicación de efectos extensivos conoció, en primer término, el Juez Décimo del Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien, mediante auto de 18 de febrero de 2003, declinó la competencia en la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial, la cual, a su vez, se declaró incompetente para el conocimiento de la referida solicitud, con lo cual se generó un conflicto de competencia que fue elevado al conocimiento de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, órgano jurisdiccional que, mediante fallo de 01 de julio de 2003, decidió que el Tribunal competente para el conocimiento del asunto en referencia era el de Control del antes mencionado Circuito Judicial Penal;

8.1.3.  El 05 de diciembre de 2003, el Juez Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto por el cual ordenó la citación del prenombrado ciudadano José Luis Romero García –según el texto de la boleta de notificación que aparece agregada a los autos-,

“...a los fines de que éste comparezca ante la sede de este despacho y en consecuencia pronunciarse respecto a la solicitud interpuesta por ustedes, referente al efecto extensivo, todo ello, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 522 numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, y a la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 julio de 2003”;

8.1.4.  Contra el auto que se mencionó en el anterior aparte, los representantes judiciales del prenombrado ciudadano Jorge Luis Romero García ejercieron recurso de apelación, mediante escrito que presentaron, el 12 de diciembre de 2003, ante el Juez Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

8.1.5.  De acuerdo con la precedente relación, la Sala concluye que, respecto de la antes referida pretensión, la misma había sido planteada ante el Juez Duodécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuya decisión, al respecto, fue impugnada mediante el ejercicio del antes mencionado recurso de apelación, en relación con el cual la Sala no tiene información sobre la decisión que presume debió ya haberse producido, de acuerdo con los lapsos que establecen los artículos 449 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Con base en la información disponible, debe concluirse, en consecuencia, que el solicitante, respecto del punto que se examina, utilizó, como medio de impugnación de la predicha decisión del Tribunal de Control, el recurso de apelación, razón por la cual, la acción de amparo, en lo que tiene que ver con el asunto sub examine, resulta inadmisible, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

4.           Ahora bien, se advierte que el proceso penal que resultó afectado por la sentencia que acaba de ser reproducida parcialmente no sólo es el mismo que se sigue, entre otros, al solicitante de autos, sino que, dentro de él, también participó, como procesado, el ciudadano Oscar A Echevarría, en cuyo favor esta Sala expidió la sentencia que se reprodujo en el aparte 3.2. según se hizo constar en el texto del acto de juzgamiento que fue objeto de impugnación en la presente causa, así: “Los hechos imputados por las representantes del Ministerio Público en su escrito de formulación de cargos, contra los ciudadanos Fernando Pérez Amado, Jorge Baíz Bermúdez, Carlos José Omaña González y José Luís Romero García, son los siguientes: “…Con los elementos probatorios precedentemente analizados, se demuestra plenamente la perpetración del delito de distracción de dinero concedido por organismo público en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con el artículo 99 del Código Penal” (nuestro el resaltado).

4.1.      La aseveración que contiene el aparte que antecede fue corroborada en el voto salvado que aparece agregado a la sentencia en cuestión, a través del cual la Magistrada disidente afirmó que “la fecha de comisión del delito de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos en grado de continuidad, previsto y sancionado en los artículos 71 ordinal 2º y 99 del Código Penal, se estimó el día 15 de abril de 2994 (último acto) de acuerdo al escrito de formulación de cargos presentado por los Fiscales 29º y 12º del Ministerio Público (…) Dicho delito dio lugar en su oportunidad a que fueran dictados autos de detención en contra de ciudadanos Fernando Pérez Amado, Jorge Baíz Bermúdez, Carlos Omaña y José Luís Romero García, a este último también por el delito de suscripción de balances inexactos” (nuestro el resaltado).

4.2.      Ocurre, entonces, que la Sala Constitucional decretó, en favor de los ciudadanos Oscar A. Echevarría y José Luís Romero García, que el Tribunal penal correspondiente decidiera, en ausencia de los mismos, la solicitud que éstos presentaron de que fueran extendidos a ellos, de conformidad con el entonces vigente artículo 430 (hoy, 438) del Código Orgánico Procesal Penal, los efectos favorables de sentencias que anteriormente habían sido expedidas, dentro de la misma causa, en relación con otros co-procesados. Dicho criterio, así como el de la interpretación ampliada de la referida disposición legal, fue sustentado por esta juzgadora, entre otras, en las siguientes valoraciones:

1.    Para decidir, la Sala observa:

(…)

2. Que, adicionalmente a lo expresado en el anterior aparte, el artículo 25 de la Constitución establece la garantía de un proceso sin formalidades inútiles; que, en el caso bajo análisis, nada obsta, por tanto, a que, aun en ausencia del procesado, el Tribunal aplique, hasta de oficio, el efecto extensivo que, de lo decidido en alzada, se encuentra establecido, con carácter imperativo, en el artículo 430 (hoy, 438) del Código Orgánico Procesal Penal, en favor de quienes, no habiendo ejercido dicho recurso, se encontraren, sin embargo, en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables idénticos motivos (sSC n.° 1262, de 11 de junio de 2002);

2. El substratum de la comunicabilidad o extensibilidad de los efectos favorables de una decisión que se dicte con ocasión de una apelación, es el mismo de los efectos de la sentencia absolutoria firme, esto es, evitar que se produzcan fallos contradictorios; ello, según la garantía de la tutela judicial efectiva y la igualdad de todas las personas ante la Ley que establecen los artículos 26 y 21, respectivamente, de la Constitución;

 

4.3.      No obstante, negó dicha posibilidad procesal a favor del actual solicitante; ello, sin que esta juzgadora expresara fundamento alguno para tal cambio de criterio que afectó al quejoso de autos, quien se encontraba en idéntica situación –ausencia- que sus otros referidos compañeros de causa; sin que, obviamente, tampoco expresara cuáles eran las razones que le que le habrían permitido una conclusión negativa de identidad entre ambas situaciones y, por consiguiente, de inaplicabilidad de los referidos efectos extensivos. Con ello, resultó manifiesto el incumplimiento, por parte de la Sala, de su insoslayable deber de tutela que el mismo órgano jurisdiccional ha provisto, en múltiples ocasiones precedentes, a la garantía fundamental de la expectativa legítima .que el mismo

4.4.      Se observa, por consiguiente, la existencia de sentencias que decidieron sobre situaciones que, dentro de un mismo proceso penal,  se encontraban comunicadas por la identidad que exige el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, actos jurisdiccionales respecto de los cuales el juzgador tenía un deber legal de congruencia que observó en las citadas sentencias que precedieron a la que fue revisada en la presente causa, pero que no lo hizo en ésta, ya que la misma contiene una grave e inexplicada contradicción con aquéllas, dislate que resulta inexcusable; principalmente, dado que fue la máxima instancia de tutela constitucional la que incurrió en el mismo, de lo cual generó el gravamen irreparable que supone un pronunciamiento jurisdiccional contra el cual no es admisible impugnación alguna.

5.           En todo caso, si la Sala decidió que eran pertinentes las valoraciones de fondo en las cuales se adentró y fueron cuestionadas supra, no había obstáculo alguno, entonces, para que, en beneficio de la economía procesal concreción de la tutela judicial eficaz, no lo hubiera hecho en relación con la evidente extinción de la acción penal que debió ser declarada, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal, dado que el proceso dentro del cual se produjo la sentencia que fue revisada en la presente causa se ha prolongado por un término manifiestamente mayor que el de la prescripción normalmente aplicable, más la mitad del mismo, ya que, con arreglo a la doctrina que la Sala desarrolló y no ha abandonado expresamente, no había obstáculo constitucional ni legal alguno para la continuación del juicio penal que se sigue al solicitante de autos, aun en ausencia de éste.

5.1.      Asimismo, si era pertinente la valoración, por parte de la Sala, de cuestiones que atañen al proceso penal que antes ha sido referido, dicha juzgadora también pudo haber anotado que, en lo que concierne al actual solicitante, la sentencia condenatoria definitivamente firme que se expida en el juicio penal que se le sigue, resultará inejecutable la pena que la ley dispone para el delito por el cual se le declare penalmente responsable, ya que a ello se opone, inequívocamente, la norma prohibitiva que contiene el artículo 73 del Código Penal. Por tanto, ¿Cuál era el interés, jurídicamente inexplicable para la prolongación de un proceso que tendría que concluir, en el peor de los casos para el procesado en referencia, en la aplicación de la consecuencia jurídica que preceptúa la antes señalada norma sustantiva.

6.           Por último, quien suscribe observa que, de conformidad con la transcripción que contiene la sentencia de la cual se discrepa, relación con el acto de juzgamiento que fue revisado en la presente causa, se reconoció que:

La Sala Accidental 4 de la Corte de Apelaciones de este mismo Circuito Judicial Penal del se pronunció acerca de la apelación interpuesta en los términos siguientes:

1.           Declaró sin lugar dicha apelación por discrepar de la Sala Constitucional en torno a la declaratoria de concurrencia de identidades.

 

6.1.      Concerniente al pronunciamiento que acaba de ser reproducido, se advierte que si bien las sentencias de la Sala Constitucional, mediante las cuales ésta declaró la conformidad jurídico constitucional del juicio en ausencia en los casos que antes fueron referidos y, por ende, de la aplicabilidad, en los mismos, del efecto extensivo que dispone el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, no fueron expedidas con fuerza vinculante, tal efecto sí lo tenían en relación con la situación que se examina, toda vez que, tanto los precedentes judiciales que fueron citados supra como la sentencia de la cual actualmente se discrepan se produjeron dentro de un mismo proceso penal, razón por la cual la doctrina estaba obligada a la observancia de dicho criterio doctrinal, so pena de incurrencia en el vicio de incongruencia o contradicción que afecta la validez de los actos jurisdiccionales. Se actualizó, así, una infracción de desacato, violación del orden jerárquico jurisdiccional que ordena la Ley y que la Sala Constitucional debió haber juzgado y sancionado conforme a nuestro ordenamiento jurídico positivo. No lo hizo así este Tribunal y, con ello, reforzó, lamentablemente, conductas anteriores similares que, al igual que la que se examina, también resultaron sin sanción alguna, con evidente irrespeto a la supremacía jerárquica de aquél.

 

Quedan expresados, en los términos precedentes, los motivos del disentimiento del Magistrado que expide el presente voto salvado.

Fecha retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vice…/

…presidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente                 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 09-0458

 

 

 

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