Venley

Sentencia N.º 3706

Sentencia
N.º 3706
Fecha
06/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-3215
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 30 de noviembre de 2004, el abogado RAMÓN JOSÉ TOVAR, titular de la cédula de identidad N° 4.916.323, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.917, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAMÓN NAPOLEÓN LLOVERA MACUARE, titular de la cédula de identidad N° 2.743.085, presentó ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de revisión de la sentencia emanada de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, el 5 de agosto de 2004.

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

En el escrito presentado ante la Sala, el apoderado judicial del solicitante expuso lo siguiente:

1.- Que con motivo de la demanda que por accidente de trabajo intentó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, vencido el lapso para que la parte demandada se diera por citada, el apoderado actor, solicitó al Tribunal de la causa el nombramiento de un defensor ad-litem.

2.- Que el 13 de octubre de 2000, el referido Tribunal nombró como defensora ad-litem a la abogada Yarisma Lozada, “…quien firmó la Boleta de Notificación librada al efecto el 19 de Octubre de 2000, según informe del alguacil del 19 de Octubre de 2000…” (subrayado original).

3.- Que“...(e)n fecha dos (02) de Febrero de 2001, mediante diligencia la Dra. YARISMA LOZADA consigna poder en copia certificada el cual fue otorgado por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Ojeda, el Ocho (08) de Noviembre del 2000. En esa misma fecha se dio por citada en nombre de su representada…”.

4.- Que para la fecha en que fue designada defensora ad-litem, “ya ostentaba el carácter de apoderada judicial de la empresa demandada para actuar en juicio…”.

5.- Que “...desde el momento que la referida abogada firmó la boleta de notificación, la parte accionada se encuentra a derecho, debiéndose computar desde el día siguiente a que conste en autos el haberse cumplido con dicha actuación, el lapso de comparecencia del citado, al quedar tácitamente citada la Empresa PRIDE DRILLING, C.A. y no dar contestación a la demanda en el lapso establecido en la Ley…”.

6.- Que “…El Juez de alzada envés (sic) de pronunciarse sobre el pedimento de CONFESIÓN FICTA alegado en los actos de informe, en su sentencia dictada el 30 de abril de 2.004, omitió pronunciamiento, declarando que no quedó demostrado la culpabilidad de la empresa demandada ni la comisión del hecho ilícito alegado por el actor, tal y como se evidencia en los folios 301 y 302 de las actas procesales que cursan en el expediente…” (resaltado original).

7.- Que el Tribunal Primero Transitorio Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con su decisión del 30 de abril de 2004, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui con sede en el Tigre,“…(i)ncurrió …omissis…en denegación de justicia, por cuanto no se pronunció sobre el pedimento de confesión ficta sometido a su consideración en los informes”.

8.- Que el 5 de mayo de 2004 anunció recurso de casación, y el 31 del mismo mes y año, formalizó dicho recurso.

9.- Que “…(l)a Sala de Casación Social, en las denuncias formuladas por defecto de actividad, no tomó en cuenta el motivo por el cual se ejerció el recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2.004 (sic)…”.

10.- Que la Sala de Casación Social, “…lejos de descender a examinar y resolver los alegatos formulados en la referida denuncia por defecto de actividad, solo se limitó a señalar: ‘Que el vicio de incongruencia, no está contemplado expresamente en la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como un vicio de la sentencia que acarree su nulidad…’”.

11.- Que “…(c)on esta actitud, se produjo el vicio de incongruencia omisiva (OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE UN ALEGATO), así como la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, y con ello, una vulneración al principio de la contradicción, lesivo al derecho de la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.

12.- Que “…(e)n el caso de autos, los alegatos referidos a la confesión ficta, constituyen elementos esenciales para la pretensión de mi representado, pues, necesariamente inciden en la solución favorable a su pretensión, como sería el reconocimiento de todos los derechos reclamados en el libelo de la demanda”.

13.- Que, también basó el recurso de casación intentado “…EN EL DEFECTO DE ACTIVIDAD POR OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO E INFRACCIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE SOBRE EL ALEGATO DE LA CONFESIÓN FICTA DE LA EMPRESA DEMANDADA…” (negrillas original).

14.- Que “(l)a Sala de Casación Social, en vez de descender al fondo de lo planteado en dicho Recurso por defecto de actividad y por infracción de Ley, y corregir la falta y el quebrantamiento constitucional del debido proceso, la verdad real, el derecho a una decisión debidamente pronunciada, donde se pueda llegar a la verdad real como fin último del proceso, que es la justicia, tal como ocurrió en el caso de mi representado, donde se solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia y luego ante el Juez de Alzada, un pronunciamiento sobre la confesión ficta de la parte demandada basada en la citación presunta o tácita de la misma por aplicación del principio constitucional y legal”.

Solicitó se declare “NULA DE TODA NULIDAD las sentencias recurridas dictadas por la Sala de Casación Social, el día 5 de agosto de 2.004”.

Igualmente solicitó, “(o)rdene revocar la referida sentencia, y por vía de consecuencia se dicte nueva decisión”.  

II

DEL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia dictada el 5 de agosto de 2004, inserta en copia certificada del folio 349 al 353 del anexo 1 del expediente, la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal declaró SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia definitiva dictada el 30 de abril de 2004 por el Juzgado Primero Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con base en los siguientes fundamentos:

1.- Que, con relación al recurso por defecto de actividad “…precisó que el vicio de incongruencia, no está contemplado en la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como un vicio de la sentencia que acarree su nulidad, puesto que el artículo 160 de la citada Ley Adjetiva Laboral, señala los casos en los que deberá considerarse nula la sentencia y no lo incluye, y tampoco puede encuadrase en el ordinal 1° del artículo 168, en que se fundamentan los recurrentes, puesto que no constituye quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa, sino que se trata de un defecto de la sentencia”.

2.- Que, con relación al recurso por error de juzgamiento, estimó”…que para poder considerar que la demandada no contestó la demanda en el lapso de ley, primero debe establecerse cuando quedó citada y en el presente caso no hay pronunciamiento de la Alzada sobre el particular. En cualquier caso, si quien formaliza indica que la parte accionada quedó citada tácitamente y que el Tribunal de alzada ha debido computar desde dicha oportunidad el lapso de ley para contestar la demanda, antes de cuestionar la falta de aplicación del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por no haberla considerado confesa, ha debido alegar la infracción del mismo texto procesal, por no haber considerado que con la actuación de la abogado Yarisma Lozada el 19 de octubre de 2000, la demandada quedaba citada”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la revisión solicitada y a tal fin, se observa que el artículo 336.10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la Constitución de 1999 en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.

Asimismo el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, establece:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(omissis)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.

Visto que, en el caso de autos, se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se considera competente para conocerla, y así se declara.

Determinada como ha sido la competencia, esta Sala pasa a realizar un análisis de los recaudos que corren insertos a los autos, y en tal sentido observa:

Con motivo de la demanda laboral que intentó el apoderado judicial del accionante contra “PRIDE DRILLING, C.A.”, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el fallo dictado el 18 de diciembre de 2001 (folios 257 al 266), ante el alegato presentado por el apoderado judicial del accionante, el 25 de junio de 2001 en el escrito de informes (folios 236 al 247), estableció lo siguiente:

“En reciente fallo, de fecha 12 de junio de 2001 el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, dejó establecido el criterio de que el defensor ad-litem que es apoderado de la empresa, para ese juicio, y firma la boleta de notificación, opera la citación tácita desde ese momento, por lo que transcurrido el término establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, esto es el tercer día siguiente a la notificación, sin que se hubiere dado contestación a la demanda, opera la confesión ficta. Si  embargo, a criterio de quien aquí decide, este no es el caso de autos, porque el poder otrogado (sic) por la empresa demandada, a la abogada YARISMA LOZADA, es de fecha 08 de noviembre de 2000, y la demanda fue presentada el día 01 de febrero de 2000, porque el poder consignado por el abogado JESUS (sic) ANTONIO ALVARADO RENDON, refierese (sic) a las empresas QUITRALCO, cuando aún no había cambiado su denominación a PRIDE DRILLING, por tal razón resulta improcedente el alegato de la confesión ficta y así se decide”.  

De dicho fallo apeló el apoderado actor (folio 271), y conoció en alzada el Tribunal Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el cual, el 31 de abril de 2004, dictó la correspondiente sentencia (folios 302 al 308) que declaró: i) sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 18 de diciembre de 2001; ii) revocó el anterior fallo, iii) declaró parcialmente con lugar la demanda intentada por Ramón Llovera Macuare, ya identificado, contra Pride Drilling, C.A.” , iv) condenó a la empresa demandada a cancelar los gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos equivalente a cinco (5) salarios mínimos de conformidad con lo establecido en el artículo 577 de la Ley Orgánica del Trabajo y v) condenó en costas a la parte actora.

El 5 de mayo de 2004, el apoderado judicial del demandante, anunció recurso de casación, y el 31 del mismo mes y año, formalizó dicho recurso (folios 329 al 334), finalizando el proceso con la sentencia dictada por la Sala de Casación Social, objeto de la presente solicitud de revisión.

Así las cosas, observa la Sala que en el presente caso, el apoderado judicial de demandante, viene denunciando desde su escrito de informe presentado ante el Tribunal de la causa, la confesión ficta del demandado, punto sobre el cual, sólo hubo pronunciamiento en el fallo dictado por el Juzgado que conoció de la causa en primera instancia, parcialmente transcrito en esta decisión. 

Con respecto a tal omisión, en reciente sentencia de la Sala de de Casación Social, ha establecido el siguiente criterio:

“De igual forma el fallo referido ut supra, denotó la obligación de los jueces de instancia en pronunciarse expresamente sobre aquellas peticiones, alegatos o defensas formuladas por las partes en sus escritos de informes, que pudieran tener influencia determinante en el proceso, so pena de vulnerar el principio de exhaustividad de la sentencia, y en específico, incurrir en el vicio de incongruencia negativa.  Tal afirmación fue del contenido que a continuación se reseña:

‘...no cumple el Tribunal con el principio de exhaustividad e incurre en el vicio de incongruencia, cuando no resuelve sobre lo alegado y sobre todo lo alegado en el libelo y en la contestación, pues la oportunidad para que las partes formulen sus alegatos está regido por el principio de preclusión. Además también incurre en el vicio de incongruencia si, excepcionalmente, las partes señalan en informes alguna petición o defensa específica  trascendental para la suerte del proceso(...) (Subrayado y resaltado original).

En tal sentido, esta Sala ratificando los criterios supra transcritos indica, que para no incurrir en el vicio de incongruencia negativa, el Juez deberá conectar la pretensión del actor, con las defensas y excepciones presentadas por el demandado, pasando por las pruebas aportadas, para así llegar a una sentencia congruente.” (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 22 de febrero de 2001, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz)”.

Cabe resaltar, que a criterio de la Sala, lo denunciado por la parte actora es trascendental para la suerte del proceso, y por ello era necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva denunciado por el apoderado judicial del accionante. 

En tal sentido, ha sido criterio reiterado y pacífico de este Máximo Tribunal, el siguiente (Caso: Perla Medina. Sentencia del 13 de mayo de 2004):

“Al respecto, esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, (Caso: José Pascual Medina Chacón), precisó:

‘Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por ´incongruencia omisiva’ como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio). (Subrayado y resaltado de este fallo).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ´incongruencia omisiva`.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado”.

…omissis…

Asimismo la referida omisión de pronunciamiento lesiona el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 señaló:

‘Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:

...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

‘Artículo 15 

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...(omissis)...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.

De la lectura de la decisión cuya revisión se solicita, se evidencia que la Sala de Casación Social, no conoció del fondo del asunto -confesión ficta-, denunciado por el apoderado judicial del solicitante en tiempo oportuno (informes), y sobre el cual, el Juzgado Primero Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui que conoció en alzada, no emitió pronunciamiento alguno, denuncia éste que podría conllevar una modificación sustancial de los términos en que discurrió la controversia.

Resulta necesario señalar que, en los casos en que se patentice un vicio de incongruencia que pueda ser relevante en el dispositivo del fallo, los recurrentes en casación pueden fundamentar su recurso en esta denuncia, y la Sala de Casación Social debe aplicar ( en esos casos) de manera supletoria lo dispuesto en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ello una vulneración al principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por  la cual anula el fallo dictado el 5 de agosto de 2004 por la referida Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y ordena dictar nuevo fallo con pronunciamiento de fondo sobre la materia denunciada por el apoderado judicial del solicitante en revisión. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la presente solicitud de revisión de la sentencia emanada de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, el 5 de agosto de 2004, presentada por el abogado RAMÓN JOSÉ TOVAR, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAMÓN NAPOLEÓN LLOVERA MACUARE. En consecuencia, se ANULA el fallo objeto de revisión, y se remite a la Sala de Casación Social para que emita nuevo fallo en los términos expuestos.

Publíquese y regístrese. Envíese copia del presente fallo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

EXP 04-3215

JECR/

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