Venley

Sentencia N.º 435

Sentencia
N.º 435
Fecha
15/11/2002
Sala
Casación Civil
Expediente
99-062
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

         En el juicio por nulidad absoluta de asamblea intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, por los ciudadanos JOSÉ RODRÍGUES DA SILVA y MANUEL RODRÍGUES DA SILVA, representados judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión  Jaime Reis de Abreu, Alfredo Rojas Moreno y Bernardo Loreto Yánes, contra el ciudadano DAVID RODRÍGUES DA SILVA, patrocinado judicialmente por los profesionales del derecho Andrés Ramírez Díaz, María Eugenia Carpio de Rodríguez y Luisa Castro Moliner; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 16 de marzo de 1999, declarando parcialmente con lugar el recurso procesal de apelación y con lugar la demanda. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.

         Contra la precitada decisión, el demandado  anunció recurso de casación y, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, sin réplica.

         Concluida la sustanciación del presente recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, y lo hace previas las siguientes consideraciones:

 

CASACION DE OFICIO

 

         En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala, en fallo N° 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº99-625, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que, conforme con la disposición legal prevista en el articulo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, referido a que el proceso es un instrumento para la justicia; tiene la prerrogativa de extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional, siempre que no se haya denunciado. En consecuencia, casar de oficio el fallo recurrido, sin entrar a analizar las denuncias articuladas en el recurso de casación, atendiendo siempre a los postulados del artículo 23 eiusdem.

 

Pues bien, con el objeto de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso de casación y a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que la autoriza a “hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional”, en consecuencia se observa lo siguiente:

 

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

 

         En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:

 

“...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)...”.

 

         El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el Juez debe atenerse a lo alegado en autos.

 

         Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento sobre hechos no controvertidos por las partes, y; b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, bajo pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.   

 

Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado.

Así lo ha establecido la Sala entre otras, en sentencia Nº 270, de fecha 4 de julio de 1995, Exp. 94-016, en el caso de Inversiones Méndez Peña C.A. (Mepeca) contra Francisco Anulfo Méndez Peña, oportunidad en la cual precisó lo siguiente:

 

 

“...Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el ordinal 1ro. del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil...”

 

         En el caso concreto, de la revisión del libelo de demanda  la Sala constata de oficio, que lo pretendido por los demandantes es que el ciudadano David Rodrígues Da Silva, “en su carácter de accionista y supuesto Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A.”, convenga o en su defecto se declare, su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la misma, así como la nulidad absoluta de acta de asamblea de la empresa antes mencionada de fecha 21 de noviembre de 1988, y demás decisiones conexas que tenga como fuente dicha asamblea.

        

         Al respecto, en el libelo se señala lo siguiente:

“...Con fundamento en las disposiciones legales citadas en el capítulo anterior, es por lo que ocurro ante su competente autoridad para demandar, como en efecto lo hago en toda forma de derecho, en mi carácter de apoderado judicial de los accionistas JOSÉ RODRÍGUES DA SILVA y MANUEL RODRÍGUES DA SILVA, quienes son mayores de edad,  venezolanos, comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-6.960.625 y V5.615.836, domiciliados en Araira, Estado Miranda y Caracas, Distrito Federal, respectivamente en su carácter de propietarios de 1.315 y 320 acciones en la sociedad mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A., inscrita en el Registro Mercantil llevado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo, con sede en Valle La Pascua (sic), Estado Guárico, bajo el Nº 128, folios 144 vuelto al 148, Tomo II, en fecha 23 de Septiembre de 1976, al ciudadano DAVID RODRÍGUES DA SILVA, quien es mayor de edad, comerciante, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.009.474, domiciliado en Araira, Estado Miranda, en su carácter de accionista y  supuesto Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A., para que convenga o en su defecto este honorable Tribunal declare:

 

Primero: Que en fecha 17 de Agosto de 1998, en la reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A., RENUNCIÓ IRREVOCABLEMENTE al cargo de Presidente que ostentaba hasta esa fecha, y conforme consta del Acta inscrita en el Registro de Comercio llevado por ese Tribunal, que corre inserta a los folios 23, 24 y 25 del legajo de Copias Certificadas de Documentos Públicos que producimos marcado ‘C’.

 

Segundo: La NULIDAD ABSOLUTA de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil IINVERSIONES MONTE AZUL, C.A., celebrada el día 21 de noviembre de 1988, por haber sido convocada y celebrada en contravención de las disposiciones contenidas en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de dicha Compañía y, por carecer DAVID RODRÍGUES DA SILVA, quien la convocó, del carácter de Presidente de la Compañía que se atribuye en dicha convocatoria.

 

Tercero: Consecuencialmente la NULIDAD ABSOLUTA de todas y cada una de las asambleas y decisiones adoptadas en las mismas, correspondientes al 19 de Diciembre de 1988 (Extraordinaria); al 05 de abril de 1989 (Ordinaria); y 19 de Junio de 1990 (Extraordinaria), toda vez que las referidas asambleas tienen su fuente de supuesta legitimidad en la asamblea de fecha 21 de Noviembre de 1988, y siendo ésta última nula de NULIDAD ABSOLUTA, los actos emergentes inmediatamente derivados de ella son consecuencialmente NULOS DE TODA ABSOLUTA (sic); todo de conformidad con el principio ‘corruptia omnia corruptia’...” (Lo resaltado, subrayado y negrillas del texto)

 

 

         En fecha 21 de enero de 1991, el Tribunal de la causa admitió la referida demanda y se ordenó la citación del ciudadano David Rodrígues Da Silva, como único demandado, según se evidencia del respectivo auto de admisión, el cual corre inserto al folio 114 del expediente, y en el cual se señaló lo siguiente:

 

“...Vista la anterior demanda y recaudos acompañados, désele entrada fórmese expediente y admítase previa habilitación del tiempo necesario por haber sido jurada la urgencia del caso por los interesados. En consecuencia, se admite cuanto ha lugar en derecho.- Se emplaza al demandado ciudadano DAVID RODRÍGUEZ (sic) DA SILVA, quien es venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.009.474 y domiciliado en Araira Estado Miranda, para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los veinte días siguientes a aquel en que conste en autos su citación y vencidos como sean tres (3) días que se le conceden como término de la distancia, a dar contestación a la anterior demanda...” (Subrayado de la Sala)

 

         Asimismo, la Sala constata que en su escrito de contestación a la demanda, el referido ciudadano David Rodrígues Rosales, alegó la falta de cualidad del demandado para sostener el juicio prevista en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:

 

“...Las personas jurídicas, como las Sociedades de Comercio, expresan su voluntad a través de una forma legal, de una organización, que permite -como lo afirma el autor Rubio (Derecho Mercantil). Sociedades Anónimas, Pág. 192), llamar órganos a las personas físicas o grupos de éstos que, bien individualmente o bien mayoritariamente, la formulan-. Las Sociedades Anónimas necesitan que sus socios se reúnan en forma periódica para analizar las situaciones que sean propias para la buena marcha de la sociedad y tomar las decisiones que se requieran para cumplir con el objetivo social asignado. Tales reuniones, efectuadas conforme a contratos societarios y a la ley, es lo que se denomina Asamblea de Sociedades Anónimas. Constituye la Asamblea el órgano esencial de la sociedad, pues es a quien le corresponde deliberar y conocer de los asuntos de suma relevancia para la sociedad. Así, constituye la Asamblea un órgano de la sociedad por el cual ésta (Sic) expresa su voluntad. Sentadas las consideraciones anteriores, surge radiante la defensa de falta de cualidad e interés del socio demandado cuando se le trae a juicio por nulidad de Asambleas de Sociedades Anónimas en lugar de ésta, pues las Asambleas no constituyen órganos de expresión de los socios, por la misma razón lógica de ser éstos personas naturales, sino expresión -como se expuso supra- de la persona jurídica como es la Compañía Anónima.

 

En consecuencia de ello, la acción de nulidad debe proponerse siempre contra la sociedad en cuya Asamblea se tomó la decisión impugnada. Aparte de la razón expuesta, debemos recordar que la sentencia deberá producir efectos sólo contra la sociedad y si ésta no es parte no se verá afectada por la resolución que se tome pues su voluntad expresada en la Asamblea no ha sido cuestionada frente a ella. (Res Inter Alios Acta). Por lo expuesto, hago valer para ser resuelta como punto previo al fondo de la sentencia a dictarse, la falta de cualidad e interés del demandado para sostener el presente juicio, ya que el mismo ha debido incoarse contra la Compañía en la cual se efectuaron las Asambleas que el demandante cuestiona, defensa que opongo en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 361, del Código de Procedimiento Civil...” (Lo subrayado del texto)

 

        

         Ahora bien, en el caso que se examina la Sala observa de oficio, que el Juez de alzada decidió lo siguiente:

 

“...Con respecto a la cuestión previa sobre falta de cualidad e interés del ciudadano David Rodrígues Da Silva, para sostener el presente juicio, se observa:

 

(...Omissis...)

 

Aprecia la Alzada que de la lectura que se hace del libelo se desprende que el ciudadano David Rodrígues Da Silva fue demandado en su carácter de accionista y supuesto Presidente de la empresa de comercio ‘Inversiones Monte Azul C.A.’ y que el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil dispone que las personas estarán representadas en juicios por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos y que si fueren varias las personas investidas de esa representación en juicio, la citación podrá hacerse en la persona de cualquiera de ellas; y que el artículo 1.098 del Código de Comercio expresa que la citación de una compañía se hará en la persona de cualquiera de sus funcionarios investidos de su representación en juicio. De ello indudablemente se desprende que las personas jurídicas sólo pueden ser llamadas a juicio por medio de sus representantes legales, representantes (sic) investidos para ello.

En el caso bajo comento se observa del Acta Constitutiva Estatutaria, que en copia certificada aparece en autos, que el ciudadano David Rodrígues Da Silva, surge como Presidente de la empresa ‘Inversiones Monte Azul C.A.’ y que como tal es su representante. De la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, efectuada el 13 de enero de 1984 se desprende que dicho ciudadano fue ratificado en el cargo de Presidente y que en la celebrada el día 17 de agosto de 1988 se le designó como tal por un período de tres meses, de lo que resulta evidente que el ciudadano David Rodrígues Da Silva es el representante de la empresa ‘Inversiones Monte Azul C.A.’ y quien al darse por citado, lo hace no solamente en su propio nombre sino también como representante físico de la empresa señalada, por cuanto de acuerdo a los Estatutos de la misma resulta ser su representante, motivo por el cual debe declararse sin lugar la defensa opuesta como perentoria de fondo de falta de cualidad o interés de la parte demandada para sostener este juicio. Así se declara.

 

(...Omissis...)

 

Analizados como han sido los hechos señalados por ambas partes, asi como las pruebas promovidas y existentes en autos, especialmente la de instrumentos públicos citados, como son los producidos con el libelo, las copias certificadas del Documento Constitutivo y de Estatutos Sociales de la empresa 'Inversiones Monte Azul C.A.', sus reformas y Actas de las Asambleas impugnadas, que han sido expresadas supra y que este Tribunal Superior aprecia y valora al tenor de lo dispuesto en los artículos 1.359, 1.360 y 1.384 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del vigente Código de Procedimiento Civil; así como también de las pruebas de la parte demandada como son el mérito de autos y la confesión invocada por cuanto considera que en el libelo se sostiene: ‘...que se acude al Tribunal para demandar al ciudadano DAVID RODRÍGUEZ DA SILVA, en forma personal, no teniendo en consecuencia cualidad para sostener el presente juicio, pues la acción ha debido ser promovida contra la sociedad mercantil en la cual se tomaron las decisiones que hoy se impugnan...', materia ésta que antes se trató y se declaró sin lugar la cuestión previa opuesta para ser decidida como punto previo a la sentencia de fondo, y por ende se desecha el argumento de la confesión pretendida por la parte demandada, por cuanto en el libelo puede leerse que se demanda al ciudadano DAVID RODRÍGUES DA SILVA ‘...en su carácter de accionista y supuesto Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONTE AZUL C.A., para que convenga o en su defecto este honorable Tribunal declare:...’ y no únicamente en la forma  personal como lo pretende el apoderado de la parte demandada

 

(...Omissis...)

 

En razón de los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, procediendo en su competencia MERCANTIL, administrando justicia en el nombre de la República de Venezuela y por autoridad suprema de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que por nulidad Asambleas intentaron los ciudadanos JOSE RODRÍGUES DA SILVA Y MANUEL RODRÍGUES DA SILVA, en contra de DAVID RODRÍGUES DA SILVA e ‘INVERSIONES MONTE AZUL C.A.’, y en consecuencia se dicta el siguiente pronunciamiento:

 

PRIMERO: Declara que el ciudadano DAVID RODRÍGUES DA SILVA, el 17 de agosto de 1988 RENUNCIÓ irrevocablemente al cargo de Presidente de la Junta Directiva de la empresa mercantil ‘Inversiones Monte Azul C.A.’, inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 23 de Septiembre de 1976 bajo el Nro. 128 del Tomo Dos.

 

SEGUNDO: Declara la NULIDAD de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ‘Inversiones Monte Azul C.A.’ celebrada el 21 de Noviembre de 1988, por haberse convocado y celebrado contraviniendo las disposiciones de la Cláusula Décima Cuarta del Documento de Constitución y Estatutos Sociales de la empresa, y por carecer David Rodrígues Da Silva del carácter de Presidente de la empresa y que se atribuye en la convocatoria y a la cual asistió como socio únicamente él.

 

TERCERO: Declara la NULIDAD de las Asambleas celebradas: el 19 de diciembre de 1988, con Acta Nro. 19 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; el 05 de Abril de 1989 bajo Acta Nro. 20 en Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y el 19 de Junio de 1990, bajo Acta Nro. 24 en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y a las cuales únicamente asistió David Rodrígues Da Silva.

 

CUARTO: Se declara parcialmente con lugar la apelación, confirmándose los pronunciamientos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la sentencia apelada y revocándose el CUARTO pronunciamiento de la misma, motivo por el cual, no hay especial condenatoria en costas...”(Subrayado de la Sala)

 

            De la anterior transcripción se evidencia que el Juez de alzada, declaró sin lugar la defensa de falta de cualidad del demandado David Rodrígues Da Silva para sostener el juicio, con fundamento en que la empresa Inversiones Monte Azul C.A. si fue demandada por el accionante, luego de interpretar el contenido del libelo y concluir que la circunstancia según la cual el referido ciudadano fue demandado en su carácter de único accionista y supuesto Presidente de la referida empresa, equivale a que la empresa también resultó demandada.

 

         En efecto, el ad quem no desechó la defensa de falta de cualidad porque consideró que no hacía falta demandar a la referida empresa, sino porque en su criterio la misma si fue demandada, con lo cual sin lugar a dudas, tergiversó el contenido del libelo de demanda.

 

Desde luego, que el hecho que se demande a una persona natural, con indicación del cargo administrativo que ostenta en alguna persona jurídica, no implica que por ello se debe tener como demandada también a la persona jurídica, pues resulta obvio que son entes con personalidad jurídica diferentes.

 

La Sala observa que tal interpretación debe ser la aplicable, con mayor razón, en el caso sub judice, en donde se discute la legalidad de las actuaciones supuestamente realizadas por el referido ciudadano en perjuicio de los demás accionistas, y en donde el demandado se excepcionó, precisamente,  alegando su falta de cualidad para sostener el juicio, por considerar que la empresa misma debió ser la demandada, pues entiende que se debía accionar en contra de la persona jurídica y no en contra de sus representantes, por tratarse la pretensión de una nulidad de un acta de asamblea emanada de tal ente moral.

 

Lo anterior permite concluir a la Sala, que en el presente caso el Juez de alzada cometió el vicio de incongruencia, al afirmar que porque se demandó a David Rodrígues Da Silva en su carácter de representante legal de la compañía debe inferirse que se demandó también a la compañía misma, en una suerte de levantamiento del velo corporativo, que implica una flagrante desnaturalización de los argumentos de hecho contenidos en el libelo de demanda, y que lo condujo a extender los efectos de lo decidido a una persona que no fue demandada por el accionante, tal y como se evidencia de la transcripción del fallo recurrido.

 

El ad quem debió limitarse a resolver la controversia, con apego estricto a la persona que aparece identificada como demandada en el libelo de demanda, esto es el ciudadano David Rodrígues Da Silva, y concluir si  éste tiene o no cualidad para sostener las pretensiones del demandante, estableciendo los efectos de la decisión únicamente con respecto a las partes intervinientes en el  proceso.

 

         Por tales razones, y en aplicación de los precedentes jurisprudenciales supra señalados al caso concreto, la Sala observa de oficio que la sentencia recurrida violó lo establecido en los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Juez de alzada tergiversó los argumentos de hecho contenidos en el libelo de demanda, al considerar que en el mismo se demandó a la empresa Inversiones Monte Azul C.A, sin que en él aparezca dicha persona jurídica como sujeto pasivo de la pretensión, proceder que determina la nulidad de la sentencia recurrida por disposición del artículo 244 eiusdem, y así de oficio se declara.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en fecha 16 de marzo de 1999.

En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) dias del mes de noviembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

__________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

 

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrado,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. Nº 99-359

 

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