SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

            El 14 de diciembre de 2006, el abogado Juan F. Hurtado R, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 9.221, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE LUIS FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.226.259, presentó ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de revisión, de conformidad con los artículos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, el 29 de septiembre de 2004.

            El 19 de diciembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

            Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

            En el escrito presentado ante la Sala, el solicitante expuso lo siguiente:

Que, en el juicio que por cobro de daños morales y emergentes derivados de accidente de tránsito intentaron en contra de su representado los ciudadanos Sara María, Maribel del Valle, Francia Niza, Marbelis Josefina, Jesús Juvenal, Francisco Tomas, Alexandra del Carmen y José Lanz Lanz, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó sentencia condenatoria. Apelada dicha decisión, le correspondió conocer al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el cual declaró sin lugar la apelación.

Anunciado recurso de casación ante la Sala de Casación Civil, éste fue declarado sin lugar en sentencia dictada el 29 de septiembre de 2004, incurriendo a juicio del recurrente en las siguientes violaciones:

La primera de ellas, la relativa a que el Estado garantice una justicia transparente (art. 26 del texto constitucional), y la segunda que se observe el debido proceso (art. 49 eiusdem).

La falta de transparencia deviene en el hecho de que la Sala de Casación Civil, al decidir el recurso de casación por ellos interpuestos, “…no determinó con exactitud, si la reproducción de los argumentos que desechan la cuestión previa opuesta, se refieren a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia o a la parte primera de su propia decisión, lo cual obligaba a la Sala de Casación Civil a motivar más su decisión y observar la denuncia realizada por el formalizante…”.

Afirma igualmente que la Sala de Casación Civil, cuando sostuvo en su sentencia que la parte recurrente entremezcló indebidamente delaciones por defecto de actividad con una denuncia por infracción de ley, dejó de administrar justicia en forma transparente apelando a formalismos para enervar la denuncia; toda vez que dada las técnicas de casación, este tipo de denuncias se hace primero como defecto de actividad conforme lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y posteriormente en otro Capítulo por infracción de ley expresa a tenor de lo dispuesto en el ordinal 2º de la norma citada.  

Refiere, que la decisión objeto del recurso de casación concordante con el fallo dictado por la Sala de Casación Civil, violentó el debido proceso y el derecho a la defensa de su defendido, pues al ser opuesta la cuestión previa relativa a que el poder no se encontraba debidamente otorgado, por incumplimiento de los  requisitos del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, como lo aceptan ambos tribunales, se debió declarar con lugar la cuestión previa opuesta para que se subsanara el vicio, pero en ningún caso se debió decidir retroactivamente en base a unos documentos consignados en una oportunidad posterior, razón por la cual solicita se declare con lugar la revisión solicitada.

Que, habiéndose denunciado en casación el error de interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, por cuanto el juzgado a quo y el juzgado superior, dieron por válida la interrupción de la prescripción con la inscripción en el Registro de una copia certificada del libelo de la demanda sin la orden de comparecencia, la sentencia recurrida señaló que su mandante no fundamentó la denuncia de infracción del artículo mencionado con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, declarándola improcedente, siendo que de la lectura efectuada al artículo 313 ordinal 2 eiusdem, no se encuentra tal exigencia.

Que la recurrida, debió cumplir con el contenido del artículo 335 del texto constitucional, relativo a la uniforme interpretación y aplicación de las normas y principios constitucionales que le han sido violentados a su mandante, y concretamente la omisión que realizó la Sala de Casación Civil a la interpretación  jurisprudencial del artículo 1.969 del Código Civil.

Que igualmente la sentencia recurrida al pronunciarse sobre su denuncia respecto a la falta de decisión sobre la perención alegada en la instancia, desechó la delación alegando falta de técnica procesal, porque según su criterio no pudo constatar lo que quiso delatar el formalizante considerando que no sabe como fueron infringidos los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.

Razones por la cuales solicitó se declare con lugar la revisión propuesta.

II

DEL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia dictada el 29 de septiembre de 2004, la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, dictó la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión, haciendo las consideraciones siguientes:

“…En la presente denuncia el recurrente plantea la supuesta infracción por parte de la sentenciadora de Alzada del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio de inmotivación -según su dicho- porque al desechar la segunda cuestión previa planteada de conformidad con el ordinal 3º del artículo 346 eiusdem, señaló que, ‘...-el comentario aquí se da por reproducido-...’.

En este sentido, de la transcripción parcial del texto de la recurrida, se observa que la Juez Superior señaló los motivos por los cuales desechaba la primera de las cuestiones previas opuestas con fundamento en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, mas, al resolver la segunda de ellas, expone sus motivos y añade el comentario expuesto con el que desechó la anterior. Cabe destacarle al formalizante, que las decisiones emitidas por los jueces son una sola, y que las motivaciones de sus fallos se pueden encontrar a lo largo de ellas, por lo que es perfectamente viable y así lo hace esta Suprema Sala de Casación Civil, que con la finalidad de evitar repeticiones inútiles, se den por reproducidos los argumentos utilizados para desechar pedimentos similares dentro de una misma sentencia, motivo por el cual, tal señalamiento no constituye una omisión de motivación del fallo.

Omississ…

En el sub iudice, la Sala observa que el formalizante pasa a señalar sin coherencia argumentativa una serie de vicios imputables a la recurrida, como el de incongruencia negativa por la omisión de pronunciamiento en relación a la prescripción de la acción alegada por el demandado    -pero transcribe lo que en referencia a ese punto señaló la ad quem- y una supuesta infracción de los artículos 342 del Código de Procedimiento Civil, y 1.969 del Código Civil, por falta de aplicación, porque -según su dicho- en el libelo de demanda protocolizado, su auto de admisión no contenía la orden de comparencia del accionado, todo bajo una única denuncia y con una misma fundamentación. Por tanto, se evidencia que a través de esta denuncia por defecto de actividad, se entremezclan indebidamente delaciones por defecto de actividad, consagrados en el ordinal 1° del artículo 313 (incongruencia), con una denuncia de infracción de ley, específicamente la falta de aplicación de los artículos 342 del Código Procesal y 1.969 del Código Civil, el cual es un motivo de casación de fondo, previstos en el ordinal 2º del artículo 313 del citado Código de Procedimiento Civil.

Omissis

El formalizante nuevamente señala que la ad quem incurrió en el vicio de inmotivación -según su dicho- al no expresar los motivos en los cuales fundamentó su decisión respecto a la falta de cualidad e interés del litis consorcio activo para proponer la acción, en virtud de que otorgaron poder en su carácter de únicos y universales herederos de los ciudadanos Jesús Juvenal Lanz y Francia Niza Lanz de Lanz.

Contrario a lo señalado por el recurrente y tal como se evidencia de la parte pertinente de la recurrida, ut supra trasladada, el sentenciador sí expresó los motivos de hecho y de derecho en los cuales sustentó su pronunciamiento de improcedencia de la defensa de falta de cualidad de los demandantes para sostener la acción. Conforme a la doctrina de la Sala que fue transcrita en la oportunidad de resolverse la primera denuncia por defecto de actividad, la inmotivación se produce cuando falta de manera absoluta la motivación, sin importar lo acertado o no de su fundamentación; pues de ser el caso que el recurrente no esté conforme con ella, otra deberá ser la denuncia a plantearse. Así se decide

Omissis

En la presente denuncia el recurrente plantea que la Juez Superior incurrió en el vicio de error de interpretación en cuanto al contenido y alcance del artículo 1.969 del Código Civil, cuando desestimó el alegato del accionado de la prescripción de la acción, por considerarla interrumpida con la protocolización de la copia certificada del libelo de demanda y el auto de admisión, sin observar que dicho auto no contenía la orden de comparecencia del demandado.

En este sentido, la Sala observa que el recurrente no la fundamenta en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, única vía procesal para que esta Suprema Jurisdicción descienda a las actas del expediente a constar la presencia de la orden de comparecencia en el texto del auto de admisión, razón por la cual la Sala, debe pasar por lo señalado por la recurrida en el sentido de que la prescripción fue interrumpida por las protocolizaciones realizadas por la demandante, en fechas 30 de abril de 1993 y 28 de abril de 1994, ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Municipal Caroní, motivo suficiente para determinar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

Además de lo establecido precedentemente, cabe destacar, que en el litis consorcio activo necesario constituido por los únicos y universales herederos de los ciudadanos Jesús Juvenal Lanz Lanz y Francia Niza Lanz de Lanz, se encontraban para la época, tres (3) menores de edad a saber: Francisco Tomás, nacido el 21 de octubre de 1974; Alexandra del Carmen, nacida el 6 de septiembre de 1976 y, José Enrique Lanz Lanz, nacido 18 de junio de 1979, de quienes, este último adquirió su mayoría de edad en fecha 18 de junio de 1997, fecha evidentemente posterior a la citación del demandado la cual se practicó el 13 de marzo de 1995, por lo que en aplicación del ordinal 1º del artículo 1.965 del Código Civil, tampoco corre la prescripción, ‘...Contra los menores no emancipados ni contra los entredichos...’.

En este orden de ideas, aun cuando fuese cierto que el juez que admitió la demanda con la finalidad de interrumpir la prescripción de la acción no fue diligente, al no incorporar en el auto de admisión la orden de comparecencia del demandado y que los abogados que representan al litis consorcio activo necesario no fueren responsables y celosos al momento de retirar el legajo de copias certificadas del tribunal, para verificar la presencia de la orden de comparecencia del accionado incorporada en el auto de admisión de la demanda antes de su protocolización, tal como se señaló ut supra, la prescripción de la misma no hubiese comenzado a correr sino hasta después del 18 de junio de 1997, fecha en la cual el menor José Enrique Lanz Lanz adquirió su mayoría de edad.

Por todo lo antes expuesto, la Sala concluye que la recurrida no infringió el artículo 1.969 del Código Civil, dado que efectivamente la prescripción se interrumpe con la protocolización de la copia certificada del libelo de demanda, con su auto de admisión y la orden de comparecencia del demandado, y que si la ad quem no verificó la incorporación de la referida orden en el auto de admisión, cuestión esta que no puede verificar esta Suprema Jurisdicción debido a que no se denunció de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, tal irregularidad no hubiese sido en todo caso determinante del dispositivo del fallo, debido a que la prescripción en la presente controversia –se repite- comenzaría a correr a partir del 18 de junio de 1997, fecha evidentemente posterior a la citación del accionado practicada el día 13 de marzo de 1995, motivos suficientes para declarar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

Omissis

En la presente denuncia, el formalizante plantea que la recurrida infringió, por falta de aplicación, los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, debido a que tanto en Instancia como ante el Superior, la representación judicial del demandado alegó la perención de instancia, con lo cual estaríamos en presencia de una omisión de pronunciamiento sobre un aspecto de lo debatido, lo cual denotaría una posible incongruencia negativa, vicio denunciable exclusivamente por defecto de actividad por violación del artículo 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, lo cual denota una imprecisión en la fundamentación de la denuncia, que se acentúa debido a que de la transcripción íntegra de la misma, la Sala no constata que fue lo que quiso delatar la formalizante, debido a que no concreta como fueron infringidos los artículos 267 y 269 eiusdem, ni cual habría sido la influencia determinante de la indeterminada infracción en el dispositivo del fallo, dado que lo expuesto en este sentido por el recurrente, no se considera como una explicación.

Por lo señalado anteriormente y vista la estrecha e idéntica relación existente entre la presente denuncia y la segunda por defecto de actividad desestimada ut supra, al no cumplir con la técnica necesaria ni contener alguna fundamentación o coherencia argumentativa, la Sala, a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles y el desgaste de la jurisdicción, considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos expuestos precedentemente, los cuales da aquí por reproducidos y aplicados íntegramente, para desechar la presente delación por falta de técnica. Así se decide.

Omissis…

En la presente denuncia, la formalizante plantea la infracción por falta aplicación de los artículos 12 y 254 del Código de Procedimiento Civil, pero en el texto de la delación señala que el vicio de infracción de ley es por un supuesto silencio de pruebas, al no valorar las sentencias emanadas de los Tribunales Penales ni las declaraciones rendidas por los testigos promovidos por el demandado, lo cual denota una imprecisión en la fundamentación de la denuncia, la cual se acentúa dado que de la transcripción íntegra de la misma, la Sala no constata que fue lo que quiso delatar la formalizante, debido a que no explana cómo fueron infringidos los denunciados artículos, ni mucho menos cual fue su la influencia determinante de la indeterminada infracción en el dispositivo del fallo.

Es carga del recurrente tal como se ha venido fundamentando a lo largo de este fallo, presentar una formalización coherente, llena de claridad y precisión en lo que se pretende, pues este escrito es considerado como una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida, no siéndole permitido a la Sala el enmiendo de la tarea, con los fines de emitir un pronunciamiento. La forma como en la presente denuncia se plantea, es confusa, pues señala primero, que no existe plena prueba de la responsabilidad civil del demandado; luego, que ese alegato del demandante no está probado, para concluir en que ‘...el accidente se produjo además de la presencia intempestiva del animal en la vía, por la maniobra del difunto JESUS (Sic) LANZ, hacia el centro de la vía, actuando inexperta e imprudentemente...’.

En relación a la infracción de normas constitucionales, la Sala observa, que al igual que la denuncia desechada precedentemente, ésta constituye una simple enunciación de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles y el desgaste de la jurisdicción, considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos expuestos precedentemente, los cuales da aquí por reproducidos y aplicados íntegramente, para determinar que no existe la infracción de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

En consecuencia, se estima que la presente denuncia carece de fundamentación, lo cual conlleva a que la Sala la declare improcedente. Así se decide…”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo establecido en el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el caso en estudio, el accionante solicitó se efectúe la revisión de una decisión emanada de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. En razón de lo anterior, esta Sala resulta competente, para conocer y decidir la solicitud de revisión formulada, y así se decide.

Pasa de seguidas a analizar su procedencia, para lo cual observa:

De la lectura efectuada a los fundamentos contenidos en la presente solicitud de revisión, observa esta Sala que todas y cada una de las denuncias delatadas por el accionante, referidas a la supuesta falta de transparencia del órgano jurisdiccional en la resolución del recurso de casación, constituyen en definitiva una disconformidad con lo decidido en dicho recurso, sin que en alguna parte del referido fallo, encuentre esta Sala que se está ante alguno de los supuestos que haría procedente la revisión de la sentencia. En efecto, analizado como ha sido el fallo recurrido encuentra esta Sala que el razonamiento que informa al mismo es producto de la apreciación soberana realizada por el juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento, razón por la cual no puede considerarse como lo afirmó el apoderado judicial de la parte recurrente que la referida sentencia vulnere los artículos  26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o desconoce la doctrina fijada respecto a dichas disposiciones por esta Sala, así como tampoco indicó la parte recurrente la circunstancia de que en el fallo recurrido se hubiese realizado una interpretación contraria a algún criterio jurisprudencial previamente establecido por esta Sala.

Como se ha mantenido en anteriores oportunidades, la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación de interés subjetivo, sino una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de esta Sala constitucional para la uniformación de criterios constitucionales, para la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual conlleva la seguridad jurídica.

No puede pretenderse que la revisión sustituya ningún recurso ordinario o extraordinario, incluso el amparo, por cuanto, mediante esta facultad discrecional que tiene esta Sala, no procede de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales que, supuestamente, hubieren sido infringidos en el caso concreto, sino que, por el contrario, busca de manera general, objetiva y abstracta, la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional y no el resguardo de derechos e intereses subjetivos y particularizados del solicitante.

En el caso de autos, se observa que el actor no esgrimió, en su solicitud, una fundamentación acorde con lo que se expresó ut supra, sino en favor de la solución de los supuestos agravios a su situación jurídica subjetiva que causaron supuestas violaciones a sus derechos constitucionales.

Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia que recayó en el caso Corpoturismo, del 6 de febrero de 2001, se estableció que:

“...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

Por todo lo que antes fue expuesto, y en virtud de que esta Sala considera que la revisión que se pretende no contribuiría con la uniformidad jurisprudencial, debe declararse que no ha lugar a la revisión que fue pretendida. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR a la solicitud de revisión formulada por el abogado Juan F. Hurtado R, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE LUIS FERNANDEZ, de la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, el 29 de septiembre de 2004.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los 13 días del mes de marzo de dos mil siete (2007). Años: 196 ° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

Pedro Rafael Rondón Haaz

                                                    Francisco Carrasquero López

Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                       Carmen Zuleta de Merchán

Arcadio Delgado Rosales

El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 06-1857

JECR/