Venley

Sentencia N.º 47

Sentencia N.º 47

Sentencia
N.º 47
Fecha
02/06/2016
Sala
Plena
Expediente
2015-000108
Ponente
Maikel José Moreno Pérez
Procedimiento
Regulación de Competencia

SALA  PLENA

                                                                

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Exp. N°. AA10-L-2015-000108

 

 

El cuatro (4) de agosto de 2015, mediante oficio identificado con el número 2485-358-15, el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, remitió a la Sala Plena de este Máximo Tribunal el expediente identificado con el número 2015-2746, que contiene el juicio seguido contra dos adolescentes (cuya identidad se omite en atención a lo dispuesto en el artículo 65, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) por estar presuntamente incursos en la comisión de los delitos de Hurto Calificado y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, previstos en el numeral 1 del artículo 453, del Código Penal  y en el artículo 470 eiusdem.

 

Dicha remisión se efectuó como consecuencia de la decisión dictada, el cuatro (4) de agosto de 2015, por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, en la que no aceptó la declinatoria de competencia realizada, el catorce (14) de julio de 2015, por el Tribunal Primero de Control Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Coro y, en consecuencia, planteó la regulación de competencia ante esta Sala Plena, a fin de que se determine cuál es el órgano judicial competente para conocer del presente caso.

 

El dieciséis (16) de octubre de 2015, en cumplimiento de lo acordado por la Sala Plena, la Magistrada Doctora GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia procedió a designar ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, con el fin de resolver lo conducente en el presente expediente identificado con el alfanumérico  AA10-L-2015-000108.

 

El veintitrés (23) de diciembre de 2015, se produjo la designación de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, quedando publicada tal designación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de esa misma fecha número 40.816. En este sentido, la Sala Plena quedó integrada en los siguientes términos: la Magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Primer Vicepresidente, Maikel José Moreno Pérez, Segunda Vicepresidenta, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Director y Directoras María Carolina Ameliach Villarroel, Guillermo Blanco Vásquez, y Marjorie Calderón Guerrero y los Magistrados Arcadio Delgado Rosales, Eulalia Coromoto Guerrero, Malaquías Gil Rodríguez, Francisco Velásquez Estévez, Francia Coello González, Mónica Misticchio Tortorella, Carmen Zuleta de Merchán, Jhannett María Madriz Sotillo, Juan José Mendoza Jover, Inocencio Figueroa Arizaleta, Bárbara Gabriela César Siero, Elsa Janeth Gómez Moreno, Marisela Valentina Godoy Estaba, Danilo Antonio Mojica Monsalvo, Edgar Gavidia Rodríguez, Luis Fernando Damiani Bustillo, Calixto Antonio Ortega Ríos,  Lourdes Benicia Suárez Anderson, Marco Antonio Medina Salas, Fanny Márquez Cordero, Christian  Tyrone Zerpa, Vilma María Fernández González, Yván Darío Bastardo Flores, Juan Luis Ibarra Verenzuela, Yanina Beatriz Karabin de Díaz, Jesús Manuel Jiménez Alfonso y el Secretario Julio César Arias Rodríguez. 

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

 

 

 

 

I

ANTECEDENTES

 

El once (11) de julio de 2015, funcionarios adscritos a la Sub-Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Punto Fijo, Estado Falcón, aprehendieron a dos adolescentes (cuya identidad se omite en atención a lo dispuesto en el artículo 65, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) luego de ser alertados por un ciudadano, que éstos utilizando sus destrezas y habilidades, lograron sustraer del Supermercado Súper Líder C.A, un paquete de compacto para maquillaje y varios cartones de cigarros.

 

El ocho (8) de julio de 2015, la abogada Mairelyn Angélica Ramírez Sánchez, en su condición de Fiscal Provisorio Décimo Segundo de Responsabilidad Penal del Adolescente del Ministerio Público del Estado Falcón, presentó y puso a disposición del Juez de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón a los referidos adolescentes, por estar presuntamente incursos en la comisión de los  delitos de Hurto Calificado y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, tipificados en los artículos 453, numeral 1 y 470 del Código Penal.

 

El catorce (14) de julio de 2015, el Tribunal Primero de Control, Sección Penal Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Coro, declinó la competencia en razón del territorio, con fundamento en que los hechos que originaron el procedimiento se suscitaron en el Municipio Carirubana del Estado Falcón, y conforme con lo previsto en el artículo 666 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece que en caso de que la investigación se lleve a cabo en un lugar donde no funcione un tribunal de control, asumirá dicha función el juez o la jueza de municipio, razón por la cual concluyó que el presente caso debe ser conocido por los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas del Municipio Carirubana del Estado Falcón.

           

            El cuatro (4) de agosto de 2015, el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, al que previa distribución le fue asignado el conocimiento del caso, se declaró incompetente en razón de la materia, señalando entre otras consideraciones las siguientes:

 

“… La Resolución [número] 170, de fecha 1º de Abril de 2000, de la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial publicado en la Gaceta Oficial [número] 313.289 (…) creó la sección de adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, [y] estableció en su artículo 2 lo siguiente: ‘La Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, será competente para conocer de forma exclusiva y excluyente, todos los procesos en materia de responsabilidad penal a los que se contrae la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su Título V y en lo que no esté previsto, se tomará de forma supletoria lo establecido en los artículos 537 y 665 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Por su parte, el artículo 7 de la misma Resolución, establece: ‘Los jueces que integran la Sección Penal de Adolescentes creada, tendrán competencia en todo el territorio de la Circunscripción del Estado Falcón’(…) y aplicando lo establecido en [el] Capítulo I del Título I del Libro Final del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los órganos jurisdiccionales penales, estableciendo respecto de los Circuitos Judiciales Penales en su artículo 504 lo siguiente: ‘Su organización, composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en este Código, en las leyes orgánicas correspondientes, resoluciones y reglamentos que a tales fines dicte el Tribunal Supremo de Justicia’. En este mismo sentido, el segundo aparte del artículo 505, establece: ‘La organización y funcionamiento de los tribunales de primera instancia municipal se establecerán mediante resolución que dicte el Tribunal Supremo de Justicia’ (…) De manera que, la mencionada Resolución [número] 170, debe acatarse en los términos en que fue redactada, porque así está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al fundamento de la declinatoria de competencia, el artículo 666 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece (…) Al respecto, entiéndase del contenido del referido artículo que en el mismo se mantiene una excepción del conocimiento de la fase de investigación, pues la regla general es que dicha atribución es competencia del juez o jueza de control de la sección adolescentes del tribunal penal. En tal sentido, se debe realizar un análisis de lo que se conoce bajo los términos de ‘lugar’ y ‘localidad’ como espacio geográfico y establecer la diferencia (…) entre ambos términos. Así, tenemos que ‘lugar’ en sentido general, en su primera y segunda [acepción], denota la situación de un núcleo de población de cualquier tamaño (ciudad, villa o aldea) e incluso a un paraje no habitado, mientras que en un significado más específico, hace referencia a una aglomeración secundaria de un municipio menor que una villa y mayor que una aldea, según la cuarta acepción de la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española (…) Otras definiciones encontradas definen el término ‘lugar’ -en forma general- como el espacio reconocido a partir de un nombre que lo identifica que puede localizarse por medio de coordenadas geográficas. Se asocia con la localidad, el pueblo o el barrio  donde se vive, generando un sentido de pertenencia e identidad. Por su parte, en su acepción geográfica, el término ‘localidad’ varía según los países, en alguno de ellos la unión de varias localidades, forma una entidad política o jurisdicciones como por ejemplo, un municipio. También es posible que tal entidad política se forme con una única localidad ‘localidad’ como espacio geográfico inmediato formada por un núcleo poblacional de dimensiones pequeñas (…) suele confundirse con el término municipio siendo que la diferencia estriba entre ambos términos es el hecho de que el municipio puede englobar más de una ‘localidad’. En la legislación venezolana se suele utilizar el término ‘localidad’ como sinónimo de municipio, por ser este la porción geográfica más inmediata de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (viviendas), y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. Pues bien, en la propia Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se hace una distinción entre estos dos (2) términos al señalarse en el artículo 169 que en cada ‘localidad’ donde se constituya un tribunal de protección de niños niñas y adolescentes, el Ministerio Publico deberá contar con fiscales especiales: mientras que en el artículo 666, se señala que la fase de investigación e intermedia será del conocimiento de los tribunales de municipio, si en el `lugar` donde se lleva a cabo la investigación no funcionen los tribunales de control especializados en la materia de responsabilidad penal del adolescente. También se acoge el concepto de ‘localidad’ en el contenido de los artículos 169-B (sic) mediante el cual se establece que la Defensa Publica deberá contar con defensores y defensoras especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes en cada ‘localidad’ donde constituya un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y con respecto a la creación de los tribunales de protección se indica en el artículo 174 que ‘… estos tendrán su sede en Caracas y en cada capital de estado, además de las localidades que determine la Dirección Ejecutiva de la Magistratura’. (…) Igualmente, se reafirma tal distinción con el contenido del artículo 658 cuando establece. “Si en la localidad donde se lleva a cabo la investigación no hubiere defensor público o defensora pública, se nombrara defensor o defensora de oficio a quien se notificará y se tomará juramento’, así mismo, cuando se establece en el articulo 169-A que en cada estado  y ‘municipio’ del territorio nacional se debe contar con defensores y defensoras del pueblo especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes, entendiéndose el término ‘municipio’ como sinónimo de localidad. Nótese que los términos utilizados en las normas mencionadas son específicos: ‘localidad’, ‘municipio’ y no de forma general: ‘en el lugar’. En el caso de la redacción del artículo 666 no se utilizó el término ‘localidad’ para circunscribir el conocimiento de la fase de investigación o fase intermedia a los jueces o juezas de municipio, en caso de no existir jueces de control de la sección adolescente en la zona como si se utilizó en la redacción de los artículos supra mencionados y otros tantos mas previstos en la propia ley pupilar, sino por el contrario, se utilizó un término general como el de ‘lugar’ dejándose establecido en este sentido que dicho conocimiento de la fase investigativa debe conocerla excepcionalmente el juez o jueza de municipio si en el lugar, entendido en sentido amplio, como Estado no existen tales jueces. Es así como en el año 2.000 antes de la entrada en vigencia de la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (sic), la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en fecha 20 de Marzo de 2.000 dicto la Resolución 158 publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.931 del 12/04/2.000 (sic), mediante la cual se establece régimen transitorio de las causas relacionadas con el sistema penal de responsabilidad adolescentes (…) De tal manera que en dicho artículo se otorgó en forma provisional el conocimiento en fase investigativa a los tribunales de municipio mientras se instalaba la sección penal adolescente en el Circuito Judicial Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 666 de la nueva Ley especial. En el caso del Estado Falcón, que para la época solo existía un tribunal de menores, el control de estos asuntos fueron asumidos por los jueces de municipio ubicados en eje de la Península de Paraguanà (municipios Carirubana Falcón y Los Taques) tal como fue asentado en los libros diarios de dichos tribunales en fecha 25 de Abril de 2.000, en virtud de la reunión realizada con los jueces de municipio de la época y el entonces Procurador de Menores Abogado ALEXÁNDER LÓPEZ en la cual se giró instrucciones precisas sobre el contenido de dicha Resolución. Es el caso, que en esa misma Gaceta Oficial Nº 36.931 de fecha 12/04/2.000 (sic), se publica la Resolución [número] 170 de fecha  1/04/2.000 (sic) dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante la cual se creó la sección adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en Coro y respectiva extensión en el territorio de Tucacas (…) Primero. Se atribuye en forma exclusiva y excluyente a los jueces de control, juicio y ejecución creados al respecto en la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el conocimiento de los asuntos en los cuales se encuentren involucrados o se presuma la participación activa de adolescentes conforme a las estipulaciones del Título V de la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (sic); exclusiva, de sólo único en su categoría y excluyente, que excluye, dejar fuera o rechazar, es decir, que son los únicos jueces en conocer de esta materia excluyendo a cualquier otro (Art 2º). Segundo. Se crea una extensión en Tucacas de la referida sección penal de adolescentes que conocerá solo de los hechos punibles que se susciten en dicho territorio donde se presuma o se encuentren involucrados adolescentes (Arts. 1º,3º,5º) y Tercero, estos jueces que integran la sección penal de adolescentes tienen competencia en todo el territorio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón (Art, 7º), incluyendo los municipios ubicados en el eje de la Península de Paraguaná (Carirubana Falcón y Los Taques) por lo que al imponerse esta Juzgadora en fecha 02 de julio de 2015, del contenido de dicha Resolución mal podría este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARIRUBANA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN seguir conociendo de los asuntos relacionados con la materia de responsabilidad penal de adolescentes, si el conocimiento de estos asuntos le fue dado a los jueces adscritos a la sección adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, ubicados en la ciudad de Santa Ana de Coro, de forma exclusiva y excluyente en todo el territorio del Estado Falcón. ASÍ SE DECIDE. Esta competencia exclusiva y excluyente otorgada a los Jueces de Primera Instancia de la sección adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Se refuerza con el contenido de la Resolución Nº 2005-00036, de fecha 14/12/2.005 (sic), emanada de la Sala Plena  del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en Gaceta Oficial Nº 38.492 de fecha 03/08/2.006 (…) en la cual se suprime la extensión en Tucacas de la sección penal de adolescentes (…)En tal sentido, al modificar la competencia penal pupilar a la materia penal ordinaria en la extensión de Tucacas del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, se atribuyó expresamente el conocimiento de dichos asuntos especiales a los tribunales de la sección penal adolescentes creados en Coro, y no al Tribunal del Municipio Silva del cual Tucacas es su capital, y no solo conocen de los hechos punibles suscitados en la ciudad de Tucacas como bien lo ha sido hasta la presente – sino también conocen de los hechos penales perpetrados por adolescentes en el resto de otros municipios que conforman el territorio del Estado Falcón (municipios Acosta Bolívar Buchivacoa, Colina. Dabajuro, Democracia, Federación, Iturriza Jacura, Mayria, Manaure,Miranda, Palmasola, Petit San Francisco, Silva, Sucre, Tocópero Unión, Urumaco y Zamora) con la excepción de los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques ubicados en el eje de la Península de Paraguaná, y sí tomamos en cuenta el Considerando. TERCERO de la anterior Resolución para atribuir la competencia a los jueces ubicados en la ciudad de Coro, la distancia geográfica que existe entre estos tres (3) municipios excluidos del conocimiento de los jueces de control de la sección adolescentes del Circuito Judicial Penal y la ciudad de Coro (capital), es la siguiente: municipio Carirubana cuya capital es la ciudad de Punto Fijo se encuentra separada de estos tribunales especializados por tanto solo 95.3 kilómetros o bien, a tan sólo una (1) hora y nueve (9) minutos de distancia, mientras que el municipio Falcón cuya capital es la localidad de Pueblo Nuevo se encuentra distanciado por 51 kilómetros, o bien cuarenta y cincos (45) minutos, y por su parte el municipio Los Taques se encuentra a 78,84 kilómetros de distancia, o bien a una (1) hora y trece (13) minutos de distancia respecto a estos tribunales especializados, lo que nada impide a estos el conocimiento de los hechos punibles suscitados en dichos territorios donde exista o se presuma la participación activa de adolescentes. ASI SE DECIDE. Esta comparación geográfica en cuanto a distancia- también podemos ilustrarla tomando sólo como referencia los municipios limítrofes del Estado Falcón esto es, el municipio Federación ubicado al sur del estado, el municipio Silva  ubicado al este del estado, y el municipio Mauroa ubicado al oeste; así tenemos que, la distancia existente entre la localidad Churuguara (capital del municipio Federación) y la ciudad de Coro donde se encuentran ubicados los jueces de control de la sección adolescentes es de 118.6 Kilómetros o dos (2) horas y once (11) minutos, desde la ciudad de Tucacas (capital del municipio Silva) hay 201.7 kilómetros o dos (2) horas y cuarenta y nueve (49) minutos de distancia, y desde la localidad de Mene Mauroa (capital del municipio Mauroa) existe una distancia de 184,1 kilómetros o dos (2) horas y veintisiete (27) minutos espacios geográficos en los cuales al momento de suscitarse un hecho punible con la presunta participación de adolescentes, son los jueces de control de la fase de investigación o fase intermedia, y no los tribunales de municipios limítrofes son más amplias en términos de kilometraje y en términos de hora/tiempo que las distancias entre la ciudad de Coro y Punto Fijo (capital del municipio Carirubana), entre la ciudad de Coro y Pueblo Nuevo (capital del municipio Los Taques), por lo que, no existe impedimento para que sean estos jueces de control especializados en la materia de responsabilidad penal de adolescentes los que conozcan de los hechos suscitados en el espacio geográficos del Municipio Carirubana y no este tribunal de municipio. Y ASI SE DECIDE…”.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre la regulación planteada en la presente causa por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y, al respecto, observa que el Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“Artículo 70.- Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de competencia.

 

Artículo 71.- La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior ”.

 

De la lectura de dichas disposiciones y de su interpretación adecuada se concluye que cuando un tribunal se declare incompetente por la materia o el territorio para conocer sobre una causa y la remita a otro tribunal que, en igual sentido, se declare incompetente, corresponderá al más Alto Tribunal del país, hoy denominado Tribunal Supremo de Justicia, decidir cuál será el órgano judicial al cual le corresponda conocer del asunto que suscitó la regulación, salvo que los tribunales que se hubieran declarado incompetentes tengan un Tribunal Superior común en la Circunscripción, supuesto en el cual le corresponderá a ese tribunal conocer y decidir la regulación oficiosa de competencia.

   

En ese orden de ideas, es preciso señalar que el artículo 24, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

 

“Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:

 (…)

 3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos”.

 

Así las cosas, se verifica que en el presente caso se plantea una regulación oficiosa de competencia en virtud del conflicto de no conocer que se suscitó entre el Tribunal Primero de Control Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Coro y el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el proceso se inició respecto a dos adolescentes, por lo que conviene destacar que la competencia para conocer de tales hechos se encuentra establecida en los artículos 665 y 666 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales prescriben lo siguiente:

 

“Artículo 665. Jurisdicción. Corresponde a la sección de adolescentes de los tribunales penales ordinarios y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en este Título, a las leyes de organización judicial y a la reglamentación interna.

 

Artículo 666. Constitución de la Sección de adolescentes del tribunal penal. El juez o la jueza en la fase de investigación o fase intermedia se denominará juez o jueza de control. Si la investigación se lleva a cabo en lugar donde no funcione este tribunal, asumirá esta función el juez o la jueza de municipio (…)”. (Resaltado de la Sala)

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que en el artículo 666 de la citada Ley Orgánica el legislador les otorgó a los Juzgados de Municipio, hoy denominados Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, la competencia para conocer como Jueces de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, en aquellos lugares donde no existan tribunales con tal competencia.

 

A mayor abundamiento, esta Sala Plena, mediante Resolución número 2014-0030, del trece (13) de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.566, del diecinueve (19) de diciembre de 2014, ratificó la competencia que en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente ostentan los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas en los términos que se transcriben a continuación:

 

“(…)

 

CONSIDERANDO

 

Que actualmente existen Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas que mantienen competencia especial en materia de obligación alimentaria  o de manutención y de Responsabilidad Penal del Adolescente.

 

CONSIDERANDO

 

Que el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos correspondientes a la Sección de Adolescentes de los tribunales penales son asumidos para su investigación y decisión por algunos Jueces o Juezas a cargo de Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, en aquéllos lugares donde territorialmente no existen o no funcionan órganos jurisdiccionales con competencia en Sección de Adolescentes.

 

(…)

RESUELVE

 

(…)

 

Artículo 3. En los lugares donde no funcione tribunal especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y Responsabilidad Penal del Adolescente, asumirá el control de la investigación y audiencia preliminar de responsabilidad penal el Juez o Jueza de Municipio del lugar, hasta tanto se creen los tribunales especializados en la materia; debiendo realizar la distribución de causas y comisiones de acuerdo a la presente Resolución.

(…)”. (Resaltado de la Sala).

 

En este orden de ideas, conviene traer a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Penal en sentencia núm. 391, de fecha cinco (5) de junio de 2015, en la cual expresó lo siguiente:

 

“De las normas anteriormente transcritas, se evidencia que él o la adolescente que incurra en hechos punibles, debe ser juzgado por jueces con competencia especializada y por el procedimiento que determina la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, respetando así el debido proceso y las garantías constitucionales que igualmente amparan a los adolescentes sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente; tal y como lo consagra la Ley especial.

Sin embargo, el artículo 666 de  la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, les otorga la competencia a los Juzgados de Municipio para conocer en funciones de Juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, en los lugares donde no funcione un tribunal de control. 

Como corolario de lo anterior,  la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de agosto de 2014, dictó  Resolución N° 2014-0030, en la cual resolvió lo siguiente:

 

'Artículo 3. En los lugares donde no funcione tribunal especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y Responsabilidad Penal del Adolescente, asumirá el control de la investigación y audiencia preliminar de responsabilidad penal el Juez o Jueza de Municipio del lugar, hasta tanto se creen los tribunales especializados en la materia; debiendo realizar la distribución de causas y comisiones de acuerdo a la presente Resolución: …'.

 

Es el caso, que los hechos objetos del presente proceso penal, ocurrieron en El Aceital, Municipio Independencia del estado Anzoátegui. En dicha localidad no funciona un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, tal como lo exige la ley especial, razón por la cual dicha función deberá ser asumida por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Independencia del estado Anzoátegui”.

 

Así pues, conforme con lo preceptuado en los artículos 665 y 666 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución número 2014-0030, del trece (13) de agosto de 2014, dictada por esta Sala Plena y, con el criterio sentado por la Sala de Casación Penal en un caso análogo, se observa que en el asunto que nos ocupa, los hechos que originaron el proceso penal se suscitaron en el Municipio Carirubana del Estado Falcón, y que en dicha localidad no se encuentra un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, por lo que, en principio sería competente para tramitar dicha causa un tribunal de municipio ordinario y ejecutor de medidas.

 

Ahora bien, siendo que el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón -en efecto- ostenta la competencia para conocer como Tribunal de Primera Instancia de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente en los procesos a que diera lugar la presunta comisión de una falta que se le impute a un adolescente, se verifica, entonces, que en el caso que nos ocupa se ha planteado un conflicto de competencia de no conocer entre dos Tribunales de Primera Instancia en Función de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, esto es, dos tribunales que ostentan la misma jerarquía y competencia por la materia, pero de distinto ámbito territorial.

 

Siendo ello así, se verifica que los referidos tribunales se encuentran dentro de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y que los mismos tienen, efectivamente, un superior común con competencia en la materia de ambos, a saber, la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, razón por la cual esta Sala Plena, con arreglo a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, concluye que no le corresponde resolver la solicitud de regulación bajo examen, y que la competencia para decidir cuál será el órgano judicial al cual le es dado tramitar el asunto que suscitó la regulación es de la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Así se decide.

 

Es precisa la oportunidad para hacer un llamado de atención a la Jueza del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en virtud que erró al estimar que no ostentaba competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente y que, por ende, se había planteado un conflicto de competencia entre dos tribunales de distintas jurisdicciones (penal y civil) que debía ser resuelto por esta Sala Plena; en tal virtud, se insta a que en lo sucesivo aplique correctamente las Leyes que rigen la materia y las Resoluciones emanadas de este Alto Tribunal, garantizando así el derecho a la defensa y al debido proceso de los justiciables y evitando dilaciones indebidas.

III

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: Que es INCOMPETENTE para conocer y decidir la solicitud de regulación de competencia planteada de oficio por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, al cual le fue remitido el expediente por el Tribunal Primero de Control, Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Coro, con ocasión del juicio seguido contra dos adolescentes (cuya identidad se omite en atención a lo dispuesto en el artículo 65, Parágrafo Segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) por estar presuntamente incursos en la comisión de los delitos de Hurto Calificado y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, previstos en el numeral 1 del artículo 453, del Código Penal  y en el artículo 470 eiusdem.

 

SEGUNDO: Que es COMPETENTE la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, conocer y decidir dicha regulación de competencia.

 

TERCERO: Se ORDENA remitir el expediente a la precitada Corte de Apelaciones a objeto que decida la regulación de competencia.

 

Publíquese, regístrese y remítase copia del presente fallo al Tribunal Primero de Control, Sección Penal Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Coro, y al Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipios Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16)  días del mes de marzo del año dos mil quince (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

 

LA PRESIDENTA,

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

PRIMER  VICEPRESIDENTE,                                                         SEGUNDA VICEPRESIDENTA,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ                    INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE

Los  Directores,

 

 

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL           GUILLERMO  BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES                    EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                                      FRANCISCO  RAMÓN  VELÁZQUEZ   ESTÉVEZ

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                                           MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                                                 JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER                                     INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA  ARIZALETA

 

 

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR  SIERO                                                       ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

MARISELA  VALENTINA  GODOY  ESTABA                       DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

 

 

 

EDGAR  GAVIDIA RODRÍGUEZ                                                      LUIS FERNANDO  DAMIANI  BUSTILLO

 

 

 

CALIXTO ANTONIO ORTEGA RÍOS                                         LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS                                                     FANNY MÁRQUEZ CORDERO

 

 

 

CHRISTIAN TYRONE ZERPA                                                        VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES                                         JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ                                             JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONSO

 

 

 

El Secretario,

 

 

JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

 

 

 

Exp. AA10-L-2015-000108

MJMP.

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