Sentencia N.º 437
- Sentencia
- N.º 437
- Fecha
- 04/04/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-1849
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 16 de mayo de 2000, Esther Durán Orozco y Henry Gerard Lárez Rivas, abogados inscritos en el Inpreabogado bajo los N°s 70468 y 69378, procediendo como apoderados judiciales de Norberto Ortigoza Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 1.656.638, interpusieron ante el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas acción de amparo contra auto dictado el 3 de mayo de 2000, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.
El 5 de junio de 2000, el Juzgado Superior Quinto referido dictó sentencia.
El 6 de junio de 2000, el abogado Xavier Urdaneta Giménez, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 80.466, apoderado judicial de Norberto Ortigoza Rodríguez, apeló de la sentencia recaída en la presente causa, y oída la apelación por el tribunal de la causa en la misma fecha, se ordenó remitir el expediente a ésta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 13 de junio de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente el Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuado el análisis de los autos que conforman el expediente se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La presente acción de amparo es ejercida contra auto dictado el 3 de mayo de 2000 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el juicio seguido por Norberto Ortigoza Rodríguez contra PDVSA, Petróleo y Gas S.A., por diferencia en el pago de prestaciones sociales, reajuste y pago retroactivo de pensión de jubilación e intereses sobre prestaciones sociales no pagadas.
Narra el accionante que en el juicio referido, el tribunal de la causa, por auto del 13 de julio de 1999, decidió reponer la causa por haber él mismo incurrido en supuesto error involuntario (sic) en el cómputo de los lapsos procesales, auto contra el cual ejerció recurso de apelación que fue oído por el tribunal en un solo efecto, y que el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a quien correspondió conocer de dicha apelación, el 9 de febrero de 2000 dictó sentencia declarándola con lugar y revocó el auto contra el cual se apeló y ordenó fijar la oportunidad para la continuación del proceso. El Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en ejecución de la sentencia del Superior dictó, el 3 de mayo de 2000, auto que se aleja totalmente de lo ordenado por la sentencia referida, ya que.... fija el tercer día siguiente a la notificación de las partes, para presentar informes; lo cual, escapa totalmente de la eficacia de la sentencia del Juzgado Sexto Superior puesto que, el efecto inmediato de la sentencia debe ser la reposición de la causa al momento procesal en que se dictó el auto de fecha 13 de julio de 1999, vale decir, el día para la publicación de las pruebas.
Explica el accionante que al dictar el auto accionado ordenando la continuación de la causa en la fase de informes, convalidando así el acto de contestación de la demanda y el de promoción de pruebas, entre otros (que debieron ser declarados nulos por extemporáneos y no lo fueron), se le causa un gravámen irreparable, puesto que, según afirma, de haber sido anulados, se habría configurado la confesión ficta.
En el escrito contentivo de la solicitud de amparo denuncia el accionante conculcado por el auto accionado, su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no acatar el presunto agraviante lo ordenado por el Juzgado Superior Sexto referido en la sentencia dictada, con lo cual ha incurrido en abuso de poder y extralimitación de funciones, lo que además, puede considerarse como una parcialidad del juez de la causa a una de las partes... violatoria del principio de la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, establecido en el artículo 26 eiusdem.
Finalmente solicita lo siguiente:
- Que se deje sin efecto el auto accionado dictado el 3 de mayo de 2000.
- Que se ordene al presunto agraviante acatar la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto ya identificado.
- Que se ordene al presunto agraviante reponer la causa al estado en que se encontraba el proceso para el momento en que fue dictado el auto revocado.
- Que se deje sin efecto todo lo actuado por las partes como consecuencia del auto dictado por el tribunal presunto agraviante el 13 de julio de 1999.
- Que se ordene al presunto agraviante fijar la oportunidad legal para dictar sentencia debido a la confesión ficta del demandado.
- Que se establezca la responsabilidad del presunto agraviante por sus actos y omisiones con las sanciones disciplinarias que conlleva.
- Que esta Sala solicite al presunto agraviante el cómputo de los noventa (90) días continuos transcurridos desde el 30 de marzo de 1999, así como el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la finalización de los noventa días hasta el 13 de julio de 1999.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El 5 de junio de 2000, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo al considerar el juzgador que la acción de amparo procede cuando no exista otra vía procesal o se hubieren agotado las existentes, como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; pero nunca podrá admitirse para sustituir las formas procesales establecidas en los textos adjetivos, porque aquella la acción de amparo no es supletoria de procedimientos judiciales existentes, fundamentando su declaración en que el accionante ha debido interponer en su oportunidad procesal el recurso de apelación contra el auto accionado que acordó en forma distinta a como lo hizo el Superior en la decisión del 09 de febrero de 2000.
Declarado lo anterior el sentenciador advierte que, en su criterio, la decisión accionada es violatoria del derecho al debido proceso puesto que, modifica contra lo decidido por la segunda instancia, que era decisión ejecutoriada, ante cuya situación procesal afirma que con base a la doctrina dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 9 de marzo de 2000 (A. Zavatti, expediente 00-0126) piensa este sentenciador que la Sala Constitucional podría examinar el presente caso.
III
DEL INFORME DE LA APELACIÓN
El 7 de julio de 2000, el apoderado judicial del accionante introdujo ante esta Sala, escrito fundamentando la apelación ejercida, en el cual señaló:
Que la sentencia objeto de apelación establece la inadmisibilidad del recurso de amparo en razón de existir otros recursos ordinarios, siendo que el amparo fue intentado no por una violación netamente procesal, sino por la falta de acatamiento del Juez Octavo de Primera Instancia del Trabajo ... de la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto....
Que en el presente caso se verificó la violación al debido proceso ya que la sentencia del Superior no fue acatada por el tribunal de primera instancia y como consecuencia de ello se contestó nuevamente la demanda y se volvieron a promover pruebas.
Que, en su criterio, el recurso de apelación debe intentarse cuando un auto es manifiestamente contrario a derecho, y que en el caso de autos se trata de desacato, por un tribunal de primera instancia, de una orden emanada de un Superior.
Que Ejercer el recurso de apelación no resolvería esta situación ya que la decisión que dictase el Juzgado Superior tampoco sería acatada por el Juzgado Octavo....
Que la actitud del Juez Octavo de Primera Instancia además de ser violatoria del debido proceso, también infringe el derecho a la imparcialidad de los jueces.
Que se solicitó al Juez Superior Constitucional del Trabajo pronunciarse acerca de la responsabilidad del juez por sus actos u omisiones ya que el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los jueces, en ejercicio de sus funciones, son responsables por sus actos u omisiones, dándole facultad al Sentenciador Constitucional de imponer las sanciones pertinentes.
Que es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, que se pueden intentar los dos recursos, ordinarios o extraordinarios; lo que si no es posible es ejercerlos conjuntamente.
Finalmente, solicita que se declare con lugar la acción de amparo intentada contra el agraviante Marcial Hernández, actuando como Juez Temporal del Juzgado Octavo de Primera Instancia..., y se le impongan las sanciones respectivas, a la vez que ratifica las peticiones formuladas en su solicitud de amparo.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, ejercida contra una sentencia dictada por un Juzgado Superior de la República competente en materia laboral, al conocer éste en primera instancia de la presente acción de amparo, y al respecto, esta Sala, en atención a los criterios por ella establecidos sobre distribución de competencia en la acción de amparo a la luz de los principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara.
Declarado lo anterior corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la apelación ejercida, a cuyo fin, observa:
El apelante afirma, como así lo observa esta Sala, que la sentencia objeto de apelación declaró la inadmisibilidad de la presente acción de amparo en razón de que existen otros recursos ordinarios (apelación) que debieron ser ejercidos contra el auto accionado, recursos éstos que no pueden ser sustituidos por la acción de amparo, cuando en realidad, según alega, la presente acción de amparo es ejercida por la falta de acatamiento del juez... señalado como presunto agraviante, de la decisión dictada por el Superior, con lo cual se infringió, a su decir, el debido proceso, con la consecuencia de que, al no reponerse aquella causa, y decretarse su continuación en la fase de informes, se convalidaron actuaciones de las partes, como la contestación de la demanda y la promoción de pruebas, en detrimento del demandante en aquel juicio, puesto que, en su criterio, de haber el presunto agraviante actuado respetando lo que él denomina el debido proceso, se habría configurado la confesión ficta.
Observa esta Sala que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho al debido proceso en los siguientes términos:
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por omisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
Dicho derecho constitucional es desarrollado por la legislación adjetiva, es decir, por las normas de rango legal que establecen los procedimientos a seguir ante los órganos jurisdiccionales para obtener la declaratoria de algún derecho o dilucidar controversias que puedan surgir. Sin embargo no todo error judicial en la escogencia de la ley aplicable, en la interpretación de la ley, o en la aplicación de la misma, constituye infracción constitucional. Sólo cuando tales errores impliquen en la situación jurídica de un particular una infracción a los numerales del artículo 49 transcrito, se estará en presencia de materias propias del amparo.
Observa esta Sala que la falta de acatamiento de un juez inferior, de una orden emanada del Superior, o la errada interpretación de la misma que haga el juez, implicarían la violación inmediata o indebida aplicación de normas adjetivas de rango legal, lo cual es materia propia a dilucidar por las vías ordinarias y sólo son materia de la acción de amparo cuando, como consecuencia de las mismas, se infrinjan derechos constitucionalmente garantizados en una particular situación jurídica subjetiva como antes se indicó y siempre que exista la posibilidad que la lesión se haga irreparable.
En sentencia de 28 de julio de 2000, caso Luis Alberto Baca, esta Sala señaló:
La acción de amparo constitucional, conforme al artículo 27 de la vigente Constitución, y a los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene por fin impedir que una situación jurídica sea lesionada en forma irreparable, por la violación de derechos o garantías constitucionales de aquél que se encuentre en dicha situación, impidiendo que el daño a ella se cause (amenaza de infracción) o que no continúe, caso en que el amparo persigue se restablezca la misma situación existente antes de la lesión, o una semejante a ella, si no pudiera lograrse un restablecimiento idéntico...
Es esta condición de reparabilidad inmediata de la situación, la base en que se funda la acción de amparo, hasta el punto que la acción es inadmisible cuando la amenaza no sea inmediata, o cuando la lesión sea irreparable, por no ser posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida (numerales 2 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). Los caracteres apuntados son determinantes de cómo opera el amparo contra sentencias, actos u omisiones judiciales...
Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.
Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.
Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva.
Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, y que consolidan dichas infracciones.
Por ello, cuando la parte lesionada ha apelado, hay que esperar que fenezca el lapso señalado por la ley para fallar la apelación, sin que la alzada sentencie, para que así realmente surja el peligro de irreparabilidad de la lesión (por lo indefinido), que aunada a la actitud del juez, contraria a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se convierte en otra infracción constitucional que hace procedente el amparo.
Pero si la parte ni apela, ni impugna a tiempo los fallos, es porque considera que no hay lesión alguna, que no hay situación jurídica que requiera ser restablecida, y por lo tanto está consintiendo en las transgresiones habidas, tal como lo contempla el numeral 4 del aludido artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...
Se ha venido interpretando que la víctima de la lesión tiene seis (6) meses para incoar la acción, y que por ello puede acudir al amparo así no haya apelado o reclamado oportunamente; pero tal interpretación es contraria al numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la inactividad procesal del lesionado entraña signos inequívocos de aceptación de la situación, y por lo tanto constituye un consentimiento tácito.
Consecuencia de lo expresado, es que el amparo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obra en sus supuestos como una acción que puede ser utilizada en cualquier momento en que lo considere el actor. Es por ello, que la doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc.
Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable...
1.- Estas precisiones llevan a la Sala a afirmar que en cuanto a las partes, los fallos cuya apelación se oye en ambos efectos, no generan -en principio- acción de amparo alguno, si ellos contienen transgresiones constitucionales que hagan necesario acudir a dicha acción, ya que al oírse la apelación en ambos efectos, dichas sentencias no se ejecutan y los efectos de la lesión no se concretan; no pudiéndose considerar ni siquiera que hay amenaza de infracción, ya que el juez de la alzada o la casación, si la infracción constitucional la contiene el fallo de la última instancia recurrible en casación, pueden impedir la concreción de los efectos lesivos a la situación jurídica....
Señala esta Sala, que el accionante, parte demandante en el juicio en cuyo decurso se produjeron los hechos denunciados como presunta infracción al debido proceso, de declararse sin lugar (o parcialmente con lugar) aquella demanda (que es cuando se concretaría el presunto daño aducido por el accionante) tiene todavía la posibilidad de ejercer recursos contra la sentencia definitiva que en dicho juicio recaiga, alegando las supuestas infracciones legales ocurridas, por lo cual, el daño que aduce no puede considerarse ocurrido, ni inminente.
Observa esta Sala que el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:
Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:...omissis...
2.- Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado.
Siendo ello así, atendiendo a que en el presente caso, como antes se indicó, la posible infracción de derechos constitucionales no ha ocurrido ni existe amenaza inminente de que ocurrirá, y a las normas y criterios parcialmente transcritos supra, esta Sala considera inadmisible la presente acción de amparo, por aplicación del numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.
Observa esta Sala que el apelante, en su escrito de fundamentos de la apelación, indica que en el escrito contentivo de la acción de amparo solicitó pronunciamiento del juez constitucional acerca de la responsabilidad del presunto agraviante por sus actos u omisiones, con fundamento en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El citado artículo 255, establece la responsabilidad de los jueces por sus actos u omisiones, en los términos señalados en la ley, como también el artículo 49 eiusdem, en su numeral 8 implica la responsabilidad civil o penal (personal) en que pueden incurrir los jueces cuando establece:
Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: ...omissis...
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
Ahora bien, solo es materia propia del conocimiento del juez que conoce de la acción de amparo, la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no comprenden la acción por responsabilidad personal del juez cuya acción u omisión haya concretado una infracción constitucional, como tampoco, de conformidad con el artículo 37 eiusdem, la desestimación del amparo afecta la responsabilidad civil o penal en que hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra materia.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en los términos expresados en el presente fallo, al sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el 5 de junio de 2000, en la acción de amparo intentada por Esther Durán Orozco y Henry Gerard Lárez Rivas en representación de Norberto Ortigoza Rodríguez contra auto dictado el 3 de mayo de 2000 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en la acción de cobro por diferencia en el pago de prestaciones sociales y otros conceptos intentada por el accionante contra PDVSA, Petróleo y Gas S.A.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 04 días del mes de ABRIL de dos mil uno. Años: 190° de la Independencia y 142° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Ponente
Los Magistrados,
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N°: 00-1849
JECR/
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