Sentencia N.º 377
- Sentencia
- N.º 377
- Fecha
- 11/05/2010
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-0211
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar
- Enlace fuente oficial
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Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente Nº 09-0211
El 12 de febrero de 2009, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 15.159, 45.205 y 80.213, respectivamente, en carácter de representantes judiciales de las sociedades mercantiles FLOTA PESQUERA MUJICA RUÍZ, C.A. (FLOMURCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 28 de junio de 1988, bajo el Nº 115, Tomo 1 y PRODUCTORA PESQUERA, C.A. (PRODUPESCA), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón el 10 de enero de 1991, bajo el Nº 17, folio 21, Tomo XI; contra los ( ) artículos 23, 46, 47 y 102 [del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura] ( ) publicad[o] en la Gaceta Oficial Nº 5.877 Extraordinario del 14 de marzo de 2008.
El 3 de marzo de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 24 de marzo de 2009, 29 de octubre de 2009, 3 de diciembre de 2009 y 13 de enero de 2010, la parte accionante ratificó su interés en la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DEL RECURSO DE NULIDAD
Las recurrentes expusieron en su escrito, lo siguiente:
Que la Ley de Pesca [abreviación utilizada en el escrito tras ser identificada inicialmente en como Decreto N° 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura] se encuentra viciada de nulidad absoluta ya que fue dictada con prescindencia del mecanismo de consulta previa, aplicable de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución y los artículos 136 y 137 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, lo cual se constituye en una violación del principio de participación contenido en los artículos 6 y 211 de la Constitución.
Que el Presidente de la República como máximo jerarca de la Administración Pública, al elaborar un proyecto de decreto-ley, debe cumplir con el procedimiento de consulta previa regulado en el mencionado artículo 136 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, antes de ser aprobado y publicado. En el caso concreto de la Ley de Pesca se omitió por completo el procedimiento antes comentado. Así tenemos que no se remitió el anteproyecto a las comunidades para que éstas realizaran las observaciones y comentarios pertinentes. El Presidente de la República tampoco cumplió con la obligación de publicar en la prensa nacional la apertura del proceso de consulta ni lo informó a través de alguna página en Internet. En vista que no se cumplieron dichas convocatorias a las comunidades, la sociedad no pudo intercambiar con el órgano correspondiente sus comentarios, ni realizar preguntas pertinentes ni aconsejar cambios o un nuevo proyecto, todos estos derechos regulados en (sic) Ley Orgánica de la Administración Pública aplicable para la fecha, en aras de garantizar el principio de participación política.
Que la norma contenida en el artículo 23 de la Ley de Pesca violenta groseramente el principio constitucional de la proporcionalidad y racionalidad al contener un mandato restrictivo de los derechos constitucionales a la libertad económica y a la igualdad, sin que pueda ser justificado en el cumplimiento de los fines que persigue, al eliminar en forma absoluta la pesca industrial de arrastre ( ) la prohibición contenida en la citada norma tiene como finalidad principal la conservación del principio de precaución. Ahora bien, tal finalidad pretende ser lograda a través de soluciones legales excesivas que prohíben de forma absoluta la pesca industrial de arrastre, vulnerándose así los derechos constitucionales a la libertad económica, a la igualdad y a la no discriminación de los destinatarios de las normas.
Respecto al principio de proporcionalidad, denuncian que la norma impugnada viola el contenido de los artículos 1, 2, 3, 19, 21, 139 y 335 de la Constitución, ya que ( ) el legislador utilizó medios excesivamente restrictivos, teniendo al alcance otras formas de lograr el mismo fin, tal como a su juicio, lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia.
Que la pesca de arrastre es un sistema mundialmente aceptado que se practica tanto en forma industrial como artesanal para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de los fondos marinos por más de 50 años en Venezuela y el mundo, siendo cada día más razonablemente controlado dado que el desarrollo tecnológico actual permite el uso de redes de fondo con dispositivos que les permite seleccionar especies objetivos de la pesquería y descartar, no totalmente, pero sí significativamente, aquellas especies no objeto de la pesquería.
Que una de los principales problemas vinculados a la pesca de arrastre, tanto en Venezuela como en el mundo, es la incidencia de peces no deseados, denominados descartes, los cuales son devueltos al mar o bien por no alcanzar el tamaño deseado o por no ser atractivos al consumo entre otras razones.
Para la solución de tales problemas, destacan que organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los han abordado bajo el principio de precaución; tal como se establece en el ( ) Código de Conducta para la Pesca Responsable de las FAO ( ); el cual ha sido asumido por la industria pesquera de arrastre para lograr la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros a largo plazo. Sin embargo, si bien es cierto que la industria pesquera de arrastre, viene guiando su actividad de conformidad con el principio de precaución, el cual constituye un parámetro internacional aceptado por todos los países cuya industria pesquera se encuentra desarrolla (sic), nuestra legislación lo adopta pero de manera restrictiva, perdiéndose el sentido y alcance de dicho principio.
Que si bien el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, adopta el principio de precaución, desvía su significado señalando que la falta de datos y conocimiento científico justifica el hecho de adoptar medidas de conservación, las cuales no están fundadas en criterios técnicos, tal como ocurre con la prohibición arbitraria de ejercer actividades de pesca industrial de arrastre, generándose graves perjuicios que se traducen en violaciones constitucionales. En virtud de lo anterior, pareciera que en Venezuela, el criterio de precaución y conservación no está sujeto a los lineamientos internacionales que orientan desde hace muchos años a la actividad pesquera, tanto en Venezuela como en el mundo, según la cual todas las medidas de protección y conservación, deben atender a un fin que haga necesario adoptar dicha medida y buscando siempre formas que permitan proteger el medio ambiente pero que hagan posible el desarrollo de la actividad económica de la pesca, la cual es una actividad de gran importancia social en lo que respecta a la producción de alimentos.
Que en cuanto a la conservación del medio acuático y a la posibilidad que con la pesca de arrastre se puedan causar daños a los fondos marinos, vale la pena destacar que la pesca de arrastre se practica de manera cuidadosa en lo que respecta al toque de los fondos marinos, no solamente por razones de conservación ecológica, sino porque resulta poco rentable operar en las zonas biogénicas como fondos rocosos o arrecifes coralinos, por los daños irreparables que este tipo de fondos podría causar a las redes que hacen posible la actividad, las cuales son altamente costosas y de difícil sustitución.
Que la evidencia que el legislador disponía de otras medidas mucho menos restrictivas de derechos ( ) se evidencia con una absoluta rotundidad de las soluciones asumidas en esta materia por las legislaciones de otros países ( ) (e.g. España, Cuba, México, Argentina, Chile y Colombia) ( ) con todos los ejemplos de legislaciones extranjeras citadas ( ) sin lugar a dudas el legislador delegado venezolano disponía de toda una serie de medidas sustancialmente menos restrictivas de derechos constitucionales para proteger los intereses en juego, mas sin embargo, optó por la medida más restrictiva posible: la prohibición absoluta de realizar actividades de pesca industrial de arrastre, violentando así el derecho constitucional a la libertad económica al limitarlo de forma irracional y desproporcionada ( ). Como es evidente, al tomar previsiones tales como (i) prohibición de uso de determinadas redes y obligatoriedad de uso de algunas determinadas, (ii) establecer períodos de duración de la pesca, (iii) prohibir la pesca en determinadas zonas, (iv) regular el tipo de embarcaciones, (v) regular el volumen de captura incidental o de descarte, (vi) establecer límites de profundidad permitidos y limitar anualmente volúmenes de captura, (vii) establecer períodos y zonas vedadas temporalmente y (viii) permitir embarcar en los buques observadores expertos cuyo objetivo es determinar el carácter de la actividad que se realiza, con la finalidad de evaluar los recursos y poder adoptar las medidas que resulten convenientes, quedan protegidos los recursos ambientales y se disminuyen los daños ocasionados a la flora y fauna marina, finalidad planteada en la Ley de Pesca, sin que haya necesidad de tomar una medida tan restrictiva como es la de prohibir la pesca industrial de arrastre.
Afirmaron, que las soluciones planteadas en el derecho comparado no son ajenas a la legislación nacional, para lo cual destacaron la existencia de diversas resoluciones ministeriales, en las cuales se regulaban aspectos como las características de las redes, el número y características de la flota de pesca de arrastre o los espacios para su desarrollo.
Sostienen, que la prohibición absoluta de la pesca de arrastre no contribuye con la garantía de la soberanía agroalimentaria, ya que si bien la pesca de arrastre tiene como principal objetivo económico la captura de camarones, las características propias de la actividad de arrastre hacen posible que el producto de la captura esté constituido hasta por un ochenta por ciento de otras especies, entre las cuales se encuentran, el roncador, corocoro, curbina, tajalí y la perla, los cuales son las especies más económicas del mercado y constituyen un aporte del cuarenta y nueve por ciento al consumo de pescado fresco, lo cual sustentan con estadísticas de las asociaciones de pesca industrial de arrastre y con circunstancias tales como la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, el cual generó incertidumbre y una consecuente paralización de las embarcaciones de la pesca de arrastre, que obligó a dictar al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras la Resolución Nº DM/095/2008, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.916 del 23 de abril 2008, en la cual se ordenó reanudar la faena a tales embarcaciones. Asimismo, desde la fecha de la publicación de la Ley de Pesca a la presente fecha, las autoridades venezolanas en materia pesquera no han logrado determinar un mecanismo sustitutivo de la pesca de arrastre, que permita que las empresas que se dedican a esta actividad puedan adaptarse a la prohibición asegurando el abastecimiento del producto pesquero.
Que partiendo de la base de que la prohibición prevista en el artículo 23 es desproporcionada e irracional ( ), el hecho que las empresas pesqueras no puedan realizar su actividad de pesca industrial de arrastre, cercena el libre ejercicio de su actividad económica, ya que al verse impedidos de ejercer su actividad, dejarán de percibir el beneficio o rendimiento que producirán las referidas operaciones económicas ahora prohibidas ( ) el legislador está facultado para limitar los derechos constitucionales, mas no afectar el núcleo de los mismos al punto de hacerlos nugatorios, que es lo que ocurre en este caso, lo que constituye a su juicio una violación del artículo 112 de la Constitución.
Que aunado a ello, la autoridad competente en la materia, no ha identificado hasta los momentos, una alternativa viable que permita reconvertir la flota industrial de arrastre para que pueda ser aprovechada en una actividad económica rentable para el sector pesquero industrial de arrastre y, reiteran que el derecho a la libertad económica resulta vulnerado cuando por actos de cualquier órgano del poder público ( ), se priva a algún particular la posibilidad de mantener una determinada actividad económica, como en el presente caso sucede con nuestros representados.
Que el artículo 23 de la Ley de Pesca incurre en un claro tratamiento discriminatorio de la pesca industrial de arrastre frente a la pesca artesanal de arrastre, al establecer un lapso preciso que prohibe la primera y mantener la segunda señalando únicamente que será eliminada paulatinamente, siendo que ambas modalidades de pesca de arrastre son susceptibles de causar daños a los recursos marinos, razón por la cual deberían contar con un trato similar, siendo lo razonable, permitir ambas artes de pesca estableciendo en cada caso sus regulaciones respectivas, sin necesidad de eliminarlas de manera absoluta, tal y como ocurre en el derecho comparado ( ) la Ley de Pesca, sin racionalidad ni proporción alguna, ha anulado los derechos de un grupo de personas frente a otras, sin tomar en cuenta que dicha discriminación ha sido excesiva en su alcance, siendo además que ambos grupos de personas están en igualdad de condiciones. En tal sentido, argumentan que si de conformidad con la exposición de motivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura se pretendía erradicar la práctica que tantos perjuicios ha generado, pues conduce a terribles daños ecológicos al fondo o lecho marino, desconoce que tanto la pesca industrial como la artesanal son potencialmente capaces de generar el mismo impacto a los recursos marinos que con la norma se pretenden proteger, ya que todos los pescadores utilizan los mismos principios para ejercer la pesca de arrastre, con la única diferencia de que los pescadores artesanales se ubican en zonas de estuarios o muy cercanas a la costa ( ), mientras que los buques de la pesca industrial realizan su actividad en la zona económica exclusiva.
Que el marco constitucional ha mantenido históricamente la responsabilidad social que viene a imponer a los particulares el deber de participar activamente en la materialización de las políticas del Estado tendientes a atender a los sectores más excluidos de la sociedad ( ). Además debe resaltarse que la obligación de los particulares en el sostenimiento de las cargas públicas, por mandato constitucional, debe materializarse a través del pago de obligaciones de naturaleza tributaria, en sus distintas posibles manifestaciones: impuestos, tasas o contribuciones, pero consideran que los artículos 46 y 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura bajo la denominación de aportes o contribuciones, buscan desligarse del concepto de tributo, a los fines de apartarse de los principios propios que distinguen el sistema tributario.
Que todas las características esenciales del tributo se configuran en los aportes establecidos en la Ley de Pesca, por lo tanto se hace forzoso concluir que estos aportes son contribuciones parafiscales y, por ende poseen naturaleza tributaria.
Que vista la clara naturaleza tributaria de las contribuciones especiales previstas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca, estas normas resultan a todas luces inconstitucionales por violatorias del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria previsto en el artículo 317 de la Constitución. Tal como antes se expuso, tanto el artículo 46 como el artículo 47 de Ley de Pesca consagran una contribución especial en cabeza de los Pescadores y Acuicultores Industriales, los cuales, a los fines de coadyuvar a la satisfacción de las cargas públicas, deben enterar o bien una parte o una cuota del producto capturado; o de al menos cinco por ciento (5%) del producto capturado en su faena de pesca o actividad acuícola, según corresponda, a los órganos y entes del Estado con competencia en materia de pesca, acuicultura, y alimentación (...). Pues bien, al configurar las citadas obligaciones verdaderas contribuciones especiales de carácter tributario, éstas deben estructurarse o componerse por todos los elementos propios del tributo para su efectiva legalidad. Todo tributo está constituido por el hecho generador de la obligación tributaria, la base imponible, la alícuota, y los sujetos pasivos. Dichos elementos deben estar consagrados en la Ley que crea el tributo, en acatamiento del principio de reserva legal tributaria, así como la garantía de seguridad jurídica de la cual gozan todos los administrados.
Que la Ley de Pesca consagró en su artículo 46 una contribución especial que obliga a los pescadores artesanales, y en su artículo 47 otra contribución especial que obliga a pescadores y acuicultores industriales, todo ello en base al deber de solidaridad y satisfacción de las necesidades básicas de la población. Sin embargo las citadas normas no establecieron de forma clara la alícuota o porcentaje de la contribución, sino que de forma escueta indicaron por una parte dos conceptos indeterminados de parte y de cuota, y en el otro supuesto un porcentaje mínimo a aportar por los sujetos pasivos, tal y como lo señala el artículo 47 al establecer una obligación de aporte de al menos, cinco por ciento (5%) de lo recaudado (Subrayado nuestro). Tal como se observa ambas normas, transgreden de forma flagrante el principio de reserva legal tributaria al establecer un tributo a cargo de los pescadores y acuicultores, sin definir el quantum o monto a aportar.
Que la alícuota o monto de la obligación tributaria es uno de los elementos fundamentales de la estructura del tributo, cuya configuración no puede relegarse al poder de la administración, ni siquiera a través de la fijación porcentual en reglamentos o resoluciones ministeriales. La transgresión al citado principio de reserva legal tributaria es tan evidente en el presente caso que el artículo 47 de la norma en comento ni siquiera consagra una delegación de la determinación del porcentaje a cancelar a un reglamento posterior que desarrolle las normas tributarias dispuestas en la Ley (delegación que de igual forma significaría una infracción a la reserva legal), sino que simplemente consagra un mínimo a aportar por los sujetos obligados a la contribución, facultando así a la autoridad competente a determinar discrecionalmente el quantum de la obligación tributaria, afectando de forma inconstitucional la seguridad jurídica de los sujetos pasivos. En el caso de los acuicultores, la transgresión al principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución se agudiza aún más, cuando el artículo 47 de la Ley de Pesca utiliza erróneamente el término faena para referirse a la actividad de los acuicultores, siendo que éstos no realizan su actividad a través de faenas, como es el caso de los pescadores. La actividad de los acuicultores se desarrolla de una forma más compleja y conformada por varios procesos que no se encuadran de manera alguna en el término faena utilizado por el artículo 47, al señalar que los acuicultores contribuirán solidariamente con la entrega gratuita y directa de, al menos, una cuota del producto capturado en su faena de pesca o actividad acuícola (subrayado nuestro). Esto evidencia una indeterminación grave de la base imponible al no establecer claramente el quantum de la obligación, colocando en una situación de inseguridad jurídica a los sujetos obligados, lo cual conlleva a una violación del principio de legalidad mencionado.
Que otro elemento que debe ser apreciado por esta máxima instancia tiene que ver con la indeterminación de las diferencias entre los sujetos pasivos previstos en el artículo 46, lo cual implica otra grave violación al principio de reserva legal obligatorio para los elementos fundamentales e imprescindibles del tributo. En efecto, en el mencionado artículo -así como a lo largo de todo el texto legal- el legislador una y otra vez menciona a los pescadores artesanales de pequeña escala, sin embargo no se establecen parámetros claros para definir qué condiciones debe cumplir un pescador artesanal para ser considerado como de pequeña escala, así como también se desconoce cuando un pescador artesanal deja de ser de pequeña escala y por lo tanto incurre en el segundo supuesto previsto por el artículo 46, es decir que la cuota obligatoria no debe entregarse a la comunidad, sino al ente público al que se le otorgue la competencia en la materia. Es evidente que esta falta absoluta de la debida observancia al principio de legalidad tributario, no solamente acarrea una inevitable nulidad de la norma por violación directa de la Constitución, sino que incluso la hace totalmente inoperante en la realidad ya que, al menos hasta tanto no se defina con exactitud qué identifica a un pescador artesanal como de pequeña escala, no será posible para un pescador poder cumplir con la obligación legalmente impuesta.
Denunció la inconstitucionalidad de los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca y Acuicultura por violación de la garantía constitucional del principio de la capacidad contributiva y no confiscatoriedad del tributo, al afirmar que la Ley de Pesca no establece claramente la alícuota que conforma el tributo, así como la determinación de la forma de pago, al no consagrar expresamente si dichas contribuciones deben ser canceladas en especie o en dinero efectivo, o de qué manera se determina a ciencia cierta la cuota con la que deben contribuir los sujetos pasivos. Para el caso del artículo 46, la cuota supuestamente obligatoria que deben hacer entrega los pescadores artesanales tanto de pequeña como de mediana escala -distinción que como acotáramos antes no existe en la ley, por lo que no es posible saber cuando un pescador pasa de pequeña a mediana escala- no resulta tampoco posible determinar por la heterogeneidad que suele caracterizar el producto de la pesca realizada, sobre todo mediante el método artesanal. Es un hecho evidente que al capturar diversas especies de peces, existirá una diferencia en la valoración económica según la demanda para cada especie en particular, no existiendo en la ley parámetro alguno que permita determinar entonces qué exactamente comprende la cuota que debe entregar el pescador obligado por la Ley.
Que en el supuesto del artículo 47 se consagra una contribución de al menos cinco por ciento (5%) del producto capturado por los pescadores industriales en su faena de pesca, lo cual configura una determinación totalmente imprecisa del tributo a cancelar, evidenciándose de forma patente una absoluta falta de estudio previo de los parámetros a utilizar para la configuración del quantum de la contribución, violentando así la garantía constitucional de no transgresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, al no haberse previsto un mecanismo de exacción que tome en cuenta la aptitud económica de los contribuyentes para contribuir con las cargas públicas. Aunado a lo anterior, se observa que la alícuota mínima del cinco por ciento (5%), consagrada por el legislador, genera de por sí una carga excesiva sobre los ingresos brutos de los contribuyentes que desarrollan la actividad de pesca, al configurarse en una contribución por demás groseramente elevada, que aunado al resto de los tributos que recaen sobre estos sujetos, genera una fuerte presión fiscal que afecta en grado extremo la propia actividad económica transgrediendo consecuencialmente la garantía de la libertad económica.
Que la pretensión de gravar a los pescadores artesanales con una cuota del producto capturado, sin especificar alícuota correspondiente, como ocurre en el caso del artículo 46 de la Ley de Pesca, o como señala la norma del artículo 47 ejusdem con al menos el cinco por ciento (5%) de lo capturado, sin establecer un límite máximo, violenta la exigencia constitucional de que el tributo recaiga sobre la verdadera capacidad contributiva, gravando en el caso concreto en una forma excesiva a las compañías que realicen actividades pesqueras. La Ley de Pesca señala en su artículo 47 como alícuota del tributo al menos el cinco por ciento (5%) del producto capturado, lo cual deja abierta la posibilidad de que sea impuesta una alícuota aun mayor a la estimada legalmente, lo cual confirma el hecho de que la alícuota del tributo excede de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, esto generaría una conculcación grave, manifiesta e incontestable de la garantía constitucional de la capacidad contributiva, lo que se traduce en la imposición de un tributo confiscatorio prohibido por el texto constitucional en el mencionado artículo 317.
Que el sistema tributario venezolano se analiza como un todo, aun cuando existan tributos cuya competencia corresponda a diferentes niveles político territoriales o a diversos sujetos activos. Los efectos económicos que esta multiplicidad de tributos genera, aunado a las contribuciones especiales contenidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca, produce (sic) en los contribuyentes que se dedican a la actividad pesquera un grave efecto confiscatorio por la violación de la capacidad contributiva. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que además de la carga tributaria que tienen las compañías que se dedican a la actividad pesquera, los gastos normales y necesarios en que incurren las compañías que explotan esta industria son considerablemente altos. Es por ello que una carga de al menos el 5% de sus ingresos brutos sería excesiva y generaría un efecto confiscatorio para esos contribuyentes ( ). En el presente caso estamos ante una flagrante violación a la capacidad contributiva, ya que además los pescadores artesanales e industriales y, acuicultores se ven en la obligación de contribuir de una forma que no está clara y no se puede estimar, lo cual pudiera exceder considerablemente a la que su capacidad económica les permite.
Que la norma constitucional que establece la garantía de la capacidad contributiva indica que debe atenderse a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población. Cuando en nuestro sistema tributario, visto como un todo, se establecen tantos gravámenes onerosos a la misma actividad, no se estaría atendiendo al mandato constitucional referente a la protección de la economía nacional, ya que el área de la actividad pesquera, la cual debe ser incentivada como veremos más adelante, se estaría desestimulando y perjudicando de una forma palpable, originando que las actividades pesqueras se vean económicamente afectadas y en consecuencia impulsadas hacia la no continuación de dicha actividad en nuestro país. Esta posible situación genera una desigualdad e injusticia para las personas jurídicas que desarrollan esta actividad, ya que, como hemos señalado, existe una presión tributaria para las actividades pesqueras, generando, insistimos, impactos considerables sobre la capacidad contributiva de estas compañías que resultan en efectos confiscatorios. Con la creación de las contribuciones previstas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca se está vulnerando la capacidad contributiva de los destinatarios de estas contribuciones y el principio de no confiscatoriedad de los tributos, ambos garantizados constitucionalmente, violentando claramente los artículos 316 y 317 de la Constitución vigente, generando así la confiscación de su propiedad. Ello aunado, a que no existe una determinación expresa de la alícuota a aplicar, o del quantum de la obligación tributaria, sino por el contrario, las normas impugnadas no definen una cuota claramente (artículo 46) o sólo establecen un mínimo a cancelar por los sujetos pasivos (artículo 47) (el cual es por demás elevado), quedando al arbitrio de la administración fiscal la determinación del porcentaje a pagar, sin que se haya consagrado legalmente, siquiera aún, los parámetros de determinación de dicho porcentaje, lo cual transgrede a todas luces la garantía del respeto a la capacidad contributiva de los administrados y el principio de la no confiscatoriedad del tributo, todo lo cual conlleva la 'nulidad absoluta de los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca, y así solicitamos sea declarado.
Que en todo caso y a todo evento, queremos resaltar que sin perjuicio de los alegatos aquí sostenidos, e independientemente que esa Sala Constitucional considere que las contribuciones especiales contenidas en la Ley de Pesca tengan o no carácter o naturaleza tributaria, resultarían igualmente inconstitucionales, al violar flagrantemente, como lo hemos demostrado a lo largo del presente escrito, principios constitucionales básicos contenidos en nuestra Carta Magna, como el principio de legalidad, capacidad económica, derecho a la propiedad y no confiscación ( ). Las contribuciones especiales establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca colocan en una situación de indefensión y evidente debilidad jurídica a los obligados, sin necesidad de que sea imprescindible definir su naturaleza, al no establecer de forma clara los parámetros mínimos de su recaudación, atentando y violentando a todas luces los principios constitucionales de legalidad, capacidad económica, y derecho a la propiedad, todo lo cual conlleva a la nulidad absoluta de estos artículos, lo cual solicitamos que así sea declarado.
Que el artículo 102 de la Ley de Pesca y Acuicultura, viola el principio de tipicidad al no consagrar el monto de la multa a aplicar en caso de incumplimiento del aporte consagrado en el artículo 47 de la ley en comento, transgrediendo así el principio de reserva legal y tipicidad de la infracción y de la sanción, previsto en el artículo 49 de la Constitución. Así se observa que el citado artículo 102, consagra que quien incumpla con lo dispuesto en el artículo, 47 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será sancionado con multa equivalente al valor del porcentaje que se determine a los fines de la contribución que establece dicho artículo. Como se observa, la citada norma relega la determinación del monto de la sanción, al porcentaje que se fije como monto de la contribución, quantum que, como antes se señaló, puede ser impuesto discrecionalmente por la Administración, al no existir norma alguna que lo regule. Razón por la cual, la disposición consagrada en el mencionado artículo 102 constituye una norma penal en blanco, cuyo contenido transgrede el principio de legalidad, lo cual acarrea su nulidad absoluta.
Por otra parte, solicitaron medida cautelar innominada, a los fines de que se suspendan con efectos erga omnes los artículos 23, 46, 47 y 102 de la Ley de Pesca y Acuicultura, fundamentándose en las siguientes consideraciones:
Que tal como ya hemos denunciado supra, la prohibición absoluta; de la pesca de arrastre, en los términos del artículo 23 de la Ley de Pesca, afecta en gran medida a la industria pesquera nacional, ya que es precisamente esta técnica la única que permite realizar pesca de forma masiva, generando suficientes ingresos para mantener dicha industria en funcionamiento. La industria pesquera requiere de inmensas inversiones sólo para el 'mantenimiento de los equipos existentes, incluyendo buques, redes, neveras y herramientas. En efecto, recordemos que la actividad pesquera se lleva a cabo en mar, y en consecuencia, todos los buques equipos o instrumentos utilizados están sujetos al deterioro o desgaste que se ocasiona producto del salitre. Así una vez que entre en vigencia la prohibición de la pesca de arrastre, todos estos equipos estarán sujetos a este deterioro, sin que sus propietarios obtengan los recursos económicos necesarios para su debido mantenimiento, lo cual generará un grave perjuicio en contra de toda la industria pesquera de arrastre a nivel nacional ( ). Así, es muy probable que si no se suspende la prohibición de la pesca de arrastre, una vez que sea declarado con lugar el presente recurso de nulidad, resulte irreversible o irreparable el daño causado a la industria pesquera nacional. Esto queda evidenciado, a manera de ejemplo, del contenido de un artículo de prensa titulado Pérdidas del sector pesquero alcanzan Bs. 25 millones, el cual anexamos al presente recurso marcado K ( ).
Que en Venezuela no existe ningún tipo de buque capacitado para llevar a cabo pesca masiva, sin utilizar la técnica de la pesca de arrastre, de manera que la inversión necesaria para sustituir la pesca de arrastre es inmensa y, siendo que con su prohibición, quienes se dedican a esta actividad, como es el caso de nuestras representadas, perderán la posibilidad de obtener ingresos, se producirá un impacto económico de tal magnitud que, con seguridad en muy poco tiempo, probablemente mucho antes de que se decida la presente acción de nulidad, la industria pesquera nacional de arrastre, desaparecería por completo, con el impacto a nivel económico y de desabastecimiento que dicho escenario necesariamente traería. Tal situación resultaría absolutamente irreparable por una sentencia definitiva, ya que una vez que sea declarada con lugar la presente acción de nulidad, la inversión que se requeriría para poner en marcha nuevamente a la industria pesquera nacional sería sencillamente exorbitante, en virtud del deterioro absoluto en el que se encontrarán los distintos buques y equipos de pesca, debido a la falta de recursos económicos para su mantenimiento, así como el estado de quiebra en el que se encontrarán la mayoría de las empresas, además de la pérdida de personal capacitado. Es de hacer notar que, además, los barcos e instrumentos de pesca están expuestos a condiciones ambientales adversas, lo cual eleva sus costos de mantenimiento y los hace extremadamente vulnerables. Así las cosas, resulta necesario que se suspenda de inmediato la prohibición contenida en el artículo 23 de la Ley de Pesca ya que no existe hasta los momentos ninguna alternativa viable que permita evitar los perjuicios que serán causados una vez que entre en vigencia la prohibición de realizar la pesca industrial de arrastre, perjuicios que debieron ser atenuados mediante la creación por el Estado de mecanismos sustitutivos de esta actividad a los fines de reducir el impacto económico y de abastecimiento que se producirá con la entrada en vigencia de la norma en comentario.
Que la inexistencia hasta la fecha de tales mecanismos se evidencia de los resultados de la mesa técnica integrada por representantes del sector pesquero industrial de arrastre, INSOPESCA y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (en lo adelante INEA), creada a los fines de dar cumplimiento con la disposición transitoria quinta de la Ley de Pesca, según la cual ( ) a los fines de implementar y ejecutar las disposiciones establecidas en el artículo 23 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el órgano rector en materia de Pesca y Acuicultura contará con un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la publicación del mismo, a los fines de dictar la correspondiente normativa destinada a establecer el procedimiento para la reconversión o desincorporación de los buques a los cuales se les hubiere otorgado permiso o autorización para la pesca industrial de arrastre con anterioridad a la aprobación del presente Decreto ( ). Así, la referida mesa técnica tiene como finalidad buscar un acuerdo entre el Estado y la industria para implementar la forma de reconversión de la flota pesquera, a los fines de dar cumplimiento al contenido de la disposición transitoria citada. Ahora bien, tal como se evidencia de las minutas elaboradas con ocasión de las reuniones de la referida mesa técnica, no se ha logrado tal acuerdo y a la fecha de interposición del presente escrito (cuando faltan pocas semanas para que entre en vigencia la prohibición contenida en el artículo 23 de la Ley de Pesca) no se ha llegado a resultado alguno a los fines de buscar mecanismos de reconversión de la pesca de arrastre.
Que las autoridades en materia pesquera no han cumplido con el contenido de la disposición transitoria quinta de la Ley de Pesca, ya que no solo no se ha dictado la normativa reglamentaria a que se refiere la norma transitoria en comentario, sino que ni siquiera se ha adelantado un esbozo de cuál podría ser el mecanismo de reconversión o desincorporación de los buques aplicable, lo cual es absolutamente preocupante si consideramos los daños que serán los ocasionados una vez que entre vigencia la prohibición de realizar pesca de arrastre, con lo cual, reiteramos, se afectará no sólo a un sector importante de la industria pesquera en Venezuela sino que además se afectará de manera incontestable la seguridad y soberanía agroalimentaria de la población. Como evidencia de lo dicho hasta ahora, vale la pena destacar que en las reuniones de la mesa técnica se ha señalado que la reconversión de la flota dependerá por una parte, de la evaluación técnica de las embarcaciones de la flota pesquera realizada por el INEA y de los resultados de la evaluación de los recursos biológicos que realizará el INSOPESCA, lo cual permitiría determinar el destino de los buques para su transformación. Así se evidencia de las minutas elaboradas en reuniones de la mesa técnica de fecha 29 de abril de 2008 y 20 de mayo de 2008, las cuales anexamos al presente recurso marcadas G y H, lo cual fue reiterado en reuniones posteriores, tales como la reunión sostenida en fechas 2 de junio de 2008 y 12 de junio de 2008, en las cuales se manifestó expresamente la preocupación de los representantes de la industria pesquera en cuanto al tema de la reconversión de la flota de buques y se dejó constancia que el tiempo del que se dispone para la evaluación de los recursos pesqueros, es insuficiente para el logro de los objetivos de la misma. (Se anexan minutas marcadas I e J).
Que en la reunión de la mesa técnica de fecha 2 de junio de 2008, los armadores del sector se comprometieron a presentar una propuesta destinada a evidenciar que resulta posible trabajar con la pesca de arrastre minimizando su impacto de conformidad con los criterios técnicos que deben regir dicho sector. Posteriormente, las autoridades en materia pesquera, solicitaron a los armadores propietarios de las embarcaciones de pesca industrial de arrastre que presentaran propuestas de reconversión de sus unidades de pesca. Así, los representantes del sector industrial de arrastre, presentaron ante la mesa técnica su propuesta, la cual anexamos al presente recurso marcada L, la cual tenía como finalidad presentar un proyecto dirigido a la reconversión o formación de las unidades de pesca de arrastre, a lo que ellos llamaron flota tangonera responsable, mediante la adecuación tecnológica de las redes y la operación de la flota bajo una normativa fundamentada en el conocimiento, técnico científico, con miras al aprovechamiento racional y responsable, de los recursos pesqueros que en la actualidad son capturados por la flota de arrastre, la protección de la biodiversidad del ecosistema marino y la armonización con las actividades de la flota pesquera artesanal. Sin embargo, INSOPESCA rechazó de forma contundente dicha propuesta, según se evidencia de respuesta emitida por el INSOPESCA, de fecha 21 de enero de 2009, la cual anexamos al presente escrito marcada M, sin presentar ninguna contrapropuesta que permitiera obtener alguna alternativa de reconversión de la flota industrial de arrastre que no genere perjuicios irreparables a dicho sector. Adicionalmente, en la mesa técnica de fecha 12 de junio de 2008, INSOPESCA se comprometió expresamente a remitir ante el Ministerio de Agricultura y Cría (sic), un informe suscrito por los representantes de la industria, que contenga el desarrollo de la problemática que atraviesa el sector pesquero en la actualidad. Dicho informe, el cual anexamos al presente recurso marcado N, fue debidamente consignado ante INSOPESCA, el INEA y la Comisión de Pesca de la Asamblea Nacional, en fecha 1 de agosto de 2008, sin recibir ninguna respuesta por parte de las autoridades, lo cual genera aun más preocupación dentro del sector pesquero, considerando que es inminente la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 23 de la Ley de Pesca. Por lo antes expuesto, queda evidenciado que si bien se han realizado las reuniones tendientes a lograr acuerdos con relación a la reconversión de la flota industrial de arrastre, no se han logrado los objetivos propuestos. En primer lugar, no existen criterios técnicos que sostengan una prohibición absoluta de la pesca de arrastre y en segundo lugar, puesto que el INSOPESCA no ha cumplido su obligación de evaluar los recursos pesqueros a los fines de presentar una propuesta que obedezca a criterios científicos y que permita reconvertir la flota de arrastre.
Que la prohibición absoluta de la pesca industrial de arrastre causará daños irreversibles a la soberanía agroalimentaria, partiendo del hecho de que dicha industria aporta un 49% de la oferta de consumo al fresco de pescados en Venezuela, pudiendo generar desabastecimiento, aumento de precios de los productos pesqueros y aumento de importaciones. Es evidente que la prohibición contenida en el artículo 23 generará un estado de desabastecimiento del rubro de pescado fresco, más aun si consideramos el hecho de que el aporte de especies capturadas por la industria de arrastre proporciona al mercado nacional alrededor de 39.177 toneladas de una gran variedad de pescado que están entre las de menor costo del mercado y que constituyen una parte importante de la dieta del venezolano, tal como se evidencia de los estimados de la flota industrial de arrastre incluidos en el informe presentado por la representación del sector pesquero industrial en la mesa técnica de trabajo a la que se ha hecho referencia a lo largo del presente escrito, el cual anexamos a la presente marcado N. Así, no sólo los empresarios de la industria pesquera nacional se verán afectados, sino que la población sufrirá inmediatamente los efectos, al ver cercenada la posibilidad de acceder a una serie de alimentos esenciales provenientes del mar. En este sentido, debemos recordar que además de los camarones, la pesca de arrastre permite la captura de peces de gran importancia para el autoabastecimiento, como: el roncador, el corocoro, la curbina, la curbinata, el tajalí y la perla, entre otros, los cuales son, además, de las especies más económicas del mercado, aportando una contribución porcentual al consumo directo en fresco del 49%. De esta manera la prohibición de la pesca de arrastre en los términos establecidos en la Ley de Pesca, puede generar grandes daños a la población en general, al no poder conseguir productos provenientes de la pesca, o conseguirlos a precios excesivamente altos.
Que La prohibición de la pesca de arrastre establecida en el artículo 23 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia después de un año contado desde la fecha de su publicación. En este sentido, es importante recordar que aun cuando existía la referida vacatio legis, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Pesca, los pescadores nacionales cesaron su actividad de pesca de arrastre por algunas semanas, produciendo resultados alarmantes para el colectivo. En efecto, durante este período se empezaron a generar muchos de los daños que hemos denunciado, siendo el principal el desabastecimiento de productos pesqueros. Esta situación fue rápidamente corregida por el Ejecutivo Nacional, quien ordenó a la industria pesquera nacional continuar con la pesca de arrastre inmediatamente, mediante Resolución Nº DM/095/2008 del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (publicada en Gaceta Oficial Nº 38.916, en fecha 23 de abril de 2008, que consta en el anexo marcada F), tal como ha sido reseñado a través de distintos medios de prensa (consignamos artículos de prensa relacionados marcados O). Tal Resolución fue dictada en base a la obligación del Ejecutivo Nacional de proteger el interés colectivo de satisfacer las necesidades alimentarias inherentes al derecho a la vida. Ahora bien, en esa oportunidad, debido al corto período de tiempo durante el cual se suspendió la pesca de arrastre, se pudo revertir rápidamente los daños causados por su suspensión. Sin embargo, una vez que culmine la vacatio legis y entre en vigencia la referida prohibición, la pesca de arrastre cesará por completo y de forma permanente, con lo cual los daños al colectivo y a la industria pesquera nacional también serán permanentes e irreversibles.
Que actualmente, [el] producto de la pesca de arrastre, ( ) representa sin duda el tipo de pesca más importante a nivel nacional, [y] se generan una gran cantidad de empleos directos e indirectos. Sin embargo, la baja o nula rentabilidad que producirá la prohibición de esta modalidad de pesca obligará a las empresas pesqueras a reducir el número de trabajadores considerablemente o simplemente eliminarlos por completo, al no poder hacer frente a los compromisos económicos. Es importante hacer referencia a las estadísticas incluidas en el informe presentado por la representación del sector pesquero industrial en la mesa técnica de trabajo, en la cual participan conjuntamente, el INSOPESCA, el INEA y los Armadores, el cual se encuentra anexo al presente recurso marcado N. De acuerdo con la información allí incluida, los indicadores de empleos directos e indirectos generados por la flota pesquera industrial de arrastre son de 6.312 empleos directos, entre los cuales se incluyen las tripulaciones de los barcos, la tripulación de relevo, los trabajadores en tierra por barco, rederos, mecánicos, vigilantes, soldadores, descargadores, personal administrativo, entre otros; 6.080 empleos generados por la industria de apoyo a las unidades de producción, entre los cuales se incluyen los astilleros, varaderos, talleres, proveedores, muelles, plantas de hielo, entre otros; 3.060 empleos en plantas procesadoras y 10.270 empleos generados por el transporte y la comercialización de la producción, entre los cuales se encuentran los caveros y bicicleteros, entre otros, lo cual da un total de 25.722 empleos totales, derivados de la actividad de la flota industrial de arrastre.
Que conjuntamente con la suspensión de la prohibición de la pesca de arrastre establecida en el artículo 23 de la Ley de Pesca, en el presente caso; resulta igualmente indispensable la suspensión de los artículos 46, 47 y 102 de la Ley de Pesca, ante la inminencia de un daño irreparable, producido por el hecho de que estos artículos prevén contribuciones especiales que no respetan la capacidad contributiva de sus destinatarios (artículo 46 y 47) y en el caso de la pesca industrial sancionan severamente el incumplimiento de tal aporte (artículo 102). En efecto, aun cuando se suspenda la prohibición de la pesca de arrastre (artículo 23) en los términos que solicitamos, los pescadores industriales y artesanales se verán afectados financieramente de forma irreparable, por la imposición de una carga tributaria, cuyo quantum ni siquiera está claramente establecido en la Ley de Pesca. En efecto, el Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de fijar discrecionalmente los porcentajes de estos aportes, los cuales aunado al resto de las cargas tributarias que pesan sobre la actividad pesquera industrial y artesanal, pueden afectar irreversiblemente la capacidad financiera de los pescadores artesanales o industriales, llevando a estas industrias a la quiebra con los consecuentes daños que hemos esbozado en los puntos anteriores. De forma que, si no se suspenden los artículos sobre los que se solicita la medida cautelar innominada, una sentencia definitiva que declare la nulidad de los mismos será completamente inocua a los fines de resguardar a los intereses de la población en general y de la industria pesquera nacional. Queda evidenciada de esta manera la existencia del peligro de daño en el presente caso y la necesidad inminente y urgente de que se decrete la suspensión de los artículos a los que nos hemos referido en el presente capítulo y así lo solicitamos.
Que en cuanto al fumus boni iuris o apariencia o presunción del buen derecho ( ), la Ley de Pesca se encuentra viciada de nulidad absoluta ya que fue dictada sin consulta previa, en contradicción con el artículo 70 de la Constitución y los artículos 136 y l37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente para la fecha de su publicación, los cuales prevén las normas relativas a los medios de participación política de los ciudadanos, su procedimiento y consecuencias ( ). En segundo lugar, sobran razones que evidencian la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de Pesca, por violación del principio de proporcionalidad y racionalidad ( ). En tercer lugar, resulta indiscutible que, partiendo de la base de que la prohibición prevista en el artículo 23 es desproporcionada e irracional -tal como hemos evidenciado extensamente-, el hecho de que las empresas pesqueras no puedan realizar su actividad de pesca industrial de arrastre cercena el libre ejercicio de su actividad económica, ya que al verse impedidos de ejercer su actividad, no solo se les está impidiendo realizar esas actividades sino que además dejarán de percibir el beneficio o rendimiento que producirían las referidas operaciones económicas, ahora prohibidas ( ). En cuarto lugar, la norma contenida en el artículo 23 viola el principio constitucional de igualdad y no discriminación ya que resulta contrario a los fines perseguidos por la Ley de Pesca, el hecho de prohibir por completo la pesca industrial de arrastre, dejando a salvo la pesca de arrastre artesanal la cual se encuentra permitida, violentándose así el derecho constitucional a la igualdad ( ). En quinto lugar, tal como fue desarrollado anteriormente existen razones que evidencian claramente que las contribuciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca son tributos, siendo que dicha contribución: (i) es una prestación patrimonial de carácter obligatorio; (ii) se encuentra establecida en una Ley y; (iii) busca de la consecución de los fines del Estado. Sin embargo, tales contribuciones son contrarias a principios fundamentales del derecho tributario y por tanto, resultan inconstitucionales.
Respecto a la ponderación entre el interés general y el interés particular ( ) en el presente caso nos encontramos entre la disyuntiva de mantener o no la vigencia de la prohibición de la pesca de arrastre, la cual como hemos señalado, a pesar de tener algunos beneficios ambientales, afecta a toda la industria pesquera nacional y a la población en general, se vería perjudicada al verse limitada en su acceso a los productos provenientes de la pesca, entre otros daños que deberá sufrir. Igualmente, se debe sopesar las ventajas y desventajas de mantener el aporte a que se refieren los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca. En este sentido, debe destacarse que este aporte puede afectar gravemente la capacidad financiera de empresas dedicadas a la pesca industrial y artesanal de arrastre y conlleva a la paralización de la actividad y escasez en la oferta alimentaria. Igualmente, de mantenerse la obligación del aporte se generarán daños a toda la colectividad debido a pérdidas importantes del producto de la pesca, siendo que el Estado no cuenta con la capacidad de almacenar, procesar o distribuir debidamente una cantidad de productos pesqueros como la establecida en los citados artículos. Ante estos posibles perjuicios claramente es más beneficioso mantener la situación en su estado actual, protegiendo los intereses colectivos mientras dura el juicio que en definitiva determinará la constitucionalidad de los artículos cuya nulidad se solicita.
Finalmente, solicitaron se declare con lugar el recurso de nulidad interpuesto.
II
DE LA COMPETENCIA
En el presente caso, se ha ejercido un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra los ( ) artículos 23, 46, 47 y 102 del Decreto Nº 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Pesca ( ) publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.877 Extraordinario del 14 de marzo de 2008.
En cuanto a la competencia para conocer de recursos como el presente, esta Sala advierte que la competencia para declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados por el Ejecutivo Nacional en ejecución directa e inmediata de la Norma Fundamental, se encuentra asignada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el último aparte del artículo 336.3 de la Carta Magna, según el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, ( ) Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución ( ) y del artículo 5, numeral 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, por cuanto el acto impugnado en autos ha sido dictado en ejecución de la potestad conferida al Presidente de la República en el artículo 236.8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tienen -tal como lo dispusiera el Constituyente de 1999- rango y fuerza de ley, de conformidad con la competencia expresa otorgada a esta Sala por las referidas normas de la Constitución y de la ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal de la República, la misma se declara competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
Esta Sala advierte que revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no se evidencia alguna de las mismas en el presente recurso, de manera que no advierte en su estudio preliminar esta Sala: ley alguna que disponga su inadmisibilidad; que el conocimiento del mismo corresponda a otro Tribunal; que se haya acumulado a otro recurso con el que se excluya o cuyos procedimientos sean incompatibles; que falten los documentos indispensables para su admisibilidad; que contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos; que su contenido resulte ininteligible a los efectos de su tramitación; así como tampoco se evidencia falta de representación o legitimidad de las recurrentes, ni tampoco cosa juzgada. De manera que, esta Sala admite el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho, sin perjuicio de la potestad que le asiste de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso.
Como consecuencia de dicha admisión, en virtud de lo establecido por esta Sala en sentencia Nº 1.645 del 19 de agosto de 2004 (caso: Constitución Federal del Estado Falcón) y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la Procuradora General de la República, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. A tales fines, remítase a los citados funcionarios copia certificada del escrito del recurso, de los recaudos aportados por los actores y del presente fallo de admisión.
Finalmente, se ordena notificar mediante oficio a la Fiscala General de la República y la Defensora del Pueblo y, siguiendo el criterio fijado por esta Sala en la sentencia Nº 1.238 del 21 de junio de 2006 (caso: Cámara Venezolana de Almacenes Generales de Depósito, CAVEDAL), se ordena la notificación de las actoras y el emplazamiento de los interesados mediante cartel que será librado por el Juzgado de Sustanciación dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a que conste en autos mediante diligencia del alguacil haberse efectuado la notificación de las recurrentes en el domicilio procesal indicado en autos. Vencido el mencionado lapso de tres (3) días, las recurrentes cuentan con un lapso de treinta (30) días de despacho para retirar, publicar -en uno de los diarios de mayor circulación nacional- y consignar el cartel de emplazamiento. En caso que la parte recurrente no retire, publique y consigne el cartel de emplazamiento dentro del referido lapso de treinta (30) días, la Sala declarará la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se advierte que si la parte recurrente no consigna un ejemplar del cartel publicado en prensa dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, así no se haya vencido el referido lapso de treinta (30) días de despacho, la Sala declarará desistido el recurso y ordenará el archivo del expediente de conformidad con el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
IV
DE LA MEDIDA CAUTELAR
La doctrina de la Sala en materia de solicitud de medida cautelar acumulada al recurso de nulidad por inconstitucionalidad (Cfr. Fallo de esta Sala Nº 1.181/2001), ha sido conteste en afirmar que la medida de inaplicación requerida supone una interrupción temporal de la eficacia del contenido normativo de la disposición impugnada y que, como tal, constituye una importante excepción legal al principio general, según el cual, con base en la presunta validez intrínseca a todo acto legal, éste tiene fuerza obligatoria y produce todos sus efectos desde el momento mismo de su publicación en la Gaceta Oficial, aplicándose únicamente como medida de protección cuando sea muy difícil reparar por sentencia definitiva los daños que resulten de la aplicación del contenido normativo del texto legal impugnado, por tanto, para que pueda ser acordada, tiene que existir una verdadera y real justificación, ya que su manejo desequilibrado causaría un quebrantamiento del principio de autoridad.
Adicionalmente, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en cuanto a que los extremos requeridos por el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, son necesariamente concurrentes junto al especial extremo consagrado en el parágrafo primero del artículo 588 eiusdem, es decir, que debe existir fundado temor de que se causen lesiones graves o de difícil reparación cuyo origen ha de ser la aplicación de la norma impugnada, de manera tal, que faltando evidencia de cualquiera de estos elementos, el juez constitucional no podría bajo ningún aspecto decretar la medida preventiva, pues estando vinculada la controversia planteada en sede constitucional con materias de Derecho Público, donde puedan estar en juego intereses generales, el juez debe además realizar una ponderación de los intereses en conflicto para que una medida particular no constituya una lesión de intereses generales en un caso concreto.
Así las cosas, partiendo de las premisas fundamentales para el otorgamiento o no de solicitudes de cautelares innominadas en procedimientos de nulidad por motivos de inconstitucionalidad, como son (i) el carácter excepcional de la inaplicación de una norma; (ii) la verosimilitud del derecho que se dice vulnerado o amenazado; (iii) la condición de irreparable o de difícil reparación por la definitiva de la situación jurídica o derecho que se alega como propio; (iv) la posibilidad efectiva de que se produzcan nuevos daños a la parte actora u otras personas por la aplicación de la norma cuya nulidad se pretende; y (v) la necesidad de evitar perjuicios en la satisfacción de intereses comunes a todos los integrantes de la sociedad, la Sala analizará la solicitud cautelar de las recurrentes que pretende la suspensión temporal y general de algunos artículos del Decreto Ley objeto de impugnación.
En el contexto expuesto, el motivo específico que legitima a los actores para solicitar la tutela cautelar se fundamenta a su juicio en que la Ley de Pesca se encuentra viciada de nulidad absoluta ya que fue dictada sin consulta previa, en contradicción con el artículo 70 de la Constitución y los artículos 136 y l37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente para la fecha de su publicación, los cuales prevén las normas relativas a los medios de participación política de los ciudadanos, su procedimiento y consecuencias ( ). En segundo lugar, sobran razones que evidencian la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de Pesca, por violación del principio de proporcionalidad y racionalidad ( ). En tercer lugar, resulta indiscutible que, partiendo de la base de que la prohibición prevista en el artículo 23 es desproporcionada e irracional -tal como hemos evidenciado extensamente-, el hecho de que las empresas pesqueras no puedan realizar su actividad de pesca industrial de arrastre cercena el libre ejercicio de su actividad económica, ya que al verse impedidos de ejercer su actividad, no solo se les está impidiendo realizar esas actividades sino que además dejarán de percibir el beneficio o rendimiento que producirían las referidas operaciones económicas, ahora prohibidas ( ). En cuarto lugar, la norma contenida en el artículo 23 viola el principio constitucional de igualdad y no discriminación ya que resulta contrario a los fines perseguidos por la Ley de Pesca, el hecho de prohibir por completo la pesca industrial de arrastre, dejando a salvo la pesca de arrastre artesanal la cual se encuentra permitida, violentándose así el derecho constitucional a la igualdad ( ). En quinto lugar, tal como fue desarrollado anteriormente existen razones que evidencian claramente que las contribuciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca son tributos, siendo que dicha contribución: (i) es una prestación patrimonial de carácter obligatorio; (ii) se encuentra establecida en una Ley y; (iii) busca de la consecución de los fines del Estado. Sin embargo, tales contribuciones son contrarias a principios fundamentales del derecho tributario y por tanto, resultan inconstitucionales.
Asimismo, no cabe duda que para analizar si existe una presunción de buen derecho en el presente caso, habría que definir si existe una violación del ( ) artículo 70 de la Constitución y los artículos 136 y l37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de Pesca, por violación del principio de proporcionalidad, racionalidad y a la igualdad y no discriminación; al derecho al libre ejercicio de su actividad económica; [y si] las contribuciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca son tributos o el artículo 102 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, viola el principio de tipicidad al no consagrar el monto de la multa a aplicar en caso de incumplimiento del aporte consagrado en el artículo 47 de la ley en comento, transgrediendo así el principio de reserva legal y tipicidad de la infracción y de la sanción, previsto en el artículo 49 de la Constitución, y vincular cada supuesto al caso concreto.
Para ello, la Sala advierte respecto a las afirmaciones de las recurrentes vinculadas a la ponderación entre el interés general y el interés particular, que en su escrito argumentaron que en el presente caso ( ) entre la disyuntiva de mantener o no la vigencia de la prohibición de la pesca de arrastre, la cual como hemos señalado, a pesar de tener algunos beneficios ambientales, afecta a toda la industria pesquera nacional y a la población en general, se vería perjudicada al verse limitada en su acceso a los productos provenientes de la pesca, entre otros daños que deberá sufrir. Igualmente, se debe sopesar las ventajas y desventajas de mantener el aporte a que se refieren los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca. En este sentido, debe destacarse que este aporte puede afectar gravemente la capacidad financiera de empresas dedicadas a la pesca industrial y artesanal de arrastre y conlleva a la paralización de la actividad y escasez en la oferta alimentaria. Igualmente, de mantenerse la obligación del aporte se generarán daños a toda la colectividad debido a pérdidas importantes del producto de la pesca, siendo que el Estado no cuenta con la capacidad de almacenar, procesar o distribuir debidamente una cantidad de productos pesqueros como la establecida en los citados artículos. Ante estos posibles perjuicios claramente es más beneficioso mantener la situación en su estado actual, protegiendo las intereses colectivos mientras dura el juicio que en definitiva determinará la constitucionalidad de los artículos cuya nulidad se solicita; ello lejos de generar en la Sala la convicción de otorgar una tutela cautelar a la protección de las pretensiones de las recurrentes, plantea una conjetura -en lo que se refiere a la procedencia de la medida cautelar- respecto a la magnitud y consecuencias de los posibles perjuicios ambientales que generaría la continuación de la explotación industrial de la pesca de arrastre en los términos que había sido ejercida antes de la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.877 Extraordinario del 14 de marzo de 2008.
Al respecto, la Sala reitera que cuando la Constitución regula al Poder Judicial también norma el ejercicio de la jurisdicción (potestad de administrar justicia) y que las actuaciones judiciales estén dirigidas principalmente, a resolver controversias entre partes que requieren la declaratoria de derechos, mediante el trámite de un debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala del 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo). El proceso como instrumento fundamental para la obtención de la justicia (artículo 257 constitucional), tiene repercusiones más allá de los mecanismos adjetivos que de forma abstracta el Poder Nacional instaura por vía legislativa (justicia formal), por lo que alcanza la aplicación concreta que de tales mecanismos realiza el juzgador (justicia material).
En tal sentido, los principios constitucionales antes señalados además de insistir en la naturaleza instrumental, simple, uniforme y eficaz que debe observar todo proceso judicial llevado ante los Tribunales de la República, establece que el fin primordial de éste, es garantizar que las decisiones que se dicten a los efectos de resolver las controversias entre las partes no sólo estén fundadas en el Derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver.
Desde tal perspectiva, deviene en una verdadera obligación del Poder Judicial la búsqueda de medios para propender a armonizar en el marco de un debido proceso, los distintos componentes que conforman la sociedad, debiendo a tal efecto emplear sus iniciativas probatorias oficiosas, a los fines de lograr un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en un caso (artículos 253, 254, 256 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
El medio para lograr esa necesaria armonización de la sociedad, debe ser el resultado necesario de una interpretación de la Constitución que responda a las necesidades de la sociedad en un momento determinado, tomando en cuenta el impacto y alcance de las decisiones que se asuman.
Así, no se concibe una efectiva tutela judicial sin la posibilidad del intérprete de la Constitución, de actuar con pleno conocimiento de la realidad social y una amplia facultad de elección en materia de hermenéutica jurídica. En tal sentido, la protección efectiva de los derechos fundamentales, no son únicamente el resultado de una interpretación amplia y liberal de su contenido, sino la respuesta a las necesidades inmediatas y futuras que plantea la sociedad en su devenir -Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 262/05 y 692/05-.
De ello resulta pues, que la Sala deba reiterar que los derechos ambientales a la par del derecho a la seguridad alimentaria se caracteriza en que su tutela se dirige fundamentalmente a la protección de generaciones futuras -vgr. Explotación sustentable de los recursos naturales-, lo que necesariamente requiere un conocimiento de la situación real vinculada a la presunta lesión constitucional, que comporta una especial diligencia en materia probatoria de los interesados, que no sólo genere en el órgano jurisdiccional una presunción que trascienda la posible conformidad a derecho de sus pretensiones, sino que además permita determinar la incidencia de cualquier medida sobre el interés general, ya que el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales son considerados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad -Cfr. Artículo 127 y Preámbulo de la Constitución-.
En ese sentido, no basta para la procedencia de medidas cautelares en materias de especial sensibilidad por el interés común inserto, afirmar que se afecta a toda la industria pesquera generando perjuicios de carácter económico, sin vincular esa supuesta afectación particular a daños de carácter colectivo o general actuales y futuros -aunque ello sea un simple cálculo de probabilidad-, que permita efectivamente formular la ponderación de intereses en el caso concreto.
Ello es consecuencia inmediata del contenido de los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, en la medida que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, por lo que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
Existe entonces desde el punto de vista constitucional, un parámetro interpretativo que se traduce a nivel cautelar, en la obligación del juez de determinar que actividades económicas comportan una gestión del patrimonio ambiental que comprometan las posibilidades de las generaciones presentes y futuras; teniendo presente en todo caso, que la afectación al medio ambiente muchas veces se concreta en actividades que provocan por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible del mismo.
En tal sentido la Sala ha señalado que se observa desde una perspectiva ecológica, que la degradación del medio ambiente ha tenido un efecto desproporcionado, pues muchas veces las presiones comerciales impiden la protección y la utilización colectiva de la biodiversidad de los ecosistemas y la existencia de sistemas justos y equitativos de distribución de los beneficios obtenidos de los recursos naturales, limitando la dimensión ambiental a acuerdos económicos, y no a las reales necesidades sociales y medioambientales de la humanidad -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 1.515/06-.
Desde esa perspectiva, permitir cautelarmente el desarrollo de una actividad económica que el legislador considera contraria a los intereses de la sociedad en contar con un medio ambiente seguro y sano, por el daño -grave o irreversible- que a su juicio esta causa, debe ser consecuencia de un análisis que evite que la tutela cautelar se convierta en instrumento de desigualdad e injusticia, en la defensa de derechos particulares sobre el interés general en la preservación de un ambiente ecológicamente equilibrado.
Así, en el presente caso la Sala no advierte preliminarmente que la aplicación de la mencionada normativa haya afectado la seguridad agroalimentaria o generado situaciones de escasez de productos, o a la población en general ( ) al verse limitada en su acceso a los productos provenientes de la pesca, entre otros daños que deberá sufrir. Igualmente, tampoco se verificó preliminarmente que efectivamente la práctica de la pesca industrial de arrastre no genere -o se constituya en una actividad riesgosa capaz de producir- una afectación ambiental que perjudique bienes jurídicos ambientales o el equilibrio ecológico tutelado por la Constitución, por el contrario, en su escrito las recurrentes afirman, que en la exposición de motivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura se pretendía erradicar la práctica que tantos perjuicios ha generado, pues conduce a terribles daños ecológicos al fondo o lecho marino, pero desconoce que tanto la pesca industrial como la artesanal son potencialmente capaces de generar el mismo impacto a los recursos marinos que con la norma se pretenden proteger.
Por lo tanto, dado que no cursan en autos elementos de juicio que pudieran generar en esta Sala la simple verosimilitud de dichos alegatos o de otras circunstancias que sean suficientes para considerar presuntamente que la ejecución de las normas afectadas causarán algún perjuicio a la sociedad o las instituciones nacionales que permitan a esta Sala el ejercicio de sus potestades cautelares, en consecuencia, se declara improcedente la medida cautelar solicitada. Así se decide.
V
DE LA ACUMULACIÓN
Esta Sala, por notoriedad judicial, conoce del trámite simultáneo de otro expediente contentivo del recurso de nulidad ejercido contra los artículos 23 y 30 del Decreto N° 5.930 con rango, Valor y Fuerza de la Ley de Pesca y Acuicultura, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.877 Extraordinario del 14 de marzo de 2008. Así, en expediente distinguido con el Nº 2009-0353, en el cual se dictó la sentencia Nº 912/09, que admitió la demanda de nulidad.
En atención a tal situación y a la posible conexión de dichas causas, se observa que la institución de la acumulación permite agrupar causas o procesos cuando coinciden algunos de los elementos integrantes de la acción procesal, a saber: los sujetos, la pretensión y el título o causa petendi. Dicha institución encuentra sentido en la intención de que se dicte una sola sentencia, en la cual se abarquen todas las causas iniciadas, en aras del principio de economía procesal, así como para evitar que cursen causas por separado que podrían llevar a sentencias contrarias.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, si bien no regula expresamente lo atinente a la acumulación sí prevé, en el primer aparte de su artículo 19, lo siguiente: Las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se contemple un procedimiento especial a seguir, se podrá aplicar el que juzgue más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga su fundamento jurídico legal.
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 51 y 79, establece lo siguiente:
Artículo 51.- Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido.
La citación determinará la prevención.
En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.
Artículo 79.- En los casos de los artículos 48 y 51, habiendo quedado firme la declaratoria de accesoriedad, de conexión, o de continencia, las causas se acumularán y se seguirán en un solo proceso ante el Juez declarado competente, y se suspenderá el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la otra se halle en el mismo estado, terminándolas con una misma sentencia.
Así, visto que el recurso de nulidad contenido en el expediente Nº 2009-0353, guarda una incuestionable vinculación con la presente causa, ya que presentan similares elementos objetivos de la pretensión, esto es título y objeto; en efecto, los fundamentos de hecho y de derecho de la causa petendi, es decir, el título en cada uno de los referidos expedientes al igual que el objeto, que se circunscribe a la declaratoria de nulidad de varias disposiciones que conforman el Decreto N° 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Pesca y Acuicultura y, en particular del artículo 23 eiusdem. Por consiguiente, las causas a que se contraen dichos procedimientos son conexas entre sí, conforme al cardinal 3 del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente (...) 3º Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes.
De ello resulta pues, que precisado lo anterior y visto que la causa contenida en el expediente Nº 2009-0353 previno en relación con la presente causa, esta Sala en atención a lo previsto en el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil y no existiendo supuesto alguno de los contemplados en el artículo 81 eiusdem que impida la acumulación, procede a acordar ésta, a fin de evitar sentencias contradictorias y en aras de la celeridad y economía procesal.
Por lo expuesto, esta Sala acumula el recurso de nulidad contenido en el presente expediente Nº 2009-0211 al expediente signado con el Nº 2009-0353, por lo que se suspende la tramitación del expediente Nº 2009-0353, hasta tanto la presente causa se encuentre en el mismo estado, conforme al artículo 79 eiusdem, y así se declara.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
1.- COMPETENTE y ADMITE el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León y Nelly Herrera Bond, en carácter de representantes judiciales de las sociedades mercantiles FLOTA PESQUERA MUJICA RUÍZ, C.A. (FLOMURCA) y PRODUCTORA PESQUERA, C.A. (PRODUPESCA); ya identificadas, contra los ( ) artículos 23, 46, 47 y 102 del [Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura] ( ) publicad[o] en la Gaceta Oficial Nº 5.877 Extraordinario del 14 de marzo de 2008.
2.- Se ORDENA la notificación de las actoras, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a la Procuradora General de la República, la Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo, así como el emplazamiento de los interesados mediante cartel que será librado por el Juzgado de Sustanciación dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a que conste en autos mediante diligencia del alguacil haberse efectuado la notificación de las recurrentes en el domicilio procesal indicado en autos. Vencido el referido lapso de tres (3) días, las recurrentes cuentan con un lapso de treinta (30) días de despacho para retirar, publicar -en uno de los diarios de mayor circulación nacional- y consignar el cartel de emplazamiento.
3.- IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada.
4.- ACUMULA el recurso de nulidad contenido en el presente expediente Nº 2009-0211 al expediente signado con el Nº 2009-0353, por lo que se suspende la tramitación del expediente Nº 2009-0353, hasta tanto la presente causa se encuentre en el mismo estado, conforme al artículo 79 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de mayo de dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº AA50-T-2009-0211
LEML/
El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento respecto del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa su voto salvado en los siguientes términos:
La decisión que precede negó la medida cautelar innominada de suspensión de efectos de los artículos 23, 46, 47 y 102 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, por cuanto no estarían demostrados los requisitos del fumus boni iuris y periculun in mora para su conferimiento.
Quien suscribe como disidente no comparte tal pronunciamiento de la mayoría, ya que la parte actora razonó suficientemente la presencia de los extremos procesales, cuyo cumplimiento es indispensable para que se acuerde cualquier cautela.
En efecto, el requisito del fumus boni iuris implica que exista presunción del derecho que se reclama; implicación que, evidentemente, exige un análisis presuntivo y a priori de la probabilidad de éxito de la pretensión principal en este caso de nulidad-, lo que no es, en modo alguno, un adelanto ni se inmiscuye en el fondo del asunto. De lo contrario, nunca sería procedente la medida cautelar de suspensión de efectos de actos, sean normativos o no. (vid. entre otras muchas, sentencia n.° 3082/05).
De este modo, no es acertado el señalamiento del veredicto del que se difiere en el sentido de que no cabe duda que para analizar si existe una presunción de buen derecho en el presente caso, habría que definir si existe una violación del ( ) artículo 70 de la Constitución y los artículos 136 y 137 de la Ley orgánica de la Administración Pública; la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de Pesca, por violación del principio de proporcionalidad, racionalidad y a la igualdad y no discriminación; al derecho al libre ejercicio de su actividad económica; [y si] las contribuciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Pesca son tributos o el artículo 102 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, viola el principio de tipicidad alno consagrar el monto de la multa a aplicar en caso de incumplimiento del aporte consagrado en el artículo 47 de la ley en comento, transgrediendo así el principio de reserva legal y tipicidad de la infracción y de la sanción, previsto en el artículo 49 de la Constitución, y vincular cada supuesto al caso concreto, análisis que no puede realizarse en esta etapa del proceso para otorgar la cautelar solicitada, pues evidenciaría un incuestionable pronunciamiento de fondo Cfr. Sentencia de esta Sala n° 5090/05-.
Por otra parte, es importante el recordatorio de que el juzgador, en el juzgamiento cautelar, hace un juicio de verosimilitud y no de plena certeza, mientras que en la sentencia de mérito el juzgamiento es definitivo.
Quien difiere lamenta que la Sala asuma una conducta que no es acorde con la garantía del derecho a la tutela judicial eficaz de los usuarios del sistema de justicia, dentro de la cual se inscribe el derecho a la obtención de una protección cautelar cuando se cumpla con los requisitos de ley.
En el caso de autos, este voto salvante opina que las demandantes argumentaron con solidez y seriedad su pretensión cautelar. De esa manera, la Sala debió juzgar el fondo de la tutela preventiva, pues se expuso que la iniciación de la vigencia de las normas que se impugnaron tendría graves y dañinas consecuencias en la seguridad alimentaria nacional, ya que la eliminación total de la pesca industrial de arrastre equivale a la desaparición del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la oferta de pescado fresco en el país, con lo cual se generará un desabastecimiento importante en ese rubro alimenticio.
La parte actora, como refutación de que la pesca de arrastre causa daños al fondo marino principal causa de su eliminación, según su opinión-, señaló que en lugar de su erradicación total, el Ejecutivo Nacional debió regular ese tipo de actividad pesquera, tal como se ha hecho en otros países, donde se aplican técnicas capaces de escoger, submarinamente, las especies de provecho para el mercado y alimentación, y desechar las que resulten inservibles para esos fines.
La mayoría sentenciadora no valoró la consignación que las accionantes hicieron en autos de la Resolución n.° DM/095/2008, que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras expidió para proteger el interés colectivo de satisfacer las necesidades alimentarias inherentes al derecho a la vida. Las actoras alegaron que la ley que impugnan tiene una vacatio de un año, pero que, como anticipación a los efectos negativos que tendría su aplicación, de manera voluntaria y antes de la prohibición legal, los pescadores de arrastre decidieron suspender, momentáneamente, sus actividades, pero, al poco tiempo, fueron conminados a retomarlas ante el daño que se estaría causando. En criterio de quien discrepa, esa decisión ministerial tenía importancia y debió apreciarse para la comprobación del requisito del fumus boni iuris y periculun in mora que fueron desestimados con el argumento indebido de que su análisis implicaría un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión principal.
En conclusión, quien disiente considera que sí estaban cubiertos los requisitos para la procedencia de la medida cautelar que se solicitó.
Queda así expuesto el criterio del Magistrado que rinde este voto salvado.
Fecha retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice /
presidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
/
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 09-0211
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