Venley

Sentencia N.º 382

Sentencia
N.º 382
Fecha
11/10/2011
Sala
Casación Penal
Expediente
C11-125
Ponente
Héctor Manuel Coronado Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

Caracas,     once      ( 11 ) de    octubre     de 2011.

201º y 152º

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, integrada por los jueces Trino Rubén Mendoza Istúri, Fanisabel González y María Violeta Toro (ponente), en fecha 15 de febrero de 2011, DECLARÓ SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la abogada Linda De Los Ríos Rattia, actuando en su condición de Defensora Privada de los ciudadanos NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR y JOSÉ TOMÁS TRIBIÑO SOTELDO, venezolanos, con cédulas de identidad Nros 13.592.182 y 14.340.945 respectivamente, y por el abogado Hugo Mendoza, en su carácter de Defensor Público del ciudadano JOSÉ LEONARDO TORO PAREDES, venezolano, con cédula de identidad N° 13.061.990, contra la sentencia condenatoria de fecha 17 de agosto de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENÓ a los mencionados ciudadanos, a cumplir la pena de TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de SECUESTRO, HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR HABERLO COMETIDO CON ALEVOSÍA EN GRADO DE COAUTORES, previstos en el artículo 460, segundo parágrafo, y 406, numeral 1, del Código Penal en concordancia con el artículo 83 ejusdem, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 6, en relación con el artículo 16, numeral 12, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, cometido en perjuicio de JUAN EUGENIO MARTÍN RODRÍGUEZ.

 

Contra la decisión que antecede, interpusieron recurso de casación la ciudadana abogada Linda De Los Ríos Rattia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.596, actuando en su condición de Defensora Privada de los ciudadanos NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR y JOSÉ TOMÁS TRIBIÑO SOTELDO y la ciudadana abogada Adys Sivira Roa, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Defensa Pública del Estado Barinas, actuando en su condición de defensora del ciudadano JOSÉ LEONARDO TORO PAREDES.

 

Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

 

Recibido el expediente, en fecha 11 de abril de 2011, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto en los siguientes términos:

 

Los hechos dados por probados por el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, son los siguientes:

 

CAPÍTULO III

DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

 

“…Este Tribunal de Juicio Unipersonal N° 02, estima acreditados los siguientes hechos:

1.-Quedaron demostrados los hechos ocurridos el día 08/09/2008 cuando el ciudadano víctima del presente proceso penal se encontraba en su negocio denominado Servifrenos Los jardines, ubicado en la avenida industrial de esta ciudad, cuando aproximadamente a las 8:30 pm, sujetos desconocidos portando armas de fuego y bajo amenaza de muerte se llevan secuestrado al señor Juan Martín en un vehículo, quien al momento de los hechos se encontraba en compañía del vigilante de la empresa acusado JOSÉ LEONARDO TORO.

2.-Quedó demostrado que a la víctima lo montan junto con el vigilante en el vehículo rojo, dejando al vigilante en las inmediaciones del “Garzón”.

3.-Quedó demostrado que el vigilante una vez de lo sucedido se trasladó hasta la sede del Servifrenos Los jardines, informándole a los familiares de la víctima de lo acontecido, manifestándole que los sujetos iban a llamar para pedir rescate por la liberación del señor Juan Martín porque era un secuestro tipo express.

4.-Quedó demostrado que después de varios días y en virtud de las labores de investigación practicadas por los órganos de antiextorsión y secuestro, se presenta el acusado JOSÉ LEONARDO TORO a los fines de rendir declaración realizándola por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, manifestando entre otras cosas que: “Trabajaba en el negocio Servifrenos Los Jardines desde el 23/06/2005 y el día lunes 08/09/2008 aproximadamente a las 8:00 pm, recibo la guardia cumpliendo funciones como vigilante de la empresa que desde hace 22 días atrás personas apodadas EL CHITA (NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR) y EL CHELO (JOSÉ TOMÁS TRIVIÑO SOTELDO) y otros apodados EL GORDO PURRY, le dijeron que iban a secuestrar a la víctima que colaborara que a cambio le iban a dar un porcentaje, que lo único que él iba a hacer ese día era avisar con una señal que consistía en levantar la mano para darles a conocer a los secuestradores que el señor Juan no portaba su arma de fuego.

5.-Quedó demostrada la muerte…, manifestando a juicio del experto en patología Dr. JESÚS RAFAEL GONZÁLEZ, que la causa de muerte fue: shock Hipovolémico, pérdida de sangre y paro respiratorio, tal como lo ratificó en esta sala de juicios a través de la experticia N° 9700-143, de fecha 16/09/2008…

6.-Que se solicitaron las respectivas órdenes de allanamiento a practicarse en las direcciones aportadas por el vigilante José Leonardo Toro, quedando a aprehendidos los ciudadanos NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR, JOSÉ TOMÁS TRIVIÑO SOTELDO apodados EL CHITA y EL CHELO, quienes al llegar la comisión policial se identificaron bajo éstos seudónimos; lo cual al ser valorado en su conjunto y de manera individual queda demostrado la participación de los mismos en los hechos acusados por la representación fiscal, por cuanto el vigilante al momento de su detención manifestó de manera clara, precisa, certera; en primer lugar, los apodos de las personas que se llevaron secuestrado a la víctima y en segundo lugar, las direcciones de la casa de habitación de los mismos.

7.-Analizadas y adminiculadas entre sí, todas y cada una de los documentos incorporados por su lectura y rectificados por sus firmantes evacuados durante el debate: …quedó demostrado por quien decide la plena responsabilidad penal del acusado José Leonardo Toro, porque ellos al rendir declaración fueron conteste que el vigilante les informó que tenía conocimiento de las personas que secuestraron a la víctima, informándole que se trataba de unos sujetos apodados EL CHITA y EL CHELO dichos seudónimos recaen en los acusados Neocrites Guedez y José Triviño, a pesar de que el vigilante José Leonardo Toro, al momento de rendir declaración en el contradictorio trató de excluirlos del presente asunto penal…

Este tribunal ha llegado a la consideración que con el análisis de las pruebas evacuadas en juicio oral relativas al cuerpo del delito, concluye que ha quedado efectivamente demostrado, con la declaración de los funcionarios policiales y Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, actuantes en la investigación, los ciudadanos: JESÚS AURELIO SALAZAR, RONALD RIVAS, OTTO ANIBAL CHACÓN, VÍCTOR JOSÉ RODRÍGUEZ, LENIN RODRÍGUEZ, RICHARD CASTILLO, FREDERICK MEZA, VICTORIANO RAMÍREZ, JESÚS ALEXIS PÉREZ, JESÚS RAFAEL GONZÁLEZ, CARLOS VELÁZCO CEGARRA; así como de la testigo de los hechos, la ciudadana CARMEN MARTÍN.

Estas declaraciones analizadas individualmente y en su conjunto han dado a conocer a este Tribunal las circunstancias según las cuales se produjo el delito…quedando plenamente demostrado que los ciudadanos NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR, JOSÉ TOMÁS TRIVIÑO SOTELDO Y JOSÉ LEONARDO TORO PAREDES, fueron COAUTORES de los delitos acusados por el titular de la acción penal, por cuanto de todo el acervo probatorio se demostró que los acusados planificaron días antes en los alrededores de la plaza Zamora de esta ciudad, secuestrar al señor Juan Martín, solicitarle a sus familiares la cantidad de trescientos mil bolívares fuertes por la liberación de la víctima y, del resultado del secuestro se produce la muerte en manos de sus secuestradores del ciudadano Juan Martín; produciéndose en consecuencia con el comportamiento manifestado por los acusados la puesta en peligro de preciados bienes jurídicos tutelados por el legislador penal sustantivo concretamente el derecho a la vida, libertad individual, a la integridad personal y, por haberlo cometido en una persona de 60 años, quien días antes había sido operado del corazón, recibiendo un trato cruel de violencia, torturas, maltrato físico y psicológico, siendo mutilado, calcinado después de su muerte; razones estas por las cuales considera quien aquí decide que ha quedado sin lugar a dudas con plena certeza demostrada la comisión de los delitos acusados por parte de los acusados…y por cuanto de las testimoniales arriba analizadas y concatenadas, igualmente se desprende que quedó plenamente demostrado el hecho con las pruebas documentales traídas por el Ministerio Público, lo que confirma el dicho de testigos y expertos citados…”.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA CIUDADANA ABOGADA LINDA DE LOS RÍOS RATTIA, DEFENSORA PRIVADA DE LOS ACUSADOS NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR Y JOSÉ TOMÁS TRIVIÑO SOTELDO

 

ÚNICA DENUNCIA:

 

Para fundamentar su denuncia la impugnante aduce que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones se limitó a confirmar la sentencia emanada del Tribunal de Juicio, sin advertir los “errores de inmotivación, la parcialidad y subjetividad al momento de tomar su decisión”, y que dicho dictamen se basa únicamente en el testimonio de los funcionarios policiales, los cuales han debido ser tomados como indicios y no como plena prueba.

 

En este sentido continúa argumentando lo siguiente:

 

“…Es de señalar Ciudadanos magistrados, que aún cuando erróneamente señalan tanto la Juez de Juicio, como los Jueces de la Corte de Apelaciones, que “quedó plenamente demostrada la participación de mis defendidos en los hechos por los cuales fueron juzgados”, no es menos cierto es que en mi Recurso no alegué en ningún momento que no hubiese quedado plenamente demostrado el secuestro y posterior muerte de quien en vida respondiera al nombre de Juan Martín Rodríguez, lo que siempre alegué es la no participación de mis defendidos en los hechos ocurridos, y la falta de pruebas tanto testimoniales como científicas que lograran de alguna manera vincularlos con los hechos narrados, ya que toda la absurda decisión se basa en el dicho de uno de los coimputados de autos, quien supuestamente es quien relaciona a mis defendidos, por unos apodos, y quien está de más decirlo, según la investigación, rinde “una declaración” ante el Ministerio Público, declaración esta que se realizó sin la presencia de un defensor, por lo que vicia de nulidad dicha declaración según lo establecido en el artículo 125 numeral 3, en concordancia con los artículos 190, 191 y 197 del C.O.P.P, ya que dicha viciada prueba fue el eje principal, y fundamento para traer al proceso a mis defendidos, sin existir otra prueba más que los vinculara, debido a la escasa y deficiente labor de investigación realizada en el presente caso…”.

 

Para concluir su argumentación, la recurrente señala que del texto de la sentencia recurrida la misma no refleja lo alegado por la defensa, ni lo verdaderamente alegado en juicio, quedando en evidencia su falta de idoneidad, objetividad e imparcialidad, “impidiendo que la verdad real coincida con la verdad jurídica”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

Luego de revisada la denuncia planteada, la Sala considera que lo ajustado a derecho es declararla admisible y, en consecuencia, convoca a una audiencia oral y pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30).

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA CIUDADANA ABOGADA ADYS SIVIRA ROA, DEFENSORA PÚBLICA PRIMERA PENAL, ADSCRITA A LA DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO BARINAS, ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORA DEL CIUDADANO JOSÉ LEONARDO TORO PAREDES:

 

ÚNICA DENUNCIA:

 

La impugnante alega la infracción del artículo 457, en su encabezamiento, en concordancia con el artículo 364, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación. Igualmente denuncia la infracción del artículo 173 en relación con los artículos 368 y 441 ejusdem, por indebida aplicación.

 

Para fundamentar la denuncia la recurrente señala:

 

“… la Corte de Apelaciones…omitió exponer las razones de hecho y de derecho que justificó la motivación que hizo el Tribunal de Juicio sin haber analizado el contenido del total de las Actas de Debate, pues, poco aportan, ya que no reflejan las solicitudes de constancia en relación a los particulares solicitados por el Defensor Público, así como tampoco constan las preguntas efectuadas por la Representación Fiscal, la Defensa Pública, la Defensa Privada en algunas de las Actas, no constan las objeciones que se formularon, además se observa que fueron Veintiún (21) Actas, discriminadas de la siguiente manera:

 

1 Acta de fecha 29-01-2010, en la que se apertura el juicio, fijándose la continuación para el 05-02-2010.

2 Acta de fecha 05 de Febrero de 2010, no fueron trasladados los acusados desde el Centro de Reclusión, fijando la continuación del juicio para el 10-02-2010.

3 Acta de fecha 10-02-2010, se incorporó una prueba documental, fijándose la continuación para el 24-02-2010.

4 Acta de fecha 24-02-2010, se incorporaron testigos y funcionarios aprehensores fijándose continuación para el 05-03-10.

5 Acta de fecha 05-03-2010, se evacuó prueba testimonial, se observa que faltan las firmas de los defensores y del fiscal (folio 841) y seguidamente aparecen las firmas colectadas de todos los que participaron (folio 842) sin haberse indicado en el acta el motivo, se fijó continuación para el 13-03-2010, pero nótese que el Acta que sigue no se corresponde con esta fecha, es decir 13-03-2010, no existe.

6 Acta de Fecha 15-03-2010, se fijó continuación para el 30-03-20 y la del 30 de Marzo no existe.

7 Acta de Fecha 08-04-2010, se incorpora una secuencia fotográfica y se fija la continuación para el 21-04-2010.

8 Acta de Fecha 21-04-2010, se evacuaron testimoniales, se fija continuación para el 03-05-2010.

9 Acta de Fecha 03-05-2010, se evacuaron testimoniales, se fija continuación para el 13-05-2010, se incorporó documental, se fijó para el 25-05-2010.

10 Acta de Fecha 25-05-2010, testimoniales, se fija continuación para el 02-06-2010.

11 Acta de Fecha 02-06-2010, una testimonial, se fija para el 15-06-2010.

12 Acta de Fecha 15-06-2010, se incorporó documental fijándose continuación para el 29-06-2010.

13 Acta de Fecha 29-06-2010, una testimonial, fijándose continuación para el 08-07-2010.

14 Acta de Fecha 08-07-2010, una testimonial, se fija continuación para el 21-07-2010.

15 Acta de Fecha 21-07-2010, testimoniales y se fijó para el 29-07-2010.

16 Acta de Fecha, testimoniales y se ordenó la conducción con la fuerza pública de varios testigos, fijándose nueva oportunidad para el 04-08-2010.

17 Acta de Fecha 04-08-2010, una testimonial y se ordenó de nuevo la conducción con la fuerza pública de varios testigos, fijándose para el 10-08-2010.

18 Acta de Fecha 10-08-2010, se incorpora prueba audiovisual y una testimonial, fijándose para el 13-08-2010.

19 Acta de Fecha 13-08-2010, terminó la recepción de pruebas y conclusiones y a la media hora la juez leyó la dispositiva condenando a los acusados.

De lo expuesto se evidencia que el juicio tuvo una duración de ocho (08) meses…, la Corte de Apelaciones…se limitó a manifestar sin motivación alguna, que la sentencia definitiva se encuentra ajustada a derecho, sin dar una explicación ecuánime en las pretensiones del recurso, teniendo conocimiento de que toda resolución judicial debe ser motivada, ya que cumple una doble función. En primer lugar permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra parte, facilita el control de la correcta aplicación del derecho, en aras de la garantía del debido proceso y de que se produzca una sentencia justa.

 

La resolución del recurso legalmente establecido no brinda una respuesta razonada que evidencie el efectivo control de la correcta aplicación del derecho por parte del Tribunal de Juicio…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

La impugnante, en la primera parte de su denuncia, alega la infracción del artículo 457, en su encabezamiento, en concordancia con el artículo 364, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación. Disposiciones éstas que no pudieron ser infringidas por la Corte de Apelaciones, por cuanto el citado artículo 457, en su primera parte, está referido a aquellos casos en los cuales la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar la apelación, cuestión que no ocurrió en este caso y, en lo relativo a la infracción del artículo 364, numeral 3, del citado Código adjetivo, dicha disposición no pudo haber sido infringida por la Corte de Apelaciones, pues ésta se refiere a alguno de los requisitos que debe contener la sentencia de la primera instancia, o sea, la estimación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados para la configuración de los delitos analizados, lo cual le corresponde a los juzgados de juicio, en virtud del Principio de Inmediación.

 

 

El Juez llamado a sentenciar es aquel que haya presenciado el debate por haber estado en relación directa con las partes. Por consiguiente, la Sala, en lo que se refiere a la primera parte de la denuncia propuesta, considera procedente desestimarla, por manifiestamente infundada, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

En relación a la infracción del artículo 173 en concordancia con los artículos 368 y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, por indebida aplicación, la Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar la denuncia admisible y, en consecuencia, convoca a una audiencia oral y pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30).

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE los recursos de casación propuestos por la ciudadana abogada Linda De Los Ríos Rattia, actuando en su condición de Defensora Privada de los ciudadanos NEOCRITES ENRIQUE GUEDEZ VILLAMIZAR y JOSÉ TOMÁS TRIBIÑO SOTELDO y la ciudadana abogada Adys Sivira Roa, Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Defensa Pública del Estado Barinas, actuando en su condición de defensora del ciudadano JOSÉ LEONARDO TORO PAREDES, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se convoca a una audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

 

La Magistrada Presidente,

 

 

Ninoska Beatriz Queipo Briceño

 

  La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                                                                                                                               La  Magistrada,

 

 

     Deyanira Nieves Bastidas                                                                                                                                                                                       Blanca Rosa Mármol de León

 

      El Magistrado,                                                                                                                                                                                                            El Magistrado Ponente

 

 

Eladio Ramón Aponte Aponte                                                                                                                                                                                     Héctor Manuel Coronado Flores

 

 

 

La Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

 

 

HMCF/lh

Auto Nº 2011-125

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