Venley

Sentencia N.º 389

Sentencia
N.º 389
Fecha
18/05/2000
Sala
Constitucional
Expediente
00-0198
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Acción de Amparo


 


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

            En fecha 26 de enero del año 2000, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala Constitucional, expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados DIOGENES SANTIAGO CELTA APONTE y ALFREDO VALARINO URIOLA,  inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.720 y 18.426, respectivamente, actuando en nombre propio como propietarios del conjunto Residencial Village El Tucán, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, de fecha 27 de septiembre de 1999, que negó conocer en consulta una decisión de un Tribunal de Primera Instancia.

 

            En fecha 28 de enero del año 2000, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

            Mediante decisión de fecha 17 de marzo del año 2000, esta Sala Constitucional admitió la presente acción de amparo y negó medidas cautelares solicitadas.

 

            El día 24 de abril del año 2000, tuvo lugar la audiencia constitucional a la cual comparecieron los abogados accionantes Diógenes Santiago Celta Aponte y Alfredo Valarino Uriola y la representante del Ministerio Público abogada Luisa Elena Monsalve. En esa misma oportunidad, la Sala declaró con lugar el amparo interpuesto, lo cual fue anunciado oralmente en la mencionada audiencia.

 

            Corresponde ahora a esta Sala pronunciar su fallo por escrito y a tal efecto observa:

 

I

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO

 

Presentan los accionantes una serie de consideraciones a fin de fundamentar su acción de amparo, que pasa este máximo Tribunal a narrar de la siguiente manera:

 

            El 12 de marzo de 1999, la Juez Temporal Tercera de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró terminada la averiguación, por no haber lugar a proseguirla, en un juicio que por denuncia hecha por los hoy accionantes, fue seguido contra los ciudadanos Jeans Jacques Rene Deshayes, Jean Pierre Abrahami y Francesco Voto, por la presunta comisión del delito de fraude, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Dicha sentencia fue remitida al Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, a los fines de la consulta legal correspondiente.

           

El 13 de abril de 1999, los accionantes presentaron escrito acusatorio ante el mencionado Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, para constituirse en acusadores de los referidos ciudadanos, escrito que ampliaron en fecha 16 de abril del mismo año, a fin de solicitar la práctica de una serie de actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 308 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

 

El 25 de mayo de 1999, el referido Juzgado Superior Segundo en lo Penal, admitió la acusación y ordenó la práctica de las diligencias solicitadas.

 

El 3 de septiembre de 1999, el expediente fue remitido a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, a los fines de que prosiguiera el proceso, ello en virtud de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

           

El 27 de septiembre de 1999, la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, emitió decisión mediante la cual negó conocer por vía de consulta la decisión de Primera Instancia, basándose para ello en lo establecido en el artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando remitir la causa al archivo judicial. Como consecuencia de esta decisión, en fecha 6 de octubre del mismo año ordenó la suspensión de una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles que presuntamente pertenecían a los denunciantes.

 

El 27 de octubre de 1999, la parte acusadora interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia anterior, por estimar que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, aplicó erróneamente el referido artículo 509, por cuanto al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el expediente ya se encontraba en el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, conociendo de la causa por consulta y posterior acusación, razón por la cual debió seguir conociendo de la misma.

           

Por último, los accionantes como fundamento de su acción invocan la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, toda vez que la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, al negarse a conocer de la causa por vía de consulta,  ordenar el archivo del expediente y suspender la referida medida de prohibición de enajenar y gravar, no dio oportunidad alguna a la parte acusadora –hoy accionantes- a que ejercieran alguna actividad procesal o utilizar los medios que ofrece el ordenamiento jurídico en defensa de sus derechos e intereses.

 

II

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            Los accionantes expresan que el auto dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, de fecha  27 de septiembre de 1999, mediante el cual se niega a conocer en consulta la decisión de fecha 12 de marzo de 1999, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial, vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso, toda vez que les negó la posibilidad de ejercer alguna actividad procesal o utilizar los medios que ofrece el ordenamiento jurídico en defensa de sus derechos e intereses.

 

            Ahora bien, como ha sido narrado precedentemente, el thema decidendum en el presente caso se circunscribe a determinar si la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, debió conocer la consulta de una decisión de un tribunal de primera instancia, la cual fue ordenada bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido pasa a realizar las siguientes consideraciones:

 

            El artículo 207 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento en que se formuló la consulta, disponía expresamente esta figura respecto de las decisiones de primera instancia que declaraban terminada la averiguación por no haber méritos para proseguirla, señalando al efecto:

 

                                   "El auto a que se contrae el artículo anterior, se consultará con el Tribunal de Primera Instancia, si el que lo dictare fuere un Tribunal de menor categoría, al cual no corresponda el conocimiento de la causa; o con el Tribunal Superior, si lo pronunció el de Primera Instancia. Para antes los mismos se oirán, según el caso, el reclamo o apelación que se intentaren". (subrayado de la Sala).

 

 

            Como era conocido, el auto por medio del cual se declaraba terminada la averiguación sumaria, por no haber méritos para continuarla, en las hipótesis previstas en el artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, le ponía fin al juicio o extinguía el proceso penal. Ahora bien, según lo disponía el artículo anteriormente transcrito, estos autos tenían en primer lugar, consulta obligatoria, con el Juzgado de Primera Instancia o de la causa, o con el Juzgado Superior correspondiente, según fuera el caso. Además establecía este artículo, como recursos de impugnación para este tipo de sentencias, el de reclamo y la apelación.

 

Con la entrada en vigencia del novísimo Código Orgánico Procesal Penal quedó derogado, por mandato expreso, el referido Código de Enjuiciamiento Criminal, entre otras leyes y procedimientos penales. Este Código ofrece como medios de impugnación de las resoluciones judiciales, a los efectos de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en los que hayan incurrido, los recursos de revocación, apelación, revisión y  casación, eliminando la consulta legal obligatoria que disponía el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.

 

En este sentido, es oportuno precisar, que en principio toda norma jurídica es creada para surtir efectos desde el momento de su entrada en vigencia; sólo por excepción se aplicará a hechos o situaciones ocurridas con anterioridad, como es el caso, en materia penal, de las normas jurídicas que beneficien a los imputados o a los encausados.

 

            En este sentido, se consolida el principio de irretroactividad de la Ley, el cual ha sido acogido por la mayoría de los ordenamientos constitucionales, ello con el fin de evitar que se despojen a las personas de los derechos que adquirieron con un ordenamiento jurídico anterior.

 

            Sobre este asunto, Joaquín Sánchez Covisa, uno de los tratadistas que más ha profundizado sobre la aplicación del derecho intertemporal, expresa lo siguiente:

                              

“El derecho adquirido y la irretroactividad de la ley son el aspecto subjetivo y objetivo de un mismo fenómeno... Será un derecho adquirido aquél que no pueda ser vulnerado por la ley sin incurrir en retroactividad... Para que un derecho tenga la condición de derecho adquirido, son precisas las dos notas siguientes:

a)      Que dentro de la ley vigente durante el hecho idóneo para producirlo, en virtud de las leyes del tiempo en que ese hecho se ha consumado, aunque la ocasión de hacerlo valer no se presente antes de la nueva ley y,

b) Que dentro de la ley vigente originaria, haya entrado a formar parte inmediatamente, del patrimonio de  quien lo ha adquirido.

Sólo los hechos que han reunido todos sus elementos constitutivos y sólo los efectos de tales hechos producidos antes de la vigencia de la nueva ley son derechos subjetivos que forman parte integrante de nuestro patrimonio y que constituyen auténticos derechos adquiridos...”

 

           

A su vez, el artículo 44 de la derogada Constitución de la República de Venezuela, vigente para el momento en que fue ejercida la presente acción, consagraba el principio de irretroactividad de la siguiente manera:

 

                        “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron”

.

 

Sólo es retroactiva la norma que afecte los actos jurídicos y sus efectos cumplidos con anterioridad a la vigencia de la norma en cuestión. Al efecto, el artículo anterior establece que las leyes procesales deberán ser aplicadas a los procesos que estén en curso al momento de su entrada en vigencia, y excepcionalmente en materia penal, cuando resultare favorable al reo.

 

            En el caso de autos, se ejerció una acción de amparo constitucional  en contra de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que se negó a conocer en consulta una decisión de un tribunal de primera instancia. Ahora bien, se desprende de autos, que esta consulta fue ordenada el 12 de marzo de 1999, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia  en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por lo que fue remitido el expediente, el 22 de marzo del mismo año, al Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial. Así mismo, el referido Juzgado Superior en fecha 25 de mayo de 1999, a fin de proseguir el juicio, ordenó practicar unas diligencias que fueron solicitadas por la parte acusadora, todo ello bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Posteriormente, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la causa fue remitida a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, la cual, basándose en el artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal, se negó a conocer de la causa por vía de consulta, toda vez que fue eliminada por este nuevo Código; en razón de ello ordenó archivar el expediente.

 

De lo antes expuesto, esta Sala, al observar que la consulta fue ordenada y tramitada bajo la vigencia del ordenamiento jurídico anterior,  la considera como un acto ya cumplido.

 

En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, al negarse a conocer en consulta la referida decisión, aplicando lo establecido en el artículo 509 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye a esta norma un  efecto retroactivo, con lo que efectivamente vulneró el principio de irretroactividad de la ley, toda vez  que despojó a los accionantes de un derecho que adquirieron con el sistema procesal penal anterior, como era la consulta de ley obligatoria, cuyos efectos aún no habían cesado.

 

            Por otra parte, el artículo 507 del Código Orgánico Procesal establece las reglas aplicables a las causas que se encuentren en etapa sumarial de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Criminal derogado, entre las cuales dispone:

 

      

                            "…1º En los procesos en los cuales no se haya dictado auto de detención o de sometimiento a juicio el juez ordenará practicar todas las diligencias pendientes, y cumplidas éstas remitirá las actuaciones al Fiscal del Ministerio Público, a fin de que proceda a acusar con base en los recaudos recibidos, a archivarlos. En este último supuesto la víctima podrá solicitar al juez de la causa la revisión de la decisión del fiscal…".

 

                           

            Así mismo, el artículo 509 eiusdem, aplicable a las causas que se encuentran en estado de apelación, dispone lo siguiente:

 

                           

                            " Las sentencias definitivas o las interlocutorias no serán objeto de consulta y sólo podrán ser apeladas dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso deberá ser fundado. De la apelación conocerá la Corte de Apelaciones. Si se trata de un recurso contra el auto de detención o de sometimiento a juicio, la decisión debe dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del expediente. Si la apelación versa sobre la sentencia definitiva, el acto de informes se realizará en el sexto día siguiente de la recepción del expediente, y la sentencia debe pronunciarse dentro de los diez días posteriores a la realización del acto de informes.

                            El auto de segunda instancia que declare o confirme terminada la averiguación no será recurrible en casación."

 

 

            De los artículos transcritos ut supra, se evidencia que el legislador, al consagrar el régimen procesal transitorio, no contempló aquellas causas en las cuales antes de dictarse auto de detención o de sometimiento a juicio, se haya declarado terminada la averiguación; y en razón de no haber sido apeladas dichas providencias, se haya ordenado su consulta obligatoria.

 

Precisamente el caso de autos, está impulsado por una decisión de un tribunal de primera instancia que declaró terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla, dictada bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal y en vista de que no fue apelada, fue ordenada su consulta obligatoria, por lo que mal pudo el juez de la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, ordenar el archivo del expediente, aplicando lo establecido en el artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que  impidió a la parte acusadora -hoy accionante- hacer valer sus derechos propios a través del ejercicio de los recursos o medios procesales que el ordenamiento jurídico ofrecía para su impugnación, violando así de manera flagrante el principio de irretroactividad de la ley, así como los derechos a la defensa y al debido proceso de los actores, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

            Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley:

 

1. Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados DIÓGENES SANTIAGO CELTA APONTE y ALFREDO VALARINO URIOLA, actuando en nombre propio, en contra de la decisión de fecha 27 de septiembre de 1999, emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. En consecuencia, deja sin efecto la decisión antes referida.

 

2. ORDENA remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, a fin de que conozca y decida, por vía de consulta, la decisión de fecha 12 de marzo de 1999, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

 

Conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que este fallo sea acatado por todas las autoridades de la República.

 

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  18 días del mes de                      MAYO del año dos mil. Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.              

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

      El Vice-Presidente,

 

     Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Magistrado,

 

Héctor Peña Torrelles

 

 

Magistrado,

 

      José Manuel Delgado Ocando

 

Magistrado,

 

Moises A. Troconis V.

 

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 00-0198, SENTENCIA 389 DEL 18/5/00.

IRU/rln/rtt

            Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que asumió el conocimiento de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial.  Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuesta de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que   la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer   “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior,  estima el disidente, que esta Sala Constitucional   no debió conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia antes referida, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                                         El Vice-Presidente,

 

 

                                                                          Jesús Eduardo Cabrera

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

 

                                                                                  José M. Delgado Ocando

 

 

 

Moisés Troconis

                                                                                 

                                                                                                    El Secretario,

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 00-0198, SENTENCIA 389 DE 18-5-00

HPT/ld

 

 

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