Sentencia N.º 459
- Sentencia
- N.º 459
- Fecha
- 24/09/2009
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C09-293
- Ponente
- Deyanira Nieves Bastidas
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.
El 27 de noviembre de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, estableció los hechos siguientes: En fecha 24-02-2008, siendo aproximadamente las 12:15 de la madrugada, los ciudadanos EUFEMIANO JOSÉ RIVAS GARCÍA, MARÍA ALEJANDRA LUJAN LÓPEZ y CARRASCO SALINAS SEBASTIÁN (víctima), caminaban por la Avenida Alberto Carnevali, frente al Centro Comercial La Hechicera, Mérida, Estado Mérida, específicamente por el canal en sentido descendente; el último de los nombrados se separa un poco del grupo y se adelanta dos (02) ó tres (03) metros por lo que, al pasar frente al Conjunto Residencial La Hechicera se encontró con el ciudadano JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO (acusado); se observa de la declaración del ciudadano Eufemiano Rivas García lo siguiente: Yo estaba con María Alejandra a una distancia de dos (02) o tres (03) metros de donde estaba Sebastián .
Seguidamente, al tropezarse los ciudadanos Julio Alberto Urdaneta Guerrero -acusado- y Carrasco Salinas Sebastián, se produce entre ambos un breve intercambio de palabras: Fue un cruce de palabras, que duró como dos segundos, no hubo tiempo para evitar (Declaración del testigo Eufemiano Rivas García); que ocasionó que el último de los nombrados le diera una bofetada en la cara; ellos hablaron, no sé que hablaron, Sebastián le dio una cachetada, cuando ví que Sebastián cayó al suelo tambaleando . (Declaración del testigo Eufemiano Rivas García); por el contrario, el acusado le respondió -sorpresivamente- utilizando en contra de la humanidad (tórax derecho) de la víctima un arma blanca tipo cuchillo, de 15,5 centímetros de largo, por 2,5 centímetros de ancho; produciéndole una herida punzocortopenetrante de diecisiete (17) centímetros de profundidad que le seccionó el callado aórtico y el pulmón derecho, produciéndole un schock hipovolémico de 4000 c.c que no le dio posibilidad alguna de salvarse. Ante ello, el homicida tras manifestar a los jóvenes que trasladaran al herido a un hospital, huyó de la escena del crimen.
En otro orden, el funcionario Sargento Segundo ALBERTO BECERRA CONTRERAS, adscrito a la Policía del Estado Mérida, se encontraba en labores de patrullaje por la Avenida Las Américas de esta ciudad de Mérida, cuando recibió llamada vía radio de la Central de Comunicaciones 171 IMPRADEM; donde informaron que se trasladara a la Avenida Alberto Carnevali, específicamente frente al Centro Comercial La Hechicera por el canal bajando, que presuntamente se encontraba un ciudadano herido por arma blanca; al llegar al sitio del suceso, logró visualizar el cadáver del ciudadano que en vida respondiera al nombre de CARRASCO SALINAS SEBASTIÁN, procediendo a indagar sobre los hechos ocurridos, logrando entrevistarse con dos (02) ciudadanos de nombre EUFEMIANO JOSÉ RIVAS GARCÍA y MARÍA ALEJANDRA LUJAN LOPEZ (testigos presenciales) quienes le manifestaron lo sucedido atribuyéndole la responsabilidad al ciudadano Julio Alberto Urdaneta Guerrero e indicándole al gendarme policial el lugar de residencia del referido ciudadano.
Acto seguido, el funcionario policial se dirigió hasta el interior de las Residencias La Hechicera, específicamente hasta la Torre 6, Edificio B, apartamento 3, donde fue atendido por la ciudadana CECILIA FERNÁNDEZ DE URDANETA; quien manifestó ser la madre de crianza del acusado; en ese sentido, de la declaración de la referida ciudadana se observa lo siguiente:
no sé cuanto tiempo pasó, y cuando supe llegó la policía y había un muchacho herido
.
La ciudadana CECILIA FERNÁNDEZ DE URDANETA, al escuchar del funcionario policial que su hijo estaba presuntamente implicado en la comisión de un hecho punible (Homicidio), le manifestó que de su teléfono celular se podía comunicar con él, procediendo a establecer una conversación en la que el acusado señaló el sitio en el que se encontraba escondido y que estaba dispuesto a entregarse; por lo que de inmediato el funcionario policial en compañía de la madre del acusado se trasladaron hasta la Loma Bella Vista, cerca de la Posada Alílente donde se encontraba el acusado, quien accedió a entregarse en forma voluntaria, siendo aprehendido por la autoridad policial; se desprende de la declaración de la tantas veces referida ciudadana CECILIA FERNÁNDEZ DE URDANETA, lo siguiente: ...Yo fui con el sargento Becerra al sitio a buscarlo, yo fui al sitio a buscarlo porque él tenía miedo, él nos fue indicando donde estaba .
Prosiguiendo, luego de la aprehensión del acusado se le hizo del conocimiento de sus derechos que le asisten y de la causa de su detención, siendo traslado hasta el sitio del hecho, donde le señaló al funcionario policial la ubicación exacta del arma blanca que utilizó para terminar con la vida del ciudadano CARRASCO SALINAS SEBASTIÁN; siendo hallada frente al cuarto donde se encuentran los transformadores de electricidad del Conjunto Residencial La Hechicera, ubicándose a mano izquierda específicamente en las áreas verdes. La referida arma blanca, que presentaba manchas de color pardo rojizo de naturaleza hemática y del grupo sanguíneo O -el mismo de la víctima- fue colectada y embalada por el funcionario CARLOS MORENO adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; al respecto, se desprende de su declaración lo siguiente: también ingresamos a la parte interna de almacenamiento de electricidad, donde del lado izquierdo, se observó un arma blanca con sustancia hemática, la cual fue colectada y embalada ( )
Se debe precisar, que tanto el Ministerio Fiscal como la representación de la víctima, pudieron probar la conducta típicamente antijurídica desplegada por el acusado JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO, quien sin piedad alguna y con toda la intención de quitarle la vida al ciudadano CARRASCO SALINAS SEBASTIÁN, le causó una (01) herida con un arma blanca tipo cuchillo que no le dio posibilidad alguna de salvarse; mientras que el agresor nunca llegó a estar amenazado por la víctima, quien se encontraba totalmente desarmada y de haber querido lesionarlo, sencillamente, lo habría golpeado, o en el peor de los casos, le habría cortado en un brazo o en una pierna para proceder a inmovilizarlo, sin embargo, con plena conciencia, optó por la decisión más grave, radical y dañina que pudo haber tomado, conducta dolosa que lo obliga a responder penalmente .
Por esos hechos y en la fecha antes señalada, el mencionado Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, a cargo del ciudadano juez Antonio Arquímedes Esser Alvarado, CONDENÓ al ciudadano acusado JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO, venezolano, portador de la cédula de identidad Nº 20.281.172, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN, como autor del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO (por motivos fútiles e innobles), tipificado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Sebastián Carrasco Salinas.
El 8 de diciembre de 2008, los ciudadanos abogados Noel Rodríguez Yánez, Leonardo Terán Sulbarán y José Luis Quintero, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nros. 16.980, 82.808 y 105.303, respectivamente, defensores del ciudadano acusado JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO, ejercieron recurso de apelación contra el fallo anterior.
El 29 de abril de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, integrada por los ciudadanos jueces Ernesto Castillo, Ada Caicedo (ponente) y David Cestari, dictó los siguientes pronunciamientos: 1.- Declara parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la defensa del ciudadano JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO.
2.- En razón de que resultaría inoficioso ordenar la repetición del juicio oral y público, puesto que el resultado previsible del mismo, sería la condenatoria del acusado de autos, procede de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, a efectuar la rectifica (sic) la calificación dada al hecho, siendo entonces encuadrado el mismo en el tipo de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto en el artículo 405 del Código Penal venezolano, que establece una pena de presidio de DOCE A DIECIOCHO AÑOS.
3.- Determina que la pena a imponer al ciudadano JULIO ALBERTO URDANETA GUERRERO, será la pena del artículo 405 del Código Penal, tomada en su extremo inferior es decir de DOCE AÑOS DE PRESIDIO, por haber quedado acreditado en autos, la existencia de la atenuante contemplada en el numeral 3 del artículo 74 del Código Penal, siendo en definitiva la pena que deberá cumplir el ciudadano JULIO AÑBERTO URDANETA GUERRERO de DOCE AÑOS DE PRESIDIO .
Notificadas las partes de la anterior decisión, el ciudadano abogado Albio Lubín Maldonado, apoderado judicial de la parte acusadora y víctima ciudadana Norys Elena Salinas Cuevas, interpuso recurso de casación.
Vencido el lapso establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que el representante del Ministerio Público actuante en la controversia, ni la defensa, dieran contestación al recurso de casación interpuesto, la referida Corte de Apelaciones, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.
El 29 de julio de 2009, ingresó el expediente y se dio cuenta en Sala de Casación Penal, correspondiendo la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
PRIMERA DENUNCIA
El recurrente denunció: falta de aplicación de los artículos 173 y 364 del Código Orgánico Procesal Penal por cuanto la recurrida, no expresó de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales adoptó el fallo, incurriendo en FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, motivación esta que, es de orden público y el requisito fundamental que deben a todo evento contener las sentencias contenidas (sic) por los Tribunales de la República, como lo es la determinación precisa y circunstancia (sic) de los hechos que el tribunal estimó acreditados, vale decir, en los numerales 2 y 3 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, normas que inequívocamente fueron infringidas tanto por la decisión del por (sic) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, quienes sin el mas mínimo análisis modificó en su decisión la Calificación Jurídica que atribuyó el Tribunal de Juicio a los hechos históricos reconstruidos en sede judicial.
Considera la representación de la víctima por extensión y parte acusadora que el Tribunal de alzada debió expresar en forma clara y precisa cuál es el hecho o hechos que el Tribunal de Juicio estima probados y cuáles no, las consideraciones de hecho y de derecho dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en donde se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por esta Defensa (sic), incurre en una violación de ley, por falta de motivación, para ello, es menester que previamente cite; los FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA del Tribunal Tercero de Juicio los fundamentos de la parte apelante y LOS PRONUNCIAMIENTOS POR LA CORTE DE APELACIONES y que estimó como SUFICIENTES para modificar el fallo .
Para fundamentar su alegato, transcribió la sentencia del Juzgado de Juicio y el fallo de la Corte de Apelaciones y luego expuso: A todas luces y a todo evento podemos evidenciar de lo anterior una marcada falta de motivación y una reiterada limitación en los elementos de prueba y de convicción no motiva porque no analiza ni valora las declaraciones de los testigos, la decisión del Tribunal de alzada es irrisoria y no explicó el porqué en sana lógica cambia la calificación jurídica ni porqué consideró seria y objetivamente, porqué el motivo de la muerte de SEBASTIÁN CARRASCO SALINAS no fue precedido por un hecho fútil sino por el contrario contaminó y vició de inmotivación su pronunciamiento cuando pretendió analizar, pero si motivar, el ampliamente motivado fallo del Tribunal Tercero de Juicio y hace afirmaciones que no quedaron acreditadas ni probadas en el debate oral, ni explana razones de hecho y/o de derecho que la lleven a concluir en tales afirmaciones, incurriendo en el vicio de en la (sic) motivación de la sentencia, cuyo vicio produce la nulidad de la decisión impugnada.
Ciudadanos Magistrados, como se puede apreciar que la sentencia aquí recurrida no contiene un lógico y coherente aparato argumentativo en sustento de cada uno de los puntos de la controversia objeto de decisión. De manera tal, que la certeza procesal, no se encuentra sostenida por una adecuada motivación que sea válida y no establece cuáles elementos constituyen prueba para cada uno de los imputados de autos (sic) observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, y las máximas de experiencia, con criterio racional, que en su conjunto exigen que la sentencia se motive expresamente el razonamiento por el sentenciador para obtener su convencimiento y la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones (sic) avaló dicho proceder .
Luego hizo referencia a criterios doctrinarios y jurisprudenciales sobre motivación y concluyó: Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa (sic) denuncia en el presente recurso la violación de la Ley por falta de aplicación de los artículos 173 y 364 por las inmotivaciones expresadas por la Corte de Apelaciones, ya que no sólo no revisó ni apreció en su exacta dimensión las circunstancias que rodearon el presente asunto sino que por el contrario los tuerce y manipula dándole una interpretación errónea a los hechos y consecuencialmente, una calificación jurídica igualmente errónea con lo cual incurre en errónea aplicación de derecho y en consecuencia, la Corte de Apelaciones incurrió en una falta de motivación por indebida aplicación de la norma jurídica sabiamente establecida en los artículos 460 y 462 del Código Orgánico Procesal Penal .
La Sala para decidir, observa:
En la presente denuncia del recurso de casación, el impugnante aduce como norma violentada, entre otras, el artículo y 364 numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar que el fallo impugnado está inmotivado.
Respecto a la violación del artículo 364 numeral 3, del referido texto adjetivo penal por parte de la Corte de Apelaciones, la Sala de Casación Penal, ha dicho de manera reiterada que: la infracción del numeral 3 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, por inmotivación, no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud de que ésta no determina de manera precisa y circunstanciada los hechos; por el contrario, es el sentenciador de primera instancia, quien de acuerdo al principio de oralidad e inmediación, presencia el debate y establece los hechos (Sentencia Nº 3, del 15 de enero de 2008).
De igual forma, la Sala ha declarado de manera pacífica y reiterada que: el recurrente denunció la violación del artículo 364 (numerales 2 y 3) del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los requisitos de la sentencia (la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio y la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estimó acreditados). Tales motivos no pueden ser vulnerados por la alzada, ya que a la misma no le corresponde establecer o acreditar hechos, por cuanto ello es propio del Tribunal de Juicio (Sentencia Nº 313, del 1º de julio de 2008).
No obstante lo anterior, la Sala admite la presente denuncia, por cuanto del fundamento de la misma se infiere que señala el vicio de inmotivación, que constituye de acuerdo a jurisprudencia pacífica y reiterada la infracción de los artículos 173, 364 numeral 4 y 441, todos del señalado Código Procesal Venezolano.
De conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala ADMITE la primera denuncia del recurso de casación planteado y CONVOCA a las partes a una audiencia oral y pública, la cual ha de celebrarse en un lapso no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días. Así se declara.
SEGUNDA DENUNCIA
El recurrente denunció: falta de aplicación del artículo 173 y 22 eiusdem, del fallo de la Sala Accidental (sic) de la Corte de Apelaciones del estado Miranda (sic), por cuanto adolece de motivación (sic) .
Para fundamentar su denuncia, transcribió un extracto del fallo recurrido y luego alegó: Se aprecia de la anterior transcripción de la decisión recurrida, que el razonamiento efectuado por la Corte de Apelaciones resulta ilógico, el argumento de la BOFETADA aunque desproporcionada que fija en alguna forma justificante de la agresión conlleva a un absurdo de interpretación y errónea aplicación del derecho mas aun, apartándose de la realidad de lo realmente probado y demostrado en el juicio oral y público .
Acto seguido, hizo referencia a la declaración rendida en el juicio por la testigo Luján López María Alejandra y continuó alegando: Lo que se obtuvo fue que hubo un empujón entre ambos Cuestión que anula el argumento de la agresión por parte del ofendido por el hecho y que justificare en alguna forma la reacción de violenta (sic) de apuñalarle. Esta afirmación no es valorada por LA CORTE DE APELACIONES y por el contrario afirma equívocamente que quedó demostrado que la bofetada fue el motivo desencadenante de la respuesta del agresor y que no sería un motivo fútil sino mas bien justificante, luego no explana las razones de hecho y/o derecho que la lleven a concluir en tales afirmaciones, incurriendo en el vicio en la motivación de la sentencia, que conlleva a la nulidad de la decisión impugnada, por lo que solicitamos se declarada (sic) con lugar la presente apelación (sic) a los fines de que se realice un nuevo juicio oral y público.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa (sic) denuncia las afirmaciones expresadas por la Sala de Apelaciones, ya que no valoró ni apreció en su exacta dimensión todos los hechos y circunstancias que rodearon el presente asunto y en consecuencia considera que la Corte de Apelaciones incurrió en una falta de motivación por indebida aplicación de la norma jurídica sabiamente establecida en los artículos 460 y 462 del Código Orgánico Procesal vigente (sic), por los razonamientos antes expuestos por esta representación se solicita formalmente de esa Honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declare CON LUGAR LA SOLICITUD ANTES PLANTEADA y se DECRETE EN CONSECUENCIA LA NULIDAD DE LA SENTENCIA y con lo que lo procedente es que sea prenunciado (sic) un nuevo fallo .
La Sala para decidir, observa:
El recurrente alegó en su denuncia, entre otras disposiciones legales, la infracción del artículo 22, del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar que el fallo impugnado está inmotivado.
Sobre el particular, la Sala de Casación Penal, ha establecido que la infracción del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal: sólo puede imputársele al Juez de Juicio, al cual corresponde, en base al principio de inmediación y a las normas relativas a la apreciación de las pruebas, el establecimiento de los hechos (Sentencia Nº 14, del 15 de enero de 2008). De igual forma, la Sala ha dispuesto al respecto que: este dispositivo sólo puede ser infringido por las Cortes de Apelaciones, cuando se hayan promovido pruebas distintas a las debatidas por el Tribunal de Juicio y hayan sido valoradas por los tribunales de segunda instancia (Sentencia Nº 73, del 12 de febrero de 2008).
En segundo término, el recurrente adujo que la inmotivación denunciada se debió a que el fallo recurrido: no valoró ni apreció en su exacta dimensión todos los hechos y circunstancias que rodearon el presente asunto .
Respecto a ese alegato, la Sala de Casación Penal ha establecido de manera categórica que: por imperativo de su falta de inmediación respecto a la prueba debatida en el juicio oral, la Corte de Apelaciones no puede valorar las pruebas fijadas en el juicio de primera instancia con criterios propios ni establecer los hechos del proceso por su cuenta (Sentencia Nº 454, del 3 de noviembre de 2006). De igual forma, la Sala ha reiterado que: al Tribunal de Alzada no le corresponde apreciar las pruebas ni establecer hechos, pues esta función es exclusiva del Juez de Juicio en virtud del principio de inmediación (Sentencia Nº 469, del 14 de noviembre de 2006).
De lo anterior se colige que no pueden atribuirse a la sentencia recurrida los presuntos vicios alegados, ya que las Cortes de Apelaciones tienen límites legales en cuanto al análisis de las pruebas y el establecimiento de los hechos.
En tercer lugar, cabe agregar que, el recurrente alega la violación de normas procesales relativas a vicios de inmotivación, para lo cual se dedicó a realizar un análisis personal de algunas pruebas practicadas en el juicio público, a expresar cuáles son los hechos que en su criterio, pueden derivarse de ellas, pero concluye cuestionando la calificación jurídica dada a los hechos. De ello se desprende que la denuncia resulta incongruente al no guardar correspondencia, ya que se mezclan aspectos sustantivos y procesales de la sentencia, expuestos en una sola fundamentación, lo que hace imposible entender cuál es su verdadera pretensión, no pudiendo la Sala suplir la actuación propia del recurrente.
En último término, cabe resaltar que el recurrente tampoco expresó de qué manera los vicios denunciados influyen decisivamente en el dispositivo del fallo, es decir, no acreditó si dichos vicios pueden ser capaces de modificar el resultado del proceso. La Sala, en relación a la significación e influencia que pueda tener un vicio, ha dispuesto que: debe expresar, para la cabal fundamentación de la denuncia, la significación e influencia de la falta que se le atribuye al fallo, pues, debe recordarse no es dable censurar en casación vicios que no tengan repercusión en el resultado del proceso (Sentencia Nº 177, 2 de mayo de 2006).
En consecuencia, la Sala de Casación Penal DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la parte acusadora y víctima ciudadana Norys Elena Salinas Cuevas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, al no estar llenos los extremos legales necesarios establecidos en el artículo 462, eiusdem. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, ADMITE la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la parte acusadora y víctima ciudadana Norys Elena Salinas Cuevas y CONVOCA a las partes a una AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Se DESESTIMA por manifiestamente infundada la segunda denuncia del mencionado recurso.
Publíquese, regístrese y convóquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2009. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Magistrado Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
La Magistrada Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
Ponente
Los Magistrados,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DNB/eams
RC09-293.
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