Venley

Sentencia N.º 440

Sentencia
N.º 440
Fecha
22/03/2004
Sala
Constitucional
Expediente
02-0401
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 1° de agosto de 2001, ESTACIONAMIENTO LA PALMA S.R.L., con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 19 de agosto de 1988, bajo el n° 51, tomo 7-A, mediante la representación de los abogados Raisha Grooscors Bonaguro y Gustavo Enrique Montañez, con inscripción en el Inpreabogado bajo los n°s 57.200 y 51.806 respectivamente, intentaron, ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, demanda de amparo constitucional contra la sentencia que dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial, el 30 de mayo de 2001, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la defensa, debido proceso, trabajo y libertad económica, así como la garantía referente a la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento desde su entrada en vigencia que acogieron los artículos 49, 87, 112 y 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 3 de diciembre de 2001, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo juzgó sobre la pretensión y la declaró con lugar.

El 4 de febrero de 2002, dicho Juzgado remitió el expediente en consulta a esta Sala.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 18 de febrero de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 14 de agosto de 2001, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo ordenó la corrección de la solicitud de amparo con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Luego de la corrección tempestiva, el 28 de agosto de 2001, dicho Juzgado Superior admitió la demanda de amparo, ordenó las notificaciones correspondientes y, por auto separado, declaró improcedente la medida cautelar que había sido solicitada.

El 26 de noviembre de 2001, tuvo lugar la audiencia oral y pública con la comparecencia de la querellante y de la representación del Ministerio Público.

El 3 de diciembre de 2001, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo juzgó sobre la pretensión y la declaró con lugar.

El 4 de febrero de 2002, dicho Juzgado remitió el expediente en consulta a esta Sala.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 18 de febrero de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 3 de julio de 2002, la apoderada judicial de Estacionamiento La Palma S.R.L. solicitó que se dictara sentencia definitiva.

El 12 de diciembre de 2002, la abogada María Cileny Ochoa Izarra, con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 49.228, en representación de Inversiones Fercaber C.A. presentó escrito de alegatos.

El 1° de abril de 2003, la apoderada judicial de la querellante presentó escrito de alegatos.

El 15 de octubre de 2003, el apoderado judicial de la quejosa solicitó celeridad en el pronunciamiento de la sentencia definitiva y consignó copia simple de varios recibos de consignaciones arrendaticias.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.           Los apoderados judiciales de la quejosa alegaron:

1.1         Que:

“La presente causa se encuentra en el Juzgado Segundo de Primera Instancia quien conoce en Alzada, por apelación acordada en Ambos Efectos, que se formuló en nombre de [su] representada, contra la Sentencia dictada en un Juicio Principal por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por el Juzgado Segundo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; pieza principal ésta, que se encuentra ACUMULADA con el Cuaderno Separado de Medidas que se abrió con motivo de la Medida de Secuestro decretada y practicada, en virtud de que la parte actora del juicio, formuló a su vez, Apelación de la sentencia dictada en dicho cuaderno, y que Declaró CON LUGAR LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE SECUESTRO A FAVOR DE [SU] REPRESENTADA”. (sic)

 

 

1.2         Que:

“...desde que se inicia la presente causa, el Tribunal A-Quo incurre en la irregularidad de admitir la demanda a sabiendas de que las partes demandante y demandada, no correspondían con los instrumentos fundamentales de la pretensión que fueron presentados con la interposición del libelo, ya que el ciudadano Abogado Juan Vicente Arciniega Arnao, demanda actuando en representación de la empresa ‘NOVEDADES LA CORUÑA, C.A’. con un poder que lo acreditaba como representante de la empresa ‘INVERSIONES FERCABER, C.A.’. que no tiene nada que ver con la primera y al demandado lo coloca como representante de la empresa ‘EL CENTRO DE DECORACIONES, S.R.L’. ajena también a los instrumentos de la acción, pues las partes acreditadas legítimamente en el documento fundamental de la pretensión del Contrato de Arrendamiento que acompañó a su demanda son ‘ADMINISTRADORA UNIVERSAL, S.R.L. y ‘ESTACIONAMIENTO LA PALMA, S.R.L”.(sic)

 

1.3         Que “el Contrato de Arrendamiento objeto de la pretensión ha sido suscrito entre ‘Administrador Universal, S.R.L.’ y ‘Estacionamiento La Palma S.R.L.’ (...)”. (sic)

1.4         Que:

“...el referido Contrato de Arrendamiento acompañado por la parte actora (...) tiene una nota al reverso del segundo folio del mismo en su parte final que expresa lo siguiente: ‘CEDO Y TRASPASO LOS DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A LA Sra. MARÍA VALENTINA MAZZIOTTA C.I. No. 5.313.348 Y DE ESTE DOMICILIO. EL VALOR DE ESTA CESION ES LA CANTIDAD DE DOS MIL (Bs. 2000) BOLIVARES. VALENCIA 31 DE AGOSTO DE 1.998”. (sic)

 

1.5         Que en dicho contrato “...se aprecia una firma ilegible por ‘Administradora Universal, S.R.L.’, que lleva el nombre de Antonio Jiménez Halabí (...) e igualmente, se aprecia una firma ilegible por ‘Inversiones Fercaber’ que lleva el nombre de María Valentina Mazziotta (...)”.

1.6         Que:

“EN NINGÚN MOMENTO LE HAN CEDIDO NINGÚN DERECHO EN ESE CONTRATO, A LA EMPRESA DEMANDANTE; DE AUTOS ‘INVERSIONES FERCABER’, C.A’, quien es una Compañía Anónima, tal como lo confiesa el propio abogado actor (...) pues la cesión fue realizada a TÍTULO PERSONAL A NOMBRE DE MARÍA VALENTINA MAZZIOTTA, QUIEN FIRMA POR ‘INVERSIONES FERCABER’, QUE NO ES UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA, SINO QUE SE PRESUME QUE PUDIERA SER UNA FIRMA PERSONAL, QUE NO SE SABE SI EXISTE O NO, PORQUE NO SE ESTABLECIERON SUS DATOS”.(sic)

 

1.7         Que:

“...NO SE HA CEDIDO, NI SIQUIERA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A LA EMPRESA DEMANDANTE DE AUTOS, NI [SU] REPRESENTADA HA SIDO NOTIFICADA NI HA ACEPTADO NINGUNA CESIÓN DE DICHO CONTRATO, POR PARTE DE LA CESIONARIA QUE ES UNA PERSONA NATURAL, COMO TAMPOCO HAN SIDO NOTIFICADOS LOS REPRESENTANTES DE ‘ESTACIONMIENTO LA PALMA S.R.L., NI SIQUIERA COMO HEREDEROS. De manera pues, que queda inalterable la relación arrendaticia entre ‘Administradora Universal, S.R.L’. y ‘Estacionamiento La Palma, S.R.L”. (sic)

 

1.8         Que “A PESAR DE TODAS LAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO QUEDÓ DESVIRTUDADA CONFORME A DERECHO, LA CONFESIÓN FICTA QUE ARBITRARIAMENTE EL JUZGADOR DE ALZADA HA DECLARADO, SEÑALANDO QUE NO HAY PRUEBA QUE FAVOREZCA A [SU] REPRESENTADA”.

 

1.9         Que:

“...todas las pruebas originales de [su] representada se encontraban consignadas en el Cuaderno de Medidas, este Juzgador Agraviante de Alzada SILENCIÓ POR COMPLETO ESTE ASPECTO al no razonar jurídicamente la Sentencia del Juicio Principal, ya que las mismas pruebas que fueron apreciadas en todo su valor probatorio para SUSPENDER LA MEDIDA, fueron las mismas pruebas que fueron silenciadas para tergiversar la verdad y justicia en el Juicio Principal, Declarando Con Lugar una Demanda a favor de una Persona Jurídica que no tiene vinculación con la demandada”. (sic)

 

2.            Denunciaron:

2.1         La violación del derecho a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juzgado supuesto agraviante silenció las pruebas que promovió su representada, mientras que le otorgó validez a un documento que no acredita la cualidad de la demandante, lo que constituye una situación de desigualdad procesal.

2.2         La violación del derecho al trabajo y a la libertad económica que establecen los artículos 87 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “...cuando se produjo el Desalojo del inmueble arrendado y que aún ganando la oposición formulada, el Juzgado de Alzada guarda Silencio en relación a este aspecto de procedimiento...” (sic)

2.3         La violación de la garantía referente a la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento desde su entrada en vigencia que preceptúa el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “...el Juzgador Agraviante ampara su decisión en una Jurisprudencia del año 1.997 producida por la extinta Corte Suprema de Justicia, que está en desuso por la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en Enero de 2.000 (...)”.

3.            Pidieron:

3.1         Se declare la inexistencia del referido juicio por violación del orden público procesal constitucional.

3.2         Se proceda al restablecimiento de la situación jurídica que se infringió, por cuanto no ha sido posible el goce del inmueble del que es arrendataria su representada, no obstante que se suspendió la medida de secuestro que recayó sobre el mismo.

3.3         Se decrete medida cautelar innominada que suspenda la ejecución del fallo objeto de impugnación.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto de la decisión que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA

El juez del fallo objeto de la consulta decidió, sobre la pretensión de amparo, en los términos siguientes:

“PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional intentada por ESTACIONAMIENTO LA PALMA S.R.L en contra de la sentencia dictada el 30 de mayo de 2001, por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, a cargo del Dr. RAFAEL RICARDO JIMÉNEZ, por la violación de los derechos constitucionales previstos  en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; SEGUNDA: Como fórmula restitutoria o restablecedora de la situación jurídica infringida, se declara LA NULIDAD de la sentencia dictada en fecha 30 de Mayo de 2001 por el referido juzgado, la cual declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada, y confirmó en todas sus partes la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de [esa] Circunscripción Judicial, en fecha 14 de febrero de 2000, así como también, se declaran NULOS los actos de ejecución que hayan sido realizados como consecuencia del fallo violatorio. TERCERO: Así mismo, se ordena al Juzgado Segundo de los Municipios remita el expediente nuevamente al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de [esa] Circunscripción Judicial, a fin de que ese Tribunal dicte nueva sentencia conforme a lo decidido en la presente decisión y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, debiendo el Juez al que le corresponda dictar la nueva decisión fijar un lapso para dictar sentencia a fin de salvaguardar los derechos de cada una de las partes.”

 

Para dicho Juez, la decisión que se cuestionó en amparo violentó el derecho al debido proceso de la quejosa, por cuanto “(...) explana en primer término, que el demandado compareció a dar contestación a la demanda ‘en la oportunidad de la contestación de la demanda’ y en (sic) más adelante (...), cuando establece sus conclusiones expresa que ‘En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la parte demandada no compareció’, lo que constituye una evidente contradicción que genera dudas sobre el dispositivo proferido por ese juzgador”. 

Sostuvo, además, que del contenido de dicho fallo se deduce que hubo silencio de pruebas por cuanto el Juez que la expidió “...en el momento de hacer la revisión de cada una de las pruebas aportadas por las partes procede a describir las mismas, para después declarar admitidas las mismas, sin establecer una regla de valoración que determine el grado de apreciabilidad de las pruebas promovidas tanto por la parte actora como por la demandada (...)”.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Como punto previo observa esta Sala que, desde el 18 de febrero de 2002, oportunidad cuando se dio cuenta en Sala de la recepción del expediente continente de la causa que motivó la consulta que aquí se decide, hasta el 18 de marzo de 2002, transcurrieron treinta (30) días continuos para la consignación de cualquier escrito en relación con el caso (Cfr. ss.S.C. n°s. 442/04.04.01 y 1232/07.07.02). De allí que la Sala no hará pronunciamiento en relación con los escritos y diligencias que presentaron las partes luego de esa oportunidad.

Pasa entonces la Sala a la decisión de la consulta y al respecto observa:

La demandante denunció la violación de sus derechos a la defensa, debido proceso, trabajo y libertad económica, así como de la garantía referente a la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento desde su entrada en vigencia que establecen los artículos 49, 87, 112 y 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto; i) el Juzgado supuesto agraviante silenció pruebas que promovió en el juicio en la que se le declaró confesa, mientras que le concedió validez a un instrumento (contrato de arrendamiento) que no acredita la cualidad de Inversiones Fercaber C.A., demandante en el juicio que motivó el amparo; y ii)  la decisión objeto de impugnación se apoyó en una sentencia que dictó la extinta Corte Suprema de Justicia en el año 1997 que, a su juicio, no era aplicable al caso.

El Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró con lugar la pretensión de amparo, por cuanto consideró que el pronunciamiento judicial objeto de impugnación violentó el derecho al debido proceso de la querellante cuando silenció las pruebas que promovió en el juicio y la declaró confesa, además de que, en el cuerpo del fallo, existen graves contradicciones en cuanto a si la quejosa dio o no contestación a la demanda que Inversiones Fercaber C.A. incoó en su contra.

Con las copias certificadas que cursan en autos se comprueba que en la sentencia objeto de consulta se declaró confesa a la aquí querellante por cuanto no dio contestación a la demanda, no obstante, que en ese mismo pronunciamiento se indicó, en dos oportunidades, que sí hubo tal contestación; contradicción que vicia de nulidad el fallo, ya que no aparecen claros los términos como  quedó planteada la controversia (ex artículo 243.3 del Código de Procedimiento Civil).

Ahora bien, como quiera que con la revisión de las copias certificadas que remitió el Juzgado que elevó la consulta se comprueba que no hubo tal contestación, pasa esta Sala a la verificación de la violación de los derechos constitucionales que se denunciaron como infringidos, y en tal sentido observa:

De acuerdo con lo que dispone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, para el establecimiento de los hechos se requiere que los jueces analicen y juzguen todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que, a su juicio, no fueren idóneas para la obtención de algún elemento de convicción, y que, además, expresen siempre su criterio respecto de ellas.

Cuando en la sentencia se omite el análisis de alguna o varias pruebas, o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho que haya sido alegado y controvertido, cuyo establecimiento no se haya hecho con el examen de otras pruebas, el Juez incurre en un grave error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que, por lo general, comporta la violación del derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es doctrina reciente, no obstante reiterada de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, y que hace suya esta Sala Constitucional, que para que exista silencio de pruebas se requiere que las mismas hayan sido válidamente promovidas, lo que implica el señalamiento preciso, por parte del promovente, de lo que se pretende probar (objeto del medio de prueba). Asimismo, se requiere que la omisión haya sido determinante en el dispositivo del fallo, lo que guarda estrecha relación con la eficacia de la prueba. (Cfr. s.S.C.C. nos 363/16.11.01, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. vs Microsoft Corporation).

Observa la Sala que, en el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento (por falta de pago y deterioro del inmueble) incoó Inversiones Fercaber C.A. contra Estacionamiento La Palma S.R.L. (aquí querellante), ésta última promovió pruebas en la oportunidad legal que correspondía, además, lo hizo de forma correcta ya que indicó el objeto de las mismas, por lo que se imponía su análisis y valoración por parte del Juzgado agraviante. Sin embargo, con la lectura del fallo objeto de impugnación se verifica que éste se limitó (respecto de casi la totalidad de los medios de prueba promovidos) a su simple mención, con lo cual prescindió del obligatorio análisis y juzgamiento acerca de su valoración.

Así, por ejemplo, omitió el análisis y valoración respecto de las consignaciones arrendaticias que, en copia certificada, promovió la aquí quejosa para la demostración del pago de los cánones de arrendamiento supuestamente insolutos. Tampoco analizó, juzgó, ni valoró la inspección ocular extra litem que promovió para la demostración de la inexistencia de las afirmaciones que hizo Inversiones Fercaber C.A. en cuanto al deterioro del inmueble. Por último, no analizó, en su integridad, el contrato de arrendamiento que produjo Inversiones Fercaber C.A. como instrumento fundamental, por cuanto no se pronunció sobre la invalidez de la nota que se halla en su texto en relación con la supuesta cesión que del mismo se hizo, lo cual invocó la aquí querellante como prueba, a su favor, para la comprobación de la falta de cualidad de Inversiones Fercaber C.A.

A juicio de esta Sala, tales probanzas pudieron haber sido determinantes en el dispositivo del fallo, ya que, aún cuando la aquí quejosa no dio contestación a la demanda, y, por ende, su actividad probatoria estaba limitada a la contraprueba de los hechos que alegó Inversiones Fercaber C.A., es decir, a la demostración de su inexactitud o inexistencia, parte de la doctrina es del criterio de que el demandado contumaz puede, además, probar la cosa juzgada, la falta de cualidad, la caducidad, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, la falta de interés, e incluso el pago.

Así, el hoy  Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en exposición que hiciera sobre la confesión ficta, aseveró:

“...me vengo planteando hace años, que el demandado sin necesidad de haberlo expuesto en su contestación, si no contestó la demanda, siempre podrá alegar y probar en cualquier etapa del proceso la falta de acción, porque una cosa es la pretensión y otra la acción. Resulta que la jurisdicción se mueve por la acción, y si no hay acción no puede haber sentencia. No es que estemos discutiendo el fondo del asunto, sino que es totalmente absurdo que un juez esté decidiendo un caso cuando él no podía haberlo resuelto porque había perdido la jurisdicción sobre él, ya que la acción no existe, si no hay interés, si no hay cualidad, si hay caducidad legal y menos, si hay prohibición de la ley de admitirla (...)

El ordinal 2° del artículo 532 del CPC le permite al demandado que lo están ejecutando suspender la ejecución si mediante documento auténtico prueba el pago. Y me pregunto, si yo puedo lo más, que es suspender la ejecución y hacer cesar los efectos de una sentencia, ¿cómo no voy a poder lo menos, que es evitar que me dicten esa sentencia?. No se, me parece una cuestión de lógica elemental”. (CABRERA, Jesús E. La Confesión Ficta en REVISTA DE DERECHO PROBATORIO. nº 12 pp. 35 y 36). 

 

De tal forma que la ausencia de análisis y valoración de la totalidad de las pruebas que válidamente promovió la quejosa en el juicio, así como el examen parcial del contrato de arrendamiento que acompañó su adversario como instrumento fundamental, con el que, a su juicio, se patentiza la falta de cualidad de Inversiones Fercaber C.A., –documento éste cuyo examen íntegro era obligatorio con fundamento en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil y en el principio de comunidad de la prueba que el artículo 362 eiusdem no prohíbe-, permiten a esta Sala el arribo a la conclusión de que la sentencia objeto de consulta se encuentra ajustada a derecho, por tanto, se impone su confirmación. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión objeto de consulta que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 3 de noviembre de 2001, y declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional que incoó ESTACIONAMIENTO LA PALMA S.R.L. contra la sentencia que pronunció el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de esa misma Circunscripción Judicial el 30 de mayo de 2001, cuya se nulidad se pronuncia.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

     Magistrado            

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.fs.

Exp. 02-0401

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