Venley

Sentencia N.º 3941

Sentencia
N.º 3941
Fecha
08/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-0719
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: Luis Velázquez Alvaray

Expediente N° 05-0719

 

El 7 de abril de 2005 se recibió en Sala el Oficio N° 0540-175 del 29 de marzo de 2005, remitido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, anexo al expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por AURA GODOY DE RIVAS, titular de la cédula de identidad N° 923.293, asistida por la abogada Marina Parra Barrios, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.990, contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  y su aclaratoria dictada el 2 de agosto de 2004, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, y en consecuencia, declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso  de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora, por la presunta violación del derechos constitucionales al debido proceso y  a la defensa, previstos en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Dicha remisión se realizó a fin que esta Sala conozca de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 14 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual declaró sin lugar por improcedente la presente acción de amparo constitucional.

 

El 12 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 17 de febrero de 2005, la parte accionante consignó escrito de fundamentación de la apelación interpuesta.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

            El 29 de enero de 2003, el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo -tribunal de la causa- dictó sentencia definitiva, en el juicio de desalojo seguido por la ahora accionante contra el ciudadano José Rafael Moreno, que fundamentalmente declaró con lugar el desalojo, otorgó un lapso de seis meses para la entrega del inmueble objeto del litigio, suspendió la medida de embargo decretada y condenó en costas a la parte demandada.

 

           El 4 de febrero de 2003, la parte demandante se dio por notificada de la sentencia definitiva antes aludida y el 19 de febrero de 2003, la parte demandada fue notificada según exposición del alguacil que consta en autos.

El 20 de febrero de 2003, la parte demandante, hoy accionante, solicitó aclaratoria de la sentencia definitiva del 29 de enero de 2003.

 

El 24 de febrero de 2003, la parte demandada apeló de la sentencia definitiva.

 

El 13 de marzo de 2003, el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, declaró sin lugar la aclaratoria de la sentencia definitiva.

 

 En esa misma fecha -13 de marzo de 2003-, el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante auto, oyó la apelación interpuesta por la parte demandada el 24 de febrero de 2003 contra la sentencia definitiva aludida, ordenando remitir el expediente al tribunal de alzada.

 

El 12 de julio de 2004, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del  Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, y en consecuencia, declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora.

 

El 20 de julio de 2004, la secretaria del tribunal de alzada dejó constancia de la notificación de la sentencia del 12 de julio de 2004 a la parte demandada.

 

En esa misma fecha, la parte demandante solicitó aclaratoria de la sentencia definitiva, dictada por el tribunal de alzada.

 

El 2 de agosto de 2004, el referido tribunal de alzada dictó sentencia que declaró sin lugar la aclaratoria y negó el pedimento de pronunciarse sobre la apelación de la parte actora, por cuanto ésta interpuso la apelación ante el tribunal de alzada y no por ante el tribunal de primera instancia, conforme lo dispone el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El 26 de enero de 2005, la parte accionante interpuso acción de amparo constitucional contra las decisiones dictadas el 12 de julio de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del  Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  y su aclaratoria dictada el 2 de agosto de 2004, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, y en consecuencia, declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora.

 

De la lectura del escrito contentivo de la acción de amparo y de los recaudos acompañados a ésta, se desprenden los siguientes hechos y argumentos que fundamentan su interposición.

 

Denunció la accionante que la sentencia accionada  violó su derecho al debido proceso y a la defensa, por no dejar transcurrir íntegramente el lapso de apelación, impidiéndole de esta forma ejercer el recurso de apelación, y en contraste tramitó una apelación extemporánea por anticipada.

Agregó que el tribunal señalado como presunto agraviante, otorgó un lapso de prórroga legal que no corresponde para este caso concreto de desalojo fundamentado en las causales a, d, y e del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, con la agravante de que la analogía aplicada es para casos de contratos a tiempo determinado, siendo que en la sentencia accionada el juez declaró que se trataba de un contrato a tiempo indeterminado.

 

Finalmente, solicitó la restitución de la situación jurídica infringida, se subsane el error judicial cometido por el tribunal señalado como presunto agraviante y se anulen las sentencias accionadas, en lo referente al otorgamiento ilegal del lapso de prórroga legal otorgado a la parte demandada.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 17 de febrero de 2005 la parte accionante ejerció el recurso de apelación contra la sentencia dictada el 14 de ese mes y año por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual declaró sin lugar por improcedente la presente acción de amparo constitucional, por estimar entre otras consideraciones, que:

 

La pretensión de la parte accionante es el pronunciamiento del juez constitucional sobre hechos controvertidos y decididos en juicio, durante el cual el quejoso ejerció su derecho a la defensa, con la garantía del debido proceso, lo que a juicio del a quo, en este caso no encaja en los supuestos de procedencia de la acción de amparo contra decisión judicial, es decir, que el tribunal señalado como presunto agraviante haya actuado fuera de su competencia,  ni con extralimitación de funciones.

 

IV

DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE

 

De la lectura del escrito contentivo de la fundamentación de la apelación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia apelada, se desprende fundamentalmente lo siguiente:

 

Que el a quo dejó de considerar que el tribunal de la causa le impidió apelar de la decisión dictada en primera instancia remitiendo el expediente a la alzada, el mismo día que dictó la aclaratoria de la sentencia, en razón de la apelación interpuesta por la parte demandada, de forma  extemporánea por adelantada.

 

Que  la aclaratoria de la sentencia definitiva del 29 de enero de 2003 por el tribunal de la causa, fue decidida el 13 de marzo de 2003, es decir, fuera del lapso establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual ha debido notificarse dicha decisión, a fin del ejercicio del recurso de apelación.

 

            Que interpuso el recurso de apelación por ante la alzada, ante  la imposibilidad de interponerlo ante el juez de la causa, lo cual cercenó su derecho a la defensa y al debido proceso, al no dejar transcurrir el lapso íntegro para la interposición de este recurso.  

 

 

V

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000, (Caso: Emery Mata Millán) y el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones que se ejerzan contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores (excepto los contencioso administrativos), cortes de lo contencioso administrativo y cortes de apelaciones en lo penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice, la sentencia apelada fue dictada el 14 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual declaró “sin lugar por improcedente” la presente acción de amparo constitucional, interpuesta contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  y su aclaratoria dictada el 2 de agosto de 2004, mediante la cual declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso menor de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora, por la presunta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y  a la defensa, previstos en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la presente acción de amparo y,  así se declara.

 

VI

CONSIDERACIONES PREVIAS

 

Como punto previo, esta Sala, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de los escritos de fundamentación de la apelación interpuesta.

Sobre este aspecto se ha pronunciado la Sala en reiteradas sentencias, entre las cuales destaca la N° 442 del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicio Los Pinos, S.R.L.), en la cual se señaló lo siguiente:

 

“…Por otra parte, es necesario igualmente que, como punto previo, esta Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del escrito presentado en este expediente, en fecha 4 de octubre de 2000, por el abogado Genaro Goateche en representación del ciudadano FRANCISCO THOMAS DOMÍNGUEZ QUINTANA. En tal sentido, esta Sala considera inadmisible el mismo para la presente decisión en vista de que fue consignado luego de haber transcurrido los treinta (30) días establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para que el ad quem conozca de la apelación o consulta de la sentencia de amparo constitucional. En este sentido, esta Sala considera que habiendo la Ley establecido un plazo para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como un plazo preclusivo para que las partes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente”.

 

A partir de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y del criterio antes señalado, esta Sala admite el escrito de fundamentación de la apelación interpuesto por la parte accionante por haber sido presentados tempestivamente, y así se decide. 

 

VII

MOTIVACIÓN  PARA DECIDIR

 

Pasa la Sala a conocer de la apelación  interpuesta contra la decisión dictada el 14 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual declaró “sin lugar por improcedente” la presente acción de amparo constitucional interpuesta.

 

Al respecto, la Sala observa:

 

En el caso de autos, la parte accionante interpuso la presente acción de amparo contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, y su aclaratoria dictada el 2 de agosto de 2004, mediante la cual declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso menor de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora, lo que a su juicio constituye una  violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, previstos en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

En el caso de autos,  la parte accionante denunció que el tribunal señalado como presunto agraviante le cercenó su derecho a la defensa al no dejar transcurrir el lapso íntegro para interponer el recurso de apelación contra la sentencia aludida.

 

En este sentido, ha indicado esta Sala en sentencias anteriores -sentencia del 1 de septiembre de 2003, Exp. 03-0702- que sólo pueden considerarse vulnerados estos derechos – a la defensa y al debido proceso- cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.

 

Al respecto, esta Sala Constitucional pudo evidenciar que en el presente caso, el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo -tribunal de la causa- dictó sentencia definitiva el 29 de enero de 2003, quedando la parte demandante y demandada en conocimiento de ésta, según consta en autos, el 4 y 19 de febrero de 2003, respectivamente.

 

Asimismo, constató que el 13 de marzo de 2003 el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, declaró sin lugar la aclaratoria de la sentencia definitiva -del 29 de enero de 2003- solicitada por la parte demandante el 20 de febrero de 2003; y que ese mismo día -13 de marzo de 2003-, mediante auto oyó la apelación interpuesta por la parte demandada el 24 de febrero de 2003 contra la sentencia definitiva aludida, ordenando remitir el expediente al tribunal de alzada, sin esperar el fenecimiento del lapso previsto para la apelación, cercenando efectivamente el derecho de la parte demandante, hoy accionante.

 

Es preciso destacar que cuando una de las partes solicita la aclaratoria de la sentencia definitiva, el lapso de apelación comienza a computarse a partir de la fecha en la cual se dicta la aclaratoria – si ésta es dictada dentro de los tres días siguientes- o bien a partir de la constancia en autos de la notificación de las partes, precisamente para garantizar el ejercicio de los recursos atinentes a la impugnación de la sentencia por quien la considere adversa.

 

De allí que, el lapso para la interposición del recurso de apelación, ha debido empezar a computarse, en el caso de autos, a partir de la notificación de las partes, por cuanto la sentencia aclaratoria fue dictada el 13 de marzo de 2003, esto es,  fuera de los tres días siguientes de dictada  la sentencia definitiva cuya aclaratoria se solicita, según lo previsto en el artículo 252 del Código  de Procedimiento Civil.

 

En este sentido, es necesario destacar que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala expresamente que “igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional”.

 

Siendo así, ratifica esta Sala que como juez constitucional no puede intervenir en  la valoración que el Juez de alzada hace de los elementos de convicción que sirven de fundamento a la decisión accionada, pero cuando ese juez dicta una decisión u ordena un acto que lesiona un derecho fundamental es necesario proceder a la restitución de la situación jurídica infringida.

 

No obstante, esta disposición es clara al establecer los presupuestos para activar la vía del amparo constitucional contra una sentencia judicial, de allí que, el tribunal señalado como presunto agraviante al ordenar la remisión del expediente antes de precluir el lapso para la interposición del recurso de apelación por las partes, dejó de cumplir con el procedimiento legalmente establecido, impidiéndole a las partes valerse de los medios procesales ordinarios para su defensa, razón por la cual, considera esta Sala que dicho acto lesionó los derechos fundamentales denunciados.  Así se decide.

 

En consecuencia, estima la Sala que en el caso de autos se configura la violación del derecho al debido proceso y a la defensa denunciada por la accionante, que ha debido ser advertida por el a quo, y  en  virtud  de   lo antes expuesto, esta Sala declara con lugar la apelación, revoca la sentencia apelada y declara con lugar la acción de amparo interpuesta.

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el  14 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual declaró sin lugar por improcedente la presente acción de amparo constitucional; y en consecuencia:

1.      REVOCA la sentencia apelada.

2.      CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la ciudadana AURA GODOY DE RIVAS, contra la sentencia dictada el 12 de julio de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  y su aclaratoria dictada el 2 de agosto de 2004, que declaró con lugar el desalojo y otorgó un lapso menor de seis meses para la entrega del mencionado inmueble a la parte actora.

3.      REPONE la causa principal al estado de dejar transcurrir íntegramente el lapso para el ejercicio del recurso de apelación, previa la notificación de las partes.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen.

 

Dada, firmada y sellada, en  el Salón  de  Audiencias del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los  08 días  del mes de  diciembre            de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

La Presidenta

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente,

 

 

           Jesús Eduardo Cabrera Romero

    

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

Magistrado

 

 

           

Luis  Velázquez Alvaray                           

                                                                           Magistrado-Ponente                                                      

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

                        Magistrado

 

 

 

           

                       Marcos Tulio Dugarte Padrón

     Magistrado

 

 

 

 

 

 

 Carmen Zuleta de Merchán

          Magistrada

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

                                                  José Leonardo Requena

 

Exp. 05-0719

LVA/

 

 

 

...trado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento con la mayoría sentenciadora y, en consecuencia, salva su voto con base en lo siguiente:

 

La quejosa de autos, ciudadana Aura Godoy de Rivas, incoó pretensión de amparo constitucional contra el fallo que pronunció, el 12 de julio de 2004, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo y contra la aclaratoria de la referida decisión que fue pronunciada el 2 de agosto de 2004, por cuanto “la sentencia accionada no dejó transcurrir íntegramente el lapso de apelación, impidiéndole de esta forma ejercer el recurso de apelación, y en contraste tramitó una apelación extemporánea por anticipada.”

 

Por su parte, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 14 de febrero de 2005, declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional, toda vez que la misma no cumplió –a su decir- con los requisitos de procedibilidad de la misma. 

 

La decisión de la cual se discrepa,  revocó el fallo que produjo el referido Juzgado Superior el 14 de febrero de 2005, y, en consecuencia, repuso la causa principal al estado de que transcurriera íntegramente el lapso para el ejercicio de la apelación, previa notificación de las partes y, en tal sentido, se señaló:

 

 

“(…), esta Sala pudo evidenciar que en el presente caso, el tribunal de la causa dictó aclaratoria de la sentencia definitiva del 29 de enero de 2003, y ese mismo día oyó la apelación interpuesta por la parte demandada el 24 de febrero de 2003, contra la sentencia definitiva del 29 de enero de 2003, sin esperar el fenecimiento del lapso previsto para la apelación, cercenando efectivamente el derecho de la parte demandante, hoy accionante.

 

Es preciso destacar que cuando una de las partes solicita la aclaratoria de la sentencia definitiva, el lapso de apelación comienza a computarse a partir de la fecha en la cual se dicta la aclaratoria –si ésta es dictada dentro de los tres días siguientes- o bien a partir de la constancia en autos de la notificación de las partes, precisamente para garantizar el ejercicio de los recursos atinentes a la impugnación de la sentencia por quien la considere adversa.

 

De allí que, el lapso para interposición del recurso de apelación, ha debido empezar a computarse a partir del 13 de marzo de 2003, fecha cuando el aludido tribunal dictó la sentencia aclaratoria.”

 

El Magistrado disidente  está en desacuerdo con lo anterior, toda vez que el lapso para el ejercicio de la apelación comienza a computarse desde la oportunidad cuando se dictó la sentencia definitiva, por cuanto el mencionado recurso debe ejercerse dentro del lapso para ello, el cual se inicia con la publicación del fallo o su notificación y no se suspende  por la solicitud de aclaratoria o ampliación. En ese sentido se pronunció la Sala, en acto decisorio n° 1401 del 2  junio de 2003, en el cual se acogió el criterio de la Sala de Casación Social. Lo anterior no obsta a que se ejerzan los medios de impugnación contra la ampliación o aclaratoria, si ésta perjudica  a la parte, aún más que la decisión objeto de la solicitud.

 

Así las cosas, en opinión del disidente, lo procedente era la confirmación, en otros términos, del veredicto que pronunció el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 14 de febrero de 2005, por cuanto no existe agravio constitucional imputable al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de esa misma circunscripción judicial.

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.

 

Fecha ut retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

…/

…

 

 

 

 

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. n° 05-0719

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias