Sentencia N.º 403
- Sentencia
- N.º 403
- Fecha
- 02/04/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-0136
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 28 de enero de 2009, el ciudadano JOSÉ OSCAR ARDILA RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, de profesión abogado, titular de la cédula de identidad núm. 3.881.981 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 37.084; actuando en nombre propio interpuso solicitud de revisión constitucional [ ] contra la providencia dictada el 06 de mayo de 1999, por el extinto Juzgado Decimo (sic) de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el Exp. 16.395, de la nomenclatura del prenombrado Tribunal la cual declaró definitivamente firme la sentencia definitiva proferida el 29 de abril de 1999 [ ]; mediante la cual fue condenado a cumplir la pena de un (1) año de prisión por la comisión del delito de estafa, previsto en el artículo 464 del Código Penal, aplicable ratione temporis.
El 16 de febrero de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio individual de las actas que conforman el expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las consideraciones siguientes.
I
FUNDAMENTO DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
El abogado José Oscar Ardila Rodríguez, en su escrito de solicitud de revisión expuso lo siguiente:
Que [e]l extinto Juzgado Decimo (sic) de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró definitivamente firme la sentencia definitiva por el (sic) proferida el 29 de abril de 1999, en el expediente número Exp. 16.395, vulnerando el principio de legalidad (sic) artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Criminal (derogado), contra la referida sentencia por no tener recurso ordinario ejercí acción de amparo constitucional alegando la violación a los derechos constitucionales referidos a: derecho a la defensa; violación al debido proceso, causa que conoció esta misma Honorable Sala Constitucional en el expediente 00-0550 de su nomenclatura, declarando Inadmisible la acción de amparo constitucional ello, por haber transcurrido mas (sic) de seis (6) meses desde el pronunciamiento de la providencia cuya revisión solicito [ ].
Que la presente solicitud de revisión se ejerce con fundamento distinto al amparo, pues denuncia específicamente la violación del principio de legalidad y la violación del orden público constitucional.
Que [e]l Principio de la (sic) Legalidad, establece para los administradores de justicia la obligación de acatar las leyes una vez publicada en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, obligación que emerge de los artículos 49, 137, 257 y 334 de nuestra Carta Magna, del Artículo 1° del Código Civil, en el caso sub examine del artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Criminal [ ].
Que el artículo 50 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal establecía lo siguiente: Artículo 50.- Toda sentencia definitiva en primera instancia es apelable dentro de las cinco audiencia (sic) siguientes a la notificación que se haga de ella al reo si estuviere detenido o a su defensor; y si no estuviere, a partir del día del pronunciamiento, y la apelación se oirá en ambos efectos.
Que [l]a sentencia aquí impugnada lesiona el Orden Público Constitucional al desconocer flagrantemente el principio de legalidad, obviar completamente la Ley, y establecer en la providencia de fecha 06 de mayo de 1999, folio 7 de la copia certificada consignada al presente escrito marcada A lo siguiente:
Sic Definitivamente firme como ha quedado la sentencia dictada por este Juzgado, en fecha 29 de abril de 1999, mediante la cual condenó al ciudadano JOSÉ OSCAR ARDILA RODRÍGUEZ, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal aplicable ratione temporis- es por lo que se acuerda su inmediata EJECUCIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 358 del Código de Enjuiciamiento Criminal (hoy derogado) [ ].
Que el sentenciador [ ] declaró definitivamente firme la sentencia dentro del lapso correspondiente a mi legitimo (sic) derecho de ejercer al (sic) recurso ordinario de apelación para demostrar ante la Superioridad correspondiente mi inocencia a los hechos que se me imputan.
Que al ser dictada la sentencia el 29 de abril de 1999 y acordarse su ejecución el 6 de mayo del mismo año, según se evidencia en las copias certificadas anexas, se soslayó el principio de legalidad por cuanto se [ ] declaró definitivamente firme la sentencia dentro de los cinco días establecidos en el artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Criminal (hoy derogado), para ejercer mi legitimo (sic) derecho y poder apelar de la providencia definitiva [ ] fulminado los principios constitucionales supra citados, tal como se evidencia de computo (sic) pormenorizado, según el Libro de (sic) Diario del extinto Juzgado Decimo (sic) de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual (sic) señala expresamente los días de audiencia desde el 29 de abril de 1999, exclusive fecha en la cual fue dictada la sentencia definitiva hasta el 06 de mayo de 1999.
Que [ ] la tantas veces nombrada sentencia fue ejecutada al QUINTO DÍA DE AUDIENCIA fecha en la cual el supra señalado extinto Juzgado, declaró la sentencia dictada definitivamente firme y ordenó su ejecución, lapso en el cual, estaba transcurriendo el lapso de apelación establecido en el artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Criminal (hoy derogado).
Que [ ] en el caso de marras los dia (sic) de audiencia fueron: 29 de abril de 1999, fecha en la cual fue dictada la sentencia, siendo el día a quo, no es computable para el lapso de apelación, comenzando a suputarse (sic) el lapso de apelación el primer día de audiencia siguiente el cual fue el día 30 de abril de 1999, feneciendo el lapso de apelación el 06 de mayo de 1999, al haber sido ejecutada el 06 de mayo de 1999, ultimo (sic) día para ejercer el recurso de apelación conlleva sin lugar a dudas la infracción legal de la norma invocada, todo ello, se evidencia del referido computo (sic) el cual acompaño al presente recurso en dos (2) folios útiles marcado B, y de la copia certificada del Libro de (sic) Diario del fenecido Tribunal que forma parte del anexo A up (sic) supra consignado.
Por último, pidió que se declare con lugar la presente solicitud de revisión.
II
DE LA DECISIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
El 6 de mayo de 1999, el extinto Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas resolvió lo siguiente:
[ ] Definitivamente firme como ha quedado la Sentencia dictada por este Juzgado, en fecha 29 de Abril de 1.999, mediante la cual CONDENÓ al Ciudadano JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISION, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el Artículo 464 del Código Penal, es por lo que se acuerda su inmediata EJECUCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo 358 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y a tal efecto se observa:
PRIMERO: Que el ciudadano JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ fue condenado por este Tribunal, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISION, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el Artículo 464 del Código Penal, así mismo lo condenó a cumplir con (sic) las penas accesorias previstas en los Artículos 16 y 34 ejusdem.
SEGUNDO: Que el ciudadano JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ, fue objeto de detención preventiva en fecha 11 de agosto de 1993, fecha en la cual la Comisaría El Valle del Cuerpo Técnico de Policía Judicial acordó concederle la Libertad al prenombrado Ciudadano, por lo que estuvo detenido un tiempo igual al de SIETE (7) DIAS, faltándole por cumplir la pena de ONCE (11) MESES y VENTITRES (23) DIAS, por lo que el mencionado Ciudadano terminará de cumplir su pena el día 29-04-2001.
TERCERO: Que el ciudadano JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ, fue condenado igualmente a las penas accesorias previstas en el Artículo 16, las cuales son: Inhabilitación Política durante el tiempo de la condena, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada está (sic).
CUARTA (sic): Que el ciudadano JOSÉ OSCAR ARDILA RODRIGUEZ está igualmente sujeto al pago de las costas procesales previsto en el Artículo 34 del Código antes mencionado, por lo que tendrá que reponder (sic) por (379) hojas de papel común invertido en el presente juicio, a razón de 35,oo Bolívares cada una, siendo la cantidad a cancelar de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (13.265 Bs.).
En consecuencia, líbrense oficios dirigidos a los ciudadanos Director de Prisiones del Ministerio de Justicia y Director de Identificación y Extranjería del Ministerio de Relaciones Interiores, remitiéndoles copia debidamente certificada por secretaría del presente auto de ejecución; igualmente líbrese Boleta de Citación a nombre del Ciudadano JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ, a los fines de ser impuesto del presente auto. CUMPLASE.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar previamente su competencia para conocer de la solicitud de revisión bajo examen y, a tal efecto, observa:
En fallos anteriores se ha determinado la facultad que la Sala Constitucional detenta para revisar las actuaciones judiciales que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como de las decisiones que se opongan a las interpretaciones que sobre los mismos haya realizado esta Sala en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, partiendo de lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 eiusdem, en el que se establece la competencia de este órgano judicial para Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva, cuyo desarrollo fue configurándose por la doctrina de esta misma Sala (Vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001), hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -G.O. N° 37.942 del 20 de mayo de 2004-, donde se delimitó esta competencia de manera más específica.
En este orden, esta Sala mediante sentencia N° 1992/2004, recaída en el caso: Peter Hofle Szabo, reiteró que tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aluden a las sentencias como el objeto de la figura de revisión. En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, contempla dos revisiones que atienden a supuestos diferentes, a saber, las que afectan los fallos de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene lugar por las razones establecidas en el artículo 5, numeral de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; y otra, que atiende solamente a las sentencias firmes de amparo constitucional y de control difuso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, emanadas de cualquier Tribunal de la República, respecto a la aplicación de la Constitución o de los principios que la informan, dispuesto en el artículo 5, numeral 16 eiusdem.
Siendo ello así, observa esta Sala que la solicitud de revisión de autos fue interpuesta contra el auto de ejecución de una sentencia condenatoria definitivamente firme, dictado el 6 de mayo de 1999, por el extinto Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto al cual se alegó la violación del principio de legalidad y del orden público constitucional, señalándose además que dicha actuación judicial impidió el ejercicio del recurso de apelación.
En virtud de lo anterior, esta Sala considera pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de alguna violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Preliminarmente, esta Sala constata que la decisión adversada en revisión fue el auto de ejecución de sentencia dictado el 6 de mayo de 1999, por el extinto Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público; es decir, bajo la vigencia de la Constitución de 1961.
Ello así, tratándose de una decisión emanada con ocasión de un proceso penal seguido bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, esta Sala admite su impugnación mediante la revisión extraordinaria ex artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ello en atención al precedente judicial establecido por esta Sala en la sentencia N° 1695/2001, recaída en el caso: Jesús Ramón Quintero; pues, en cuanto a este aspecto:
[ ] dejó abierta la posibilidad de revisar sentencias proferidas con anterioridad a la vigencia de este medio. Sin embargo, debe acotarse que tal posibilidad es de aplicación restrictiva, y sólo procederá bajo aquellas circunstancias en que la propia Constitución permite la retroactividad de una norma jurídica, esto es, en el supuesto que contempla el artículo 24 constitucional, referido a la aplicación de normas que impongan menor pena (el cual ha sido extendido por la dogmática penal a circunstancias distintas mas no distantes de la reducción de la extensión de una sanción determinada). Así, dentro de las normas que mejoran una condición o situación jurídica derivada de la actuación de los entes públicos en materia penal, esta Sala considera que se encuentra la solicitud de revisión tantas veces aludida. Por lo que la admisión de un medio tal, en los casos referidos a la excepción contenida en el artículo 24 (que imponga menor pena, entendido dicho enunciado en sentido amplio), no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en dicho precepto. De allí que la retroactividad de la revisión quede definitivamente asociada a la nulidad de decisiones relacionados con los bienes fundamentales tutelados por el derecho penal, acaecidas con anterioridad a la Constitución de 1999, pero cuya irracionalidad o arbitrariedad, puestas en contraste con las normas constitucionales, exija su corrección, aparte, además, aquellas decisiones que evidencien de su contenido un error ominoso que afecte el orden público, es decir, que la sentencia a revisar contenga una grave inconsistencia en cuanto a la aplicación e interpretación del orden jurídico-constitucional.
Resuelto el punto anterior, esta Sala para decidir el mérito del asunto observa:
Reiteradamente esta Sala ha sostenido que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar las sentencias definitivas.
Así, en su fallo N° 1878/ 2006, recaída en el caso: Inversiones Rifeba, S.R.L., lo siguiente:
Para la revisión constitucional el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: Margarita de Jesús Ramírez).
Bajo las anteriores premisas, esta Sala estima que, de conformidad con los supuestos fijados por el numeral 10 del artículo 336 constitucional y por los numerales 4 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de los delimitados por la Sala en su sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, pueden ser objeto de revisión constitucional las sentencias definitivamente firmes que resuelvan el mérito de la controversia y las decisiones de naturaleza interlocutoria con fuerza de definitivas, que pongan fin al proceso (Subrayado y negrillas de esta decisión).
En el caso sub lite, se solicitó la revisión de [ ] la providencia dictada el 06 de mayo de 1999, por el extinto Juzgado Decimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el Exp. 16.395, de la nomenclatura del prenombrado Tribunal la cual declaró definitivamente firme la sentencia definitiva proferida el 29 de abril de 1999 [ ]; mediante la cual fue condenado a cumplir la pena de un (1) año de prisión por la comisión del delito de estafa, previsto en el artículo 464 del Código Penal, aplicable ratione temporis.
Ahora bien, una vez más esta Sala insiste que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un medio ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación, sino una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional con la finalidad de uniformar criterios constitucionales, para la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual, conlleva a la seguridad jurídica, y no para la defensa de los derechos subjetivos e intereses de los solicitantes, toda vez que la revisión no es sustitutiva de los medios ordinarios o extraordinarios, ni siquiera, el amparo, por cuanto mediante esta facultad discrecional que posee esta Sala no procede de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales que supuestamente hayan sido infringidos en el caso concreto, sino que, por el contrario, busca de manera general, objetiva y abstracta la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional y no el resguardo de derechos e intereses subjetivos y particularizados (Vid. Sentencia N° 2.604/2005).
Corolario de todo expuesto, esta Sala considera que no existen elementos de juicio que justifiquen el ejercicio de la potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de revisión que tiene atribuida de conformidad con lo previsto en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco se observa inconsistencia alguna de orden constitucional ni quebrantamiento del orden público que justifiquen la intervención de este máximo intérprete constitucional; por lo tanto, no resta más a esta Sala que declarar no ha lugar la revisión solicitada. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el ciudadano José Oscar Ardila Rodríguez, actuando en nombre propio [ ] contra la providencia dictada el 06 de mayo de 1999, por el extinto Juzgado Decimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el Exp. 16.395, de la nomenclatura del prenombrado Tribunal la cual declaró definitivamente firme la sentencia definitiva proferida el 29 de abril de 1999 [ ]; mediante la cual fue condenado a cumplir la pena de un (1) año de prisión por la comisión del delito de estafa, previsto en el artículo 464 del Código Penal, aplicable ratione temporis.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 02 días del mes de abril de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 09-0136
CZdeM/
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