Venley

Sentencia N.º 4594

Sentencia
N.º 4594
Fecha
13/12/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-1643
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante Oficio No. 447 del 9 de junio de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ VALERA, asistido por la abogada Yummi Coromoto Sánchez Mantilla, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 53.221, contra la decisión dictada el 23 de abril de 2004, por el Tribunal de Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en la causa que se le sigue al hoy accionante, por la comisión del delito de porte ilícito de arma blanca, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal.

Dicha remisión obedeció a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 18 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García.

El 30 de noviembre de 2004, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó la Ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 26 de julio de 2005, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió a esta Sala Constitucional, comunicación del accionante mediante la cual manifestó –dentro del lapso de 30 días otorgado- su interés de que se emita pronunciamiento con respecto a la presente acción de amparo, ello en atención a la sentencia No. 1307, dictada el 22 de junio de 2005, por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual eliminó la consulta.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 23 de abril de 2004, el Fiscal Auxiliar Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, presentó al ciudadano José Gregorio Díaz Valera, ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en virtud de haber sido aprehendido por funcionarios adscritos a la Dirección de Seguridad de la Gobernación del Estado Táchira, portando un arma blanca. En la audiencia de presentación, el Juez de Control, acordó calificar la flagrancia, proseguir el proceso por los trámites del procedimiento abreviado, otorga medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad y declaró sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto al sobreseimiento de la causa.

El 18 de mayo de 2004, el hoy accionante, por intermedio de su representante, la abogada Yummy Coromoto Sánchez Mantilla, intentó, ante el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, acción de amparo constitucional contra la referida decisión del Tribunal Primero de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, alegando que no hubo pronunciamiento sobre la ilicitud en la obtención de las pruebas. En esa misma oportunidad, el mencionado Tribunal de Juicio, se declaró incompetente para conocer de la presente acción de amparo, y la remitió a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

El 27 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, declaró inadmisible la acción de amparo propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 9 de junio de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió la causa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 26 de julio de 2005, como se señaló, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió a esta Sala Constitucional, comunicación del accionante mediante la cual manifestó –dentro del lapso de 30 días otorgado- su interés de que se emita pronunciamiento con respecto a la presente acción de amparo.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Señaló el accionante, en su escrito, que la decisión emanada del Tribunal Primero de Control, en su criterio, lesionó sus derechos constitucionales al debido proceso, al de petición y, en tal sentido, alegó:

Que el hecho lesivo es la decisión dictada el 23 de abril de 2004, por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la audiencia de presentación del imputado José Gregorio Díaz Valera, respecto a la falta de pronunciamiento en relación con uno de los pedimentos de la defensa.

Que en dicha audiencia, solicitó el accionante, “…de manera escrita junto con la solicitud fiscal de presentación del aprehendido, la ilicitud de la prueba aportada por la Fiscalía, y solicité de manera verbal en la audiencia se pronunciara sobre la violación del artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, en la supuesta obtención de la prueba…”. No obstante, con respecto a dicha solicitud no hubo pronunciamiento.

Por último, solicitó se declarase nula el fallo accionado y todos los actos posteriores, y se dictara nueva decisión, en la cual se emitiera pronunciamiento en relación con la ilicitud de la prueba aportada por la Fiscalía.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

El fallo objeto de la presente consulta, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Yummy Coromoto Sánchez Mantilla, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Que la acción de amparo fue interpuesta ante la omisión de pronunciamiento por parte del Juez Primero de Control, sobre la supuesta violación del artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, en la obtención de la prueba, al considerar un objeto como arma blanca de porte ilícito, sin haber practicado experticia alguna.

Que lo alegado, se traduce en un supuesto motivo de impugnación de la decisión accionada, que puede dilucidarse a través del recurso ordinario de apelación.

Que el accionante, no manifestó los motivos por los cuales decidió hacer uso de la acción de amparo y no del recurso de apelación.

Que la vía extraordinaria escogida por el accionante para impugnar la decisión, no es la más viable, ya que debió hacerlo a través de la interposición del recurso de apelación, que es, en este caso, la idónea para garantizar la tutela judicial efectiva.

Que sólo cuando no se obtenga respuesta a través de las vías ordinarias, o haya dilación procesal indebida, pueden los interesados acudir a la vía del amparo; y que, admitir lo contrario, comportaría una subversión del proceso y la desaparición de las vías establecidas por el legislador.

En virtud de lo expuesto, declaró inadmisible la acción de amparo de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala establecer su competencia para conocer en consulta de la decisión dictada el 27 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que declaró inadmisible la acción de amparo ejercida.

A tal efecto, se observa que si bien es cierto que mediante decisión N° 1307/2005, esta Sala declaró que la consulta obligatoria a que hace referencia el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales fue derogada, tampoco es menos cierto que el comentado fallo, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y la confianza legítima, prohibió aplicar el precedente en él contenido hasta que transcurriera treinta días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, y dar oportunidad de que las partes, en ese período, manifestaran su interés en la consulta.

Al ser ello así, visto que la representación del accionante manifestó su interés en la presente consulta, el 26 de julio de 2005 dentro del lapso establecido en el fallo N° 1307/2005 que fue publicado el 1 de julio de 2005, en la Gaceta Oficial N° 38.220, y visto que la sentencia ha sido dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, esta Sala se declara competente para conocer en consulta de la indicada decisión, atendiendo a los criterios competenciales contenidos en los fallos dictados en los casos: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000.  Así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la consulta sometida a su conocimiento, previo el análisis de las siguientes consideraciones:

A juicio del accionante, el acto presuntamente lesivo lo constituye la omisión de pronunciamiento del Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en el acto de la audiencia de su presentación como imputado, respecto a una de las solicitudes que formuló, concretamente la de la ilicitud en la obtención de la prueba.

Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.

Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido” (Sent. del Tribunal Constitucional Español N° 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.

Así las cosas, la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita.

En el caso de autos, evidencia la Sala, de la lectura de las actuaciones cursantes en el expediente, que la defensa del imputado en el acto de la referida audiencia de presentación del imputado, solicitó: “…a la ciudadana Juez el sobreseimiento de la presente causa,…en caso de negativa de la solicitud planteada, solicit(ó) a la Juez se sirva ordenar una medida sustitutiva…además solicit(ó) se pronuncie sobre la violación del artículo 205 por ser ilícita la prueba presentada por el Ministerio Público…”.

Se aprecia asimismo que, cumplidas las formalidades de ley, tal como consta en el acta levantada al efecto, el Tribunal Primero de Control dictó el siguiente pronunciamiento:

“PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA… SEGUNDO: Se ordena la prosecución del proceso por los trámites del procedimiento abreviado…TERCERO: OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado…CUARTO: Se declara sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto al decreto de Sobreseimiento…”.

Siendo ello así, la actuación del juzgado presuntamente agraviante, no encuadra dentro de los supuestos de la falta de oportuna respuesta –silencio absoluto- tutelada constitucionalmente, por cuanto éste sí emitió el pronunciamiento respectivo pero al obviar, uno de los pedimentos, afectó la motivación de su fallo por haberlo dictado de manera incongruente por omisión, y por tanto, la decisión que dictó era susceptible de ser impugnada. Impugnación que necesariamente nace, no sólo en lo que adversó al accionante, sino además en  la circunstancia de la falta de respuesta en relación con todo lo pedido, lo cual en suma es lo que genera el gravamen motivador de la impugnación.

De allí, que reitere esta Sala la doctrina asentada en sentencia N° 1668 del  (caso Pedro Jesús Carvajal Landazabal), al señalar lo siguiente

“…Como se aprecia, en el presente caso, se cuestionó por vía de amparo constitucional -básicamente- la conducta omisiva del juez.

Ahora bien, respecto de las omisiones de los órganos jurisdiccionales, la Sala ha establecido, que es posible accionar en vía de amparo contra las mismas, siempre y cuando se esté ‘…ante situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional’.

El retardo de los órganos jurisdiccionales en emitir un pronunciamiento no puede ser considerado, en sí mismo, como una causal para la procedencia de la acción de amparo constitucional, pues, debe determinarse que a través de la omisión, abstención o retardo en decidir, se ha producido la violación de derechos de rango constitucional.

Para que una actuación judicial sea lesiva de derechos y garantías constitucionales, deben existir actos u omisiones concretas emanados del órgano jurisdiccional que limiten o impidan el ejercicio de los medios de defensa procesales pertinentes, en el marco de un proceso en el cual se ventilen pretensiones que afecten o puedan afectar derechos e intereses legítimos”. (resaltado del fallo)

En el presente caso, la Sala verificó que, la falta de pronunciamiento respeto una de las solicitudes -que se identificó como lesiva de derechos constitucionales-, no constituye una conducta omisiva del órgano jurisdiccional, ya que –dicha omisión- se encuentra dentro de una decisión, susceptible de ser impugnada directamente ante la Corte de Apelaciones, en cuanto a lo que le es adverso, como por las solicitudes que no tienen pronunciamiento expreso. Por tanto, la defensa del imputado, disponía de la vía judicial idónea para contener la pretensión de amparo (restablecimiento de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados), cual es, el recurso apelación contra la decisión que por la falta de respuesta en cuanto a la ilicitud o no de la prueba, causa gravamen irreparable, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte, aprecia la Sala que la parte accionante no justificó en forma alguna el uso de la acción de amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación.

Ahora bien, la Sala observa que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:

“No se admitirá la acción de amparo:

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.”

Respecto del artículo supra parcialmente transcrito, esta Sala en sentencia n° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A.), señaló que:

“la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no  ejerció previamente.

(...)

 Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado “amparo sobrevenido”, sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar”. (Subrayado del fallo).

Del fallo referido se colige que la demanda de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra la decisión que fue dictada o, caso de la existencia de éste, la imposibilidad de su ejercicio útil o su agotamiento inútil, tal como lo ha exigido e interpretado la Sala en su sentencia Nº 939 del 9 de agosto de 2000 (Caso: Stefan Mar, C.A.), en la que sostuvo “...la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria... no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía –amparo- ya que de lo contrario se estaría atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador”.

En razón de lo expuesto, estima esta Sala que dicha situación se subsume en el supuesto normativo contenido en el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por lo cual, la presente acción de amparo constitucional resultaba a todas luces inadmisible, en virtud de que el accionante, disponía de recursos ordinarios que no ejerció previamente, en razón de lo anterior, se confirma el fallo consultado en los términos expuestos. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, CONFIRMA en los términos expuestos, la sentencia objeto de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, el 10 de agosto de 2005, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo incoada por la abogada Yummy Coromoto Sánchez Mantilla, defensora del ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ VALERA, contra la decisión dictada el 23 de abril de 2004, por el Tribunal Primero de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada,  firmada  y  sellada,  en  el  Salón  de  Audiencias  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en Sala Constitucional, en Caracas, a los  13 días del mes de  diciembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado

 

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

Magistrado

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Magistrado

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Magistrado-Ponente

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Magistrada

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

EXP. 04-1643

MTDP

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