Venley

Sentencia N.º 4586

Sentencia
N.º 4586
Fecha
13/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2362
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Mediante oficio signado bajo el número el 371-04 del 25 de agosto de 2004, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la decisión que dictara el 19 de agosto del mismo año, mediante la cual declaró improcedente in limine litis, una acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Moisés Cabrera y Gellet Silva, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.363 y 60.303, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, titular de la cédula de identidad número 1.497.968, contra actuaciones del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal.

            El 26 de agosto de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

            El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del Magistrado que antecede, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter suscribe la presente decisión.

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO PROPUESTA

            De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, se desprende:

            El 6 de abril de 1993, el extinto Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público condenó al ciudadano Simón Ramos Farías a cumplir la pena de siete (7) años de prisión por la comisión del delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos continuado, previsto y sancionado en el ordinal 2 del artículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda y del Patrimonio Público, hoy derogada.

            El 9 de marzo de 2004, el ciudadano Simón Ramos Farías, otorgó ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, poder especial a los abogados Moisés Cabrera, Gellet Silva y Django Luis Gamboa Hernández, para que lo representen y defiendan en la causa seguida ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a quien le fuere asignada el conocimiento de la condenatoria decretada en su contra.

            El 25 de mayo de 2004, los apoderados judiciales del ciudadano Simón Ramos Farías consignaron ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, copia del poder otorgado, la cual        –a decir de los abogados- no le fue recibida por el tribunal antes indicado.

            El 10 de agosto de 2004, los apoderados judiciales del ciudadano Simón Ramos Farías, ejercieron ante la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra el Juzgado de Ejecución, sobre la base de los siguientes argumentos:

            Que “hasta la fecha de la presentación de la presente Acción de Amparo Constitucional, el referido Tribunal de Ejecución se ha negado ha tomarnos (les) la aceptación del cargo, a pesar de que, en el poder judicial presentado, nuestro (su) poderdante expresamente REVOCÓ A SUS DEFENSORES ANTERIORES, lo cual lo deja en un estado de indefensión jurídica en la fase de ejecución de sentencia por demás violatoria de las normas Constitucionales y Legales que consagran el derecho a la defensa en todo estado y grado de la investigación y del proceso” (Negrillas del escrito).

            Que “la sentencia condenatoria a SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN, recaída sobre el ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, es de fecha 06 de abril de 1993, por lo que la misma, según las reglas para la prescripción de la pena establecida en el numeral primero del artículo 112 del Código Penal Venezolano, prescribió el día 6 de octubre de 2003. Esta extinción de la pena por prescripción ha debido ser declarada aun de oficio por el Juzgado de Ejecución, sin embargo, hasta la fecha han transcurrido nueve (9) meses y aun no ha sido decretada, lo que constituye una flagrante violación al Debido Proceso, que debe regir toda actuación Judicial o Administrativa, según Nuestra Carta Magna”.

            Que la falta de decreto de prescripción de la pena “además de constituir una flagrante violación al debido proceso que como establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, regula toda actuación judicial o administrativa, en cierta manera indefinida, en abierta y flagrante violación a lo consagrado en el ordinal 3 del artículo 44” ejusdem.

            En razón de lo anterior, solicitaron el restablecimiento de la situación jurídica infringida en razón de que se les tome la aceptación del cargo de defensores del ciudadano Simón Ramos Farías, y que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre la vigencia de la pena impuesta.

El 19 de agosto de 2004, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta; decisión contra la cual los apoderados judiciales del accionante ejercieron, el 22 de agosto de 2004, recurso de apelación, que fue remitido para su conocimiento a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

El 19 de agosto de 2004, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo ejercida, basándose en los siguientes argumentos:

Señaló la Corte de Apelaciones, que “de la revisión de las actuaciones pertinentes, se evidencia de manera clara que no ha existido por parte de estos, solicitud alguna que requiera de un pronunciamiento o actuación por parte del órgano jurisdiccional. Así se advierte lo siguiente: 1) Que los accionantes no han solicitado formalmente ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, providencia judicial alguna. 2) Que, conforme ellos refieren en su escrito, las comunicaciones e informaciones que han obtenido han sido verbales de cuyas afirmaciones no promovieron prueba. 3) Que refieren que no han tenido acceso a las actas, para lo cual no promovieron prueba alguna”.

Adujo el juez constitucional, que “no hubo alguna petición que requiriera respuesta por parte del Juez Séptimo de Ejecución ...(omissis), pues el accionante aquí en amparo, se limitó a consignar el poder que le fuere otorgado por el ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, y dentro de su escrito consignando tal documento, hace una mención al artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, pero no define que pretende con tal alusión ...(omissis). Por lo que no utilizó el accionante la vía ordinaria adecuada para obtener su pretensión, cual era solicitar formalmente al Juez de Instancia, se le tomara juramento de ley, vista la disposición del ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, de que ejercieran su defensa a partir de ese momento. Y ante tal petición, hubiere surgido para el Juez la obligación de pronunciarse sobre el particular” (Mayúsculas del escrito).

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

            Alegaron los apoderados judiciales del recurrente como fundamento de su apelación, que si se revisa el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal “se puede observar que el mismo se emplea para consignar el nombramiento de Defensor a los efectos de que el tribunal le tome la aceptación del cargo al abogado designado y el juramento de cumplir con las obligaciones inherentes al mismo ...(omissis). Además ...(omissis) la negativa a tomarnos la aceptación del cargo en el Juzgado Séptimo de Ejecución no era por supuestamente no se hubiese hecho tal solicitud, sino porque a criterio del Juez el ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, no estaba a derecho”.

            Denunció que la Corte de Apelaciones no hizo ningún pronunciamiento en cuanto a la prescripción de la pena impuesta al accionante, motivo por el cual solicitaron la nulidad de la decisión recurrida “por haber sido dictada en franca inobservancia de los principios de oralidad y publicidad”, se les reconozca como defensores del ciudadano Simón Ramos Farías, y finalmente se revise la vigencia de la pena impuesta al accionante.     

IV

DE LA COMPETENCIA

En principio corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, en tal sentido, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando esta corresponda a los Juzgados Superiores (excepto los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos), las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, el Tribunal competente para conocer las apelaciones de esos fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones de los fallos de primera instancia de amparo, conforme a la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 2 febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).

En consecuencia, al haber sido dictada la sentencia apelada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, y así se declara.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

En el presente caso, se plantea una acción de amparo contra la actuación del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que a decir de los apoderados judiciales del accionante, no los juramentó como defensores del imputado y, a su vez, no se pronunció de oficio en torno a la prescripción de la pena impuesta al ciudadano Simón Ramos Farías en sentencia del 6 de abril de 1993.

En tal sentido, pudo observar la Sala que no existe en el expediente contentivo de la causa, auto alguno que demuestre la negativa por parte del tribunal de la causa de juramentar a los abogados representantes del imputado, por el contrario, sólo consta de actas la consignación que hiciere uno de los tres abogados designados, ciudadano Moisés Cabrera, del poder especial otorgado por el ciudadano Simón Ramos Farías, ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, sin aceptación expresa del cargo por su parte ni de los dos abogados restantes, que sería en todo caso, el paso previo para proceder a la juramentación de los abogados Moisés Cabrera, Gellet Silva y Django Luis Gamboa Hernández, tal como lo expone el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es decir, que la sola consignación del documento suscrito únicamente por el poderdante y el Cónsul, resulta insuficiente para que el Tribunal accionado de por entendido la aceptación de los abogados designados y proceda a su juramentación.

            De allí que al no existir aceptación expresa de los cargos por parte de los apoderados judiciales, no puede generarse un acto, hecho u omisión por parte del tribunal accionado que pueda ser denunciado como lesivo a la parte accionante, más aun cuando se denota de actas que el imputado pretende que se decrete la prescripción de una sentencia condenatoria dictada en un juicio en ausencia, en el cual el imputado rechazó el derecho que tiene de hallarse presente en el proceso, consagrado en el artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual se relaciona con el derecho a un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, en cuanto a la declaratoria de oficio de la prescripción de la pena impuesta al ciudadano Simón Ramos Farías, la Sala, por orden público constitucional, considera pertinente señalar que, la llamada prescripción de la pena se produce cuando en la fase de ejecución de la condena, el imputado no cumpliere efectivamente la misma, y a este respecto el Código Penal de 1964, aplicable al momento de condenatoria del penado y hasta la solicitud de la acción de amparo constitucional, establecía en su artículo 112, numeral 1 que las penas de presidio, prisión y arresto prescribían por un tiempo igual al que haya de cumplirse, más la mitad del mismo.

En este sentido, al ser condenado el accionante el 6 de abril de 1993, a la pena de siete (7) años de prisión por el delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos continuados, previsto y sancionado en el ordinal 2 del artículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda y del Patrimonio Público, también derogada, resulta evidente que, hasta la presente fecha en el caso objeto de la tutela constitucional incoada, la misma pudo haberse extinguido (Ver sentencia n° 1.118/2001 del 25.06, recaída en el caso: Rafael Alcántara Van Nathan), motivo por el cual, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia advierte a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que, dado que la prescripción es materia de orden público, su revisión y declaratoria debe ser previa a cualquier pronunciamiento, por lo que no se podía, ignorar en el presente caso, que la pena impuesta al ciudadano Simón Ramos Farías, pareciere encontrarse ya extinguida, salvo que el accionante, imputado en la causa principal, la haya interrumpido lo cual debe ser objeto de análisis por parte del tribunal de ejecución. Así se decide.

En razón de las anteriores consideraciones esta Sala estima, que el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debe ser declarado parcialmente con lugar, y, en consecuencia, declara parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones arriba señalada, y ordena al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, revisar la procedencia de la prescripción de la pena impuesta al ciudadano Simón Ramos Farías. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

1)      PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida.

2)      REVOCA la decisión dictada el 19 de agosto de 2004 por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

3)      PARCIALMENTE CON LUGAR el amparo propuesto por el ciudadano SIMÓN RAMOS FARÍAS, contra actuaciones del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

4)      ORDENA al Juzgado de Primera Instancia accionado, analizar la procedencia de la prescripción de la pena impuesta al accionante.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 13 días del mes de DICIEM de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta

 

LUISA ESTELLA MORALES

                                                          El Vicepresidente

 

                                       JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                        Magistrado  

 

                                                    

                                                       LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

Magistrado

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                                   Magistrado

       

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Magistrado Ponente

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                Magistrada

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.04-2362

MTDP/

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