Sentencia N.º 372
- Sentencia
- N.º 372
- Fecha
- 16/06/2005
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- R05-0256
- Ponente
- Eladio Ramón Aponte Aponte
- Procedimiento
- Radicación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la solicitud de radicación de la causa seguida ante el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en contra de los ciudadanos Israel Chacón Ramírez y José Tíbulo Sánchez Mora, por la presunta comisión de los delitos de Corrupción y Agavillamiento, tipificados respectivamente en los artículos 62 de la Ley Contra la Corrupción y 287 del Código Penal.
Tal requerimiento lo formuló el Fiscal Octavo a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, ciudadano abogado Gilberto Alfredo Landaeta Gordon.
El 10 de junio de 2005, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal del recibo de la presente solicitud y se designó ponente al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El solicitante planteó la radicación en los términos siguientes:
1)
El Ministerio Público como garante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (
) solicita sólo ante situaciones extremas la radicación del juicio, quiero decir con esto que la razón en que se fundamenta esta representación Fiscal a requerir el cambio urgente de la Circunscripción Judicial Penal que conocerá de la causa, es porque considera que están llenos los extremos consagrados en el artículo 63 eiusdem
.
2)
Dicha solicitud de radicación del juicio se fundamenta en el hecho de que los imputados José Tíbulo Sánchez e Israel Chacón Ramírez (
) por sus condiciones de juez y fiscal del Ministerio Público respectivamente, han generado durante muchos años amistades estrecha con todo y cada uno de los jueces de esa Circunscripción Judicial, así como con numerosos Fiscales del Ministerio Público y Funcionarios de Investigación Policial, por lo que, en aras de una transparente administración de justicia y ajustado a derecho, lo mas sano sería solicitar la radicación de la causa
.
3) Información suministrada por la Dirección de inteligencia militar:
José Tíbulo Sánchez Mora venezolano, de profesión abogado, hace aproximadamente 5 años fue detenido en el Fuerte Yaruro el mencionado abogado según la fuente cobraba vacuna y extorsionaba a campesinos venezolanos en el sector el piñal según la fuente dicho ciudadano ocupaba el cargo de Juez en el Estado Táchira....
4)
Acta levantada en fecha 05 de mayo de 2005 por ante el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, donde se deja constancia de la reunión entre el inspector de tribunales de esa Circunscripción Gilberto Rosales y el imputado Tíbulo Sánchez en el cubículo del Juez Quinto de Juicio
.
Para confirmar sus alegatos acompañó a la solicitud, varios artículos de prensa mediante los cuales fue difundida la noticia cuyos titulares señalan lo siguiente:
A.- Ejemplar del Diario El Nacional
1.- Fecha: 26 de abril de 2005
Titular: PRIVARON DE LIBERTAD A FISCAL Y A JUEZ EN TÁCHIRA.
B.- Ejemplar del Diario El Universal
1.- Fecha: 26 de abril de 2005
Titular: DETIENEN A JUEZ Y FISCAL SEÑALADOS DE CORRUPTOS.
C.- Ejemplar del Diario El Siglo
1.- Fecha: 29 de marzo de 2005
Titular: PRIVADOS DE LIBERTAD FISCAL Y JUEZ DE TÁCHIRA.
EXAMEN DE LA SOLICITUD
La Sala, una vez examinados los alegatos y las actas que integran la presente solicitud de radicación, hace las consideraciones siguientes:
El numeral 40 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le otorga a la Sala de Casación Penal la competencia para conocer de este pedimento y dispone:
Conocer de las solicitudes de radicación de juicio y de conmutación de las penas.
Así mismo, el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud.
De los recaudos acompañados no aparece demostrada la alarma, sensación y escándalo público que, según el solicitante, ocurrieron en el Estado Táchira. Las reseñas periodísticas publicadas en los diarios, son producto de la dinámica informativa que no reflejan ninguna circunstancia que pueda interrumpir el curso normal del proceso o que logre desequilibrar la administración de justicia, sino que dichas notas periodísticas sólo reflejan el ejercicio propio del derecho constitucional de la libertad de expresión establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo, advierte la Sala, que la radicación en un juicio no debe ser utilizado de manera discrecional, deben existir circunstancia claras y precisas establecidas en la ley para que la misma pueda proceder, ya que separar del conocimiento de la causa al juez que le corresponde, bien sea por el territorio o por la materia, es decir, al juez natural del imputado, sin concurrir los supuestos que contempla el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía Constitucional al debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es por ello, que en el presente caso el solicitante no puede pretender, erradicar la causa de su jurisdicción natural, por ser los imputados funcionarios públicos o personas ligadas al Poder Judicial, o por pertenecer el ciudadano José Tíbulo Sánchez Mora, a un grupo que presuntamente se dedican al llamado cobro de vacuna, éstas no son circunstancias que se puedan calificar como admisibles para que prospere la radicación de un juicio, ya que la imparcialidad del juez o de cualquier otro funcionario de la administración de justicia, no está sujeta a las actividades o funciones que realicen los imputados.
En virtud de lo expuesto, se concluye que es ajustado a derecho declarar sin lugar la radicación del juicio, pues no están llenos los extremos exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
No obstante lo anterior, las partes pueden plantear la solicitud de radicación correspondiente, en caso de surgir nuevas circunstancias que así lo determinen.
DECISIÓN
Por todas las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la radicación solicitada por el Fiscal Octavo a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, ciudadano abogado Gilberto Alfredo Landaeta Gordon.
Ofíciese lo conducente y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los DIECISÉIS (16) días del mes de JUNIO del año 2005. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Magistrado Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
El Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR CORONADO FLORES
Los Magistrados,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
EAA/jmcc.
Exp. P-2005-000256
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias