Venley

Sentencia N.º 3711

Sentencia
N.º 3711
Fecha
06/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-2090
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 14 de octubre de 2005, con  oficio No. 461 del 7 de octubre de 2005, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado DAVID ALBERTO PÉREZ ESQUEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 94.086, su carácter de defensor de los ciudadanos DÁMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLÍVAR SUÁREZ y LORENZO ABELARDO ÁLVAREZ BRAIDI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 12.582.424, 11.243.424 y 8.192.776, respectivamente, contra “la abstención y el retardo judicial en que ha incurrido el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones del Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure que vulneran en perjuicio de mis defendidos los derechos y garantías constitucionales contemplados en los artículos 21 numerales 1 y 2; 26, 46 numeral 1; 49 numerales 1, 2 y 3 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (sic)”.

El expediente en mención fue remitido a fin de la apelación ejercida por la defensa de los prenombrados accionantes contra la decisión dictada el 3 de octubre de 2005, por la referida Corte de Apelaciones, en la que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.

El 18 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Alegó la defensa de los accionantes, lo siguiente:

         1.- Que, el 19 de agosto de 2005, mediante escrito presentado al efecto solicitó ante el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, la nulidad de las órdenes de aprehensión decretadas contra sus defendidos; promovió pruebas a los fines de su admisión y posterior evacuación en el debate oral y público; opuso excepciones al escrito de acusación presentado por el Ministerio Público; asimismo, solicitó la revisión de la medida privativa de libertad que pesaba sobre sus patrocinados.

          2.- Que, el 15 de septiembre de 2005, vista la omisión del referido Juzgado Primero de Control respecto de las solicitudes formuladas, ratificó las mismas, sin tener, hasta la oportunidad de la interposición de la demanda de amparo, respuesta alguna a su petición.

         3.- Que, si bien es cierto, que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por Resolución No. 302 del  3 de agosto de 2005, resolvió la suspensión de las actividades judiciales, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2005, ambas fechas inclusive; no es menos cierto que, en el particular tercero de la misma, se estableció que, con el propósito de asegurar la prestación efectiva del servicio público en la administración de la justicia penal, las causas que cursaren o se presenten ante los Tribunales de Control, recibirían el trámite que ordinariamente le correspondía, así como los asuntos de carácter urgente, para el aseguramiento de los derechos de las partes.

           4.- Que en el particular segundo de la Resolución No. 311 del 19 de agosto de 2005, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, estableció que los Juzgados de Primera Instancia en funciones de control, juicio y ejecución, debían cumplir dentro del ámbito de sus competencias, con los actos propios del proceso penal, razón por la cual  
el Juez suplente del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, para el momento de la solicitud, estaba obligado a decidir todos los asuntos sometidos a su conocimiento, máxime cuando el escrito presentado por él, tenía por objeto el aseguramiento de los derechos de sus defendidos, en su condición de imputados.

         5.- Que el Juzgado Primero de Control estaba obligado, por mandato constitucional contenido en los artículos 21, numerales 1 y 2, 26, 46 numerales 1, 2 y 3  y 51 de la Constitución, y por mandato del órgano director de la Magistratura a través de las mencionadas Resoluciones, a garantizar el trámite que ordinariamente correspondía a la causa, razón por la cual debió proveer respecto de las incidencias formuladas por las partes, máxime cuando se trataba del derecho de sus defendidos de solicitar la revisión de las medidas de coerción personal.

         Por ello, denunció:

         La violación de los derechos a la igualdad ante la Ley, a la tutela judicial efectiva, a la libertad y al debido proceso, y a tener oportuna respuesta al peticionar, que acogieron los artículos 21, 26, 44, cardinal 1, 49, cardinales 1, 2, 3 y 8 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitando en consecuencia “...que la presente acción de amparo constitucional sea declarada con lugar en la definitiva y en consecuencia se restablezca la situación jurídica infringida por omisión judicial y abstención de decidir ….y solicito en honor a la justicia, se decrete medida cautelar sustitutiva de prestación de una caución económica adecuada, conforme al numeral 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (sic)”.

DEL FALLO APELADO

            La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en decisión del 3 de octubre de 2005, declaró con lugar la acción de amparo incoada, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Del escrito de solicitud de amparo y de los autos se desprende que el profesional del derecho José Alberto Pérez Esqueda, en representación de los ciudadanos DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLIVAR SUAREZ Y LORENZO ABELARDO ALVAREZ BRAIDI, intentó demanda de amparo constitucional contra la omisión y retardo injustificado en decidir, en la que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en virtud que habían pasados más de treinta (30) días, y no existía pronunciamiento alguno en relación a la solicitud efectuada por el quejoso, en fecha 19/08/2005 y ratificada en fecha 15/09/2005, de resolver los puntos contenidos en ella.
Del informe presentado por la Jueza Norka Mirabal, quien se encuentra a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, presunto agraviante, se puede desprender lo siguiente: i) Que en fecha 16 de Junio de 2005 dicha Jueza se inhibió de conocer la causa en referencia, tal como consta en el libro diario; ii) Que en la misma fecha 16 de Junio de 2005, fue recusada por el abogado Windio Aracas Pulido, defensor del imputado Gilmer Galeano, y iii) Que se ofició a la Presidencia de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que se informara sobre el Nombramiento de un Juez accidental o si debe remitirse la causa al tribunal de control, con sede en Guasdualito.

En relación a ello, es importante determinar en esta decisión, cual fue la razón o el motivo que paralizó el proceso penal, seguido a los quejosos, y a quien es atribuible la omisión o el retardo en resolver la petición de la defensa en los escritos consignados los 19/08/2005 y 15/09/2005; en efecto, para la fecha en que fue interpuesta la solicitud del representante de los quejosos, es decir, el 19 de Agosto de 2005, la causa se encontraba paralizada en razón de las inhibiciones planteadas por los dos únicos Jueces de Control que funcionan en esta sede judicial, las cuales fueron declaradas con lugar por esta superior Instancia, en fechas 21 y 27 de Junio de 2005.

Ahora bien, fue un hecho público y notorio, que para la fecha de la solicitud del defensor (19/08/05), el Juzgado Primero en Funciones de Control, se encontraba a cargo de la abogada LEONOR PEREZ DE GOMEZ, quien fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para cubrir la falta temporal de la Jueza Norka Mirabal, con motivo del Programa Especial para la regularización de la Titularidad de los Jueces Provisorios, promovido por la Escuela Nacional de la Magistratura, tal y como se desprende del Acta de Juramentación de fecha 11de Agosto de 2005, que reposa en este Circuito Judicial Penal. Esto significa que dentro de los tres días, siguientes al 19/08/2005, fecha de interposición de solicitud de los quejosos, la ciudadana Juez suplente especial del Juzgado Primero de Control, estaba en el deber de dar respuesta a la misma, sin dilaciones indebidas, a los fines de garantizar una justicia expedita, oportuna y sin formalismos, ya que las Resoluciones Nos. 302 y 311emanadas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, relativas al receso judicial, no autorizaron la paralización de los trámites importantes de las causas que se ventilaban en la jurisdicción penal, razón por la cual debió resolver acerca de la solicitud efectuada por el representante de los quejosos, dada su relevancia.

En la denuncia del accionante en relación a la omisión y retardo judicial en dictar un pronunciamiento oportuno, por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, considera que efectivamente fueron vulnerados derechos constitucionales de los quejosos, concretamente los artículos 26, 49, numeral 8 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de obtener de las autoridades oportuna respuesta, razón por la cual debe prosperar la demanda de amparo.
En relación a la violación de los derechos a la libertad y a la igualdad, consagrados en los artículos 21 y 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Órgano Colegiado, estima pertinente señalar lo preceptuado en la jurisprudencia patria, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otras cosas, señala: ‘…Consecuencia de esta situación, es que lo que se pide como efecto de un amparo puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la acción, ya que el proceso de amparo no se rige netamente por el principio dispositivo, porque si bien es cierto que el juez constitucional no puede comenzar de oficio un proceso de amparo ni puede modificar el tema decidendum, no es menos cierto que como protector de la Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país, tal como se desprende de los artículos 3 y 334 de la vigente Constitución, existe el interés constitucional de que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones ni minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de derecho y justicia que establece el artículo2 de la Constitución vigente.  Consecuencia, a su vez de tal principio….es que para el Juez del amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante.
Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente nulidades, ni indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano: individual o como ente social, por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo.
De allí que el pedimento del querellante no vincula necesariamente al Juez de Amparo, para quien lo importante es amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales’.

En relación al criterio sustentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, éste Órgano Colegiado considera que las garantías constitucionales violadas fueron las de ser oído, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, no el derecho a la igualdad ni a la libertad, por cuanto no dimana de las actuaciones que con la falta y oportuna respuesta por parte del Tribunal de Control No.01 de este Circuito Judicial Penal, que se le haya conculcado el derecho a la igualdad y a la libertad; Se trata de la falta y oportuna decisión a una solicitud, que contiene varios puntos, que son inherentes al proceso, previo a la audiencia preliminar.
Por otra parte se observa que en la demanda de amparo, el accionante, en forma indirecta ha pretendido, que a sus defendidos se les otorgue una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, como consecuencia de la vulneración de sus derechos a ser oídos, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva; sin embargo, esta petición debe ser resuelta por el Juez que le corresponda dar cumplimiento a la sentencia de amparo aquí dictada, por cuanto forma parte de los puntos planteados por el accionante, en su escrito de fecha 19 de Agosto de 2005, y una vez decidida la solicitud de revisión de medida cautelar, podrán ejercer los recursos y vías establecidas, conforme a los artículos 447 y 264 del Código Penal Adjetivo, pero no optar el recurso extraordinario de amparo, para la obtención de beneficios procesales, tal como la pauta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Expediente No.03-3093, en voto concurrente del Magistrado Antonio García García, de fecha 09 de Septiembre de 2004.

En efecto, la legislación adjetiva penal, en su artículo 264, establece que: “el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”.
Ello así, es evidente para esta Corte de Apelaciones, que el quejoso debe atender y esperar, el pronunciamiento que deberá emitir el Juzgado Segundo de Control Circunscripcional, a los fines de satisfacer la pretensión del accionante, en los puntos contenidos en su petitorio efectuado en fecha 19/08/2005, entre ellos, la revisión de la medida cautelar privativa de libertad.

Ahora bien, considera esta Sala que la demanda de amparo bajo examen pretende primordialmente que se restablezca la situación jurídica infringida, la cual no puede ser otra que, la de ordenar al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control No.01, para que dicte el respectivo pronunciamiento en base a la solicitud formulada por el representante de los quejosos, en dicha causa penal, en fecha 19/08/2005 y ratificada el 15/09/2005 y en caso de estar impedida, en base a la inhibición, remitir en forma inmediata, las actuaciones penales, al Juzgado de Control No.02, quien actualmente está a cargo de un juez no inhibido, para que en lapso no mayor de 24 horas, contadas a partir del recibo de las actuaciones, resuelva la solicitud, efectuada por el quejoso en fecha 19 de Agosto de 2005.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Sala estima que la demanda de amparo que incoaron los ciudadanos DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLIVAR SUAREZ Y LORENZO ABELARDO ALVAREZ BRAIDI, a través de su abogado defensor, José Alberto Pérez Esqueda, contra la omisión en la que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Apure, debe ser declarada con lugar, de conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que efectivamente fueron vulnerados derechos constitucionales de los quejosos, concretamente los artículos 26, 49, ordinal 8 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de obtener de las autoridades oportuna respuesta, razón por la cual se ordena al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Apure, la remisión inmediata de las actuaciones que contienen la causa penal seguida a los quejosos, al Juzgado Segundo de Control Circunscripcional, por encontrarse a cargo de un Juez distinto a los que se inhibieron, para que en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, contados a partir del recibo de las actuaciones, resuelva la solicitud formulada en fecha 19 de Agosto de 2005 y ratificada en fecha 19 de Septiembre de 2005, por el representante de los quejosos. Así se decide.

En relación a la medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada por el accionante, a favor de sus representados, este Órgano Colegiado, de conformidad con la Jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 22 de Julio de 2005, mediante la cual estableció que ‘…dicha Corte de apelaciones no tiene competencia para decretar mediante amparo la libertad de ningún ciudadano, por cuanto, es jurisprudencia reiterada y pacífica de esta sala que la acción de amparo es una acción restitutoria y no creadora de derechos.’.(Sentencia 1315-Exp.03-0073), considera que, es al Tribunal de Control No. 02, a quien le corresponde resolver dicha solicitud de medida cautelar, por formar parte del petitorio de fecha 19/08/2005, una vez recibidas las actuaciones que contienen la causa penal que se le sigue a los ciudadanos DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLIVAR SUAREZ Y LORENZO ABELARDO ALVAREZ BRAIDI. Así se decide.”.

DE LA APELACIÓN EJERCIDA

            El recurso de apelación ejercido por el abogado David Alberto Pérez Esqueda contra la declaratoria con lugar de la acción de amparo propuesta, se fundamentó en lo siguiente:

“la sentencia recurrida no ordena efectivamente el restablecimiento de la situación jurídica infringida (…) ya que la pretensión fundamental de la acción de amparo constitucional interpuesta consiste en equiparar la situación procesal de mis defendidos respecto del otro coimputado (…) y, en tal sentido, esta defensa solicitó el decreto de una medida cautelar sustitutiva de libertad como medio idóneo para restablecer dicha situación jurídica infringida (…). De tal forma que la decisión que aquí se recurre contraviene lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución (…) (sic)”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores (con excepción de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo) que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo del 1° febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

En el presente caso, la decisión contra la cual se ejerció el recurso de apelación ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. Siendo ello así, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta competente para conocer del mismo, y así se declara.

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal efecto observa:

         El objeto de la presente demanda de amparo era que se ordenara al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, se pronunciara sobre la solicitud que la defensa formuló, el 19 de agosto de 2005, respecto la nulidad de las órdenes de aprehensión decretadas contra sus defendidos, las pruebas presentadas a los fines de su admisión y posterior evacuación en el debate oral y público, las excepciones opuestas a la acusación presentada por el Ministerio Público y la revisión de las medidas privativas de libertad que pesaban sobre sus patrocinados.

            Como se aprecia, la defensa de los presuntos agraviados cuestionó por vía de amparo constitucional –básicamente- la conducta omisiva del Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.

Ahora bien, respecto de las omisiones de los órganos jurisdiccionales, esta Sala ha reconocido que es posible accionar en vía de amparo contra las mismas, siempre y cuando se esté “...ante situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional”.

 En este sentido, igualmente ha establecido esta Sala, que el retardo de los órganos jurisdiccionales en emitir un pronunciamiento no puede ser considerado, en sí mismo, como una causal para la procedencia de la acción de amparo constitucional, pues, debe determinarse que a través de la omisión, abstención o retardo en decidir, se ha producido la violación de derechos de rango constitucional.

Para que una actuación judicial sea lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos concretos emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales pertinentes, en el marco de un proceso en el cual se ventilen pretensiones que afecten o puedan afectar derechos e intereses legítimos.

Conforme la doctrina precedentemente expuesta, estima la Sala ajustada a derecho la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo. En efecto, en el caso de autos -tal como lo asentó el a quo- el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure     -señalado como agraviante- no sólo para la oportunidad de la interposición del amparo, sino incluso para el momento de la celebración de la audiencia oral, no había emitido pronunciamiento alguno respecto a las solicitudes formuladas por la defensa.

Siendo ello así, es evidente que la actuación del señalado órgano jurisdiccional es lesiva no sólo del derecho que el accionante tiene de acceder a la justicia para la protección de sus derechos e intereses, sino también del derecho a la tutela efectiva de los mismos y a obtener una justicia sin dilaciones indebidas.

El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que éstos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, aún cuando la resolución no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolución razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados.

              De allí, que no entienda la Sala las razones, mucho menos comparta los alegatos de la defensa de los accionantes, para recurrir de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.

              En efecto, la acción de amparo –como precedentemente se acotó- se interpuso contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, y tal como lo apuntó la recurrida “las garantías constitucionales violadas fueron las de ser oído, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, no el derecho a la igualdad ni a la libertad, por cuanto no dimana de las actuaciones que con la falta y oportuna respuesta por parte del Tribunal de Control No.01 de este Circuito Judicial Penal, que se le haya conculcado el derecho a la igualdad y a la libertad; Se trata de la falta y oportuna decisión a una solicitud, que contiene varios puntos, que son inherentes al proceso, previo a la audiencia preliminar”.
           
Por otra parte, advierte la Sala, al igual que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure “que en la demanda de amparo, el accionante, en forma indirecta ha pretendido, que a sus defendidos se les otorgue una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, como consecuencia de la vulneración de sus derechos a ser oídos, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva; sin embargo, esta petición debe ser resuelta por el Juez que le corresponda dar cumplimiento a la sentencia de amparo aquí dictada, por cuanto forma parte de los puntos planteados por el accionante, en su escrito de fecha 19 de Agosto de 2005, y una vez decidida la solicitud de revisión de medida cautelar, podrán ejercer los recursos y vías establecidas, conforme a los artículos 447 y 264 del Código Penal Adjetivo, pero no optar el recurso extraordinario de amparo, para la obtención de beneficios procesales”.           

              En el caso de autos, el restablecimiento de la situación jurídica infringida, no puede ser otra que la orden que se imparta al Juzgado señalado como agraviante, para que dicte el respectivo pronunciamiento. Las  Cortes de Apelaciones no tienen competencia para decretar mediante amparo la libertad de ningún ciudadano, por cuanto, es jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala “que la acción de amparo es una acción restitutoria y no creadora de derechos.” (vid. Sentencia 1315 del 22 de junio de 2005).

                   Por ello, a juicio de la Sala, el recurso de apelación ejercido por el abogado David Alberto Pérez Esqueda, en su carácter de defensor de los hoy accionantes, debe ser declarado sin lugar, razón por la cual pasa la Sala a confirmar el fallo apelado, y así se declara.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado DAVID ALBERTO PÉREZ ESQUEDA, su carácter de defensor de los ciudadanos DÁMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLÍVAR SUÁREZ y LORENZO ABELARDO ÁLVAREZ BRAIDI contra la decisión dictada el 3 de octubre de 2005 por la corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en la que declaró con lugar la acción de amparo propuesta. En consecuencia, queda confirmada la sentencia apelada.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de diciembre de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

EXP. No: 05-2090

JECR

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