Venley

Sentencia N.º 458

Sentencia
N.º 458
Fecha
16/11/2000
Sala
Casación Social
Expediente
00-320
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de Casación


 


SALA DE CASACION SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

En el juicio por prestaciones sociales seguido por el ciudadano OTILIO GÓMEZ CABRICES, representado judicialmente por los abogados Roger Elí Gutiérrez, Jesús Caballero Ortiz, Yamil Mohamet, Juan Torres Sequera y Maria Adelina de la Torre Osuna, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES INVERPIRA, representada judicialmente por los abogados Ramón Aguilera Volcán, Germán García, Enrique Aguilera Volcán, Enrique Aguilera Ocando y Liliana Salazar, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 25 de abril de 2000, mediante la cual  “PRIMERO declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, el 18 de mayo de 1999; SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano OTILIO GÓMEZ CABRICES contra la empresa INVERSIONES INVERPIRA...”.   

Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso de casación, según consta en diligencia de fecha 05 de junio de 2000, el cual una vez admitido, fue oportunamente formalizado. En fecha 18 de septiembre de 2000, el representante judicial de la parte demandada presentó escrito de contestación a la formalización. No hubo réplica.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta oportunamente del asunto y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo. Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia no sin antes establecer lo siguiente:

        

PUNTO PREVIO

        

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1999, se aprobaron una serie de principios que tienen como objetivo garantizar a los ciudadanos una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, todo lo cual se encuentra en los artículos que de seguida se transcriben:

 

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, indepen­diente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

 

Artículo 257:”El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procésales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral, y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

 

 

 

Como se aprecia, el recién aprobado texto constitucional, establece que el proceso es el medio utilizado para hacer efectiva la justicia, donde no debe verse a éste, como un conjunto de actividades que van en defensa de un fin particular, sino como aquél que tiene como objetivo ir en procura de salvaguardar los intereses de la colectividad como institución fundamental de la sociedad, por lo que éste, en ningún caso debe, ni puede estar supeditado a formalismos que subordinan la justicia al proceso, menoscabando los intereses del colectivo.

 

Tal ha sido el criterio sostenido por esta Sala de Casación Social al establecer en sentencia de fecha 15 de mayo de 2000, lo que de seguida se transcribe:

 

“Es criterio de esta Sala que con vista de las disposiciones de la nueva Constitución, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta, no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, no hace imposible su eventual ejecución o no viola el derecho de las partes a una justa resolución de la controversia.

 

En ese orden de ideas, la decisión de la Sala deberá considerar en forma previa el fundamento de lo decidido por la alzada, para determinar si las denuncias que se formulan son capaces de alterarlo, o si impiden por omisión de pronunciamiento o de fundamentos, el control de la legalidad; y antes de declarar la nulidad del fallo por defectos en su forma intrínseca, será necesario examinar si el mismo, a pesar de la deficiencia, alcanzó su fin, el cual no es otro que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes”. (Cursivas de la Sala)

 

 

En tal sentido, esta Sala de Casación Social con base en el principio fundamental de equidad y justicia establecido en nuestra Carta Magna, pasa a decidir el presente caso.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Ú N I C O

 

El recurrente en su escrito de formalización denuncia “el Vicio de Defecto de Actividad de la Recurrida por Silencio de Pruebas sobre la base de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y por infracción del ordinal 4° del artículo 243 ejusdem, en concordancia con los artículos 12 y 509 ibidem” y fundamenta la referida denuncia en los siguientes términos:

 

“En cuanto a la primera denuncia formulada, de Defecto de Actividad por Silencio de Prueba, cabe señalar lo siguiente: es principio fundamental en nuestro proceso que el Juez debe resolver de acuerdo con lo alegado y probado en autos (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil), no importa que las pruebas no resulten idóneas para ofrecer elementos de convicción sobre los hechos alegados por las partes, debiendo expresar el Juez cuál es su criterio respecto de ello (artículo 509 Código de Procedimiento Civil). En el caso de autos, el Juez de la Recurrida no analizó, ni juzgó las pruebas testimoniales producidas, ni expresó su criterio personal respecto de ellas, tal como lo ordena el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ni apreció las declaraciones hábiles y contestes de los ciudadanos Isbelia Falcón, Javier Pérez Duque y Cecilio Pérez en cuanto a que la camioneta Ford, Blanca, Placas 325-XJU, asignada al recurrente Cabrices era utilizada por éste para su uso personal, que en ella transportaba a su familia y que guardaba la misma en el estacionamiento del edificio donde viví y la utilizaba como propia (... omisis...) si el Juez hubiese valorado estas pruebas hubiese podido interpretar correctamente el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo al considerar que la asignación del vehículo para uso particular a Cabrices constituya una prestación valorable en dinero e integrante del salario del recurrente que debía agregarse al salario base devengado por el trabajador y aceptado por la empresa para el pago de sus prestaciones y beneficios de Ley.     

 

La Sala, para decidir, observa:

 

Antes de proceder con el análisis para determinar si el vicio denunciado es procedente o no, es importante ratificar el hecho de que esta Sala, con el objeto de hacer valer los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya explanados en el punto previo, y dada su naturaleza propia, siempre actuará ceñida conforme a los principios de equidad y justicia.

 

En tal sentido y para dar fundamentación al presente fallo pasa esta Sala de Casación Social a establecer lo siguiente:

 

Humberto Cuenca, en su obra “Curso de Casación Civil” , indica  que      “la motivación es un conjunto metódico y organizado que comprende los alegatos de hecho y de derecho expuestos por las partes, su análisis a la luz de las pruebas y de los preceptos legales y el criterio del Juez sobre el núcleo de la controversia...”. 

 

Tal y como se desprende del concepto supra transcrito, uno de los fundamentos que sustenta la motivación, como así lo establece el referido autor, es el análisis por parte de los jueces  de los alegatos de hecho y de derecho ... a la luz de las pruebas, lo que nos conlleva de manera indefectible a determinar que éstos, además de tener el deber de apreciar dichos alegatos, tienen la impretermitible obligación de examinar cuantas pruebas se hayan aportado a los autos, dando de esta manera cumplimiento a lo preceptuado en el  artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

 

“Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas”.

 

 

Ese ha sido el criterio establecido por la Sala de Casación Social, que sujetándose a la doctrina y a la jurisprudencia imperante respecto al Silencio de Pruebas ha establecido:

 

“Los Jueces tienen que examinar todas las pruebas aportadas a los autos para valorarlas y de esta manera, evitar el quebrantamiento del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil e incurrir en el vicio de inmotivación de su fallo por silencio de pruebas.” (Sentencia del 24 de mayo de 2000)

 

 

De igual forma, en sentencia de fecha 22 de marzo del mismo año, indicó:

 

“...un silencio absoluto de pruebas e incluso un análisis parcial del material probatorio, produce una sentencia carente de motivos, contrariando el mandato del artículo 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil que señala que el Juez debe expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Así la jurisprudencia reiterada de este máximo Tribunal ha señalado al respecto que el análisis parcial o incompleto de prueba y el silencio absoluto o relativo de la misma constituye falta de motivación de la recurrida, denunciable por defecto de actividad.

 

Por tanto, es deber de los jueces el análisis del material probatorio ya sea para apreciarlo o desecharlo, por cuanto la disposición legal citada supra constriñe a hacer un análisis de todo el material probatorio cursante en autos, aunque éstas sean inocuas, improcedentes o impertinentes.”

 

 

Así mismo, en sentencia de fecha 15 de marzo de 2000, estableció:

 

“La omisión en que se incurre en el debido análisis de las pruebas, afecta la constitución de una de las premisas del silogismo judicial, al punto que éste se ve deformado, pudiendo llegarse a conclusiones indeseadas o erradas, por estar desajustadas con la realidad o con la legalidad. La construcción de la premisa menor del silogismo judicial la realiza el Juez con base a las pruebas y demostraciones de los hechos alegados por las partes.”

 

Y continúa,

 

“En tal sentido, la motivación se erige como una garantía contra la actitud arbitraria del juzgador, pues al obligársele a exponer sus motivos o fundamentos, se instruye un mecanismo que permite conocer la construcción del fallo, asegurándose así, que éste sea el resultado de un juicio lógico acomodado a los hechos y al derecho que se encuentran en el debate”.

 

 

 

Así pues, del detenido estudio de la recurrida se aprecia una absoluta omisión por parte del sentenciador superior sobre el análisis y valoración que debió hacer en cuanto a las testimoniales promovidas por la demandante, la cuales corren insertas en los folios  del 101 al 104; del 120 al 123 y del 124 al 126 y que en ningún momento fueron apreciadas, ni mucho menos mencionadas por el ad quem en el fallo recurrido.

 

Es por los motivos antes expuestos que esta Sala de Casación Social debe declarar procedente la denuncia formulada, por cuanto las pruebas indicadas por el formalizante, las cuales fueron promovidas y evacuadas por la demandada en la oportunidad correspondiente, fueron silenciadas por la recurrida. Así se declara. 

 

Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se abstiene de conocer las restantes denuncias formuladas en el escrito de formalización, por haber encontrado procedente la denuncia por defecto de actividad contemplada en el ordinal 1º del artículo 313 del mismo Código.

 

D E C I S I Ó N

 

En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por el demandante y, en consecuencia, se declara nula la sentencia emanada del Juzgado Superior  Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por consiguiente, se repone la causa al estado de que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia subsanando el vicio referido.

 

Publíquese  y regístrese. Bájese se el expediente al Tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a  los   dieciséis  (16)  días  del  mes de noviembre de dos mil. Año 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

                  

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

______________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

 

____________________________

      JUAN RAFAEL PERDOMO

                                         

                                              Magistrado,

 

 

____________________________

                                              ALBERTO MARTINI URDANETA

                                                                    

 

La Secretaria,

 

 

_____________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

R.C. N° 00-320

 

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