Venley

Sentencia N.º 411

Sentencia
N.º 411
Fecha
04/04/2011
Sala
Constitucional
Expediente
10-0575
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 10-0575

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante escrito presentado el 7 de junio de 2010, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el abogado Hernán José Tamayo Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 54.799, en su carácter de defensor privado (según se evidencia en autos) del ciudadano JUAN CARLOS CONTRERAS MOTA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 13.055.892, interpuso acción de amparo constitucional contra “[…] LA OMICIÓN  (SIC) LOS HECHOS Y LAS ACTUACIONES realizadas por las representantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas (…) para la fecha 4 de diciembre de ese año, procedió a remitir al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, dicha causa, según consta de Oficio N° CA-MON-1117-09, EL CUAL CORRE AL FOLIO 96 […]”; todo ello con ocasión a la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Tercero en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión por la comisión del delito de  acto carnal con víctima especialmente vulnerable, previsto en el artículo 44 en relación con el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Milagros Marín.

El 17 de junio de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

Vista la designación realizada en sesión del 7 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, esta Sala Constitucional quedó reconstituida de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

 

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

 

El abogado Hernán José Tamayo Castillo, en su carácter de defensor privado del ciudadano Juan Carlos Contreras Mota –accionante-, fundamentó la acción de amparo sobre la base de los alegatos que a continuación se resumen:

Que “[…] en fecha 20 de julio de 2.009, se le inicia a mi defendido (…) antes identificado; la audiencia oral y publica (sic) de juicio, en el proceso penal seguido en su contra; la cual culminó en fecha 20 de octubre de 2009; en donde fue declarado culpable por la comisión del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, tipo penal este, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Que “[…] el texto íntegro de la sentencia fue publicado por el Tribunal de Juicio recurrido para ese entonces, el día 23 de octubre de 2009; y el correspondiente recurso de apelación contra la precitada sentencia fue interpuesto en fecha 06 de noviembre de 2009. En fecha 12 de noviembre de 2009, la secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, realizó el  cómputo de los días transcurridos desde el día hábil siguiente a la publicación del texto íntegro de la sentencia dictada, hasta el día de interposición del recurso de apelación”.

Que “[…] en fecha 12 de Noviembre de 2009, mediante Oficio N° 3J-1662-09, que riela al folio 83, del cuaderno consignado por mí con la letra ‘A’; la ciudadana Juez (sic) encargada del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, remite al Tribunal colegiado de alzada; y constante de Ochenta y Dos folios útiles, las actuaciones signadas con la nomenclatura NP01-R-2009-00027; contentiva del recurso de apelación, interpuesto por mí en fecha 06/11/2009”.

Que “[s]egún Oficio CA-MON-1117-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, el cual corre al folio 96, de la pieza señalada con la letra ‘A’, de manera intespectiva (sic) y sin razón o motivo jurídico alguno; la Corte de Apelaciones accionada en amparo; procedió en (sic) remitir al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio, el expediente o causa, que contiene la incidencia del recurso de apelación, y que le fue signada (sic) la nomenclatura NP01-R-2009-000227; actuación esta procedimental atentatoria y violatoria del legitimo (sic) derecho a la defensa que tiene mi defendido; motivado a que no se le permitió la oportunidad de recurrir de forma ordinaria de la antes señalada decisión, que declaro (sic) inadmisible el tantas veces mencionado recurso de apelación; hecho este antijurídico e inconstitucional, que quebranta y viola el debido proceso, y la tutela judicial efectiva, (sic) la cual goza mi representado, y que es desarrollada de manera particular, por ser un legitimo (sic) derecho al ejercicio de su defensa, consagrada en el artículo 462 del texto adjetivo penal venezolano; así como también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26; esto motivado a que el órgano jurisdiccional colegiado y de alzada, accionado en amparo; al remitir la causa a su Tribunal de origen; al día siguiente de haber dictado su decisión de NO ADMITIR EL RECURSO DE APELACIÓN, esto por el o los motivos alegados en la misma; no le permite ni a él (ACUSADO y CONDENADO); como tampoco a su defensa, de interponer el correspondiente RECURSO DE CASACIÓN […]”.

 

Que con las actuaciones descritas supra “[…] se deduce que el órgano jurisdiccional de alzada, el cual es accionado en amparo, vulnero (sic) el derecho a la defensa y de recurrir que goza mi representado; y el debido proceso; principios estos consagrados en los Artículo (sic) 26 y 49, Numeral 1ro de nuestra Carta Magna; al no dejarnos ejercer una efectiva defensa técnica, y de interponer el correspondiente recurso de casación, tal como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos antes señalado (sic); y el texto adjetivo penal venezolano, en su artículo 462. Violentando de esta manera el Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa de mi representado, derechos estos que lo asisten, y están consagrados en la normativa constitucional antes descrita, y en los Artículos 1, 432, 435 y 463, todos del texto adjetivo penal venezolano vigente; como también en los Artículos 7 Numeral 1ro, 8 Numeral 2do Literales ‘c’ y ‘h’, y 25 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 8vo”.

Que “[…] con la actuación de las representantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas; al remitir de forma inmediata al Tribunal de Juicio, suficientemente reseñado, la causa N° NP01-R-2009-000227; no solo impidió que yo obtuviera en forma rápida y expedita dichas actuaciones que me servirían para instruirme de forma directa del caso en particular (DECISIÓN) y ejercer la correspondiente defensa para el caso concreto; si no (sic) que también no permite que pueda interponer en lapso oportuno, el correspondiente recurso de casación, contra la antes señalada decisión; en virtud a que no podría dar pleno y efectivo cumplimiento a los señalado en los Artículos 432, 435 y 462, todos del Código Orgánico Procesal Penal”.

Que como pruebas “[…] promuevo y consigno con el presente escrito, identificado con la letra ‘A’ y constante de NOVENTA Y NUEVE (99) folios útiles, Copia Certificada de la causa N° NP01-R-2009-000227, la cual contiene el cuaderno separado del recurso de apelación; y marcado con la letra ‘B’, CONSTANTE DE CIENTO OCHO (108) folios útiles, Copia Certificada de la Tercera (3era.) pieza, de la causa signada con el N° NP01-P-2009-000216”.

Que “[d]e ser necesario, y si este (sic) Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo considera adecuado; solcito (sic) proceda en recavara (sic) y/o solicitar de forma inmediata, la causa NP01-P-2009-000216, la cual se encuentra en las dependencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas; ubicado en la Calle Monagas, detrás del Liceo Miguel José Sanz, en Maturín Estado Monadas”.

Que con todo lo antes narrado “[…] no se puede menos que concluir: Primero: La violación a lo dispuesto en los Artículos 1, 432, 435 y 462, todos del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se dicto (sic) una decisión, la cual no pude tener acceso a la misma para ese momento, y se nos cerceno (sic) la posibilidad de interponer el correspondiente recurso de casación, por cuanto al día siguiente (04/12/2009) de haberse publicado la decisión que declaró inadmisible el recurso de apelación; la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, remitió dicha causa (NP01-R-2009-000227); a su Tribunal de origen; lo cual produjo las lesiones a los derechos antes descritos, y pone fin al juicio seguido a mi defendido. Segundo: Al no cumplirse con lo dispuesto en la norma in comento, se relaja, vulnera y violenta el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, Principio Constitucional consagrado en los Artículos 26 y 49, Numeral 1ro, de nuestra Carta Magna. Tercero: Que como consecuencia de la violación de la norma Constitucional supra, a mi defendido se le esta (sic) violentando el derecho de ser Juzgado bajo el estado (sic) de derecho, con normas claras y que se cumplan a cabalidad en estricto rigor de su contenido, lo que trae como consecuencia la vulneración del debido proceso, y por consiguiente se deja de aplicar la tutela judicial efectiva, pregonada en la norma constitucional. Cuarto: Que en le (sic) presente caso están dados los supuestos elaborados por la Doctrina y la Jurisprudencia para la procedencia del Amparo previsto en el Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 01 y 02 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues se trata de actos u omisiciones (sic), emanadas de las Juezas representantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que viola derechos consagrados constitucionalmente y que el restablecimiento de la situación jurídica, procesal y procedimental infringida se solicita; cuya anulación restablecería los derechos que se le conculcaron a mi representado”.

Que “[e]s necesario aclarar, que en ningún momento pretendemos mediante la presenta acción otro objetivo que no sea el de la justa aplicación de la Ley, mediante la restitución de la situación jurídica infringida; que no es nuestra intención la de causarle perjuicios a las partes accionada (sic), por lo que anticipadamente rechazamos cualquier intento de vincular la presente solicitud de amparo con la obtención de un beneficio diferente al que se deriva del ejercicio de los legítimos derechos constitucionales”.

Por último, la parte accionante solicitó que la presente acción de amparo constitucional sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva, con todos los pronunciamientos de Ley.

 

II

 

ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA

 

El 4 de diciembre de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, una vez que, el 2 de diciembre de 2009, declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el prenombrado “[…] en el proceso penal que se ventila en la Causa N° NP01-P-2009-000216, en virtud de que el recurso en cuestión fue interpuesto en incumplimiento del término de días pautado en el 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en relación con lo previsto en el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal; declaratoria que se hace, conforme a lo dispuesto en el contenido en el literal “b.”, del artículo 437, ibídem”;ordenó la remisión del expediente al juzgado de la causa en los términos siguientes:

 

“ASUNTO PRINCIPAL: NP01-P-2009-000216

ASUNTO                   : NP01-R-2009-000227

 

OFICIO N°: CA-MON-1117-09

 

Ciudadana

ABG. MARÍA INÉS RODRÍGUEZ SALOMÓN

Juez Tercero de Primera Instancia en Función de

Juicio de este Circuito Judicial Penal.

Su Despacho.

 

         Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle constante de noventa y cinco (95) folios útiles incluyendo el presente oficio, actuaciones signadas con el N° NP01-R-2009-000227, en virtud de que este Tribunal Colegiado mediante resolución dictada en fecha 03 de los corrientes DECLARÓ INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de Apelación interpuesto por el Defensor Privado Abg Hernán Tamayo Castillo, en el proceso penal que se ventila en el asunto principal NP01-P-2009-000216, donde aparece como acusado el ciudadano JUAN CARLOS CONTRERAS MOYA.

 

Remisión que se le hace a los fines legales consiguientes.

 

Dios y Federación,

 

 

ABG MILANGELA MILLÁN GÓMEZ

Juez Presidente (T) de la Corte de Apelaciones

del Circuito Judicial Penal del

Estado Monagas”.

 

 

 

 

 

III

 

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1/2000, recaída en el caso: Emery Mata Millán, le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Visto entonces que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto la decisión dictada, el 4 de diciembre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, esta Sala Constitucional se declara competente para su conocimiento y decisión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

IV

 

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

            Determinada la competencia, la Sala observa que la única actuación que consta en autos es la interposición de la acción de amparo constitucional el 7 de junio de 2010, sin  que a partir de ese entonces se evidencie actuación alguna de la parte actora tendiente a impulsar la acción de amparo interpuesta; y por tanto desde esa fecha han transcurrido más del lapso de los seis (6) establecido por esta Sala Constitucional para que se considere el abandono de trámite, lapso éste que ha transcurrido con creces en el caso sub lite, produciéndose así inexorablemente la extinción del proceso; por abandono del trámite.

En efecto, esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó la necesidad de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en sentencia N° 982, del 6 de junio de 2001, recaída en el caso José Vicente Arenas Cáceres, en los siguientes términos:

“[…] la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.

(...)

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes (Resaltado añadido).

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (Resaltado añadido).

(...)

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara (Subrayado añadido).

 

Asimismo y en atención al precedente judicial transcrito supra, es necesario destacar que en el caso de autos,  aun cuando las denuncias en el amparo están relacionadas con la alegada imposibilidad del ejercicio de los recursos, no se evidencia afectación alguna al orden público ni a las buenas costumbres, circunscribiéndose las mismas a la esfera particular de la parte actora, más aún si se considera lo dispuesto por esta Sala en sentencia N° 2367/2003 del 27 de agosto, caso: América Camila Kilsi De Caicedo y Antonio Kilci Bali, en la cual se precisó respecto al ejercicio de los recursos en el proceso penal, lo siguiente:

En el amparo sub exámine, pese a que no constan en autos las decisiones que fueron apeladas, del escrito libelar y de la sentencia refutada se desprende que las mismas datan del 18 de diciembre de 2001, aunque el defensor de los quejosos fue notificado el 8 de enero del año siguiente. En consecuencia, los acusados debían impugnarlas ante el Juzgado Décimo Cuarto de Control, por ser el ente decisor, y en el lapso de cinco días, porque es incuestionable que el artículo 448 de la ley procesal penal se refiere a un lapso y no a un término. Con relación a ello, cabe señalar que el término es un momento en el tiempo, determinado por día y hora, en el que tiene que realizarse la actuación, mientras que el lapso implica un momento inicial (a quo) y otro final (ad quem), que determinan el período dentro del cual puede realizarse el acto procesal (Montero Aroca, Juan y otros. Derecho Jurisdiccional, Tomo I, décima edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 400).

 

En este sentido, esta Sala constata, del auto que corre inserto en el folio 35 del presente expediente, que desde la notificación practicada el 8 de enero de 2002, el lapso para apelar se extendió hasta el 15 de ese mes y año, independientemente de que el juez de control hubiera remitido el expediente al tribunal de juicio, erradamente, por lo cual éste devolvió los autos, pues el juez no había dejado transcurrir el lapso establecido en la ley para el ejercicio del recurso correspondiente.

 

De acuerdo con el párrafo que antecede, las apelaciones intentadas el 30 de enero resultaban intempestivas, y ello se explica porque la equivocada remisión de las actas procesales al tribunal de juicio no suspendió el curso del proceso, ni constituyó un impedimento material para la consignación de los escritos respectivos en el tribunal de la causa, dentro del lapso legal, con lo cual se hubiera evitado su preclusión (Subrayado añadido).

 

 

En mérito de las razones expuestas, la Sala declara el abandono, por la parte actora, del trámite correspondiente a la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento.

Por último, de acuerdo con el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se IMPONE a la parte actora una multa de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF 5,00), pagaderos, a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante correspondiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas supuesta agraviante, situación que deberá ser informada a esta Sala por dicha Corte de Apelaciones dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas o acciones que posteriormente son abandonadas, lo cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.

 

 

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara TERMINADO DEL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Hernán José Tamayo Castillo, en su carácter de defensor privado del ciudadano Juan Carlos Contreras Mota, contra “[…] LA OMICIÓN  (SIC) LOS HECHOS Y LAS ACTUACIONES realizadas por las representantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas (…) para la fecha 4 de diciembre de ese año, procedió a remitir al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, dicha causa, según consta de Oficio N° CA-MON-1117-09, EL CUAL CORRE AL FOLIO 96 […]”; todo ello con ocasión a la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Tercero en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión por la comisión del delito de  acto carnal con víctima especialmente vulnerable, previsto en el artículo 44 en relación con el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Milagros Marín.

  Se IMPONE a la parte actora una multa de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF 5,00), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante correspondiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas supuesta agraviante, situación que deberá ser informada a esta Sala por dicha Corte de Apelaciones dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Publíquese, regístrese, notifíquese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de abril de dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 

 

 Vicepresidente,            

 

 

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                       CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                            Ponente

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp.- 10-0575

CZdM/

 

 

 

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