Venley

Sentencia N.º 403

Sentencia
N.º 403
Fecha
05/04/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-1879
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERO ROMERO

 

El 14 de julio de 2004, el abogado MARCO ANTONIO CIMINO JEREZ, Defensor Público Octogésimo Séptimo de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensor del adolescente cuya identidad se omite en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y  1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la decisión del 18 de mayo de 2004, dictada por la Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lesiva, a su juicio, del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente proceso, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

En su escrito libelar, la defensa del adolescente accionante esgrimió los alegatos siguientes:

 

Que contra la sentencia condenatoria dictada a su defendido por el Juzgado Quinto de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión de la admisión que éste hiciera de los hechos objeto de la acusación presentada por el Ministerio Público, en su oportunidad legal ejerció el recurso de apelación.

 

Que fundamentó su apelación en el hecho que el señalado Juzgado de Control no tomó en cuenta –al momento de dictar la sentencia apelada- los parámetros de ley, concretamente los referidos a la motivación del fallo y al derecho de petición de la defensa sostenido sobre una serie de violaciones cometidas en la fase de investigación, las cuales conducen a la nulidad absoluta de dicho fallo.

 

Que, el 18 de mayo de 2004, la Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “en forma poco clara, ambigua e ilegible” declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por estimar, en primer lugar, que no existía capacidad subjetiva del recurrente, por cuanto no bastaba que quien intentara el recurso se considere perjudicado por una determinada decisión, sino que el perjuicio debía ser efectivo, esto es, debía existir un agravio objetivo. En tal sentido, a criterio del órgano jurisdiccional, en materia de admisión de los hechos, la sentencia condenatoria proferida no está sujeta al recurso de apelación, ya que el adolescente al admitir los hechos no tiene derecho a recurrir de dicha condena.

 

Que la referida Corte Superior estimó igualmente, que el apelante a través de su defensa, no expuso como motivo del recurso el error en la calificación jurídica de los hechos y, en consecuencia, la desproporción de la sanción impuesta. A juicio del señalado órgano jurisdiccional, el apelante “debió presentar a la Corte las normas sustantivas que estimó quebrantadas, por la falta de aplicación, indebida aplicación o errónea  interpretación y confrontarlas con los hechos admitidos para demostrar una correcta subsunción y poder invocar con propiedad la consecuente sanción”.

 

En consecuencia, a juicio de la parte actora, la decisión impugnada conculcó el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución, ya que en el caso concreto, la alzada al declarar inadmisible el recurso de apelación ejercido contra la sentencia condenatoria dictada contra su defendido, lesionó los principios de acceso a la justicia y a la doble instancia.

 

Por último, solicitó “en nombre de mi defendido, que esta Sala Constitucional emita providencia cautelar innominada con la finalidad de que la sentencia relativa a la acción de amparo constitucional interpuesta, sea totalmente eficaz”, razón por la cual reclamó “como medida cautelar provisional, que se suspendan los efectos de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección de responsabilidad penal del Adolescente de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas”.

 

DEL  ACTO PRESUNTAMENTE LESIVO

 

            El 18 de mayo de 2004, la Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por el abogado Marco Antonio Cimino contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2004, por el Juzgado Quinto de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del señalado Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 437 literal a) del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Fundamentó la referida Corte Superior la inadmisibilidad del recurso interpuesto, en lo siguiente:

 

            1.- Que “resulta evidente que el motivo que provocó el dictado inmediato de la sentencia condenatoria ahora recurrida, fue la manifestación inicial del acusado (...), de admitir los hechos, tal como le fueron atribuidos por el Ministerio Público; tal proceder deja sin efecto las alegaciones técnicas de su defensor, que habían sido planteadas para ser resueltas como cuestiones previas al pronunciamiento de fondo sobre el mérito de la acusación (...). Resulta meridiano que la juez de control no se pronunció sobre las excepciones y solicitudes de nulidad planteadas previamente, por cuanto el acusado en su intervención (...) admitió integra e incondicionalmente los hechos que le fueron imputados por el Ministerio Público, con lo cual quedaron sin efecto aquellos requerimientos, conforme dispone el artículo 194, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal (sic)”.

            2.- Que “la segunda denuncia ha sido incorrectamente subsumida por el recurrente en el motivo previsto en el numeral 3 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, pues los defectos de motivación relativos a la ausencia de análisis de los elementos de convicción y a la falta de expresión de las razones de hecho y de derecho en que se sostiene el fallo, se corresponden con la causal 2 del referido artículo 452 y así lo hace constar esta Corte, por aplicación del principio iura novit curia (...). Dado su particular proceder la defensa quedó legitimada para recurrir únicamente bajo la premisa del error de derecho en la calificación del delito, en cuyo caso debió presentar a la Corte las normas sustantivas que estimó quebrantadas, por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación y confrontarlas con los hechos admitidos, para intentar demostrar la correcta subsunción y poder invocar con propiedad, la consecuente desproporción de la sanción (...). Nada en tal sentido fue planteado por el defensor recurrente, como motivo de la apelación interpuesta. El artículo 609 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, regula la exigencia del interés para impugnar. Se limita, por ley procesal, el ámbito de personas que en abstracto, están autorizadas para recurrir (las partes), pero en cada caso en concreto, tal facultad queda circunscrita a que la resolución adverse el interés respectivo y que el afectado no haya provocado o contribuido a provocar, por conducta activa o pasiva, el defecto que reclama (agravio objetivo). Esto es lo que se conoce como impugnabilidad subjetiva (...). En este caso, el imputado admitió libremente los hechos por los que fue acusado y condenado, razón por la cual la sentencia no le causa agravio objetivo y siendo que su defensor no ha expuesto como motivo del recurso, error en la calificación y consecuente desproporción en la sanción, el mismo resulta también inadmisible en lo que al segundo motivo concierne, conforme al literal a) del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal (sic)”.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa:

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no señala la competencia de la Sala para conocer de los amparos cuando la sentencia de última instancia la dicte otro Juzgado Superior distinto a los Contencioso Administrativos; sin embargo, como quiera que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada y ella en su artículo 4 consagra el amparo contra sentencia, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, estima la Sala, que igualmente le compete conocer de dichas acciones de amparo, en virtud de ser la Sala, el Tribunal Superior.

 

A la precisión anterior, se suma lo establecido en el literal b) de la disposición derogativa, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que señala:

 

“...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas materias, la Sala Plena deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”.(Resaltado de este fallo).

 

En el caso de autos, el fallo contra el cual se ejerce la presente acción de amparo, ha sido dictado por una Corte de Apelaciones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, concretamente la Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer de la misma, y así se declara.

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, y a tal fin observa:

 

A juicio de la defensa del adolescente accionante “en el caso en concreto, que el juez de alzada declarase inadmisible un recurso impugnatorio de resoluciones judiciales en contra de una sentencia condenatoria, resultaría lesivo al principio contenido al acceso de la justicia y la doble instancia en el proceso, que por ende influye en el principio contenido al derecho del debido proceso (sic)”.

 

En torno al asunto, apunta la Sala, que la tutela judicial efectiva garantiza el derecho a obtener de los tribunales correspondientes una sentencia o resolución, e incluye además toda una serie de aspectos relacionados, como son la garantía de acceso al procedimiento y a la utilización de recursos, la posibilidad de remediar irregularidades procesales que causen  indefensión y la debida motivación.

 

            Es así como, dentro de los principios  y garantías contemplados tanto en la Constitución, como en el Código Orgánico Procesal Penal, se reconoce al ciudadano el derecho a la tutela procesal penal, que se basa principalmente en el derecho que tiene toda persona de acceder  a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Como contenido de este derecho, el acceso a la justicia consiste en provocar la actividad jurisdiccional hasta obtener la decisión de un juez, es decir, la posibilidad de dirigirse a uno de ellos en busca de la protección para hacer valer un derecho de naturaleza constitucional.

 

            Sin embargo, la tutela judicial efectiva, lejos de consistir en el derecho a acceder a los Tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano, y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal; de allí que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalidades no esenciales.

 

            El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 de la Constitución de la República, es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento  que regulan esas vías, son preceptos que establecen los medios de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse.

 

            La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos, es en principio, una cuestión de legalidad ordinaria  cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.

 

            Estos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunos formalismos donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.

            Tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión trascendente en la organización del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso.

 

            Esta afirmación encuentra su fundamento en el artículo 257 de la Constitución de la República, que establece: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”

 

            No obstante lo anterior, en materia penal, el recurso de apelación de sentencia definitiva exige el cumplimiento de requisitos formales relacionados íntimamente con su contenido -artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal- lo que hace ineludible cierta precisión procesal en la interposición del recurso, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aun cuando en algunos casos resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere la inadmisibilidad del recurso.

 

            Sin embargo, es necesario afirmar que si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor, que no son otra cosa que actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso, éstos pudieran ser eventualmente subsanados por la alzada, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, como la extemporaneidad del recurso o la falta de cualidad de las partes para ejercerlo; de allí que no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la situación alegada es debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que las representan o defienden.

 

Por otra parte, del análisis del fallo objetado la Sala observa, que el mismo está motivado. En su fallo, el sentenciador de la segunda instancia explicó las razones por las cuales –a su criterio- el recurso de apelación ejercido por el defensor del adolescente accionante resultaba inadmisible por manifiestamente infundado.

 

En tal sentido, reitera la Sala la doctrina establecida en decisión del 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp) donde se asentó:

 

“...hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él.

(...)

Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido”.

 

Por ultimo, no puede dejar de considerar esta Sala, que la defensa del accionante pretende, a través de la vía del amparo, analizar una controversia que ya fue examinada en el proceso ordinario donde se presume el respeto y apego a los derechos constitucionales –entre ellos, el derecho a la doble instancia- por lo que su empleo inmoderado alteraría el orden procesal venezolano, ya que el mismo constituiría una tercera instancia y un arma de ataque para todas aquellas sentencias que de una u otra forma, no favorezcan a las partes, pudiendo crearse con ello una indeseada inestabilidad de las decisiones judiciales.

 

Con fundamento en lo anterior, a criterio de la Sala, la presente acción de amparo resulta in limine litis improcedente, y así se declara.

DECISIÓN

 

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara in limine litis IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado MARCO ANTONIO CIMINO JEREZ, Defensor Público Octogésimo Séptimo de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensor del adolescente cuya identidad se omite en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la decisión del 18 de mayo de 2004, dictada por la Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05  días del mes de abril de 2005. Años 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. Nº: 04-1879

JECR/

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