Sentencia N.º 455
- Sentencia
- N.º 455
- Fecha
- 16/12/2014
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- E14-451
- Ponente
- Úrsula María Mujica Colmenarez
- Procedimiento
- Extradición
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia de la Magistrada Úrsula María Mujica Colmenarez.
El 13 de noviembre de 2014, se recibió en esta Sala de Casación Penal, expediente alfanumérico 4C-12548-14, remitido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la solicitud de EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT de nacionalidad Ecuatoriana y Venezolana (adquirida), de cuarenta y dos (42) años de edad, de oficio taxista y titular de la cédula de identidad número V-23.527.347, requerido por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, según NOTIFICACIÓN ROJA INTERNACIONAL, número de control A-8137/10-2014, de fecha 16 de octubre de 2014, publicada a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por la presunta comisión de delitos contra las Instituciones de Crédito (Falsificación).
En la misma fecha, se dio cuenta en Sala de Casación Penal del recibo del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA
La Sala de Casación Penal, debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de extradición pasiva y al efecto observa:
El artículo 29 ordinal 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
Competencia de la Sala Penal
Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley.
Del contenido de la norma transcrita, se desprende que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala declara su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Pasiva de conformidad con lo establecido en el artículos 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
ANTECEDENTES DEL CASO
El día 17 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, vista la aprehensión del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT y en ocasión de la celebración de la Audiencia de Presentación del mencionado ciudadano, dictó el siguiente pronunciamiento:
Visto que en esta misma fecha, se recibe causa proveniente de la Unidad de recepción y Distribución de Documentos (URDD), constante de una (01) pieza con trece (13) folios útiles, seguida en contra del ciudadano: JUAN JOSÉ CABANILLA, titular de la Cédula de Identidad N° V-23.527.347, realizándose la Audiencia de Presentación del Aprehendido en el cual se emitieron los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Por cuanto nos encontramos ante la solicitud de Extradición pasiva contenida en el artículo 386 del Código Orgánico Procesal Penal en contra del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, titular de la cédula de identidad N° V-23.527.347, es por lo que se ordena la remisión de las presentes actuaciones al máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes. SEGUNDO: Ofíciese al órgano aprehensor notificando sobre lo aquí decidido..
Teniendo su basamento lo ut supra indicado en el folio tres (03) y su vuelto del expediente signado con la nomenclatura 12.548-14, cursa acta policial de fecha 16 de octubre de 2014, de la cual se extrae lo siguiente: Encontrándome en labores diarias en la sede de esta oficina, específicamente en la oficina de guardia, recibí una llamada telefónica de parte del ciudadano Juan Pablo IRIARTE, quien labora en el Área de Seguridad de la Embajada de los Estado Unidos en Caracas, informando que el ciudadano JUAN CABANILLA de nacionalidad Ecuatoriana y venezolana (adquirida), titular de la cédula de identidad V-23.527.347, se encuentra en la referida embajada, realizando tramitación de la Visa, cuando se dieron cuenta en los chequeos internos propios del procedimiento que esta persona presenta un requerimiento internacional. Una vez culminada la comunicación y obtenida la información antes señalada procedí a efectuar una minuciosas búsqueda con los datos aportados en los controles internos llevados por este Despacho obteniendo como resultado lo siguiente: 1) En el Sistema de Investigación Policial aparece registrado el ciudadano Juan José CABANILLA BETANCOURT, a quien le corresponde el número de cédula de identidad V- 23.527.347 de nacionalidad venezolana, fecha de nacimiento 11-09-72, presenta un registro policial por la Sub -Delegación Chacao, de fecha 22-04-2014, según los actos procesales K-14-0047-01217, por el delito de estafa. 2) En la División de Archivo Internacional obtuvimos como resultado que en fecha 23-09-13, las autoridades mexicanas nos enviaron la comunicación con número de referencia FX/1965/DECPI/EE/643-13/13, donde nos informan que el ciudadano en cuestión y otra persona de nombre Adrian Celestino PÁEZ HERNÁNDEZ, de fecha de nacimiento 18-10-66, de nacionalidad venezolana, cuentan con una orden de aprehensión librada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Estado México, según la causa penal 16/2013, por su responsabilidad en la comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito. 3) En el Sistema de comunicaciones protegidas I-24/7 de INTERPOL, DICHA PERSONA PRESENTA LA NOTIFICACIÓN ROJA NÚMERO DE CONTROL a-8137/10-2014 NÚMERO DE EXPEDIENTE 2014/63267, de fecha de publicación 16-10-2014, razón por la cual de inmediato le informe a la superioridad sobre lo acontecido, quienes ordenaron se constituyera una comisión, a fin de verificar la información aportada anteriormente, por lo que me trasladé en compañía de los funcionarios Inspector Jefe Marcos GIL e Inspector Omar SERNA, a bordo de un vehículo particular, hacia el municipio Baruta, urbanización Valle Arriba, específicamente a las adyacencias de la embajada norteamericana, con la finalidad de ubicar, identificar plenamente aprehender a la persona en cuestión. Una vez en el lugar fuimos atendidos por el personal de seguridad de la Embajada, a quienes luego de identificarnos como funcionarios pertenecientes a este Despacho, nos indicaron que efectivamente en ese momento el ciudadano Juan José CABANILLA BETANCOURT, venía saliendo de las instalaciones luego de que su requerimiento fuera negado, por lo que con las medidas de seguridad del caso procedimos a abordar a dicho ciudadano a quien luego de identificarnos plenamente como funcionarios adscritos a esta División y manifestarle el motivo de su nuestra presencia, amparados en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, se le efectuó una revisión corporal, no encontrando ningún evidencia de interés criminalístico, manifestando el mismos ser y llamarse: CABANILLA BETANCOIRT Juan José, de nacionalidad ecuatoriana y venezolana (Adquirida), natural de Guayaquil- Ecuador, fecha de nacimiento 11-09-72, de 42 años de edad, de estado civil soltero, hijo de Doctores BETANCOURT (F) y de José Cruz CABANIILLA (F) de oficio comerciante, laborando actualmente por cuenta propia, residenciado en el Municipio Libertador, sector La Pastora, esquina de Amadores, casa sin número, al lado de un establecimiento de ventas de tortas, teléfono 0414-929-84-08, titular de la cédula de identidad V-23.527.347, y además dijo no tener inconveniente alguno en acompañarnos a la sede de esta oficina, ya que efectivamente tiene conocimiento del hecho que investigan las autoridades mexicanas, razón por la cual basados en el requerimiento internacional antes mencionado le fue informando sobre sus derechos constitucionales previstos en el artículo 49° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus derechos procesales previstos en todos y cada uno de los ordinales del artículo 127° del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo al momento de efectuar el traslado a esta sede, el ciudadano indicó que muy cerca de allí (Lugar de la Aprehensión) se encontraba aparcado en la vía pública un vehículo de su propiedad marca CHEVROLET, modelo OPTRA, color AZUL, año 2007, placa GCY-26R, serial de carrocería 9GAJM52347B069621, motivo por el cual nos trasladamos en compañía del aprehendido (Quien portaba la llave del automotor) al lugar donde se encontraba el vehículo y amparados en el artículo 193° del Código Orgánico Procesal Penal, se le efectuó una minuciosa revisión no localizándose evidencia alguna de interés criminalístico, el cual al momento de ser verificado ante el Sistema de Investigación e Información Policial obtuvimos como resultado que no registra, optando por trasladarlo a la sede de este Despacho, a fin de dar continuidad a las actuaciones. Una vez en esta sede se le informó a la superioridad de lo acontecido, quienes ordenaron que dicho ciudadano y el vehículos en cuestión fueran puestos a la orden a de la oficina de Flagrancia del Ministerio Público, dejando constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión a través de la presente acta policial. Igualmente se le permitió comunicarse con una persona de su entera confianza de nombre MERY MENDOZA (suegra), a través del número telefónico 04268475343, a quien manifestó de su situación actual. Asimismo se deja constancia que se estableció comunicación telefónica a través del número 04265113522 con la Dra. Genny Rodríguez, Coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, quien indicó que dicha persona sea trasladada el día de mañana 17-10-2014, a la sede del Palacio de Justicia, conjuntamente con las actuaciones, con la finalidad de ser presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Control correspondiente....
Observando esta juzgadora que nos encontramos ante la Institución de la Extradición contenida en el artículo 386 de la Ley Adjetiva Penal lo cual establece lo siguiente: Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el poder ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es remitir en su totalidad las actuaciones que conforman el presente expediente en la causa seguida en contra del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, al máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela y así se decide .
El 22 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió las actuaciones a esta Sala de Casación Penal.
El 13 de noviembre de 2014, fueron recibidas dichas actuaciones y en la misma fecha se dio cuenta en Sala de Casación Penal.
El 21 de noviembre de 2014, la Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal, libró oficio N° 847, dirigido a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, a los fines de emitir opinión fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 21 de noviembre de 2014, la Secretaria de la Sala de Casación Penal, libró oficio N° 848, dirigido al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Ingeniero Juan Carlos Dugarte, solicitándole información sobre del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, respecto a el prontuario que registra el mencionado ciudadano: número de pasaporte, el país de origen, los movimientos migratorios, el tipo de visa, y la orden de cedulación del serial V-23.527.347. Asimismo si contra el mencionado ciudadano cursa algún procedimiento administrativo de los contemplados en la Ley de Extranjería y Migración..
DE LOS HECHOS
Según consta en la Notificación Roja Internacional N° A-8137/10-2014, de fecha 16 de octubre de 2014, publicada a solicitud de Interpol, el ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT es requerido por los Estados Unidos Mexicanos, por los siguientes hechos:
Exposición de los Hechos: Estado de México (México): El 4 de septiembre de 2013 JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, POSEYÓ UNA TARJETA BANCARIA DE MASTERCARD DEL BANCO AZTECA, SIN CAUSA LEGÍTIMA Y SIN CONSENTIMIENTO DE QUIEN TENÍA DERECHO SOBRE DICHA TARJETA, ÉL CON SU CÓMPLICE ADRIAN CELESTINO PÁEZ HERNÁNDEZ, OBTUVIERON UN BENEFICIO DE UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS DE MANERA ILEGAL .
EL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA
La Sala Penal pasa a decidir sobre la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT de nacionalidad Ecuatoriana y Venezolana (adquirida) y titular de la cédula de identidad número V-23.527.347, por encontrarse requerido por la División de Investigaciones INTERPOL de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Notificación Roja, con fundamento en las consideraciones siguientes:
El Código Orgánico Procesal Penal, regula el procedimiento de Extradición Pasiva, en los términos siguientes:
Extradición Pasiva
Artículo 386:
Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Medida Cautelar
Artículo 387:
Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.
Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.
El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.
El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.
Libertad del Aprehendido
Artículo 388:
Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación ( ).
En relación al procedimiento de extradición pasiva, esta Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 113, de fecha 13 de abril de 2012, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas (criterio reiterado en sentencia N° 006, de fecha 16 de enero de 2014, con ponencia de la Magistrada Doctora Yanina Beatriz Karabín de Díaz y N° 192, de fecha 17 de junio de 2014, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas), estableció lo siguiente:
( ) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria ( )
En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.
En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención ( )
El Juzgado en Función de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición ( ) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.
Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos ( ) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.
En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación ( )
La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal ( )
Aunado a todo lo anterior, debe agregarse que, ante el supuesto de que el gobierno extranjero, por cualquier vía (solicitud de detención preventiva con fines de extradición, o solicitud formal de extradición) requiera a la República Bolivariana de Venezuela, la extradición de una persona de nacionalidad venezolana, la Sala, procesará dicha petición conforme a lo dispuesto anteriormente (dependiendo del supuesto que se trate).
De acuerdo a las normas legales transcritas y del criterio sostenido en las sentencias precedentemente citadas, el trámite del procedimiento de extradición pasiva se inicia cuando un gobierno extranjero solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la extradición de un ciudadano que se encuentra en territorio venezolano y que cometió un delito en el país requirente, por lo que, una vez que el solicitado haya sido aprehendido por los órganos policiales de nuestro país, deberán informar inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público a los fines de presentar al ciudadano ante el órgano judicial correspondiente, es decir, ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal, donde se practicó la detención, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión. Posteriormente, dicho órgano judicial, celebrará la audiencia y ordenará la remisión de las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Una vez recibidas las actuaciones en la Sala de Casación Penal, se notificará a la representación diplomática del país requirente -a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores- la detención de la persona solicitada y se procederá a fijar el término perentorio de sesenta (60) días, para que el país requirente consigne la documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición.
En el presente caso, consta Notificación Roja, identificada con el número de control A-8137/10-2014, emitida por las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 16 de octubre de 2014, contra el ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOUR, de nacionalidad Ecuatoriana y Venezolana (adquirida) en la cual se deja constancia de lo siguiente:
DATOS JURÍDICOS
Exposición de los Hechos: Estado de México (México): El 4 de septiembre de 2013 JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, POSEYÓ UNA TARJETA BANCARIA DE MASTERCARD DEL BANCO AZTECA, SIN CAUSA LEGÍTIMA Y SIN CONSENTIMIENTO DE QUIEN TENÍA DERECHO SOBRE DICHA TARJETA, ÉL CON SU CÓMPLICE ADRIAN CELESTINO PÁEZ HERNÁNDEZ, OBTUVIERON UN BENEFICIO DE UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS DE MANERA ILEGAL
Datos complementarios sobre el caso: No precisado.
Cómplices: No precisado
PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL
ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1
Calificación del delito: FALSIFICACIÓN.
Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito: PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 112 BIS FRACCIÓN II Y 112 TER AMBOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
Pena máxima aplicable: 09 años de privación de libertad.
Prescripción o fecha de caducidad de la orden de detención: No precisado.
Orden de detención o resolución judicial equivalente: N° 16/2013, expedida el 4 de septiembre de 2013 por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de México (México)
Firmante: FRANCISCO JAVIER MAYA GONZÁLEZ.
¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? No
3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA
LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN.
El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja da garantía de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.
DETENCIÓN PREVENTIVA.
Para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja, esta debe considerarse como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes .
Como consecuencia de la mencionada Notificación Roja, el ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOUR, fue detenido por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de INTERPOL Caracas, siendo notificado dicho procedimiento al Ministerio Público y presentado por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien ordenó la remisión de las actuaciones del presente proceso de extradición pasiva a este Máximo Tribunal, en Sala de Casación Penal, a los fines de determinar la procedencia o no de la extradición del citado ciudadano.
En este sentido, verificado como ha sido del presente procedimiento, que no consta la solicitud formal de extradición, ni la documentación necesaria por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, siendo estos requisitos indispensables para decidir sobre la procedencia o no de la extradición, pues sólo se evidencia del presente expediente, solicitud de detención preventiva con fines de extradición, del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOUR, a través de Notificación Roja, expedida por la INTERPOL del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo que se procede en el presente caso a notificar al país requirente sobre la detención de la ciudadana requerida.
En relación al valor de la Alerta Roja Internacional, es oportuno destacar que el mismo es utilizado como un instrumento o mecanismo en el plano internacional para solicitar la detención preventiva de una persona con miras a su extradición, el cual está sustentado en una orden de detención o sentencia judicial de condena dictada por las autoridades judiciales del país interesado. La connotación legal en materia de extradición de dicho instrumento, ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia N° 299 de fecha 19 de julio de 2011, en los términos siguientes:
La Organización Internacional de Policía Internacional (INTERPOL), presta servicios y coadyuva en el logro de los fines perseguidos por la extradición. Una de sus funciones más importantes consiste en ayudar a las fuerzas policiales de los ciento ochenta y seis (186) países miembros, a intercambiar información policial esencial utilizando el sistema de notificaciones de la Organización.
Así, la notificación roja (alerta roja), se utiliza para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se sustentan en una orden de detención o resolución judicial, es decir, no puede existir la alerta roja sin que previamente se expida una orden de detención o una resolución judicial por parte del Estado requirente.
El fundamento jurídico de este tipo de notificaciones, es la orden de detención o la sentencia judicial dictada por las autoridades judiciales del país interesado.
Así encontramos, que muchos de los países miembros, consideran que la notificación roja de INTERPOL equivale a una detención preventiva válida, y en varios convenios bilaterales y multilaterales de extradición, como por ejemplo, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, del 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, el Convenio de Extradición de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el Tratado Modelo de las Naciones Unidas sobre la Extradición, reconocen a INTERPOL como un conducto oficial para trasmitir solicitudes de detención preventiva . (Resaltado de ese fallo).
De acuerdo a las consideraciones precedentes, en el sistema penal venezolano, la aprehensión de una persona solicitada por un país extranjero, con fines de extradición, a través de requerimientos hechos de manera genérica por las Policías Internacionales, en principio, sólo puede producirse si existe un Alerta o Difusión Roja Internacional, ello en virtud de que la misma está revestida en la legislación procesal penal venezolana de una presunción iuris tantum de legalidad y validez, indistintamente de lo que a posteriori pueda decidirse respecto a la procedencia o no de la correspondiente solicitud de extradición pasiva, una vez verificados los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico.
En virtud de lo anterior y del contenido del expediente que cursa ante la Sala, se observa que es necesario realizar la notificación al país requirente, fijando el término perentorio de sesenta (60) días, así como la indicación del requerimiento de todos los recaudos judiciales indispensables, a fin de que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, formalmente manifieste si persiste su interés en la extradición del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT y, en caso afirmativo, presente la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, todo ello, en aras de garantizar el derecho constitucional del debido proceso penal que posee todo justiciable.
Sobre la base de las observaciones anteriores, esta Sala estima que lo procedente y ajustado a Derecho es NOTIFICAR al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos, que deberá computarse a partir de la fecha de su notificación, que tiene para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo dejarse constancia que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, conforme a lo establecido en el artículo 388 eiusdem. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República por Autoridad de la Ley, ACUERDA NOTIFICAR al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos, que tiene (luego de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano JUAN JOSÉ CABANILLA BETANCOURT, conforme a lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo especificarse que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano conforme a lo establecido en el artículo 388 eiusdem.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 16 días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
Deyanira Nieves Bastidas
El Magistrado Vicepresidente, El Magistrado,
Héctor Coronado Flores Paúl José Aponte Rueda
La Magistrada, La Magistrada Ponente,
Yanina Beatriz Karabin de Díaz Úrsula María Mujica Colmenarez
La Secretaria,
Gladys Hernández González
UMMC/hnq.
Ext. Exp. N° 14-0451
El Magistrado Doctor PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA no suscribió la sentencia por motivo justificado.
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