Venley

Sentencia N.º 475

Sentencia
N.º 475
Fecha
21/05/2010
Sala
Constitucional
Expediente
09-0881
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Solicitud de Revisión

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 20 de julio de 2009, SANS GENE C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 24 de noviembre de 1977, bajo el n.° 97, Tomo 133-A, cuya reforma se inscribió ante el Registro Mercantil Quinto de esa circunscripción judicial, el 26 de agosto de 1998, bajo el n.° 64, Tomo 242, mediante la representación del abogado Gilberto Rafael Imery López, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 4.768, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia n.° 00564, de 7 de agosto de 2008, que declaró perecido el recurso de casación que anunció Inversiones Morcone C.A. y sin lugar el recurso de casación que interpuso la solicitante de la revisión contra la actuación judicial que emitió, en reenvío, el Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de octubre de 2007, en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, cobro de cánones e indemnización por daños y perjuicios que Inversiones Morcone C.A. incoó en su contra; para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 23 de julio de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.

I

DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE

1.        La representación judicial del requirente de revisión alegó:

1.1    Que solicitan revisión del veredicto n.° 00564 que emitió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 7 de agosto de 2008, “mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso de Casación propuesto por (su) identificada poderdante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de Octubre de 2.007, (…)”.

1.2    Que, “en (su) escrito de FORMALIZACIÓN, (su) Primera Denuncia, la fundamenta(ron) en la Infracción de Ley, que explana(ron) bajo el amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 3° del artículo 317 ‘eiusdem’, donde DENUNCIA(RON) LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 509 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, complementariamente con el artículo 320 ‘eiusdem’, concatenado con el artículo 12 de dicho Código”.

1.3    Que, en la decisión objeto de revisión, “(se) dejó de copiar o transcribir, de (su) escrito de formalización (…), un fragmento emanado de una sentencia del 05-04-2001. Exp. 99.889, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del siguiente tenor: (…) ‘EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PERMITE A ESTA HONORABLE SALA EXAMINAR LAS ACTAS PROCESALES Y EXTENDERSE AL ESTABLECIMIENTO Y APRECIACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LAS PRUEBAS. EN CONSECUENCIA, LA FALTA DE VALORACIÓN DE ALGÚN MEDIO PROBATORIO, COMPORTA LA INFRACCIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 509 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EL CUAL CONTIENE LA OBLIGACIÓN RESEÑADA ANTERIORMENTE, CONSTITUYENDO SU CONDUCTA UNO DE LOS MOTIVOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 320 ‘EIUSDEM’”.

1.4    Que la sentencia objeto de revisión afirmó que “(a) propósito del vicio silencio de pruebas mencionado, cabe precisar que esta Sala de Casación Civil ha sostenido que el mismo  procede ‘solo cuando el Juez omite dar criterio o mención alguna sobre la prueba o se limita a referirla sin dar alguna valoración de ésta’ y agrega esta Sala, siempre que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo”.

1.5    Que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil es norma de orden público, “que según (su) modo de ver e interpretar, nuestro legislador patrio, siempre obliga al sentenciador a pronunciarse, aún sobre aquellas pruebas, que aparenten ser fútiles. NO ESTÁ CONDICIONADA LA PRUEBA A LA INFLUENCIA QUE PUEDA TENER EN EL DISPOSITIVO DE LA SENTENCIA”.

1.6    Que “no llega(n) a comprender el criterio explanado en cuanto a la tergiversación que se le está dando a una NORMA DE ORDEN PÚBLICO, en donde no se exige ‘conditio sine qua non’, impuesta por nuestro legislador patrio”.

1.7    Que, “si analizamos en estricto derecho y hasta filosóficamente la redacción que hizo nuestro legislador patrio del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, llegamos hasta axiomáticamente a la feliz conclusión, de que los fragmentos transcritos en la sentencia de la Sala de Casación Civil, no son aplicables, por razones obvias, a (su) caso en concreto”.

1.8    Que el hecho de que el artículo 509 del texto adjetivo sea de orden público le da un derecho preferente y excepcional a lo que se exige genéricamente en el último inciso del artículo 313 eiusdem, esto es, la condición de ser determinante en el dispositivo de la sentencia.

1.9      Que la falta de análisis de esos documentos públicos sí influyó en el dispositivo del fallo pues querían probar que, por disposición de la ley que regula la materia inmobiliaria, el canon de arrendamiento tenía que estar regulado. En consecuencia, el canon que se pactó en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento no estaba autorizado legalmente, por lo que era nulo.

1.10    Que “ESA FALTA DE REGULACIÓN DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, LOS CONSIDERABA LA PARTE ACTORA COMO DENOMINADOR COMÚN PARA EXIGIR ‘MOTUS PROPIO’ (sic), EL PAGO SUBJETIVO DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS, DEBIDO A LA AUSENCIA DE SU REGULACIÓN CORRESPONDIENTE”.

1.11    Que con el documento de condominio demostraron que el local comercial obtuvo su permiso de habitabilidad en 1976; por ello “NO ESTABA EXCLUIDO DE TENER FIJADOS LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, POR CUANTO EL LEGISLADOR DISPUSO QUE SÓLO QUEDABAN EXCLUIDOS DE LA FIJACIÓN DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, LOS INMUEBLES QUE OBTUVIERON SU CÉDULA DE HABITABILIDAD POSTERIOR AL 2 DE ENERO DE 1987”.

1.12    Que “infundadamente se le ha concedido a una Cláusula contractual (…) un valor tergiversado de lo que dimana de UNA NORMA DE ORDEN PÚBLICO, en donde inexplicablemente se ha hecho valer ‘EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD’ por encima de lo que real y verdaderamente exige el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil”.

1.13    Que la Sala de Casación Civil aprobó un cambio mediante sentencia que pronunció en el expediente 99.597, el 14 de junio de 2000, según el cual, en lo sucesivo, el vicio de silencio de pruebas debía delatarse como infracción de ley.

1.14    Que, en el último inciso de su escrito de formalización, denunciaron que “(e)stamos en presencia de la ilegalidad de su arrendamiento, ya que el modus operandi, debe sustentarse a lo que dispuso el legislador en el Artículo 1 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y al evidenciarse tal violación de dicha Norma, el Contrato de Arrendamiento en comento, está al margen de la Ley (…)”.

1.15    Que formalizaron una segunda delación: la violación a los artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que son normas de orden público, lo que argumentaron en el sentido de que “(c)uando ha habido una contratación de arrendamiento, sobre un inmueble que no haya sido regulado, como en el caso en comento, el contrato es válido entre ellos, siempre que no surja disconformidad durante la vigencia contractual, del goce pacífico de la cosa arrendada. (…) El problema surge, cuando el Arrendador ejerce sus acciones, contra el inquilino por incumplimiento contractual. (Son) de opinión de que al dilucidarse alguna controversia, el inquilino tiene legal y jurídicamente derecho procesal, para oponerse a los pedimentos de la parte ARRENDADORA-ACTORA OPONIENDO LA FALTA DE REGULACIÓN DEL ALQUILER DEL INMUEBLE (…)”.

1.16    Que, “EN UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE NO CONSTE REGULACIÓN ALGUNA, COMO EN NUESTRO CASO EN COMENTO, NO EXISTE JURÍDICAMENTE PLASMADO EL COBRO DE NINGÚN CANON DE ARRENDAMIENTO, POR CUANTO ESTÁ AL MARGEN DE LA LEY QUE RIGE LA MATERIA”.

1.17    Que “el efecto jurídico de LA REGULACIÓN (…) evidencia, una vez más, que es de ORDEN PÚBLICO, por cuanto el canon de arrendamiento regulado no puede ser marginado por los contratantes en un Contrato de Arrendamiento de Inmuebles. A éste, la Ley prevé, hasta la aplicación del Derecho de Repetición, inherente a UN ARRENDATARIO DE INMUEBLE, que haya pagado cánones de arrendamiento que no estén encuadrados dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico”.

 

2.        Denunció:

La violación al debido proceso de su representada que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, “…al no haberse pronunciado la Sala de Casación Civil sobre esta Denuncia, concerniente al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, se ha incurrido en un error judicial o en una omisión injustificada, cuya deducción la obtenemos, en virtud de que dicha norma, la (han) invocado para reforzar la violación de una norma de orden público, tal es, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual de haberse obtenido un pronunciamiento al respecto, posiblemente hubiera concatenado las interpretaciones jurídicas que derivarían en la convicción de que la sentencia en comento está en franca y abierta violación de disposiciones constitucionales, sobre todo, cuando se ha mencionado el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en (su) primera denuncia”.

 

3.      Pidió:

(…) decida que HA LUGAR, la solicitud de Revisión constitucional solicitada, que est(á) interponiendo a favor de (su) mencionada representada, contra la sentencia n° 00564-7808, Expediente n° AA20-C-2008-000016 que pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 07 de Agosto de 2008. En consecuencia que se ANULE dicho acto de Juzgamiento y REPONGA el proceso al estado de que la Sala de Casación Civil –una vez que reciba el Expediente correspondiente, inicie nuevamente la sustanciación del recurso de casación contra la sentencia que emitió, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de Octubre de 2007, actuando como Tribunal de Reenvío.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se requirió la revisión de la actuación judicial definitivamente firme n.° 00564 que pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente n.° AA-20-C-2008-00016, de 7 de agosto de 2008, que declaró sin lugar el recurso de casación que interpuso la solicitante de la revisión contra la actuación judicial que emitió, en reenvío, el Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de octubre de 2007, en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, cobro de cánones e indemnización por daños y perjuicios que había incoado en su contra Inversiones Morcone C.A.; razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió su veredicto n.° 00564 mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación que la peticionaria anunció y formalizó contra la actuación jurisdiccional que pronunció, en reenvío, el Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de octubre de 2007, en los siguientes términos:

(…) El formalizante denuncia la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir el juez de alzada en silencio de pruebas, toda vez que a su decir, consignó oportunamente unos documentos públicos, como son una constancia emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura con fecha 24 de marzo de 2006, una copia certificada del documento de condominio de la primera etapa del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Protocolizado bajo el Nº 05, Tomo 18 del Protocolo Primero de fecha 10 de febrero de 1976, constante de 108 folios útiles, donde consta la creación del local objeto de la controversia, con los cuales pretende probar que existe una solicitud de regulación de alquiler identificada con el Nº 264 de fecha 2 de septiembre de 2002 y que el inmueble en cuestión no tiene regulación, por lo que considera, que el juez de alzada ignoró tales documentos y por consiguiente silenció absolutamente las pruebas. (…)

Asimismo, indicó que tal omisión fue decisiva en el dispositivo del fallo, por cuanto se quiere obligar a su representada, a pagar unos cánones de arrendamiento sin que exista una regulación de los mismos, tal y como lo hizo el sentenciador de alzada que conoció por reenvío, cuando no analizó los documentos promovidos, sino que silenció lo concerniente a la valoración de esos documentos públicos.

Para decidir,  la Sala observa:

A propósito del vicio silencio de pruebas mencionado, cabe precisar que esta Sala de Casación Civil ha sostenido que el mismo procede “sólo cuando el Juez omite dar criterio o mención alguna sobre la prueba o se limita a referirla sin dar alguna valoración de ésta”, y agrega esta Sala, siempre que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo. (…)

De acuerdo a la jurisprudencia precedentemente citada, el silencio de pruebas ocurre cuando el sentenciador omite analizar la prueba o cuando simplemente la menciona pero no la analiza. Asimismo, determina que una vez que la prueba es presentada al juicio pertenece al proceso y por tanto el juez debe valorarla…”.

(…) En ese sentido, resulta necesario añadir, que la configuración del vicio de silencio de prueba está condicionada a la influencia que pueda éste tener en el dispositivo de la sentencia, pues de no ser relevante, el mismo debe ser desechado. (…)

 

“(…) Del mismo modo, es de observar que en lo referente al alegato referido al desacuerdo en el aumento de los cánones de arrendamiento formulado por la demandada, considera quien decide que si bien, en la cláusula quinta del contrato, se evidencia que las partes acordaron que al finalizar cada año se haría la revisión del canon de arrendamiento, tomando en consideración la tasa de inflación; sin que en esa cláusula se hubiere estipulado que la misma debía constar por escrito. Sin embargo, al objetar la accionada el pedimento sobre el aumento de los cánones, se invertía la carga de la prueba, correspondiéndole a la parte actora demostrar que efectivamente el último canon mensual convenido ascendía a la suma de dos millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y seis bolívares (Bs. 2.388.736,00), lo cual no ocurrió, por lo que el canon que esta Alzada tomará en cuenta para los efectos de la condenatoria, será el establecido en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento, es decir, la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) mensuales. Así se decide…”. (Mayúsculas de la recurrida).

De la anterior transcripción parcial de la recurrida, esta Sala observa que el formalizante denuncia como silencio de prueba, la falta de valoración del juez respecto a unos documentos, con los que pretende probar que no existe regulación del canon de alquiler, como lo es, el oficio de fecha 24 de marzo de 2006, emanado de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, situación ésta que no cumple con los requisitos para que proceda el vicio denunciado, toda vez que el mencionado formalizante pretende la valoración  de una prueba que no es determinante en el dispositivo del fallo, pues el juez, en la interpretación del contrato de arrendamiento cuya resolución fue demandada, aplicó el contenido de la cláusula quinta pactada por las partes de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad, según la cual el juez determinó la forma en que debía calcularse el pago de los cánones insolutos reclamados, sin que tal prueba influya en el dispositivo del fallo.

Contrario a lo afirmado por el recurrente en la sentencia recurrida, como puede advertirse en la transcripción que precede, si bien el juez no menciona las pruebas aludidas, es evidente que las mismas no son determinantes en el dispositivo del fallo, pues no se condenó sino al pago de los cánones estipulados por las partes, considerando, precisamente, que no existe regulación de los mismos.

En consecuencia, resulta evidente para esta Sala, que el Sentenciador de Alzada no incurrió, en el vicio de silencio de prueba. Por lo tanto, resulta improcedente la denuncia de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

II

(…) el formalizante pretende plantear la infracción, por parte de la recurrida, de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y 12 del Código de Procedimiento Civil, pues a su juicio, el juez superior estaba obligado a tomar en consideración que el inmueble objeto del presente juicio estaba sujeto a regulación, dado que su cédula de habitabilidad fue expedida en el año 1976.

(…) cabe acotar, que si bien el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento o valoración de los hechos que hayan efectuado los jueces de instancia, esto sólo es posible en una denuncia por infracción de ley, en aquellos casos en los que se denuncie la infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas o 4) la valoración de las pruebas; o cuando se denuncie alguna de las tres hipótesis de suposición falsa: 1) el juez de alzada atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, o 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

Además, en todos los casos, el formalizante tiene el deber procesal de razonar en forma clara y precisa en qué consiste la infracción, debe demostrarla, y para ello, no basta con señalar que el juez en su sentencia violó tal o cual precepto legal, es necesario que el recurrente demuestre cómo, cuándo y en qué sentido, se incurrió en infracción.

Por tanto, no es función de la Sala completar la deficiencia de fundamentos del recurso ni suponer el caso específico de quebrantamiento de forma y de infracción de ley que el formalizante no determinó.

Por otra parte, cabe destacar, que de lo transcrito de la denuncia se evidencia que el recurrente pretende plantear nuevamente la falta de examen de unas documentales, con los que pretende probar que no existe regulación del canon de alquiler, como lo es, el oficio de fecha 24 de marzo de 2006, emanado de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, único documento que puede considerase como público.

 Al respecto, esta  Sala reitera que el silencio de prueba alegado por el recurrente no cumple con los requisitos para que proceda el vicio denunciado, toda vez que se pretende la valoración de una prueba que no es determinante en el dispositivo del fallo, pues el juez en la interpretación del contrato de arrendamiento cuya resolución fue demandada, aplicó el contenido de la cláusula quinta pactada por las partes de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad, según el cual el juez concluyó, la forma en que debía calcularse el pago de los cánones insolutos reclamados, sin que tal prueba influya en el dispositivo del fallo .

Contrario a lo afirmado por el recurrente en la sentencia recurrida, si bien el juez no menciona las pruebas aludidas, es evidente que las mismas no son determinantes en el dispositivo del fallo, pues no se condenó sino al pago de los cánones estipulados por las partes del contrato considerando, precisamente, que no existe regulación de los mismos, tal como se señaló en la primera denuncia.

En consecuencia, resulta evidente para esta Sala, que el sentenciador de Alzada no incurrió en el vicio de silencio de prueba. Por lo tanto, resulta improcedente la denuncia de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, así como el quebrantamiento de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, delatados por el recurrente.  Así se establece.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISION

En el caso sub examine se pretende la revisión del acto de juzgamiento n.° 00564 que emitió la Sala de Casación Civil el 7 de agosto de 2008, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación que la representación judicial de la peticionaria de autos interpuso contra el pronunciamiento judicial que el Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas expidió, el 18 de octubre de 2007, en el que declaró con lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento, cobro de cánones e indemnización por daños y perjuicios que propuso en su contra Inversiones Morcone C.A.

 

Ahora bien, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente:

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación;....

 

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

 

...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1.    Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

2.      Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3.      Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4.             Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional... (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01. Subrayado añadido).

 

Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a la guarda de máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende, en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.

En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la revisión de la decisión en cuestión debido a que, en su criterio, la Sala de Casación Civil vulneró su derecho al debido proceso, cuando declaró que el vicio de silencio de pruebas sólo prospera cuando el juez omite la valoración de alguna prueba “siempre que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo”; que, en este caso, “si bien el juez no menciona las pruebas aludidas, es evidente que las mismas no son determinantes en el dispositivo del fallo, pues no se condenó sino al pago de los cánones estipulados por las partes del contrato considerando, precisamente, que no existe regulación de los mismos (…)” y que, en consecuencia, no hubo violación a normas de orden público.

Como se observa, la representación judicial de la peticionaria pretende que se revise un acto jurisdiccional que emitió la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de casación que había incoado contra un acto decisorio de segunda instancia que no valoró cierto material probatorio, bajo el argumento de que el formalizante no demostró cual sería la incidencia de esas pruebas en el dispositivo de la decisión, carga que se impone a los denunciantes en casación a raíz del cambio de criterio que quedó asentado en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, exp. N.° 99.597 de 14 de junio de 2000, según el cual, el vicio de silencio de pruebas debía delatarse como infracción de ley, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:

Artículo 313. Se declarará con lugar el recurso de casación: (…)

2°      Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia.

En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.

 

Así, cuando la denuncia se canaliza por esta vía, la norma adjetiva contiene una específica carga de orden sustantivo, de tal forma que, ante la falta de demostración de la incidencia del error en el dispositivo del fallo, la delación no prosperaría, pues, incluso ante la existencia del error, el veredicto podría mantenerse ante la existencia de otras razones que mantengan la juridicidad de su dispositivo o cuando, no obstante el error en el establecimiento o valoración de alguna prueba o de alguna suposición falsa, existan en el acto jurisdiccional otros hechos u otras pruebas que lo sostengan. La sola denuncia de la omisión de valoración de un medio de prueba no conlleva, per se, la nulidad del juzgamiento. Es preciso que el formalizante delate que de esa prueba se desprendía un hecho cuya demostración habría sido determinante para que el dispositivo de la decisión fuera otro.

 En estos casos, se busca que el acto jurídico prevalezca, aún ante la existencia de errores que no sean trascendentes para su dispositivo. Este cambio de criterio, no violenta garantía constitucional alguna; por el contrario, se inscribe en la corriente de la interpretación constitucional que ha dado esta Sala a la expedición de una justicia sin reposiciones inútiles, tal y como lo imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia de esta Sala N° 889/2008, del 30 de mayo, caso: Inversiones  Hernández  Borges C.A. [INHERBORCA])”.

En consecuencia, de la lectura y análisis del fallo objeto de la solicitud de revisión, esta Sala Constitucional estima que el mismo no contiene grotesco error alguno de interpretación de alguna norma constitucional; tampoco se aparta ni obvia -expresa ni tácitamente- alguna interpretación de la Constitución previa al acto decisorio que es objeto de la actual revisión, que esté contenida en decisiones que hubieran sido dictadas por esta Sala. Tampoco se comprueba la violación a principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales que hayan sido suscritos y ratificados válidamente por la República, por lo que no ha lugar a la revisión del mismo. Así se establece.

Por otra parte, la Sala reitera que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino un medio judicial extraordinario y excepcional que está atribuido a la Sala Constitucional cuya finalidad es el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales, en resguardo de la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica, y no para la defensa de los derechos subjetivos e intereses de los solicitantes.

Con base en lo anterior y por cuanto “...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...” (Vid. s.S.C. n.° 93/2001, de 06 de febrero), se declara que no ha lugar a la revisión de autos. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso SANS GENE C.A. contra la sentencia n.° 00564 que emitió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente n.° AA-20-C-2008-00016, de 7 de agosto de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación que interpuso la peticionaria de la revisión contra la actuación judicial que pronunció el Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de octubre de 2007.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200° de la Independencia y 151º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vice…/

…presidente,

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente              

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.cr.

Exp. 09-0881

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