Venley

Sentencia N.º 38

Sentencia
N.º 38
Fecha
20/01/2006
Sala
Constitucional
Expediente
03-1154
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante Oficio No. 169 del 24 de abril de 2003, el Juzgado Superior Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados César Arnaldo Jiménez y Haydeely Carrasco Ortega, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 12.713 y 70.835, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos SALVATORE VITAGLIANO SARNO y FELICIANO VITAGLIANO SALDIVIA, titulares de las cédulas de identidad Nos 7.375.710 y 7.421.607, respectivamente, contra la decisión dictada el 13 de junio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que revocó el fallo dictado el 14 de diciembre de 2001, por el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de esa misma Circunscripción Judicial, y declaró sin lugar la demanda que por cobro de bolívares seguían los accionantes contra el ciudadano Juan Pablo José Ceballos Lobo, titular de la cédula de identidad No. 7.462.039.

Tal remisión obedece a la apelación ejercida por la parte accionante (que no fundamentó) contra la decisión dictada, el 14 de abril de 2003, por el referido Juzgado Superior, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta.

El 6 de mayo de 2003, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó la Ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 1 de octubre de 1998, los ciudadanos Salvatore Vitagliano Sarno y Feliciano Vitagliano Saldivia, interpusieron demanda por cobro de bolívares contra el ciudadano Juan Pablo José Ceballos Lobos, ante el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

El 14 de diciembre de 2001, el referido juzgado, dictó decisión mediante la cual declaró con lugar la demanda intentada por los ciudadanos Salvatore Vitagliano Sarno y Feliciano Vitagliano Saldivia, condenando al ciudadano Juan Pablo José Ceballos Lobos, a pagar la cantidad de dinero de cuatro millones cincuenta mil ciento quince bolívares con setenta céntimos (Bs. 4.050.115,70), así como los intereses moratorios y la corrección monetaria, que ordenó calcular en experticia complementaria.

El 22 de enero de 2002, la apoderada judicial de la parte demandada, ejerció recurso de apelación contra la decisión mencionada supra, por considerar que la misma “resulta contraria y no se ajusta a derecho”.

El 13 de junio de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a quien correspondió conocer de la apelación, dictó decisión mediante la cual revocó el fallo del Juzgado Primero del Municipio Iribarren de esa misma Circunscripción Judicial, y declaró sin lugar la demanda interpuesta por los ciudadanos Salvatore Vitagliano Sarno y Feliciano Vitagliano Saldivia.

El 26 de julio de 2002, se efectuaron las notificaciones de la decisión anterior a los ciudadanos Salvatore Vitagliano Sarno y Feliciano Vitagliano Saldivia.

El 23 de enero de 2003, los aludidos ciudadanos, interpusieron la presente acción de amparo ante El Juzgado Superior Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Señalaron los apoderados judiciales de los accionantes en su escrito de amparo lo siguiente:

Que la demanda por cobro de bolívares que interpusieron sus representados ante el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, tuvo como objeto “el pago de la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE BOLÍVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 4.050.115,70), que les adeudaba el demandado, en carácter de beneficiarios de los siguientes efectos: a) cheque No. 0801061, librado contra la cuenta corriente No. 80-008-1005817, de CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO de fecha 05 de septiembre de 1997, por la suma de 2.500.000,00; b) cheque No. 12597731, girado contra la cuenta corriente No. 121-01800-6, del Banco Capital, de fecha 06-02-97, por la suma de 450.000,00; c) cheque No. 12594873, girado contra la misma cuenta del Banco Capital, el 08 de diciembre de 1996, por la suma de Bs. 164.000,00; d) cheque No. 12597717, girado contra la misma cuenta corriente del Banco Capital, por la suma de Bs. 400.000,00 de fecha 07 de febrero de 1997, (...) y e) el saldo cancelado del pagaré No. 1200997, emitido por el Banco Capital, C.A., del cual el ciudadano FELICIANO VITAGLIANO, en su condición de fiador del obligado principal  JUAN PABLO CEBALLOS canceló la suma de Bs. 178.000,70 por concepto de capital, Bs. 2.610,00 por concepto de intereses de mora y Bs. 5.505,00 por concepto de gastos de cobranza”. 

Que, el 14 de diciembre de 2001, el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dictó decisión mediante la cual declaró con lugar la demanda en referencia, condenando al ciudadano Juan Pablo José Ceballos Lobos a pagar la cantidad de dinero de cuatro millones cincuenta mil ciento quince bolívares con setenta céntimos (Bs. 4.050.115,70), así como los intereses moratorios y la corrección monetaria, que ordenó calcular en experticia complementaria.

Que el 13 de junio de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, vista la apelación ejercida por la parte demandada del juicio principal, dictó sentencia mediante la cual revocó el fallo del Juzgado Primero del Municipio Iribarren de esa misma Circunscripción Judicial, y declaró sin lugar la demanda interpuesta por sus representados.

Que, en la referida sentencia, el juzgado que conoció en alzada de la demanda, omitió “todo pronunciamiento acerca de uno de los petitorios que se habían formulado en el libelo de la demanda, como es, el reclamo del pago de la suma (...) correspondiente al saldo del pagaré No. 1200997 pagado por FELICIANO VITAGLIANO SALDIVIA al Banco Capital C.A., como garante (fiador) del obligado JUAN PABLO CEBALLOS LOBO”.

Que, tal omisión dejó en estado de indefensión a sus poderdantes, vulnerando sus derechos constitucionales relativos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, solicitaron en su escrito de amparo, se restableciera la situación jurídica infringida y, a tal efecto, se anulara el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. 

 

 

III

             DEL FALLO APELADO

El fallo objeto de la presente apelación fue dictado el 14 de abril de 2003, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, luego de haber celebrado la audiencia constitucional, tomando en consideración para tal pronunciamiento lo siguiente:

Que “las razones que aduce el quejoso en su solicitud de amparo constitucional, no tiene real sustentación, puesto que no se evidencia de la sentencia proferida (sic) por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, haya actuado con abuso de autoridad, con usurpación de funciones y su actuación signifique la violación de alguna garantía constitucional, concretamente la de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que hace forzoso concluir por interpretación en contrario sensu del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ”.

IV

COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala la competente para conocer de las apelaciones de las sentencias de amparo constitucional dictadas por los Tribunales Superiores (excepto los Contenciosos Administrativos), Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones, cuando decidan como tribunales de primera instancia.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación de la sentencia emanada del Juzgado Superior Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente esta Sala pasa a resolver la controversia planteada y, a tal efecto, observa:

En el caso de autos, la acción de amparo tiene como objeto la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva por la omisión en la que presuntamente incurrió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en pronunciarse “acerca de uno de los petitorios que se habían formulado en el libelo de la demanda, como es, el reclamo del pago de la suma (...) correspondiente al saldo del pagaré No. 1200997 pagado por FELICIANO VITAGLIANO SALDIVIA al Banco Capital C.A., como garante (fiador) del obligado JUAN PABLO CEBALLOS LOBO”.

Al respecto, precisa la Sala hacer las siguientes consideraciones:

Esta Sala, luego de analizar las actas del expediente, constata que el pedimento central de los demandantes en el juicio que dio lugar a la sentencia accionada, era el pago de la suma de dinero que “les adeudaba el demandado, por (ser) beneficiarios” de los cheques, supra identificados, librados por aquél, así como “la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (BS. 186.115,70) cancelados por el ciudadano Feliciano Vitagliano Saldivia (...) en su carácter de garante del pagaré No. 1200997 de fecha 30 de junio de 1997”.

 Ahora bien, en relación con la suma de dinero reclamada por los demandantes en razón de la cancelación del pagaré No. 1200997, del 30 de junio de 1997, como se observa del expediente, no fue objeto de análisis en la sentencia dictada el 13 de junio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, tal como lo refirió el accionante.

En criterio de esta Sala, tal situación, supone una omisión por parte de la sentencia recurrida respecto a la valoración de planteamientos fundamentales para la pretensión de la parte demandante, lo que da lugar a un vicio de orden constitucional desarrollado por esta Sala, relativo a lo que en la doctrina se conoce como incongruencia omisiva.

            En efecto, el vicio constitucional de incongruencia omisiva, fue objeto de análisis por esta Sala en sentencia Nº 2465 del 15 de octubre de 2002, Caso: José Pascual Medina Chacón, en la que se precisó:

“Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por ´incongruencia omisiva` como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia` (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ´incongruencia omisiva`.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado”.

 

            En el caso de autos, como se evidenció el pago de la suma dinero que presuntamente canceló la parte accionante con motivo al pagaré, identificado supra, formaba parte de la pretensión de la parte demandante, pretensión que de haberse analizado y de haber resultado procedente, el Juzgado Tercero de Primera Instancia  hubiese llegado a una conclusión distinta a la emitida.

            Así las cosas, estima la Sala que la referida omisión de pronunciamiento lesiono el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, de los demandantes, hoy accionantes.

En este sentido, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 señaló:

“...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley”.

 

Asimismo sostuvo en sentencia Nº 2036 del 19 de agosto de 2002 que:

“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

 Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

 

Por su parte, los artículos 15, 243 ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil disponen:

“Artículo 15 

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

 Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...(omissis)...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.

Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión accionada, no se evidencia pronunciamiento alguno referente al reclamo de la suma de dinero que se generó por la cancelación que, presuntamente, realizó el ciudadano Feliciano Vitagliano Saldivia del pagaré, motivo por el cual, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual esta Sala reiterando su propia doctrina sentada en las sentencias parcialmente transcritas, revoca la sentencia dictada por el a quo y declara con lugar la acción de amparo de autos. En consecuencia se revoca la decisión dictada el 13 de junio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En razón de lo expuesto, la Sala ordena a otro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dictar decisión, mediante la cual se pronuncie sobre la pretensión de la parte demandante, hoy accionante, incluyendo la relativa a la suma de dinero que se generó por la cancelación que, presuntamente, realizó el ciudadano Feliciano Vitagliano Saldivia del pagaré, que no fue objeto de análisis en la decisión del 13 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.   

 

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.- CON LUGAR, la apelación que ejerció la representación judicial de la parte accionante.

2.- REVOCA la decisión que dictó, el 14 de abril de 2003, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional de autos. 

3.- CON LUGAR la acción de amparo incoada por los abogados César Arnaldo Jiménez y Haydeely Carrasco Ortega, con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos SALVATORE VITAGLIANO SARNO y FELICIANO VITAGLIANO SALDIVIA, contra la decisión dictada el 13 de junio de 2002, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se REVOCA la referida decisión y se ORDENA a otro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, distinto al que pronunció el fallo accionado, dictar decisión mediante la cual se pronuncie, en los términos expuestos en el presente fallo, sobre la pretensión de la parte demandante, hoy accionante, incluyendo lo relativo al pago de la suma de dinero que se generó por la cancelación que, presuntamente, realizó “el ciudadano FELICIANO VITAGLIANO, en su condición de fiador del obligado principal JUAN PABLO CEBALLOS”, del pagaré No. 1200997, del 30 de junio de 1997.

 Publíquese, regístrese, notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional     del    Tribunal    Supremo     de Justicia,    en Caracas a los  20  días del mes de enero de dos mil seis.  Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

                                               JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                  Magistrado

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

                                                                              Magistrado

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                                    Magistrado

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                                     Magistrado Ponente

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                  Magistrada

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 03-1154

MTDP

 

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