Venley

Sentencia N.º 471

Sentencia
N.º 471
Fecha
29/09/2009
Sala
Casación Penal
Expediente
C09-249
Ponente
Miriam del Valle Morandy Mijares
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el día 24 de julio de 1.999, siendo aproximadamente las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, se trasladaron hasta el pasaje 7, entre veredas 6 y 7 de Las Margaritas en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, donde se encontraba el cadáver del ciudadano CARLOS ANDRÉS PÉREZ MORA, el cual presentó varias herida producidas por arma blanca.

 

 Los funcionarios policiales fueron informados por testigos presenciales del hecho que ese día aproximadamente a las 07:30 de la mañana los ciudadanos CARVAJAL OJEDA YOS EVER, DÁVILA ORTÍZ GERSON ORLANDO, ÁLVAREZ VILLASMIL JOSÉ MANUEL, DUQUE GARCÍA ÁNGEL ALEXIS, VALERO ROMERO MARÍA VIRGINIA Y LUIS ALEXANDER MONCADA GARCÍA (Apodado “TIRO LOCO”), se encontraban bebiendo en la vereda 5 del Barrio Las Margaritas, cuando llegó al sitio el ciudadano CARLOS ANDRÉS PÉREZ MORA apodado “EL CUBANO”. Surgió una discusión entre el ciudadano LUIS ALEXANDER MONCADA GARCÍA, quien  insultó a la víctima la cual trató de evadir el altercado siendo perseguido por LUIS ALEXANDER MONCADA GARCÍA, posteriormente regresó el ciudadano LUIS ALEXANDER MONCADA GARCÍA con un cuchillo ensangrentado en la mano y manifestó: “que se las había cobrado a El Cubano”, y procedió a retirarse del lugar en compañía de la ciudadana VIRGINIA VALERO.

 

El Tribunal Tercero (Mixto) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, a cargo del ciudadano juez abogado JOSÉ MAURICIO MUÑOZ MONTILVA y los ciudadanos escabinos MARÍA HURTADO y FERNANDO HERNÁNDEZ, el 29 de julio de 2008, CONDENÓ al ciudadano acusado LUÍS ALEXANDER MONCADA GARCÍA, venezolano y con cédula de identidad número 12.227.683, a cumplir la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRESIDIO, por haber sido encontrado culpable de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal (reformado) en concordancia con el artículo 77 ordinal 5° “eiusdem”, en perjuicio del ciudadano CARLOS ANDRÉS PÉREZ.

 

El ciudadano abogado RODOLFO AMÉRICO GANDICA ANTELIZ, Defensor del ciudadano acusado LUÍS ALEXANDER MONCADA GARCÍA, interpuso recurso de apelación contra el fallo del juzgado de primera instancia.  

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira,  a cargo de los ciudadanos jueces abogados GERSÓN ALEXANDER NIÑO (Presidente) ELISEO JOSÉ PADRÓN HIDALGO (Ponente)  e IKER ZAMBRANO CONTRERAS, el 22 de abril de 2009 declaró SIN LUGAR el recurso interpuesto y confirmó el fallo del juzgado de juicio y en su decisión manifestó lo siguiente:

 

“...Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el recurrente Rodolfo Américo Gandica Anteliz, acerca de que en el presente caso hubo violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio oral y público, sin especificar cuáles fueron los actos que causaron esta violación, esta alzada de la revisión de las actas que conforman la presente causa, aprecia que el juicio celebrado en contra del acusado Luís Alexander Moncada García, se verificó de forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes, como en lo concerniente a la recepción de pruebas, imponiéndose al acusado del artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las disposiciones contenidas en los artículos 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando éste que se acogía al precepto constitucional, de manera que, se cumplió con la oralidad del proceso, conforme al artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente, el juicio se celebró con la presencia ininterrumpida de la juez presidenta del tribunal y los escabinos María Hurtado y Fernando Hernández, se recepcionaron e incorporaron los medios de prueba conforme a lo previsto en el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, cumpliéndose así con el principio de inmediación, tal como lo dispone los artículos 16 y 332 de la norma adjetiva penal. En lo atinente a la concentración se observa que se desarrolló el juicio oral y público en seis (06) sesiones de fechas, 26-02-2008, 03-03-2008, 12-03-2008, 31-03-2008, 08-04-2008 y 22-04-2008, que fueron necesarias para recepcionar e incorporar las pruebas ofrecidas por las partes, dictándose decisión en la última de la sesión; por tanto, no se evidencia de las mismas que se haya producido la interrupción contemplada en el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal.

 En consecuencia, al no apreciar esta Alzada vulneración a las normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio oral y público, circunstancia fáctica establecida en el numeral 1 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que forzosamente esta denuncia debe ser desestimada, y así se decide.

TERCERO: El numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé cinco causales de apelación de sentencia definitiva, a saber: (1) Por “falta de motivación en la sentencia”, (2) por “contradicción en la motivación de la sentencia”, (3) por “ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia”, (4) por estar fundada la sentencia en prueba obtenida ilegalmente, y (5) por estar la sentencia fundada en prueba incorporada con violación a los principios del juicio oral.
Del recurso de apelación se observa, que el recurrente menciona en forma general que la sentencia recurrida viola el contenido del numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, pero luego menciona que la sentencia está inmotivada por cuanto el juez a quo no fundamentó cada uno de sus argumentos en cuanto a las declaraciones de los testigos, señalando que se limita sólo a enunciar que se le daba valor probatorio por merecer fe al tribunal sus dichos. Igualmente, refiere que no hubo indicios en cuanto al testigo José Manuel Álvarez Villasmil ya que dicha declaración fue manejada y orientada por la representación fiscal, presentando constantes y reiteradas contradicciones al igual que la declaración rendida por Wilson Orlando Dávila Ortiz.

Del recurso de apelación se evidencia también, que el recurrente pretende denunciar la contradicción en la motivación de la sentencia al mencionar que la recurrida afirma algo primero y luego lo contrario, pues da por demostrado unos hechos y luego establece lo contrario, lo cual sin lugar a dudas es inverosímil a criterio del recurrente, pero no especifica concretamente cuales son los argumentos empleados por él a quo, que a su criterio son contradictorios. Igualmente menciona, que existe contradicción por cuanto la recurrida no se pronuncia sobre la ausencia de la causa de justificación argumentada por la defensa del acusado

 

Se desprende del recurso de apelación igualmente, que el recurrente pretende denunciar que la sentencia se fundamentó en prueba obtenida ilegalmente, al solicitar que se declare la nulidad de la experticia número 2497 de fecha 27 de julio de 1999 y de la autopsia número 458-99, suscritas por los expertos Nersa Socorro Rivera y Cuauthemoc Abubndio Guerra, ya que según el recurrente, los mismos tal como se evidencia en las actas de juicio que consta a los folios 654 y 656, se identificaron con los números de cédulas de identidad V- 5.668.925 y V- 2.278.817, respectivamente y según los datos del Registro Electoral Permanente, esos números no pertenecen a dichos expertos.

Siendo deber de esta Sala, garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y el principio de la doble instancia, se procede a dar una repuesta razonada al mismo, a pesar de no haber fundadamente invocado las causales concretas con apego al numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual al examinar el recurso, la Sala entiende que el recurrente lo que pretende es delatar los vicios de falta de motivación de la sentencia, contradicción en la motivación de la misma, y que la sentencia se fundamentó en prueba obtenida ilegalmente.

(…)

Por ello, en virtud de lo antes expuesto, esta Corte procede a revisar la sentencia apelada para verificar si efectivamente la misma adolece de motivación debiendo hacer la advertencia que los testimonios y elementos que constituyeron medios de prueba para crear la certeza en el juzgador, no son motivo de análisis para esta Sala, ya que no está facultada para analizar las versiones ofrecidas por los órganos de prueba, en razón que el llamado a examinarlas, compararlas y valorarlas es el juez de juicio, quien es el soberano para establecer el hecho acreditado, mediante la sana crítica y conforme a la técnica de motivación, no siendo censurable el grado de convencimiento obtenido por el juez a quo, pues sólo es reprochable la manera cómo abordó la certeza del hecho que consideró probado.

Como se indicó ut supra, denuncia el recurrente que la decisión impugnada no fundamentó cada uno de los argumentos en cuanto a las declaraciones de los testigos, señalando que se limita sólo a enunciar que se daba valor probatorio por merecer fe al tribunal sus dichos. Igualmente, refiere que no hubo indicios en cuanto al testigo José Manuel Álvarez Villasmil ya que dicha declaración fue manejada y orientada por la representación fiscal, presentando constantes y reiteradas contradicciones al igual que la declaración rendida por Wilson Orlando Dávila Ortiz.

Ahora bien, al analizar el caso subjudice, observa esta Sala, que el juez de la recurrida procedió a publicar sentencia en fecha 29 de julio de 2008, con base a lo debatido en el juicio oral y público celebrado en seis (06) audiencias, valorando cada uno de los medios de prueba, de la siguiente manera:

(…)

De la operación mental que hizo el aquo, valorando y comparando las pruebas quedó acreditado la autoría y consecuente responsabilidad penal del ciudadano Luís Alexánder Moncada García en los hechos acaecidos en fecha 24 de julio de 1999, aproximadamente a las siete y treinta horas de la mañana, donde con un arma blanca punzo penetrante le propinara varias heridas al hoy occiso Carlos Andrés Pérez, quien perdiera la vida de manera instantánea.

De la valoración y comparación del acervo probatorio, la recurrida acreditó que el ciudadano Carlos Andrés Pérez resultó muerto por herida producida por arma punzo penetrante que le ocasionó la muerte de manera inmediata al ser la zona comprometida el corazón, produciendo un hemicapericardio masivo, ocasionando un shock hipobolémico. De igual manera, la recurrida acreditó que Orlando Dávila y José Manuel Álvarez Villasmil, testigos presenciales percibieron con sus sentidos tanto la discusión entre Carlos Andrés Pérez (hoy occiso) y Luís Alexander Moncada García y que luego de la discusión Luís Moncada (apodado tiro loco) tenía las manos y las mangas de la chaqueta blanca ensangrentadas. No existiendo duda para la recurrida que el autor del homicidio intencional simple en perjuicio de Carlos Andrés Pérez, fuera el ciudadano Luís Alexander Moncada García.

Como se indicó, el recurrente pretende denunciar también la contradicción en la motivación de la sentencia, al mencionar que la recurrida afirma algo primero y luego lo contrario, pues da por demostrado unos hechos y luego establece lo contrario, lo cual sin lugar a dudas es inverosímil a criterio del recurrente; señalando también, que la sentencia es contradictoria por cuanto no se pronuncia sobre la causa de justificación argumentada por la defensa del acusado.

En cuanto a lo afirmado por el recurrente, que la sentencia da por demostrados unos hechos y luego establece lo contrario, es falsa esta apreciación por cuanto luego de valorar las pruebas que se incorporaron al debate, la recurrida acreditó como se indicó ut supra, la autoría y consecuente responsabilidad penal del ciudadano Luís Alexander Moncada García en los hechos acaecidos en fecha 24 de julio de 1999, aproximadamente a las siete y treinta horas de la mañana, donde con un arma blanca punzo penetrante le propinara varias heridas al hoy occiso Carlos Andrés Pérez, quien perdiera la vida de manera instantánea.
De la valoración y comparación del acervo probatorio, la recurrida acreditó que el ciudadano Carlos Andrés Pérez resultó muerto por herida producida por arma punzo penetrante que le ocasionó la muerte de manera inmediata al ser la zona comprometida el corazón, produciendo un hemicapericardio masivo, ocasionando un shock hipobolémico. De igual manera, acreditó que Orlando Dávila y José Manuel Álvarez Villasmil, testigos presenciales percibieron con sus sentidos tanto la discusión entre Carlos Andrés Pérez (hoy occiso) y Luís Alexánder Moncada García y que luego de la discusión Luís Moncada (apodado tiro loco) tenía las manos y las mangas de la chaqueta blanca ensangrentadas; en consecuencia, no es cierto que se acreditara un hecho distinto al anteriormente referido.

(…)

Asimismo, en cuanto a la presunta contradicción que presenta la decisión recurrida al no pronunciarse sobre una causa de justificación presuntamente alegada por la defensa; esto antes de constituir el vicio de contradicción en la motivación de la sentencia, constituye una posible falta de motivación en la misma, porque si él a quo omitió pronunciarse sobre alguna causa de justificación alegada en el desarrollo del debate, incurriría en silencio sobre un aspecto que fue debatido y sobre el cual no se pronunció.

Ahora bien, al revisar esta Sala las actuaciones concernientes al presente caso, se determinó que en ningún momento de las seis (06) sesiones celebradas con ocasión del juicio oral y público seguido al acusado Luís Alexander Moncada García, éste o su defensa alegaron causa de justificación alguna, pues incluso Luís Alexander Moncada García al momento de imponerse del precepto constitucional para rendir declaración libre y espontánea, señaló que no quería declarar; tampoco la defensa, en los alegatos de apertura y conclusivos, hizo señalamiento concreto sobre alguna causa de justificación; en consecuencia, al no haberse planteado la misma, no existía obligación de pronunciamiento por parte del a quo, conllevando a desestimarse esta denuncia por ser impertinente, y así se decide.
En cuanto a que la sentencia se fundó en prueba obtenida ilegalmente, por cuanto según el recurrente los expertos Nersa Socorro Rivera y Cuauthemoc Abubndio Guerra, se identificaron en el juicio oral y público con números de cédula de identidad que no les corresponde, y por tanto, pide se declare la nulidad de la experticia número 2497 de fecha 27 de julio de 1999 y de la autopsia número 458-99, esta Corte considera que de conformidad con el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, es obligación del juez presidente del tribunal luego de juramentar al experto o testigo, interrogarlo sobre su identidad personal, y tal como consta a los folios 561 y 594 de las actuaciones, la juez presidente que presidía el tribunal mixto cumplió con esa obligación, identificándose la experta Nersa Socorro Rivera como funcionaria adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el ciudadano Cuauthemoc Abubndio Guerra, como médico forense jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no existiendo en las actas contenidas en los folios mencionados, que la defensa hiciera algún tipo de objeción sobre la identificación de esos expertos; además, el propio recurrente en su escrito de apelación reconoce que Nersa Socorro Rivera, es funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y que Cuauthemoc Abubndio Guerra, es médico forense jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; en consecuencia, debe desestimarse la presente denuncia por manifiestamente infundada, y así se decide.

Con base a las consideraciones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones estima que la sentencia recurrida no contiene los vicios de inmotivación, de contradicción, y tampoco se fundó en prueba obtenida ilegalmente; en consecuencia, se desestiman por ser manifiestamente infundadas las presentes denuncias, y así se decide.

CUARTO: Tal como se indicó ut supra el recurrente menciona la violación del numeral 3 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado al quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión, no señalando concretamente cuáles actos fueron a su criterio los que produjeron el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que causen indefensión.

Considera la Sala que cuando al justiciable se le priva o limita en el ejercicio de algún derecho o garantía constitucional que cause indefensión, ello constituye un vicio “in procedendo”, que obviamente afecta la relación jurídica procesal, y cual versa respecto de la actividad procesal, es decir, en cuanto al cómo, cuándo, dónde, y quién debe intervenir en su realización, y desde luego, en cuanto al mérito en si mismo del acto procesal, que en todo caso, debe ser de tal importancia, capaz de causar indefensión al justiciable, que de no haberse producido el vicio, hubiese sido posible una decisión distinta.

Tales violaciones se producen en el campo del derecho adjetivo, pudiendo ser mediante el quebranto o la omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión. En el primer supuesto, el juzgador aplica la norma jurídica pero equivocadamente y por ello quebranta la forma sustancial del acto, causando indefensión; mientras que, en la omisión, hay una conducta negativa que infringe la norma preceptiva cual le obliga a ejecutarlo, causando igualmente indefensión. De allí que, al existir una defectuosa constitución en el nacimiento o desarrollo de la relación jurídica procesal, por existir un vicio “in procedendo”, lo cual impide abordar una sentencia de mérito, trayendo consigo la celebración de un nuevo juicio, ante un juez distinto al que dictó la recurrida, a tenor de lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

 Al analizar la sentencia recurrida y las actas que registran documentalmente los actos sucesivos que constituyeron el debate oral, esta Corte de Apelaciones no encontró irregularidad alguna que haya ocasionado indefensión al ciudadano Luís Alexander Moncada García, en consecuencia, se debe desestimar la presente denuncia por estar igualmente infundada, y así se declara.

QUINTO: También denuncia el recurrente la violación de ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, pero no concreta las razones ni fundamentos por los cuales cree que la sentencia recurrida adolece de tal vicio.

 

El vicio de violación de ley se materializa por inobservancia (falta de aplicación) o errónea aplicación (falsa aplicación) de una norma jurídica, que versa respecto de disposiciones de carácter sustantivo, que hayan incidido en forma determinante en el dispositivo de la sentencia, en otras palabras, constituye un vicio “in iudicando”, “in iure”, esto es, sobre la aplicación de una norma jurídica que regula la relación sustancial o material de las partes, que se produce durante la actividad intelectual del juzgador.

Por ello, el legislador patrio, al estimar debidamente constituida la relación jurídico procesal, no sanciona la violación de ley con la nulidad de la sentencia; pudiendo la alzada dictar una sentencia propia con base a los hechos acreditados por la recurrida; salvo que, se haga necesario un juicio oral y público sobre los hechos, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de inmediación y contradicción; conforme al artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, al no apreciar esta Alzada vulneración ni violación del ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, ya que del hecho acreditado el juez a quo llegó a la convicción de que la calificación jurídica aplicable era el delito de Homicidio Intencional Simple, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal (vigente para el momento de los hechos), así como el artículo 77 ordinal 5 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Carlos Andrés Pérez Mora (hoy occiso), circunstancia fáctica establecida en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que forzosamente esta denuncia debe ser desestimada, y así se decide.

En razón de las consideraciones que anteceden, esta Sala única de la Corte de Apelaciones, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rodolfo Américo Gandica Anteliz, debiéndose confirmar la sentencia publicada en fecha 29 de julio de 2008, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal; y así se decide.....”.  

 

 

Contra este fallo el ciudadano abogado RODOLFO AMÉRICO GANDICA ANTELIZ, Defensor del acusado interpuso recurso de casación.

 

En fecha 16 de junio de 2009 fue remitido el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se recibió el 29 de junio de 2009. En esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso de casación, conforme a lo previsto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN

PRIMERA  DENUNCIA

 

 La defensa del acusado en el escrito contentivo del recurso de casación adujo lo siguiente:

“…Denuncio, en base  al artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, la violación del artículo 22 “eiusdem”, por considerar que: “… la Corte de Apelaciones incurrió en errónea valoración de las pruebas al dar por comprobada la CULPABILIDAD del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, con testigos que materialmente en ningún momento atestiguan, declaran o dan aseveración cierta de haber estado presentes, solamente algunos refenciales (sic) y otros  no presenciales  tales hechos en el momento en que el occiso de autos recibe las heridas…”.

El sentenciador tanto de primera instancia como de la Corte de Apelaciones basaron la sentencia en las declaraciones de los testigos ALVAREZ VILLASMIL JOSE (sic) MANUEL, su declaración se ve o puede observar a simple vista que fue manejada y orientada por la representación fiscal (…) En cuanto a otro (sic) testimonial del ciudadano DAVILA ORTIZ WILSON ORLANDO, que va desde el folio 618 al 620, igualmente se pueden apreciar contradicciones de (sic) todo punto de vista (…) En lo referente al testimonial de la ciudadana Pérez Josefina que va desde los folios 620 al 621, la misma es ilegal, improcedente, impertinente, desde todo punto de vista, ya que la misma no reconoce o no sabe porque la llamaron de testigo ya que la misma la llamaron para participarle de la muerte de su sobrino (…) igualmente reconoce en su declaración fehacientemente que es tía del fallecido, por lo tanto guarda relación  directa con la victima (sic) para ser testigo hábil estando entre las incapacidades que señala nuestra ley y jurisprudencia, pues la misma esta (sic) marcada que para ser  una persona testigo hábil no puede guardar relación directa con la victima (sic) aquellas personas hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por lo tanto la declaro improcedente. En cuanto a las experticias que van desde el 122 al 123 los funcionarios Gerson Martínez y  Rosa  Lisbeth Medina Medina, la misma no señala o no establece con claridad elementos de prueba fehacientes que incriminen a mi defendido (…)  es decir que no existen ni siquiera indicios o elementos suficientes de convicción que hagan por lo menos presumir que mi defendido sea culpable de dicho hecho…”.

 

 

SEGUNDA  DENUNCIA

 

Con  apoyo en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la defensa denunció falta de aplicación del encabezamiento del artículo 457 en concordancia con el numeral 2 del artículo 452 ambos del texto Adjetivo Penal.

 

En su denuncia el recurrente manifestó lo siguiente:

 

“….  Por lo tanto en el recurso de Apelación, denuncie el (sic) amparo del numeral 2 del artículo 452 cuando éste se funda en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral; (…) MOTIVO PRIMERO en cuanto a la prueba obtenida ilegalmente, por cuanto denuncie (sic) que los expertos Nersa Socorro Rivera y Cuauthemoc Abubndio Guerra, se identificaron (sic) el juicio oral y público con números de cédula de identidad que no les corresponde, y por tanto, pedí se declarará la nulidad de la experticia número 2497 de fecha 27 de julio de 1999 y de la autopsia número 458-99, esa Corte consideró que de conformidad con el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, es obligación del juez presidente del tribunal luego de juramentar al experto o testigo, interrogarlo sobre su identidad personal, y tal consta a los folios 561 y 594 (….)  Ahora bien ciudadanos Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaro inexistente y nulas desde todo punto de vista dichas ratificaciones de contenidos y firmas de las mismas, que reposan en los folios arriba mencionados…”.

 

TERCERA DENUNCIA

 

En su denuncia el recurrente aduce lo siguiente:

 

 “… denuncio  que fueron infringidas la normas o normas del Código Orgánico Procesal Penal como los artículos 13, 22, 281, 364, 451 y siguientes, así como el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual hago una pequeña reseña de lo actuado y de lo que se basaron tanto el Sentenciador como la Corte de Apelaciones de la siguiente manera:

1)       Testigos: José Manuel Álvarez Villasmil.- Testigo Referencial no presenció el hecho.

2)       Valero Romero maría Virginia: no presenció los hechos.- No vio a Alexander con las manos llenas de sangre.

3)       Wilson Orlando Dávila Ortiz: Referencial.

4)       Josefina Pérez: (Tía del fallecido) Le mostraron una foto (estaba en barrancas).

5)       Gerson Martínez (CICPC).  Experticia: reconocimiento Legal y experticia de activación especial.

6)       Rosa Lisbeth Medina Medina (CICPC). Experticia Hematológica y Reconocimiento Legal. Navaja: no existe material de naturaleza hermética (sic). Reactivo Luminol (NO).

7)       Iris Linnet Vásquez Echeverria No vio nada.

8)       Ángel Alexis Duque Gracia. Entrenador, Tiro Loco, siempre estuvo dentro del grupo de 4 a los 7 años, testigo que supuestamente no está diciendo la verdad. No dijo si vio o no y que hoyo (sic)  decir que el  (sic)  había matado a Carlos  (sic) era Tiro loco.   (….)

9)       Manuel Antonio Chacón Vivas – Camisa era morada con manchas de sangre, pequeños orificios en la camisa.

10)   Nersa Socorro Rivera (positivo para alcohol).

·          La sangre en la Chaqueta nunca fue probada.

·          En el arma tampoco fue probada que tuviera impregnada sangre de la victima (sic).

11)   Continuación CICPC. Héctor Gámez, Inspecciones Ténicas (sic).

12)   Linda YASMIN Villamizar (CICPC) Experticia sobre instrumento punzo cortante (navaja), se constanto que no se localizaba ningún material de naturaleza hermética (sic).

13)   José Armando Ruiz (Experto)

Franela color morado.

14)   Dr. Báez Jordan Nelson Jesús, medico (sic) Anatomopatólogo herida de carácter mortal.

·          Es de resaltar que en el arma en referencia jamás se encontraban huellas que incriminen a mi defendido de modo alguno….”.

 

 

La Sala, para decidir, observa:

 

La Sala, pasa a resolver conjuntamente estas denuncias, por tener alegatos similares.

La procedencia del recurso de casación está dada por el conjunto de requisitos necesarios para que pueda pronunciarse sobre el fondo de la impugnación. El recurso se concederá si ha sido interpuesto en forma y término por quien puede recurrir y si la resolución impugnada da lugar a él.

 

Los artículos 459, 460  y 462 del Código Orgánico Procesal Penal prevén:

 

“Artículo 459. Decisiones recurribles. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación…”.

 

“Artículo 460. Motivos. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación…”.

 

“Artículo 462. Interposición. El recurso de casación (...) Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios...”.

  

De la lectura del escrito de fundamentación del recurso de casación se observa que el denunciante fundamentó el recurso en el artículo 452 del texto adjetivo penal, pues el recurrente no señaló claramente el presunto vicio cometido por la Corte de Apelaciones y la forma en que lo impugna y al obviar esto, el recurrente  desvirtúa  la naturaleza del recurso.

 

La Sala Penal, ha reiterado el criterio y sobre el particular a dicho:

 

“…...el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, no se puede denunciar infringido por inmotivación de sentencia. Asimismo, ha dicho la Sala que el artículo 452, eiusdem, tampoco puede ser denunciado en casación ya que el mismo está relacionado a los motivos en los cuales se fundamenta el recurso de apelación...” (Vid Sentencia n° 565 del 28 de octubre de 2008).

 

También se evidencia que el recurrente plantea los supuestos vicios existentes en las decisiones dictadas en sus respectivas oportunidades por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira y por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, relativos a  la obtención y valoración de los elementos probatorios durante el curso de debate,  lo  que acarrea  el incumplimiento de los referidos  artículos  del Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia  reiterada de esta Sala. 

 

La Sala ha decidido con reiteración que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia y sólo podrá ser interpuesto contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones y respecto a la valoración de los medios probatorios y acreditación de los hechos controvertidos, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio. Las Cortes de Apelaciones sólo podrán valorar pruebas cuando éstas se ofrezcan junto al recurso de apelación.

 

 

Incurre en error la defensa, cuando a pesar de que recurre en casación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, las razones que sustentan el recurso de casación, van dirigidas a presuntas infracciones cometidas por  el Tribunal de Juicio  y en sus denuncias realiza una descripción de cada uno de los elementos probatorios  así como lo reflejado por el tribunal de primera instancia al momento de valorarlos para fundamentar su fallo.

 

  Sobre este particular, la Sala Penal ha dicho:

 

...al interponerse el recurso de casación, quien recurre, además de expresar su descontento con el fallo que le es adverso (elemento subjetivo) está en el deber de exponer las razones de Derecho (elemento objetivo) que demuestren que el fallo que se recurre presentó un vicio cuya relevancia amerita su nulidad, por lo que el vicio denunciado debe ser también propio de la sentencia impugnada. El recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral) sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones…”. (vid. Sentencia n° 604 del 11 de noviembre de 2008).

 

 Reitera esta Sala lo siguiente:

 

“...el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones y respecto a la valoración de las pruebas formadas en el juicio oral, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio….”. (vid. Sentencia n° 115 del 28 de febrero de 2008).

 

Es Necesario hacer referencia a que el recurso de casación es  un recurso extraordinario, mediante el cual solo se puede  pretender subsanar los vicios de los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, y así  lo  dispone el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano condenado LUÍS ALEXANDER MONCADA GARCÍA. Así se decide

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, DESESTIMA por manifiestamente infundado el recurso de casación  interpuesto por el ciudadano abogado RODOLFO AMÉRICO GANDICA ANTELIZ, Defensor del ciudadanos acusado LUÍS ALEXANDER MONCADA GARCÍA, contra la sentencia dictada el 22 de abril de 2009,  por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.  

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   VEINTINUEVE  días del mes de  SEPTIEMBRE    de dos mil  nueve. Años 199° de la Independencia y 150º de la Federación.

 

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

 

La Magistrada Vice-Presidenta,

 

 

 

 DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

 

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

Ponente

 

 

 

  

La Secretaria,

 

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Exp. 09-249

MMM.

 

 

 

La Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, no firmó por motivo justificado.

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