Sentencia N.º 4400
- Sentencia
- N.º 4400
- Fecha
- 12/12/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1950
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 28 de septiembre de 2005, compareció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Ricardo Da Silva Escobar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 48.458, actuando en su carácter de defensor del ciudadano FREDDY ALEXANDER GARCÍA URRIOLA, titular de la cédula de identidad n° 19.463.684, y solicitó la revisión de la sentencia n° 525, dictada el 10 de agosto de 2005, por
El 30 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ y, con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 15 de noviembre de 2005, la defensa del solicitante, consignó la copia certificada de la decisión cuya revisión se solicita.
Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Expone la parte actora los siguientes argumentos:
Que, la sentencia dictada por
Señaló, que dicha sentencia contiene un voto salvado del Magistrado doctor Alejandro Angulo Fontiveros, en el cual dejó asentado lo que sigue:
En atención a todo lo expuesto considero que de los hechos establecido por el tribunal militar de juicio no se desprende la comisión del delito de REBELIÓN, tipificado en el numeral 1 del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar en relación con los artículos 479, numerales 2 y 4 del 486 y 487 eiusdem.
En efecto, ni responder así al teléfono; ni portar brazaletes con ésa u otra inscripción; ni disparar a la autoridad militar, reproducen a cabalidad el tipo criminal analizado ni mucho menos.
Por ello considero que
Conforme a lo anterior, manifestó que
En atención a lo expuesto solicitó se proceda a revisar la sentencia dictada por
II
DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La decisión dictada el 10 de agosto de 2005, por
RECURSO DE CASACIÓN
Los recurrentes plantean al amparo del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal en su escrito:
Ahora bien, señaló esta defensa que la sentencia dictada por el Tribunal Militar Cuarto de Juicio del Consejo de Guerra de San Cristóbal adolece de ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia, para lo cual realizamos un análisis del porque (sic) consideramos que la misma esta (sic) viciada, no es clara y precisa al hacer señalamientos o supuestos bajo los cuales se condenó a nuestro defendido quien es un civil, por la comisión de un delito Militar
se pregunta esta defensa entonces si la sana crítica, las reglas de la lógica, y los conocimientos científicos, son el fundamento legal para tomar solo los extractos del juicio, de las declaraciones y demás para condenar una persona inocente?, ¿se aplicó la lógica para decir que en el presente caso hubo un enfrentamiento donde no quedó rastro alguno, más tratándose que al decir de los funcionarios actuantes, utilizaron armas de guerra, granadas de fusil, y morteros de 60? (...) Aún así ciudadanos Magistrados, alegado como fue la violación de los derechos y garantías de nuestro defendido, a través del proceso y en las oportunidades legales, hasta los momentos todo ha sido respondido mediante una justificación a la actuación violatoria del fin justifica los medios, de el no sacrificar la justicia por formalidades innecesarias, ¿les parece a Ustedes, con el respeto que se merecen, que se sacrifica la justicia cuando se hacen cumplir al pie de la letra los preceptos jurídicos?. Señores Magistrados, hasta los momentos solo hemos obtenido como respuestas de
Además agregan:
Ciudadanos Magistrados, como podrán ver ustedes al revisar el expediente contentivo de la presente causa, los elementos probatorios no son suficientes para hablar de Rebelión Militar, ya que no fueron llamados a juicio las demás personas que participaron allí que fueron casi 50, que las supuestas evidencias fueren obtenidas de la finca, no de manos de nuestro defendido, presentándose entonces lugar a dudas por cuanto no se establece con claridad que fue lo que se probó realmente, más grave aun en el presente caso, tampoco se tomó en cuenta que no existen testigos presenciales de los hechos que se juzgan, tal como se evidencia de lo expresado por el Tribunal a la hora del análisis del testimonio de la ciudadana Flor María Gómez, quien en su deposición expresa que se dirigió al Comando de Cazadores de Santa Bárbara de Barinas a dar aviso a las autoridades de que había llamado a su finca y le habían dicho
compatriotas por ahora no la podemos atender (
). Falla la motivación del Tribunal porque en el juicio nunca se discutió la existencia o no de la situación irregular, porque lo que siempre se siempre se discutió fue la participación de nuestro defendido en los hechos, es decir, que este testimonio debería ser desechado porque no prueba relación alguna entre el imputado y los hechos (
). Ciudadanos Magistrados de Tribunal Supremo de Justicia, si bien es cierto que los Juzgadores ejercieron la inmediación del juicio, incurrieron en violación a la imparcialidad y objetividad, pues de una lectura simple del texto decisorio se comprueba que no fue plasmado ni siquiera por educación los dichos de la defensa, ni se expresó lo que se pedía se dejara constancia (
). En segundo lugar, queremos denunciar Ciudadanos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que en el presente caso, también se configuró la violación de, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, prevista como motivo para recurrir por vía de Casación, ya que como punto previo a la celebración del debate oral y público, esta defensa planteó la existencia de una nulidad absoluta, configurada en el primer acto del procedimiento como lo es la audiencia para ser oído el imputado, que constituye la primera defensa de todo imputado, donde señalamos la no existencia de firmas en el acta que ha debido levantarse al terminar el supuesto acto, ya que no existe firma legible o ilegible ni del Fiscal del Ministerio Público, ni tampoco del Defensor, menos aún la del propio imputado, todo lo cual se evidencia del folio 91 de la causa, donde el mismo Representante del Ministerio Público afirmó no recordarse de haber firmado el acta, siendo resuelta tal excepción de una manera pseudos salomónica, al declarar sin lugar la excepción solicitada por la defensa (...). Peor aún,
Para decidir,
Los recurrentes plantean conjuntamente en su escrito, los supuestos vicios existentes en las decisiones pronunciadas por el Tribunal Militar Cuarto de Juicio con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, el 3 de marzo de 2005 y por
Por otra parte, el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal establece que, el recurso de casación se debe ejercer mediante escrito fundado, en el cual se indicarán en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados, por falta de aplicación de ley, por indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.
En este sentido, denuncian los recurrentes conjuntamente:
ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia
con respecto a la decisión del Tribunal de Juicio; y a la vez alegan, con relación al mismo fallo de primera instancia:
también se configuró la violación de, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación
, afirmando a la par, que
Importante es reiterar en esta oportunidad el criterio de
Por consiguiente, al constatarse la entidad de los defectos indicados,
No obstante lo anterior,
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de
III
DE LA COMPETENCIA
La potestad de revisar los fallos dictados por algunas de las Salas de este Máximo Tribunal y de los demás tribunales del país, la ejerce de manera exclusiva esta Sala Constitucional conforme lo prevé el artículo 336, cardinal 10 de
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La revisión solicitada fue fundamentada en la presunta violación, por parte de la sentencia dictada el 10 de agosto de 2005 por
Para decidir al respecto, considera quien decide oportuno reiterar que la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la misma se admite sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango. De manera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 cardinal 10 de
En reciente sentencia dictada por esta Sala n° 1.142 del 9 de junio de 2005, caso: Giuseppe Antonio Valenti Damiata e Isabel Yodice Ramos de Valenti, respecto al recurso de casación en materia penal, se asentó lo siguiente:
En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aun cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad.
No obstante ello, si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor, que no son otra cosa que actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso, éstos pudieran ser eventualmente subsanados por
En tal sentido, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la oportunidad en que fueron interpuestos los recursos de casación, erigía como motivos para su procedencia los fundados en inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal como base de la decisión recurrida; la falta, contradicción o manifiesta ilogicidad de su motivación, o su fundamento en hechos no constitutivos de prueba alguna, o en pruebas obtenidas ilegalmente.
Por su parte, el artículo 455 del señalado texto legal establecía la forma de interposición del recurso mediante escrito fundado, en el cual debía indicarse, en forma concisa y clara, los preceptos legales considerados como violados por inobservancia o errónea aplicación, así como el modo de impugnación, con expresión del motivo de procedencia, y la fundamentación de cada uno de estos por separado, en caso de ser varios.
Como se aprecia, el recurso de casación no sólo debía ser interpuesto por los referidos motivos, sino además bajo ciertas formalidades, la principal: la expresión clara y concreta de las razones de la inconformidad con la decisión impugnada.
Esta forma de regulación de la interposición del recurso para nada atenta contra lo establecido en el artículo 257 constitucional, ya que la exigencia de la forma escrita y motivada, no constituye una formalidad inútil o no esencial proscrita por la señalada norma, sino por el contrario, constituye una formalidad absoluta y necesaria a objeto de establecer el agravio y la infracción de la norma jurídica.
Analizado como ha sido el fallo cuya revisión se solicita, considera en principio esta Sala que, tal como se señaló en la sentencia citada, la procedencia del recurso de casación debe cumplir con ciertos lineamientos y formalidades, las cuales son exigencias necesarias y de obligatorio acatamiento, que no pueden ser suplidas o enmendadas por el juez; por ende, las deficiencias del escrito presentado no pueden ser subsanadas aplicando el principio establecido en el artículo 26 de
Aunado a ello, el razonamiento plasmado en dicha sentencia es producto de la apreciación soberana realizada por el juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento, razón por la cual no puede considerarse que la misma vulnere de manera grosera y directa alguna disposición consagrada en
En consecuencia, se declara no ha lugar a la solicitud de revisión formulada por el abogado Ricardo Da Silva Escobar, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Freddy Alexander García Urriola, contra la sentencia n° 525, dictada el 10 de agosto de 2005, por
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
EXP. n° 05-1950
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