SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Consta en autos que, mediante Oficio No. 529-03, del 1 de octubre de 2003, la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, informó a esta Sala Constitucional, acerca de la decisión dictada por dicho órgano jurisdiccional en la señalada fecha, en la cual desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en lo que respecta al trámite por procedimiento abreviado contemplado en dicho artículo en el juicio seguido al ciudadano JESÚS ALEXIS RAFESCA BECERRA por la presunta comisión del delito de violencia psicológica, previsto en el artículo 34 de la laudida Ley.
El contenido del señalado fallo fue informado a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de lo establecido en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 6 de octubre de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.
El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó la Ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 22 de mayo de 2002, el Juzgado Vigésimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó la calificación en flagrancia en el procedimiento seguido contra el ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra, por la presunta comisión del delito de violencia psicológica.
El 25 de junio de 2003, la Fiscalía Primera del Ministerio Público de ese Circuito Judicial Penal decretó el archivo fiscal de las actuaciones.
El 14 de agosto de 2003, el Juzgado Vigésimo Segundo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó la nulidad de la decisión dictada por la Fiscalía Primera del Ministerio Público y ordenó fijar nueva oportunidad para el acto del jucio oral.
Posteriormente, la defensa del imputado apeló de la anterior decisión, apelación que fue admitida el 25 de septiembre de 2003, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 447 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 1 de octubre de 2003, la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, desaplicó por control difuso el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Decretó la nulidad de las actuaciones en el proceso penal y repuso la causa al estado de que se tramitara el proceso por el procedimiento ordinario.
Asimismo ordenó la remisión de copia certificada de la aludida decisión a los fines de la revisión establecida en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
II
DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA CONSULTADA
En decisión del 1 de octubre de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, desaplicó, por motivos de inconstitucionalidad, la norma contenida en el artículo 36 de la Ley para la Violencia contra la Mujer y la Familia, que establece que El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley, salvo el descrito en el artículo 18 de esta Ley, se seguirá por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el Título II. Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal por estimar:
1- Que la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, contempla los procedimientos a seguir por los delitos previstos en dicho cuerpo normativo e indica que luego de recibida la denuncia se verificará una gestión conciliatoria, la cual se realizará ante el órgano receptor dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su recepción y de no haber conciliación y no ser el órgano receptor un tribunal, las actuaciones se remitirán a un Juzgado de Primera Instancia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
2- Que de la normativa legal establecida en la referida ley, se deduce que resulta imposible para el Ministerio Público recabar los elementos pertinentes y necesarios de investigación para poder dictar un acto conclusivo tendente a obtener la verdad, pues la brevedad del procedimiento quebranta los derechos a la defensa y al debido proceso.
3- Estimó que el procedimiento contemplado en el artículo 36 de la aludida ley (procedimiento breve) resultaba inconstitucional, por lo cual desaplicó, en ejercicio del control difuso, el contenido del referido artículo establecido en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y ordenó la tramitación del proceso por el procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
III
DE LA COMPETENCIA
Pasa esta Sala a pronunciarse sobre su competencia para conocer la revisión de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó por control difuso el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.
Esta Sala en decisión N° 1998 del 22 de julio de 2003 (caso: Bernabé García), en relación con la posibilidad de revisar las decisiones definitivamente firmes de control de la constitucionalidad remitidas por los tribunales de instancia, la Sala sostuvo:
En lo que respecta a las decisiones definitivamente firmes de control de constitucionalidad se revisa una decisión que declara la inconstitucionalidad de una norma con efectos sólo en el caso concreto-, cuya aplicación o desaplicación puede vulnerar el orden público constitucional, y cuya inconstitucionalidad, con efectos vinculantes para las demás Salas y todos los tribunales de la República, sólo puede ser pronunciada por esta Sala, la única con atribución constitucional para tal pronunciamiento.
(omissis)
Por todo ello, y para la mayor eficacia de la conexión entre el control concentrado, que corresponde a esta Sala, y el control difuso, que corresponde a todos los jueces de la República, debe darse, como se dio en la sentencia que antes se citó, un trato diferente a la remisión ex oficio que, para su revisión, haya hecho el juez que la dictó; se obtendrá así una mayor protección del texto constitucional y se evitará la aplicación general de normas inconstitucionales o la desaplicación de normas ajustadas a la Constitución en claro perjuicio para la seguridad jurídica y el orden público constitucional. Por las razones que preceden se reitera que, no sólo el juez puede remitir las sentencias definitivamente firmes en las cuales, en resguardo de la constitucionalidad, desaplique una norma, sino que está obligado a ello.
Asimismo, en sentencia del 6 de diciembre de 2004, (Caso: Ana Victoria Uribe Flores), la Sala estableció:
... el control de esta Sala se realizará respecto de aquellos fallos en los que efectivamente se haga un pronunciamiento definitivamente firme sobre la desaplicación de una norma por control difuso, independientemente de que el juez de alzada confirme o no el fallo que sobre esta materia dicte el tribunal de la primera instancia... Esta Sala sólo conoce, por mandato constitucional y legal, de la revisión de fallos definitivamente firmes. Cualquier fallo en el que efectivamente se haya ejercido el control difuso, remitido sin la firmeza requerida escapa de la revisión de la Sala, pues es objeto de los recursos a que haya lugar ante los órganos jurisdiccionales que corresponda. Para la determinación de la firmeza del fallo, la Sala ordena, a partir de la fecha de publicación del presente fallo, que la remisión la efectúe, con la mención debida a ese carácter, el órgano judicial que quede encargado del archivo del expediente de manera definitiva, único que puede dar fe de que ya contra la decisión no procede recurso alguno; bien porque ya fueron ejercidos los existentes o precluyeron los lapsos para ello.
En atención a lo expuesto se observa que la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al conocer la apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, que decretó el archivo fiscal de las actuaciones en el proceso penal que se le sigue al ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra, ejerció la potestad de control difuso de la constitucionalidad de las leyes que le confiere a todos los Tribunales de la República el primer aparte del indicado artículo 334 constitucional, desaplicó la norma prevista en el artículo 36 de la Ley para la Violencia contra la Mujer y la Familia, anuló las actuaciones seguidas en dicho proceso y ordenó la remisión de la causa a la Fiscalía Primera del Ministerio Público para que continúe las investigaciones en el proceso penal que originó la presente revisión.
Así las cosas, se observa que conforme lo señalado en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le está atribuida a esta Sala revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República, por lo que se declara competente para conocer la presente solicitud. Así se decide.
IV
MOTIVACIÓNES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la presente revisión, que solicitó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de que desaplicó, por control difuso de la constitucionalidad, el contenido del artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en lo que respecta al trámite por procedimiento abreviado para la tramitación del proceso seguido al ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra, por la presunta comisión del delito de violencia psicológica y, con tal propósito, observa lo siguiente:
La decisión dictada por la referida Corte adquirió el carácter de definitivamente firme, pues conoció en alzada del recurso de apelación ejercido contra la sentencia del 14 de agosto de 2003, dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó la nulidad de la decisión dictada por la Fiscalía Primera del Ministerio Público que ordenó el archivo fiscal en el presente proceso, lo que permite a este Máximo Tribunal dilucidar si dicho pronunciamiento no es contrario a la uniforme interpretación y aplicación de normas y principios constitucionales.
Respecto al fondo de la revisión, se observa que la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, desaplicó el contenido del artículo 36 de la Ley sobre La Violencia contra la Mujer y la Familia por estimar que dicho artículo violentaba los derechos a la defensa y al debido proceso toda vez que la brevedad del procedimiento impedía al Ministerio Público recabar los elementos pertinentes y necesarios de investigación para poder dictar un acto conclusivo tendente a obtener la verdad.
Ahora bien, el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia dispone:
El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley, salvo el descrito en el artículo 18 de esta Ley, se seguirá por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el Título II. Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal.
Observa la Sala, que el referido artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia remite, para el juzgamiento de los delitos allí consagrados -con excepción del delito contenido en el artículo 18 de esta Ley (acceso carnal violento)- al procedimiento abreviado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
La Ley bajo estudio, en su capítulo III, establece los tipos delictivos a saber: a) amenaza contra la mujer y la familia (artículo 16), b) violencia física contra la mujer u otro integrante de la familia (artículo 17), c) acoso sexual (artículo 19) y d) violencia psicológica (artículo 20), delitos estos que se tramitaran conforme a lo previsto en el Título II del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.
En este sentido el Título II del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 373, consagra el procedimiento abreviado y establece que el juez de control remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez (10) a quince (15) días siguientes, caso en el cual, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
De acuerdo a lo anterior, la Sala estima que el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia por el procedimiento abreviado atiende al propósito del legislador al sancionar la Ley in commento, el cual no es más que la celeridad procesal para la tramitación de los delitos contra la Mujer y la Familia -artículo 1º- así como la inmediación del juez, a fin de lograr el cabal y efectivo cumplimiento del objetivo de dicha Ley, cual es, erradicar la violencia contra la mujer y la familia y asistir a las víctimas de hechos de violencia (artículo 1º).
En efecto, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia establece mecanismos expeditos para lograr la protección de la mujer, los hijos y la familia, con el propósito de corregir, reprimir y hasta erradicar el fenómeno de la violencia. De allí que dicho cuerpo normativo consagre principios procesales que inspiren su aplicación, principios que están recogidos en su artículo 3 que establece:
En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:
1. Gratuidad de los procedimientos: Para la tramitación las acciones previstas en esta Ley, no se empleará papel sellado ni estampillas.
2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias y los tribunales competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta Ley.
3. Inmediación: Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su convencimiento.
4. Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia podrán dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el artículo 38 de esta Ley.
5. Confidencialidad: Los órganos receptores de denuncias, los funcionarios de las Unidades de Atención y Tratamiento y los tribunales competentes, deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración; y
6. Oralidad: Todos los procedimientos previstos en esta Ley serán orales, pudiéndose dejar la constancia escrita de algunas actuaciones.
En este orden de ideas, el legislador, en consideración a los principios de celeridad e inmediación, decidió remitir para el juzgamiento de los delitos establecidos en dicha ley, con excepción como se señaló- del previsto en el artículo 18, al procedimiento abreviado establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, admitir que dicho procedimiento resulte inaplicable pues es imposible para el Ministerio Público recabar los elementos necesarios de investigación para poder dictar un acto conclusivo, sería convertir tan preciada Ley en meros enunciados de carácter programático y dejarán sin efecto sus disposiciones, ya que como lo señaló esta Sala se seguiría el procedimiento ordinario para aquellos delitos que, justamente ha querido el legislador, sean de rápido trámite y juzgamiento, y se volvería al antiguo régimen que consagraba tan largo procedimiento que, actualmente, sólo ha quedado establecido para el delito de acceso carnal violento previsto en el artículo 18 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. (vid sentencia No. 1473 de 13 de agosto de 2001).
Así, la Sala debe reiterar que el trámite que debe cumplirse en este procedimiento es de tal naturaleza y causa que está caracterizado por la debida celeridad y urgencia, pues se trata de prevenir los efectos violentos sobre el núcleo familiar, por lo que debe procurarse la rápida actuación de la justicia del Estado para controlar conductas que pongan en peligro la vida, los bienes y el desarrollo de la familia.
Por otra parte, la Sala no encuentra fundamento para la afirmación realizada por la Corte de Apelaciones, según la cual, la aplicación del procedimiento abreviado impide al Ministerio Público recabar los elementos para formar el acto conclusivo, pues ha sido criterio de este alto Tribunal que la Vindicta Pública dispone de treinta (30) días más su prórroga para presentar el acto conclusivo. Así quedó establecido en la decisión N° 2075, del 5 de agosto de 2003 (caso: Nélida Pantoja y otro), en la que se señaló lo siguiente:
(
) el artículo 371 de ese Código Penal Adjetivo dispone que en lo no previsto en los procedimientos especiales en el cual se incluye el procedimiento abreviado- y siempre que no se opongan a ellos, se aplicará las reglas del procedimiento ordinario, por lo que conforme al contenido de esa norma, es posible aplicar supletoriamente lo señalado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se refiere al lapso de treinta (30) días, y su prórroga, contados a partir de la privación judicial preventiva de libertad, para que el Ministerio Público presente la acusación.
En efecto, se precisa que si han transcurrido más de treinta (30) días, o su prórroga en caso de haberse acordado, sin que el Ministerio Público hubiese presentado acusación en el procedimiento abreviado, el Juez que conozca de la causa deberá acordar, de oficio, la libertad del imputado o imponerle una medida cautelar sustitutiva, como lo señala el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, en caso que no lo acordase, de oficio, el imputado o su defensor deberán solicitar la revisión de la privación judicial preventiva de libertad, como lo sostuvo esta Sala en la sentencia del 24 de septiembre de 2002, caso: Mauricio José García González, en los siguientes términos:
Es más, esta Sala acota que, ciertamente, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal señala que es un deber del Tribunal de Control que conozca la fase de investigación del proceso penal, otorgar de oficio, cuando verificase que el Ministerio Público no presentó acusación dentro del lapso de treinta (30) días, contados a partir de la privación de libertad, la libertad del imputado o imponerle una medida cautelar sustitutiva, pero eso no significa que en caso que no lo haga, el imputado no pueda ejercer el recurso de revisión previsto en el artículo 264 eiusdem, como sucedió en el caso sub examine. En ese sentido, esta Sala se pronunció, aunque refiriéndose al Código Orgánico Procesal Penal reformado, en sentencia del 5 de junio de 2002, (caso: Edgar Rafael Quijada Figuera).
Conforme a lo expuesto, la Sala observa que el Ministerio Público dispone de treinta (30) días más la prórroga, en caso de que formule su solicitud, para presentar su acto conclusivo, razón por la cual, considera que dicho lapso es lo suficientemente amplio para que la representación fiscal recabe los elementos necesarios para formar su criterio sobre la verdad de los hechos.
Visto lo anterior, la Sala estima que no resulta ajustada a derecho la desaplicación del artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en el caso de autos, sin que ello conlleve a un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la referida norma en términos generales y definitivos, lo que sólo es posible mediante la tramitación y análisis exhaustivo por vía del recurso de nulidad de normas o leyes por inconstitucionalidad, y así se decide.
En consecuencia, esta Sala anula la sentencia sometida a revisión dictada por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 1 de octubre de 2003 y ordena a otra Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pronunciarse sobre la apelación ejercida por la defensa del ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra, en aplicación del artículo 36 de la referida ley al caso concreto. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley,
1.- ANULA la sentencia definitivamente firme, dictada el 1 de octubre de 2003, por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en la cual desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 36 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en el juicio penal seguido al ciudadano JESÚS ALEXIS RAFESCA BECERRA.
2.- ORDENA a otra Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pronunciarse sobre la apelación ejercida por la defensa del ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra con estricta aplicación del segundo aparte del artículo 36 de Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión la referida Sala de la Corte de Apelaciones. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 10 días del mes de marzo de dos mil seis. Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
Magistrado
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Magistrado
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
EXP. 03-2616
MTDP