Sentencia N.º 418
- Sentencia
- N.º 418
- Fecha
- 05/04/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-1820
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
sala constitucional
MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES
El 21 de junio de 1971, el abogado Raúl Eduardo Zambrano Lozada, titular de la cédula de identidad número 1.533.707, actuando en nombre propio, interpuso, ante
El 28 de junio de 1971, se dio cuenta en Sala del recibo del expediente y se acordó remitir las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.
El 27 de septiembre de 1971, el Juzgado de Sustanciación de
El 18 de julio de 1972, se expidió el cartel de emplazamiento a los interesados en el recurso de nulidad interpuesto.
El 21 de noviembre de 1972, se remitieron los autos a
El 12 de febrero de 1973, terminó la relación de la causa y se fijó para el quinto día de audiencia siguiente el acto de informes.
El 13 de marzo de 1973, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes se llevó a cabo el mismo, dejándose constancia de la presencia de la parte recurrente. En esa misma ocasión se dijo vistos.
El 31 de marzo de 2000, vista la vigencia del nuevo orden constitucional, los nuevos Magistrados de
El 29 de mayo de 2001,
El 14 de agosto de 2001, se recibió en Sala las actas constitutivas del expediente. En esa misma ocasión se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García.
El 17 de diciembre de 2003,
El 13 de febrero de 2004, se recibió en
El 13 de diciembre de 2004, vista la designación de los nuevos Magistrados que hizo
Posteriormente, dada la falta temporal del Magistrado Antonio J. García García y la jubilación del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, se reconstituyó
Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:
I
Alegato de
Al margen de los argumentos meta jurídicos que explanó el recurrente en su escrito, señaló que, el 3 de marzo de 1964, la entonces Asamblea Legislativa del Estado Táchira reformó
Indicó que, conforme con el artículo 136 de
Por otra parte, refirió que el artículo 230 constitucional vigente para la época, según el cual, sólo por ley se podían crear institutos autónomos, también resultó transgredido al reunir el Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira todas las características de un instituto autónomo. De manera que, establecida como está la falta de competencia del órgano legislativo estadal para sancionar una ley que rija materias asignadas al Poder Público Nacional, y por cuanto con dicha ley se usurparon funciones y atribuciones concedidas a otro poder, a su entender,
II
Opinión de
La representación del Ministerio Público observó que entre los objetivos del Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira se encuentra todo lo relacionado con juegos legalmente permitidos y con las loterías, especialmente
En ese sentido, adujo que si se toma en cuenta que el principio de competencia de cada Estado obedece a un criterio residual, debía concluirse que la materia de loterías no podía ser objeto de regulación por parte del Poder Público Estadal, dado que ella estaba expresamente atribuida al Poder Público Nacional según el contenido del artículo 136.24 de
Tal premisa, refirió, es útil para dilucidar dos cuestiones fundamentales. La primera, que al ser inequívoco que
Lo segundo a determinar, en criterio de la representación fiscal, era si la nulidad de
Que aunque dicha previsión no aparecía en
III
Alegatos del procurador general de
El representante judicial de
La inexistencia de una disposición similar en
La duda surgió, a su entender, respecto de la posibilidad de promulgar nuevas disposiciones a nivel estadal en materia de loterías mientras no se dicte una ley nacional en la materia. Al respecto, sostuvo que por tratarse de una materia reservada al Poder Público Nacional con la firme intención de ponerle un rápido freno a la multiplicación anárquica y peligrosa de las loterías en el país y sujetar toda novedad en esta materia a las normas y requisitos que establezca el legislador nacional, los Estados no pueden crear nuevas loterías ni dictar disposiciones de carácter general al respecto hasta tanto el legislador nacional regule esa área; sin embargo, enfatizó que el caso planteado en autos no constituye el supuesto referido. Por una parte, la ley impugnada del Estado Táchira tiene como objetivo inmediato la creación de un instituto autónomo estadal, no la creación de una lotería. Por la otra, si bien dicha ley tiene disposiciones que conciernen a
A su entender, resulta claro que la norma constitucional que atribuye al Poder Público Nacional las competencias para legislar sobre loterías veda a los Estados cualquier posibilidad de crear nuevas loterías o dictar disposiciones normativas con relación a esta materia, hasta tanto se dicte una ley nacional en la materia, pero resulta exagerado pretender que esa misma disposición constitucional obstaculice a los Estados reorganizar el funcionamiento de loterías ya existentes.
Por otro lado, e incorporando una temática completamente nueva al debate procesal inicial, el Procurador General de
Que para el caso de que se considerase que los billetes de loterías no eran bienes propiamente dichos sino títulos de legitimación, el artículo 4 de
No obstante, para el supuesto de que también se desechase tal argumentación, a su entender, el mencionado artículo de cualquier forma resultaba inconstitucional por violar el ordinal 8° del artículo 136 de
Con respecto al alegato sostenido por la parte recurrente de que
Que si la cuestión planteada en autos es la determinación de la exclusividad del Poder Público Nacional para crear institutos autónomos, su postura apunta a un sentido negativo al sostener que los Estados pueden crear tales Institutos de del ámbito de sus jurisdicciones respectivas. Así, refiere que según el artículo 230 constitucional, sólo por ley y de conformidad con la ley orgánica respectiva pueden crearse institutos autónomos. Con tal dispositivo, especifica, la intención del Constituyente fue impedir la proliferación inconsulta de institutos autónomos, ponerles freno a la creación desordenada de los mismos, pero nunca establecer una competencia exclusiva del Poder Público Nacional. Que si lo expuesto se compagina con el artículo 17 de
De manera que, para
IV
De
Corresponde a esta Sala entrar a analizar su régimen de competencia con respecto al recurso de nulidad interpuesto. En tal sentido, el artículo 336, numeral 2 de
Artículo 336. Son atribuciones de
(...)
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
Con base en la disposición transcrita, y en atención a lo establecido en el artículo 5.7 de
V
Consideraciones para decidir
La data de
La constatación de estas circunstancias imponen, por una parte, la impertinencia de analizar la presunta inconstitucionalidad de un texto inexistente; pero, por otra parte, debe examinarse si en la ley actualmente vigente persisten los vicios denunciados a la luz de
(...) ante la derogatoria -en forma sobrevenida- de una ley cuya nulidad por razones de inconstitucionalidad ha sido solicitada, es posible en cuanto a los efectos que pudo haber producido encontrar tres supuestos, a saber:
a) que los efectos de la norma impugnada se mantengan en el tiempo, aunque el contenido de dicha norma no se encuentre previsto en un nuevo texto legal;
b) que la ley derogatoria contenga en esencia la misma norma impugnada, y por supuesto, se mantengan sus efectos, tal como sucede en el caso de autos, y;
c) que los efectos de la ley derogada hayan cesado y la norma impugnada no se encuentre contenida en una nueva ley.
(...)
Pero tampoco se puede afirmar de manera categórica, que los efectos jurídicos de las normas derogadas impugnadas de inconstitucionalidad seguirán siempre vigentes en el tiempo por la imposibilidad de que sobre las leyes que las produjeron no se pueda ejercer control constitucional. Por el contrario, considera esta Sala Constitucional que se deberá, en cada caso, examinar los tres supuestos antes señalados, y atendiendo al resultado de tal análisis decidir sobre lo que estime pertinente.
De cualquier modo, en los dos primeros supuestos, deberá el juez constitucional determinar -en cada caso- si los efectos anulatorios son ex tunc o ex nunc, dependiendo de los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas que se hubieren creado, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 131 de
El texto citado se refiere a la posibilidad de que se analice la constitucionalidad de una norma aun cuando se encuentre derogada, si sus efectos subsisten en el tiempo o si, como es el caso, la ley derogatoria contiene en esencia la misma norma impugnada; es decir, se aplica al ámbito normativo la teoría de la reedición del acto. Ahora bien, en autos se cuestiona el origen inconstitucional de la potestad conforme a la cual la entonces Asamblea Legislativa del Estado Táchira reformó
Sin embargo, a pesar de que lo expuesto opera respecto de
Realizados los pronunciamientos previos correspondientes, se observa que la parte recurrente, a la luz de la reserva legal establecida a favor del Poder Público Nacional para legislar todo lo concerniente a loterías y apuestas en general, alega la imposibilidad de la otrora Asamblea Legislativa del Estado Táchira de reformar
Dicha legislación encontraba justificación en el hecho que hasta
Sin embargo, en aquella oportunidad (1953) se señaló, según la disposición transitoria cuarta, que (...) las loterías estadales y la del Distrito Federal, continuarán en la misma forma en que han venido, hasta que se organicen los correspondientes servicios nacionales. Tal disposición transitoria, sin duda alguna, operaba sin trabas dentro del orden jurídico que
En tal sentido, cabe señalar que una de las características de la ley, generalmente aceptada, es la vigencia indefinida. Las leyes despliegan los efectos que le son típicos hasta tanto se produzca alguna circunstancia que el propio ordenamiento repute apta para hacer cesar esa vigencia. Tal noción, conjuntamente con la vocación de permanencia de las leyes, no es sino expresión de la regla favor acti, conforme a la cual, la ley, como acto jurídico, goza de la protección que el ordenamiento otorga a todos sus actos. Ahora bien, entre las circunstancias a las que el ordenamiento atribuye la virtualidad de determinar el fin de la vigencia de las leyes se encuentra, como es notorio, la derogación; no obstante, la seguridad jurídica impide que los actos jurídicos válidamente realizados puedan suprimirse sin tomar en consideración los efectos que han producido y las relaciones que han creado (Vid. Luis María Diez Picazo,
Esa relación acto jurídico-efecto jurídico, sitúa la problemática a dilucidar dentro del denominado Derecho Intertemporal. En tal sentido, los supuestos de hecho de una norma pueden considerarse siempre constituidos en un instante temporal preciso, por tanto, se realizan siempre bajo la vigencia de una sola ley; en cambio, las consecuencias jurídicas de ese supuesto de hecho pueden realizarse en un instante preciso o en un determinado período, es decir, bajo la vigencia de dos o más normas. En esa hipótesis el principio de irretroactividad exige, en aplicación de la regla tempus regit actum, que la ley vigente en un período dado determine la eficacia de los supuestos de hecho verificados bajo su vigencia y las consecuencias derivadas de tales supuestos. La ley, pues, no puede afectar los efectos posteriores a su vigencia (Vid. Joaquín Sánchez Covisa, Obra Jurídica, Ediciones de
A esta regla no escapa la norma constitucional, aunque es cierto que respecto del Constituyente, al igual que del legislador -con la lógica restricción de los derechos subjetivos-, se pregona la libertad de configuración, la originalidad del Poder Constituyente no puede entenderse nunca como la presunción de inexistencia de actos jurídicos anteriores a
Al ser ello así, la norma constitucional puede, sí, modificar la distribución de competencia o el sistema de derechos objetivos, pero en aras de respetar la seguridad jurídica debe disponer de un régimen transitorio que encause paulatinamente la transitoriedad de un sistema a otro. Ahora, la ausencia de ese régimen transitorio, al nunca poder implicar la inexistencia de los actos preconstitucionales, tiene que entenderse como la subsistencia irrestricta de todos y cada uno de los efectos jurídicos de los supuestos de hecho verificados con anterioridad, para cumplir a cabalidad con el principio acotado y con la garantía, en nuestro orden constitucional, de irretroactividad de las leyes.
En el caso de autos el Constituyente de 1953 optó por una solución si se quiere mixta. Mediante una disposición transitoria estableció aquello que hubiese operado en caso de no señalar nada: el respeto de las consecuencias jurídicas de las leyes que dictaron las asambleas legislativas en uso de lo que otrora fue parte de su competencia. Las Constituciones de 1961 y 1999, por su parte, no señalan nada al respecto, por tanto, debe reputarse como válidas las consecuencias jurídicas de las leyes que se dictaron en uso de lo que hasta 1953 fue parte de su competencia, pero no como producto de la disposición transitoria cuarta de
Siendo ello así, las reformas realizadas a
Con respecto al alegato de inconstitucionalidad por transgresión del requerimiento constitucional de creación de los institutos autónomos mediante ley nacional, esta Sala acoge plenamente lo señalado por
VI
Decisión
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ
LUIS V. VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DELGADO ROSALES
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 01-1820
ADR/jlv
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