Sentencia N.º 410
- Sentencia
- N.º 410
- Fecha
- 27/06/2002
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 02-286
- Ponente
- Omar Alfredo Mora Díaz
- Procedimiento
- Regulación de Competencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, 27 de junio de 2002. Años: 192º y 143º
En el juicio que por recurso de nulidad siguen los ciudadanos PEDRO GODOY, LUIS HERNÁNDEZ, CARLOS BETANCOURT, LUIS ACUÑA, OMAIRA COA, LETICIA ROJAS DE MULLING Y PEDRO OBANDO, contra la Providencia Administrativa dictada en fecha 14 de mayo de 2001 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, que declara sin lugar la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos; el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL CON SEDE EN BARCELONA, se declaró incompetente para conocer del asunto, mediante decisión de fecha 25 de junio de 2001, declinando la competencia al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, quien en fecha 22 de abril de 2002, manifiesta igualmente su incompetencia, remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia a fin de que se pronuncie sobre el conflicto de competencia planteado, de conformidad con los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.
Recibidas las actuaciones por esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta en fecha 28 de mayo de 2002, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, quien pasa a decidir la presente solicitud, en los siguientes términos:
Ú N I C O
En el caso bajo estudio, se plantea una Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, la cual es declarada sin lugar mediante Providencia de fecha 14 de mayo 2001.
Vista la decisión de la Inspectoría del Trabajo antes mencionada, la parte demandante interpuso un recurso de nulidad contra la misma, ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, quien en fecha 25 de junio de 2001, se declaró incompetente, bajo los siguientes términos:
La decisión impugnada trátase de una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, por lo tanto no lo compete conocer a este Tribunal, de conformidad con la siguiente doctrina, que acoge este juzgador: Sentencia 20 de junio de 1996, en Sala Político Administrativa, la cual se aplica mutatis mutandi:
Por tanto, aun ante los claros argumentos-esgrimidos por la recurrente- de incompetencia manifiesta del Inspector del trabajo para ordenar reenganche de funcionarios sometidos al régimen de Carrera Administrativa, el presente recurso de regulación de competencia debe ser desestimado al constatarse que, en efecto, debe conocer del recurso de anulación -y por tanto también del amparo constitucional- ejercido por los representantes del Instituto Nacional del Menor, el Tribunal Laboral de primera instancia de la circunscripción judicial de la localidad respectiva, por haber el acto recurrido sido dictado por un Inspector del Trabajo y no uno de aquellos que la propia Ley Orgánica del Trabajo atribuye expresamente en cuanto a su impugnación, a los Tribunales contenciosos administrativos.
(Omissis).
(...) como se puede observar, en el caso de autos se persigue hacer cumplir la providencia administrativa de la Inspectoría del trabajo, organismo que asumió la competencia para el conocimiento del asunto y declaró con lugar la solicitud de reenganche y el pago de salarios caídos interpuesta por la empleada pública al servicio del Fondo de Crédito Agropecuario. El desacato de dicha decisión es lo que presuntamente viola derechos o garantías constitucionales; y por lo tanto, motiva la acción de amparo propuesta.
Podría pensarse que conforme a la reiterada doctrina de esta Sala, tratándose de una materia vinculada con la función pública, la competencia pertenecería a los tribunales facultados para conocer de estos asuntos.
Sin embargo, debe considerarse que el acto cuyo desacato origina la acción de amparo, es una acto administrativo de cuya impugnación en sede contencioso administrativa debe conocer el Tribunal de Primera Instancia, según lo tiene decidido esta Sala.
Atendiendo al criterio antes expuesto y estando ante un supuesto análogo estima esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Nor-Oriental era incompetente, como también lo es esta Corte para conocer de la presente acción de amparo, y así se decide.
Es competente para conocer del presente asunto, el Tribunal que conozca de la materia laboral.
Consecuentemente, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLINA la competencia sobre el caso de especie, al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui..
Por su parte, el Tribunal requerido, declina igualmente su competencia señalando:
...Y siendo que la decisión impugnada a través del presente recurso se trata de una providencia administrativa de la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, la cual no le compete conocer a este Tribunal de Primera Instancia, de conformidad con la siguiente doctrina, que acoge este juzgador por ser vinculante: Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 2 de agosto de 2001, la cual establece entre otras cosas: ...La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base a lo dispuesto en los artículos 5 y 655 ejusdem, sino que lo razonable era establecer que como quiera que, la decisión provenía de un organo de carácter administrativo, inserto en el poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso administrativa siendo consecuente con el principio del Juez natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo por ser estos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios.
(Omissis)
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se acuerda remitir las presentes actuaciones a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de que se pronuncie sobre la regulación de competencia aquí planteada....
En este sentido, debemos señalar, el criterio que al respecto es sustentado por esta Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 05 de febrero de 2002, que señala:
En el caso de autos y a los fines de determinar cuál es el Tribunal competente para la sustanciación y decisión en los casos de impugnación de actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, esta Sala de Casación Social se acoge al criterio jurisprudencial, de naturaleza vinculante, asentado por la Sala Constitucional, citado por ambos tribunales en conflicto; donde se establece que en la Ley Orgánica del Trabajo, no está de manera expresa atribuido a la jurisdicción laboral, el conocimiento de los recursos de nulidad intentados contra las resoluciones emanadas de los órganos de la Administración del Trabajo y de la ejecución de las mismas.
En cuanto a la competencia residual de la Corte Primera en lo contencioso administrativo, señalada por el Tribunal requerido, la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal en decisiones de fecha 28 de febrero de 2001 (Caso: José Manuel Azocar Vs. Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui) y 5 de abril de 2001 (Caso: Sociedad Mercantil Parceladora Oripoto vs Concejo del Municipio Autónomo El Hatillo) precisó lo siguiente:
Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder (Artículo 259 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela); de lo cual puede deducirse que dichos Tribunales ejercen control no sólo sobre infracciones de rango legal, sino también conocen de la contravención a normas de rango constitucional, en los casos que le son atribuidos en virtud de la ley.
De manera que el análisis de las disposiciones aludidas, atribuyéndole a la ley el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (Artículo 4 del Código Civil venezolano), lleva a concluir a esta Sala Político Administrativa, como cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, que la interpretación que debe darse a los artículos 181 y 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, debe ser lo más restrictiva posible, es decir, que sólo cuando el fundamento del recurso de anulación sean violaciones directas y exclusivas de normas constitucionales corresponde el conocimiento a la Sala; de lo contrario, cuando se alegue la transgresión de la ley, el tribunal contencioso administrativo competente en virtud del criterio orgánico deberá decidir el recurso, pronunciándose no sólo sobre el vicio de ilegalidad sino, en general, sobre todas las violaciones de derecho denunciadas...
En consecuencia, encontrándonos en presencia de un recurso de nulidad en contra de un acto administrativo de efectos particulares emanado de una autoridad municipal, impugnado por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad, considera la Sala que la competencia para conocer de la acción de nulidad intentada con amparo constitucional, corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se declara.... (resaltado de esta Sala).
Por lo tanto, al tratarse el presente caso de un recurso de nulidad contra un acto administrativo de efecto particular emanado de un órgano administrativo del trabajo de carácter nacional, como lo es la Inspectoría del Trabajo, considera esta Sala de Casación Social que de conformidad con el ordinal 3º del artículo 183 (sic) de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la resolución del presente asunto debe ser sometida al conocimiento de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, siendo la competente para la resolución del recurso de nulidad propuesto contra la providencia administrativa de fecha 17 de abril del año 2001, proferida por la Inspectoría del Trabajo de la Zona de Hierro del Estado Bolívar. Así se declara..
Así pues, de conformidad con lo anteriormente transcrito, y siendo que el caso bajo estudio, trata de un recurso de nulidad sobre una Providencia Administrativa emanada de un órgano administrativo del trabajo, tal como lo es la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, esta Sala de Casación Social, declara competente para conocer del presente asunto a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se declara.
D E C I S I Ó N
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente para conocer de la presente causa, a la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Publíquese, regístrese y remítase directamente el expediente al Juzgado antes referido. Particípese esta decisión al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
El Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
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JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO
La Secretaria,
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BIRMA I. TREJO DE ROMERO
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