Venley

Sentencia N.º 415

Sentencia
N.º 415
Fecha
07/04/2015
Sala
Constitucional
Expediente
15-0094
Ponente
Juan José Mendoza Jover
Procedimiento
Solicitud de Revisión

 

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp. 15-0094

 

            El 27 de enero de 2015, el abogado Mario José Cárdenas Pacheco, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 10.864, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SANTIAGO DE JESÚS ARBOLEDA VARGAS, titular de la cédula de identidad n.° V-12.069.248, solicitó ante esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia n.° 592, del 26 de septiembre de 2014, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio de nulidad de contrato de compra venta y subsidiariamente el cumplimiento de la oferta de venta interpuesto por el aquí solicitante contra los ciudadanos Julio Marcelo Mañan, Rebeca Bitchatchi, Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A.

El 29 de enero de 2015, se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Mediante diligencia del 09 de febrero de 2015, el abogado Mario José Cárdenas Pacheco, en su carácter de apoderado judicial del solicitante ratificó la solicitud de copia certificada realizada en el escrito de revisión.

El 12 de febrero de 2015, con ocasión a la reunión de Sala Plena, donde tuvo lugar la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia; se procedió a reconstituir esta Sala Constitucional, la cual quedó conformada de la siguiente forma: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la presente solicitud, previas las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

 

            El apoderado judicial del solicitante fundamentó su solicitud de revisión en los aspectos siguientes:

            En primer lugar, señaló que la sentencia objeto de revisión está viciada de nulidad por haberse apartado de los principios constitucionales relacionados con la tutela judicial efectiva y la garantía de una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, por cuanto, según su criterio, “en ella se omitió todo análisis sobre la formalización presentada por la parte demandada que carecía de la técnica necesaria para ser considerada, lo cual impedía a la Sala conocer y declararla procedente y anular la sentencia del Tribunal Superior Noveno”, con lo cual se le cercenó a su representado su derecho a la defensa plasmado en el escrito de impugnación y contrarréplica, donde se alegó una serie de argumentaciones jurídicas que demostraban la improcedencia de la formalización y la legalidad por parte de la actuación de su representado, en la escogencia de la acción de nulidad de un acto simulado, como lo fue el contrato de compra venta, así como, subsidiariamente el cumplimiento de la oferta de venta de un inmueble que ocupa en calidad de arrendatario.

            Seguidamente expresó, que la decisión objeto de revisión infringió los derechos de su representado al debido proceso, a la defensa, a ser oído, al haberse silenciado los alegatos esgrimidos en el escrito de impugnación a la formalización, y al haberse anulado todo un proceso donde existían dos pronunciamientos judiciales que agotaban los dos grados de jurisdicción, sin dar motivo suficiente.

            Que, el fallo objeto de revisión incurrió en error inexcusable al haber anulado una sentencia que ponía fin al juicio y al reponer la causa “bajo el argumento de que el acreedor hipotecario debe ser notificado en una acción de nulidad por venta de simulación, cuando el crédito hipotecario no da derecho de propiedad sobre el inmueble, ni mucho menos incluye al acreedor como comunero de esa propiedad”, de manera, que no podía pretenderse que se involucre al acreedor hipotecario formando parte  de un litis consorcio necesario; pero que no obstante ello, el acreedor hipotecario Banco Provincial S.A. fue debidamente notificado el 13 de febrero de 2013, y el ente financiero nunca se hizo presente en el juicio.

            Que, la Sala de Casación Civil en la sentencia objeto de impugnación, anuló todo un procedimiento, incluyendo las dos sentencias dictadas en dicho juicio, “obviando realizar el debido análisis de todos los elementos alegados por las partes” y los elementos probatorios; sin percatarse que en dicho procedimiento “se respetaron todas las garantías constitucionales del debido proceso”. Además, señaló que la referida sentencia obvió el análisis jurídico del contenido del fallo del Tribunal de segunda instancia, que da razón motivada de la legalidad del procedimiento de nulidad de contrato aplicable al caso concreto.

            Por otra parte, el apoderado judicial del solicitante narró los siguientes antecedentes del caso, y al respecto señaló que, consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 20 de agosto de 1996, anotado bajo el n.° 16, Tomo 26, Protocolo Primero, que los ciudadanos Julio Marcelo Mañan y Rebeca Bitchatchi son propietarios de un inmueble constituido por la parcela 25-B y la casa sobre ella construida, ubicada en la calle 2, primera etapa de la Urbanización Alto Prado, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.

            Que, consta de documento autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 04 de junio de 2002, bajo el n.° 82, Tomo 40, que los propietarios de dicho inmueble, ciudadanos Julio Marcelo Mañan y Reca Bitchatchi, dieron en arrendamiento a su representado el inmueble antes identificado, quien lo habita junto con su familia.

            Que, el 05 de junio de 2007, el Juez de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó notificación judicial, en relación a la oferta de venta hecha por los propietarios al arrendatario, y que, según consta de documento expedido por la Notaría Trigésima Octava del Municipio Libertador, autenticado el 15 de junio de 2006, y 19 de junio de 2007, que la oferta de venta del inmueble arrendado fue aceptada por el arrendatario, ciudadano Santiago de Jesús Arboleda Vargas, dentro del lapso legal correspondiente.

            Que, por notificación judicial hecha por los propietarios del inmueble por intermedio del Juez Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se le participa al arrendatario que los propietarios están recabando todos los recaudos y requisitos necesarios para materializar la venta del inmueble ofertado.

            Que, a pesar de haberse aceptado la venta y, por lo tanto, haberse perfeccionado el contrato de compra venta, “sorpresivamente, y en forma simulada los propietarios del inmueble celebraron contrato de compraventa con un tercero”, la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A., representada por el ciudadano Julio César Núñez Arria, en su carácter de Director, tal como se evidencia de documento protocolizado ante el Registro Inmobiliarios del Primer Circuito de Baruta, Estado Miranda, bajo el n.° 38, Tomo 5, Protocolo Primero, del 18 de julio de 2007; siendo que dicha venta se efectuó por intermedio del apoderado de los propietarios Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui.

            Que, la referida empresa no tenía capacidad económica para adquirir dicho inmueble, “ya que su capital social de acuerdo a los estatutos (…) era de Bolívares Cien Mil (Bs. 100.000,oo), lo cual constituye un indicio grave de nulidad de dicha venta”.

            Que, con posterioridad, se produjo otra venta del inmueble efectuada por la empresa Inversiones 212994,C.A. a favor del ciudadano Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui, “en forma personal, con plena violación del artículo 1482, ordinal 3 del Código Civil”.

            Que, con estas ventas se violentó la propiedad que ya estaba ofertada y aceptada por su representado, y el contrato pactado, con el agravante que el propio apoderado adquirió en forma personal el inmueble objeto del proceso.

            Que, todos los hechos narrados son el fundamento de la acción de nulidad de venta y subsidiariamente el cumplimiento de la oferta de venta hecha por los originales propietarios a su representado.

Que, el ciudadano Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui, solicitó al Banco Provincial, S.A. Banco Universal, un préstamo y constituyó hipoteca de primer grado sobre el inmueble que adquirió conforme a la Ley del Deudor Hipotecario; lo cual consideró no involucra al acreedor hipotecario como propietario o como comunero que pueda discutir la propiedad del inmueble, “por lo tanto, no es parte en la simulación presentada por los involucrados en la propiedad de dicho inmueble”.

Que, el litis consorcio está conformado por los ciudadanos Julio Marcelo Mañan y Rebeca Bitchatchi, como propietarios del inmueble dado en oferta al arrendatario, la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A., por haber adquirido la propiedad del inmueble ofertado al arrendatario y el ciudadano Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui, quien siendo apoderado de los originales propietarios, adquirió posteriormente el inmueble.

Que, en virtud del incumplimiento por parte de los propietarios del contrato de oferta celebrado con el arrendatario, y en razón de la “simulación de las ventas hechas para eludir responsabilidades de los propietarios”, su representado consideró como única acción la nulidad de las ventas por simulación y subsidiariamente el cumplimiento de la oferta de venta, la cual fue admitida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Que, en la oportunidad de la contestación de la demanda, el demandado alegó la falta de cualidad y rechazó la demanda en toda forma de ley.

Que, tramitado el juicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda; contra esta decisión la parte actora ejerció recurso de apelación, el cual fue oído y se remitió el expediente al Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual correspondió el conocimiento por distribución; el cual dictó sentencia el 22 de enero de 2014, mediante la cual declaró: (i) con lugar la apelación; (ii) sin lugar la defensa de falta de cualidad, opuesta por la parte demandada; (iii) sin lugar la denuncia de fraude procesal a la ley por acción de simulación alegada por la parte demandada; (iv) con lugar la demanda; (v) se declara la nulidad de la venta realizada por los apoderados de los ciudadanos Julio Marcelo Mañan y Rebeca Bitchatchi a favor de la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A.; (vi) se declara la nulidad de la venta de Inversiones 212994, C.A. a favor del ciudadano Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui; (vii) se ordena el pago del precio convenido en la oferta de venta, para que una vez efectuado el mismo, los oferentes realicen la tradición del inmueble vendido, mediante otorgamiento público de la propiedad ante el Registro Inmobilairio del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda; y, (viii) Se revocó la decisión de primera instancia.

De esta manera, el apoderado judicial del solicitante expresó que, contra la sentencia de la segunda instancia, el codemandado Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui anunció recurso de casación, el cual fue oído y formalizado.

Que, el apoderado de la parte actora presentó escrito de impugnación alegando, entre otras razones la falta de técnica de la formalización por la constante mezcla de denuncias de disposiciones de forma y de fondo que “hacían improcedente el Recurso, tal como reiteradamente lo ha sostenido la propia Sala Civil, lo cual conducía al perecimiento al Recurso de Casación intentado”.

Que, la Sala de Casación Civil con una denuncia de forma que le fue planteada por el formalizante, decidió sobre un problema de fondo como es la falta de cualidad o interés de una de las partes, conforme está establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, cuya denuncia de casación debe haberse apoyado en el ordinal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, “los artículos 361, 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, no pueden ser objeto de denuncia de forma y menos aún acogerse a una denuncia mal formalizada porque se rompería el equilibrio procesal de igualdad de las partes”.

Que, como bien lo señaló el voto salvado del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, la decisión de alzada, anulada por la decisión objeto de revisión, se encuentra ajustada a derecho, dado que la relación procesal es sólo entre demandante y demandado que fueron parte de la compraventa, “y que el hecho de que el comprador haya adquirido una garantía hipotecaria no quiere decir que el garante hipotecario sea parte en la compraventa o que posea un derecho real”.

Que, la sentencia objeto de revisión al haber anulado de oficio el proceso de nulidad de contrato por simulación y subsidiariamente el cumplimiento de venta, incluyendo las dos sentencias dictadas por los tribunales de instancia, violó los derechos de su representado a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y desacató la doctrina establecida por la Sala Constitucional acerca de la naturaleza y extensión de esos derechos, por cuanto “estaba obligada a desechar la formalización por no cumplir en forma absoluta con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil (…) estaba obligada a declarar perecido el recurso”.

            Que, la Sala de Casación Civil quebrantó el principio de igualdad entre las partes al declarar procedente una formalización que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la legislación adjetiva, violando su propia doctrina; sin examinar las defensas opuestas por el ciudadano Santiago de Jesús Arboleda Vargas en su escrito de impugnación, “por lo tanto, al decidir de oficio el recurso, sin que la formalización presentada cumpliera los requisitos sustanciales, esenciales y trascendentes, establecidos en los artículos 317 y 313 del Código de Procedimiento Civil, infringió la norma adjetiva de protección de la integridad del procedimiento casacional consagrado en el artículo 325 de la ley adjetiva”.

            Que, en el caso concreto, el alegato de falta de cualidad de uno de los contendientes, no es una forma procesal, sino una infracción de ley, que debe ser alegada por la parte, so pena de no tomarse en consideración; en consecuencia, “la Sala Civil en el caso concreto violó la igualdad de las partes en perjuicio del demandante”.

            Que, al producirse la reposición de la causa sin fundamento alguno y anular los fallos dictados por los tribunales de instancia, se violaron los principios de celeridad y economía procesal, mediante una reposición inútil, no obstante haberse llevado a cabo un procedimiento cumpliéndose todas las formalidades de ley; principios que también fueron violados al “imponérsele al demandante la obligación de notificar a un acreedor hipotecario, que (…) ya fue notificado en el transcurso del juicio”.    Finalmente, solicitó que se declare procedente la solicitud de revisión y que se anule la sentencia objeto de la misma y se ordene un nuevo pronunciamiento judicial.

            Por último, el apoderado judicial del solicitante pidió que se decrete medida cautelar innominada y, a tal efecto “se ordene al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario que conocerá de la causa, suspender la ejecución del fallo contenido en la decisión de la Sala de Casación Civil N° 592 de fecha 26/9/2014, mientras se tramita, y hasta tanto sea decidido el presente Recurso (sic) Extraordinario de Revisión”.

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

 

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.° 592, del 26 de septiembre de 2014, en su parte dispositiva declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el codemandado Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui contra la decisión del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 22 de enero de 2014. En consecuencia, anuló el fallo recurrido, y ordenó reponer la causa al estado de que se notifique al Banco Provincial, S.A. Banco Universal de conformidad con los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del juicio que, por nulidad de contrato de compra venta y cumplimiento de oferta de venta, intentó el ciudadano Santiago de Jesús Arboleda Vargas contra los ciudadanos Julio Marcelo Mañan, Rebeca Bitchatchi, Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A.

En la parte motiva del fallo, la Sala de Casación Civil, en primer lugar, pasó a analizar las denuncias contenidas en el capítulo II del escrito de formalización relativa a la infracción de los artículos 15, 11, 14, 146, 148, 206, 208 y 341 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en menoscabo del derecho de defensa y del orden público. Al respecto decidió lo siguiente:

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 15, 11, 14, 146, 148, 206, 208 y 341 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en menoscabo del derecho de defensa y del orden público procesal, por cuanto en la presente demanda de nulidad fue intentada contra los ciudadanos Julio Marcelo Mañan, Rebeca Bitchachi, Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y la sociedad mercantil Inversiones 212994 C.A, pero, no se demandó a una de las partes del contrato como lo es el Banco Provincial el cual había constituido una hipoteca de primer grado en el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se solicita.

Al respecto expresa el formalizante lo siguiente: “… Se violaron igualmente los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, sin la debida proposición de la demanda contra todas las partes que lo conforman, siendo el caso amerita una decisión uniforme para todos ellos, existiendo obligaciones y derechos derivadas del mismo título cuya nulidad se demanda por parte de la institución bancaria mencionada, que no es parte en la presente causa…”.

En ese sentido concluye expresando “…Posteriormente el tribunal declara la nulidad del contrato, lo que de ser correcto generaría un caso jurídico, porque cómo podría la institución bancaria ejercer acciones contra mi representado para cobrar su crédito hipotecario cuando el documento que establece el préstamo hipotecario ha sido declarado nulo. Será válida la hipoteca constituida por mi representado cuando se ha declarado nula la adquisición del inmueble por parte del mismo? Puede el documento declararse nulo pero al mismo tiempo subsistir la hipoteca constituida sobre el mismo?. Será posible la nulidad del contrato de hipoteca sin la presencia en juicio del acreedor hipotecario?...”.

Para verificar las aseveraciones del formalizante, se pasa a transcribir lo siguiente de la sentencia recurrida:

“…PUNTO PREVIO I
FALTA DE CUALIDAD

El demandado en su escrito de contestación a la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 146 eiusdem, opuso la falta de cualidad de la parte actora para intentar este juicio, alegando que el accionante se atribuye la condición de arrendatario del inmueble constituido por la parcela de terreno 25-B y la casa quinta sobre ella construida, ubicada en la Calle 2, Primera Etapa de al (sic) Urbanización Alto Prado, Municipio Baruta, conforme a contrato de arrendamiento celebrado el 4 de Junio de 2002, y con base a ello pretende deducir derechos derivados de la condición de arrendatario para adquirir el inmueble.

Igualmente, opuso la falta de cualidad de la parte demandada para sostener el juicio, alegando que el actor ha intentado una acción de nulidad de venta y subsidiariamente el cumplimiento de la oferta de venta, siendo lo cierto que la misma debió ser ejercida contra todos los integrantes de tales negocios jurídicos, pues la solución debe ser uniforme para todos y cada uno de ellos, conforme lo disponen las normas contenidas en los artículos 146 al 148 del Código de Procedimiento Civil; aunado al hecho que se ha demandado la nulidad de la venta realizada por la Sociedad Mercantil INVERSIONES 212994, C.A. contra el ciudadano JONATHAN GREGORI MEDEROS UZCATEGUI, y que consta de documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, el 13 de Noviembre de 2007, bajo el Nº 8, Tomo 15, Protocolo Primero, omitiendo la demandante que en esa operación participó como acreedor hipotecario el BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, a quien el propio accionante acusó como un participante que trató de dar viso de legalidad a la venta.

De igual manera, argumenta su defensa en que el propio demandante involucra al BANCO PROVINCIAL como un agente de los supuestos vicios cometidos y que acarrean la nulidad y al tiempo que las resultas de éste proceso se reflejaran en el patrimonio de la Entidad Bancaria quien vería anulada la garantía hipotecaria que constituyó sobre el inmueble y en consecuencia, en riesgo el dinero que le dio al demandado en préstamo, era imprescindible que el BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL fuese demandado para que la sentencia pudiera abrazarlo, pues de lo contrario podría incurrirse en el exabrupto de anular la venta pero dejar vivo el gravamen hipotecario que allí se constituyó; asimismo, que la acción intentada no fue ejercida de manera correcta y por ello está condenada a su desestimación por la falta de cualidad de la parte demandada, al no haberse constituido debidamente el litisconsorcio necesario.

Para decidir este Tribunal Superior observa:

La cualidad, vista por la doctrina, es el derecho para ejercitar determinada acción. Por ello, la acción existe, en tanto haya un interés jurídico protegido y afirmado como existente que tenga urgencia de ser tutelado por el Estado. La acción es un derecho público contra éste, con validez autónoma puesta al servicio de un interés sustancial.

De manera pues, fácil de comprender como dentro de ésta concepción de la acción, basta en principio para tener cualidad, al afirmarse titular de un interés sustancial que se hace valer en nombre propio, en materia de cualidad, el criterio general se puede formular de la siguiente manera: Toda persona se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene cualidad para hacerlo valer en juicio (cualidad activa) y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio, tiene a su vez, cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva).

Desprendiéndose así, que el interés según la doctrina, no consiste únicamente en la consecución del bien que la ley garantiza, sino en obtenerlo por medio de los órganos jurisdiccionales, y cuando el actor y el demandado está ligados de antemano por un vínculo de derecho, lazo del cual se pueden derivar acciones, no es procedente, oponer a la acción intentada la falta de interés, pues éste no es el interés material que forma el núcleo del derecho subjetivo cuya tutela se hacer valer en el proceso, sino que consiste en la necesidad jurídica en que se encuentra el actor de ocurrir a la vía judicial, frente al demandado, para prevenir o hacer que se repare el daño que se derivaría para él de la conducta antijurídica de éste último.

En este sentido, CARNELUTTI, al analizar la cualidad procesal, y la capacidad procesal, señaló lo siguiente:

“(…) La acción no puede ejercitarse en el proceso civil por cualquiera, sino tan solo por quien tenga la posición de parte, como tampoco cabe que la decisión sea pronunciada por cualquiera, sino tan solo por quien tenga la posición del Juez”. (CARNELUTTI, FRANCISCO. Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Pág. 162, Buenos Aires, 1.993).

La cualidad es una institución jurídica establecida en la ley, la cual legitima a un sujeto a obrar en un proceso judicial. Ello significa que una vez adquirida se incorpora en el sujeto, y surte en él ciertos efectos que producen derechos y obligaciones, los cuales provienen de una relación contractual o extracontractual.

La falta de cualidad, conocida también en la doctrina como legitimatio ad causam, es una excepción procesal perentoria; la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 23 de Septiembre de 2003, con ponencia del Magistrado HADEL MOSTAFA PAOLINI, señalo:

“La cualidad o legitimatio ad causan es condición especial para el ejercicio del derecho de acción y se puede entender siguiendo las enseñanzas del Dr. LUIS LORETO, como aquellas….”Relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la Ley le concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita en tal manera…. (Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”. Fundación Roberto Goldschmidt. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1987, Pág. 183)”.

Esto es la legitimación ad causam, la cual es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, y así la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal lo ha sostenido:

“La legitimación ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene derecho a lo pretendido y el demandado la obligación que se le trata de imputar”.

En otra emblemática decisión referida a la misma materia de la falta de cualidad en sentencia del 14 de Julio del 2003 (caso: P. Musso en Recurso de Revisión), aclaró el concepto de legitimación o cualidad, para ser parte en juicio, para así establecer si la misma se refería al fondo de la controversia o era una formalidad (esencial o no) de la consecución de la justicia.

“La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la aptitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa. Incluso la legitimación activa está sometida a la afirmación del actor, pues es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquel contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva. La legitimación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado solo cuando sea necesario y que no se produzca entre cualesquiera partes, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial. Es necesario una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, que pueda ser controlado por las partes en el ejercicio del derecho constitucional a la defensa”.

Y terminó añadiendo la Sala que:

“La referida excepción de falta de cualidad, ciertamente es una excepción que ataca a la acción, pero debido a que se encuentra ligada indisolublemente a la pretensión y responde a principios constitucionales como lo son la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, representa una formalidad esencial para consecución de la justicia”.

Por ello, es que el proceso judicial está regido por el principio de la bilateralidad de las partes, esto es, un demandante y un demandado, quienes para actuar efectivamente en el proceso deben estar revestidos de cualidad o legitimation ad causam, cuya noción apunta a la instauración del proceso entre quienes se encuentran frente a la relación material e interés jurídico como contradictores, alude a quienes tienen derecho por determinación de la ley para que en su condición de demandante y demandado resuelvan sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional, y ello constituye entonces la cualidad, uno de los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido y si el demandado puede ser condenado a cumplir la obligación que se le trata de imputar, y así lo señaló DEVIS ECHANDÍA, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, 1.961, Pág. 539:

“Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque así se da mejor idea a la situación jurídica que se presenta; no procede entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica material, y el juez debe limitarse a declarar que está inhibido para hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se pruebe el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción perentoria que lo desvirtúe o extinga”.

En el caso bajo estudio, observa este Tribunal de Alzada que la presente causa versa sobre una demanda de nulidad y cumplimiento de contrato, incoada por el ciudadano SANTIAGO DE JESÚS ARBOLEDA VARGAS contra los ciudadanos JULIO MARCELO MAÑAN, REBECA BITCHATCHI y JONATHAN GREGORIO MEDEROS UZCATEGUI y la Sociedad Mercantil INVERSIONES 212994, C.A., por lo que a juicio de este Juzgador el demandante tiene el derecho a lo pretendido y los demandados pueden ser condenados a cumplir la obligación que se le trata de imputar, ya que el bien inmueble que da origen a la presente demanda tiene que ver con un Contrato de Arrendamiento, así como con la aceptación de Oferta de Venta, tal como consta en autos, y así se deja establecido.

De igual manera, este Tribunal de Alzada señala que se hace innecesaria la presencia en la presente causa del BANCO PROVINCIAL, C.A., BANCO UNIVERSAL, toda vez que como se desprende de las actas procesales y de propia confesión de parte la Entidad Bancaria solo posee una acreencia en virtud de un préstamo hipotecario que le otorgó a la parte demandada para la adquisición del inmueble, y sería en contra de ésta que tendría que accionar en caso de incumplimiento, y así se decide.

En consecuencia, este Tribunal Superior declara sin lugar la defensa de falta de cualidad activa y pasiva opuesta por la parte accionada de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide…”.

De la precedente transcripción de la sentencia recurrida se expresa lo siguiente: 1) “…la presente causa versa sobre una demanda de nulidad y cumplimiento de contrato, incoada por el ciudadano SANTIAGO DE JESÚS ARBOLEDA VARGAS contra los ciudadanos JULIO MARCELO MAÑAN, REBECA BITCHATCHI y JONATHAN GREGORIO MEDEROS UZCÁTEGUI y la Sociedad Mercantil INVERSIONES 212994, C.A., por lo que a juicio de este Juzgador el demandante tiene el derecho a lo pretendido y los demandados pueden ser condenados a cumplir la obligación que se le trata de imputar, ya que el bien inmueble que da origen a la presente demanda tiene que ver con un Contrato de Arrendamiento, así como con la aceptación de Oferta de Venta, tal como consta en autos, y así se deja establecido…”. 2) De igual manera, este Tribunal de Alzada señala que se hace innecesaria la presencia en la presente causa del BANCO PROVINCIAL, C.A., BANCO UNIVERSAL, toda vez que como se desprende de las actas procesales y de propia confesión de parte la Entidad Bancaria solo posee una acreencia en virtud de un préstamo hipotecario que le otorgó a la parte demandada para la adquisición del inmueble, y sería en contra de ésta que tendría que accionar en caso de incumplimiento, y así se decide.

Concluye en cuanto al punto de la falta de cualidad activa y pasiva “…declara sin lugar la defensa de falta de cualidad activa y pasiva opuesta por la parte accionada de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide…”.

Respecto al tema de la legitimación, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal a través de la sentencia N° 507 de fecha 15 de diciembre de 2005, caso: Andrés Sanclaudio Cavellas, en el expediente N° 05-0656, dispuso lo siguiente:

“… Ahora bien, la legitimación es la cualidad necesaria para ser partes. La regla general en esta materia es que la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva).

En ese sentido, la legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, entonces carece de cualidad activa.

Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.

El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, no debe revisar la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante se afirma como titular del derecho -legitimación activa-, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.

La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa…”.

En ese sentido la Sala de Casación Civil en sentencia N° 00699, de fecha 27 de noviembre de 2009, caso: sociedad mercantil INVERSIONES 747 C.A., contra CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL, mediante la cual se expresó lo siguiente:

“…Ahora bien, la figura procesal del litisconsorcio, es producto de la acumulación subjetiva, en razón a la pluralidad de actores y/o demandados, que actúan en un proceso judicial, constituyéndose en partes. De allí que, el litisconsorcio puede ser voluntario o facultativo de conformidad con el dispositivo contemplado en el literal b y c del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil y necesario o forzoso contemplado en el literal a) del artículo 146 del eiusdem.

Sobre el particular, cabe señalar que la doctrina de esta Sala, ha establecido de manera reiterada que el litisconsorcio necesario, se origina en razón de la naturaleza del vínculo de la relación jurídica por disposición de ley o por estar de manera implícita en ella, en donde necesariamente la pretensión comprende un caso de legitimación, por cuanto no se permite la cualidad dividida, por la existencia de la pluralidad de sujetos o partes, que deben ser llamadas a juicio para ejercer su derecho, defensas y excepciones, a los fines de obtener un pronunciamiento único por el órgano jurisdiccional, para que surta efectos jurídicos a todos los sujetos procesales. (Sentencia Nro. 207, de fecha 20 de abril de 2009, caso: Carlos Joaquín Spartalian Duarte contra: Autoyota, C.A. y Otra).

De manera que, esta ausencia o falta de los sujetos interesados activos o pasivos en el vínculo procesal provoca una sentencia de mérito, desestimatoria de la tutela judicial solicitada en la demanda, por la falta en la relación procesal uno de los sujetos que debía integrarla.

Sin embargo, es necesario aclarar, que la cualidad es una forma de legitimación a la causa, y otorga la posibilidad a la persona que intenta la pretensión y a la que se le reclama el derecho, tener la titularidad para ejercer la acción, dicho en otras palabras, es el vínculo existente entre los sujetos procesales -accionante y accionado-, con la demanda objeto de la pretensión y la titularidad del derecho; no obstante, la cualidad, debe distinguirse del litisconsorcio, pues, en esta institución jurídica conforma la pluralidad de partes procesales, que actúan conjuntamente en un litigio, por existir un vínculo en la relación jurídico entre ellas, pudiendo ser activo, demandantes por un lado o pasivos demandados del otro…”.

Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia precedentemente transcrita, al caso bajo estudio es pertinente verificar que en las actas del expediente consta el documento contentivo de la venta cuya nulidad se pretende en el presente proceso, el cual cursa a los ff (sic) 396 al 404 de la primera pieza del expediente, del mismo se desprende que la compraventa fue suscrita entre JULIO CÉSAR NUÑEZ ARRIAS director de la firma INVERSIONES 212994, el ciudadano JONATHAN GREGORI MEDEROS UZCÁTEGUI y como acreedor hipotecario el Banco Provincial, S.A. Banco Universal.

Del citado documento se desprende el interés procesal que tiene el Banco Provincial en el presente juicio en el que se demanda la nulidad de venta respecto del bien en el que se constituyó la garantía hipotecaria, razón por la cual efectivamente tal y como lo aduce el recurrente, el juez de alzada debió verificar la debida constitución de la relación jurídico-procesal entre sujeto activo y pasivo, siendo que el listisconsorcio pasivo necesario no estuvo completo por no llamar a juicio al Banco Provincial quien tenía interés en el mismo.

En consecuencia, y de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos se evidencia que efectivamente hubo quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso en virtud que no se conformó de acuerdo con los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil el litis consorcio pasivo necesario, pues el juez debió llamar a juicio al Banco Provincial, S.A. Banco Universal por tener un derecho real respecto del inmueble objeto de la venta cuya nulidad se solicitó en el caso bajo estudio.

En virtud de lo antes expuesto, el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 206, 208 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por no ordenar la reposición de la causa al estado de notificar al Banco Provincial, S.A. Banco Universal por tener interés legítimo, es decir, por poseer un derecho real respecto del inmueble objeto del contrato de venta cuya nulidad se solicitó, en consecuencia se declara procedente la denuncia bajo análisis, y así se decide.

 

 

Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por haber prosperado una de las denuncias por defecto de actividad previstas en el artículo 313, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, no entró a decidir las restantes denuncias, conforme con lo dispuesto en el artículo 320 “eiusdem”.

Por último, el Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández manifestó su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente citada, y salvó su voto con fundamento en los argumentos siguientes:

 

Se casa el fallo recurrido por considerar que no se constituyó debidamente un litis consorcio pasivo necesario, al haberse demandado la nulidad de una venta, en la cual se constituyó una garantía hipotecaria.

Al respecto considero que la decisión de alzada se encuentra ajustada a derecho, dado que la relación procesal es sólo entre demandante y demandado que fueron partes en la compra venta, y el hecho de que el comprador haya adquirido con una garantía hipotecaria, no quiere decir que el garante hipotecario sea parte en la compra venta o que posea un derecho real, como se afirma en el proyecto, dado que el derecho real por la garantía hipotecaria la obtuvo fue el comprador, el cual mediante un préstamo adquirió el inmueble que es de su propiedad y adquirió con una garantía hipotecaria, la cual, en caso de declarase nula la venta, debe seguir las consecuencias pautadas en el contrato que dio lugar a la garantía hipotecaria, y ante lo cual el banco deberá accionar judicialmente de la forma en que lo crea conveniente, pero esto no lo hace parte en el litigio, pues el banco no es propietario del bien, sino garante hipotecario a favor del comprador que es el propietario, y por ende no tiene interés alguno en las resultas del juicio, pues si su hipoteca es incumplida por el comprador, el dispone de los mecanismos necesarios para accionar en contra de su cliente, al cual le dio la garantía hipotecaria, y estuvo conforme con la negociación, subsistiendo la hipoteca como garantía real aunque cambie el propietario del bien por efecto de la nulidad de la venta.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por  la Ley Orgánica respectiva”.

            Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como por los demás tribunales de la República, tal y como se observa en el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, conforme lo establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia definitivamente firme, n.° 592, dictada, el 26 de septiembre de 2014, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se decide.

 

IV

Consideraciones para Decidir

 

 

En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° 592, que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de septiembre de 2014, mediante la cual declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la codemandado Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui contra la decisión del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 22 de enero de 2014. En consecuencia, anuló el fallo recurrido, y ordenó reponer la causa al estado que se notifique al Banco Provincial, S.A. Banco Universal de conformidad con los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del juicio que, por nulidad de contrato de compra venta y cumplimiento de oferta de venta, intentó el ciudadano Santiago de Jesús Arboleda Vargas contra los ciudadanos Julio Marcelo Mañan, Rebeca Bitchatchi, Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A.

Delimitada la competencia de esta Sala, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales; o, (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.

Ahora, esta Sala aprecia, según se desprende de las actas, que la sentencia sometida a revisión tiene el carácter de definitivamente firme, y, en tal sentido, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que el apoderado judicial del solicitante, como antes se apuntó, denunció la violación de los derechos de su representado a la tutela judicial efectiva y la garantía a una justicia imparcial, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, al no haber analizado los alegatos esgrimidos en el escrito de impugnación a la formalización, en relación con la falta de técnica de la misma.

Asimismo, el apoderado judicial del solicitante alegó que la sentencia objeto de revisión, violó los derechos de su representado a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa; y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al haber anulado las sentencias dictadas en las dos instancias del juicio principal, reponiendo la causa al estado de notificación del acreedor hipotecario, bajo el argumento de que éste debía ser notificado en la acción de nulidad de venta, por simulación, por considerar que el mismo conforma un litis consorcio pasivo necesario con los codemandados, siendo que, en este caso, el acreedor hipotecario, Banco Provincial S.A. fue debidamente notificado en el juicio y nunca se hizo presente.

Por su parte, la Sala de Casación Civil en el fallo objeto de revisión expresó, que al analizar la denuncia contenida en el capítulo II del escrito de formalización relativa a la infracción de los artículos 15, 11, 14, 146, 148, 206, 208 y 341 del Código de Procedimiento Civil, al haber incurrido el fallo recurrido en menoscabo del derecho de defensa y del orden público, concluyó que, efectivamente, hubo quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso en virtud que no se conformó el litis consorcio pasivo necesario de acuerdo a los artículo 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto del documento de compra venta objeto de nulidad se desprende que la compra venta fue suscrita entre la sociedad mercantil Inversiones 212994, C.A., el ciudadano Jonathan Gregori Mederos Uzcátegui y, como acreedor hipotecario, el Banco Provincial, S.A. Banco Universal, siendo que “el litis consorcio pasivo necesario no estuvo completo por no llamar a juicio al Banco Provincial quien tenía interés en el mismo”.

Por otra parte, observa la Sala que de las actas del expediente se desprende que el apoderado judicial de la parte actora en el juicio principal, solicitante de la revisión, en su escrito de impugnación alegó, en lo referente a la segunda denuncia, que fue la única analizada por la Sala de Casación Civil, que la misma es improcedente, por cuanto con ella se pretende con una denuncia de forma por quebrantamiento de actividades procesales, atacar la falta de cualidad, que es una defensa de fondo, atacable únicamente por una denuncia de infracción de ley, sobre lo cual no se pronunció la sentencia objeto de revisión.

En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, caso: José Pascual Medina Chacón, en donde precisó:

 

 

Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por “incongruencia omisiva” como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una “incongruencia omisiva”.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.

 

 

            En el caso de autos, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia impugnada, sólo se pronunció acerca de la denuncia esgrimida por el formalizante, parte demandada en el juicio de nulidad de venta, sin tomar en consideración el argumento sobre la improcedencia del recurso de casación interpuesto, planteada por la parte demandante en el juicio principal, y con fundamento en la misma, declaró con lugar el recurso de casación y anuló las decisiones dictadas en ambas instancias en el juicio primigenio y ordenó la reposición de la causa al estado de notificación del acreedor hipotecario Banco Provincial, S.A.

            Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia n.° 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:

 

 

(…) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.

 

 

Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002, caso: Plaza Suite I C.A., que:

 

(…) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.

 

 

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 15

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...(omissis)...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

Ahora, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que la Sala de Casación Civil silenció defensas de las partes y no se pronunció correctamente sobre los alegatos de la parte demandante sacando elementos de convicción tergiversados, como al haber obviado el hecho de que, en fecha 13 de febrero de 2013, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas notificó al Banco Provincial, S.A. Banco Universal de la existencia del juicio instaurado en contra de su deudor hipotecario Jonathan Gregori Medero Uzcátegui, entre otros, por nulidad de contrato, siendo que a dicha notificación le fue acompañada copia certificada del libelo de demanda, del auto de admisión y del cuaderno de medidas.

De esta manera, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ello una vulneración al principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y defensas de las partes en forma equilibrada, se llegó a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria con lugar del recurso de casación y, en consecuencia, se afectaron de forma sustancial los términos de la controversia principal.

            De igual modo, observa la Sala que, en lo que respecta a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

 

 

En materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.

En relación con la necesaria utilidad de la reposición y nulidad de actos procesales, esta Sala, en sentencia n.° 889, del 30 de mayo de 2008, caso: Inversiones  Hernández  Borges C.A. (INHERBORCA), ratificada entre otras en sentencia n.° 1176 del 12 de agosto de 2009, caso: Leonardo Antonio Pérez Mondragón; y n.° 1055, del 28 de junio de 2001, caso: Elizabeth Josefina Mosqueda, expresó lo siguiente:

 

En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas “si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado” –en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia “equitativa”, “expedita”, “sin dilaciones indebidas” y “sin formalismos o reposiciones inútiles”, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, “un instrumento fundamental para la realización de la justicia” y que no sacrifique ese objetivo “por la omisión de formalidades no esenciales” (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.

En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que “durante los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles” surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).

En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo.   

Así, esta Sala Constitucional aprecia que el acto decisorio objeto de revisión erró respecto del control de la constitucionalidad que debe hacerse en toda aplicación del Derecho (interpretación “desde” la Constitución), cuando omitió el análisis y encuadramiento del caso concreto en la regla de derecho aplicable, a la luz los principios jurídicos fundamentales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles de los juicios que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la base, también, del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil–preconstitucional- que prohíbe la declaratoria de la “nulidad por la nulidad misma”, así como las reposiciones inútiles.

Además, se vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial eficaz de la pretensora de revisión, en virtud de que se declaró la nulidad del veredicto que la favorecía y la consiguiente reposición de la causa al estado de que se emita nuevo juzgamiento de alzada -sin el examen de “las otras denuncias de infracción formuladas” (ex artículo 320 del Código de Procedimiento Civil)- sin que se hiciera, para ello, el análisis a que se hizo referencia supra, en cuanto a la relevancia de la prueba de experticia en el dispositivo del acto jurisdiccional que se anuló (“la influencia del examen de la prueba en la decisión”, en palabras de la propia Sala de Casación Civil); con el riesgo, por tanto, de que el nuevo acto decisorio adolezca de vicios que no fueron analizados –los mismos u otros distintos-, y con ello, de una casación múltiple, quizás, innecesaria. Así se decide.

 

 

Ahora, constata esta Sala, de las actas del expediente, que el Banco Provincial S.A., Banco Universal, fue debidamente notificado en la primera instancia del juicio principal y no esgrimió ninguna defensa durante las dos instancias del proceso, incluso en sede casacional.

De lo anterior se desprende que no existió quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso por falta de notificación a la mencionada entidad bancaria, que declaró la sentencia objeto de revisión, ya que tal como lo interpretó el Juez Superior, cuando se refirió al alegato de falta de cualidad pasiva, en el caso bajo análisis el Banco Provincial, S.A. Banco Universal alegó que solo posee una acreencia en virtud de un préstamo hipotecario que le otorgó a la parte demandada para la adquisición del inmueble, y sería contra ésta que tendría que accionar en caso de incumplimiento.

Al respecto, debe señalar esta Sala que de acuerdo a las consideraciones antes expuestas no hubo el quebrantamiento de las formas sustanciales del procedimiento, por cuanto el Banco Provincial, S.A. Banco Universal estuvo a derecho en el proceso, lo cual determina que no ha debido ordenarse la reposición de la causa al estado de notificar a dicha entidad bancaria, ya que en este caso no existen razones que hayan justificado dicha reposición, ello en una evidente violación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, esta Sala ha sostenido, de manera reiterada, que la nulidad procesal sólo tiene relevancia cuando la desviación de las formas afecta la validez misma del acto y éste no logra el fin que en justicia corresponde. Así, en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, esta Sala Constitucional en sentencia n.° 708, del 10 de mayo de 2001, caso: Adolfo Guevara y otros, (ratificada por sentencia n.°: 225, del 16 de marzo de 2009, caso: Wilman Reyes Núñez y sentencia n.°: 493 del 24 de mayo de 2010, caso: Promociones Olimpo C.A.) expresó lo siguiente:

 

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (Subrayado y negritas de este fallo).

 

En consecuencia, la actuación de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que conoció el recurso de casación en el juicio originario devino en inconstitucional cuando ordenó la reposición inútil de la causa al estado de notificar al Banco Provincial, S.A. Banco Universal, en perjuicio del derecho de la parte demandante, que ya había sido satisfecho y a la obtención de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles.

Por ello, en virtud de que esta Sala Constitucional considera que el fallo objeto de revisión vulneró directamente su doctrina acerca de la necesaria utilidad de las reposiciones y, además, que la pretensión de autos contribuirá con la uniformidad jurisprudencial en relación con los principios fundamentales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles, así como con el alcance del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, declara que ha lugar a la revisión y, en consecuencia, anula la decisión n.°: 592, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 26 de septiembre de 2014, y repone la causa al estado en que la referida Sala (Accidental) dicte nueva sentencia con acatamiento al criterio que se estableció en el presente fallo. Así se decide.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso el abogado Mario José Cárdenas Pacheco, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SANTIAGO DE JESÚS ARBOLEDA VARGAS, de la sentencia n.° 592, del 26 de septiembre de 2014, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se ANULA dicha decisión y REPONE la causa al estado en que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Accidental), dicte nuevo fallo de acuerdo con el criterio que fue expuesto en la presente decisión.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, al Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 07 días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.    

La Presidenta de la Sala,                                                         

                                                                                                 

 

 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

                                                                                Arcadio Delgado Rosales

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

 

                                                                        Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

                                                                              Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Mendoza Jover

                 Ponente

 

 

                                                          El Secretario,                                           

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

 

 

 

Exp. N.° 15-0094

JJMJ/

 

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