Venley

Sentencia N.º 39

Sentencia
N.º 39
Fecha
30/01/2009
Sala
Constitucional
Expediente
08-0484
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Solicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 24 de abril de 2008, los abogados CARLOS J. SARMIENTO SOSA y MAURICIO ANTONIO IZAGUIRRE LUJÁN, titulares de la cédula de identidad n.os 3.174.472 y 10.799.113, respectivamente, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los n.os 3.052 y 68.361, repectivamente, en su nombre solicitaron, ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia n.° RC-0026 que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de enero de 2008.

El 29 de abril de 2008, se dio cuenta en la Sala y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 9 de julio, 29 de septiembre y 27 de noviembre de 2008 los solicitantes pidieron sentencia.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LOS SOLICITANTES

1.                Alegaron:

1.1           Que, en el presente caso, “la acción para cobrar las costas procesales a la parte perdidosa condenada, nació de una sentencia en fase de ejecución lo que no puede confundirse con una acción de intimación de honorarios profesionales abogado – cliente.”

1.2           Que “(l)a distinción reside en que (para) las acciones en que se reclamen los honorarios profesionales sobre la base de una condenatoria en fase de ejecución rige el supuesto de prescripción ordinaria de veinte (20) años como lo dispone el artículo 1.977 del Código Civil, esto no debe confundirse con la acción para intimar el cobro de honorarios profesionales de dos (2) años que tiene el abogado en contra de su cliente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.982 eiusdem, siendo obvio que la Sala Civil incurrió en un error de Derecho relevante porque la recurrida (Reenvío) se encargó de dejar claro que el cobro de honorarios profesionales deviene de una condenatoria en costas”.

1.3           Que en la formalización que dio origen a la decisión objeto de revisión “se señaló la Doctrina que emerge de pacíficas y reiteradas decisiones Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, sobre el lapso de prescripción para la intimación de costas”, y que, pese a ello,  la Sala de Casación Civil dejó a un lado su propia doctrina, que sentó en fallo del 24 de mayo de 1995, con ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burelli, según la cual “LA RECLAMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DIMANA DE UNA CONDENATORIA EN COSTAS, EN UN JUICIO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, CASO EN EL CUAL ES PERFECTAMENTE APLICABLE EL ARTÍCULO 1.977 DEL CÓDIGO CIVIL, QUE EXPRESAMENTE CONSAGRA EL LAPSO DE PRESCRIPCIÓN PARA LAS ACCIONES QUE NACEN DE UNA EJECUTORIA, CUAL ES EL DE VEINTE AÑOS”, y concluyó ahora, indebidamente, en que “el lapso de prescripción era el previsto en el artículo 1982, ordinal 2º, CUAL SI SE TRATARA DE UNA INTIMACIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO A SU PROPIO CLIENTE”.

1.4     Que la Sala de Casación Civil, en el fallo objeto de revisión, condenó al pago de las costas del recurso a los recurrentes y que la doctrina de dicha Sala sostiene que no es procedente tal condenatoria en caso de cobro de costas o de honorarios, “AUNQUE LA SALA AFIRMA QUE PARA ELLA ESTE CASO ES DE INTIMACIÓN DE HONORARIOS Y NO DE INTIMACIÓN DE COSTAS”.

1.5           Que “…en sentencia de la Sala de Casación Civil Nº RC-00029 de fecha 30 de enero de 2.008, expediente Nº 2006-457, pronunciada en la misma fecha de la sentencia objeto de esta revisión, reitera LA DOCTRINA de dicha Sala que establece la improcedencia de condenatoria en costas en juicio de honorarios, volvió a expresar lo que ya ha venido expresando al respecto en decisiones de 2003, 2004 y 2005”. Señaló, además, que “inexplicablemente en la misma fecha la Sala de Casación Civil, en el fallo objeto de esta revisión DE FECHA 30 DE ENERO DE 2008, SENTENCIA Nº RC-0026, EXPEDIENTE Nº 2007-000567, (…) estableció que: ‘…En el juicio por estimación e intimación de honorarios…se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil’…”.

1.6           Que el veredicto cuya revisión se requirió se apartó de su doctrina según la cual “...en los procedimientos similares al de la presente causa, vale decir, cobro de honorarios profesionales, no se generarán condenatorias en costas porque ello daría lugar a que tales juicios se hicieran perpetuos e interminables…”.

1.7          Que la Sala de Casación Civil declaró en el acto jurisdiccional objeto de la pretensión de autos que “la prescripción de dos (2) años procedía para todos los casos, incurriendo en grave error por no distinguir la excepción prevista en el artículo 1.977 del Código Civil, de manera que si se mantiene incólume el fallo impugnado, se eliminará a futuro la posibilidad del ejercicio al cobro de costas procesales que devienen de una ejecutoria en contra de la parte ‘perdidosa’ en el plazo de veinte (20) años ya que ahora sólo se podrá proceder dentro de los dos (2) años siguientes a la condenatoria, lo cual obviamente viola el principio referido”.

1.8          Que la Sala de Casación Civil, en su acto decisorio, no verificó que se volvió a incurrir en los mismos errores que detectó y acogió el viciado criterio del Tribunal de reenvío de manera que “violó su propio juzgamiento de fecha 11/12/06 es decir la Cosa Juzgada que establecía el método para computar el lapso de prescripción de la acción con base a las actas del expediente. Asimismo la Sala Civil al ampararse en el fallo de Reenvío afectó directamente el ámbito del derecho público procesal o jurisdicción constitucional por quebrantar su propio juzgamiento y el debido proceso que determinaba el método para computar el lapso de prescripción de la acción y violó el derecho a la defensa al fundamentar el fallo impugnado en afirmaciones de las partes en vez de apoyarlo en base a pruebas”.

2.                Denunció

2.1           La violación al principio de seguridad jurídica y confianza legítima “CAMBIANDO LA DOCTRINA DE LA SALA, DE FORMA SOLAPADA SIN JUSTIFICAR DICHO CAMBIO DE CRITERIO, OMITIENDO ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA DENUNCIA PARA PODER DECIDIR DE ESA FORMA, Y SIN APLICAR ESTA NUEVA JURISPRUDENCIA A HECHOS FUTUROS SINO QUE APLICÓ EL CAMBIO DE CRITERIO AL CASO EN CUESTIÓN”.

2.2           La  violación al principio pro actione “al declarar que la intimación de costas prescribía en dos años, en vez de en veinte años como lo ha establecido la doctrina de la Sala de Casación Civil que, inexplicable e indebidamente omitió el fallo recurrido para declarar la conformidad del alegato de prescripción extintiva de la acción (…) y por ende impidió el ejercicio de la acción”.

2.3           La violación al principio de la cosa juzgada y a los derechos a la defensa y al debido proceso ya que el Tribunal de reenvío “no decidió con base a las actas del expediente como se lo ordenó la Sala de Casación Civil, incurriendo nuevamente en el mismo problema de orden público procesal como ya lo venía diciendo la Sala Civil cuando casó de oficio en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2006”.

3.                Pidió:  

3.1           Que se decrete medida cautelar a los fines de que “se paralice la ejecución del juicio, hasta tanto se decida el fondo de esta revisión, notificando de dicha suspensión de efectos a los tribunales que dictaron las decisiones afectadas por esta revisión constitucional”.

3.2            Que se declare que ha lugar a la petición de revisión “y como consecuencia de esa declaratoria, acuerde la nulidad de la sentencia emitida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN FECHA 30 DE ENERO DE 2008, SENTENCIA nº RC-0026, EXPEDIENTE Nº 2007-000567, con todas sus consecuencias de ley”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal poder de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido pronunciados tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se requirió la revisión del acto de juzgamiento n.° RC-0026 del 30 de enero de 2008, que emitió la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual esta Sala se declara competente para el conocimiento de la solicitud en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de enero de 2008, hizo el pronunciamiento cuya revisión se peticionó en los términos siguientes:

SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 31 de mayo de 2007.

Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Este pronunciamiento lo fundamentó de la siguiente manera:

El formalizante imputa a la recurrida el vicio de incongruencia positiva, ultrapetita, por cuanto –a su decir- el juez ad quem no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, tergiversando “los hechos narrados en el libelo de demanda ...omisiss... al pronunciarse sobre asuntos que no son los planteados en la demanda, ni en este juicio, constituyendo agentes exógenos que no tiene (sic) relación con el juicio”; siendo que tal distorsión configura “un menoscabo directo al derecho de defensa”.

 

(…)

 

…el juez ad quem, contrariamente a lo imputado por la parte recurrente, dictó su fallo declarando, entre otros, la falta de cualidad opuesta por la parte demandada, así como la prescripción de la pretensión aducida por la mencionada parte.

De igual forma, no observa la Sala, tal como lo delata el recurrente, que el juez haya incurrido en tergiversación de los hechos presentados en el libelo de demanda y que lo llevaron a aplicar “las normas de la prescripción de una intimación de honorarios y no de una intimación de costas”, pues el ad quem al declarar prescrita la pretensión de estimar e intimar honorarios profesionales, lo hizo con ajustamiento a la defensa que en este sentido adujera el demandado en la contestación de la demanda, de manera que no se evidencia violación alguna de los límites impuestos por el thema decidendum, el cual, está conformado tanto por lo alegado por el actor en su libelo como aquellas defensas opuestas por el demandado en su contestación.

Por tanto al no existir extralimitación del debate judicial planteado por las partes, y de haberse constatado que el juez de segundo grado ajustó su decisión conforme a lo alegado y probado en autos, la presente denuncia resulta improcedente. Así se decide.

Por lo demás, la Sala considera preciso señalar que si el formalizante pretendía acusar un error del juzgador al aplicar la norma contenida en el artículo 1.982 del Código Civil, relativa a la prescripción bianual, y no haber sido aplicado el artículo 1.977 eiusdem, que entre otras consagra la prescripción veintenal, y que a su juicio era la norma aplicable al supuesto de hecho, debió hacerlo mediante una denuncia por infracción de ley, y no amparado en una denuncia por tergiversación de los hechos.

 

(…)

 

El formalizante imputa a la recurrida el vicio de incongruencia positiva, ultrapetita, por cuanto –a su decir- el juez ad quem no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, tergiversando “los hechos narrados en el libelo de demanda ...omisiss... al pronunciarse sobre asuntos que no son los planteados en la demanda, ni en este juicio, constituyendo agentes exógenos que no tiene (sic) relación con el juicio”; siendo que tal distorsión configura “un menoscabo directo al derecho de defensa”.

 

(…)

 

Observa la Sala, de acuerdo a lo antes copiado que el sentenciador de segunda instancia condenó a la parte demandante a pagar las costas a la parte demandada en virtud de no haber prosperado la defensa de falta de cualidad e interés opuesta; y por otra parte condenó a la parte actora a pagar las costas del juicio a la demandante, por haberse declarado procedente la prescripción, lo cual en palabras del ad quem resulta un “fracaso absoluto del actor ...omissis... en el presente proceso”, pero con exclusión de las costas ocasionadas por no haber sido exitosa la defensa de falta de cualidad e interés antes mencionada.

 

De manera que no existe contradicción alguna por parte de la recurrida, pues las condenas allí establecidas en modo alguno se contrarían la una a la otra, no presentando síntomas de inejecutabilidad, dado que no se excluyen mutuamente.

 

En razón de lo expuesto se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

(…)

 

…observa la Sala que la parte demandada en la oportunidad para contestar la demandada, opuso la prescripción de la pretensión, por cuanto había transcurrido el lapso de dos años establecidos en el ordinal 2° del artículo 1982 del Código Civil, por lo que en este caso concreto, correspondía a la parte actora demostrar, tal como lo dejó sentado la recurrida, algún hecho interruptivo de la prescripción, pues es claro que la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, y el mismo corre en favor del deudor quien en caso de su procedencia se beneficiaría de su acaecimiento, por tanto es lógico concluir que opuesta la prescripción, corresponde al acreedor probar que la misma se ha interrumpido.

Siendo ello así, el juzgador de segunda instancia al no encontrar que el actor hubiese demostrado la interrupción del lapso prescrito en el referido ordinal 2° del artículo 1982, y al verificar que el plazo de dos años para interponer la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales, había transcurrido desde que se publicó la decisión de segunda instancia que declaró la litispendencia hasta el día en que el demandado se dio por intimado, declaró con lugar la prescripción alegada por la parte intimada en la oportunidad correspondiente.

En virtud de lo expuesto, aprecia la Sala que el juzgador de segunda instancia no erró en la interpretación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 del Código Civil, razón por la que se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

(…)

 

El formalizante imputa a la recurrida la infracción, por falsa aplicación del ordinal 2° del artículo 1.982 del Código Civil, por cuanto -a su juicio- el ad quem aplicó la referida norma a un supuesto de hecho distinto al regulado por la norma, es decir, que los honorarios estimados e intimados fueron causados o “derivados de costas” y no se refiere a “la intimación de costas de honorarios de abogado a su ex cliente”, razón por la que le es aplicable el lapso de prescripción contenido en el artículo 1.977 del Código Civil de veinte años y no el dispuesto en el artículo 1.982 eiusdem de dos años, aplicado por el juez de segunda instancia.

Igualmente dijo que tal infracción fue determinante en el dispositivo del fallo ya que “si el Juez de alzada hubiese determinado la naturaleza de la obligación reclamada como intimación de costas que nace de una ejecutoria, y no como intimación de honorarios de abogado a su ex cliente, hubiera concluido que el lapso de prescripción de la acción (sic) es de veinte años y no de dos años como lo estableció, y no hubiera declarado la prescripción de la acción”.

 

Para decidir, se observa:

El artículo 1982, ordinal segundo, del Código Civil denunciado como infringido dispone:

 

“(...) Se prescribe por dos años la obligación de pagar:

(...)

A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos (...)”.

                      

Ahora bien, considera la Sala que el formalizante no puede pretender la aplicación de la prescripción establecida en el artículo 1.977 que consagra la prescripción veintenal (real) y decenal (personal) así como “la acción que nace de una ejecutoria”, pues el artículo 1.982, denunciado como infringido, contiene las prescripciones breves, que ocurren en los supuestos allí señalados entre los cuales se encuentran las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios u honorarios profesionales de abogados, cuya norma es aplicable a todos los supuestos de hecho que causen tal obligación, es decir, que dicha obligación sea generada por la condena en costas procesales, como en el caso de marras, o bien de aquellas que deriven de una relación entre abogado y cliente.

 

Por lo antes dicho, considera la Sala que la recurrida no violó por falsa aplicación el denunciado artículo 1.982 ordinal 2° del Código Civil, pues como ella misma dejó sentado el plazo de prescripción a que se refiere la mentada norma comenzó a transcurrir desde la fecha de publicación de la sentencia del juzgado superior que declaró la litispendencia, a saber el 30 de octubre de 2002, y para el momento en que el demandado se dio por intimado, 22 de noviembre de 2004, había transcurrido sobradamente el lapso de dos años.

 

En mérito de lo antes señalado, esta Sala declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

 

IV

 MOTIVACIÓN Para LA DeciSIÓN

 En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° RC-0026 que emitió la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 30 de enero de 2008, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación que había sido propuesto por los abogados Carlos Sarmiento Sosa y Mauricio Izaguirre Luján, en su nombre, en el juicio por estimación y cobro de honorarios profesionales que siguen éstos a HOTELERA REMEL C.A., contra el veredicto que expidió el 31 de mayo de 2007, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como tribunal de reenvío, en el cual pronunció:

…1) sin lugar la defensa de cualidad esgrimida por Hotelera Remel C.A., contra Carlos Sarmiento Sosa y Mauricio Izaguirre Luján; 2) Con Lugar la defensa de prescripción interpuesta por los abogados Alexander Preziosi, María Carolina Solórzano y Álvaro Prada A., en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada; en consecuencia, prescrita la acción deducida por los demandantes; 3) Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación intentado por la abogada María Carolina Solórzano contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 4) De conformidad con lo pautado en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandada a pagarle a los actores las costas procesales causadas con motivo de la defensa de falta de cualidad e interés opuesta, debido a que en relación con el empleo de ese medio defensivo no tuvo éxito alguno; 5) Por cuanto “las costas son un accesorio del fracaso absoluto y es deber del Juez su declaratoria (sic) sin necesidad de que se le exija y sin posibilidad de exoneración”, y, en atención por otro lado a que la estimación “del derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado (sic) para obtener el cumplimiento coactivo de la obligación”, es indudable que tal fracaso absoluto del actor ha tenido lugar en el presente proceso, en consecuencia, y con base en lo estipulado en el artículo 274 eiusdem, se condena a los demandantes a pagarle a la demandada, las costas procesales del juicio con la salvedad establecida en el ordinal cuarto de este dispositivo.

 

Ahora bien, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:

Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(…)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;

 

En lo que respecta a los actos decisorios definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

(...)

Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1.        Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2.        Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3.        Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4.        Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (...). (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01. Subrayado añadido).

 

Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de actos de juzgamientos definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de decisiones que han adquirido tal carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier pretensión como la de autos, sin ningún tipo de motivación cuando, en su criterio, se compruebe que la revisión se requiere, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que tienen los requerimientos como el que se examina.

En el caso sub iudice los peticionarios, como antes se apuntó, delataron la violación al principio de seguridad jurídica y la confianza legítima que deben existir en todo ordenamiento jurídico, por el cambio de su jurisprudencia, por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando resolvió la segunda denuncia del recurso de casación a que se hizo referencia supra en supuesta contradicción con su propia doctrina, según la cual, cuando la reclamación de honorarios profesionales dimana de una condenatoria en costas en un juicio definitivamente concluido, es aplicable el artículo 1.977 del Código Civil para el cómputo de la prescripción extintiva para el ejercicio de dicha pretensión.

Alegaron los accionantes que el pronunciamiento judicial que fue sometido a revisión concluyó, indebidamente, en que el lapso de prescripción aplicable era el que dispone el artículo 1.982, ordinal 2º, del Código Civil, como si se tratara de cobro de honorarios del abogado contra su propio cliente, en agravio al principio pro actione, ya que les impidió el ejercicio de la pretensión de cobro de honorarios profesionales.

Al respecto, observa la Sala que el problema que se ha planteado en esta oportunidad es el relativo al cambio de criterio en que, supuestamente, incurrió la Sala de Casación Civil en la determinación del lapso de ley aplicable para el cómputo de la prescripción para el ejercicio de la pretensión del cobro de honorarios profesionales de abogado.

 

La Sala de Casación Civil cuando resolvió la denuncia en cuestión, falló de la siguiente manera:

El artículo 1982, ordinal segundo, del Código Civil denunciado como infringido dispone:

 

“(...) Se prescribe por dos años la obligación de pagar:

(...)

A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos (...)”.

                      

Ahora bien, considera la Sala que el formalizante no puede pretender la aplicación de la prescripción establecida en el artículo 1.977 que consagra la prescripción veintenal (real) y decenal (personal) así como “la acción que nace de una ejecutoria”, pues el artículo 1.982, denunciado como infringido, contiene las prescripciones breves, que ocurren en los supuestos allí señalados entre los cuales se encuentra las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios u honorarios profesionales de abogados, cuya norma es aplicable a todos los supuestos de hecho que causen tal obligación, es decir, que dicha obligación sea generada por la condena en costas procesales, como en el caso de marras, o bien de aquellas que deriven de una relación entre abogado y cliente.

 

La doctrina que la Sala de Casación Civil aplicó en el caso bajo análisis, es la misma que ha sostenido dicha Sala en forma conteste, tal como se desprende de la sentencia n.° 442 del 20 de mayo de 2004 (caso: Iván Mauricio Pasqualucci Yépez, contra HERNÁNDEZ E HIJOS, C. A.), que ha sido reiterada hasta la presente fecha, (ver fallo n.° 816 del 31 de octubre de 2006 caso: Belky Gil Aldana contra Gerardo Alberto Romay Romay) , en donde se expresó:

 

La doctrina patria ha sostenido unánimemente, que las costas procesales son una condena accesoria que, como uno de los efectos del proceso, le son impuestas a la parte que hubiere resultado vencida en la litis, y, aunque la ley no las define claramente, comprenden todas las erogaciones hechas por la parte vencedora con ocasión del juicio, así como los honorarios profesionales de los abogados que intervinieron en su nombre.

 

Por esa razón, ya sea que el abogado elija intimar a su patrocinado o a la parte que resultó vencida, se trata de la misma pretensión: el cobro de honorarios; lo que ocurre es que en este último caso el legislador le otorga al abogado la posibilidad de ejercer la acción de estimación e intimación de honorarios contra la parte condenada en costas.

 

Desde ningún punto de vista la mencionada pretensión de cobro de honorarios profesionales puede ser considerada una acción real, sino personal, pues este pago sólo puede ser intimado en forma directa por el profesional del derecho, como lo ha establecido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Véase entre otras, sentencia de fecha 15 de julio de 1999, Miguel Roberto Castillo y otro contra Banco Italo Venezolano, expediente Nº 97-504).

 

En el presente caso, poco importa el hecho de que el juicio que originó el pago de los honorarios se encuentre en etapa de ejecución, pues ello no significa que el presente proceso también lo esté, como parece sugerir el recurrente.

 

La acción que nace de la ejecutoria, en efecto, prescribe a los veinte años conforme al artículo 1.977 del Código Civil, no así la que otorga la ley para hacer efectivo el pago de honorarios profesionales, la cual conforme a lo previsto en el ordinal 2° del artículo 1.982, es de dos años.

 

En consecuencia, mal puede pretender el formalizante la aplicación de la norma contenida en el último párrafo del artículo 1.977 del Código Civil, que consagra la prescripción de veinte años para el ejercicio de la acción que nace de una ejecutoria, cuando lo deducido fue una acción personal para el cual el ordenamiento jurídico positivo prevé un lapso más breve.

 

Por lo anterior, considera la Sala que la recurrida no violó por falta de aplicación el denunciado artículo 1.982 ordinal 2° del Código Civil, ni por falta de aplicación el 1.977 eiusdem, pues como bien expresó, a partir de la sentencia definitivamente firme de fecha 13 de noviembre de 1996, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial, comenzó a correr el lapso de 2 años para el cobro de honorarios profesionales por parte del abogado intimante, tal como lo dispone el ordinal 2° del artículo 1.982 el Código Civil.

 

 

De esta manera, según la jurisprudencia que fue transcrita, la Sala de Casación Civil, cuando analizó la denuncia sobre el lapso de prescripción aplicable, llegó a la conclusión de que porque se trataba de una pretensión por cobro de honorarios de abogados, a pesar de que se trataba  de un juicio por estimación y cobro de costas, el lapso aplicable para el cómputo de la prescripción para la interposición de esa pretensión es el de dos años que preceptúa el ordinal 2º del artículo 1.982 del Código Civil, en forma armónica con su jurisprudencia vigente al respecto, con apoyo en la cual concluyó en que el Tribunal Superior actuó correctamente; en consecuencia, no se consumó injuria contra los principios de la seguridad jurídica, la confianza legítima ni pro actione que delataron los accionantes, y así se decide.

Ahora bien, en relación con la violación al principio de la cosa juzgada que alegaron los peticionarios, que consiste en que la Sala de Casación Civil basó su fallo sobre afirmaciones y suposiciones y no en pruebas, en violación a su propio acto de juzgamiento del 11 de diciembre de 2006, que estableció el método para el cómputo del lapso de prescripción de pretensión en las actas del expediente, esta Sala observa que:

En acto decisorio que expidió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión al mismo juicio de por cobro de costas, (n.° 454 del 11 de diciembre de 2006), casó de oficio el pronunciamiento que emitió el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de marzo de 2006, el cual decretó la nulidad del fallo que había sido recurrido y ordenó al Tribunal Superior que resultase competente que pronunciara nuevo juzgamiento, para lo cual señaló lo siguiente:

Tal y como claramente se observa de la transcripción de la sentencia recurrida, el Juez Superior establece que no operó la prescripción de los dos (2) años alegada por la intimada por el hecho de que el Juez de Primera Instancia en su fallo así lo determinó, señalando que “...la sentencia salió fuera del lapso y la última notificación fue realizada el 31 de enero del 2003...”, mas no expone en qué fundamenta tal aseveración más allá del solo dicho del Tribunal de la cognición.

En otro orden de ideas, el Sentenciador de Alzada expone que ha sido criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, que habiendo sido resuelta una causa fuera del lapso para ello, es obligación notificarla; mas, no refiere o señala en qué fallo se estableció ese criterio, simplemente se limita a señalar que existe ese criterio, ni emite su propia motivación respecto a lo que resuelve.

Para la determinación del transcurso de los dos (2) años para que hubiese operado el lapso de la prescripción de la acción, el sentenciador debió establecer si ciertamente aquel fallo salió fuera de lapso; si debía ser notificado a las partes y cuándo fue la última notificación que se hizo, pero ello debió hacerlo de las actas del expediente y no darlo por cierto con el solo dicho de la decisión del Tribunal de Primera Instancia, tal como clara y fehacientemente se observa de la transcripción ut supra de la recurrida.

Bajo estos presupuestos de hecho, estima la Sala que estamos en presencia de un problema de orden público procesal, dado que la decisión emanada del Juez Superior, infringe el requisito establecido en el ordinal 4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no efectuar la motivación que lo llevará a declarar que no operaba la prescripción alegada.

Con fuerza a las anteriores consideraciones, habiéndose detectado en el presente caso la existencia por parte del Juez Superior de una inmotivación en su fallo, la Sala, conforme ya indicó, en resguardo del derecho a la defensa, al debido proceso y a la garantía constitucional de imparcialidad, idoneidad y transparencia de la justicia, hace uso de la casación de oficio para corregir el vicio delatado, circunscrito a la falta de motivación de hecho y derecho en relación a su pronunciamiento de no haber prosperado la prescripción alegada por la intimada, dando así aplicación al contenido y alcance del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, casará de oficio, anulará la decisión recurrida y ordenará corregir el vicio delatado tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

 

Ahora bien, del texto del veredicto objeto de revisión se desprende que la Sala de Casación Civil analizó el recurso de casación, hizo el recuento de los eventos procesales que habían ocurrido en el juicio principal y señaló como fecha para el cómputo de la prescripción el 30 de octubre de 2002, cuando se declaró la litispendencia por parte del juez superior que la conoció -momento en que se consideró que dicho juzgamiento había quedado firme- y, como no constaba que los actores hubiesen demostrado la ocurrencia de algún acto interruptivo de prescripción antes del 22 de noviembre de 2004, cuando se dio por intimada la demandada, ni desvirtuaron el hecho de la firmeza de la decisión, esa Sala apreció que el Juzgador de segunda instancia no había errado en la interpretación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, por lo que declaró improcedente la denuncia que realizaron, en casación, los accionantes en este procedimiento. De manera tal que esta Sala no observa la existencia de violación a la cosa juzgada, como alegaron los requirentes de la revisión, ya que la Sala de Casación Civil, luego del análisis de la delación a la luz de los alegatos de las partes y del contenido del expediente, determinó que, en el caso bajo estudio, operó la prescripción del derecho para el cobro de honorarios profesionales, cuestión que corresponde a su facultad de juzgamiento, y así se declara.

Ahora bien, en cuanto a la violación a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial eficaz que delataron los solicitantes en relación con la condenatoria al pago de las costas del recurso que está contenida en la decisión objeto de revisión, la Sala observa que, tal como lo ha señalado en forma reiterada la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia del 10 de septiembre de 2003 (caso: Iraida Carolina Cabrera Medina contra Hernán Ramón Carvajal Morales):

...un procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, no puede generar sucesivos juicios intimatorios de la misma índole. Quiere esto decir, que el procedimiento de intimación de honorarios profesionales no puede generar condenatoria en costas, caso contrario, serían procedimientos interminables que darían lugar a que el abogado intimante pudiese cobrar honorarios múltiples a un mismo intimado.

 

 

En efecto, la Sala de Casación Civil tiene establecido en forma pacífica que el procedimiento de estimación y cobro de honorarios profesionales (ya sea que el abogado elija intimar a su patrocinado o a la parte que resultó vencida en el juicio) no causa costas y la justificación radica en que ello daría lugar a una cadena interminable de juicios.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones precedentemente expresadas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando condenó al pago de las costas del recurso, a la parte actora perdidosa, en la sentencia que declaró sin lugar el recurso de casación a que se ha hecho amplia referencia, infringió el debido proceso y el principio de la seguridad jurídica de los pretensores de la revisión. En tal sentido, debe la Sala declarar que ha lugar a la revisión que fue peticionada, sólo en cuanto a la condenatoria al pago de las costas que se refirió y, en tal sentido, anula dicha condena que fue dispuesta en la decisión objeto de revisión, la  que expresamente señaló: “Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”. Y así se decide.

Por cuanto fue decidido el fondo del asunto, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar que se requirió. Así también se decide.

 

v

Decisión

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR, parcialmente, a la solicitud de revisión que formularon los abogados CARLOS SARMIENTO SOSA y MAURICIO ANTONIO IZAGUIRRE LUJAN, en su nombre, sólo con respecto a la condenatoria al pago de las costas que dispuso la sentencia n.° RC-0026, que emitió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 enero de 2008, la cual se anula parcialmente en cuanto condenó al recurrente al pago de las costas correspondientes al recurso, de conformidad con lo que dispone el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 30 días del mes de enero de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente                      

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

…/

…

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-0484

 

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