Sentencia N.º 375
- Sentencia
- N.º 375
- Fecha
- 12/03/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-0023
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Exp. 08-0023
|
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el 8 de enero de 2008, los abogados Hugo Albarran Acosta y Eusebio Aguaje Solano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 19.519 y 52.533, respectivamente, apoderados judiciales del ciudadano JULIO ROLANDO BALZA ALTUVE, solicitaron la revisión de la sentencia dictada el 12 de abril de 2007, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, con ocasión del juicio penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada continuada, en perjuicio del ciudadano Ramón Alonzo Carrizalez Rengifo, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Ministro del entonces Ministerio de Infraestructura.
El 9 de enero de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
La parte peticionante expuso lo siguiente:
Que ejerció recurso de apelación contra el fallo dictado el 26 de julio de 2006 por el Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas -que condenó al solicitante de revisión a cumplir la pena de dos (2) años y once (11) meses de prisión, así como al pago de ochocientas dieciséis con sesenta y seis (816,66) unidades tributarias, por la comisión de los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada continuada- por estimar que dicho fallo adolecía del vicio de inmotivación. Al efecto, señaló que la juzgadora se limitó a transcribir textualmente los dichos de los testigos y a mencionar las pruebas documentales presentadas, pero no expresó cuáles hechos fueron acreditados como probados y omitió el análisis de cada medio probatorio, dejando al solicitante en estado de indefensión absoluta.
Que su representado se limitó a hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y que en la columna “Arroz con Mango” del diario “El Nuevo País”, simplemente hizo “eco del contenido de diversas notas de prensa, noticias, entrevistas y opiniones de expertos en relación a la situación antes del colapso definitivo del viaducto 1 Caracas-La Guaira, reseñados en diferentes medios de comunicación (…) en sus escritos no ha generado ninguna nueva información, que pueda estimarse original, sino que se ha limitado a utilizar datos y hechos que previamente han sido dados a la publicidad y puestos al alcance de cualquier persona”. De allí que, los hechos imputados no revisten carácter penal y por lo tanto, al condenarse al solicitante por la supuesta comisión de un delito cuya existencia no pudo constatarse, se está lesionando el principio “nullun crimen nullan poena sine lege”, toda vez que reproducir datos publicados por otros medios no se encuentra tipificado como delito de difamación ni de injuria.
Que el 8 de diciembre de 2006, la Sala 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de apelación planteado, lesionando nuevamente sus derechos constitucionales. En este sentido, alegó que la Corte de Apelaciones tampoco determinó los hechos acreditados como probados, ni cómo tales hechos fueron subsumidos dentro de los elementos constitutivos de los delitos de difamación e injuria.
Que todo lo anteriormente denunciado viola flagrantemente sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a ejercer el contradictorio; lo que acarrea su nulidad absoluta de conformidad con el artículo 208 del Código Orgánico Procesal Penal (actual artículo 191 eiusdem).
Que contra dicho fallo ejerció recurso de casación ante la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia y solicitó que antes de pronunciarse sobre la admisibilidad o no del referido medio de impugnación, decretara la nulidad de oficio del fallo recurrido.
Que la Sala de Casación Penal al resolver el recurso que le fuera presentado dio “un trato discriminatorio a los derechos del ciudadano JULIO ROLANDO BALZA ALTUVE, por cuanto aplicó una fórmula de inadmisibilidad no empleada en otros casos con idénticas características, en los cuales se anuló o casó de oficio un fallo recurrido por las mismas causas que se denunciaron en casación”. En efecto, refirió que la Sala de Casación Penal interpretó de manera formal y rígida la norma contenida en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal y de allí que declarara inadmisible el recurso de casación; no obstante, ignoró que le fueron denunciadas igualmente la violación de las garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso. En este sentido, indicó que “en otras oportunidades, tras avistar la violación de garantías constitucionales –la Sala de Casación Penal- ha procedido a anular, en uso de la atribución conferida por el artículo 257 también constitucional, fallos dictados en casos cuyos recursos también son inadmisibles por razón de la pena según lo establecido por el artículo 459 procesal”. Tal es el caso de la decisión N° 150/2002, dictada en el expediente N° 01-0783 de la nomenclatura de la referida Sala, en la cual se declaró la inadmisibilidad del recurso de casación en razón de la pena pero anuló de oficio la decisión impugnada, toda vez que la misma había incurrido en omisiones.
Que si la Sala de Casación Penal en ejercicio de la atribución contendida en el nombrado artículo 257 de la Constitución, procedió a anular la sentencia condenatoria en el caso de “la acusada ciudadana PAULA LUNA”, pese a la inadmisibilidad del recurso de casación “el mismo tratamiento debe ser aplicado en lo sucesivo a todos los casos que se encuentran en idénticas circunstancias, y al no ser así, como en el caso de JULIO ROLANDO BALZA ALTUVE, se patentiza evidentemente la discriminación aquí denunciada, en perjuicio del referido ciudadano”.
Que esta misma situación se presentó en el caso de Omar Meter Muñoz Mendoza, decisión N° 462/2003, donde al observarse la misma omisión de pronunciamiento sobre lo alegado en las apelaciones, la mencionada Sala se abstuvo expresamente de pronunciarse sobre la admisibilidad y procedió a decretar la nulidad de oficio de lo sentenciado.
Que, además, es práctica de la Sala de Casación Penal revisar la adecuación del proceso al caso, así como las actuaciones que constan en el expediente para determinar si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en provecho del recurrente y en aras de la justicia, dejando expresa constancia en sus fallos de haber realizado tal análisis; lo cual no ocurrió en el caso de marras. Así, citó las decisiones Nros. 125/2004, 132/2004, 134/2004, 11/2007, 24/2007, 111/2007, entre otras.
Que esta falta de análisis evidencia un trato “desigualitario” (sic) y discriminatorio que lesiona el derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 21 de la Constitución, así como en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio del hoy solicitante de revisión.
Que esta Sala Constitucional en el caso: Jorge Reyes Graterol, expediente N° 04-1607, expuso que la Sala de Casación Penal en casos análogos de difamación analizó la posible existencia de causales de nulidad absoluta y, por consiguiente, al omitir dicho análisis en el caso del ciudadano Reyes, actuó de manera inconsecuente con su práctica, lesionó su derecho a la igualdad y creó inseguridad jurídica al atentar contra la confianza legítima.
Que de acuerdo a la doctrina y al Código Orgánico Procesal Penal, las causales de nulidad absoluta no pueden ser subsanadas, por lo que la Sala de Casación Penal al evidenciar las violaciones a derechos constitucionales del solicitante, debe proceder a anular el fallo lesivo en atención a lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitución y 191 del Código adjetivo penal.
Finalmente, solicitó que se declare ha lugar la revisión constitucional y se dicte como medida cautelar la suspensión de los efectos del fallo objeto de revisión, pues la causa se encuentra en estado de ejecución ante el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
II
DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN
La Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión del 12 de abril de 2007, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del hoy solicitante de revisión, con base en los siguientes fundamentos:
“Los delitos por el cual formuló acusación privada el ciudadano Ramón Alonzo Carrizalez Rengifo, en su condición de Ministro de Infraestructura contra el ciudadano Julio Rolando Balza Altuve, son los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada continuada previsto (sic) en los artículos 442, primer aparte y 444, segundo aparte, ambos en relación con el 99, todos del Código Penal.
El artículo 442 del Código Penal, en su primer aparte establece:
‘Artículo 442 Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público de un año a tres años, y multa de cien unidades tributarias (100. U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.)...’ (sic).
Asimismo el artículo 444 del Código Penal, segundo aparte expresa:
‘Artículo 444. Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiere ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T) a cien unidades tributarias (100 U.T.).
Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté sólo, o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido o en un lugar público, la pena podrá elevarse en una tercera parte de la pena a imponer, incluyendo en ese aumento lo referente a la multa que debe aplicarse, y si con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse hasta la mitad. …’ (sic).
Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 459, reza:
‘Decisiones recurribles. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; (omissis).
De las normas transcritas se desprende que la sentencia recurrida no es impugnable en casación, pues los delitos por los cuales se interpuso la denuncia tienen una pena inferior a 4 años de prisión, en consecuencia no se encuentra entre las decisiones que taxativamente, conforme al artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, son recurribles a través del recurso de casación.
En virtud de lo antes expuesto, el presente recurso de casación debe ser desestimado por inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 459 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide…”.
III
COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Por su parte, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República. (omissis)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (…)”.
Adicionalmente, mediante decisión del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), doctrina aplicable en atención al literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
“1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala resulta competente para resolverla, y así se declara.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Llevado a cabo un estudio individual del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa:
Solicitó el quejoso a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el numeral 10 del artículo 336 del Texto Constitucional, respecto de la decisión judicial dictada el 12 de abril de 2007, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el solicitante de revisión contra el fallo dictado el 8 de diciembre de 2006, por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Al respecto, cabe destacar que el ejercicio de la facultad de revisión establecida en la citada norma es discrecional. En efecto, la Sala señaló en la decisión del caso CORPOTURISMO, que dicha norma constitucional es “una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional” y por lo tanto “en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”.
De esta manera, la “Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, ‘... sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...’”.
Ahora bien, denuncia el solicitante que la Sala de Casación Penal le dio un trato discriminatorio en relación con la resolución que ha dado a otras causas idénticas, pues en su caso se limitó a declarar la inadmisibilidad del recurso de casación con base en la pena a imponer en los términos del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal y omitió un análisis sobre las presuntas violaciones a garantías constitucionales y la supuesta nulidad absoluta de que adolecía el fallo objeto de impugnación, lo cual –a su decir- siempre hace en casos similares. Todo lo cual lesiona su derecho a la igualdad y afecta los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Al efecto, citó las decisiones Nros. 150/2002, 462/2003, 125/2004, 132/2004, 134/2004, 11/2007, 24/2007, 111/2007, emitidas por dicha Sala.
Asimismo, sostuvo que esta Sala Constitucional en sentencia N° 366/2007, declaró ha lugar una solicitud de revisión planteada en los mismos términos que la presente, pues se trataba también de un caso de difamación donde la Sala de Casación Penal omitió el análisis a que se hizo referencia supra.
Planteado el objeto a dilucidar por la Sala en estos términos, la misma observa:
El artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente cuáles decisiones pueden ser recurribles en casación, especificando, entre otros motivos, que dicho recurso “sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones (…) cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular (…) la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años” (Subrayado de la Sala).
De la norma anterior se desprende sin lugar a dudas que la decisión impugnada en casación por el hoy solicitante de revisión, no era susceptible de ser atacada a través de dicho medio recursivo, toda vez que los delitos que se le imputaron contemplan penas que oscilan entre los seis (6) meses y un (1) año -para el delito de injuria- y entre uno (1) y tres (3) años -para el delito de difamación-. De modo pues que, ninguno de los delitos acarrea una pena que en su límite máximo exceda de cuatro años, por lo que el presente caso no cumple con los requisitos establecidos en la ley para la admisibilidad del recurso de casación.
De allí que, la Sala de Casación Penal al dictar la decisión objeto de la presente solicitud de revisión, declarando inadmisible el recurso de casación que le fuere interpuesto, actuó conforme a derecho. Así se declara.
Ahora bien, en relación a la denunciada violación al derecho a la igualdad y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, como consecuencia de la falta de un análisis sobre la posible existencia de causales de nulidad absoluta conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal o de violaciones a garantías constitucionales, aprecia esta Sala lo siguiente:
La Sala de Casación Penal, así como todas las demás Salas que conforman este Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, está obligada a evitar que cualquier proceso termine si existe alguna causal de nulidad absoluta, toda vez que conforme lo señala en artículo 334 de la Carta Magna, es tutora y garante de la Constitución. Así las cosas, puede, aún de oficio, entrar a conocer un caso y declarar la nulidad absoluta de un fallo o proceso judicial si verifica que se encuentra incurso dentro de alguno de los supuestos del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, esta actividad de entrar a conocer de oficio una causa constituye una facultad discrecional de la Sala para casos donde considere procedente hacer su uso ante la presencia de una situación irregular que amerite su atención, y no una obligación para cada caso que se le presente.
En efecto, en el fallo N° 366/2007 citado por el hoy solicitante, esta Sala dejó sentado que dada la práctica pacífica de la Sala de Casación Penal, ciertamente existe una expectativa legítima de que aún cuando sea inadmisible el recurso de casación, dicha Sala realice de oficio el examen sobre la posible nulidad absoluta del fallo impugnado; no obstante estableció que “la Sala de Casación Penal estaba obligada, en principio” a hacer dicho análisis y que “de acuerdo a la doctrina y a lo señalado en el mismo Código Orgánico Procesal Penal, las causales de nulidad absoluta no pueden ser saneadas y/o convalidadas, por lo que si la Sala de Casación Penal observa que existe en un proceso determinado la existencia de una nulidad absoluta, como pareciera que se materializa en el presente caso, dicha Sala está obligada, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables, previsto en el artículo 26 del Texto Fundamental, y por imperativo del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, a pasar a resolver, antes de decidir la casación, si realmente debe anular de oficio la sentencia que se le somete a su consideración” (Subrayado de esta Sala Constitucional).
De lo anterior se colige que el referido análisis debe ser hecho sólo cuando la Sala de Casación Penal lo estime conveniente por avistar una causal de nulidad absoluta en el fallo sometido a su conocimiento, que no puede dejar pasar por alto en aras de garantizar los derechos de los justiciables, y no para todos y cada uno de los casos en que el recurso de casación sea inadmisible, pues si la decisión impugnada no adolece prima facie de vicio alguno y el recurso de casación es inadmisible, no es preciso que la Sala desvíe su atención de otros asuntos que sí requieran de su urgente tutela.
Así las cosas, el hecho de que la Sala de Casación Penal no haya hecho mención en el fallo objeto de revisión al tantas veces mencionado análisis, no implica per se una violación del derecho a la igualdad de que goza el solicitante de autos, ni atenta contra los principios fundamentales de confianza legítima y seguridad jurídica, pues, se insiste, tal facultad es discrecional de dicha Sala para casos donde “pareciera” que se materializa una causal de nulidad absoluta, lo cual no ocurre en el presente caso. En efecto, a todo evento, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente no se evidencia que en el curso del proceso ante la jurisdicción penal se hayan producido irregularidades o vicios de los contemplados en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que no procedía su nulidad.
A la luz de las consideraciones anteriores, resulta forzoso para la Sala hacer uso de sus facultades discrecionales y declarar no ha lugar la presente solicitud de revisión. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por los apoderados judiciales del ciudadano JULIO ROLANDO BALZA ALTUVE, de la sentencia dictada el 12 de abril de 2007, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión del juicio penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada continuada, en perjuicio del ciudadano Ramón Alonzo Carrizalez Rengifo, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Ministro del entonces Ministerio de Infraestructura.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 12 de marzo de dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 08-0023
MTDP.-
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias