Venley

Sentencia N.º 466

Sentencia
N.º 466
Fecha
03/07/2015
Sala
Casación Penal
Expediente
C15-115
Ponente
Deyanira Nieves Bastidas
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

El 19 de agosto de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, a cargo de la ciudadana Jueza Yoly Carrero More, mediante sentencia, dictó el pronunciamiento siguiente:

“(…) SE CONDENA de conformidad con el artículo 603, de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a cumplir MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, es decir a cumplir con las sanciones establecidas en el artículo 628 parágrafo segundo, literales ‘A’, en lo sucesivo con las establecidas en el artículo 620 en sus literales b y d, es decir, SANCIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, AL ADOLESCENTE (…) POR EL LAPSO DE DOS (2) AÑOS, EN LO SUCESIVO DEBERÁ CUMPLIR CON DOS (2) AÑOS DE REGLAS DE CONDUCTA DE ESTUDIAR O TRABAJAR DE ACUERDO A SUS APTITUDES VOCACIONALES Y UN AÑO DE LIBERTAD ASISTIDA, POR LA COMISIÓN COMO AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 405 DEL CÓDIGO PENAL (…)” (Resaltado y subrayado de la cita).

El 20 de agosto de 2014, el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 65.431, defensor privado del adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior.

El 25 de agosto de 2014, la ciudadana abogada Jackeline del Valle Barrios Uzcátegui, Fiscal Auxiliar Encargada de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por la defensa del adolescente sancionado.

El 29 de octubre de 2014, la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, integrada por los ciudadanos Jueces Adonay Solís Mejías (ponente), Geranio Buitriago Alvarado y Heriberto Antonio Peña, ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado del adolescente sancionado.

El 1º de diciembre de 2014, la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, dictó los pronunciamientos siguientes:

“(…) PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el abogado Armando de la Rotta Aguilar, en su condición de defensor de confianza del adolescente (…), en contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Sección Adolescentes, en fecha 11 de agosto de 2014 y publicada en extenso el 19 de agosto de 2014 (…) SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión recurrida, por haber sido dictada con sujeción a la ley y satisfacer los principios de suficiencia, precisión, coherencia y consistencia que demanda la debida motivación de sentencia y a lo que obliga lo preceptuado en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

El 3 de diciembre de 2014, el adolescente sancionado (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), fue impuesto mediante acta de la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

El 16 de enero de 2015, el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, defensor privado del adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), interpuso recurso de casación en contra de la decisión anterior.

Cumplido el lapso establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que la representante del Ministerio Público hubiese dado contestación al recurso de casación interpuesto, la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

El 27 de marzo de 2015, ingresó el expediente. El 30 de marzo de 2015, se dio cuenta en Sala de Casación Penal, correspondiendo la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto observa:

El artículo 266 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

El artículo 665 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, delega en la Sección de Adolescentes de los Tribunales Penales Ordinarios y en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción para el conocimiento de las causas que dicha ley contempla, en los términos siguientes:

“(…) Corresponde a la Sección de Adolescente de los tribunales penales ordinarios y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en este título, a las leyes de organización judicial y a la reglamentación interna (…)”.

De igual modo, la competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de los recursos de casación que se ejerzan contra las decisiones de las Cortes de Apelaciones o Cortes Superiores del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se encuentra establecida en el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

Asimismo, dispone el artículo 667 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo siguiente:

“(…) La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocerá el recurso de casación (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación en materia penal, en el presente caso el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, el 16 de enero de 2015, interpuso recurso de casación  contra la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, que condenó a su defendido el adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), a la sanción de Privación de Libertad, por el lapso de dos (2) años y reglas de conducta de estudiar o trabajar de acuerdo a sus aptitudes vocacionales y un (1) año de libertad asistida, por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE, tipificado en el artículo 405 del Código Penal, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 667 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esta Sala de Casación Penal, declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

HECHOS

El 19 de agosto de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, a cargo de la ciudadana Jueza Yoly Carrero More, mediante sentencia, estableció como hechos objeto del juicio los siguientes:

“(…) En fecha 17 de junio de 2011, siendo aproximadamente las cinco de la mañana, cuando el ciudadano JESÚS VICENTE QUINERO (sic) PÉREZ (OCCISO) decide salir a comprar unos cigarros en compañía de su novia la ciudadana KATIUSKA PAOLA UZCÁTEGUI DÁVILA, donde el señor José en la vereda 1 del Entable, Parroquia J.J. Osuna Rodríguez del Municipio Libertador del estado Mérida, cuando se paran en el puesto de teléfono de pronto se acercan los ciudadanos DAVID MOLINA y el adolescente de autos, (…), acompañados de un perro de color blanco y JOSÉ (sic) VICENTE cruza para donde estaban los prenombrados ciudadanos y les choca la mano y les dice que él no tenía problemas con nadie y les pidió que le regalaran un cigarro, ellos se lo dieron y cuando les pidió que le regalaran candela, allí fue cuando el adolescente de autos sacó a relucir un arma de fuego disparándole a la víctima JOSÉ (sic) VICENTE QUINTERO, donde este adolescente le dijo que tenía yesquero, enseguida el adolescente de autos le puso el revólver en la frente a la ciudadana KATIUSKA UZCÁTEGUI DÁVILA, y le dijo: ‘corra malparida sino quiere que también la mate’ y cuando salió corriendo el perro que ellos cargaban también la persiguió logrando llegar hasta la casa donde vivía junto al ciudadano JOSÉ (sic) VICENTE QUINTERO, quien fallece a consecuencia de contusión encefálica con lesión de tallo producto de lesiones ocasionadas por el paso del proyectil disparado con arma de fuego al rostro (…)”.

RECURSO DE CASACIÓN

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala de Casación Penal, en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal y 610 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pasa a dictar sentencia, en los términos siguientes:

Las disposiciones que rigen la materia recursiva en nuestro proceso penal, se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal. Así, el artículo 423 dispone el principio de la impugnabilidad objetiva, el artículo 424 exige la legitimación para recurrir y el artículo 426 establece las condiciones generales para la interposición del respectivo recurso.

De manera particular, en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, el recurso de casación, está regulado en los artículos 610 y 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en el Código Orgánico Procesal Penal.

Específicamente, en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el artículo 610 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dispone taxativamente cuáles son las decisiones recurribles en casación, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, enumera cuáles son los motivos que lo hacen procedente y los artículos 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen el procedimiento a seguir para su interposición, así como, las exigencias indispensables para su presentación.

De las disposiciones legales precedentemente citadas, se observa que, de manera general, para que la Sala de Casación Penal entre a conocer, del recurso de casación requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tales como: a) que la persona que lo ejerza esté debidamente legitimada por la ley; b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; c) que la decisión que se recurre sea impugnable o recurrible en casación por expresa disposición de la ley; y, d) que el recurso esté debidamente fundamentado conforme a los requerimientos legales.

En el caso que nos ocupa, la Sala de Casación Penal, observa que:

En primer lugar, respecto a la legitimidad, el presente recurso fue interpuesto por el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, defensor privado del adolescente sancionado (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), quien mediante acta del 27 de agosto de 2013, fue nombrado por su representado, aceptó el cargo y prestó el juramento de ley (folio 65 de la pieza 1); evidenciándose en consecuencia que, el mencionado abogado fue nombrado conforme a lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, cumpliendo en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 141 eiusdem, por lo que está debidamente legitimado para ejercer el recurso de casación por su defendido, de conformidad con lo preceptuado en el único aparte del artículo 424 del referido Código Orgánico Procesal Penal.

En segundo lugar, respecto a la tempestividad del recurso, consta en el expediente cómputo suscrito por la ciudadana abogada Wendy Lovely Rondón, Secretaria adscrita a la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, quien dejó constancia que, el 22 de enero de 2015, se efectuó la última de las notificaciones de la decisión dictada el 1º de diciembre de 2014, por la referida Corte de Apelaciones (boleta de notificación de la víctima), siendo presentado recurso de casación, de manera anticipada el 16 de enero de 2015.

En este sentido, advierte y reitera la Sala de Casación Penal que las diligencias que presenten las partes o sus representantes para recurrir con anterioridad al inicio del lapso para tal fin, no deben ser sancionadas con la inadmisibilidad por razones de extemporaneidad, siempre que el recurrente presentare el escrito después de la publicación íntegra de la sentencia, ya que dicho lapso ha sido creado a su favor, y esta presentación anticipada no produce lesión alguna en el derecho de la contraparte, ni viola la tutela judicial, ni el derecho a la Defensa, tal como lo ha expresado la Sala Constitucional en sentencia N° 429, del 22 de marzo de 2004, por lo que dicho recurso fue ejercido dentro del lapso legal establecido para su presentación, el cual es de ocho (8) días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En tercer término, respecto al carácter recurrible de la decisión impugnada, se observa que, el presente recurso fue ejercido contra la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, que condenó al adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), a cumplir la pena de dos (2) años de privación de libertad, de los cuales deberá cumplir dos (2) años de reglas de conducta de estudiar y trabajar de acuerdo a sus aptitudes vocacionales y un (1) año de libertad asistida, por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE, tipificado en el artículo 405 del Código Penal, el cual prevé una pena evidentemente superior a la establecida por nuestro texto adjetivo penal, el cual exige que en su límite máximo exceda de cuatro años para la interposición del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 610 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En consecuencia, habiendo la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, mediante sentencia definitiva, resuelto el recurso de apelación interpuesto, no ordenando la realización de un nuevo juicio oral, siendo que el delito por el cual fue acusado el adolescente de autos, tiene una pena que en su límite máximo excede de cuatro años de privación de libertad y la sentencia recurrida se pronunció sobre una sanción de privación de libertad, se constata que dicho fallo cumple con lo dispuesto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 610 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que se encuentra expresamente establecido como recurrible en casación.

ÚNICA DENUNCIA

El recurrente, alegó en su denuncia lo siguiente:

“(…) Quien aquí recurre desea señalar con el mayor de los respetos, que los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación de Sentencia definitiva interpuesto por esta defensa Técnica, incurrió en violación de la ley por falta de aplicación de una norma jurídica, debido a que no se aplicó lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (…)

Honorables Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la falta de aplicación de una norma, consistió en que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, debió, al momento de analizar la Sentencia Condenatoria Recurrida, aplicar una determinada norma en este caso el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y no lo hizo, aún y cuando esta encuadra perfectamente en el caso del que se estaba apelando.

Señala la honorable Corte de Apelaciones del estado Mérida en su decisión.

‘Igualmente observa esta Corte de Apelaciones, que ciertamente no existen otras declaraciones ni pruebas científicas que vinculen al adolescente con los hechos que se le imputan, pero el dicho de la testigo Katiuska Paola Uzcátegui, aunado al reconocimiento en rueda de individuos, al ser contrastados entre sí, encuentran plena armonía e identidad lógica y cronológica, pues la deponente en ambas actuaciones, indica las mismas circunstancias fácticas, sin contradicciones ni imprecisiones de ninguna naturaleza, sino por el contrario, una completa y absoluta coincidencia entre ambas, la cual no fue sedimentado ni debilitado por las preguntas que le fueron formuladas, tanto por la defensa como por el propio tribunal lo cual es suficiente para acreditar la responsabilidad penal del preindicado adolescente y que al haber sido establecido de tal manera por la juzgadora, su actuar jurisdiccional se encuentra ceñido a la ley, lo que obliga a declarar sin lugar la queja al respecto. Así se decide’ subrayado y negritas mías.

Resulta evidente que para dictar la decisión que se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación de Sentencia Definitiva interpuesto por este Defensor Técnico y Confirmar la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal en Funciones de Juicio Uno Sección Penal Adolescentes en contra de mi representado (…) la honorable Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida no aplicó lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir que, al analizar la Sentencia no aplicó la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, dándole pleno valor a una sola prueba, un solo testimonio tal y como lo señala en su decisión, el cual a criterio de la Corte de Apelaciones es suficiente para dar fundamento a la sentencia Condenatoria dictada en contra de mi representado.

No consideró importante honorable Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el hecho de que la única prueba en contra de mi defendido que fue debatida en el juicio oral y reservado celebrado en contra de mi representado (…) es el señalamiento que realiza una testigo que según sus propias palabras llevaba más de doce horas consumiendo Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en compañía del hoy occiso, lo que evidentemente limitaba y alteraba sus capacidades y sentidos, que es una persona en situación de calle, que pertenece a bandas delictivas del sector, que es una testigo de oficio acostumbrada a retractarse de sus declaraciones, hechos estos que están probados en autos y que no fueron considerados por la Corte de Apelaciones, siendo una prueba de esto el escrito que se consigna anexo al presente recurso realizado y suscrito por la ciudadana Katiuska Paola Uzcátegui, quien de manera libre y voluntaria se lo hizo llegar a este recurrente manifestándole que mi representado es inocente del Homicidio por el que fue condenado y que no quería que una persona inocente estuviese privada de libertad por un hecho que no cometió y que está dispuesta a rendir de nuevo su testimonio ante la instancia que fuese citada (…)”. (Destacado propio).

La Sala de Casación Penal para decidir observa:

En la presente denuncia el recurrente alegó la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, argumentando que la alzada al momento de dictar su pronunciamiento “(…) no aplicó la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, dándole pleno valor a una sola prueba, un solo testimonio (…)”.

Posteriormente señaló que, no puede darse pleno valor probatorio al dicho de la única testigo que presenció el hecho por ser ésta, en su criterio una persona que se encuentra en situación de calle y una testigo de oficio, acostumbrada a retractarse de sus declaraciones. Y concluyó señalando lo siguiente: “(…) la ciudadana Katiuska Paola Uzcátegui, quien de manera libre y voluntaria se lo hizo llegar a este recurrente manifestándole que mi representado es inocente del Homicidio por el que fue condenado y que no quería que una persona inocente estuviese privada de libertad por un hecho que no cometió y que está dispuesta a rendir de nuevo su testimonio ante la instancia que fuese citada (…)”.

En atención a lo denunciado por el recurrente, sobre la falta de aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, es importante acotar que el contenido de dicho precepto legal, no puede ser vulnerado por las cortes de apelaciones, por falta de aplicación, por ser éste un artículo que faculta únicamente a los tribunales de primera instancia en funciones de juicio para que realicen la apreciación y valoración de los medios de prueba debatidos durante el contradictorio, empleando para ello la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

Al respecto ha sostenido la Sala de Casación Penal que: “(…) los vicios referidos a la valoración de los elementos probatorios, no son censurables por los jueces de la segunda instancia ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, esta facultad es exclusiva de los jueces de Juicio (…)” (Sentencia N° 0029, del 14 de febrero de 2013).

Es importante resaltar que la labor de analizar, comparar y relacionar los elementos existentes en el expediente y valorar todas las pruebas conforme al sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le corresponde a los Jueces de Primera Instancia en funciones de Juicio, pues son ellos los que presencian el debate oral, según los principios de oralidad, concentración, inmediación y contradicción.

Es oportuno acotar que las únicas pruebas que pueden ser analizadas por las Cortes de Apelaciones, son aquellas que conforme al artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal sean promovidas por las partes al momento de interponer el recurso de apelación, por lo que los tribunales de alzada acatando el contenido del artículo 448 eiusdem deberán conocer de las mismas, analizando y valorando cada una de ellas en su contenido, aplicando las máximas de experiencia, observando las reglas de la lógica y la sana crítica, fuera de esta excepción los tribunales colegiados no están facultados para realizar una valoración o apreciación sobre las pruebas debatidas en juicio.

La Sala de Casación Penal ha establecido de manera reiterada que, solo es posible atribuir a las Cortes de Apelaciones la infracción al precepto legal contemplado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación, cuando se promuevan nuevas probanzas ante dicha instancia y a ésta le corresponda su debate, apreciación y valoración, lo cual no se constata en el presente caso.

Resulta evidente que, la voluntad del recurrente es la de impugnar el testimonio de la ciudadana Katiuska Paola Uzcátegui, elemento probatorio debatido en el juicio oral, atacando en consecuencia la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia en función de juicio.

Se advierte que en resguardo al principio de inmediación desarrollado en nuestro texto adjetivo penal, las cortes de apelaciones poseen límites legales en cuanto al análisis de las pruebas y el establecimiento de los hechos, siendo esta actividad propia de los tribunales de juicio, por ser esa fase del proceso donde se desarrolla el debate oral y público, salvo que se refiera como se mencionó anteriormente a la valoración de pruebas debidamente ofrecidas y admitidas de conformidad con el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte resulta necesario señalar que, al momento de interponer el recurso extraordinario de casación, éste debe estar dirigido a los vicios propios del fallo dictado por las Cortes de Apelaciones, que son las decisiones recurribles ante esta instancia superior, pues como lo ha sostenido esta Sala de Casación Penal, dicho recurso tiene como función verificar la existencia de errores de derecho cometidos por los tribunales colegiados y no por los juzgados de primera instancia.

No puede pretender el recurrente utilizar este medio de impugnación como una tercera instancia para expresar y ratificar su descontento con el fallo que le adversa, toda vez que, aún cuando le atribuye a la alzada la falta de aplicación de un precepto legal que no puede ser vulnerado por ésta, se evidencia de su recurso que está en desacuerdo respecto al fallo dictado por el sentenciador de primera instancia.

En tal sentido, resulta importante referir que ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal, sostener que, los recurrentes no pueden por vía del recurso extraordinario de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, tendientes a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso.

En consecuencia, visto lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el presente recurso de casación, interpuesto por el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, en su carácter de defensor privado del adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), contra la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, al no estar llenos los extremos legales necesarios establecidos en el artículo 454 del referido texto adjetivo penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el ciudadano abogado Armando de la Rotta Aguilar, defensor privado del adolescente (se omite su identidad por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), contra la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del referido texto adjetivo penal.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

La Magistrada,

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente                    

El Magistrado,

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

La Magistrada,

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

La Secretaria (E),

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

DNB

Exp. AA30-P-2015-000115

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