Sentencia N.º 39
- Sentencia
- N.º 39
- Fecha
- 05/03/2010
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-1061
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 24 de septiembre de 2009, compareció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado GREGORIO CARRASQUERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 58.415, actuando en nombre propio, y solicitó la revisión de la decisión n° 00754 dictada, el 3 de junio de 2009, por la Sala Político Administrativa, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto, conjuntamente, con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada, contra la decisión dictada por la Comisión Judicial que declaró sin lugar el recurso de reconsideración el cual dejó sin efecto su nombramiento como Juez de Primera Instancia, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
El 30 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 19 de noviembre de 2009, el solicitante consignó escrito y anexó cuerpos de los periódicos Diario El Nacional, del día 3 de Julio del año 2009, en su primer cuerpo [ ]. Se puede apreciar la declaración el [sic] la Primera página y página 11 [ ]. Diario El Universal, del día 3 de Julio del año 2009, en su primer cuerpo [ ]. Se puede apreciar la declaración el [sic] la Primera página y página 11, y expuso: [p]or error involuntario en el escrito inicial plasm[ó] el artículo 72, de un proyecto de Código de Ética del Juez [sic] que fue tomado de una página de Internet, invocando situaciones que no se corresponden con lo actuado. Ahora lo que si bien es cierto que el Código de Ética del Juez que entró en vigencia en fecha 06/08/09, tipifica en su artículo 2, el ámbito de aplicación a los Jueces en todas sus formas (permanente, temporales, ocasional accidental o provisorio), por lo que a [su] interpretación consider[a] que [se] encuentra en el articulado descrito y consecuencialmente dentro del ámbito del presente Código. Por otra parte, es menester mencionar unos titulares destacados en algunos diarios de circulación nacional, en [sic] donde la Magistrada Luisa Estella Morales, Presidenta del Tribunal Supremo y representantes de esta máxima Sala, declare [sic] que deben respetarse los Tratados Internacionales y en efecto consign[a] y describ[e] los titulares de prensa [ ].
Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir, pasa a hacer las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Expone el solicitante lo que sigue:
Que [p]ara comenzar [ ] cuando [fue] al acto de informes [se] encuentra con la sorpresa de que han cambiado el ponente y en su defecto han colocado a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Magistrada ésta que se desempeñaba como integrante de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (siendo éste un hecho notorio) y quien suscribió la resolución N° 461, de fecha 24 de abril del año 2000, donde acordaron designar[le] como Juez hasta los respectivos concursos de oposición; esta situación fue invocada por [su] persona en dicha audiencia pero fue ignorada. Ahora [él] no entiend[e] como una persona que tenga el criterio de designar[le] hasta los concursos de oposición y luego años más tarde cambia de criterio, afirmando que [su] designación podría ser revisada y dejada sin efecto en cualquier oportunidad. Es por lo que [nos] solicit[a] pronunciamiento en aplicación de una tutela judicial efectiva, referente a que si ella podía actuar como Juez ponente y parte a la vez.
Que es pertinente resaltar que es inconcebible que [le] estén aplicando el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.496 del 9 de agosto de 2006, cuando el cargo de Juez que venía desempeñando fue dejado sin efecto en junio de 2005. También deb[e] señalar que la única legislación que regula la situación de los Jueces provisorios es el Código de Ética del Juez en su artículo [2], que recientemente entró en vigencia en este año.
Alega que [él] no concurs[ó] (aún cuando [él] había formalizado [su] inscripción, por haber sido convocado toda vez que la Administración sacara los concursos) porque la Administración [lo] sacó del Poder Judicial quince (15) días antes de que [él] fuera al concurso de oposición (Programa de formación Inicial). Es por lo que ratific[a] que la administración (la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero) no fue fiel a sus propias obligaciones y compromisos cuando [lo] designó como Juez, y plasmó en su resolución que [su] designación era hasta los respectivos concursos de oposición y [le] destituye días antes de la celebración de los mismos.
En otro sentido, señala que [a]hora [su] pregunta y que también se la harán muchas personas e incluso no profesionales del derecho; cuál fue la intención y la finalidad de los integrantes de la Comisión Judicial para ese entonces cunado [sic] señalan que [tiene] un lapso de seis (6) meses para recurrir de la decisión ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, si la Sala Político Administrativa fundamenta su decisión de manera reiterada en palabras más o palabras menos, que [él] ingres[ó] de manera provisoria al Poder Judicial y que al haber sido designado sin que mediara concurso de oposición, [su] designación podía ser revisada y dejada sin efecto en cualquier oportunidad, razón por la cual la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia no tenía la obligación de indicar los fundamentos de derecho en que sustentó su decisión y lo reafirman con criterios vinculantes de la Sala Constitucional, cuando dicen así: los jueces provisorios o temporales carecen de estabilidad en los respectivos cargos y por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones específicas y legales que dieron lugar a su remoción.
Indica que [c]on todo respeto que se merecen ciudadanos Magistrados, no [tiene conocimiento] si ustedes saben o tienen idea de cuanto son los costos de todo este largo y traumático proceso, que [ha] venido siguiendo desde [su] domicilio procesal que es la Ciudad de Coro Estado Falcón, desde el año 2005, hasta la presente fecha para que [le] vengan a decir, que no era necesario seguir[le] un procedimiento administrativo o motivar la decisión, porque [su] designación podía ser revisada y dejada sin efecto en cualquier oportunidad. Esta situación a [su] manera de ver es totalmente contradictoria, confusa y verdaderamente difícil de entender [ ]. Consider[a] que si eso fuese así deberían de habér[se]lo dicho de antemano y [él se] hubiese ahorrado todo ese tiempo y dinero empleado, y el estado [sic] se hubiese ahorrado este costoso y largos juicio inútil.
Que si bies es cierto que las decisiones de la Sala Constitucional tiene carácter vinculante, como lo han reiterado en todo el contenido de las decisión que solicit[a] su revisión, no es menos cierto que las decisiones de los organismos Internacionales en los cuales Venezuela sea parte, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, y los Magistrados de la Sala Político Administrativo, a [su] manera de ver han soslayado estas decisiones y la mas reciente es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de junio de 2009, caso REVERON TRUJILLO VS VENEZUELA, y [se va] a permitir mencionar unos numerales como son el: 63, 64, 65, 66, 67, 70, 70, 71, 72, 75, 77, y 78, que hacen referencia entre otras cosas a la estabilidad de la que gozan los Jueces Provisorios en Venezuela, todo de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, solicita [l]a declaratoria de nulidad de la sentencia N° 2009-00754 del 3 de junio del año dos mil nueve, en el expediente N° 2006-0389, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, y puedan dictar ustedes una sentencia que ordene [su] restitución al cargo de Juez y el pago de [sus] salarios caídos.
II
De la decisión cuya revisión se solicita
La decisión dictada, el 2 de junio de 2009, y publicada el 3 de ese mes y año, por la Sala Político Administrativa, fue del siguiente tenor:
[ ]
Determinado lo anterior, debe la Sala atender en primer término al alegato del recurrente relativo a que la Comisión Judicial de este Alto Tribunal creó una sanción bajo la figura de la SUSTITUCIÓN, haciendo alusión a un Oficio que anexa, dirigido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del cual se lee Sirva la presente para comunicarles que en sesión de fecha 14 de junio del año que discurre, la Comisión Judicial, acordó designar a la abogada ( ) Juez Temporal del Juzgado de Primera Instancia Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, extensión Santa Ana en sustitución del profesional del derecho Gregorio Martín Carrasquero. (Resaltado de la cita).
Al respecto, es menester precisar que el acto precedentemente indicado no constituye objeto de impugnación en el presente recurso, por lo que tal referencia se entiende como un error del accionante, pues del escrito recursivo queda claro que el acto administrativo impugnado es el dictado por la Comisión Judicial en fecha 16 de noviembre de 2005, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la decisión del 14 de junio de 2005, que acordó dejar sin efecto la designación del recurrente como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, por tanto, la referencia realizada por el recurrente, al entender que se creó la figura de la sustitución, no es susceptible de ser revisada por este órgano jurisdiccional.
Realizada la anterior precisión, pasa la Sala a pronunciarse acerca del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, analizando para ello las denuncias de inmotivación, prescindencia total y absoluta de procedimiento y el cuestionamiento que realiza el recurrente atinente a la facultad discrecional que tiene la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para dejar sin efecto los nombramientos de los jueces que ocuparan cargos con carácter provisorio, afirmando al efecto que la decisión impugnada se dictó con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En este orden de ideas, se considera pertinente precisar las funciones de la Comisión Judicial de este Alto Tribunal y en ese sentido observa:
Al respecto, debe la Sala ratificar lo señalado en anteriores decisiones, Nros. 1.798, 1.225 , 1.264 y 689 del 19 de octubre de 2004, 27 de mayo de 2006, 22 de octubre y 18 de junio de 2008, por citar sólo algunas, en las que se ha referido a la innovación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al atribuirle al Tribunal Supremo de Justicia no sólo el ejercicio de la función jurisdiccional, sino además, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, e incluso, la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del resto del Poder Judicial a través de un órgano denominado Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el cual llevaría a cabo, por delegación, todo aquello que le fuera asignado.
Fue así como a través de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, publicada en Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.014 del 15 de agosto de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, le dio forma a ese órgano de rango constitucional (Dirección Ejecutiva de la Magistratura) con la finalidad de que ejerciera las funciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial; pero además, en el mismo instrumento normativo, dio creación de su propio seno a la Comisión Judicial, órgano integrado por un magistrado de cada Sala y dependiente directamente de este Máximo Tribunal, el cual actuaría también por delegación, en todas aquellas funciones administrativas de control y supervisión conferidas, así como cualquier otra establecida en la Normativa antes señalada y que, por supuesto, no involucrase la función jurisdiccional que, con base en el principio de separación de poderes, corresponde de forma exclusiva y excluyente al Tribunal Supremo de Justicia y al resto de los tribunales de la República.
Es decir, coexisten dos órganos que cumplen funciones específicas en materia administrativa, asignadas en un principio por la Normativa publicada en el año 2000, y en la actualidad, atribuidas y modificadas algunas de ellas, por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y más recientemente por el Reglamento Interno de este Tribunal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.496 del 9 de agosto de 2006.
Lo anterior no deja lugar a dudas acerca de la legitimidad de la Comisión Judicial para actuar por delegación en las tareas que le sean asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del amplio espectro que conlleva la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, labores entre las que se encuentra lo relativo al ingreso y permanencia de los jueces dentro del Poder Judicial.
Efectivamente, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que competen a la mencionada Comisión sólo aquellos asuntos relacionados con la remoción directa de un funcionario de carácter provisorio o temporal, y sin que opere alguna causa disciplinaria , indicándose además que tanta potestad tiene la Comisión Judicial para designar a los jueces de forma provisoria, como para dejar sin efecto su designación, cuando así sea precisado por la mayoría de sus miembros, y siempre que no medie una causa disciplinaria que obligue a la actuación del ente encargado de aplicar las sanciones . (Vid. sentencia de esta Sala Nº 1.798 de fecha 19 de octubre de 2004, Caso: Mercedes Chocrón contra la Comisión Judicial).
Asimismo, esta Máxima Instancia ha señalado que toda sanción disciplinaria contemplada en la Ley de Carrera Judicial, necesariamente, deberá estar precedida por el procedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario de carrera o de un funcionario de libre nombramiento y remoción; mientras que cuando lo que se persigue es la remoción de un juez cuyo nombramiento ha sido efectuado de forma provisional , la providencia administrativa que determina su separación del cargo no tiene que venir sujeta necesariamente a un procedimiento, pues, justamente, la garantía de estabilidad del juez y, por ende, el derecho a ser sometido al procedimiento respectivo, se alcanzan con el concurso de oposición consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una exigencia indispensable para acceder al cargo de Juez o Jueza con carácter de titular o Juez o Jueza de carrera; estabilidad ésta que no poseen los jueces provisorios. (Vid., entre otras sentencias de esta Sala Nros. 01225 y 00145, de fechas 17 de mayo de 2006 y 31 de enero de 2007, respectivamente, reiteradas en sentencia N° 01303 del 23 de octubre de 2008).
Es decir, el funcionario que goza de titularidad tendría siempre el derecho a ser sometido al procedimiento correspondiente, pues -como ya se indicó- la garantía de estabilidad se le otorga al que haya accedido al cargo en virtud del concurso provisto al efecto.
En este orden de ideas, debe esta Sala traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional, en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los funcionarios designados con carácter provisional, es de estricto carácter discrecional.
En efecto, a través de sentencia Nro. 2.414 del 20 de diciembre de 2007, aquella Sala señaló:
Sin duda, hay una distinción entre jueces de carrera y jueces provisorios: Los primeros adquieren titularidad luego de la aprobación del concurso; en cambio, los jueces y juezas provisorios se designan de manera discrecional, previo análisis de credenciales. Los jueces y juezas de carrera gozan de estabilidad y sólo pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos si se demuestra, en el curso de una audiencia oral y pública con garantías de defensa, y regulado por el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (publicado en la Gaceta Oficial N° 38.317, del 18 de noviembre de 2005) que han resultado incursos en faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Le y de Carrera Judicial, no así los jueces y juezas provisorios, que son susceptibles de ser separados del cargo de la misma manera como fueron designados: discrecionalmente. (Resaltado del presente fallo).
Asimismo, en el fallo citado la Sala Constitucional ratificó su posición previamente fijada en la sentencia Nro. 280 del 23 de febrero de 2007, en el sentido siguiente:
( ) como el derecho de defensa y el debido proceso (artículo 49 constitucional) deben respetarse al imputado por la falta disciplinaria, él debe, en principio, ser sometido a acusación y procedimiento, y por ello la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial debe solicitar a la Inspectoría General de Tribunales el inicio del procedimiento disciplinario con instrucción del respectivo expediente, con el fin de recibir la acusación para así no convertirse en juez y parte. Pero es obvio que en casos de graves errores judiciales inexcusables reconocidos en sentencia firme por las Salas de este Tribunal Supremo, o desacatos a órdenes judiciales, la investigación de la Inspectoría General de Tribunales puede limitarse a oír al Juez sobre las causas del error, o del desacato o incumplimiento, sin necesidad de seguir un largo procedimiento, para preparar la consiguiente acusación, fundada en los fallos que califican el grave error inexcusable o el desacato, y entonces no tienen razón para que la instrucción dure los noventa días que según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura puede durar la investigación. Por ello -a juicio de esta Sala, y como una alternativa- si en un término de diez (10) días hábiles de la recepción por la Inspectoría General de Tribunales de las sentencias de las Salas a que se refiere este fallo, no existe acusación por parte de ella, la Sala respectiva podrá informarlo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de quien depende jerárquicamente la Inspectoría General de Tribunales (artículo 17 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) para que remueva al Inspector, o nombre un Inspector General de Tribunales ad hoc, que supla al omiso en sus funciones respecto a la aplicación de las sanciones del artículo 40 numerales 4 y 11 de la Ley de Carrera Judicial.
Lo hasta ahora señalado sólo es aplicable a los jueces de carrera, ya que los provisorios, accidentales u otros jueces que son de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, pueden ser removidos por dicha Comisión con notificación a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de lo resuelto con estos jueces, a fin de la ratificación de lo decidido.
Conforme al criterio vinculante de la Sala Constitucional expresado en el referido fallo, los jueces provisorios o temporales carecen de estabilidad en los respectivos cargos y por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones especificas y legales que dieron lugar a su remoción.
Aplicando el criterio expuesto al caso bajo examen, debe esta Sala Político-Administrativa Accidental destacar que consta a los folios 48 y 49 del expediente administrativo que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial a través de la Resolución Nro. 461 de fecha 24 de abril de 2000 designó al recurrente como Juez Profesional para la Sección de Adolescentes del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Tucacas, dejándose claramente establecido en su artículo 2 que: La presente designación tiene carácter provisorio, hasta la celebración de los respectivos concursos, por lo que ese cargo era de libre nombramiento y remoción, ya que no tuvo su origen en concurso de oposición alguno. (sic).
De manera que la situación del abogado Gregorio Martín Carrasquero Argüello se ubica en la posición de quien ha ingresado al Poder Judicial de manera provisoria, al haber sido designado por un concurso de credenciales, sin que mediara concurso de oposición.
Siendo ello así, y toda vez que -como se expuso- la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia tiene entre sus funciones la potestad de dejar sin efecto los nombramientos de los Jueces Provisorios o Temporales, sin la exigencia de someter ese tipo de proveimientos a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar o dar razones específicas y legales de la remoción.
En concordancia con lo anterior debe indicarse que de la lectura del acto impugnado (folios 115 al 124 del expediente administrativo), se aprecia que si bien la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, no indicó los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron su decisión, dicha obligación no le era exigible dada la naturaleza del cargo Juez Temporal ocupado por el recurrente.
De tal modo que, por una parte, no se le ha atribuido al Juez removido falta disciplinaria alguna y por la otra, su estabilidad siempre estaría sujeta a que participara en un concurso de oposición para obtener la titularidad del cargo, circunstancia que no ha sido verificada en el presente caso.
En consecuencia, visto que el acto cuya nulidad se solicita fue dictado por la Comisión Judicial en ejercicio de las funciones administrativas que le son inherentes y no tratándose en el presente caso de acto de naturaleza sancionatoria ni disciplinaria, no existe violación de los derechos denunciados ni la configuración de los vicios alegados; pues contrariamente a lo afirmado por el recurrente, no era necesario seguirle un procedimiento administrativo o motivar la decisión. Así se declara.
Por otra parte, denunció el actor el vicio de falso supuesto, el cual a su decir se materializa en el hecho de que el acto impugnado carece de las razones de derecho ya que realmente, ni por accidente se encuentra la mención de algún precepto legal en el cual se fundamente, no tiene indicado ninguna Ley, ningún artículo, ningún reglamento ( ) porque ni en la parte narrativa, ni en la motiva (porque no tiene) ni en la dispositiva, cita ninguna Ley, reglamento o disposición legal que hubiera aplicado, lo cual transgrede la disposición contenida en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Al respecto, cabe señalar que la representación de la Procuraduría General de la República alegó la incompatibilidad de la denuncia simultánea del vicio de inmotivación y falso supuesto, no obstante vista la fundamentación realizada, esta Sala estima que lo denunciado por el recurrente es el vicio de ausencia de base legal y no el falso supuesto.
En este sentido, debe reiterarse lo expuesto en las líneas que anteceden atinente a que la situación del recurrente se ubica en la posición de quien ha ingresado al Poder Judicial de manera provisoria, al haber sido designado sin que mediara concurso de oposición, por lo que su designación podía ser revisada y dejada sin efecto en cualquier oportunidad; razón por la cual la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia no tenía la obligación de indicar los fundamentos de derecho en que sustentó su decisión. Así se declara.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, resultan improcedentes todas las denuncias efectuadas por la accionante debiendo declararse ajustado a derecho el acto administrativo emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Finalmente, visto que el acto recurrido no tiene carácter sancionatorio, es preciso acotar que el accionante puede participar en los concursos de oposición previstos para proveer los cargos de jueces y juezas de la República. Así igualmente se establece.
V
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada, por el ciudadano GREGORIO MARTÍN CARRASQUERO ARGÜELLO, contra la decisión del 16 de noviembre de 2005 dictada por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. En consecuencia, FIRME el acto administrativo impugnado.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el cardinal 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional tiene competencia para revisar las sentencias dictadas por las otras salas, cuando se denuncie razonadamente la violación de principios jurídicos fundamentales, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.
Asimismo, esta Sala, en sentencia n° 93/2001, caso: Corpoturismo, dictada en atención a lo dispuesto por el artículo 335 eiusdem, estableció que esta Sala Constitucional podrá revisar de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional [l]as sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.
Por tanto, visto que en el presente caso ha sido solicitada la revisión de una sentencia dictada por la Sala Político Administrativa, esta Sala asume la competencia conforme a lo previsto en el artículo 336.10 constitucional y el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Para decidir respecto de la revisión solicitada, esta Sala Constitucional observa:
La revisión extraordinaria, ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas [Cfr. sents. 1760/2001 y 1862/2001]. Su extraordinariedad justifica la manera selectiva con que se juzga la admisibilidad de las solicitudes interpuestas, pues la Sala no está vinculada a las peticiones que se hagan en este sentido [Cfr. sent. 44/2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor].
En tal virtud, al momento de la ejecución de tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y, en consideración a la garantía de la cosa juzgada, al ejercicio de la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de fallos que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada.
Esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia [Vid. Sentencia de la Sala n° 2957/2004, caso: Margarita de Jesús Ramírez].
En el caso de autos, el objeto de la solicitud de revisión lo constituye la decisión dictada, el 2 de junio de 2009 y publicada, el 3 de ese mes y año, por la Sala Político Administrativa, fundamentada principalmente en que la misma sostiene que la Comisión Judicial podía revisar y dejar sin efecto la designación del abogado Gregorio Carrasquero, como juez provisorio, en cualquier momento y sin necesidad de abrir procedimiento alguno.
Asimismo, el solicitante plantea en su escrito de revisión dos (2) denuncias, una dirigida a cuestionar el hecho de que la Magistrada Yolanda Jaimes, ponente del fallo cuestionado, se desempeñaba, para la fecha en que fue designado juez provisorio, como integrante de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, y suscribió su designación para el año 2000; y la segunda, que a su decir, la decisión se basó en lo dispuesto en el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia publicado en el año 2006, cuando el cargo que desempeñaba quedó sin efecto en el año 2005. Asimismo, en su reforma señala que a su criterio se encuentra comprendido dentro de lo dispuesto en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, publicado el 6 de agosto de 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del mismo.
Respecto al hecho de que la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero decidió el fondo del recurso de nulidad y era para la fecha, integrante de la Comisión que lo designó como juez provisorio, se observa que, tal como lo señala el solicitante de la revisión que nos ocupa, la mencionada Magistrada formó parte de la Comisión que lo designó para el cargo de juez, no de aquella que dejó sin efecto el nombramiento del cargo que ostentaba de manera provisoria dentro del Poder Judicial, dado que dicha decisión fue tomada por la Comisión Judicial, la cual es un órgano conformado por integrantes distintos a los que componen la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y con competencias disímiles, por tanto, estima esta Sala que al no haber sido la Magistrada Yolanda Jaimes, parte en la decisión que se recurrió en nulidad, la misma no estaba incursa en causal de inhibición y recusación alguna.
Conforme a lo expuesto, esta Sala Constitucional no evidencia afectación de orden público ni vulneración o contradicción a alguna decisión vinculante por parte de esta Sala, por tanto, se desecha el analizado argumento, por quedar evidenciada la mera inconformidad con lo decidido. Así se declara.
En cuanto al presunto hecho de que le fue aplicado el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, es de señalar que dicha afirmación es contraria a la verdad ocurrida en autos, pues si bien la Sala Político Administrativa hizo alusión al citado reglamento en su decisión, fue para no dejar dudas de la legitimidad que tiene la Comisión Judicial para actuar en lo relativo al ingreso y permanencia de los jueces dentro del Poder Judicial, ante la delegación en las tareas que le son asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en principio, por las establecidas por la Normativa publicada en el año 2000, y hoy día atribuidas y modificadas algunas de ellas, por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y más recientemente por el Reglamento Interno de este Tribunal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.496 del 9 de agosto de 2006; siendo así, no se evidencia que se haya aplicado retroactivamente el citado Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.
Respecto a la aplicación del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, hay que recordar que dicho código fue publicado con fecha posterior a la ocurrencia de los hechos suscitados, y el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, como uno de los importantes soportes de seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho, la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales, las cuales, en principio y como regla general, no son aplicables a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, salvo las excepciones allí previstas, a saber: (i) las leyes de procedimiento se aplicarán aun a los procesos que se hallaren en curso cuando entren en vigencia, con la limitación relativa a los procesos penales, en los cuales se estimarán las pruebas evacuadas conforme a la ley vigente para la fecha en que fueron ofrecidas, en cuanto beneficien al reo o rea (in dubio pro reo); y (ii) cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea (favor libertatis) [Cfr. sent SC n° 2461/2001].
Aunado a ello, la mayor parte de su escrito lo ha dedicado a cuestionar la probidad respecto a la actuación de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, ante su desacuerdo con la consideración hecha por la Sala Político Administrativa y avalada por esta Sala Constitucional en anteriores oportunidades cuando se afirma que los jueces y juezas provisorios, son susceptibles de ser separados del cargo de la misma manera como fueron designados: discrecionalmente.
Así lo ha explicado ampliamente esta Sala en sentencia nº 2414/2007, la cual resulta pertinente traer a colación, ya que explana de forma detallada lo siguiente:
En efecto, el encabezamiento del artículo 255 de la Constitución establece lo siguiente:
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.
De este modo, la Constitución contempla una garantía esencial en el Estado de Derecho, cual es la estabilidad de los jueces, a fin de mantener su independencia, asegurándoles su permanencia en los cargos, salvo que se compruebe la comisión de faltas previstas en el ordenamiento jurídico aplicable, que ameriten su respectiva sanción.
Ahora bien, para el ingreso a la carrera judicial, que provee de estabilidad en el cargo, de acuerdo con la citada norma constitucional, se exige la aprobación de concursos públicos, como mecanismo idóneo para procurar la aptitud y capacidad de quienes impartirán justicia. De modo que el ingreso por concurso es imprescindible en la carrera judicial, y se convierte en la vía idónea para alcanzar la estabilidad y asegurar la permanencia del juez o jueza en su cargo. Corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento y juramentación de los jueces y juezas de la República, una vez aprobado el concurso.
La estabilidad no es, sin embargo, absoluta, pues la aprobación de tales concursos no puede convertirse en impedimento para la inspección y vigilancia que es necesaria sobre los órganos del Poder Judicial. Por ello, el artículo 267 de la Constitución dispone:
[ ]
La norma transcrita encarga al Máximo Tribunal de la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, y la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, a diferencia del Texto Fundamental de 1961, que encargó tal labor al extinto Consejo de la Judicatura, órgano de naturaleza exclusivamente administrativa no integrante de la Corte Suprema de Justicia, para entonces el Máximo Tribunal de Justicia.
En la Constitución de 1999, el artículo 267 prevé, en cambio, la llamada jurisdicción disciplinaria, a cargo de tribunales disciplinarios, los cuales se encargarían de juzgar las faltas cometidas por los jueces, a fin de ordenar los correctivos a que hubiere lugar, incluida la destitución. Esa jurisdicción disciplinaria, como se reseñará más adelante en este fallo, la ejerce, desde el Decreto de Régimen de Transición del Poder Público del año 1999, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
La Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.014, del 15 de agosto de 2000, creó, conforme lo establece el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano encargado de ejercer, por delegación, las funciones del Máximo Tribunal en materia de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial (sobre la naturaleza administrativa de la función ejercida por este Tribunal, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ver fallo N° 1812/2006).
En esa misma Normativa se creó la Comisión Judicial (artículo 2), como órgano del Tribunal Supremo de Justicia, para ejercer por delegación las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, así como todas aquellas atribuciones enumeradas en ese texto normativo. En la actualidad, esa Comisión está regulada en el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, aprobado por la Sala Plena, el 8 de marzo de 2006, el cual la califica como una comisión permanente (artículo 73), conformada por seis Magistrados, uno de cada Sala (artículo 74), con diversas competencias, y entre ellas, la de someter a consideración de la Sala Plena las políticas de reorganización del Poder Judicial y su normativa (artículo 79.7). En ese Reglamento se derogaron expresamente las disposiciones relacionadas con la Comisión Judicial contenidas en los artículos 26, 27 y 28 de la mencionada Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial.
Además de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, coexiste la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, órgano creado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través del Régimen de Transición del Poder Público, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.859 del 29 de diciembre de 1999, cuyo artículo 21 dispuso que mientras el Tribunal Supremo de Justicia no organice la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, las competencias de gobierno y administración, de inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas, así como las competencias que la actual legislación le otorga al Consejo de la Judicatura en sus Salas Plena y Administrativa, serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
En atención a la mencionada transición, dicha Comisión pasó a ejercer, entre otras competencias, la de nombrar jueces y juezas: precisamente la abogada [ ] fue designada el 15 de mayo de 2000, por esa Comisión, fecha para la cual, aún no había sido creada la Comisión Judicial. En la actualidad la designación de los jueces y juezas corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según lo previsto en el artículo 6.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que la ejerce a través de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
En su momento, la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial limitó las competencias de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Su artículo 30 le asignó sólo funciones disciplinarias mientras se dictara la legislación correspondiente y se creara la jurisdicción disciplinaria y los correspondientes tribunales disciplinarios, tal como lo reiteró posteriormente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), en su Disposición Transitoria Única, letra e).
Como se observa, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial tiene a su cargo la potestad disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República. Ahora bien, en el proceso de reorganización del poder judicial que se inicia con el Decreto de Reorganización del Poder Judicial dictado por la Asamblea Nacional Constituyente (publicado en la Gaceta Oficial Nº 26.772 del 25 de agosto de 1999) puede haber jueces y juezas no designados por concurso, de libre nombramiento, que pueden ser removidos de sus cargos por la Comisión Judicial, al dejar sin efecto el acto de su designación, sin que ello implique, en modo alguno, el ejercicio de una potestad disciplinaria que no le compete.
Así, el proceso de convocatoria a concursos para obtener la titularidad de los cargos se hace complejo, al tener en cuenta el número de tribunales existentes en el país, las nuevas competencias especiales creadas desde el año 2000 y la necesidad de que todos se ajusten a las previsiones constitucionales. Se trata de un proceso de reestructuración y reorganización del Poder Judicial que aún no ha concluido y que justifica la designación de jueces y juezas no titulares con el fin de garantizar la continuidad de la Administración de Justicia y el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas.
Los jueces y juezas provisorios por tanto, ocupan cargos judiciales, pero no ostentan la condición de jueces de carrera, al no haber ingresado por concurso público en el que, tras diversas pruebas (escrita, práctica y oral), se les haya evaluado. Su designación la realiza la Comisión Judicial, por delegación que hace la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de la necesidad de ocupar los cargos judiciales mientras culmina el mencionado proceso de reestructuración y reorganización del Poder Judicial.
Sin duda, hay una distinción entre jueces de carrera y jueces provisorios: Los primeros adquieren titularidad luego de la aprobación del concurso; en cambio, los jueces y juezas provisorios se designan de manera discrecional, previo análisis de credenciales. Los jueces y juezas de carrera gozan de estabilidad y sólo pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos si se demuestra, en el curso de una audiencia oral y pública con garantías de defensa, y regulado por el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.317, del 18 de noviembre de 2005) que han resultado incursos en faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, no así los jueces y juezas provisorios, que son susceptibles de ser separados del cargo de la misma manera como fueron designados: discrecionalmente.
Así las cosas, se considera, luego del examen de la sentencia impugnada, que no existen violaciones de orden constitucional ni a criterio vinculante establecido por esta Sala, lo que sí se estima es que las denuncias están dirigidas a que esta Sala revise nuevamente su asunto, anule todo el juicio y se ordene su reincorporación y pago de salarios caídos, tal como fue solicitado en su escrito; lo que, a todas luces, pone en evidencia el desacuerdo del abogado Gregorio Carrasquero con la decisión dictada por la Sala Político Administrativa, la cual, a juicio de esta Sala, no contiene ninguna consideración o criterio que altere la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni, en fin, alguna interpretación u omisión de aplicación de alguna norma o principio constitucional que atente contra la supremacía y efectividad de la Carta Magna.
Por tal motivo, esta Sala considera oportuno insistir que la revisión constitucional no constituye y no debe ser entendida y empleada como un medio ordinario de impugnación o como una nueva instancia, pues es un mecanismo constitucional excepcional, extraordinario y discrecional, que se encuentra limitado a unos supuestos claramente establecidos, en ninguno de los cuales, como se indicó supra, encuadra la decisión objetada en esta oportunidad, razón por la cual, ejerciendo con máxima prudencia su potestad revisora, esta Sala considera que no ha lugar a la revisión solicitada, por el abogado Gregorio Carrasquero, de la decisión n° 00754 dictada, el 2 de junio de 2009, y publicada, el 3 de ese mes y año, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR a la revisión solicitada, por el abogado Gregorio Carrasquero, de la decisión n° 00754 dictada, el 2 de junio de 2009, y publicada, el 3 de ese mes y año, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 05 días del mes de marzo del año dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
EXP. n° 09-1061
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