Sentencia N.º 4398
- Sentencia
- N.º 4398
- Fecha
- 12/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1917
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante oficio n° 4659 del 5 de septiembre de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de
Dicha remisión obedece al recurso de apelación interpuesto el 31 de agosto de 2005, por el apoderado judicial del accionante contra la referida decisión.
El 28 de septiembre de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, y con tal carácter suscribe este fallo.
Efectuado el análisis del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
1.- El 7 de agosto de 2002, el abogado Roberto Stifano Spósito demandó a Constructora Roan, C.A., por cobro de bolívares (intimación), admitida el 8 de octubre de 2002 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de
2.- El 10 de octubre de 2002, el actor solicitó se decretara medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre un lote de terreno propiedad de la demandada, ubicado en
3.- El 29 de noviembre de 2002, el alguacil del juzgado de la causa dejó constancia de haberse trasladado al domicilio de la demandada siendo inútil su citación, razón por la cual, el 4 de diciembre de 2002, el actor solicitó su intimación por carteles, consignando posteriormente cuatro (4) ejemplares de su publicación.
4.- El 13 de enero de 2003, el actor solicitó se fijaran los ejemplares del cartel de intimación en el domicilio de la demandada, siendo acordado por auto del 17 de enero de 2003. El 13 de febrero de ese mismo año, se agregaron a los autos las resultas de dicha comisión.
5.- El 19 de marzo de 2003, el apoderado judicial de la demandada formuló su oposición a la intimación, y en tal razón, la causa continuó por el procedimiento ordinario.
6.- El 26 de marzo de 2003, la parte demandada consignó escrito de contestación de la demanda.
7.- El 21 de abril de 2003, el actor consignó escrito contentivo de pruebas, y el 24 de ese mismo mes y año, la parte demandada hizo uso de tal derecho, a cuya admisión se opuso el actor por diligencia suscrita el 30 de abril de 2003.
8.- El 6 de mayo de 2003, el juzgado de la causa declaró procedente la oposición formulada por el actor a la admisión de las pruebas presentadas por la demandada, inadmitiendo en esa oportunidad las correspondientes al capítulo II, relativas a la promoción de testimoniales, auto del cual apelara la demandada el 8 de mayo de 2003, siendo oída en un solo efecto.
9.- El 13 de mayo de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, declaró sin lugar la apelación ejercida por la demandada, confirmando así el auto dictado el 6 de mayo de 2003, por el juzgado de la causa.
10.- El 17 de octubre de 2002, el Juzgado de la causa decretó medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada por el actor, y a tal fin se ordenó participar lo conducente a la oficina de registro respectiva.
11.- El 24 de noviembre de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de
12.- El 31 de mayo de 2005, el juzgado de la causa decretó la ejecución forzosa de la sentencia, y en función de ello el embargo ejecutivo sobre un bien inmueble constituido por un lote de terreno perteneciente a la demandada, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Vilalba y Península de Macanao de la mencionada Circunscripción Judicial.
13.- El 7 de junio de 2005, se llevó a efecto la práctica de la medida ejecutiva de embargo sobre el inmueble propiedad de la demandada, y en el cual se realizaban las construcciones del Conjunto Residencial Furió.
14.- El 14 de julio de 2005, el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, asistido por el abogado David Báez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 68.908, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la tantas referida Circunscripción Judicial.
15.- El 21 de julio de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de
16.- El 22 de agosto de 2005, tuvo lugar la audiencia constitucional y en esa oportunidad se dejó constancia de la parte accionante, del abogado Roberto Stifano Spósito, tercero interviniente y parte actora en el juicio principal. Así mismo se dejó constancia de la incomparecencia a dicho acto del representante del Ministerio Público y del supuesto agraviante.
17.- El 29 de agosto de 2005, el mencionado Juzgado Superior declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, en su carácter de tercero, contra la decisión del 24 de noviembre de 2004. El 31 de agosto de 2005, el abogado José Espinoza Reyes, en su carácter de apoderado judicial del accionante, apeló de la referida decisión la cual fuera oída en un solo efecto el 5 de septiembre del presente año, acordándose su remisión a esta Sala Constitucional según oficio n° 4659-05 de misma fecha.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Fundamentó el accionante su solicitud de amparo, en los siguientes hechos:
Que, la cualidad e interés con que procede para interponer la presente acción de amparo constitucional ...devienen por efectos de mi doble carácter, a saber: (*) terceros extraños al proceso en fase de ejecución y (**) como co-propietario del apartamento distinguido con el número y letra ´1-1B´ parte integrante del CONJUNTO RESIDENCIAL FURIÓ..., el cual se encuentra en construcción.
Que, es el 20 de junio de 2005 cuando tuvo conocimiento de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de
Que, en el referido cartel aparece como ejecutante el consultor jurídico de
Que, según el juzgado de la causa ...
Que según el juzgador de instancia, la demandada consintió en haber aceptado y firmado las letras de cambio ...pero en contra de su voluntad, (...) por cuanto como modalidad de pago, se estipuló en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Que el ciudadano ROBERTO STIFANO SPÓSITO en el presente procedimiento no le dio otra alternativa y bajo coacción e intimidación, prácticamente la obligó a que firmara los efectos de comercio antes mencionados....
Que, el fallo de la primera instancia ...devino único, por no haber apelado el apoderado de la demandada, que sobre la nulidad del acuerdo de pago y letra de cambio, por vicio del consentimiento, prestado bajo amenaza y coacción moral, las pruebas aportadas para demostrarlo no las admitió el Tribunal de la causa, por promoción irregular, razón por la cual, declara sin lugar la oposición de la demandada, con lugar la demanda, con imposición de las costas que fija en el máximo legal 25% del monto de la condenatoria.
Que, al apreciar la prueba documental a favor del actor y contra los derechos e intereses de la intimada, la sentenciadora dio por probado que Constructora Roan C.A., prometió vender y, su apoderado judicial se obligó a comprar, un lote de terreno ubicado en
Que, la sentenciadora debió declarar la nulidad del documento autenticado el 26 de junio de 2001, y por ende la nulidad de la promesa bilateral de compra venta suscrita entre las partes.
Que, el apoderado de la intimada fue quien solicitó la medida ejecutiva de embargo sobre las edificaciones integrantes del Conjunto Residencial Furió ...levantadas en el lote de terreno donde se edificaría el inmueble que se había comprometido a comprar a su mandante y que ambas partes contratantes dejaron sin efecto, a cambio de que le pagase en dólares los honorarios profesionales como abogado apoderado de su cliente, que el mismo pretende aún rematar, en perjuicio de terceros adquirentes de buena fe, según documentos notariados que conoce por haberlos redactado y visado, y a quienes cobró, como es usual, sus honorarios profesionales, en concepto de tales redacciones y visados....
Que, el fraude procesal concertado entre las partes, se concreta cuando el apoderado de la intimada admitió que ...se condenara a su poderdante a pagar ÚNICAMENTE los DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (BS. 10.620.000,00)..., acotando que, la intimada tampoco ejerció el recurso de apelación contra dicha sentencia, por lo que se encuentra en fase de ejecución.
Que, a pesar de su cuantía, ...que permitía a la parte perdidosa apelar y hasta recurrir en Casación, se convirtió en un proceso DE ÚNICA INSTANCIA. No existe duda de un FRAUDE PROCESAL DE LAS PARTES LITIGANTES....
Que, en el presente caso ...no se trata de inquilinos sino de adquirentes de apartamentos, terceros de buena fe al proceso, y en lugar de parentesco se trata de un Abogado Apoderado de la intimada que pretender ejecutar una sentencia complaciente a sus solos y únicos intereses en perjuicio de terceras personas, las cuales no fueron llamadas al juicio, a sabiendas ambas partes de que serían en la definitiva los verdaderos perjudicados sin ser oídos.
Solicitó, se declare con lugar la presente acción de amparo constitucional, la inexistencia del juicio por cobro de bolívares y, por ende la nulidad de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2004, objeto de tutela constitucional; y como medida cautelar, se ordene al juzgado de la causa la paralización de la ejecución de la sentencia recurrida.
III
DE
La sentencia dictada por el a quo, el 29 de agosto de 2005, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, en los términos siguientes:
...de las actas del proceso se evidencia que el querellante no es parte en el juicio principal en el cual se denuncian las supuestas infracciones constitucionales; luego al no ser parte (actor o demandado) no puede considerarse que el juzgado señalado como agraviante le haya lesionado el derecho al debido proceso, su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de propiedad, pues al dictarse el fallo recurrido en amparo, el día 24.11.2004, no había constancia en autos que uno (1) de los apartamentos que integran el Conjunto Residencial Furió pertenece al accionante. De otra parte, el querellante, cuenta con otra vía judicial capaz de satisfacer su interés y proteger su derecho de propiedad en el mismo proceso que ha incoado el abogado Roberto Stifano contra la empresa Constructora Roan C.A., como lo es la acción de tercería prevista en el numeral 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil o mediante la acción reivindicatoria establecida en el artículo 548 del Código Civil; ésta ultima en esta oportunidad o después de rematado el bien como lo instituye el artículo 1.911, ejusdem.
IV
DE
Respecto a su competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta, cabe señalar la inveterada jurisprudencia de esta Sala en sentencias del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), en cuanto a que a la misma le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de
En el caso de autos, la apelación fue ejercida contra la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Aprecia
Señala el accionante que el 20 de junio de 2005, se trasladó al lugar donde se encuentra la construcción del Conjunto Residencial Furió, encontrándose fijado en su entrada el cartel de embargo ejecutivo decretado el 7 de junio de 2005, por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba, Tubores y Península de Macanao de
Denuncia la violación de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales y a la propiedad, consagrados en el artículo 40 cardinales 1 y 4, y 115 de
Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente esta Sala pasa a pronunciarse sobre la apelación sometida a su conocimiento, y a tal efecto observa:
La presente acción de amparo constitucional tiene como objeto las presuntas violaciones a los derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado por sus jueces naturales consagrados en
Ahora bien, observa
Así, el artículo 546 eiusdem establece:
Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el Juez aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquélla se encontrare verdaderamente en su poder y, presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia.
El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario confirmará el embargo, pero si resultare probado que el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o que sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se declararán embargados éstos, y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquél a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme al artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa en vez de apelar de la sentencia de primera instancia podrá proponer el correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él. (Subrayado de
En atención a la norma antes transcrita,
Por otra parte, se observa que el accionante alegó la existencia de un fraude procesal cometido en el juicio que originó la controversia. Señaló en tal sentido que ..EL FRAUDE PROCESAL SERÍA CONCERTADO POR LAS PARTES LITIGANTES, EN PERJUICIO DE LOS TERCEROS ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS EN LOS EDIFICIOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL FURIÓ, cuyos beneficiarios serían ambas partes, siendo de acotar que el apoderado de la intimada, tampoco apeló de la sentencia de primera instancia, y por ello se está en fase de ejecución de la decisión, así el juicio a pesar de su cuantía, que permitía a la parte perdidosa apelar y hasta recurrir en Casación, se convirtió en un proceso DE ÚNICA INSTANCIA. No existe duda de un FRAUDE PROCESAL....
Al respecto, ha sido criterio de esta Sala que la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal, por cuanto es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el supuesto fraude, a pesar de la existencia de violaciones constitucionales, pues el procedimiento de amparo resulta muy breve para exponer y analizar las pruebas necesarias para determinar la existencia del fraude.
En decisión del 27 de diciembre de 2001, (caso: Urbanizadora Colinas de Cerro Verde, C.A.),
...la pretensión de amparo constitucional, con su correspondiente procedimiento, no es el procedimiento idóneo para aspirar a la declaración judicial acerca de la existencia del fraude procesal y subsiguiente inexistencia del juicio en que se fraguó, sino el juicio ordinario. En los supuestos en que se denuncie el acaecimiento de un fraude procesal como causa petendi para reclamar la declaración de inexistencia de un juicio por ese motivo, quien impetra la tutela jurisdiccional debe acudir a la vía del juicio ordinario, conforme a los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que se resuelva la concreta controversia entre las partes que emerge del fraude delatado. En consecuencia, la pretensión de amparo constitucional incoada con el propósito de obtener el establecimiento del fraude procesal y la inexistencia del juicio en que se materializó, resulta manifiestamente inadmisible.
Asimismo,
En el caso sub lite, aun cuando el juzgador que conoció en primera instancia con sede constitucional manifestó no constar el fraude procesal alegado por el accionante, en aplicación de la doctrina expuesta
Por las consideraciones antes expuestas,
VI
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Espinoza Reyes, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez, contra la decisión dictada el 29 de agosto de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de
SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano Cirilo Antonio Marcano Rodríguez contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Agrario de
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FCL/
Exp. n° 05-1917
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