Venley

Sentencia N.º 440

Sentencia
N.º 440
Fecha
16/12/2014
Sala
Casación Penal
Expediente
C14-391
Ponente
Héctor Manuel Coronado Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, integrada por las ciudadanas Juezas Maguira Ordoñez de Ortiz (Ponente), Zoraida Graterol de Urbina y Rafael Colmenares La Riva, en fecha 13 de agosto de 2014, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Ricardo Martínez Riera, en su carácter de defensor privado de la ciudadana  DAHOMEY NAMIBIA PÉREZ CÓRDOVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.040.015, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, en fecha 11 de Marzo  de 2014  y publicada el 12 de Marzo de ese mismo año, mediante la cual se condenó a la mencionada ciudadana a la pena de UN (1) AÑO Y SEIS MESES de  PRISIÓN, por el delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, en perjuicio del Estado Venezolano (Dirección Administrativa-Regional-Dirección Ejecutiva de la Magistratura),  previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra La Corrupción vigente para la fecha.

 

Contra la sentencia que antecede, ejerció recurso de casación, la abogada en ejercicio Mayra Beatriz Cabrera Cordero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 163.205, en su carácter de defensora privada de la ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova.    

 

Transcurrido el lapso establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que se llevara a cabo el acto de contestación del recurso por parte del Ministerio Público, se remitieron las actuaciones a este Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el expediente el día 3 de octubre de 2014,  se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se asignó la ponencia al Magistrado DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES,  quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse sobre  la admisibilidad o desestimación del recurso, lo cual hace en los términos siguientes:

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

            La Sala de casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del recurso interpuesto, y a tal efecto observa:

 

El artículo 266 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(,,.) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

            Igualmente, el artículo 29 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

 

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…): 2.Conocer los recursos de casación y cualesquiera otro cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. (…)”.

 

            De la transcripción de las referidas normas legales y constitucionales, se observa  que, corresponde a la Sala de Casación Penal  el conocimiento del  recurso de casación en materia penal. 

 

            En el presente caso, ejerció recurso de casación, la abogada Mayra Beatriz Cabrera Cordero,  en su carácter de defensora de la ciudadana acusada Dahomey Namibia Pérez  Córdova, en el proceso penal que se le sigue por el  delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra La Corrupción, en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer los asuntos sometidos a su estudio. Así se decide. 

 

DE LOS HECHOS

 

Los hechos, por los cuales presentó acusación la ciudadana Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, son los siguientes:

 

“En fecha 26/03/2008, se recibe Comisión N°DS-18-I-27949 de fecha 05/0372008, emanado de La Dirección Contra La Corrupción, a través del cual remite a este Despecho Fiscal oficio N°TSJ-UAI-2007-02-1943, suscrito por el ciudadano Jesús Argenis Sánchez, en su carácter de Auditor Interno del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual remite  al Fiscal General de la República documentación relacionada con los hechos de carácter presuntamente irregular atribuidos a la ciudadana Rosa María Córdoba y Dahomey Pérez, analista profesional 1 y  Secretaria de la Dirección Administrativa Regional del Estado Portuguesa, respectivamente, la cual guarda relación con el cambio de beneficiario en tres (03) cheques que inicialmente estaban destinados al Colegio Tía Dorita, con sus respectivos anexos. Ahora bien, se observa de los anexos del referido oficio que cursa memorándum N°2337 de fecha 26/11/2007, emanado de la Dirección General de Servicios Regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Dirigido al Coordinador General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, referido al Asunto: Forjamiento de Cheque en el Estado Portuguesa, en el cual se hace un relato de los hechos acontecidos entre los cuales tenemos que en el Estado Portuguesa, se presentó la situación de forjamiento de tres cheques identificados con los números 42002062,71002063,41002065, de la cuenta del Banco de Venezuela signada con el N°0102-0346-59-0000043847, los cuales fueron otorgados por la Dirección Administrativa Regional del Estado Portuguesa a favor del Colegio Tía Dorita, C.A, y a estos cheques le fueron presuntamente le fue cambiado sin autorización el nombre de beneficiario a nombre de las ciudadanas  Rosa María Córdova Benítez (Analista Profesional I) y Dahomey Pérez Córdova (secretaria), ambas adscritas a esa Dirección Administrativa Regional. Situación ésta que fue detectada en fecha 23 y 24 de agosto de 2007 por el Licenciado Martín Mejías Useche, en su carácter de Jefe de División de Personal, por cuanto este ciudadano, inicio una averiguación administrativa para verificar tal circunstancia, finalmente obtuvo copia de los cheques, en los cuales se evidenciaba que se encontraba a nombre de las ciudadanas Rosa María Córdoba Benítez y Dahomey Pérez Córdoba. Una vez observados los hechos denunciados ante esta Fiscalía Segunda con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos Seguros y Mercado de Capitales del Estado Portuguesa  en fecha 26/03/2008, se da inicio a la investigación, y en el decurso de la investigación se determinó, que efectivamente, las ciudadanas DAHOMEY NAMIBIA PÉREZ CORDOVA y ROSA MARÍA CÓRDOVA BENITEZ, reciben como beneficio por ser empleadas de la Dirección Administrativa Regional, el pago del Colegio Tía Dorita, en la cual estudian sus menores hijos, en razón a ello la referida Dirección Administrativa Regional, realiza tres cheques identificados con los números S-92 71002063, S 92 42002062 y S-92 41002065, del Banco de Venezuela librados contra la cuenta corriente N° 0102-0346-59-00000043847, de la Dirección Administrativa Regional, todos por el monto de Bs 460,00 librados a favor del Colegio Tía Dorita, C.A para el pago de la guardería, ahora bien una vez elaborados los referidos cheques fueron entregados a la ciudadana Dahomey Pérez la cantidad de dos cheques, siendo éstos los cheques S-92 71002063, S92 42002062, ambos por el monto de Bs.460,00 y a la ciudadana Rosa Córdova un cheque identificado con el Nro S-92 41002065 por un monto de Bs.460,00  todos estos cheques a nombre del referido colegio a fin de que las ciudadanas favorecidas con el beneficio hicieran entrega a la guardería del pago respectivo. Ahora bien, una vez que estas ciudadanas tienen los referidos cheques en su poder deciden borrar el nombre del Colegio Tía Dorita, colocando en su lugar en el cheque N°S-92 41002065 a favor de Rosa Córdoba y los cheques números S-92 71002063, S-92 42002062, a favor de Dahomey Pérez, procediendo la primera a cobrar el cheque y la segunda procedió a depositar en su cuenta personal, alterando de esta manera los cheques originales que fueron librados a favor del Colegio Tía Dorita a los fines de pagar la mensualidad, lo cual se desprende de la experticia documentológica de la cual se desprende que los cheques exhiben MANIOBRA DE ALTERACIÓN POR SISTEMAS ABRASIVOS (BORRADO) y AGREGADOS, en las pautas que corresponden a las inscripciones donde se lee: ROSA MARÍA CÓRDOVA BENÍTEZ Y PÉREZ DAHOMEY C.I 14.040.015 y C.I.13.040.015.”

 

DEL RECURSO

 

“Quien suscribe Dahomey Namibia Pérez Córdova, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 13.040.015, residenciada en la Urbanización Altos de la Colonia calle 3 casa número 062, debidamente asistida por la Abog. Mayra Beatriz Cabrera Cordero, titular de la cédula de identidad número 14.205.925, impreabogado número 163.205, encontrándome dentro del lapso de ley para ejercer el Recurso de Casación contra la decisión dictada por esta corte de apelaciones en fecha 13 de agosto del año que discurre…PUNTO PREVIO. Con el debido respeto que merecen en tan digno cargo, expongo lo siguiente: es el caso, que soy funcionaria pública adscrita a la Dirección Administrativa Regional del Estado Portuguesa desde hace poco más de 10 años, en el transcurso de toda mi carrera dentro de este digno organismo me he destacado  por la puntualidad, constancia y dedicación a todo cuanto se me asignado, de no ser esto cierto, mis evaluaciones de desempeño oscilarían por debajo de la prima media, lo cual no ha sido así. Ahora bien, desde el año 2007 he sido víctima reiteradas veces de acoso laboral por todos los Directores que estuvieron desde esa fecha hasta la culminación de funciones del anterior Director Ejecutivo de la Magistratura, todo ello ante mi negativa a prestarme a cumplir con órdenes que atentaban contra mis principios y moral y que aunado a esto pudiesen incurrir  en actos de corrupción. Por este motivo, considera esta servidora fue atacada, vejada y humillada en diversas oportunidades, incluso al punto de aperturarse en mi contra un procedimiento de destitución, del cual se demostró que no fui la responsable de todos los hechos por los cuales se me imputa, por el contrario, quedó evidenciado el descontrol administrativo existente en la Dirección Administrativa Regional del Estado Portuguesa y del cual a mí sólo me sancionó con suspensión sin goce de sueldo (decisión a la que no estuve de acuerdo y apelé) mientras que a las autoridades de la DAR Portuguesa fueron removidas de su cargo  por todas las irregularidades que ocurrieron tales como: más de 200 modificaciones de cheques (los cuales incluían jueces, funcionarios, escabinos y proveedores) bajo la anuencia del cuentadante y la Directora, cobro de viáticos falsos, irregularidades en cobros de bono vacacional, presunto peculado de uso, entre otros. Ahora bien, en vista de que me defendí mencionando todo cuanto considere irregular (lo que afectó intereses particulares), fui denunciada ante la Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia, quienes me investigaron y antes de obtener los resultados de su investigación presumo dirigieron su denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público de lo cual es evidente que ocurrió el juicio en mi contra y en contra de la ciudadana Rosa Córdova. No siendo suficiente con la sanción administrativa, tengo siete (7) años defendiéndome e insistiendo con mi inocencia, puesto que no modifiqué el cheque que me fue entregado a mi nombre, pues me preguntaría entonces ¿Quién modificó todos los cheques que rielan en el expediente que se apertura? ¿Cómo pude modificarlo sin tener el más mínimo conocimiento del área de caja y sin ser cajera? Considero hoy día que he recibido más de lo que merezco, pero solo cosas malas, perdí un hijo en el ejercicio de mis funciones (aborto), fui sometida a degradaciones, vejaciones y humillaciones al negárseme la entrada a mi lugar de trabajo constantemente por parte de los funcionario, fui trasladada físicamente al Archivo Judicial Regional (inactivo) ubicado en el Edificio El Sol, un área impregnada de cucarachas, ratones y parásitos, un depósitos donde sólo se ingresaba a depositar (valga la redundancia) expedientes inactivos, donde nunca se hizo limpieza o mantenimiento, y aun así, lo limpiamos, pintamos, reparamos ordenamos y lo adecuamos. Todo este trabajo forzado (por el peso de los legajos y los libros) me desgarró tendones en los codos, afloró una hernia discal lumbar (L5.S1) de la cual fui operada, me salieron hongos en las manos y los oídos por los altos niveles de contaminación, entre otras. Y tal vez se pregunten como aguante tanto, la respuesta es simple, tengo la conciencia tranquila y dos hijos a los cuales mantener. Para finalizar, veo con preocupación y considero (a mi parecer) que debí ser juzgada por juezas que inspirasen confianza, tal como lo establece el artículo 24 del Código de ética del Juez y la Juez (…). Dado que me encuentro siendo juzgada por presuntamente incurrir en un delito de corrupción, debí ser juzgada por juezas que a mi parecer su respetabilidad y moral fuesen intachables, que pudiesen distinguir entre lo bueno y malo, siento que la Corte de Apelaciones no debió haber sido conformada por la Abog. Senaida González Jueza Presidenta y la Abg. Soraida Graterol Jueza Accidental, todo ello debido a que presumo que ellas en el ejercicio de sus funciones también pudieron haber incurrido en delitos de corrupción o en faltas disciplinarias al utilizar los bienes y recursos del Estado (vehículos) para uso personal, de igual modo exponerse en el ejercicio de sus funciones (ambas juezas activas de área de Responsabilidad Penal del adolescente) junto a otros  funcionarios del poder judicial en ropa interior, haciendo necesidades fisiológicas, entre otras (anexo video demostrativo marcado con la letra “A”). No soy quien para juzgar la conducta de nadie, pero me encuentro siendo juzgada de manera injusta, puesto que se evidenció de todas las actuaciones que en ningún momento quedó demostrada mi responsabilidad en la adulteración o modificación de los cheques de la guardería de mis hijos, que el Juez de Primera Instancia en lugar de presumir mi inocencia presumió mi responsabilidad. No me explico cómo dicho juzgador a través de un método deductivo y de sus experiencias me encontró culpable de algo que no hice. Asimismo me pregunto ¿Cuántas veces seré juzgada por lo mismo?  ¿Puedo ser juzgada dos veces por el mismo delito? ¿Por qué no fueron investigados todos los cheques modificados? AL FONDO. Esta representación discrepa del argumento del sentenciador de primera instancia que fundamento su decisión en lo siguiente: En relación con la culpabilidad que atribuyó la acusación fiscal a mi defendida Dahomey Namibia Pérez Córdoba, estima esta representación que aun cuando quedó acreditado en el Juicio Oral y Público que existe un ilícito penal, como es Alteración de Documento Público previsto y sancionado por norma del artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción…no es menos cierto que no quedó demostrada fehacientemente la responsabilidad penal de mi representada, acusada Dahomey Namibia Pérez Córdova, como autora en la comisión del referido delito, toda vez que la insuficiencia probatoria traída a los autos, por parte del Ministerio Público. Ahora bien, considera esta defensa que si bien es cierto que con la Copia Certificada de COMUNICACIÓN GRC-2008-28203 de fecha 7-07-2008, emanada del Banco de Venezuela, a través de la cual suministraban al Cliente del Banco de Venezuela, dirigido a Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub delegación Guanare, remitiendo información detallada cargados a la cuenta corriente N°0102-0346-59-00-00043847 a nombre de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para demostrar que efectivamente los cheques fueron librados contra la cuenta corriente de la Dirección Administrativa Regional, a favor del Colegio Tía Dorita y que fueron alterados para depositarlos en las cuentas de las acusadas (folio 107 Pieza 1ro.01), y con tal documento el tribunal dio por acreditado: a) que los cheques 42002062; 71002063, 41002065 fueron cobrados por PÉREZ DAHOMEY Y ROSA CÓRDOVA.   Igualmente con la declaración del funcionario JOSÉ ÁNGEL UZCÁTEGUI quien manifestó: “es una experticia realizada por el agente JORGE LUÍS MORÓN, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub. Delegación Guanare, correspondiente a Tres (03), cheques, del Banco de Venezuela, Grupo Santander, los tres cheques presentaban MANIOBRA DE ALTERACIÓN POR SISTEMAS ABRASIVOS Y AGREGADOS alteraron los tres cheques emanados de la Dirección Administrativa Regional del Estado Portuguesa. Y a las preguntas realizadas respondió: PRIMERA: en qué consiste la maniobra de alteración? En este estado la defensa presenta objeción la cual es declarada sin lugar por el juez y el testigo responde: El cheque estaba a nombre de otra persona y le colocaron otro nombre. PRIMERA: puedo consistir en que fueron alterados esos nombres a quien fueron emitidos esos cheques, según la experticia hubo alguna materia para cotejar si efectivamente alteraron esos cheques? Desconozco quienes son las procesadas cuando uno hace una experticia de esto no necesita tener material para cotejar solo se utilizan los instrumentos. Qué tipo de instrumentos? Lupas de diferentes calibres son instrumentos que tiene el laboratorio. Se aplicaron estos instrumentos?  Si él lo dice fue porque lo hizo. Cuál es la finalidad de dicha experticia? Determinar si había o no alteración de los cheques. Esa  experticia individualiza o no individualiza? Ahí fue sólo para determinar si estaban alterados y resultó que sí. Llegando al convencimiento del juez a) Que los cheques presentaban maniobras de alteración por sistema abrasiva y agregada, en los tres cheques sometidos a la experticia, señala que el cheque estaba a nombre de otra persona y le coloraron otro nombre. b) Que los cheques fueron alterados. Por otra parte la declaración de René Uzcátegui, se desprende que: a) que las acusadas lo buscan para que las asesore como consecuencia de una denuncia interpuesta en contra de ellas por adulteración de cheques. b) que en la época había una costumbre en esa Institución de la Dirección Administrativa Regional de modificar los nombres de los beneficiarios una vez que los cheques ya habían sido elaborados, para evitar retrasos en los pagos, c) que tal actividad era conocida por el cuentadante. De la declaración de Yolanda Angélica Martínez Torrealba se desprende que: a) que algunas veces por errores en los cheques de letras se ordenaban las modificaciones, b) que los cambios los hacía la cajera de la institución, c) que era una práctica común realizar tal actividad. De la declaración de Martín Mejías se desprende que: a) que él se enteró por rumores de la falsificación de beneficiarios en los cheques, b) que se inició una investigación de índole administrativo; c) que cuando existían errores en los cheques se ordenaba anularlos y emitir unos nuevos, d) que cuando existían errores en los cheques los dueños de las guarderías se los devolvían, e) que fue investigado en esta causa y se le dictó un sobreseimiento…De la declaración de Milton Araujo se desprendió que: a) Que las acusadas no realizaba cheques en esa oportunidad, b) Que la persona encargada de la elaboración de los cheques era la cajera. c) que el cuentadante era Martín Mejías; d) Que los cheques después de emitidos podían ser modificados por instrucción del cuentadante…Ahora bien de las pruebas testimoniales entre sí, emergen serías contradicciones que deben en todo caso favorecer al reo, por aquello del Principio In dubio Pro Reo, toda vez que en ninguna de las declaraciones se puede atribuir la responsabilidad penal de mi defendida en relación a que ésta adulteró el cheque, como se dijo claramente quedó evidenciado que ella (Dahomey Pérez), al igual que Rosa Córdova cobraron esos cheques, pero no se demostró con claridad que esos cheques hayan sido adulterados por ellas, es decir los cheques fácilmente los cheques pudieron haber sido, como en efecto lo fue adulterados, e inclusive mi representada no tenía conocimiento que este cheque estaba adulterado…Con base a tales conclusiones, llega al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Cuatro basado en presunción hominis a través de indicios probados de manera directa , ahora bien no puede este juzgador basarse en presunciones, cuando no está acreditada fehacientemente y de manera incidentaria la participación de mi representada en el delito de Adulteración de Documento Público previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción. De estas probanzas no quedo demostrada la responsabilidad penal de la acusada en el delito de Adulteración de Documento Público, no quedó demostrada, ya que no sólo existen contradicciones en las testimoniales y las documentales prueba alguna, ni compareció ningún órgano de prueba que demostrara que Dahomey Namibia Pérez Córdova adulterara el cheque, por consiguiente al no haber quedado demostrada fehacientemente la responsabilidad penal de la acusada de autos en el delito de Adulteración de Documento Público en perjuicio de la Dirección Administrativa Regional del estado Portuguesa, y al existir la duda razonable el fallo a proferir en este caso necesariamente tiene que ser absolutorio…Partiendo entonces del principio de presunción de inocencia, del cual deriva In dubio Pro Reo, resulta que esta presunción libera al acusado de probar si probó o no, remitiendo esa carga exclusivamente al Fiscal del Ministerio Público a quien le incumbe la prueba de la culpabilidad aprovechando la duda a la acusada y es innegable que esa verdad interina no fue desvirtuada con la concurrencia de pruebas capaces sin duda alguna de la responsabilidad atribuida por la vindicta pública…Por las razones de hecho y derecho solicito que el presente recurso de casación sea declarado con lugar...”

                       

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

 

Ante el recurso de casación propuesto   por la abogada Mayra Beatriz Cabrera, la Sala,  pasa a resolver sobre la admisibilidad del mismo, en los términos siguientes: 

 

Conforme a lo establecido en el  artículo 424 del Código Orgánico Procesal,  podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, en el presente  caso  el recurso fue propuesto por la abogada Mayra Beatriz Cabrera, en su carácter de defensora privada de la acusada, ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova, según se evidencia del nombramiento  y juramentación (folios 181 y 191), el cual corre  inserto  en  las actas que conforman la presente causa (pieza N°9).  

 

En cuanto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo  454  del  Código Orgánico Procesal Penal, establece que será interpuesto dentro del  plazo  de quince  (15) días después de publicada la sentencia,  salvo que el imputado se encontrare privado de libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Evidenciándose de autos, que el escrito contentivo del recurso de casación propuesto por la  prenombrada  defensora  fue consignado  ante la  Oficina de Alguacilazgo  del  Circuito Judicial Penal  del  Estado Portuguesa,  el día 10  de septiembre  de 2014, es decir, dentro del lapso legal, tal como consta de la  certificación del cómputo  realizado por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, de fecha  25  de septiembre  de 2014 ( folio 194 pieza N° 9). 

 

Asimismo, en el presente caso se cumple con lo ordenado en el artículo 451 eiusdem, respecto a las decisiones recurribles en casación, pues se observa  que el recurso fue interpuesto contra la decisión dictada  por la Corte de Apelaciones  del Circuito Judicial  del Estado Portuguesa, en fecha 13 de agosto de 2014, mediante la cual realizó los siguientes pronunciamientos:1) Declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto  por el abogado Manuel Ricardo Martínez Riera, en su carácter de defensor privado de la ciudadana DAHOMEY NAMIBIA PÉREZ CÓRDOVA.  2)  Confirmó  la sentencia  dictada  por  el Tribunal de Primera Instancia en Función del mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual condenó a la prenombrada  ciudadana  a la pena de UN (1) AÑO y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, previsto y sancionado en el  artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción,  el cual tiene asignada una pena de tres (3) a siete (7) años de prisión, de lo cual se evidencia que dicho pronunciamiento es recurrible en casación. 

 

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

 

De la fundamentación del recurso propuesto por la abogada Mayra Beatriz Cabrera,  en su carácter de defensora  privada de la acusada Dahomey Namibia Pérez Córdova,  se observa  que consta de  (2) dos planteamientos el primero;  como  punto previo en el cual la acusada  relata los hechos y circunstancias que han rodeado el presente caso,  aduciendo que desde hace siete (7) años  ha sido víctima de acoso laboral por “todos” los Directores Ejecutivos de la Magistratura, por negarse a cumplir órdenes que atentan contra sus principios y que además, podrían hacerla incurrir en actos de corrupción, lo que a su decir, evidencia el descontrol administrativo y la cantidad de irregularidades (modificaciones de cheques, cobro de viáticos falsos, entre otros), existentes en la Dirección Administrativa del Estado Portuguesa (DAR), lo cual originó la remoción de autoridades entre los cuales se encuentran jueces, funcionarios, escabinos.

 

Aduce, que con motivo de dicha situación, se inició una investigación en su contra (por parte de la Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia), la cual dio lugar a la denuncia ante el Ministerio Público.  Añade, que ha sido humillada y vejada, que fue trasladada al  Archivo Judicial Regional (inactivo),  lugar  que se encontraba en un absoluto estado de deterioro y alto grado de contaminación  (existencia  de  cucarachas, ratones y hongos),  el cual debieron  limpiar, pintar y adaptar,  lo que posteriormente le trajo como consecuencia, desgarro en los tendones  en los codos, hernia lumbar, infecciones en las manos y oídos y hasta un aborto.  

 

Considera que debió ser juzgada  por jueces de conducta intachable y no por las ciudadanas Senaida González y Zoraida Graterol (Jueza Accidental), quienes a su decir, siendo juezas activas en Materia de Adolescentes, adoptaron actitudes indecorosas (anexa video demostrativo marcado con la letra “A”). Finalmente, alega que está siendo juzgada injustamente, por cuanto  su responsabilidad  en la alteración de los cheques jamás quedó demostrada. 

Así, en la segunda parte de la fundamentación del recurso cuyo inicio se destaca  “Al Fondo”, la abogada defensora de la ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova, aduce como planteamiento de fondo, que el Juez de Primera Instancia consideró probada la responsabilidad penal de su defendida con una evidente insuficiencia de pruebas, para  lo cual señala, el contenido de algunas de las declaraciones de testigos que comparecieron al juicio público, y de los cuales a su decir, no pudo el juzgador de primera instancia, obtener dicho convencimiento, pues,  si bien es cierto, quedó demostrado que los cheques fueron adulterados o modificados, de las pruebas llevadas al debate no logró comprobarse la participación de su defendida en la comisión del delito por el cual fue condenada (Alteración de Documento Público).   

 

 Del análisis y revisión del recurso de casación, se observa que la impugnante  no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual de manera expresa establece que su interposición se hará   mediante escrito fundado, expresando los preceptos legales que se consideren infringidos, por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, indicando los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios, éstos entre otros, requisitos imprescindibles y de particular importancia.   

 

Al respecto, esta Sala Penal ha señalado que:

 

“…la correcta fundamentación del recurso de casación es indispensable para determinar el vicio atribuido a la sentencia y así lo ha señalado el mencionado artículo al restablecer que el recurso de casación será interpuesto mediante escrito fundado…y el alcance de su eventual nulidad, así como los efectos que tendrá la decisión pronunciada por este Tribunal Supremo de Justicia…” (Sent. N° 175  del  22-02-2000).

 

Del mismo modo, ha  establecido: 

 

“…El recurso extraordinario de casación tiene un carácter especialísimo, comprendiendo un conjunto de requisitos que regulan su interposición y admisibilidad, los cuales más allá de una mera formalidad, constituyen una garantía para las partes y el Estado.”  (Sent. N°32 de fecha 14-02-2013).

 

Por otra parte, se puede observar con relación a lo alegado  por la defensora privada, que lo que se pretende atacar es el fallo dictado por el Tribunal  de Juicio, específicamente la valoración que, de los elementos probatorios realizó el juez de Primera Instancia para considerar la responsabilidad penal de la ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova, en los hechos objeto del debate y por los cuales presentó acusación el Ministerio Público.  

 

Ahora bien, los vicios referidos a la valoración de los elementos probatorios no son censurables por los jueces de la Segunda Instancia ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio.

 

En relación al principio de inmediación y a la valoración de los medios probatorios, esta Sala de Casación Penal ha señalado que:

 

“…El principio de inmediación procesal establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción, ya que este principio es una garantía primordial para un proceso justo y sobre todo para la emisión fundada de las sentencias. Siendo así que no puede un juez dictar sentencia, en un proceso en cuya vista y escucha no estuviera presente directamente en cuanto se diga en juicio y en todas las incidencias en su seno suscitadas, es decir que por imperativo de su falta de inmediación respecto a las pruebas practicadas en el juicio oral, la Corte de Apelaciones no puede valorar con criterios propios las pruebas fijadas en el juicio de instancia ni establecer los hechos del proceso por su cuenta…” (Sentencia N°374 del 10 de julio de 2007).

 

 Asimismo, es oportuno reiterar que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los Juzgados de Primera Instancia (en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral),  sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones, las cuales sólo valoran pruebas cuando éstas se ofrezcan con el recurso de apelación.

 

Por consiguiente, cuando se interpone el recurso de casación este debe estar dirigido a los vicios propios del fallo emitido por las Cortes de Apelaciones, que son las decisiones recurribles mediante dicho recurso, esto  de conformidad a  lo dispuesto  en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En virtud de las razones antes expuestas, la Sala considera procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal,  desestimar, por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la abogada Mayra Beatriz Cabrera, en su carácter de defensora privada de la ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova.

DECISIÓN

 

  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación propuesto por la abogada Mayra Beatriz Cabrera, en su carácter de defensora privada de la  ciudadana Dahomey Namibia Pérez Córdova.    

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los dieciséis ( 16 ) días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

 

El Magistrado Vicepresidente,                                                 El Magistrado,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                           Paúl José Aponte Rueda

    Ponente

          La Magistrada,                                                               La Magistrada

 

 

Yanina Karabin de Díaz                                      Úrsula María Mujica Colmenarez

 

 

La  Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/jc

Exp. Nº 2014-391

 

El Magistrado Doctor PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA no suscribió la sentencia por motivo justificado.

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