Venley

Sentencia N.º 4400

Sentencia
N.º 4400
Fecha
12/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1950
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ  

 

El 28 de septiembre de 2005, compareció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Ricardo Da Silva Escobar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 48.458, actuando en su carácter de defensor del ciudadano FREDDY ALEXANDER GARCÍA URRIOLA, titular de la cédula de identidad n° 19.463.684, y solicitó la revisión de la sentencia n° 525, dictada el 10 de agosto de 2005, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, la cual declaró inadmisible por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto contra la decisión del 9 de mayo de 2005, emanada de la Corte Marcial, en la que se condenó a su defendido a cumplir dieciséis (16) años de presidio por la comisión del delito de Rebelión, tipificado en los artículos 476, cardinal 1 y 486, cardinales 2 y 4 del Código Orgánico de Justicia Militar, y sancionado en los artículos 478 y 479 eiusdem.

 

El 30 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ y, con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 15 de noviembre de 2005, la defensa del solicitante, consignó la copia certificada de la decisión cuya revisión se solicita.

 

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

Expone la parte actora los siguientes argumentos:

 

Que, la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal el 10 de agosto de 2005, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Corte Marcial que condenó a su defendido a cumplir dieciséis (16) años de presidio por la comisión del delito de Rebelión, al constatar el incumplimiento de requisitos formales, y a tenor de lo previsto en el artículo 465, del Código Orgánico Procesal Penal evadió entrar a conocer del fondo del asunto sin evaluar el auténtico contexto probatorio y de derecho planteado, así como las infracciones denunciadas.

 

Señaló, que dicha sentencia contiene un voto salvado del Magistrado doctor Alejandro Angulo Fontiveros, en el cual dejó asentado lo que sigue:

 

“En atención a todo lo expuesto considero que de los hechos establecido por el tribunal militar de juicio no se desprende la comisión del delito de REBELIÓN, tipificado en el numeral 1 del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar en relación con los artículos 479, numerales 2 y 4 del 486 y 487 ‘eiusdem’.

 

En efecto, ni responder así al teléfono; ni portar brazaletes con ésa u otra inscripción; ni disparar a la autoridad militar, reproducen a cabalidad el tipo criminal analizado ni mucho menos.

 

Por ello considero que la Sala Penal de oficio y (sic) interés de la ley y la justicia debió revisar los hechos establecidos por el tribunal militar de juicio y darles la calificación correspondiente...”.

 

 

Conforme a lo anterior, manifestó que la Sala de Casación Penal al no desarrollar la acción acorde con los intereses de la Constitución, las leyes y la justicia, y pasar a examinar el fondo del asunto llevado a su conocimiento, limitándose a desestimarlo, lejos de cumplir con la misión que le asigna la Constitución y las leyes, conculcó los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de su defendido.

 

En atención a lo expuesto solicitó se proceda a revisar la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal y se declare nula, por violar las normas constitucionales denunciadas, así como la doctrina asentada, al respecto, por esta Sala Constitucional.

 

II

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

 

La decisión dictada el 10 de agosto de 2005, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

 

“RECURSO DE CASACIÓN

 

Los recurrentes plantean al amparo del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal en su escrito:

 

‘…Ahora bien, señaló esta defensa que la sentencia dictada por el Tribunal Militar Cuarto de Juicio del Consejo de Guerra de San Cristóbal adolece de ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia, para lo cual realizamos un análisis del porque (sic) consideramos que la misma esta (sic) viciada, no es clara y precisa al hacer señalamientos o supuestos bajo los cuales se condenó a nuestro defendido quien es un civil, por la comisión de un delito Militar…se pregunta esta defensa entonces si la sana crítica, las reglas de la lógica, y los conocimientos científicos, son el fundamento legal para tomar solo los extractos del juicio, de las declaraciones y demás para condenar una persona inocente?, ¿se aplicó la lógica para decir que en el presente caso hubo un enfrentamiento donde no quedó rastro alguno, más tratándose que al decir de los funcionarios actuantes, utilizaron armas de guerra, granadas de fusil, y morteros de 60? (...) Aún así ciudadanos Magistrados, alegado como fue la violación de los derechos y garantías de nuestro defendido, a través del proceso y en las oportunidades legales, hasta los momentos todo ha sido respondido mediante una justificación a la actuación violatoria ‘del fin justifica los medios’, de el ‘no sacrificar la justicia por formalidades innecesarias’, ¿les parece a Ustedes, con el respeto que se merecen, que se sacrifica la justicia cuando se hacen cumplir al pie de la letra los preceptos jurídicos?. Señores Magistrados, hasta los  momentos solo hemos obtenido como respuestas de la Jurisdicción Militar, una justificación constante de todos los atropellos y violaciones al debido proceso…’

 

Además agregan:

 

‘… Ciudadanos Magistrados, como podrán ver ustedes al revisar el expediente contentivo de la presente causa, los elementos probatorios no son suficientes para hablar de Rebelión Militar, ya que no fueron llamados a juicio las demás personas que participaron allí que fueron casi 50, que las supuestas evidencias fueren obtenidas de la finca, no de manos de nuestro defendido, presentándose entonces lugar a dudas por cuanto no se establece con claridad que fue lo que se probó realmente, más grave aun en el presente caso, tampoco se tomó en cuenta que no existen testigos presenciales de los hechos que se juzgan, tal como se evidencia de lo expresado por el Tribunal a la hora del análisis del testimonio de la ciudadana Flor María Gómez, quien en su deposición expresa que se dirigió al Comando de Cazadores de Santa Bárbara de Barinas a dar aviso a las autoridades de que había llamado a su finca y le habían dicho ‘…compatriotas por ahora no la podemos atender (…)’. Falla la motivación del Tribunal porque en el juicio nunca se discutió la existencia o no de la situación irregular,  porque lo que siempre se siempre se discutió fue la participación de nuestro defendido en los hechos, es decir, que este testimonio debería ser desechado porque no prueba relación alguna entre el imputado y los hechos (…). Ciudadanos Magistrados de Tribunal Supremo de Justicia, si bien es cierto que los Juzgadores ejercieron la inmediación del juicio, incurrieron en violación a la imparcialidad y objetividad, pues de una lectura simple del texto decisorio se comprueba que no fue plasmado ni siquiera por educación los dichos de la defensa, ni se expresó lo que se pedía se dejara constancia (…). En segundo lugar, queremos denunciar Ciudadanos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que en el presente caso, también se configuró la violación de, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, prevista como motivo para recurrir por vía de Casación, ya que como punto previo a la celebración del debate oral y público, esta defensa planteó la existencia de una nulidad absoluta, configurada en el primer acto del procedimiento como lo es la audiencia para ser oído el imputado, que constituye la primera defensa de todo imputado, donde señalamos la no existencia de firmas en el acta que ha debido levantarse al terminar el supuesto acto, ya que no existe firma legible o ilegible ni del Fiscal del Ministerio Público, ni tampoco del Defensor, menos aún la del propio imputado, todo lo cual se evidencia del folio 91 de la causa, donde el mismo Representante del Ministerio Público afirmó no recordarse de haber firmado el acta, siendo resuelta tal excepción de una manera pseudos salomónica, al declarar sin lugar la excepción solicitada por la defensa (...). Peor aún, la Corte Marcial ratificó en su decisión tal violación (…). Ciudadanos Magistrados, de verdad nos extrañamos de tal decisión, ya que hasta donde nosotros sabemos, las nulidades absolutas pueden ser interpuestas en todo estado y grado de la causa (…) violándose así lo establecido en el artículo 125, N° 3 del Código Orgánico Procesal Penal, y 49 N° 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…’.   

 

Para decidir, la Sala observa, que el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal  determina expresamente, que el recurso de casación sólo podrá ser incoado en contra de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones.

 

Los recurrentes plantean conjuntamente en su escrito, los supuestos vicios existentes en las decisiones pronunciadas por el Tribunal Militar Cuarto de Juicio con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, el 3 de marzo de 2005 y por la Corte Marcial de la República, actuando como Corte de Apelaciones en el Circuito Judicial Penal Militar el 9 de mayo de 2005, contrariando así el sentido, alcance y propósito del recurso extraordinario de casación y su esencia procedimental plasmada en el aludido artículo 459 del código adjetivo.

 

Por otra parte, el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal establece que, el recurso de casación se debe ejercer mediante escrito fundado, en el cual se indicarán en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados, por falta de aplicación de ley, por indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.

 

En este sentido, denuncian los recurrentes conjuntamente: ‘… ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia…’ con respecto a la decisión del Tribunal de Juicio; y a la vez alegan, con relación al mismo fallo de primera instancia: ‘…también se configuró la violación de, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación…’, afirmando a la par, que la Corte Marcial ratificó tales posturas, sin precisar y esgrimir los recurrentes de manera razonada sus alegatos, como lo exige los parámetros inscritos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, causando confusión y evidenciando carencia de técnica recursiva.

 

Importante es reiterar en esta oportunidad el criterio de la Sala, enunciado en decisión del 21 de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor Eladio Aponte Aponte, para referencia al caso en estudio: ‘…el recurso de casación es un recurso extraordinario, que está concebido en el interés de subsanar, los vicios acaecidos en las sentencias pronunciadas únicamente por las Cortes de Apelaciones…’.

 

Por consiguiente, al constatarse la entidad de los defectos indicados, la Sala desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto, a tenor de lo previsto en el artículo 465 del código Orgánico Procesal Penal.

 

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Penal, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, procedió a revisar el fallo impugnado y considera que el mismo se encuentra ajustado a derecho.

 

                                                    DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto por los defensores privados del ciudadano Alexander García Urriola”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

La potestad de revisar los fallos dictados por algunas de las Salas de este Máximo Tribunal y de los demás tribunales del país, la ejerce de manera exclusiva esta Sala Constitucional conforme lo prevé el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5, cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece que es competencia de esta Sala Constitucional “[R]evisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”, y a lo previsto en la sentencia n° 93/2001, caso: Corpoturismo, dictada por ésta en atención a lo dispuesto por el artículo 335 eiusdem, la cual estableció que esta Sala Constitucional podrá revisar manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional “Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”, por tanto, visto que en el presente caso ha sido solicitada la revisión de una decisión dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala asume la competencia conforme a lo previsto las disposiciones señaladas supra, aplicable en atención a la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

La revisión solicitada fue fundamentada en la presunta violación, por parte de la sentencia dictada el 10 de agosto de 2005 por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, del ciudadano Freddy Alexander García Urriola, al haberle declarado manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de éste contra una decisión de la Corte Marcial que lo condenó a cumplir una pena de dieciséis (16) años por el delito de rebelión, ya que, a su decir, no se resolvieron las denunciadas planteadas y se incumplió con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a que no se sacrificara la justicia por formalidades no esenciales.

 

Para decidir al respecto, considera quien decide oportuno reiterar que la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la misma se admite sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango. De manera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional pasa a examinar la solicitud de revisión formulada.

 

En reciente sentencia dictada por esta Sala n° 1.142 del 9 de junio de 2005, caso: Giuseppe Antonio Valenti Damiata e Isabel Yodice Ramos de Valenti, respecto al recurso de casación en materia penal, se asentó lo siguiente:

 

“En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aun cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad.

 

No obstante ello, si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor, que no son otra cosa que actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso, éstos pudieran ser eventualmente subsanados por la Sala de Casación Penal, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, como la extemporaneidad del recurso o la falta de cualidad de las partes para ejercerlo. De allí que, no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la situación alegada es debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que las representan o defienden.

 

En tal sentido, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la oportunidad en que fueron interpuestos los recursos de casación, erigía como motivos para su procedencia los fundados en inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal como base de la decisión recurrida; la falta, contradicción o manifiesta ilogicidad de su motivación, o su fundamento en hechos no constitutivos de prueba alguna, o en pruebas obtenidas ilegalmente.

 

Por su parte, el artículo 455 del señalado texto legal establecía la forma de interposición del recurso mediante escrito fundado, en el cual debía indicarse, en forma concisa y clara, los preceptos legales considerados como violados por inobservancia o errónea aplicación, así como el modo de impugnación, con expresión del motivo de procedencia, y la fundamentación de cada uno de estos por separado, en caso de ser varios.

 

Como se aprecia, el recurso de casación no sólo debía ser interpuesto por los referidos motivos, sino además bajo ciertas formalidades, la principal: la expresión clara y concreta de las razones de la inconformidad con la decisión impugnada.

 

Esta forma de regulación de la interposición del recurso para nada atenta contra lo establecido en el artículo 257 constitucional, ya que la exigencia de la forma escrita y motivada, no constituye una formalidad inútil o no esencial proscrita por la señalada norma, sino por el contrario, constituye una formalidad absoluta y necesaria a objeto de establecer el agravio y la infracción de la norma jurídica”.

 

Analizado como ha sido el fallo cuya revisión se solicita, considera en principio esta Sala que, tal como se señaló en la sentencia citada, la procedencia del recurso de casación debe cumplir con ciertos lineamientos y formalidades, las cuales son exigencias necesarias y de obligatorio acatamiento, que no pueden ser suplidas o enmendadas por el juez; por ende, las deficiencias del escrito presentado no pueden ser subsanadas aplicando el principio establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a la garantía del Estado en aplicar una justicia sin formalismos inútiles.

 

Aunado a ello, el razonamiento plasmado en dicha sentencia es producto de la apreciación soberana realizada por el juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento, razón por la cual no puede considerarse que la misma vulnere de manera grosera y directa alguna disposición consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o desconozca algún criterio de interpretación constitucional fijado por esta Sala.

 

En consecuencia, se declara no ha lugar a la solicitud de revisión formulada por el abogado Ricardo Da Silva Escobar, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Freddy Alexander García Urriola, contra la sentencia n° 525, dictada el 10 de agosto de 2005, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, la cual declaró inadmisible por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto contra la decisión del 9 de mayo de 2005, emanada de la Corte Marcial. Así se declara.

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR a la solicitud de revisión formulada por el abogado Ricardo Da Silva Escobar, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Freddy Alexander García Urriola, contra la sentencia n° 525, dictada el 10 de agosto de 2005, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, la cual declaró inadmisible por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto contra la decisión del 9 de mayo de 2005, emanada de la Corte Marcial.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de diciembre dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

FACL/

EXP. n° 05-1950

 

 

 

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