Venley

Sentencia N.º 4398

Sentencia
N.º 4398
Fecha
12/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1917
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

            Mediante oficio n° 4659 del 5 de septiembre de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, remitió a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, el expediente contentivo de la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRILO ANTONIO MARCANO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad n° 8.441.557, debidamente asistido por el abogado en ejercicio David Báez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 68.908, contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la oposición interpuesta por Constructora Roan, C.A., contra el decreto de intimación dictado en la demanda por cobro de bolívares incoada por el ciudadano Roberto Stifano Spósito, contra la empresa mencionada.

 

            Dicha remisión obedece al recurso de apelación interpuesto el 31 de agosto de 2005, por el apoderado judicial del accionante contra la referida decisión.

 

El 28 de septiembre de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, y con tal carácter suscribe este fallo.

 

            Efectuado el análisis del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

1.- El 7 de agosto de 2002, el abogado Roberto Stifano Spósito demandó a Constructora Roan, C.A., por cobro de bolívares (intimación), admitida el 8 de octubre de 2002 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

 

2.- El 10 de octubre de 2002, el actor solicitó se decretara medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre un lote de terreno propiedad de la demandada, ubicado en la Avenida Los Robles Norte, Sector Este (Genovés) de la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta.

 

3.- El 29 de noviembre de 2002, el alguacil del juzgado de la causa dejó constancia de haberse trasladado al domicilio de la demandada siendo inútil su citación, razón por la cual, el 4 de diciembre de 2002, el actor solicitó su intimación por carteles, consignando posteriormente cuatro (4) ejemplares de su publicación.

 

4.- El 13 de enero de 2003, el actor solicitó se fijaran los ejemplares del cartel de intimación en el domicilio de la demandada, siendo acordado por auto del 17 de enero de 2003. El 13 de febrero de ese mismo año, se agregaron a los autos las resultas de dicha comisión.

 

5.- El 19 de marzo de 2003, el apoderado judicial de la demandada formuló su oposición a la intimación, y en tal razón, la causa continuó por el procedimiento ordinario.

 

6.- El 26 de marzo de 2003, la parte demandada consignó escrito de contestación de la demanda.

 

7.- El 21 de abril de 2003, el actor consignó escrito contentivo de pruebas, y el 24 de ese mismo mes y año, la parte demandada hizo uso de tal derecho, a cuya admisión se opuso el actor por diligencia suscrita el 30 de abril de 2003.

 

8.- El 6 de mayo de 2003, el juzgado de la causa declaró procedente la oposición formulada por el actor a la admisión de las pruebas presentadas por la demandada, inadmitiendo en esa oportunidad las correspondientes al capítulo II, relativas a la promoción de testimoniales, auto del cual apelara la demandada el 8 de mayo de 2003, siendo oída en un solo efecto.

 

9.- El 13 de mayo de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, declaró sin lugar la apelación ejercida por la demandada, confirmando así el auto dictado el 6 de mayo de 2003, por el juzgado de la causa.

 

10.- El 17 de octubre de 2002, el Juzgado de la causa decretó medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada por el actor, y a tal fin se ordenó participar lo conducente a la oficina de registro respectiva.

 

11.- El 24 de noviembre de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la parte demandada, contra el decreto de intimación dictado el 8 de octubre de 2002 por dicho órgano jurisdiccional.

 

12.- El 31 de mayo de 2005, el juzgado de la causa decretó la ejecución forzosa de la sentencia, y en función de ello el embargo ejecutivo sobre un bien inmueble constituido por un lote de terreno perteneciente a la demandada, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Vilalba y Península de Macanao de la mencionada Circunscripción Judicial.

 

13.- El 7 de junio de 2005, se llevó a efecto la práctica de la medida ejecutiva de embargo sobre el inmueble propiedad de la demandada, y en el cual se realizaban las construcciones del Conjunto Residencial Furió.

 

14.- El 14 de julio de 2005, el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, asistido por el abogado David Báez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 68.908, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la tantas referida Circunscripción Judicial.

 

15.- El 21 de julio de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, admitió la acción de tutela constitucional, ordenando las notificaciones respectivas.

 

16.- El 22 de agosto de 2005, tuvo lugar la audiencia constitucional y en esa oportunidad se dejó constancia de la parte accionante, del abogado Roberto Stifano Spósito, tercero interviniente y parte actora en el juicio principal. Así mismo se dejó constancia de la incomparecencia a dicho acto del representante del Ministerio Público y del supuesto agraviante.

 

17.- El 29 de agosto de 2005, el mencionado Juzgado Superior declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, en su carácter de tercero, contra la decisión del 24 de noviembre de 2004. El 31 de agosto de 2005, el abogado José Espinoza Reyes, en su carácter de apoderado judicial del accionante, apeló de la referida decisión la cual fuera oída en un solo efecto el 5 de septiembre del presente año, acordándose su remisión a esta Sala Constitucional según oficio n° 4659-05 de misma fecha.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            Fundamentó el accionante su solicitud de amparo, en los siguientes hechos:

 

            Que, la cualidad e interés con que procede para interponer la presente acción de amparo constitucional “...devienen por efectos de mi doble carácter, a saber: (*) terceros extraños al proceso en fase de ejecución y (**) como co-propietario del apartamento distinguido con el número y letra ´1-1B´ parte integrante del CONJUNTO RESIDENCIAL FURIÓ...”, el cual se encuentra en construcción.

 

            Que, es el 20 de junio de 2005 cuando tuvo conocimiento de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, oportunidad cuando se percató “...del ‘Cartel de Embargo Ejecutivo’ fijado en la fachada del ‘CONJUNTO RESIDENCIAL FURIӒ, emanado del Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Villalba, Tubores y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta”.

 

            Que, en el referido cartel aparece como ejecutante el consultor jurídico de la Constructora Roan, C.A., quien a su vez redactara y visara el documento notariado de compra venta del apartamento en construcción.

 

            Que, según el juzgado de la causa “...LA EMPRESA reconoció QUE ADEUDA A ‘EL ABOGADO’ POR CONCEPTO DE DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL AÑO 1999 HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2002, la cantidad de Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Siete DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US.$ 14.857,00), los cuales representaban la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (BS. 10.620.000,00)...(...) y para facilitar el pago ‘LA EMPRESA’, aceptó siete (7) letras de cambio para ser pagadas a la orden o beneficio de ‘EL ABOGADO’, por los montos y vencimientos señalados..”.

 

            Que según el juzgador de instancia, la demandada consintió en haber aceptado y firmado las letras de cambio “...pero en contra de su voluntad, (...) por cuanto como modalidad de pago, se estipuló en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Que el ciudadano ROBERTO STIFANO SPÓSITO en el presente procedimiento no le dio otra alternativa y bajo coacción e intimidación, prácticamente la obligó a que firmara los efectos de comercio antes mencionados...”.

 

            Que, el fallo de la primera instancia “...devino único, por no haber apelado el apoderado de la demandada, que sobre la nulidad del acuerdo de pago y letra de cambio, por vicio del consentimiento, prestado bajo amenaza y coacción moral, las pruebas aportadas para demostrarlo no las admitió el Tribunal de la causa, por promoción irregular, razón por la cual, declara sin lugar la oposición de la demandada, con lugar la demanda, con imposición de las costas que fija en el máximo legal 25% del monto de la condenatoria”.

 

            Que, al apreciar la prueba documental a favor del actor y contra los derechos e intereses de la intimada, la sentenciadora dio por probado que Constructora Roan C.A., prometió vender y, su apoderado judicial se obligó a comprar, un lote de terreno ubicado en la Avenida Los Robles Norte, Sector Este. Que, apreció y valoró el documento autenticado ante la Notaría Pública de Pampatar del Estado Nueva Esparta, el 26 de junio de 2001, bajo el n° 66, tomo 34, también redactado y visado por el demandante, y por medio del cual las partes convinieron en dar por resuelta la promesa bilateral de compra venta “...a que se contrae el documento autenticado en la Notaría Pública Segunda de Porlamar, en fecha 29-02-2002, y en su lugar acuerdan: ‘LA EMPRESA’ RECONOCE A EL ABOGADO’ ADEUDARLE LA SUMA DEMANDADA, representada por las SIETE letras de cambio, causadas en aquel documento, cuya NULIDAD se planteó en la oposición a la intimación...”.

 

            Que, la sentenciadora debió declarar la nulidad del documento autenticado el 26 de junio de 2001, y por ende la nulidad de la promesa bilateral de compra venta suscrita entre las partes.

 

            Que, el apoderado de la intimada fue quien solicitó la medida ejecutiva de embargo sobre las edificaciones integrantes del Conjunto Residencial Furió “...levantadas en el lote de terreno donde se edificaría el inmueble que se había comprometido a comprar a su mandante y que ambas partes contratantes dejaron sin efecto, a cambio de que le pagase en dólares los honorarios profesionales como abogado apoderado de su cliente, que el mismo pretende aún rematar, en perjuicio de terceros adquirentes de buena fe, según documentos notariados que conoce por haberlos redactado y visado, y a quienes cobró, como es usual, sus honorarios profesionales, en concepto de tales redacciones y visados...”.

            Que, el fraude procesal concertado entre las partes, se concreta cuando el apoderado de la intimada admitió que “...se condenara a su poderdante a pagar ÚNICAMENTE los DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (BS. 10.620.000,00)...”, acotando que, la intimada tampoco ejerció el recurso de apelación contra dicha sentencia, por lo que se encuentra en fase de ejecución.

 

            Que, a pesar de su cuantía, “...que permitía a la parte perdidosa apelar y hasta recurrir en Casación, se convirtió en un proceso DE ÚNICA INSTANCIA. No existe duda de un FRAUDE PROCESAL DE LAS PARTES LITIGANTES...”.

 

            Que, en el presente caso “...no se trata de inquilinos sino de adquirentes de apartamentos, terceros de buena fe al proceso, y en lugar de parentesco se trata de un Abogado Apoderado de la intimada que pretender ejecutar una sentencia complaciente a sus solos y únicos intereses en perjuicio de terceras personas, las cuales no fueron llamadas al juicio, a sabiendas ambas partes de que serían en la definitiva los verdaderos perjudicados sin ser oídos”.

 

            Solicitó, se declare con lugar la presente acción de amparo constitucional, la inexistencia del juicio por cobro de bolívares y, por ende la nulidad de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2004, objeto de tutela constitucional; y como medida cautelar, se ordene al juzgado de la causa la paralización de la ejecución de la sentencia recurrida.

           

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

 

La sentencia dictada por el a quo, el 29 de agosto de 2005, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, en los términos siguientes:

 

“...de las actas del proceso se evidencia que el querellante no es parte en el juicio principal en el cual se denuncian las supuestas infracciones constitucionales; luego al no ser parte (actor o demandado) no puede considerarse que el juzgado señalado como agraviante le haya lesionado el derecho al debido proceso, su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de propiedad, pues al dictarse el fallo recurrido en amparo, el día 24.11.2004, no había constancia en autos que uno (1) de los apartamentos que integran el Conjunto Residencial Furió pertenece al accionante. De otra parte, el querellante, cuenta con otra vía judicial capaz de satisfacer su interés y proteger su derecho de propiedad en el mismo proceso que ha incoado el abogado Roberto Stifano contra la empresa Constructora Roan C.A., como lo es la acción de tercería prevista en el numeral 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil o mediante la acción reivindicatoria establecida en el artículo 548 del Código Civil; ésta ultima en esta oportunidad o después de rematado el bien como lo instituye el artículo 1.911, ejusdem”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Respecto a su competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta, cabe señalar la inveterada jurisprudencia de esta Sala en sentencias del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), en cuanto a que a la misma le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, de las Cortes de lo Contencioso-Administrativo (exceptuando aquellos con competencia en lo contencioso administrativo, salvo que conozcan en materia civil), y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales, todo ello en concordancia con el letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En el caso de autos, la apelación fue ejercida contra la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, motivo por el cual esta Sala, congruente con los fallos reseñados ut supra, se declara competente para conocer de la misma. Así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Aprecia la Sala, en primer lugar, que la presente acción de amparo fue interpuesta por el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, en su condición de tercero ajeno a la causa, contra la decisión del 24 de noviembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, -de la cual tuvo conocimiento el 20 de junio de 2005 - que declaró sin lugar la oposición interpuesta por Constructora Roan, C.A., en contra del decreto de intimación dictado por el mencionado órgano jurisdiccional el 8 de octubre de 2002, y con lugar la demanda por cobro de bolívares incoada por el abogado Roberto Stifano Spósito contra la mencionada sociedad mercantil.

 

Señala el accionante que el 20 de junio de 2005, se trasladó al lugar donde se encuentra la construcción del Conjunto Residencial Furió, encontrándose fijado en su entrada el cartel de embargo ejecutivo decretado el 7 de junio de 2005, por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba, Tubores y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Que, una vez revisado el expediente de la causa, confirmó la existencia –en su criterio- de un fraude procesal, pues “...la intimada admitió que se condenara a su poderdante a pagar ÚNICAMENTE los DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (BS. 10.620.000,00 (...) siendo de acotar que el apoderado de la intimada, tampoco apeló de la sentencia de primera instancia, y por ello se está en fase de ejecución de la decisión, así el juicio a pesar de su cuantía, que permitía a la parte perdidosa apelar y hasta recurrir en casación, se convirtió en un proceso DE ÚNICA INSTANCIA...”.

 

Denuncia la violación de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales y a la propiedad, consagrados en el artículo 40 cardinales 1 y 4, y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente esta Sala pasa a pronunciarse sobre la apelación sometida a su conocimiento, y a tal efecto observa:

 

La presente acción de amparo constitucional tiene como objeto las presuntas violaciones a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado por sus jueces naturales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró, primero, sin lugar la oposición interpuesta por la parte demandada contra el decreto de intimación dictado el 8 de octubre de 2002; segundo, con lugar la demanda de cobro de bolívares (intimación) interpuesta por el abogado Roberto Stifano Spósito contra Constructora Roan, C.A.; tercero, condenó a la demandada al pago de la cantidad de diecinueve millones setecientos quince mil novecientos setenta bolívares (Bs. 19.715.970,00), en cumplimiento del compromiso de pago suscrito entre las partes, y las letras de cambio libradas, condenando igualmente a la demandada en costas.

 

Ahora bien, observa la Sala que en lugar de accionar en amparo, pudo el accionante oponerse al embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, no obstante, si no pudo ejercer tal derecho toda vez que desconoce si se realizó la publicación del último cartel de remate, en atención a la norma mencionada, pudo ejercer la tercería prevista en los artículos 373 y siguientes del Código Adjetivo Civil, y así ejercer la defensa de sus derechos e intereses sin ser parte en la causa principal. Dicha institución – tercería - requiere de un trámite no tan breve y sumario como así lo constituye la acción de amparo, se trata por el contrario, de insertarse en un procedimiento en el que efectivamente se debe hacer plena prueba de los hechos alegados a fin de aclarar la posición del tercero lo cual presupone el cumplimiento de las etapas procesales a tal fin.

 

Así, el artículo 546 eiusdem establece: 

 

“Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el Juez aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquélla se encontrare verdaderamente en su poder y, presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia.

El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario confirmará el embargo, pero si resultare probado que el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o que sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se declararán embargados éstos, y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquél a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme al artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa en vez de apelar de la sentencia de primera instancia podrá proponer el correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él. (Subrayado de la Sala).

 

            En atención a la norma antes transcrita, la Sala estima que efectivamente el accionante dispone de un medio idóneo para impugnar el fallo accionado mediante la presente acción y así proteger los derechos que denuncia le han sido violentados, como lo es la oposición al embargo, y de no ser posible, intentar la tercería, por una parte, y por otra, la acción reivindicatoria prevista en el artículo 584 del referido Código Adjetivo, que de ser ejercida corresponderá al juzgador determinar la existencia o no del derecho invocado por el éste accionante, motivo por el cual la presente acción de amparo resulta inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

 

Por otra parte, se observa que el accionante alegó la existencia de un fraude procesal cometido en el juicio que originó la controversia. Señaló en tal sentido que “..EL FRAUDE PROCESAL SERÍA CONCERTADO POR LAS PARTES LITIGANTES, EN PERJUICIO DE LOS TERCEROS ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS EN LOS EDIFICIOS INTEGRANTES DEL ‘CONJUNTO RESIDENCIAL FURIӒ, cuyos beneficiarios serían ambas partes, siendo de acotar que el apoderado de la intimada, tampoco apeló de la sentencia de primera instancia, y por ello se está en fase de ejecución de la decisión, así el juicio a pesar de su cuantía, que permitía a la parte perdidosa apelar y hasta recurrir en Casación, se convirtió en un proceso DE ÚNICA INSTANCIA. No existe duda de un FRAUDE PROCESAL...”.

 

Al respecto, ha sido criterio de esta Sala que la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal, por cuanto es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el supuesto fraude, a pesar de la existencia de violaciones constitucionales, pues el procedimiento de amparo resulta muy breve para exponer y analizar las pruebas necesarias para determinar la existencia del fraude.

 

            En decisión del 27 de diciembre de 2001, (caso: Urbanizadora Colinas de Cerro Verde, C.A.), la Sala ratificó su criterio en torno a la improcedencia del fraude procesal a través de esta vía:

 

“...la pretensión de amparo constitucional, con su correspondiente procedimiento, no es el procedimiento idóneo para aspirar a la declaración judicial acerca de la existencia del fraude procesal y subsiguiente inexistencia del juicio en que se fraguó, sino el juicio ordinario. En los supuestos en que se denuncie el acaecimiento de un fraude procesal como causa petendi para reclamar la declaración de inexistencia de un juicio por ese motivo, quien impetra la tutela jurisdiccional debe acudir a la vía del juicio ordinario, conforme a los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que se resuelva la concreta controversia entre las partes que emerge del fraude delatado. En consecuencia, la pretensión de amparo constitucional incoada con el propósito de obtener el establecimiento del fraude procesal y la inexistencia del juicio en que se materializó, resulta manifiestamente inadmisible”.

 

            Asimismo, la Sala ha precisado que en situaciones excepcionales puede declararse la existencia de fraude procesal a través del amparo, cuando del expediente surjan elementos de convicción que demuestren inequívocamente tal circunstancia, es decir, la utilización del proceso con fines diversos a los que constituyen su naturaleza (vid. sentencia del 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo).

 

            En el caso sub lite, aun cuando el juzgador que conoció en primera instancia con sede constitucional manifestó no constar el fraude procesal alegado por el accionante, en aplicación de la doctrina expuesta la Sala estima que no constan en el expediente suficientes elementos para declararlo, pues para ello se requiere de una actividad probatoria más extensa para determinar si en el presente caso existe el fraude alegado. Considera la Sala, que en el caso de autos debe el accionante instaurar, por vía ordinaria, un procedimiento en el que procure la declaración del fraude que en su criterio señala enmarcó el juicio por cobro de bolívares incoado por el abogado Roberto Stifano Spósito contra la sociedad mercantil Constructora Roan, C.A., de la cual fuera su representante legal.

 

Por las consideraciones antes expuestas, la Sala estima que no es el amparo el medio idóneo para tal declaratoria sino las vías procesales ordinarias, lo que ocasiona que la acción esté incursa en la causal contenida en el articulo 6.5 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual revoca la decisión objeto de apelación, dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró improcedente la tutela constitucional invocada por el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez y, declara en su lugar la inadmisibilidad de la misma, y así se declara.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

 

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Espinoza Reyes, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, contra la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

 

SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. En consecuencia, REVOCA la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de diciembre dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

FCL/

Exp. n° 05-1917

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