Venley

Sentencia N.º 456

Sentencia
N.º 456
Fecha
16/11/2000
Sala
Casación Social
Expediente
00-298
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de Casación


 


SALA DE CASACION SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.-

 

               En el juicio por cobro de prestaciones sociales iniciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, por los ciudadanos JUAN FRANCISCO CHÁVEZ, BLAS GUAIGUA, ARNALDO JOSÉ VÁSQUEZ, JOSÉ IZTÚRIZ, PEDRO JOSÉ SANDOVAL, HÉCTOR ARIA, PEDRO SANOJA CASTRO, WILLIANS HERNÁNDEZ, RAFAEL TESARE, JOSÉ VOLCÁN, ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ, CIPRIANO ESQUEDA, PEDRO PABLO GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO GONZÁLEZ, EVELIO CAPRILES, EULOGIO MORENO, JUAN CELESTINO PERALES Y JOSÉ DE JESÚS ROJAS PIÑANGO, representados judicialmente por los abogados Nimel Urquía Eduarte y Luis González Reyes, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO RAFAEL URDANETA DEL ESTADO MIRANDA, representada por el abogado Héctor Honorio Hernández Medina, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, conociendo en reenvío, en fecha 22 de mayo de 2000, dictó sentencia definitiva en la cual declaró sin lugar la demanda, ratificando la decisión apelada.

 

               Contra esta decisión de alzada, anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

               Recibido el expediente se dio cuenta en Sala en fecha 14 de junio de 2000, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, con base en las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

- I -

 

               De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la falta de aplicación de las normas del contrato colectivo.

 

               El formalizante expresa su denuncia de la siguiente manera:

 

“A tenor de lo establecido en el ordinal segundo del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, dando cumplimiento a esta disposición legal, y por estar en lapso legal para formalizar el presente recurso de Casación, lo ejercemos por haber en la sentencia del tribunal Superior y en la Primera Instancia, antes identificadas, incursión en la función jurisdiccional del juez en errores de juzgamiento, lo que en doctrina se conoce como “error in procedendo”, quebrantamiento a que se refiere el artículo 313 en su ordinal primero del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los hechos que se evidencian en el expediente que seguidamente analizamos:

 

Cursa al folio ciento quince (115) de la segunda pieza de este expediente, en la parte narrativa de la sentencia recurrida, segundo aparte y siguiente, que textualmente expresa:

 

‘Observa esta Alzada que no se debe confundir los efectos del depósito ante la Inspectoría del Trabajo del contrato Colectivo, con el carácter de documento público que pretende darle el apoderado actor.

 

Establece el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo que el Contrato Colectivo para que tenga validez debe ser depositado en la respectiva Inspectoría del trabajo y a partir de la fecha y hora sede su depósito surtirá todos los efectos legales.

 

Por ello, hasta tanto no sea depositado ante la autoridad administrativa, ese acuerdo de voluntades entre las partes, no tiene validez ni produce sus efectos. Lo que le da el carácter de Ley entre las partes es precisamente su depósito ante la respectiva autoridad. De allí que es sumamente importante establecer el día y la hora del deposito, porque es a partir de ese momento en que pueden exigir sus beneficios.

 

Ahora bien, el contrato colectivo, así celebrado es un documento de obligatorio cumplimiento entre las partes...’

 

Se observa cierta inconsistencia entre la narrativa de la sentencia y la dispositiva, por cuanto la sentenciadora, tal como manifiesta en el texto copiado de la sentencia, hace observaciones en cuanto a la obligatoriedad del depósito del contrato colectivo ante la Inspectoría del trabajo para que éste sea de obligatorio cumplimiento entre las partes, sigue señalando que ‘Lo que le da el carácter de Ley entre las partes es precisamente su depósito ante la respectiva autoridad.’

 

Se observa en el contrato colectivo producido en fecha 01-03-1.999, que fue hecho el debido depósito por ante la autoridad competente, por ende, a los trabajadores demandantes se les debió reconocer todos los beneficios estipulados en las cláusulas socio económicas contenidas en el Contrato Colectivo, porque así como se expresa en la sentencia recurrida ‘Es ley entre las partes’ por haberse cumplido con la formalidad del depósito.

 

Es aquí donde nace la inconsistencia, por cuanto en la narrativa se hace alusión de las formalidades para que un contrato colectivo sea ‘Ley entre las partes’ y luego, se desconoce la aplicación del contrato colectivo producido y opuesto, siendo que se cumplieron con las formalidades para su validez y exigibilidad, en consecuencia, deben ser aplicadas en su justa medida y a favor de nuestros representados las normas del contrato colectivo señalado, el cual fuera suscrito por la accionada en su carácter de patrono”.

 

 

               La Sala observa:

          Los formalizantes transcriben la sentencia recurrida y expresan que hay una inconsistencia entre la narrativa y la dispositiva.

 

               Dada la carencia de técnica casacionista demostrada por los apoderados judiciales del accionante, debe esta Sala en búsqueda de una formalización coherente y ajustada a las normas del sistema procesal vigente, dejar claro la manera en que se debe formalizar el recurso de casación por infracción de ley, siguiendo la doctrina jurisprudencial ratificada por este alto Tribunal. Así tenemos que el recurrente debe encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el referido ordinal es la que se pretende denunciar, a saber, errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; expresar las razones que demuestran la existencia de la infracción; indicar las normas que debieron aplicarse y no se hizo y, por último las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

 

          Los formalizantes no cumplieron con la debida técnica de la denuncia lo que impide a la Sala entrar a conocer de la misma. Así se decide.

 

          En consecuencia, se desecha esta denuncia.

 

- II -

 

               De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 4º del artículo 243 del mismo Código, se denuncia la infracción del artículo 12 y 509 eiusdem, por silencio de pruebas.

 

               El formalizante fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

 

“Existen en las sentencias recurridas la presencia de ‘error in procedendo’, ó error de forma de la sentencia, por violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 243, ordinal cuarto y el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse tanto en la sentencia del tribunal de Primera Instancia como en la del Superior, lo denominado en doctrina ‘Silencio de Pruebas’ por lo siguiente:

 

El Juez debió decidir conforme a lo solicitado y sólo sobre eso, y al fallar debió hacerlo conforme a los hechos alegados y a los elementos de convicción que se produjeron en el juicio. En este orden de actividad, el Juez debió en su sentencia considerar los hechos probados en el proceso.

 

Se observa que la parte accionada, la Alcaldía Rafael Urdaneta, Cúa, Estado Miranda, no asistió por medio de su representante legal al acto de contestación de la demanda, en consecuencia y en virtud del privilegio que tiene el municipio cuando es demandado, a tenor de lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Municipio goza de los mismos privilegios y prerrogativas que la contradicha la demanda en todas y cada una de sus partes pero, también es cierto, que el Síndico Procurador Municipal en representación del Municipio, no impugnó, ni desconoció, ni tachó documento alguno, producido por la parte actora junto con el libelo de la demanda, en consecuencia, y con fundamento a lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, se tienen por reconocidos, por ende, tienen todo su valor probatorio, tanto las planillas de liquidación de los trabajadores, tal como lo expresa la sentencia del A quo, cursante al folio cuarenta y nueve de la segunda pieza del expediente, como también fueron reconocidas las cartas de despido entregadas a los trabajadores y agregadas al expediente junto con el libelo de la demanda, lo que implica que se reconocen a nuestros demandados como ex-trabajadores de la Alcaldía accionada, durante las fechas de inicio y culminación indicadas en las planillas de liquidación convalidadas, pero también es cierto que debió reconocerse la aplicación en todas sus partes del Contrato Colectivo que regía durante la vigencia de la relación laboral de cada trabajador, convención colectiva del Trabajo que fue celebrada entre la Alcaldía del Municipio Autónomo Urdaneta y el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus similares y conexos del Estado Miranda, Contrato Colectivo depositado ante la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy en fecha 15 de Mayo de 1.995, por los ciudadanos Jesús María Rangel, en ese entonces en su carácter de Alcalde del Municipio Autónomo Urdaneta del Estado Miranda, el ciudadano Rafael Carreño, en su carácter de Síndico Procurador, entre otros, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo, y por ende, plenamente en vigencia para el momento del despido de los Trabajadores que representamos, contrato del cual se consignó copia certificada antes del acto de informes de Primera Instancia, hecho ajustado a lo dispuesto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil; además, ya en el libelo de la demanda se hace fundamentación del petitorio en varias de las cláusulas del Contrato Colectivo, ó Convención Colectiva, como más modernamente se le denomina, cláusulas que en el libelo de la demanda se especifican claramente.

Estimamos que existe en ambas sentencias error en actividad de los jueces que vician a la sentencia de nulidad por incurrir en lo que en doctrina se denomina ‘Silencio de Pruebas’, por cuanto, a pesar de que en el libelo de la demanda se fundamentara el petitorio en varios de los artículos de la descrita Convención Colectiva, y consignáramos en copia certificada el Contrato Colectivo ya identificado, el cual se encontraba vigente para la fecha en que fueron despedidos los Trabajadores que representamos, que fue considerado por el A Quo, menos aún por el Superior, más cuando se fundamentan varios de los puntos del petitum de la demanda en varias de sus cláusulas y se trajo al proceso en tiempo oportuno, habiéndose con ello violado lo establecido en los artículos 243, ordinal cuarto del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 509 y 12 ejusdem, así como con la doctrina de este máximo tribunal, siendo una de ellas la decisión de fecha 28 de Abril de 1.993, (Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao). Este hecho hace ver incursa la sentencia recurrida en lo estipulado en el artículo 313, ordinal segundo de la Ley adjetiva vigente.

En  este orden de ideas, observamos que dentro  de la clasificación de los documentos que ha imperado en nuestra legislación, hemos tenido siempre la certeza de que existen dos tipos de documentos, 1º Los Documentos Públicos y 2º Los Documentos Privados ...”.

 

               La Sala observa:

 

               Los formalizantes denuncian silencio de prueba lo cual constituye un error de actividad reglado por la Ley. La omisión del análisis de una prueba es una subversión procedimental que afecta la motivación del fallo y por ende debe ser denunciado el vicio de silencio de prueba bajo un recurso por defecto de actividad fundamentado en el ordinal 1º artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

               Los formalizantes encuadran erradamente la denuncia de silencio de pruebas al fundamentarla en base al ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no cumpliendo con la debida técnica lo que le impide a esta Sala entrar a conocer de la misma. Así se decide.

 

               En consecuencia, se desecha esta denuncia.

 

               Las deficiencias técnicas contentivas en el escrito de formalización, conducen a la Sala a declarar sin lugar el presente recurso de casación. Así se decide

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

               En uso de la facultad que le confiere a la Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se casa de oficio el fallo recurrido, con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encuentra, aunque no se las haya denunciado. En el caso concreto se observa lo siguiente:

 

               A pesar de que las denuncias no cumplen con las exigencias de la debida técnica, esta Sala pasa a resolverlo en virtud de los principios constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantizan la realización de la justicia, controlando y evitando las formalidades no esenciales en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

               Esta Sala constata, como en efecto lo hace, que el día 15 de mayo de 1995 fue presentado el Contrato de Convención Colectiva de Trabajo celebrado entre la Alcaldía del Municipio Autónomo Urdaneta y el Sindicato Regional de Empleados y Obreros de la Industria de la Construcción, sus Similares y Conexos del Estado Miranda, ante la Inspectoría del Trabajo.

 

               El artículo 521 de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

 

“La convención colectiva será depositada en la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción para tener plena validez. La convención colectiva celebrada por una federación o confederación será depositada en la Inspectoría Nacional del Trabajo. A partir de la fecha y hora de su depósito surtirá todos los efectos legales”.

 

               Tal como lo señala el artículo transcrito, el Contrato Colectivo fue presentado el día 15 de mayo de 1995 a las 11:40 a.m., por lo que a partir de esa fecha y hora tenía plena validez y su contenido, efectos legales.

 

               Al respecto, el Tribunal de Alzada expresa:

 

“Por ello, hasta tanto no sea depositado ante la autoridad administrativa, ese acuerdo de voluntades entre las partes, no tienen validez ni produce sus efectos. Lo que le da el carácter de Ley entre las partes es precisamente su depósito ante la respectiva autoridad. De allí que es sumamente importante establecer el día y la hora del depósito, porque es a partir de ese momento en que se puede exigir sus beneficios”.

 

 

               El sentenciador de Alzada incurre en infracción de ley al manifestarse una clara disparidad entre lo que decide y lo que establece la norma legal. Por tanto, esta Sala, apoyada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la noción de orden público y en la irrenunciabilidad de las disposiciones y normas que favorezcan a los trabajadores, declara de oficio, infringidos los artículos 60 y 521 de la Ley Orgánica del Trabajo por falta de aplicación.

 

D E C I S I Ó N

 

               Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la parte actora y de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, CASA DE OFICIO el fallo recurrido de fecha 22 de mayo de 2000, decreta su nulidad y ordena al Juez Superior competente dictar en este proceso nueva sentencia, en la cual aplicará correctamente los artículos 60 y 521 de la Ley Orgánica del Trabajo y como consecuencia, el Contrato Colectivo, el cual tiene plena validez y efectos legales.

 

               No hay condenatoria en costas.

 

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis   (16) días  del  mes de   noviembre de dos mil. Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

              

 

El Vicepresidente,

 

 

___________________________

    JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                                                Magistrado,

 

 

___________________________

                                             ALBERTO MARTINI URDANETA

 

 

La Secretaria,

 

 

___________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

R.C. 00-298.

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