Sentencia N.º 462
- Sentencia
- N.º 462
- Fecha
- 10/03/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-2616
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Consta en autos que, mediante Oficio No. 529-03, del 1 de octubre de 2003,
El contenido del señalado fallo fue informado a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de lo establecido en el artículo 336.10 de
El 6 de octubre de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.
El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó
I
ANTECEDENTES
El 22 de mayo de 2002, el Juzgado Vigésimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó la calificación en flagrancia en el procedimiento seguido contra el ciudadano Jesús Alexis Rafesca Becerra, por la presunta comisión del delito de violencia psicológica.
El 25 de junio de 2003,
El 14 de agosto de 2003, el Juzgado Vigésimo Segundo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó la nulidad de la decisión dictada por
Posteriormente, la defensa del imputado apeló de la anterior decisión, apelación que fue admitida el 25 de septiembre de 2003, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 447 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 1 de octubre de 2003,
Asimismo ordenó la remisión de copia certificada de la aludida decisión a los fines de la revisión establecida en el artículo 336.10 de
II
DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA CONSULTADA
En decisión del 1 de octubre de 2003,
1- Que
2- Que de la normativa legal establecida en la referida ley, se deduce que resulta imposible para el Ministerio Público recabar los elementos pertinentes y necesarios de investigación para poder dictar un acto conclusivo tendente a obtener la verdad, pues la brevedad del procedimiento quebranta los derechos a la defensa y al debido proceso.
3- Estimó que el procedimiento contemplado en el artículo 36 de la aludida ley (procedimiento breve) resultaba inconstitucional, por lo cual desaplicó, en ejercicio del control difuso, el contenido del referido artículo establecido en
III
DE
Pasa esta Sala a pronunciarse sobre su competencia para conocer la revisión de la decisión dictada por
Esta Sala en decisión N° 1998 del 22 de julio de 2003 (caso: Bernabé García), en relación con la posibilidad de revisar las decisiones definitivamente firmes de control de la constitucionalidad remitidas por los tribunales de instancia,
En lo que respecta a las decisiones definitivamente firmes de control de constitucionalidad se revisa una decisión que declara la inconstitucionalidad de una norma con efectos sólo en el caso concreto-, cuya aplicación o desaplicación puede vulnerar el orden público constitucional, y cuya inconstitucionalidad, con efectos vinculantes para las demás Salas y todos los tribunales de la República , sólo puede ser pronunciada por esta Sala, la única con atribución constitucional para tal pronunciamiento.
(omissis)
Por todo ello, y para la mayor eficacia de la conexión entre el control concentrado, que corresponde a esta Sala, y el control difuso, que corresponde a todos los jueces de la República , debe darse, como se dio en la sentencia que antes se citó, un trato diferente a la remisión ex oficio que, para su revisión, haya hecho el juez que la dictó; se obtendrá así una mayor protección del texto constitucional y se evitará la aplicación general de normas inconstitucionales o la desaplicación de normas ajustadas a la Constitución en claro perjuicio para la seguridad jurídica y el orden público constitucional. Por las razones que preceden se reitera que, no sólo el juez puede remitir las sentencias definitivamente firmes en las cuales, en resguardo de la constitucionalidad, desaplique una norma, sino que está obligado a ello.
Asimismo, en sentencia del 6 de diciembre de 2004, (Caso: Ana Victoria Uribe Flores),
... el control de esta Sala se realizará respecto de aquellos fallos en los que efectivamente se haga un pronunciamiento definitivamente firme sobre la desaplicación de una norma por control difuso, independientemente de que el juez de alzada confirme o no el fallo que sobre esta materia dicte el tribunal de la primera instancia... Esta Sala sólo conoce, por mandato constitucional y legal, de la revisión de fallos definitivamente firmes. Cualquier fallo en el que efectivamente se haya ejercido el control difuso, remitido sin la firmeza requerida escapa de la revisión de
En atención a lo expuesto se observa que
Así las cosas, se observa que conforme lo señalado en el artículo 336.10 de
IV
MOTIVACIÓNES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la presente revisión, que solicitó
La decisión dictada por la referida Corte adquirió el carácter de definitivamente firme, pues conoció en alzada del recurso de apelación ejercido contra la sentencia del 14 de agosto de 2003, dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó la nulidad de la decisión dictada por
Respecto al fondo de la revisión, se observa que
Ahora bien, el artículo 36 de
El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley, salvo el descrito en el artículo 18 de esta Ley, se seguirá por los trámites del procedimiento abreviado previsto en el Título II. Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal.
Observa
En este sentido el Título II del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 373, consagra el procedimiento abreviado y establece que el juez de control remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez (10) a quince (15) días siguientes, caso en el cual, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
De acuerdo a lo anterior,
En efecto,
En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:
1. Gratuidad de los procedimientos: Para la tramitación las acciones previstas en esta Ley, no se empleará papel sellado ni estampillas.
2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias y los tribunales competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta Ley.
3. Inmediación: Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su convencimiento.
4. Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia podrán dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el artículo 38 de esta Ley.
5. Confidencialidad: Los órganos receptores de denuncias, los funcionarios de las Unidades de Atención y Tratamiento y los tribunales competentes, deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración; y
6. Oralidad: Todos los procedimientos previstos en esta Ley serán orales, pudiéndose dejar la constancia escrita de algunas actuaciones.
En este orden de ideas, el legislador, en consideración a los principios de celeridad e inmediación, decidió remitir para el juzgamiento de los delitos establecidos en dicha ley, con excepción como se señaló- del previsto en el artículo 18, al procedimiento abreviado establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, admitir que dicho procedimiento resulte inaplicable pues es imposible para el Ministerio Público recabar los elementos necesarios de investigación para poder dictar un acto conclusivo, sería convertir tan preciada Ley en meros enunciados de carácter programático y dejarán sin efecto sus disposiciones, ya que como lo señaló esta Sala se seguiría el procedimiento ordinario para aquellos delitos que, justamente ha querido el legislador, sean de rápido trámite y juzgamiento, y se volvería al antiguo régimen que consagraba tan largo procedimiento que, actualmente, sólo ha quedado establecido para el delito de acceso carnal violento previsto en el artículo 18 de
Así,
Por otra parte,
(
) el artículo 371 de ese Código Penal Adjetivo dispone que en lo no previsto en los procedimientos especiales en el cual se incluye el procedimiento abreviado- y siempre que no se opongan a ellos, se aplicará las reglas del procedimiento ordinario, por lo que conforme al contenido de esa norma, es posible aplicar supletoriamente lo señalado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se refiere al lapso de treinta (30) días, y su prórroga, contados a partir de la privación judicial preventiva de libertad, para que el Ministerio Público presente la acusación.
En efecto, se precisa que si han transcurrido más de treinta (30) días, o su prórroga en caso de haberse acordado, sin que el Ministerio Público hubiese presentado acusación en el procedimiento abreviado, el Juez que conozca de la causa deberá acordar, de oficio, la libertad del imputado o imponerle una medida cautelar sustitutiva, como lo señala el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, en caso que no lo acordase, de oficio, el imputado o su defensor deberán solicitar la revisión de la privación judicial preventiva de libertad, como lo sostuvo esta Sala en la sentencia del 24 de septiembre de 2002, caso: Mauricio José García González, en los siguientes términos:
Es más, esta Sala acota que, ciertamente, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal señala que es un deber del Tribunal de Control que conozca la fase de investigación del proceso penal, otorgar de oficio, cuando verificase que el Ministerio Público no presentó acusación dentro del lapso de treinta (30) días, contados a partir de la privación de libertad, la libertad del imputado o imponerle una medida cautelar sustitutiva, pero eso no significa que en caso que no lo haga, el imputado no pueda ejercer el recurso de revisión previsto en el artículo 264 eiusdem, como sucedió en el caso sub examine. En ese sentido, esta Sala se pronunció, aunque refiriéndose al Código Orgánico Procesal Penal reformado, en sentencia del 5 de junio de 2002, (caso: Edgar Rafael Quijada Figuera).
Conforme a lo expuesto,
Visto lo anterior,
En consecuencia, esta Sala anula la sentencia sometida a revisión dictada por
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
1.- ANULA la sentencia definitivamente firme, dictada el 1 de octubre de 2003, por
2.- ORDENA a otra Sala de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión la referida Sala de
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
Magistrado
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Magistrado
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
EXP. 03-2616
MTDP
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