Venley

Sentencia N.º 442

Sentencia
N.º 442
Fecha
05/04/2011
Sala
Constitucional
Expediente
10-1274
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Solicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente: 10-1274

 

El 10 de noviembre de 2010, la abogada Betty Mercedes Bermúdez Villapol, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.202, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RICARDO MAURICIO LASTRA, titular de la cédula de identidad N° 2.796.927, presentó ante la Secretaría de la Sala Constitucional solicitud de revisión de la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por su representado contra el fallo emitido el 30 de mayo de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos contra la Resolución N° 5308, dictada el 30 de noviembre de 2000 por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante la cual se le notificó su remoción del cargo de Coordinador de Programa adscrito a la Gerencia de Apoyo Administrativo del Concejo Municipal de Baruta de la Gerencia de Administración y Servicios de la referida Alcaldía.

 

El 15 de noviembre de 2010, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

 

El 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys Gutiérrez Alvarado.

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La apoderada judicial del solicitante esgrimió como fundamento de presente solicitud de revisión, los siguientes argumentos:

 

Que “…el 30 de noviembre de 2000 se emitió la Resolución N° 5308 emanada del Alcalde del Municipio Baruta, donde se le notificó a (su) representado su remoción del cargo de Coordinador de Programa adscrito a la Gerencia de Apoyo Administrativo del Consejo (sic) Municipal de Baruta de la Gerencia de Administración y Servicios de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, dado que supuestamente ese cargo era de funcionario de confianza y por tanto de libre nombramiento y remoción…”.

 

Que, el 22 de octubre de 2001, “…interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial solicitando la nulidad de la resolución ut supra mencionada, a objeto [de] que se le otorgara a (su) representado la restitución al cargo que venía ejerciendo…”.

 

Que, el  30 de mayo de 2003, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital -previa sustanciación de la causa- declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Posteriormente, el 13 de noviembre de 2003, “…el abogado Asdrúbal Salazar Hernández actuando en nombre y representación de (su) representado, presento (sic) recurso de apelación…” contra la referida sentencia.

 

 Que el referido Juzgado Superior, a través del auto del 9 de diciembre de 2003, “…oyó en ambos efectos el recurso interpuesto, ordenando remitir el expediente de la causa a las Cortes de lo Contencioso Administrativo…”.

 

Que, el 21 de enero de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el referido expediente y, el 1 de febrero de 2005, se dio del mismo cuenta en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

Que, el 16 de junio de 2005, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia declarando desistido el recurso de apelación, al no haber sido presentada la formalización del mismo dentro del lapso establecido en la ley

 

 Que, mediante diligencia del 7 de junio de 2010, “…se dio por notificada de dicha sentencia y de dicho proceso, toda vez que a la fecha (su) representado nunca tuvo conocimiento del mismo…”.

 

Denunció la violación del derecho al debido proceso y a la defensa de su poderdante, “…toda vez que de una simple lectura de la fecha en que fue ejercido el recurso de apelación por (su) representado -13 de noviembre de 2003- (…) y no 13 de noviembre de 2004 como erróneamente se transcribe en la narrativa de la sentencia, hasta la fecha en que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo le dio cuenta a la causa -1° de febrero de 2005- (…), transcurrió más de un (1) año y casi tres meses…”, razón por la cual debía producirse la notificación de las partes, especialmente la de su poderdante, “…quien por ser apelante tenía la carga de presentar la correspondiente fundamentación a la apelación…”.

 

Indicó que “…en aquellas situaciones donde ha ocurrido una paralización, no imputable a las partes, necesariamente debe el Órgano jurisdiccional salvaguardar el derecho al debido proceso y a la defensa de las partes, notificando a éstas de la reapertura o continuación de la causa, para que éstas expongan las defensas que consideren prudentes, pues en definitiva radica allí la labor jurisdiccional, en otorgar a los accionantes la vía o sede necesaria para la exposición de sus hechos; pero mal puede hablarse o plantearse la constitución de esta sede, cuando las partes pierden su estadía a derecho, es decir, desconocen que el órgano jurisdiccional se ha constituido o ha decidido conocer de la causa, pues, se insiste, en el supuesto [de] que ello ocurre (sic), como en el caso de marras, se le priva a las partes [de] la oportunidad para exponer sus alegatos o reforzar sus pretensiones de inconformidad con un fallo…”.     

    

Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó se declare con lugar la solicitud de revisión y, en consecuencia, se anule la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que, conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

Por su parte, en el fallo Nº 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

 

“1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

 

            En este mismo orden de ideas, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone en el artículo 25, cardinales 10 y 11, lo siguiente:

 

 “Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

 (…)

 

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; por falta de aplicación de algún principio o nomas constitucionales.

 

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos señalados en el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales…”.

 

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a la que se imputa la violación del derecho al debido proceso y a la defensa contenidos en el artículo 49, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se considera competente para conocerla; y así se declara.

 

III

DEL FALLO OBJETO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

En su decisión del 16 de junio de 2005 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró desistido el recurso de apelación  ejercido por  el ciudadano Ricardo Mauricio Lastra contra el fallo emitido el 30 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos contra la Resolución N° 5308 dictada el 30 de noviembre de 2000 por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante la cual se le notificó su remoción del cargo de Coordinador de Programa adscrito a la Gerencia de Apoyo Administrativo del Concejo Municipal de Baruta de la Gerencia de Administración y Servicios de la referida Alcaldía.

 

Al respecto, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo esgrimió como fundamento de la decisión en referencia, las siguientes consideraciones:

 

“…Corresponde a esta Alzada decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada contra la decisión dictada en fecha 30 de mayo de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y a tal efecto observa que:


La norma procesal contenida en el artículo 19 aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela establece:

 
ˈ(…) Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, se
(sic) seguirá (sic) el (sic)  siguiente (sic) procedimiento (sic) :


Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho
[en] que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente [,] se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte, (sic) dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante, (sic)  se considerará como desistimiento de la acción [,] y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte (…)ˈ. (Subrayado de esta Corte).

 
De la norma transcrita se evidencia que la parte apelante tiene la obligación de presentar un escrito exponiendo las razones de hecho y de derecho, fundamento de la apelación, lo cual debe hacer en el lapso de quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la relación de la causa.


En el presente caso consta que desde el día 01 de febrero de 2005 fecha en la que se dio cuenta en Corte del recibo del presente expediente, exclusive hasta el día 09 de marzo de 2005, día en el cual terminó la relación de la causa, inclusive, habían transcurrido quince (15) días de despacho correspondiente a los días 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero de 2005 y 1, 2, 3, 8 y 9 de marzo de 2005, como se desprende del cómputo efectuado por la Secretaría de esta Corte (folio 128) sin que la parte apelante hubiera cumplido con la carga impuesta en el artículo supra transcrito. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación. Así se decide.


Declarado el desistimiento, esta Corte está obligada a examinar ex oficio el contenido del fallo impugnado con el objeto de verificar que: ˈa) no viola normas de orden público, como son, verbigracia, las que regulan el derecho de acceso de las personas a los órganos de administración de justicia, y b) no vulnera o
contradice interpretaciones vinculantes de esta Sala Constitucional, sobre el sentido y la aplicación que debe darse a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Constitucionalˈ(Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1542 de fecha 11/06/2003, caso: Municipio Pedraza del Estado Bolívar).


Con base en lo expuesto, esta Corte estima que la sentencia dictada el 30 de mayo de 2004 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, no vulnera normas de orden público y no se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide…”

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Delimitada como ha sido la competencia para conocer de la presente revisión, esta Sala pasa a decidir y, para ello, observa:

 

La vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (vid. sentencia. 1760/2001), lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia o no.

 

En efecto, la propia Sala dejó sentado en la sentencia N°1862 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corporación Turismo de Venezuela CORPOTURISMO), que la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede ser ejercida de manera discrecional; por lo tanto, la misma no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes, esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.

 

En el caso de autos, el fallo judicial sometido a revisión de esta Sala es la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró desistido el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Ricardo Mauricio Lastra, contra el fallo emitido el 30 de mayo de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos contra la Resolución N° 5308 dictada el 30 de noviembre de 2000 por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda.

 

La apoderada judicial del solicitante denunció que la apelación se declaró desistida sin la debida notificación de la continuación de la causa, la cual estuvo paralizada por la inoperatividad de las Cortes Contencioso Administrativas.

 

Al respecto, esta Sala en sentencia N° 431  del 19 de mayo de 2000 (caso: Proyectos Inverdoco, C.A.),  se pronunció sobre la obligatoriedad que tiene el Juez de notificar a las partes para reiniciar la causa cuando ha estado paralizada. Al respecto, estableció lo siguiente:

 

“...la estadía a derecho de las partes, consagrada en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general. El mismo se formula, en que practicada la citación para la contestación de la demanda, o citación inicial, en otros procesos diferentes al juicio ordinario civil, no habrá necesidad de nueva citación a las partes para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley, como ocurre -por ejemplo- en materia de posiciones juradas o de juramento decisorio (artículos 416 y 423 del Código de Procedimiento Civil).

 

Consecuencia del principio es, que después de la citación inicial, salvo las excepciones, no es necesario citar a las partes para que concurran a ciertos actos, trasladarles copias de las actuaciones para que las conozcan, ni hacerles saber la ocurrencia de actuaciones procesales del tribunal o de las partes. Debido al principio de que las partes están a derecho, las citaciones (órdenes de comparecencia) y las notificaciones (comunicación de noticia sobre la causa), se hacen innecesarias.

 

Entre las excepciones al principio, en materia de notificaciones, se encuentran al menos dos: una es de creación jurisprudencial y es producto del respeto al derecho de defensa de las partes; y la otra, responde a la ruptura a la estadía a derecho, y consiste en hacer saber a las partes la reanudación del juicio.

 

La primera tiene lugar cuando un nuevo juez se aboca al conocimiento de la causa. La jurisprudencia emanada de la Casación Civil, consideró que para evitar sorpresas a las partes, el nuevo juez debía notificarlos que iba a conocer, independientemente [de] que el proceso se encontrara o no paralizado. Esta notificación garantizaba a las partes, el poder recusar al juez, o el solicitar que se constituyera el tribunal con asociados, preservándosele así ambos derechos a los litigantes.

 (...omissis…)

 

La segunda notificación obligatoria, tiene lugar cuando la causa se encuentra paralizada, y por lo tanto la estadía a derecho de las partes quedó rota por la inactividad de todos los sujetos procesales. La paralización ocurre cuando el ritmo automático del proceso se detiene al no cumplirse en las oportunidades procesales las actividades que debían realizarse bien por las partes o por el tribunal, quedando la causa en un marasmo, ya que la siguiente actuación se hace indefinida en el tiempo. Entonces, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el tribunal, y tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación prevenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil si la causa aún no ha sido sentenciada en la instancia, o por el artículo 251 ejusdem (sic), si es que se sentenció fuera del lapso. Tal notificación se hará siguiendo lo pautado en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil…”.

 

Precisado lo anterior y luego de una revisión detallada de los documentos cursantes en autos, advierte esta Sala, que entre la interposición del recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia (13 de noviembre de 2003) y la fecha en la cual Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo acordó el inicio de la relación de la causa (1 de febrero de 2005), la causa estuvo paralizada a consecuencia de la creación y constitución del Tribunal que pasó a conocer del asunto en alzada, lo cual evidencia, que ni el propio órgano jurisdiccional, ni las partes del procedimiento de primera instancia, pudieron actuar durante el referido lapso.

 

Tal circunstancia implicaba la ruptura de la estadía a derecho de las partes, porque la causa se encontraba paralizada por un motivo ajeno a ellas, razón por la cual, para poder continuar con el trámite de alzada, el Juez ad quem debió notificar a las partes; sólo una vez cumplido con este requisito, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo podía estimar como desistida la apelación ejercida por el ciudadano Ricardo Mauricio Lastra por falta de fundamentación de la apelación, de haber sido ese el supuesto.

 

            Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Sala estima que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo obvió la jurisprudencia vinculante de este Máximo órgano jurisdiccional relativa a la obligación que tienen los tribunales de la República de notificar a las partes del proceso, una vez que el mismo se paraliza, lo que se tradujo en una vulneración de los derechos constitucionales a la defensa y el debido proceso del apelante, por parte del órgano jurisdiccional que emitió la sentencia objeto de revisión.

 

            En atención a las consideraciones expuestas, resulta forzoso para esta Sala declarar que ha lugar la solicitud de revisión de la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a través de la cual se declaró desistido el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado el 30 de mayo de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos contra la Resolución N° 5308 dictada el 30 de noviembre de 2000 por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda.

 

            En consecuencia, se anula la decisión objeto de revisión y se ordena la reposición de la causa, a los fines de que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo notifique a las partes de la continuación del procedimiento y, seguidamente, dé inicio de la relación de la causa, abriendo el lapso para que el apelante fundamente el recurso y, en caso de que ello ocurra, se sustancie el procedimiento de segunda instancia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por la abogada Betty Mercedes Bermúdez Villapol, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RICARDO MAURICIO LASTRA, ya identificados, de la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se ANULA la sentencia dictada el 16 de junio de 2005 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y se ORDENA la reposición de la causa al estado en que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo notifique a las partes de la continuación de la causa y, en consecuencia, dé inicio de la relación para que se abra el lapso del que dispone el apelante para fundamentar su recurso.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de abril  de dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.     

 

La Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 El Vicepresidente,

 

 

 

                           Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

               Magistrado

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                         Magistrada                                                                        

Arcadio Delgado Rosales

     Magistrado-Ponente

 

 

Juan José Mendoza Jover

                                                                      Magistrado

 

 

 

Gladys Gutiérrez Alvarado 

              Magistrada

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. 10-1274

ADR/

 

 

 

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