Sentencia N.º 3711
- Sentencia
- N.º 3711
- Fecha
- 06/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-2090
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 14 de octubre de 2005, con oficio No. 461 del 7 de octubre de 2005, emanado de
El expediente en mención fue remitido a fin de la apelación ejercida por la defensa de los prenombrados accionantes contra la decisión dictada el 3 de octubre de 2005, por la referida Corte de Apelaciones, en la que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.
El 18 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
DE
Alegó la defensa de los accionantes, lo siguiente:
1.- Que, el 19 de agosto de 2005, mediante escrito presentado al efecto solicitó ante el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, la nulidad de las órdenes de aprehensión decretadas contra sus defendidos; promovió pruebas a los fines de su admisión y posterior evacuación en el debate oral y público; opuso excepciones al escrito de acusación presentado por el Ministerio Público; asimismo, solicitó la revisión de la medida privativa de libertad que pesaba sobre sus patrocinados.
2.- Que, el 15 de septiembre de 2005, vista la omisión del referido Juzgado Primero de Control respecto de las solicitudes formuladas, ratificó las mismas, sin tener, hasta la oportunidad de la interposición de la demanda de amparo, respuesta alguna a su petición.
3.- Que, si bien es cierto, que
4.- Que en el particular segundo de
el Juez suplente del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, para el momento de la solicitud, estaba obligado a decidir todos los asuntos sometidos a su conocimiento, máxime cuando el escrito presentado por él, tenía por objeto el aseguramiento de los derechos de sus defendidos, en su condición de imputados.
5.- Que el Juzgado Primero de Control estaba obligado, por mandato constitucional contenido en los artículos 21, numerales 1 y 2, 26, 46 numerales 1, 2 y 3 y 51 de
Por ello, denunció:
La violación de los derechos a la igualdad ante
DEL FALLO APELADO
Del escrito de solicitud de amparo y de los autos se desprende que el profesional del derecho José Alberto Pérez Esqueda, en representación de los ciudadanos DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLIVAR SUAREZ Y LORENZO ABELARDO ALVAREZ BRAIDI, intentó demanda de amparo constitucional contra la omisión y retardo injustificado en decidir, en la que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en virtud que habían pasados más de treinta (30) días, y no existía pronunciamiento alguno en relación a la solicitud efectuada por el quejoso, en fecha 19/08/2005 y ratificada en fecha 15/09/2005, de resolver los puntos contenidos en ella.
Del informe presentado por
En relación a ello, es importante determinar en esta decisión, cual fue la razón o el motivo que paralizó el proceso penal, seguido a los quejosos, y a quien es atribuible la omisión o el retardo en resolver la petición de la defensa en los escritos consignados los 19/08/2005 y 15/09/2005; en efecto, para la fecha en que fue interpuesta la solicitud del representante de los quejosos, es decir, el 19 de Agosto de 2005, la causa se encontraba paralizada en razón de las inhibiciones planteadas por los dos únicos Jueces de Control que funcionan en esta sede judicial, las cuales fueron declaradas con lugar por esta superior Instancia, en fechas 21 y 27 de Junio de 2005.
Ahora bien, fue un hecho público y notorio, que para la fecha de la solicitud del defensor (19/08/05), el Juzgado Primero en Funciones de Control, se encontraba a cargo de la abogada LEONOR PEREZ DE GOMEZ, quien fue designada por
En la denuncia del accionante en relación a la omisión y retardo judicial en dictar un pronunciamiento oportuno, por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, considera que efectivamente fueron vulnerados derechos constitucionales de los quejosos, concretamente los artículos 26, 49, numeral 8 y 51 de
En relación a la violación de los derechos a la libertad y a la igualdad, consagrados en los artículos 21 y 44, numeral 1 de
Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente nulidades, ni indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano: individual o como ente social, por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo.
De allí que el pedimento del querellante no vincula necesariamente al Juez de Amparo, para quien lo importante es amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
En relación al criterio sustentado por
Por otra parte se observa que en la demanda de amparo, el accionante, en forma indirecta ha pretendido, que a sus defendidos se les otorgue una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, como consecuencia de la vulneración de sus derechos a ser oídos, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva; sin embargo, esta petición debe ser resuelta por el Juez que le corresponda dar cumplimiento a la sentencia de amparo aquí dictada, por cuanto forma parte de los puntos planteados por el accionante, en su escrito de fecha 19 de Agosto de 2005, y una vez decidida la solicitud de revisión de medida cautelar, podrán ejercer los recursos y vías establecidas, conforme a los artículos 447 y 264 del Código Penal Adjetivo, pero no optar el recurso extraordinario de amparo, para la obtención de beneficios procesales, tal como la pauta
En efecto, la legislación adjetiva penal, en su artículo 264, establece que: el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.
Ello así, es evidente para esta Corte de Apelaciones, que el quejoso debe atender y esperar, el pronunciamiento que deberá emitir el Juzgado Segundo de Control Circunscripcional, a los fines de satisfacer la pretensión del accionante, en los puntos contenidos en su petitorio efectuado en fecha 19/08/2005, entre ellos, la revisión de la medida cautelar privativa de libertad.
Ahora bien, considera esta Sala que la demanda de amparo bajo examen pretende primordialmente que se restablezca la situación jurídica infringida, la cual no puede ser otra que, la de ordenar al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control No.01, para que dicte el respectivo pronunciamiento en base a la solicitud formulada por el representante de los quejosos, en dicha causa penal, en fecha 19/08/2005 y ratificada el 15/09/2005 y en caso de estar impedida, en base a la inhibición, remitir en forma inmediata, las actuaciones penales, al Juzgado de Control No.02, quien actualmente está a cargo de un juez no inhibido, para que en lapso no mayor de 24 horas, contadas a partir del recibo de las actuaciones, resuelva la solicitud, efectuada por el quejoso en fecha 19 de Agosto de 2005.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Sala estima que la demanda de amparo que incoaron los ciudadanos DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO, CASTOR ALEXIS BOLIVAR SUAREZ Y LORENZO ABELARDO ALVAREZ BRAIDI, a través de su abogado defensor, José Alberto Pérez Esqueda, contra la omisión en la que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Apure, debe ser declarada con lugar, de conformidad con lo que establece el artículo 30 de
En relación a la medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada por el accionante, a favor de sus representados, este Órgano Colegiado, de conformidad con
DE
El recurso de apelación ejercido por el abogado David Alberto Pérez Esqueda contra la declaratoria con lugar de la acción de amparo propuesta, se fundamentó en lo siguiente:
la sentencia recurrida no ordena efectivamente el restablecimiento de la situación jurídica infringida (
) ya que la pretensión fundamental de la acción de amparo constitucional interpuesta consiste en equiparar la situación procesal de mis defendidos respecto del otro coimputado (
) y, en tal sentido, esta defensa solicitó el decreto de una medida cautelar sustitutiva de libertad como medio idóneo para restablecer dicha situación jurídica infringida (
). De tal forma que la decisión que aquí se recurre contraviene lo dispuesto en el artículo 27 de
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforme a
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en
No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que
En el presente caso, la decisión contra la cual se ejerció el recurso de apelación ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente
Determinada la competencia, pasa
El objeto de la presente demanda de amparo era que se ordenara al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, se pronunciara sobre la solicitud que la defensa formuló, el 19 de agosto de 2005, respecto la nulidad de las órdenes de aprehensión decretadas contra sus defendidos, las pruebas presentadas a los fines de su admisión y posterior evacuación en el debate oral y público, las excepciones opuestas a la acusación presentada por el Ministerio Público y la revisión de las medidas privativas de libertad que pesaban sobre sus patrocinados.
Como se aprecia, la defensa de los presuntos agraviados cuestionó por vía de amparo constitucional básicamente- la conducta omisiva del Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure.
Ahora bien, respecto de las omisiones de los órganos jurisdiccionales, esta Sala ha reconocido que es posible accionar en vía de amparo contra las mismas, siempre y cuando se esté ...ante situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional.
En este sentido, igualmente ha establecido esta Sala, que el retardo de los órganos jurisdiccionales en emitir un pronunciamiento no puede ser considerado, en sí mismo, como una causal para la procedencia de la acción de amparo constitucional, pues, debe determinarse que a través de la omisión, abstención o retardo en decidir, se ha producido la violación de derechos de rango constitucional.
Para que una actuación judicial sea lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos concretos emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales pertinentes, en el marco de un proceso en el cual se ventilen pretensiones que afecten o puedan afectar derechos e intereses legítimos.
Conforme la doctrina precedentemente expuesta, estima
Siendo ello así, es evidente que la actuación del señalado órgano jurisdiccional es lesiva no sólo del derecho que el accionante tiene de acceder a la justicia para la protección de sus derechos e intereses, sino también del derecho a la tutela efectiva de los mismos y a obtener una justicia sin dilaciones indebidas.
El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que éstos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, aún cuando la resolución no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolución razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados.
De allí, que no entienda
En efecto, la acción de amparo como precedentemente se acotó- se interpuso contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, y tal como lo apuntó la recurrida las garantías constitucionales violadas fueron las de ser oído, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, no el derecho a la igualdad ni a la libertad, por cuanto no dimana de las actuaciones que con la falta y oportuna respuesta por parte del Tribunal de Control No.01 de este Circuito Judicial Penal, que se le haya conculcado el derecho a la igualdad y a la libertad; Se trata de la falta y oportuna decisión a una solicitud, que contiene varios puntos, que son inherentes al proceso, previo a la audiencia preliminar.
Por otra parte, advierte
En el caso de autos, el restablecimiento de la situación jurídica infringida, no puede ser otra que la orden que se imparta al Juzgado señalado como agraviante, para que dicte el respectivo pronunciamiento. Las Cortes de Apelaciones no tienen competencia para decretar mediante amparo la libertad de ningún ciudadano, por cuanto, es jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala que la acción de amparo es una acción restitutoria y no creadora de derechos. (vid. Sentencia 1315 del 22 de junio de 2005).
Por ello, a juicio de
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
EXP. No: 05-2090
JECR
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